Por: Álvaro Martínez Foto tomada de: Portafolio Esta no es la primera vez que el territorio colombiano enfrenta una transición energética ni una transformación productiva. Si se considera la Transición Energética como un conjunto de cambios en los patrones de generación y consumo de energía, su afectación a la explotación de ciertos recursos y los usos finales de la energía generada, es posible encontrar varios ejemplos icónicos de cambio en nuestra historia. René de la Pedreja Tomán, en su libro Historia de la Energía en Colombia 1537-1930 (1985), señala algunos casos de cambio energético que evidencian transformaciones significativas para la vida social y productiva colombiana durante varios periodos: Transitar de la leña a la vela (para la iluminación doméstica) y de la leña al carbón (para la explotación de sal, de minas, la cocción y la calefacción) fue un cambio fundamental en los modos de consumo energético durante la Colonia y gran parte del siglo XIX. Sin embargo, el cambio no fue total. Hoy, de acuerdo con cálculos de la UPME, 1,8 millones de hogares aún sigue utilizando leña y otros combustibles de uso ineficiente para uso doméstico en todos los departamentos del país. La introducción de animales de tracción (equinos y bovinos), en conjunto con el uso conjunto de la rueda y el hierro por parte de los colonizadores españoles, obligaron a ciertas actividades a transitar del uso de la fuerza humana al aprovechamiento de la fuerza animal. Estas innovaciones generaron cambios importantes en la agricultura y el transporte desde los primeros años de la conquista hasta bien entrado el siglo XIX. Hoy, en zonas rurales, aún utilizamos equinos de tracción y animales de carga (mulas y burros) para transporte de carga y pasajeros y para otros trabajos agrícolas. La introducción de la teja, la cal y el ladrillo como insumos de construcción y los cambios en las técnicas constructivas impulsaron la minería de canteras, los chircales y la instalación de hornos. También fomentaron el desarrollo de habilidades gerenciales a gran escala, de la mano de ciertas comunidades religiosas, a medida que se aceleraba el crecimiento demográfico. En el caso de los cementos, es evidente su importancia en la generación de energía; primero para autoabastecimiento y luego para consumo masivo. Hoy, muchas de estas técnicas de construcción, utilizadas en los primeros siglos de colonización, aún son utilizadas en algunas zonas rurales de Colombia; de igual forma, hemos heredado algunos de los problemas ambientales y laborales asociados a esta actividad, evidenciados desde sus inicios. La fuerza de la energía hidráulica, en principio, se utilizó para impulsar molinos de trigo, pero también hay registros de su uso en talleres de carpintería, papel, algodón y caña, especialmente en el río San Francisco de Bogotá y en los ingenios del Valle del Cauca durante el siglo XIX. Este mismo principio se usaría posteriormente para impulsar las primeras ruedas Pelton del país. El desarrollo del alumbrado público, alimentado primero con antorchas de sebo, luego con gas natural y finalmente con electricidad es un ejemplo significativo de cómo los cambios energéticos conllevan retos directamente relacionados con el desarrollo de otros sectores: seguridad urbana, comercio exterior, minería, insumos de construcción y urbanización son algunos ejemplos notables. Al mismo tiempo, la historia de la instalación y desarrollo de nuevas tecnologías en las luminarias nocturnas de las ciudades da cuenta de los enormes retos de regulación y gobernanza que traen los cambios tecnológicos a gran escala, y de la intrincada relación del sector energético con las entidades de gobierno que regulan su operación. El petróleo primero fue utilizado como ungüento medicinal por parte de los indígenas que habitaban las zonas de Barrancabermeja y del Catatumbo. Posteriormente, fue utilizado como brea protectora de embarcaciones por parte de los primeros colonizadores españoles. Desde finales del XIX, como consecuencia del impulso de las grandes compañías petroleras británicas y norteamericanas, se convirtió en el combustible fósil más utilizado en el mundo. Colombia, apenas empezó a conocer algunos beneficios de esta industria hasta después de 1950 (con la creación de Ecopetrol). Desde finales del XIX y hasta bien entrado el siglo XX, la especulación, la dependencia y la desconexión entre el desarrollo local y la riqueza de la industria fueron la norma (algunos de esos efectos perduran hasta hoy). Algo paradójico, si se tiene en cuenta que contábamos con yacimientos de explotación superficial en algunas zonas del país de los que se decía que “brotaban como manantiales”. Esta no es la primera vez que el territorio colombiano enfrenta una transición energética ni una transformación productiva. Pero la Transición Energética que debe enfrentar nuestra generación sí es muy diferente a las anteriores. Si bien, al revisar la historia, hoy también evidenciamos muchos de los viejos problemas de gobernanza, desarrollo regional y paz que nos han dejado viejas prácticas regulatorias, de relacionamiento industrial y de gestión social, en la actualidad también se debe tener en cuenta nuevas variables que hacen que planear e implementar del desarrollo energético contemporáneo sea mucho más complejo. Los centros de pensamiento, las entidades oficiales de planeación, ejecución y regulación, las empresas, las comunidades, la academia y los entes de cooperación internacional actualmente juegan en un escenario que lleva más de doscientos años probando la eficacia de los combustibles fósiles para generar energía, a la vez que los efectos amenazantes de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) que estos producen y las tensas relaciones de muchas de estas empresas con las comunidades y los gobiernos locales. La historia industrial de los últimos 200 años, a la vez que evidencia una importante expansión económica y productiva, también señala las graves afectaciones a las comunidades, las dinámicas de la redistribución desigual de la riqueza y las enormes afectaciones al medio ambiente, cuya solución es requerida cada vez con mayor urgencia por la comunidad científica y las comunidades afectadas. Además del complejo panorama ambiental, sustentado en las discusiones y compromisos de las Conferencias de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (especialmente las de Estocolmo, Rio de Janeiro, Kioto y París), la Transición Energética actual implica no sólo una descarbonización de la generación y el consumo energético, sino que propone ¡al menos nueve nuevas formas de producir energía! (entre las cuales se puede contar las energías fotovoltaica, eólica, geotérmica, undimotriz, mareomotriz, nuclear, de hidrógeno, el biogás y los biocombustibles, el almacenamiento energético, entre otras). La geografía de Colombia cuenta con ventajas comparativas importantes para todas y cada una de ellas, pero deberá elegir sabiamente cuál se adecúa mejor a las necesidades económicas, sociales y ambientales de los territorios y qué estrategia adoptar como país: a qué ritmo implementar, cómo y qué reemplazar, hasta qué punto hacerlo y qué efectos (aún no evidenciados) puede traer cada transformación. De igual forma, en un mundo ampliamente conectado y electrificado, luego de más de dos siglos de desarrollo industrial y en medio de las revoluciones de la conectividad y la inteligencia artificial, el reto no sólo será ambiental o comunitario, también habrá que contar con estrategias de reindustrialización y tecnificación aceleradas, así como de responsabilidad en el manejo de la información. Aquí entra en juego la importancia del conocimiento y la imaginación para resolver el trilema energético y cumplir, al mismo tiempo, con estándares de Seguridad Energética, Accesibilidad al servicio y Sostenibilidad al implementar las diferentes tecnologías de transición en todas las cadenas productivas existentes o por desarrollar. Ante este panorama, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, ha propuesto la consolidación de una Red Nacional de Conocimiento para la Transición Energética Justa (TEJ). La iniciativa, que ya fue presentada al país y que el primero de abril firmó un pacto por la TEJ con las principales universidades de Colombia, recurre al concurso de expertos y entidades en varios campos del conocimiento para: trabajar en red, conectar con experiencias internacionales, iniciar una agenda de eventos nacional y regional, influir en normatividad y promover un enfoque multidisciplinar que pueda comprender mejor los cambios globales que traen al país el mayor desafío energético, económico, ambiental y social de su historia. Conciliar estos objetivos no será fácil. Las respuestas no serán unívocas y muchas veces serán contradictorias. Generar una agenda multidisciplinar que sea responsable con la utilización de los recursos, equitativa para las comunidades y próspera para el sector productivo, en un mundo interconectado que ya lleva varias décadas implementando sus propias transiciones, no será un reto menor. La estamina necesaria para lograrlo deberá durar varias décadas (en principio hasta 2050, año meta establecido para descarbonizar nuestra economía) y enfrentar todo tipo de obstáculos. En conjunto con todas las entidades que hacen parte de la Red del Ministerio de Minas y Energía (los ministerios de Ciencia y Tecnología, Comercio Industria y Turismo, Educación; el SENA; las comunidades interesadas gestionar su consumo energético; las cámaras de comercio y demás organizaciones sociales) el recién inaugurado Centro de Pensamiento de la Fundación Pares para la Transición Energética, la Gobernanza y la Paz hará parte de la discusión, estará presente en los eventos decisivos y aportará a insumos a las nuevas políticas con investigación rigurosa, divulgación asertiva e ideas para transitar hacia este brave new world de las energías renovables y la descarbonización del planeta.