Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado martes 9 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buscó ser la primera imagen que vieran los turistas extranjeros que entraban por el aeropuerto José María Córdova. Pretendía que los visitantes, al cruzar la puerta de Migración Colombia, se encontraran con la cara dura del mandatario local. Quien, con un volante en las manos, les informaba que está prohibido, en este territorio, cometer delitos sexuales con menores de edad. Para el turista, la bienvenida a la ciudad la hacía —nada más ni nada menos— que el alcalde de la capital paisa; quien a capela y con voz estentórea, los saludaba desde lejos, para luego encararlo y decirles de frente que “si vienen a Medellín a prostituir sus niños, niñas y adolescentes se les captura” y se les asignará penas que podrían “dar hasta 25 años de cárcel”. Les advertía con su acento marcado de paisa que: “quienes tengan temas de drogas, explotación de menores o trata de personas, los vamos a perseguir, vamos a ser su peor tormento”. La amenaza fue la estrategia que adoptó el mandatario local de Medellín para atender el incremento en los delitos sexuales contra la población de niños, niñas y adolescentes que viven en la ciudad. Lo hizo, luego del escándalo mediático que se dio, a finales de marzo de 2024, donde se capturó —y dejó en libertad— a un turista estadounidense, por estar con dos menores de edad en un prestigioso hotel de El Poblado de su ciudad. Lo cual resulta una apuesta aparentemente loable y muy apropiada, pues la hace el líder político de la ciudad, aquel que desea defender de agresores externos a su población —en especial los más desfavorecidos—. Sin embargo, este no es el camino más apropiado para atacar de raíz y de forma contundente el fenómeno de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). No es apropiado, porque es un tema que lleva muchos años en la ciudad y no se debería estar improvisando en ésta materia. Tampoco, porque se está estigmatizando a todos los turistas que visitan a Medellín y van a El Poblado, cuando los mayores responsables del problema han sido otros y se ha tenido otros epicentros en la ciudad. Y mucho menos, porque estamos ante una problemática que debe ser afrontada colectivamente, con programas integrales de largo aliento, y no con acciones de un funcionario público que responde a la coyuntura y de forma mediática. Desde hace varios lustros, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Fiscalía —quien es uno de los mayores responsables de atender a las víctimas de ESCNNA en la ciudad— nos viene reportando cifras sobre está problemática. En sus informes reporta que este no es un fenómeno nuevo en el territorio: entre 2012 y 2015, por ejemplo, fueron 3.979 casos denunciados de menores de edad que reportaron explotación. Además, en sus cifras anuales se evidencia, con preocupación, que este asunto ha ido incrementándose de manera acelerada en los últimos años. Otros informes, como los publicados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, indican que los sectores críticos de la explotación sexual y comercial históricamente han sido otras comunas de la ciudad, diferentes a El Poblado. Los estudios de localización de la ESCNNA señalan a Aranjuez, Prado Centro o La Candelaria como los espacios de la génesis del fenómeno. El historial de casos de explotación se centran aun hoy en lugares como los parques: Bolívar, Berrío, San Antonio, de Las Luces y de los Pies Descalzos, que están lejos del lugar que hoy se estigmatiza. El problema está en que los agentes económicos ilegales —organizaciones criminales, victimarios-proxenetas, explotadores sexuales, dueños de moteles clandestinos y empresarios criminales— que trafican con este tipo de servicios, buscan los lugares turísticos, aquellos donde hay mayores recursos y mayor flujo de personas, para ofrecer los servicios sexuales y aumentar las ganancias. Recursos que traen los acaudalados extranjeros que se encuentran en El Poblado o Laureles —lugares con mayor seguridad— y no en los habituales