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo Lo terrible de todo y también lo triste es que Dimar Torres creía en el nuevo reto en el que lo ponía la vida: un proyecto productivo después del silencio de los fusiles. Tenía 39 años, la edad en la que muchos empiezan a vivir pero a él le tocó morir. Seis disparos lo mataron. Seis disparos que eran una declaración de principios de lo que constituyó para el gobierno de Iván Duque la implementación de los acuerdos de paz. Él había pasado buena parte de su vida integrando el frente 33 de las FARC, discutidísimo por su conexión con el narcotráfico y que operó en el Cauca y el Catatumbo, zonas ricas en coca. Después de los acuerdos el Frente 33 fue de los que más tuvo deserciones a la paz, de ahí se convirtió en el 2017 en el frente Oliver Sinisterra, que comandaba alias Guacho y que cometió la infamia de asesinar a cinco periodistas ecuatorianos, una vez cayó Guacho el máximo comandante sigue siendo Iván Mordisco. Pero Dimar creía en los acuerdos. Tenía un problema de nacimiento, pie equino varo, que le limitaba la movilidad. Por eso nunca fue un combatiente. Era un ideólogo. La paz tenía sus ventajas. Por ejemplo, poder vivir con la mujer que amaba, Alexandra. Se fueron a vivir a una casita de un solo cuarto en vereda Campoalegre del municipio de Convención donde vivían. Habían construido un pequeño galpón con la plata que les había dado el gobierno para vivir como lo que siempre habían querido ser, dos campesinos felices. Los papás del desmovilizado, José Manuel y Olga, vivían cerca e iban ayudar con el negocio. Ella estaba embarazada y quería contarle después de que arrancara su galpón. Se había demorado dos años levantando la estructura y con ayuda de familiares había conseguido los 650 mil pesos con los que cuidaba a sus doce gallinas. Pero las balas volvieron a interponerse en su camino. Dimar tenía una moto Suzuki y todos en ese caserío de 200 personas lo conocían y lo querían. Lo vieron pasar ese 22 de abril en su motico, iba hasta Convención, el pueblo del Catatumbo en donde había luchado, a una ferretería a comprar los implementos que necesitaba el galpón. Varios vecinos lo vieron pálido, justo en el sector de Carrizal, lo habían detenido tres soldados. Sobre ellos mandaba un cabo de apellido Gómez Robledo. Cuando llegó la noche Dimar no había llegado a la casa. Los campesinos del caserío empezaron a impacientarse. ¿Cuál era la demora? Se fueron con linternas hasta el sector de Carrizal y allí vieron a los tres uniformados. Los increparon. Como se ve en varios videos grabados por celular les preguntaban por qué estaban sudando. Les dieron una respuesta improbable “Porque estamos alegando con ustedes” Los campesinos le respondieron en seco y con lógica “Hablar no hace que la gente sude”. Dispuestos a encontrar a su amigo los siguieron acosando, los dos soldados se perdieron en el monte y al cabo Gómez Robledo no le quedó de otra que dejarlos pasar para que vieran la verdad: había un hueco que estaban cavando los soldados y al lado el cuerpo ensangrentado de Dimar Torres. Le habían pegado seis tiros. Estaba desnudo y le habían puesto la moto encima. Como si quisieran enterrarlo con el que fue su medio de transporte. Los amigos, siempre fieles, armaron un campamentos para custodiar el cuerpo de Dimar y mientras tanto iban llamando a Naciones Unidas. Había que denunciar el crimen. Otra vez las fuerzas más oscuras del ejército se interponían en una negociación de paz asesinando a uno de los firmantes. Los medios se demoraron 36 horas para hablar de la muerte de Dimar. Las declaraciones del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no pudo ser más desafortunada, afirmó que el cabo Gómez Robledo se había encontrado con el cuerpo al lado de la fosa. Le creyó por completo a la versión del cabo. En declaraciones a Blu Radio, cuando le preguntaron si esto representaba un crimen de estado, respondió: “No es ningún crimen de Estado”, después afirma que hubo un forcejeo -siempre con la versión del cabo- y que todo fue “un hecho fortuito”. Según la Revista Semana el Cabo Gómez Robledo estaba ahí para cuidar con sus hombres un pedazo del oleoducto Caño Limón- Coveñas que pasa por ese sector. Habían escuchado los rumores que un grupo de explosivistas del ELN planeaban hacer un atentado. Había nacido en Bogotá y tenía 29 años. Pertenecía, junto con otros 40 hombres, a la base Sinaí. Tuvo que ir hasta la zona la Comisión de Paz del Senado para sacar las siguientes conclusiones: 1) No fue accidental ES HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (DIH) o Ejecución extrajudicial. 2) Será FISCALÍA y la JUSTICIA ORDINARIA quienes determinen responsables individuales. 3) Fue causada por un miembro del Ejército en acción NO misional, NO ordenada y por fuera de la ley. 4) Hay señales de fosa y testimonios verificados por la Comisión que sugieren intención de ocultamiento -DESAPARICIÓN- del cadáver con complicidad de otros. 5) Versiones sobre violación o mutilación NO parecen tener sustento probatorio. Se le pide  a Medicina Legal informe oficial cuanto antes. 6) Hubo incidentes al parecer de hostigamiento durante la visita (explosión de una granada y disparos cerca al lugar) que se piden sean aclarados. 7) Se solicitó a la FISCALÍA, y particularmente a la Fiscal Marta Mancera, verificar o descartar e informar a la mayor brevedad si es cierto que existen otras fosas con restos humanos en el lugar. 8) El homicidio del desmovilizado Dimar Torres no solo es un crimen, sino una violación al Acuerdo de Paz que exige garantizar la vida de quienes dejaron las armas y perseguir y desmontar grupos sucesores del paramilitarismo, lo que no está garantizado en el Catatumbo. 9) Destacaron la colaboración y disposición del Ejército Nacional y de sus Generales Moreno y Villegas para facilitar esta verificación junto con La Misión de Verificación de la ONU en Colombia.» Dimar había nacido en esa zona, abrazada por la guerra. Sus papás ya estaban mayores, Don Jorge tenía 74 y doña Olga 68 y jamás esperaron salir de esa vereda. Estaban ilusionados con el fin de la guerra. Eso quería decir que podrían tener al menor de sus cinco hijos más cerca de ellos. Y de verdad que necesitaban ayuda. Habían pasado por momentos muy difíciles cuando en el 2013 a Dimar lo pusieron preso señalado de ser cabecilla de las FARC. Los acuerdos de paz significaron su amnistía, su libertad en el 2017. Se tuvo que esperar hasta el 31 de enero del 2024 para que una juez de Cúcuta condenara a un coronel y a tres soldados en retiros por el asesinato de Dimar. Al ministro Botero le costaron sus afirmaciones una moción de censura que no llegó a nada y que demostró la falta de voluntad, el desprecio con el que asumió la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. El caso de Dimar Torres fue emblemático de lo difícil que ha sido para muchos ex guerrilleros la reincorporación a la vida civil. Su esposa, y sus papás, quedaron abandonados y con las esperanzas rotas por lo que sucedió. Una tragedia de la que no se levantaron jamás.

Por: Redacción Pares Semana del 22 al 26 de Abril 2024 Ha terminado la reunión extraordinaria solicitada por el ELN, para ver la situación que se viene presentando con el Frente Comuneros Del Sur, en Nariño, de los pronunciamientos conjuntos no sale ni una palabra de esta situación, aunque fue el tema central que trabajaron entre el viernes 12 de abril y este lunes 22 de abril, lo cual se puede interpretar como que el tema sigue sin resolverse, no obstante las dos partes no están aún en la postura de congelar la mesa, aunque los pronunciamientos de Pablo Beltrán, como jefe de la delegación del ELN, han sido de una dureza extrema, ha mencionado que este proceso está a menos dos grados y que puede ir a menos 22, igualmente ha dicho que negociar con el gobierno del Presidente Petro, es peor que las experiencias de negociación con los presidentes Uribe, Santos y Duque, lo cual es absolutamente falso, como nunca este proceso ha tenido logros, puede ser una retórica para mostrar las molestias del ELN, por lo que considera "perfidia" y "juego sucio", por lo que acontece en Nariño, una cosa es una cosa y otra estas expresiones que faltan a la verdad. De esta reunión extraordinaria sale una nueva fecha de encuentro, igualmente en Caracas, del 20 al 25 de mayo, para recibir el informe sobre la consulta en curso del punto de participación para la paz y el Plan Nacional que debe ser adelantado para los puntos dos y tres sobre democracia para la paz y transformaciones para la paz, puntos dos y tres, acordado el Plan  Nacional de Participación con los ajustes que gobierno Colombiano y el ELN, consideren pertinentes, se firmará el primer punto de la agenda: participación para la paz, un punto que es crucial en este proceso, ahora debemos prepararnos para una participación diversa para concertar transformaciones de los puntos dos: democracia para la paz y el punto tres: transformaciones para la paz, lo cual según lo acordado debe estar pactado en el mes de mayo de 2025, cuando ya el gobierno del presidente Petro, entra en su recta final. El domingo 21 de abril, fue asesinado en Santa Rosa del Sur, en el Sur de Bolivar, Narciso Beleño, destacado dirigente de la Federación Agraria y Minera  -Fedeagromisbol- un dirigente histórico de esta región y quien venía participando de manera activa en el proceso de paz en curso entre gobierno Colombiano y el ELN, un asesinato sobre el cual se pronunció la mesa e igualmente el presidente Gustavo Petro, la criminalidad contra el liderazgo social está en el centro de esta precaria democracia, llena de mafias y violencia, hay mucho por transformar, para tener una colombia en paz. Las dificultades entre Gobierno Colombiano y el ELN por el tema del Frente Comuneros del Sur, no se han solucionado, veremos cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas y meses. Consulte aquí los Comunicados Conjuntos #23,24 y 25, suscritos en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el ELN durante su reunión extraordinaria en Caracas, Venezuela. COMUNICADO CONJUNTO Del 20 al 25 de mayo de 2024, la Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejercito de Liberación Nacional – ELN, se reunirá en Caracas, República Bolivariana de Venezuela Finalizó la reunión extraordinaria y comunica, única y concretamente: Reunión en Caracas para acordar la primera fase de la Participación. (Mayo) Solidaridad y respaldo a México. Rechazo total al asesinato del líder social, Narciso Beleño en el Sur de Bolívar. #ELN Mesa de Diálogo de Paz #23. se reunirá en Caracas, para recibir el informe ejecutivo del Modelo, Plan Nacional de Participación y Recomendaciones, así como firmar el acuerdo sobre el primer punto de la Agenda Comunicado Conjunto N. 25 Condenamos este crimen que pone en evidencia la necesidad de reforzar garantías para las organizaciones, movimientos populares y la población. En particular, en la región donde fue asesinado las comunidades han denunciado una fuerte presencia paramilitar Historia del Frente Comuneros del Sur del ELN. Los dialogos con el ELN estan en la cuerda floja Entrevista a Pablo Beltrán - Crisis en la Mesa Gobierno Colombiano - ELN. https://elpais.com/america-colombia/2024-04-22/pablo-beltran-jefe-del-eln-la-negociacion-con-petro-es-peor-que-con-uribe-santos-y-duque.html Pablo Beltrán, jefe del ELN: “La negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque” https://www.elcolombiano.com/colombia/eln-pablo-beltran-dice-que-dialogos-de-paz-estan-peor-con-petro-OE24312084 El negociador del ELN, Pablo Beltrán, se queja del gobierno Petro: “Estamos muy ofendidos” https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/negociaciones-con-eln-carecen-de-rigor-y-metodo-expresidente-santos Negociaciones con Eln carecen de “rigor y método”: expresidente Santos https://www.pares.com.co/post/no-romperse-mientras-se-negocia-el-gran-reto-del-eln No romperse mientras se negocia: el gran reto del ELN - Por: Redacción Pares. Las diferencias al interior del ELN son mucho más profundas de lo que se cree. Pablo Beltrán y @AntonioGaELN tiene visiones distintas de cómo debe ser el diálogo de paz @DelegacionEln con el gobierno de @petrogustavo. Hablamos en #MañanasBlu10am con @LeonVaLenciaA