clientes locales que sin recursos siguen visitando La Candelaria, en el centro de la ciudad. En este sentido, el problema no se ataca con acciones emanadas de la pasión, con la voz estridente y bullosa de un líder político que reparte hasta el cansancio volantes en los aeropuertos —según cifras de Migración Colombia a la ciudad llega el 15% de los extranjeros que visita al país y que anualmente supera el medio millón de turistas—. Mensaje en los volantes que los foráneos, debido al poco conocimiento que pueden tener del idioma español, podrían interpretar como una invitación a que conozcan el mercado criminal, ya que leerían en ellos palabras como “Medellín”, “disfrutar”, “atractivos turísticos”, “consumir estupefacientes”, “menores de edad”, “prostitución a cambio de unos dólares”. Tampoco es un fenómeno que se acaba, exigiendo a los visitantes un  certificado de “Buen Comportamiento con Menores de Edad” expedido por una “Secretaría Internacional", que sin duda lo presentan, ya que estaría incluida en los costosos paquetes turísticos que compran para venir al país. Los empresarios del crimen harían todo para que los turistas, al llegar a Colombia, porten todos los papeles que se les exige al ingreso. La ESCNNA es un fenómeno que demanda la participación e incidencia de todos los actores sociales: del Estado, de los empresarios y de la sociedad civil. Es necesario que en el diagnóstico del problema y en el planteamiento de soluciones estén organizaciones de la sociedad, empresas privadas, academia y organismos del Estado. Su concurrencia es fundamental para atender todas las aristas del fenómeno de la ESCNNA: desde el maltrato intrafamiliar y la violencia sexual en el trabajo, hasta la intervención en las redes criminales internacionales que promueven la pornografía infantil y la trata de personas. Se requiere involucrar al mayor número de agentes para que trabajen como colectividad en la solución de un problema público. Para que entre todos piensen, decidan y actúen en la creación, ejecución y evaluación de políticas públicas integrales para prevenir y erradicar la ESCNNA en sus territorios. Un buen ejemplo de este trabajo lo realiza la Mesa Intersectorial para la Prevención y Atención a la ESCNNA (Mesa ESCNNA), que desde 2010 viene trabajando en Medellín, y aunque se le atiende poco, ha logrado integrar en sus discusiones y reuniones al ICBF, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, varias ONG, el sector salud y la Universidad de Antioquia, entre otras instituciones de educación superior. Se requiere de acciones colectivas que realmente se tengan en cuenta en el diagnóstico de la problemática y en proponer acciones orientadas al posicionamiento del tema en la agenda pública podrían ayudar considerablemente a avanzar en la mitigación de la ESCNNA. De esta forma se aportarían a lograr una planificación efectiva de programas, para que no se reduzcan las acciones a decisiones guiadas por la mera pasión o con deseos de atender a la demanda de la opinión pública. Estamos ante un problema público que ya ha sido identificado desde hace años en el país y la ciudad de Medellín. El mismo alcalde actual, Federico Gutiérrez, lo había priorizado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) en 2016, asociando el ESCNNA a las rentas criminales y la violación de derechos humanos. Lo que hizo que estableciera una serie de acciones en su anterior mandato (2016-2020), pero que, como vemos, sus políticas no han reducido el problema y, por el contrario, se ha ampliado. Esperemos que, en este segundo período, el alcalde Gutiérrez logre mitigar la ESCNNA en Medellín. Que diseñe programas más integrales que superen la idea de perseguir en moto o en helicóptero al criminal o repartir volantes a turistas extranjero en los aeropuertos. Políticas que consideren los contextos sociales y familiares en los cuales viven y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes; el acceso a la alimentación, a servicios públicos de educación y de salubridad. Programas que vaya al núcleo del problema que se encuentra en las relaciones violentas y el maltrato intrafamiliar, en el abuso sexual por parte de familiares hacia los menores, en la carencia de comunicación y cuidado de los hogares y en la larga lista de factores que hay que considerar e intervenir. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla El propósito de un proceso de paz no puede ser simplemente alcanzar un cese al fuego entre las partes como objetivo último del mismo, especialmente en conflictos armados tan largos como el colombiano. El video del 14 de abril de Iván Mordisco parece no entender eso, y por eso utiliza las peticiones de alivio y paz de varias asociaciones municipales y organizaciones indígenas para presionar nuevamente un cese al fuego. Finalizando la semana, el video se siente como un baldado de agua fría, después de varios días de una escalada violenta en el departamento del Cauca, donde muchas personas han sido desplazadas, asesinadas y otras confinadas. Efectivamente, la guerra en ese departamento ha tenido gravísimas afectaciones. Pero el video, al pedir (o exigir) la restauración del cese al fuego transmite mensajes muy contradictorios. Por un lado, es un cese al fuego de conveniencia única, ya que en todos los municipios donde este grupo tiene presencia, la única violencia que cesó fue la del grupo contra la Fuerza Pública. Su interpretación muy precaria del Derecho Internacional Humanitario hizo que se olvidaran por completo de la distinción entre civiles y combatientes. Los repertorios de violencia son fundamentales para entender lo que sucede, y la totalidad de los grupos del EMC que hacen presencia en el Cauca utilizan su poder destructivo principalmente para presionar a la representación local, es decir, miembros de Juntas de Acción Comunal y principalmente autoridades indígenas, especialmente contra el CRIC. Sí, también dedican una porción de su tiempo a proteger, y en ocasiones a forzar, cultivos de coca y también algunas zonas de marihuana de formas mucho más violentas que en el pasado. Ejercen presencia militar, deciden quién entra y sale de un territorio y realizan censos de población. Reclutan masivamente niños, niñas y jóvenes, lo cual genera una de las mayores tensiones con las comunidades indígenas. Y en sus zonas de presencia todos pagan. Todos los negocios, pequeños o grandes, deben aportar. Eso, en esencia, es lo que en el día a día se conoce como control territorial. Así, en términos reales, no puede haber una disminución significativa del impacto humanitario del cese al fuego entre el Estado y el EMC, porque no era el enfrentamiento entre estos dos grupos lo que causaba el mayor daño, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el grupo se unificó en uno solo para poder negociar con el gobierno. Nunca estuvo en su agenda la confrontación o el desafío armado al Estado. Lo que sí estaba era el control territorial, que no requiere que la violencia se enfoque en combates, ataques a la fuerza pública, ataques a la infraestructura y similares, sino en controlar a las personas dentro de un lugar. Por eso, la mayor parte de la violencia es homicidio selectivo y directo contra aquellas personas con cualquier liderazgo que se les oponga o los contradiga. Además de lo anterior, el gobierno tendrá que pensar no en una, sino en varias mesas y delegaciones, porque este grupo ya no está unificado. De hecho, no tienen un ideario común que se pueda poner en una mesa de negociación de la misma forma que lo hacían las extintas FARC o lo hace el ELN. Y en cierta medida, este ciclo de guerra adquiere cada vez más esas características en todas partes. Retomar un cese al fuego con ellos, especialmente en Cauca y Nariño, va a requerir mucho más que una simple declaración. La oferta que hoy tiene la sociedad caucana y nacional de alivio y reducción de la violencia es insuficiente, por lo que convertir el cese al fuego en el objetivo principal de las mesas de negociación es un grave error. Si lo que quieren es salvar el proceso de diálogo, en lugar de hacer tales exigencias, deberían reflexionar mejor sobre su oferta. Como por ejemplo dejar de matar a quiénes dice representar.