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: RCN Radio y Radio nacional En las exuberantes tierras del departamento del Cauca, la tragedia y el conflicto se entrelazan en una trama de violencia y desesperación. En el corazón de esta región, el norte del Cauca, se han desatado eventos que conmueven a la nación colombiana y recuerdan que la sombra del conflicto armado aún se cierne sobre el país. El comunicado emitido por el Estado Mayor Central de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ha enviado ondas de choque a través del territorio colombiano. En un giro sorprendente de los acontecimientos, esta disidencia de las FARC ha reconocido su responsabilidad en el secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía General y una civil en el norte del Cauca. Este acto, perpetrado en medio de un escenario de tensión y violencia creciente, ha desatado una ola de indignación y preocupación en todo el país. La declaración emitida por las FARC pinta un cuadro sombrío de la situación en el Cauca. Señalan la ruptura del cese al fuego como un catalizador de la inseguridad que enfrentan militares, policías y funcionarios del Estado en las áreas bajo su control político y militar. Esta afirmación no solo revela la fragilidad de la paz en Colombia, sino que también destaca la complejidad del proceso de reconciliación nacional. El secuestro de los dos investigadores del CTI de la Fiscalía, Bethy Amanda Mage Imbachi y Gersón Rene Rivera Fernández, junto con la presencia de una civil, María Yeni Ruiz, ha desatado una crisis humanitaria en el Cauca. Según algunos medios de comunicación, el incidente ocurrió en un contexto de protesta y bloqueo en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao. Los funcionarios del CTI, enfrentándose a este obstáculo, tomaron una vía rural alternativa que los llevó directamente a la trampa tendida por los secuestradores en zona rural del Dominguillo, jurisdicción de Santander de Quilichao. Este dramático suceso ha puesto de relieve la complejidad de la situación en el Cauca. La presencia de grupos armados ilegales, como las FARC disidentes, que ejercen un control efectivo sobre vastas áreas del departamento, ha generado un clima de miedo y desconfianza entre la población civil. Los relatos de testigos oculares describen escenas de terror y angustia, donde la violencia y la intimidación son moneda corriente. La Procuraduría General de Colombia lanzó una alerta urgente sobre la escalada de violencia en el departamento del Cauca, instando al Gobierno a tomar medidas inmediatas para abordar la crisis humanitaria que se está desarrollando en la región. Este llamado a la acción refleja la gravedad de la situación y la necesidad apremiante de encontrar soluciones efectivas para proteger a la población afectada. El delegado para los Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Sarmiento, ha expresado su preocupación por el uso de ciertos términos por parte de las disidencias de las FARC en sus comunicados al país. Sarmiento ha señalado que la referencia a "puestos de control" y zonas "bajo el control político y militar" de este grupo ilegal plantea serias preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia. Este episodio, aunque lamentable, no es un incidente aislado en el contexto del conflicto en el Cauca. En los últimos días, se han reportado una serie de eventos violentos que han sacudido la región y han dejado a la población local en un estado de constante temor y angustia. Desde activaciones de carros bomba hasta ataques armados contra la policía y los civiles, el departamento del Cauca se ha convertido en un escenario de conflicto y caos. Con esta situación se suma el secuestro reportado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de dos miembros de la comunidad del resguardo de San Andrés de Pisimbala. Estos ciudadanos, identificados como Luis Ángel Liz y Estiven Quinto, fueron presuntamente secuestrados por la misma facción de las disidencias de las FARC que tendría en su poder a los funcionarios del CTI. Este nuevo incidente ha generado una ola de indignación y preocupación entre la comunidad indígena del Cauca, que exige el respeto a la vida e integridad de sus miembros secuestrados. Según una fuente del Cauca, a la cual por razones de seguridad no hacemos mención directa, actualmente se están desarrollando dos situaciones en la región: en primer lugar, el EMC está exhibiendo su influencia tras la pausa en las conversaciones. Esto pone de manifiesto que dicho grupo no tiene motivaciones políticas, sino que responde a intereses económicos, lo que resulta en una falta de respeto hacia las autoridades étnicas. La situación ha trascendido más allá de la comunidad indígena, a pesar de ser la más afectada por el reclutamiento. Las comunidades afrodescendientes también han experimentado procesos de infiltración en su organización. En segundo lugar, a pesar de que el negocio de la coca no atraviesa su mejor momento, esto no impide que continúen disputando el control del Cañón del Micay y los corredores del noroccidente del Cauca. El secuestro de los funcionarios del CTI de la Fiscalía y la escalada de violencia en el departamento del Cauca son un trágico recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz y reconciliación. Es hora de que el Gobierno tome medidas concretas y efectivas para proteger a la población civil y abordar las causas subyacentes del conflicto en el Cauca.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Hacemos Memoria Las primeras negociaciones de paz entre el ELN y el Estado colombiano datan de 1975. Dos años atrás el Ejército de Liberación Nacional había sufrido el peor de los golpes. Entre el 7 y el 18 de agosto de 1973 las tropas dirigidas por el Coronel Hernán Hurtado Vallejo arrasaron con la columna de Manuel Vásquez que habían realizado operaciones de alto impacto entre los que se puede contar el secuestro de dos soldados en Antioquia. Bajo el nombre de Operación Anorí y con la información presentada por dos guerrilleros que habían desertado, el ELN sufrió una pérdida de alrededor de sesenta hombres, entre detenidos y muertos en combate. Los sobrevivientes fueron Manuel y Antonio Vásquez y el sacerdote español Manuel Pérez, que unos años más adelante sería el máximo comandante de esa guerrilla. El ELN les hizo un homenaje a los caídos en este combate poniéndole el nombre de Héroes de Anorí a uno de sus bloques más activos.  Acorralados por este golpe el ELN le hace una propuesta al entonces presidentes López Michelsen. Pero nunca lograron consenso. Desde esa época, hace medio siglo, el Comando Central no sólo ha tenido que ponerse de acuerdo con los gobiernos sino que internamente han tenido que apaciguar las aguas. Esta división dentro del ELN  se vio de manera más directa a finales de los años noventa. La corriente de Renovación Socialista, muy a disgusto de Gabino, Manuel Pérez, y la línea dura del ELN, se sentó a hablar con César Gaviria y consiguió desmovilizar una parte importante de sus miembros. Estaban agotados de la lucha armada. Desde los años ochenta venían pensando en una salida que no fuera la guerra. Jalonada por los acuerdos de paz del M-19, el Quintín Lame, el EPL y por la Constitución del 91. Surgía un nuevo país. En el plano militar el CRS pretendió, sin éxito, “adecuar sus estructuras y actuaciones buscando articularse a la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar” tal y como lo dice un artículo publicado por PARES en el año 2016, en lo político si consiguieron articularse en procesos de movilización social, en movimientos políticos electorales independientes y regionales, e incluso a la investigación académica. La CRS concentraba buena parte de la intelectualidad que, movida por las injusticias sociales, por un deseo de cambio, integró en algún momento de los setenta, de los ochenta, las filas del ELN. Con decisión el CRS pretendió y logró llegar a acuerdos con el gobierno Gaviria hasta que 865 de sus hombres dejaron la lucha armada y firmaron la paz el 9 de abril de 1994. La desmovilización tuvo como garantes al gobierno de Holanda, y la desmovilización se hizo en un acto público en Flor del Monte, Sucre. La fe en la paz no la quebrantó nada, ni siquiera el asesinato de dos de sus dirigentes más destacados, Carlos Manuel Prada y Evelio Gonzalez en una extraña operación realizada por el ejército. El ELN tildó de traidores a los miembros del CRS y continuaron en su lucha. Eso sí, algunos de sus miembros siguieron buscando la paz. Con el gobierno Samper se sentaron a negociar en Maguncia, Alemania, y todo iba por buen camino hasta que ocurrió lo peor: la masacre de Machuca. El atentado a un oleoducto en esa región de Antioquia provocó una explosión que mató a 89 personas. Los diálogos se rompieron. Los gobiernos de Uribe y de Santos también se sentaron a negociar con el ELN sin llegar a acuerdos importantes, en parte por lo fragmentado que están. Petro, quien ha trazado como uno de los objetivos prioritarios de su gobierno llegar a la Paz Total, ya llegó al VI ciclo de negociación con esta guerrilla y ha llegado a acuerdos parciales de cese al fuego. Pero el intento del gobierno por hablar con bloques que no están tan unidos al Comando Central, como el Frente Comuneros Sur en Nariño, ha provocado el disgusto de los jefes negociadores quienes metieron en negociación los diálogos quienes no son conscientes de que hay que llevar las mesas de negociación a las regiones. En las últimas horas Pablo Beltrán hizo una de sus declaraciones más polémicas al afirmar que “Las negociaciones con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque”. Uno de los analistas que mejor conoce la historia de las negociaciones entre el ELN y los gobiernos colombianos, León Valencia, hizo esta reflexión desde su cuenta de X: “El ELN está viviendo una situación interna parecida a la que vivió a finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado: una gran tensión interna, un gran miedo a dividirse de nuevo por cuenta de las negociaciones de paz. En aquel tiempo una fracción: la Corriente de Renovación Socialista se vino a la paz jalonada por los acuerdos del M19 y por la Constitución del 91, ahora Petro, un presidente de izquierdas, está generando la ilusión en sectores de esta guerrilla de venirse a la vida  civil. En aquella oportunidad, en noviembre de 1989, hicimos un congreso al que asistieron 102 delegados y setenta de ellos votaron por seguir en la confrontación y sólo 32 votaron por acompañar al M19 en las negociaciones. Ahora, al parecer, han citado otro congreso para definir un qué hacer. Mis votos son por que el ELN se mantenga unido, porque gane la posición que está por venirse la paz de la mano de Petro, porque cerremos por fin el ciclo del conflicto armado de carácter político en Colombia. El gobierno debe ayudar a que esto ocurra, la sociedad cívica debe ayudar a que esto ocurra, la comunidad internacional debe ayudar a que esto ocurra”. La ilusión de sacar, al menos, al ELN de la guerra debe mantenerse viva. La sociedad civil debe estar alerta, la negociación con este grupo armado vuelve a entrar, una vez más, como viene pasando desde 1975, en cuidados intensivos.

Por: Isabela Puyana, Fundación Paz y Reconciliación, Pares en alianza con Vorágine / Ilustración: Camila Santafé En El Guabal, al extremo sur de Bogotá, viven en un eterno racionamiento. Una líder de la zona hizo lo que el distrito no logró: llevar agua a sus habitantes. Natalia Rodriguez tiene seis años y necesita un nebulizador todas las mañanas al despertarse. Después de lavarse los dientes y las manos con el agua del tanque de su casa le pide a su mamá que le ponga un ungüento blanco en las mejillas y en las manos para reducir la comezón de una alergia que tiene desde que era una bebé. Natalia no ha podido regresar a sus clases porque lleva meses presentando síntomas de diarrea y vómitos de manera recurrente. Sarpullido, dolor intenso de estómago, vómito y diarrea son algunos de los síntomas más frecuentes entre los niños y adultos mayores que viven en el barrio El Guabal, un asentamiento ubicado en el extremo sur y rural de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, que empezó a levantarse hace 30 años y cuyos habitantes viven enfermandose ante la falta de agua potable. En El Guabal  muchos  son desplazados por la violencia, campesinos que en tiempos de crisis encontraron allí la posibilidad de tener un techo propio. Nadie que actualmente haya construido una casa en esta zona dice haber invadido el espacio. Aunque algunos de los consultados para esta historia dicen tener un documento que los acreditaría como compradores de buena fe, cabe la posibilidad de que hayan sido estafados. Otros  hablan de haber negociado el pedacito de terreno con Luis Felipe Martínez, un hombre a quien muchos de la comunidad reconocían como propietario de la zona y que falleció hace dos años. El distrito, por su parte, considera la zona como un asentamiento ilegal y se ha abstenido  de darles soluciones a las condiciones precarias en las que viven. Sandra, la mujer que llevaba el agua al Guabal Sandra Rodríguez se convirtió en la fontanera del barrio. Llegó a El Guabal cuando tenía ocho años. Antes su padre sacaba arena para la construcción a las afueras de Bogotá, y la plata no les alcanzaba para pagar un arriendo en Vista Hermosa, Ciudad Bolivar. Por ese entonces a la mamá de Sandra le llegó una herencia y ahí fue cuando vio por primera vez la oportunidad de tener un pequeño pedazo de tierra en El Guabal. Sandra era apenas una niña cuando su familia le compró el pequeño lote a una mujer. “Era alta, estilizada, llevaba prendas finas y joyas, nos decía que era la dueña del terreno y aparentaba ser una señora adinerada”, solía contar Sandra. Aunque era muy pequeña, siempre contaba que el día en que hicieron el negocio la mujer les entregó el lote, se despidió, se montó en un carro rojo que comenzó a andar y a perderse entre los caminos de la loma. Nunca más volvieron a saber de ella. Sandra Rodríguez. Crédito: Marcela Parra Años después de construido el nuevo hogar, Sandra comenzó a encargarse de la provisión de agua. Se despertaba todos los días a las cuatro de la mañana para caminar hacia las motobombas, a más de diez kilómetros de su casa. Así lo hizo durante años. Caminaba tres horas por un tramo de tierra y pastizal, luego encendía dos motobombas, y esperaba  a que el agua se impulsara desde el río El Paraíso, el barrio aledaño al Guabal, para que comenzara a subir por una manguera. El proceso era arduo. Había que esperar a que se llenara un tanque de 5.000 litros ubicado en el punto más alto del barrio. Entonces Sandra encendía los registros del agua, todos vinculados a mangueras de diferentes tamaños y colores que aún hoy se pueden ver regadas por las calles del barrio. Cualquiera que no supiera del trabajo que hay detrás diría que entre una casa y otra hay montones de basura. Y no. Son conectores, tubos que enlazan los hogares, es ingeniería casera que se pasea kilómetro a kilómetro llevando este valioso recurso con el que sobreviven los habitantes de El Guabal. Hace diez años, entre todos los vecinos construyeron este sistema para abastecer de agua al barrio y nombraron a Sandra como la fontanera, era ella quien suplía de agua a todas las casas por 8.000 pesos al mes. Sin derechos básicos El  abogado Jhair Rico es especialista en Derecho Público y  ha trabajado en temas de protección de los derechos y garantías fundamentales de comunidades vulnerables. Asegura que la población de El Guabal está protegida por la sentencia T-025 de 2004, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado y la violencia en Colombia, lo que generó una sistemática vulneración de los derechos fundamentales en millones de ciudadanos. El abogado dice que, entre los derechos constitucionales amenazados o vulnerados por el desplazamiento forzoso, se encuentra el del acceso a una vivienda digna. Aunque parezca obvio decirlo,  las personas desplazadas debieron abandonar sus hogares habituales y enfrentarse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares a los que se desplazaron. Eso cuando pudieron hallar un techo. Muchos campesinos  se han visto obligados a vivir en la intemperie. En relación con este derecho, la corte ha definido unos criterios mínimos que deben ser garantizados para proveer vivienda y alojamiento básico a la población desplazada. Actualmente El Guabal está conformado por 120 casas y 500 familias a las cuales no les llegan los servicios públicos. Una de sus habitantes es Luz María Pereira, quien vive en una casa que ella misma levantó con palos de madera, y materiales reciclados. Allí llegó hace dos décadas desplazada por la violencia en Nariño. A sus 78 años fue diagnosticada con cáncer de estómago, enfermedad que le ha costado tratar porque no tiene cómo acceder a un tratamiento por las distancias, el dolor que padece y las pocas citas y exámenes que le asignan en su EPS. Ella cree que su enfermedad puede deberse a las condiciones del agua que bebe a diario. Ha decidido estar tranquila y no moverse más para ser tratada: “Yo sé que estoy enferma, pero no quiero estar metida en una clínica, pasar cuatro  horas de ida y cuatro horas de vuelta en una buseta, sin saber si me van atender o no, y con dolores en el cuerpo, sin comer durante el día. Yo quiero estar en mi cocina, así esté a medio hacer, me gusta mirar por mi ventana, quiero cocinar mi arroz y mis cosas y descansar”, dice Luz Marina con la impotencia de llevar una enfermedad sin cura. Su única certeza es su casa, esa misma que está en un terreno que no le pertenece, y que construyó para saberse resguardada por el resto de su vida. Luz María deposita el agua que logra conseguir en un barril de metal corroído. De ahí saca para lavar, cocinar y comer. Un acueducto rústico es la única posibilidad que tiene esta mujer y todos los habitantes del asentamiento para aprovisionarse. El Guabal es solo uno de los 20.819 asentamientos que se encuentran en Bogotá y en municipios aledaños según un diagnóstico del POT del 2016 que compartió María Carolina Castillo, ex secretaria de Hábitat del Distrito para el artículo La preocupante situación de las invasiones en Bogotá hecho en el 2018 por la Revista Semana. Muchos de los barrios no legalizados no tienen servicios públicos y la situación de estas comunidades se torna más compleja si se tiene en cuenta que hay terrenos que están en zonas de protección ambiental y de alto riesgo de desastre; en otros casos —en un porcentaje muy menor— quienes ocupan los predios no hacen parte de población vulnerable. También existen bandas criminales organizadas que negocian y estafan con las tierras, son grupos conocidos como ‘Tierreros’. Las distintas administraciones distritales poco han hecho para legalizar y llevar condiciones dignas a este tipo de asentamientos. Según Maria Carolina Castillo, quien fue secretaria de Hábitat de Bogotá en el  2017, el fenómeno de la ocupación ilegal tiene otras complejidades que se suman a la pobreza y la vulnerabilidad de quienes allí viven. Los ya mencionados ‘Tierreros’ promocionan la venta ilegal de predios, la urbanización ilegal y la invasión a tierras y edificaciones, y muchos de estos están protegidos por bandas armadas que amenazan a la población y obstaculizan el derecho a la legalización que es una de las vías para que el agua y otros recursos básicos lleguen a los barrios. Un estudio de la Universidad Libre de Pereira titulado Acceso de las poblaciones vulnerables al agua potable en Colombia y publicado en el 2022 recuerda cómo el