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: elnuevosiglo y nociticasrcn En una entrevista del 2005 Darío Arismendi le pregunta a Álvaro Uribe si no era hora de cambiar al fiscal, que en ese momento era Luis Camilo Osorio. La respuesta de Uribe pasó a la historia universal de la infamia: “Darío, muchachos, hay que estudiar el tema. Qué bueno clonar al doctor Luis Camilo Osorio. Qué gran fiscal". Los escándalos ya rodeaban a Osorio. En una columna publicada en la Revista Semana, Daniel Coronell le hace un cuestionamiento al círculo de confianza del entonces Fiscal. Justo Pastor Rodríguez, ex director nacional de Fiscalías aceptó de un procesado un reloj de lujo, a cambio de trasladar al implicado hasta que su caso precluyó. La Fiscalía de Osorio decidió engavetar la investigación contra el funcionario sobornado. Su reemplazo en la dirección nacional de Fiscalías fue Carlos Hernando Arias quien regresó a la entidad después de haber salido por un escándalo de acoso sexual. Incluso la propia revista Semana comprobó que la esposa y el cuñado de Arias habían estado en la nómina del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha pero a Osorio esto no le importó. En Cúcuta una de sus consentidas, Ana María Flórez, directora de la Fiscalía en esta ciudad y mejor conocida como La batichica, puso al servicio de la Fiscalía el bloque fronteras de las AUC, los mismos que pusieron hornos crematorios en Villa del Rosario para incinerar personas. Y aún no se sabía lo peor sobre el Fiscal que Uribe quería clonar. Gracias a una entrevista concedida a la revista Cambio, Mónica Gaitán, ex fiscal de Derechos Humanos que investigó varias de las 60 masacres que hicieron los paramilitares en los Montes de María entre los años 2000 y 2001, recordó la inoperancia de Osorio a la hora de actuar contra monstruosidades de los paramilitares como las masacre de Chengue, el  Salado o Macayepo y la soledad infame que sufrió Yolanda Paternina cuando todos sabían que en cualquier momento la iban a matar. Eran los años de la desesperación, de la impotencia. Los años en que el alcalde del Roble, Eudaldo Díaz,  le dijo en un consejo comunitario al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que a él lo iba a matar el gobernador de Sucre, Salvador Arana, y dos semanas después el alcalde apareció en una zanja. Mónica Gaitán documentaba a comienzos del 2001 el material que probaría el apoyo que los paras recibían de la fuerza pública en masacres como la de Chengue. Ella logra probar que algunas armas no estaban en el almacén de infantería. Su contacto en terreno era la aguerrida Yolanda Paternina. Había nacido en Montería en 1956, estudió derecho en la universidad de Cartagena. Se había casado, tuvo dos hijos, Nelson y Kethy que tuvo que criar ella sola porque su esposo la abandonó. El 17 de enero del 2001 Yolanda tuvo que investigar uno de los hechos más atroces que dejó el accionar de las AUC, la masacre de Chengue. La orden la dio Carlos Castaño y el que la ejecutó fue Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Quería que fuera lo más silenciosa posible. En tres camiones llegaron sesenta paramilitares a esta vereda del municipio de Ovejas, en Montes de María y usando cabezas de mortero, cuchillos y machetes y con ellos mataron a 27 personas. Desde Bogotá Mónica Gaitán dirigía la investigación que se encausaba contra los agentes de estado que la permitieron y la apoyaron. Su enlace era Yolanda Paternina, a quien no le temblaron las piernas a la hora de ir a hacer allanamientos, como el de la finca el Palmar, propiedad de alias Cadena, en donde incluso se encontraron elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o buscar testigos claves como Jairo Castillo, alias Pitirri, ex paramilitar arrependito. Todos los caminos conducían no sólo a las AUC sino a los hombres del poder en Sucre. Paternina lo contacta. En ese momento “Pitirri” estaba recuperándose de un atentado. Lo querían matar y sabía que no le quedaba otra opción que colaborar con la Fiscalía. A