poco acceso a agua potable como mínimo vital genera brechas de desigualdad entre poblaciones y agudiza la pobreza, la enfermedad y las pocas posibilidades de desarrollo de sus individuos: “El agua es un recurso natural necesario para la protección de los derechos humanos, pero dada la contaminación, el uso inadecuado y la falta de protección, la realidad es que su disponibilidad ha disminuido no solo en Colombia, sino en gran parte de países del mundo. Así las cosas, en América Latina, el agua por persona ha disminuido un 22%; en el sur de Asia, un 27%; y en África Subsahariana hasta un 41%. En esta última región alrededor de 50 millones de personas viven en áreas donde la sequía severa tiene impactos catastróficos en las tierras de cultivo y pastizales una vez cada tres años”. Dicha escasez de agua ha aumentado las enfermedades crónicas y puesto en escena desafíos para distintas regiones tanto para el desarrollo humano como para el nivel socioeconómico. Es lo que sucede con las personas que habitan El Guabal. La falta de agua hace incierto un proyecto de vida. Las malas condiciones del agua Hace algún tiempo, frente a un ranchito de tablas se escuchó una explosión. Fueron varios impactos que se hicieron cada vez más fuertes, más constantes, hasta que se hizo un silencio y se empezó a oír una corriente. Los vecinos se alarmaron, todos reconocieron el sonido: era la explosión de una manguera. Los niños que jugaban por la calle corrieron a avisarle a Sandra, quien tuvo que abandonar su trabajo para subir por tercera vez a apagar los registros y arreglar la situación. El sistema del acueducto se había dañado y esa era la segunda vez en la semana que esto pasaba:  “Yo antes calculaba que podía demorarme 15 horas llenando los tanques de las casas, pero ahora que todo está en mal estado, y que las mangueras no funcionan, que todo se rompe y se daña, duro hasta tres días. Siento que no puedo hacerlo sola”, dijo Sandra aquella vez que la visitamos. Fernanda García, una mujer joven de sonrisa disminuida, se acercó muchas veces a Sandra a pedirle ayuda porque el agua no le alcanzaba. Fernanda vive hace siete años en el barrio y ha tenido complicaciones con sus tanques. Son viejos y de metal, como la mayoría de las canecas de El Guabal, que en ese estado siempre presentan fugas. La apariencia del agua cambia considerablemente después de cinco días de estar empozada en los tanques: se ve amarilla, con insectos, y tiene un olor rancio, pero es la única opción que tienen para beber, para bañarse y para cocinar a lo largo de la semana. En su casa Fernanda vive con su esposo, quien trabaja como técnico de computadores. Para llegar al trabajo, Orlando debe todos los días tomar un transporte en un trayecto que dura cuatro horas. Ella intentó ayudar con las finanzas del hogar, montando en la entrada de la casa una pequeña papelería. A su esposo le regalaron un computador que arreglaron y lo ubicaron en una esquinita sobre una mesa de madera, así los niños del barrio comenzaron a hacer sus tareas y ellos les cobraban 500 pesos la hora de internet. Dice con orgullo que es el primer negocio que ofrece internet en El Guabal, aunque hasta ahora no han recuperado las ganancias. Fernanda tiene cuatro hijas de tres, seis, doce y quince años. Sofía, la menor, ha estado enferma durante meses con bronconeumonía. Fernanda asegura que sus pulmones se afectan porque debe cocinar con leña, pues no les alcanza para la pipeta de gas. Sus hijas tosen constantemente y se oyen ahogadas. Valentina, la niña de seis años, ha estado hospitalizada en Vista Hermosa, el centro de salud más cercano de El Guabal porque presentó graves síntomas de gastroenteritis: dolor estomacal, vómito y diarrea, que la deshidrataron y descompensaron. Para Fernanda se ha vuelto común la enfermedad de sus hijas, como le pasa al resto de los niños de la zona. En muchas ocasiones, los habitantes del Guabal no tienen los medios para llegar a los puntos de salud, todos a más de una hora y media en bus. Cuando presentan síntomas o se enferman muchos ven como única solución caminar hasta la droguería del Paraíso, que se ha vuelto una solución pasajera para sus malestares. La secretaría de salud, encargada de las brigadas, y que estaría obligada a llegar a la zona, nunca ha hecho presencia. Según la resolución 004796 expedida por el Ministerio de la Protección Social en el 2008, las brigadas de salud son obligatorias en todos los territorios de difícil acceso que no cuenten con servicios quirúrgicos habilitados o actividades de salud, características del territorio de El Guabal. A ellos les debería llegar cada año jornadas médicas, equipos, materiales y medicamentos necesarios para el beneficio de la población en el área. No sobra decir que la salud es un derecho fundamental. La Empresa de Acueducto de Bogotá tampoco les ha brindado una solución al problema del acceso al recurso. Después de hacer denuncias a través de la Junta de Acción Comunal del barrio, hace dos años el acueducto le propuso a la comunidad construir un sistema similar al que tienen, sacando el agua por medio motobombas y conectándose con mangueras a tanques provisionales, sin embargo, por acondicionar el sistema les cobraban el doble de lo que pagan ahora, y su propuesta no representaba un cambio en la forma de reservar el agua. Eran los mismos habitantes quienes debían de encargarse de la distribución y limpieza. Y ellos no tenían el dinero y no podían asumirlo. El abogado Rico dice que, según la Corte Constitucional, el Estado no sólo debía hacer esta propuesta, sino tenía que garantizar el acceso al agua potable dado que a partir del 2007 se consolidó el amparo constitucional en el que se reitera el derecho al consumo del recurso vital: “aceptar el carácter fundamental del agua es una decisión encaminada a reconocer un estado de cosas existente. Ningún sentido tendría, como lo señala la sentencia T-418 de 2010, ‘pretender asegurar la vida sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas, como fundamental’”. A partir de lo anterior, agrega Rico, la corte incluyó en sus pronunciamientos la Observación General No. 15 del CDESC con el objeto de consolidar en el ámbito nacional una interpretación clara del derecho fundamental al agua potable y los elementos que lo componen.  “Este avance conceptual es desarrollado en sentencias posteriores. Por ejemplo, la corte en la sentencia T-616 de 2010 reiteró la naturaleza fundamental del derecho al agua potable y vinculó su protección por vía de tutela al cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas a nivel internacional”. Hoy la única solución para El Guabal, según el Distrito,  es que la zona se legalice. El argumento de las autoridades para sustentar su ausencia es que se trata de terrenos invadidos. Los vecinos están en el proceso de crear un trámite para el plan de legalización de un barrio informal, una tarea que tardará años en lograrse a través de gestiones con la alcaldía. Durante todo este tiempo las personas se seguirán enfermando. Natalia Rodriguez, hija de Sandra, la fontanera de El Guabal, tiene una estatura muy baja, es delgada y con poco color en su rostro. Tiene dos perros que ella misma rescató y adoptó de la zona en donde hay hacinamiento de animales. Su madre solía decir que su niña iba a ser veterinaria porque siempre era incapaz de dejar a un animal sin comida. Cuando lo decía, Sandra contenía el llanto, sus ojos hablaban con dolor mientras veía a su niña. Así fue cuando hablamos con ella en varias ocasiones que la visitamos. Ella sabía que si los síntomas de diarrea y las alergias en la piel persistían en Natalia, eran pocas las posibilidades de que pudiera estudiar regularmente. Sandra Rodriguez, la fontanera, falleció hace seis meses por problemas pulmonares. Hoy su esposo, un hijo suyo, y una vecina del barrio se están encargando del acueducto rústico que ella manejaba. Sandra murió sin haber palpado el sueño cumplido de abrir un grifo en su casa y ver salir agua potable para las cosas más mínimas de la vida. Las condiciones de las mangueras y motobombas son cada vez peores y el trabajo para hacer llegar el agua se complica. La sequía durante el fenómeno del niño ha hecho que las familias de este barrio se queden a veces por más de quince días sin con qué cocinar o bañarse. El racionamiento en El Guabal lleva más de veinte años y el Estado sigue ahí, indiferente, sin aparecer.

Por: Redacción Pares En el 2011 el presidente Juan Manuel Santos presentó uno de los puntales de la paz que luego conseguiría firmar con las FARC: la ley de víctimas. Uno de los puntos de esta ley era restituir 6.5 millones de hectáreas. Trece años después las cifras son decepcionantes. Apenas se ha podido entregar un 10% de lo presupuestado: 665.000 hectáreas. Las órdenes de los jueces para restituir tierras, formalizar o adjudicar tierra nuevas que le corresponden a la ANT se acumulan en una bodega en las Américas en Bogotá. Se estima que si se juntaran todas las cajas se sumarían 11 kilómetros. Lo más decepcionante de todo es que un gobierno como el de Petro, que se comprometió a hacerle justicia a las 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia, no ha podido ni siquiera superar los números magros que dejó su antecesor, Iván Duque. El próximo 24 de abril a las nueve de la mañana en las instalaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, se presentará oficialmente el informe La Restitución de tierras sigue estancada, presentada por la Fundación Pares, la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de capacitación IPC, Viva la Ciudadanía, la española Asamblea de Cooperación por la paz y otras entidades del orden internacional. Forjando Futuros desde el 2005 es una de las ONG que más se la ha jugado para defender a los campesinos del despojo. En los 17 meses que van del gobierno Petro se han entregado 71 mil hectáreas en restitución, mucho menos de la mitad de lo que entregó Iván Duque en el mismo periodo, 161 mil hectáreas. En uno de los apartes del informe se deja caer este cálculo: “Si continuamos a este ritmo se tardarían 109 años en cumplir la meta”. Esto no es desidia del presidente Petro. Su compromiso sigue siendo el mismo que ha tenido a lo largo de su carrera política. El problema es que se ha estrellado contra el muro de la burocracia. Los trámites son lentos, no sólo por la inoperancia y el peso mastodóntico del estado, sino que todo se hace con la ineficacia de una perfección que no es más que una utopía. Por eso, desde el informe que se entregará el próximo 24 de abril se propone una “Revolución administrativa” que serviría para agilizar la entrega de 3.600.000 hectáreas. Desde ya la invitación para estar pendiente de las conclusiones de este gran informe que le quita el velo a uno de los temas que más le ha generado frustración al presidente. Como bien dice en una de sus páginas “La justicia para las víctimas no puede seguir siendo postergada”. (Fuente comunicado de Fundación Forjando Futuro)

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Hundir las naves o quemar los barcos es una expresión muy común entre los científicos sociales de nuestro tiempo. La usan con el propósito de nombrar aquellas situaciones donde una persona o una organización ha tomado la firme decisión de llevar a cabo un proyecto, y, pase lo que pase, nunca desfallecerá en su objetivo. Incluso, tomará extrañas decisiones —aparentemente irracionales, como hundir sus activos— con el sólo propósito de alcanzar la meta trazada. Este fue el camino que tomaron dos de los grandes estrategas de la guerra en la historia universal y a los que les debemos esta importante expresión. El primero fue el conquistador español Hernán Cortés, quien invadió en el siglo XVI el territorio conocido hoy como México. En su proyecto de dominación del imperio Azteca, se encontró en 1521, al llegar a la ciudad de Tenochtitlán, en la difícil situación de poseer pocos recursos y enfrentarse a una población indígena que lo superaba en cientos de miles de personas —la capital azteca la ocupaban más de 300 mil habitantes—. Relata Cortés en sus Cartas de Relación que, ante la crítica situación y con presencia de un motín de la tripulación, que deseaba regresar a España, ordenó bajar a todos los mercenarios de las naves y “hundir la mayoría de los barcos”. Una acción que es leída hoy como una estrategia atrevida a la que optó el conquistador para incentivar a sus tropas y lograr arrasar el pueblo indígena, cumpliendo con la tarea encomendada por la Corona Española. El segundo hombre que usó esta idea la hallamos aún más atrás en la historia, ocurrió en el siglo tercero antes de nuestra era, cuando el rey macedonio, Alejandro Magno, ordenó “quemar sus naves” como forma de presionar a su ejército para ganar la guerra. En aquella ocasión el objetivo no era arrasar o desaparecer a todo un pueblo, como lo hizo Cortés, pero sí diezmar a sus pares guerreros  y ganar la confrontación en las costas de Fenicia. La estrategia que tomó el joven militar griego, frente a un ejército que superaba tres veces su tropa y que amenazaba con derrotarlos, fue mandar a “quemar todas las naves”, como recurso para obligar a sus hombres a ganar la guerra y poder ver a sus familiares. Les dijo que la mayor razón para acabar aquella confrontación era volver a sus hogares y reunirse con sus familiares nuevamente. El momento vivido por Alejandro nos recuerda, precisamente, el deseo que deben de sentir los cientos de combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de regresar a la vida civil y reunirse con sus seres queridos. Desde la década de 1980, los miembros de esta organización guerrillera saben que la opción de ganar la guerra al Estado es imposible. De allí que el camino más expedito para regresar los guerreros con sus familias sea negociar la paz. Sin embargo, los líderes elenos no han sabido hundir las naves por esta opción, no le han apostado a la paz negociada con firmeza. No lo hicieron en la década de 1980, cuando inició el ciclo de procesos de paz con las insurgencias colombianas. En aquel momento, cuando todas las guerrillas se reunieron con el Gobierno y firmaron ceses al fuego, el ELN se opuso a la propuesta de tregua presentada por el presidente Belisario Betancur y, en lugar de pactar la paz, buscó el fortalecimiento de la lucha armada, desaprovechando el momento histórico que se vivía alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. En aquella década, el ELN realizó su primer y segundo Congreso Nacional —en 1986 y 1989, respectivamente—. Y a pesar de que a su interior había un interés de muchos combatientes por buscar una salida negociada al conflicto, en el segundo encuentro colectivo la mayoría de sus líderes votaron por el No. Según León Valencia, el director de la Fundación PARES, quien estaba en aquel momento en la convención, relata que fueron 80 votos a favor de seguir en la guerra frente a 30 que deseaban una salida negociada. Tampoco fue la apuesta por la paz de sus dirigentes en los siguientes dos congresos nacionales —el de 1996 y 2006—. Luego de rompimiento de los diálogos en Caracas y Tlaxcala en 1992, de haberse negociado la paz en 1994 con una fracción de la organización —la Corriente de Renovación Socialista, aquel grupo que perdió la apuesta por la paz en el II Congreso— y de la votación arrasadora del Mandato Ciudadano por la Paz en 1997, el ELN continuó con timidez su acercamiento a la paz. Finalmente, desde 2014, cuando vivimos el tercer ciclo de negociaciones de paz con el ELN, los líderes de esta organización federada han tenido una postura exploratoria. Son diez años donde la dirigencia del ELN está diciendo al Gobierno que creen mesas con el objetivo de acercarse a la paz. Lo cual ha generado un historia desafortunada de crisis constantes, donde los diálogos de paz se interrumpen y amenazan con no continuar permanentemente. Son 40 años, desde el Acuerdo de la Uribe con las FARC-EP en marzo de 1984, que el ELN ha perdido para avanzar de manera real en la construcción de la paz en el país. A pesar de que está guerrilla ha dado la impresión de querer negociar —pues no ha existido ningún Gobierno excluido de explorar la paz con ella en todo este tiempo—, la falta de una apuesta definitiva por la paz ha hecho que hoy siga poniéndose en duda las real intención de está guerrilla de pactar una salida negociada al conflicto. Al ELN le falta quemar los barcos para el proyecto estratégico de la paz. Sus costos hundidos —como llaman los economistas a estas inversiones—, hasta el momento, han sido poco arriesgadas y considerables. De allí que la sugerencia a los integrantes del VI Congreso Nacional, que se realizará en las próximas semanas, sea la de asumir con claridad su apuesta por la paz, aunque sea difícil lograrla. Que establezcan como horizonte, con determinación ante la adversidad y usando todos los recursos que tengan a su alcance, el objetivo de la paz. Y que luego del encuentro, el Comando Central del ELN (el COCE) se reúna con la tropa —como lo hizo Alejandro Magno— y le digan a los hombres y mujeres que si quieren volver a casa, ver a sus seres queridos y tener una vida más tranquila, el único camino que les queda es hundir las naves por la paz negociada. Que los inciten a optar por la “loca” estrategia de realizar inversiones irrecuperables, como quemar los barcos, con el solo objetivo de alcanzar la paz. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: France24 Miles de personas en Bogotá caminaron por toda la carrera séptima hasta la plaza de Bolívar en la jornada de protesta de este domingo 21 de abril. Bajo una sola consigna, la de “Fuera Petro” los manifestantes expresaron su rechazo a las políticas de cambio que ha traído el presidente desde que se posesionó el 7 de agosto del 2022. La característica primordial fue que familias enteras pudieron salir con sus hijos menores de edad. El gobierno decidió no sacar a ningún miembro de la fuerza pública a la calle. Hubo un tiempo en que esto no fue así. El ESMAD fue la fuerza antidisturbios creada por Andrés Pastrana en 1999. Este grupo de la policía tendría una duración pasajera. Sin embargo fue Álvaro Uribe Vélez quien la convirtió en permanente en el año 2007, en plena época de la Seguridad Democrática. Entonces su aspecto intimidante, con armaduras de 11 kilos que los hacía ver como robocops, aparecían cada vez que los ciudadanos ejercían su libre derecho a protestar. Entre 1999 y el 2018 la Fiscalía recibió más de 40 mil casos de violencia contra colombianos por parte de este cuerpo especial. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, el Esmad produjo 18 muertos nada más en Bogotá. Estos números se desbordaron por completo durante el estallido social del 2021 en contra de las políticas del entonces presidente Iván Duque. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo murieron en las protestas 18 colombianos. Ochocientas personas más resultaron heridas. Según amnistía internacional las balas de goma del Esmad produjeron 12 lesiones oculares entre los manifestantes. Los gases lacrimógenos, las balas disuasivas, las provocaciones y los insultos eran el pan de cada día durante las protestas. Pero esta violencia policial tuvo un antecedente que marcó a toda una generación. Las protestas contra el gobierno Duque arrancaron en noviembre del 2019 y si hubo un interregno fue por las medidas de cuarentena que se tomaron desde marzo del 2020 para frenar el Coronavirus. Pero el 23 de noviembre del 2019 cientos de miles de colombianos salieron a las calles a protestar contra medidas como el proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla en donde, entre otras cosas, quería grabar con IVA los alimentos de los colombianos. Ese día el capitán del ESMAD Manuel Cubillos disparó contra la multitud. Una de las balas se incrustó en el cráneo del joven estudiante Dilan Cruz Medina. Bachiller del colegio Ricaurte IED, había salido a la calle exigiendo una educación pública de calidad. Murió a los tres días. Los atentados contra la gente que sale a protestar en Colombia no nacieron en los años de Duque. En 1954 el batallón Colombia masacró a 11 estudiantes universitarios que salieron a protestar por la muerte de su compañero, Uriel Gutiérrez Restrepo, asesinado por la policía nacional. Eran los años duros de la dictadura de Rojas Pinilla. Esa vez se produjeron 41 heridos. El 16 de mayo de 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, en la Universidad Nacional se produjo una represión durísima. Se protestaba por el asesinato del líder estudiantil Jesús “Chucho” León. La policía entró al campus universitario y se detuvieron a 81 personas, se presentaron 65 heridos y un número indeterminado de estudiantes asesinados. La Universidad Nacional, por estos hechos, estuvo cerrada durante 11 meses. La marcha del 21 de abril no tuvo acompañamiento policial. El gobierno, cumpliendo uno de sus promesas, después de la carnicería del Esmad durante el estallido social, que produjo además el asesinato del joven abogado Javier Ordoñez, ha reformado esta unidad especial de la policía, la ha humanizado y ahora todos tienen las garantías de salir a protestar sin que corran riesgo sus vidas. Lo del 21 de abril fue un gran triunfo democrático.