Paternina le dijo que alias Cadena ya la tenía en la mira. Le habló de una reunión en la finca del paramilitar a donde estuvieron los pesos pesados de la región, Erick Morris, Salvador Arana y el “Gordo” García, hablando presuntamente de cómo la iban a sacar del camino. La guadaña de la muerte ya flotaba sobre su cabeza. Paternina acosaba a su jefe en Bogotá, Mónica Gaitán, para que actuaran con celeridad. Tenía todo para seguir adelante, pruebas contra altos oficiales que los involucraban en las masacres de Montes de María, hasta que se le atravesó el nombramiento de Luis Camilo Osorio quien ordenó parar la investigación. A Mónica Gaitán la hacen a un lado, Osorio le dice que no van a seguir con ese caso, le quitan la dirección de ese proceso y la ponen como Fiscal auxiliar. Y empieza a tomar medidas que le terminarían abriendo unos 50 procesos que son competencia de la Comisión de investigación y acusación del Congreso de la República. Entre ellas la de ordenar la preclusión de la investigación contra Rito Alejo del Río, a pesar de las pruebas contundentes que lo vinculaban con los paramilitares en Urabá, el auto inhibitorio concedido al hoy condenado exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus por el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz; el nombramiento de funcionarios que han sido encarcelados o investigados por nexos con grupos paramilitares como Rosalba Negrete entonces directora seccional del CTI, la fiscal Perla Emperatriz Dávila quien ha sido investigada por presuntos nexos con alias "Don Mario", la exdirectora seccional de Norte de Santander Ana María Flórez, hoy condenada a 12 años de prisión y prófuga de la justicia, entre otros. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo sigue investigando por presuntamente haber infiltrado a la Fiscalía de paramilitares. Cuando Gaitán es removida del caso, Paternina se queda completamente sola. Le escribe, sin respuesta, al propio Fiscal Osorio. Desconfía de su jefe de escoltas, se siente perseguida, las amenazas arrecian. En una carta al despacho de Osorio, Paternina escribe estas líneas desesperadas: “Sufro lo indecible. He pasado noches pegada a una ventana. Me asalta el temor de que se entren a la casa para matarme”. Fueron por lo menos seis cartas enviadas a Osorio, la única respuesta fue el silencio. El 29 de agosto del 2001, muy temprano, recibió una llamada de su escolta. No iría a trabajar porque se había levantado con fiebre. Sobre el mediodía, al frente de su casa en el barrio Laford en Sincelejo, Sucre, dos sicarios la asesinaron. Al sacarla del camino los perpetradores de masacre salieron ganando, así lo explicó Verdad Abierta: “La muerte de la fiscal causó el efecto deseado por sus asesinos, que por muchos años nadie se atreviera a preguntar sobre las atrocidades de Chengue y otras cometidas por los entonces todopoderosos paramilitares en esa región; que la justicia colombiana no pudiera capturarlos y condenarlos y de paso, frenar su gesta de terror en Sucre. Después de la muerte de Yolanda Paternina dos técnicos del CTI relacionados con la investigación fueron asesinados”. La familia de Yolanda Paternina demandó al Estado porque el Fiscal Osorio le quitó el esquema de protección y, además, no escuchó sus súplicas. Uno de los testimonios que podría esclarecer la participación del Estado en la muerte de esta fiscal es Salvatore Mancuso. La entrevista de la ex fiscal Mónica Gaitán, quien acaba de regresar de un largo exilio, vuelve a sacar del olvido la memoria de una mujer valiente como fue Paternina y los pecados del Fiscal que quería clonar el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: BBC Una de las pocas líneas que respetaba Israel era no atacar consulados o embajadas. El pasado 1 de abril decidió cruzar la línea. El pasado primero de abril el gobierno de Netanyahu lanzó un ataque en el distrito de Mezzeh, en Damasco contra el edificio del consulado de Irán. Fueron siete los muertos. Entre ellos estaba el general de brigada Mohamed Reza Zahedi. El ataque destruyó el edificio de ocho plantas. Zahedi, de 63 años, era un alto comandante de la Fuerza Quds, brazo de operaciones de la guardia revolucionaria en el extranjero. Tenía un papel importante en el conflicto entre Israel y Hezbolah, era el interlocutor y puente entre las dos partes. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, calificó el ataque como “una violación de todas las obligaciones y convenios internacionales”. No era la primera vez este año que Israel bombardeaba a Siria. A mediados de marzo ataques a Alepo dejaron 53 personas muertas. El argumento de Netanyahu y su gobierno es el de que en Siria se respalda a los grupos que ellos llaman “terroristas” a los que combaten. Irán, que desconoce a Israel como país, ha sido acusado también desde Tel Aviv de apoya financiera y militarme a sus enemigos como son Hamás y Hezbolah en el Líbano, o los hutíes en Yemen. La reacción en Teherán no se hizo esperar. La gente salió a la calle con banderas de Estados Unidos en llamas. Las reacciones en contra del ataque israelita al consulado Irán en Siria no se limitaron a los enemigos habituales de este país. Algunos aliados importantes, como el gobierno Biden, advirtieron que habían sido informados del ataque “minutos antes” de que se concretara y que jamás dieron su aprobación. Sobre el mediodía del domingo 14 de abril el presidente norteamericano le avisó a Netanyahu que no participaran en ningún contraataque a Irán. En una entrevista telefónica Biden intentó convencerlo de que disfrutara “la victoria” al haber repelido los misiles lanzados desde Irán contra Israel. Pero en ese país quieren una respuesta y de manera determinante y dura. En la noche del sábado 13 de abril se vieron fuegos sobre el gran templo de Jerusalem. Era la primera vez en la historia que desde Irán se decidía atacar a su más enconado enemigo. Desde que se presentó el ataque al consulado iraní en Damasco desde Teherán se había jurado venganza. Sin embargo no se conocen víctimas fatales de esta incursión hecha con drones y, al parecer, sólo se trató de una operación para desgastar “El escudo de hierro” que es como se conoce el sistema de misiles con el que Israel protege su espacio aéreo. A pesar de que son cada vez más las manifestaciones en contra de la guerra de cientos de miles de israelitas, Netanyahu sólo quiere guerra. El 7 de octubre del 2023, 1.200 hombres armados que pertenecían a Hamas irrumpieron en un festival de música electrónica que se realizaba en suelo judío. El saldo dejó a más de 1000 muertos pertenecientes al estado judío y se llevaron 200 rehenes. La respuesta de Israel ha sido considerada como desproporcionada. Netayanhu prometió acabar con Hamás y dejó sobre la mesa la posibilidad de que también tendría que hacerlo con el pueblo palestino que apoya a esta organización. Desde entonces las imágenes de niños muertos en Gaza, después de los bombardeos indiscriminados en donde se han contado ataques a centros de salud, hospitales y hasta misiones humanitarias, le han dado la vuelta al mundo y han producido rechazo incluso dentro de Israel. En sólo dos semanas de ataques Israel produjo 5791 asesinatos en Gaza. Aunque se está haciendo todo lo posible para que el conflicto no escale, se prevé que la respuesta de Netanyahu sea devastadora, algo que no se lo aconsejan sus aliados inmediatos. La OTAN, aunque condenó el hecho, pidió moderación en la respuesta. Pero, por la respuesta del ministro de guerra israelita, Benny Gantz, quien afirmó que Israel, “hará que Irán pague”. Irán anunció que con las acciones del sábado terminarán sus operaciones en Israel pero, advirtió, que si desde este país existe un contrataque, tendrán que asumir las consecuencias de la escalada de la guerra. Las próximas horas serán vitales para la estabilidad de la región y también del mundo. Entre las voces más alarmistas se escuchó la del presidente Gustavo Petro quien anunció un probable inicio, con estos hechos, de una “III Guerra Mundial”. La información en la que se basó el presidente, como después se descubrió, surgió de una cuenta falsa. La tónica de las grandes potencias es aconsejar a Israel de moderar su respuesta.