BOLSILLO 1 Descargar bolsillo 1 aquí BOLSILLO 2 Descargar bolsillo 2 aquí BOLSILLO 3 Descargar bolsillo 3 aquí BOLSILLO 4 Descargar bolsillo 4 aquí BOLSILLO 5 Descargar bolsillo 5 aquí BOLSILLO 6 Descargar bolsillo 6 aquí

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: RTVC Noticia El martes 9 de abril se cumplió otra jornada de movilizaciones a favor del gobierno de Gustavo Petro y en defensa de sus reformas, posterior al hundimiento de la Reforma a la Salud, del riesgo de que los tiempos no den para la aprobación de la Reforma Pensional en el Senado, y con un ambiente político enrarecido, tanto por el llamado a juicio contra Álvaro Uribe Vélez, así como por la crisis que se avecina en el sistema de salud. El ambiente, que prometía una movilización masiva, terminó siendo, como en otras ocasiones, disperso. Aunque el gobierno montó una gran tarima, muchos de los manifestantes se quejaron de que se convocaran marchas con este tinte pro-gobierno, cuando ese mismo día se conmemoraba el Día de las Víctimas. La creciente instrumentalización del gobierno de las manifestaciones sociales, en el ámbito de la “radicalización democrática” lleva a preguntarse qué tanta cohesión y fuerza tienen las bases sociales del gobierno, y por qué no han respondido con amplias movilizaciones ante la coyuntura política y a las convocatorias del gobierno nacional para salir a las calles. Balance de manifestaciones durante el gobierno Petro Según datos de la CINEP/PPP, a corte de agosto de 2023, hubo casi 1000 movilizaciones en el país en el marco de demandas y reivindicaciones de carácter gremial, siendo cifras muy cercanas a las de gobiernos anteriores. Esto implica que la llegada de un gobierno de carácter alternativo no ha cambiado en mayor medida las lógicas de movilización gremiales, y que, a pesar del mismo, siguen existiendo demandas que no se han resuelto, sin importar si el gobierno tiene cercanía en términos programáticos e ideológicos con estas manifestaciones. Lo que sí es cierto es que las manifestaciones gremiales, a diferencia de los estallidos sociales de noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril de 2021, se ha dispersado y disgregado a nivel territorial, concentrándose en necesidades particulares más urgentes a nivel local y reivindicaciones de carácter histórico, frente a la decantación de un programa maximalista a nivel nacional, que estaría encarnado dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, construido desde los diálogos vinculantes a finales de 2022. Junto con estos datos, la defensoría del pueblo señaló en marzo que la conflictividad social en Colombia aumentó un 43 % en el último año. En su informe anual, indicó que hubo 2046 manifestaciones de conflictividad social, que ha implicado un aumento sustancial frente a los 1427 eventos que se presentaron en 2022. Fuente: Defensoría del Pueblo. Geográficamente estos eventos se han ubicado en Bogotá (13%), Bolívar (7%), Antioquia (6%), Santander (6%), Magdalena (6%), Atlántico (5%), La Guajira (5%) y Valle del Cauca (5%). Asimismo, los mecanismos más usados para expresar estas insatisfacciones o incomodidades, indicados por la Defensoría, han sido los bloqueos de vías (38%), plantones (33%), marchas (11%), disturbios (6%) paros (5%) y toma de instalaciones (3%). Frente a 2022, hubo un aumento del 62% en paros, 62% en bloqueos de vías y 31% en plantones y concentraciones. Fuente: Defensoría del Pueblo. La mayor parte de estas manifestaciones han sido realizadas por ciudadanos de a pie sin distinción (33%), trabajadores (11%), comunidades educativas (9%), múltiples actores sociales (7%), comunidades indígenas (6%), sindicatos (4%) transportadores (5%), organizaciones de la sociedad civil (4%) y campesinos (3%). Es denotable que, aunque la cifra de trabajadores y sindicatos sumada nos muestra que el 15% de las manifestaciones de conflictividad social son realizadas por estos grupos, siguen siendo uno de los grandes soportes y apoyos del gobierno nacional en las calles. No obstante, lo que ha marcado la agenda de movilizaciones en los últimos meses ha sido el pulso entre los llamados del gobierno para salir a las calles a defender su programa alternativo, encarnado en el programa de reformas sociales que cursa en el congreso (Reforma a la Salud —ya hundida—, Reforma Pensional, Reforma Laboral, Educación como Derecho Fundamental) y las manifestaciones de diferentes sectores independientes y de la oposición de derechas, que han buscado en las movilizaciones una contestación social frente a las medidas del gobierno. Desde el inicio del gobierno Petro a corte de abril de 2024 habrán sucedido 1 marchas y 3 balconazos, en los que el gobierno y la oposición se han medido a través de la movilización popular en las calles. De ellas, la oposición ha convocado 11 manifestaciones desde septiembre de 2022 hasta la que está convocada para el próximo 20 de abril; mientras que el gobierno ha contestado con 8 manifestaciones y ha llamado a la sociedad civil a reunirse para presentar su paquete de reformas, en febrero de 2023. En promedio, la oposición está manifestándose contra el gobierno cada dos meses, mientras que el gobierno, desde que comenzó su estrategia de movilización para defender su programa de gobierno el 14 de febrero de 2023, se moviliza cada dos meses y medio, en las que 5 de aquellas manifestaciones se realizaron como contestación o antesala a una marcha opositora. ¿Qué está sucediendo con las bases sociales? A pesar de haber ganado con una amplia base popular, concentrada en diferentes grupos gremiales y sectoriales de las subalternidades del país (campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, estudiantes y docentes, etc.), Gustavo Petro ha tenido dificultades para poder movilizar a su electorado y a los sectores sociales que lo apoyan en las calles. En un país donde las protestas y las manifestaciones siempre han sido reflejo de escenarios de discusión, contestación y disputa contra medidas y acciones de los poderes locales, regionales y nacionales, los llamados del gobierno nacional para movilizarse en apoyo hacia una agenda política legislativa y ejecutiva han generado ruido y han puesto a estas bases en otros lugares de enunciación. Además de ello, la disociación que ha existido entre las reivindicaciones históricas de estos sectores gremiales y la defensa del programa de gobierno de Petro han generado ciertas divisiones y críticas frente a los riesgos de una usurpación de la voz de los movimientos sociales y de sus premisas por parte del discurso oficial, como se manifestó durante las marchas del 9 de abril, día de la conmemoración de las víctimas. Y no es para menos, pues la radicalización democrática a la que ha apelado el gobierno nacional para tratar de generar un ambiente de constante movilización social y política en el país ha chocado con una reducción en las expectativas y menor afluencia en las convocatorias organizadas a nivel oficial, además que el gobierno ha declarado abiertamente que debido a haber sido elegido con más de 11 millones de votos, tiene carta blanca y refleja en sus acciones los intereses sociales que dice representar. Y aunque el gobierno Petro ha apelado a la misma estrategia nodal con la que ha organizado sus proyectos políticos en años anteriores, basada en la autonomía de organizaciones y movimientos que le apoyan sin la consolidación de un pensamiento ideológico oficial más allá del apoyo al programa político del Cambio, algunas de las bases temen que exista un intento del gobierno por suplantar y usurpar su voz. Toda la estrategia del gobierno nacional para movilizar a sus bases sociales se ha concentrado en la propuesta de “Activistas por el Cambio”, con la que el gobierno ha querido reemplazar las dinámicas de militancia y organización partidista de base con “guardianes” e “intermediarios” entre la sociedad civil y el presidente, tal y como se presentan desde sus redes sociales. Fuente: Instagram. Este grupo ha tenido relevancia porque han estado detrás de la organización y promoción de varias de las manifestaciones en apoyo a la agenda de reformas del gobierno, especialmente frente a la coordinación de las manifestaciones a nivel territorial y la convocatoria de Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales en regiones lejanas o en municipios pequeños. Más allá de los intentos de coordinación a través de este colectivo, existen tensiones y disputas internas entre sectores de las bases sociales y el gobierno, frente a diferentes posturas, expectativas y acciones que Gustavo Petro y sus ministros han llevado a cabo en los últimos meses, por lo que hay un bloque que apoya abiertamente las decisiones del gobierno, y otro bloque que se ha vuelto crítico y contestatario al mismo. No obstante, hay que entender que, a pesar de estas tensiones, todas las bases sociales están de acuerdo en la defensa del gobierno del Cambio y de su legitimidad, tanto ante las amenazas políticas de los partidos tradicionales independientes y opositores. Por un lado, el gobierno cuenta con amplio apoyo de los sindicatos, que han sido de los pocos grupos que han mantenido una lógica constante de apoyo a las movilizaciones convocadas por el gobierno durante los últimos meses (FECODE, CUT, USO, parte de la CTC, entre otros). Fuente: Twitter. Fuente: Twitter. Fuente: Twitter. De igual modo, otro soporte fuerte dentro de las bases sociales del gobierno está en el movimiento campesino e indígena, especialmente por los avances que el gobierno ha logrado en materia de titulación y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral. Fuente: Twitter. Según datos del Ministerio de Agricultura, en este momento se han titulado 807.815 hectáreas de tierra, de las cuales 572.743 ha. han sido entregadas a comunidades indígenas, 186.322 a campesinos y 39.026 a comunidades afrodescendientes. Fuente: MinAgricutura. Del mismo modo, las organizaciones indígenas han acompañado al gobierno en la mayoría de las movilizaciones, y se mantienen como un fuerte aliado del mismo. Fuente: Twitter. Por otro lado, hay sectores sociales que han sentido que el gobierno no ha cumplido lo suficiente con sus promesas, ha sido incoherente con las propuestas durante la campaña presidencial o el Plan Nacional de Desarrollo, o tienen rupturas por decisiones propias del gobierno. Tal es el caso de un sector del movimiento feminista que se ha apartado, debido tanto a la omisión y el silencio del presidente y sus funcionarios frente a denuncias de violencias basadas en género o la aceptación de figuras acusadas de cometerlas. Tal es la disputa existente entre ciertos sectores feministas frente a los nombramientos de Hollman Morris como director de RTVC. Fuente: Twitter. Igual que los jóvenes, quienes impulsaron en gran medida el trabajo voluntario de campaña del candidato Petro en 2022, pero que a corte de octubre de 2023, según una encuesta de Cifras y Conceptos, en alianza con El Tiempo y la Universidad del Rosario, estaban virando hacia posiciones de derecha, aunque la figura del presidente mantenía entre este sector de la población una favorabilidad del 52% y una favorabilidad del 41%, y solo el 33% de los encuestados afirmó que el gobierno está cumpliendo con sus promesas de campaña. Recientemente, los nombramientos de nuevos rectores en las universidades públicas del país también han contrapuesto al movimiento estudiantil con el gobierno, quien en su momento ha querido denotar a las organizaciones gremiales estudiantiles y sus acciones como parte de la construcción del proceso constituyente. Esta salida en falso le ha acarreado críticas de aquellos sectores, quienes han cuestionado al gobierno por su poca maniobrabilidad frente a la defensa de la democracia universitaria. Fuente: Twitter Las promesas de apertura de escenarios burocráticos y de representación política para la ejecución de proyectos y la resolución de peticiones históricas no ha bastado. La percepción que los jóvenes y las mujeres frente al Ministerio de Igualdad y los viceministerios de mujer y juventud es que se han quedado cortos frente a las necesidades actuales de aquellas poblaciones. ¿Radicalización democrática como salida? La movilización social está desgastada, por lo que la radicalización democrática puede ser una jugada en contra si el gobierno no tiene detrás una estrategia que permita que la movilización tenga efectos en la dinámica legislativa. El gran problema de tratar de convocar a un nuevo escenario de movilización social a partir de una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con varias cosas, como con la espontaneidad de los estallidos sociales de 2019 y 2021. Aun cuando surgieron de llamados a paro nacional ante dos coyunturas relativamente similares (la presentación de unos proyectos de reforma tributaria propuestas por el gobierno de Iván Duque), la emergencia de estas convocatorias en estallidos radicó en que concentraron toda una serie de coyunturas sociales, políticas y económicas que para ese momento hallaron la forma de expresarse en las calles. Las condiciones de vida empeoradas por la pandemia, las medidas económicas y sociales regresivas del gobierno Duque, el incumplimiento a lo pactado en los Acuerdos de Paz y la fuerte represión que llevó a una respuesta violenta por parte del gobierno uribista hacia las manifestaciones fueron los principales motores que impulsaron la construcción de nuevas agendas, que luego fueron recogidas por el gobierno nacional. El gobierno de Gustavo Petro ha tratado de canalizar la fuerza de estos estallidos e impulsarlos de nuevo desde sus convocatorias a las ‘contramarchas’ que suelen contestar a las manifestaciones de la oposición y desde los llamados a movilizarse ante coyunturas políticas críticas. No obstante, los movimientos sociales y las bases políticas del progresismo no siempre han contestado a estos llamados en muchos casos. Los movimientos sociales y las bases políticas han recibido los embates del desgaste político al que el gobierno los ha sometido con las convocatorias de movilización, con la defensa de la agenda de reformas y con las salidas en falso que ha tenido Gustavo Petro y su gabinete a lo largo del último año. También existe un desgaste interno, producto de los intentos de unificación del Pacto Histórico como partido y los intereses político-electorales que han llevado a la división interna, junto con los choques entre las diferentes líneas de pensamiento del progresismo, que han llevado a que diferentes sectores tengan confrontaciones abiertas entre sí, tal y como ha sucedido entre los grupos feministas y los sectores más conservadores de la Colombia Humana. La construcción de una sólida base social para el proyecto de cambio del gobierno Petro sigue siendo un reto pendiente, que requerirá de una capacidad de diálogo, negociación y articulación de intereses más allá de la convocatoria a las calles, frente a un potencial programa progresista que quiera conservarse en el tiempo y se sostenga sobre las reivindicaciones de todas las subalternidades a su alrededor. El éxito del proyecto progresista dependerá en gran medida de su habilidad para mantener y fortalecer esos lazos con los diversos sectores que lo apoyaron inicialmente, sin instrumentalizarlos ni martirizarlos frente a la opinión pública.

Por: Guillermo Linero Montes La frase que da título a la columna de hoy es de André Malraux, filósofo francés del siglo XX, que visualizó y se arriesgó a vaticinar el incierto futuro de la humanidad a partir de comprobar cómo el pasado estaba cargado de horror en todos los tiempos de la llamada civilización. De hecho, la historia está menos cargada de momentos felices -como la invención de la imprenta, la del avión y por supuesto la invención de la internet- y más cargada de dramas y tragedias -como la inquisición y la esclavitud-. Ante tanta malsanía del mundo materialista, y en una lógica elemental que implica que lo negro tarde que temprano se tornará blanco, concluía Malraux que en este siglo XXI en reemplazo de la tradición insensible, el nuevo siglo habría de ser indefectiblemente espiritual; es decir, sin guerras ni barbarie. Con todo, pese a una larga tradición de inhumanidades, en el siglo XX afloró de modo tajante la pésima condición humana. Se develaron las hipocresías de las religiones (la falsedad y perversión de sus representantes sacerdotes o pastores) y cogieron fuerza inmoralidades tan bravas como el montaje de mentiras para invalidar las verdades. La esclavitud se generalizó hasta el punto de convertirse en una manera corriente de la relación laboral; y el cultivo del arte, por ejemplo, el cultivo de la buena música y de las artes plásticas, sin dejar de ser evolutivas en buena parte se apartaron del ideal estético. Los productores y los creadores de música, por ejemplo, privilegiaron los temas y los ritmos anodinos sobre los prescindibles. Privilegiaron los contenidos cuya función social es denigrante, pues desmontaron la ética y la moral. Por su parte los artistas plásticos se convirtieron otra vez en aquellos personajes a quienes, por cuenta de las exigencias técnicas de su oficio, no les quedaba tiempo para leer, y a quienes los círculos intelectuales del siglo XIX usaban como referencia de lo cognitivamente vacío; por entonces era popular la frase: “Más bruto que un pintor”. En efecto, hoy, ciento cincuenta años después y luego de haberse sucedido una tira de movimientos plásticos opuestos a la mentada frase peyorativa -el expresionismo, la abstracción, el arte figurativo y, entre otros, el pop- se ha desenvuelto un efecto contrario que privilegia los discursos y las falacias de la llamada “idea como arte”. De hecho, los pintores del siglo XIX ajenos a la lectura, o los que leyeron mal en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo pasado empezaron a producir absurdos mentales, elaborando discursos al servicio de una función social denigrante de la misma sociedad; y luego de la mentada frase -Más bruto que un pintor- comenzaría la sociedad entera a desmontar sus carencias, en cuanto a la evolución de sus principios, advirtiendo nuevos como la convivencia y la protección del planeta, todos dentro de la frase esperanzadora acerca de que el siglo XXI sería renovador, de actos nobles. Dicho cambio fue haciéndose real en el reconocimiento de los derechos humanos, en la defensa de los animales, en el cuidado a las plantas y en la conciencia de proteger a la especie del cambio climático; todo bajo el entendimiento -duro de asimilar para los insensibles- de que es urgente la toma de medidas de protección del planeta, en tiempo presente para asegurarnos así las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente en el futuro. En el caso de Colombia, a finales del siglo pasado se democratizó el espacio del estado con el propósito de que cada quien escogiera libremente su creencia y culto religioso, y se desmontó la injusta dictadura del catolicismo y dándole paso al libre pensamiento y a la libertad de cultos. En Latinoamérica, por ejemplo, pareció desvanecerse la tradición política de gobernantes dictatoriales - como Anastasio Somoza o Alfredo Stroesner - y empezamos a ver en calidad de historia pasada la política inculta; no en vano los mismos insensibles pasaron de los golpes militares a los golpes blandos. De igual forma, en el mundo rigieron las bondades de políticos y mandatarios sensatos o que lucharon por la libertad y el pacifismo -como Gandhi o Mandela-; y ni qué decir de significativos movimientos sociales como el hipismo -con músicos, pintores e intelectuales- cuyas banderas fueron las de la paz y el amor al prójimo. Todo eso nos hizo experimentar fuertemente que seguíamos en la ruta hacia donde conducía la profecía de Malraux, hacia un siglo XXI en justicia con el planeta, con la naturaleza y con la especie humana; hacia un siglo espiritual. No obstante, ya entrado el siglo XXI, al parecer nos hallamos en un momento cada vez más lejano de esa opción esperanzadora, pues en el inventario ético y moral suman más las inversiones -económicas, políticas y morales- en beneficio de pocos pobladores egoístas y como consecuencia lógica crece el daño al medio ambiente y crecen las inequidades. Ahora, cuando los países económica y armamentísticamente poderosos son todavía influyentes y sus gobiernos promueven las guerras y no pretenden evitar los daños colaterales, triunfan de manera terrorista haciendo víctimas a la gente buena, a la gente que estaba convencida de que el siglo XXI sería espiritual o no sería. En semejante contexto es muy claro que André Malraux se equivocó y desafortunadamente hoy parecen tener mayor credibilidad estas palabras de Stephen Hawking, fundadas en el desmedido desarrollo de las armas y del poder nuclear: “la humanidad sólo tendrá un siglo para encontrar soluciones a los desafíos globales y después de esto llegará a un punto de no retorno”. De hecho, en nuestro país y pese a que nos gobierna un presidente de alta sensibilidad humanista; es decir, alguien que nos invita a seguir la ruta de Malraux, es atacado por su benévolo propósito de cambiar un sistema de salud egoísta -hecho para el beneficio de los insensibles- por otro dado a privilegiar la vida de unos y de otros -sensibles e insensible-. E igual le cuestionan su reforma laboral, pues los ajenos a la espiritualidad se oponen al desmonte de la esclavitud y las malsanías. En tal suerte, dan repugnancia los gobiernos como el de Argentina -por citar a un país de nuestro hemisferio- caídos en manos de posesos obtusos, de atroces marionetas del eje político del mal, capaces de apoyar acciones como las de Israel, todas conducentes al asesinato y mutilación de niños y niñas de palestina. Ahora, cuando a un país como Irán lo sancionan económicamente los insensibles por actuar con saña terrorista contra el inocente pueblo de Israel -ataque que por fortuna no dejó víctimas letales- llama la atención cómo estos mismos estados sancionadores ayudan económica y militarmente a un gobierno que, sólo como lo haría un genocida, en menos de un mes ha dado muerte a más de 30 mil ciudadanos del mundo; y frente a ello -si persistimos en nuestra sensibilidad- no queda distinta opción que aseverar e interpretar negativamente la sentencia de André Malraux: el mundo no será espiritual ni tampoco será.