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: IEJoseEustasioRivera El pasado 11 de abril el ministro de cultura Juan David Correa lanzó, en Mocoa, la agenda de actividades con la que se conmemorarán los 100 años de la publicación de La Vorágine. Sólo un lector agudo como ha sido Correa -sus anteriores trabajos en la editorial Planeta o en Arcadia lo confirman- podría ser consciente de la dimensión del libro escrito por José Eustasio Rivera. El siglo de la Vorágine es la excusa para hablar de temas claves en la conversación mundial y que ha puesto sobre la mesa el actual gobierno, el racismo, el extractivismo, la emergencia climática. Rivera, un adelantado, tuvo la capacidad de advertirle a su tiempo, y al nuestro, el apocalipsis que arrancaba en el Putumayo y que ahora deja cifras espeluznantes como las que da la periodista brasileña Eliane Brum en su libro El Amazonas: durante los cuatro años que duró el gobierno de Jair Bolsonaro se perdieron -ya se por tala o incendios provocados- dos mil millones de árboles. Irremediablemente el pulmón del mundo está intervenido en un 41% nada más en la selva brasilera. Lo deslumbrante de La vorágine no sólo es la capacidad de revelarnos los horrores de la naturaleza en un lugar de belleza dantesca como es el Amazonas, hormigas que se tragan todo a su paso, pozos llenos de sanguijuelas, selvas que contagian fiebre y enloquecen al que decide atravesarlas, sino el horror humano. Sobre todo la maldad humana. La voracidad de los caucheros y en especial de Julio César Arana del Águila, creador de la empresa que llevaba su nombre y que, desesperados por acaparar fortuna, mataron a cerca de cincuenta mil indígenas de la etnia huitoto asentados durante generaciones en el Putumayo. La gente compraba con fruición el libro porque, además del poder de su prosa, era una denuncia. En 1907 el ingeniero norteamericano Walter Hardenburg, después de ver las atrocidades que cometía la Casa Arana publicó un informe al que tituló: El paraíso del diablo. Rivera no se ganaba la vida como escritor. Era abogado y atendía numerosos casos en Casanare. Buena parte del tiempo lo pasaba en Sogamoso, que en ese momento era la entrada a los Llanos. Allí empezó a escuchar sobre la podredumbre de la empresa cauchera y también de los abusos de las primeras petroleras asentadas en ese lugar. De 1919 data la primera concesión petrolera en Colombia. En la Notaría Tercera de Bogotá se la dio a la Tropical Oil Company. Cinco años después ya estallaba la primera huelga de trabajadores contra esta compañía. Él no era sólo un abogado sino que era un gran abogado. En 1921, el mismo año que publica su libro de sonetos Tierra de promisión, es designado secretario de la comisión de límites con Venezuela, encontraría el tiempo en sus oficios para terminar La Vorágine y publicarla en 1924 y cuatro años después fue delegado de la Comisión Internacional de la Emigración de La Habana, que tenía sede en Nueva York. Allí lo encontró la muerte a los 40 años y nueve meses. La corta edad con la que murió ha sido motivo de especulación. Sus últimos años se los dedicó a escribir una novela llamada La mancha negra. Las pocas personas a las que le comentó sobre su proyecto hablaban de una poderosa denuncia contra los explotadores del petróleo en los llanos colombianos. Cuando Rivera murió el manuscrito no se encontró por ninguna parte. Desapareció. Ricardo Charria Tobar, uno de sus amigos más cercanos, escribió en su libro José Eustasio Rivera en la intimidad, lo siguiente: “Estoy en condiciones de aseverar con la mayor firmeza que la obra estaba planeada y a punto de terminarse”. Es cierto que la salud de Rivera venía teniendo complicaciones derivadas en convulsiones febriles en tres momentos de su vida producto de sus constantes incursiones en la selva. Ya sabemos que Rivera era una especie de periodista y que lo que contaba tenía que poseer visos de verdad. El dictamen de la muerte fue el de “hemorragia cerebral” pero, según el médico Humberto Roselli Quijano “Aunque el diagnóstico final del Policlínico de Nueva York fue el de hemorragia cerebral de origen malárico, no sabemos en qué se apoyó tan rotunda observación, ni se alcanzó a hacerse ni a iniciarse un tratamiento etiológico adecuado puesto que la evolución de su última crisis escasamente duró una semana”. Nunca sabremos la verdad ni cuál fue el destino de La Mancha Negra. Lo único cierto es que se perdió para siempre una obra que desentrañaría el horror de las primeras explotaciones petrolera en Colombia, tan crueles, acaso, como las del caucho en Putumayo. Por ahora nos tendremos que conformar con la Vorágine. Es refrescante que, en medio del tedio diario, la conmemoración de un libro sea de interés nacional gracias a un ministro.

Por: David Tobón Orozco Profesor titular – Universidad de Antioquia Foto tomada de: Canal 2 El parque generador de electricidad en Colombia es 66% hidráulico, 31% térmico y 3% solar y eólico sumando 19,9 GW. Estamos hoy en el límite de criticidad en la disponibilidad del agua que alimenta los embalses para generar electricidad y agua potable, y escasez interna en la oferta de gas. Las subastas por confiabilidad buscan que las inversiones en capacidad de generación se asignen a los que ofrezcan un menor costo por KW instalado, y están sujetas a un planeamiento indicativo sobre las tecnologías más convenientes “a ojo” del gobierno. Los generadores se comprometen, a cambio, a estar disponibles para proveer electricidad permanentemente y en situaciones de criticidad: cuando el embalse agregado nacional esté por debajo del 27% o cuando el precio de bolsa supera el límite de escasez, calculado a partir de lo que la sociedad está dispuesta a pagar por abastecerse de faltantes de electricidad. El incentivo adicional que opera es la remuneración de las ofertas de electricidad en la bolsa de energía o en los contratos de largo plazo, en los que los generadores reciben otros ingresos necesarios para cubrir los costos de generación. Estos incentivos de mercado y la posibilidad de participación privada propiciaron que Colombia no haya tenido que sortear más racionamientos, se haya atendido el crecimiento vertiginoso en la demanda y que el Estado reoriente sus recursos escasos a la atención de otros servicios fundamentales, como la salud y la educación. Por ello es fundamental que las expectativas de inversión sean favorables, la cuales dependen de unas reglas de juego estables y de instituciones sólidas, y de esfuerzos interinstitucionales para aminorar los retrasos en la construcción debido a bloqueos, licenciamientos ambientales y consultas previas. Es obvio que un inversionista privado busca la rentabilidad financiera, pero lo que realmente importa es alinear estos incentivos con la disponibilidad de un mayor parque generador y, por tanto, una mayor competencia que lleve a tarifas más bajas. Y, obviamente, regularlo cuando se tengan señales claras de que está abusando de posición dominante. A nivel macro se deben hacer esfuerzos interinstitucionales para gestionar los retrasos en la construcción de centrales que se dan por los bloqueos, los licenciamientos ambientales y las consultas previas. Con la planificación del sector eléctrico se busca atender la demanda esperada, lo cual implica considerar su volatilidad y la aleatoriedad que afecta la disponibilidad de recursos naturales para poder generar. Teniendo como máximas que los costos de racionamiento siempre serán mayores a los costos de tener un exceso de capacidad, que cuando hay un racionamiento los costos se magnifican por el rechazo social y porque un faltante de electricidad genera efectos en cadena negativos en todos los sectores económicos. Por tanto, se debe proyectar un exceso de capacidad teniendo en cuenta un riesgo de racionamiento deseado mínimo.[1]Como hemos pasado de riesgo a incertidumbre en la disponibilidad de recursos para generar deberíamos tener todas las opciones de generación disponibles: porque el agua es barata aunque su disponibilidad incierta, las térmicas pueden funcionar a toda hora pero contaminan mucho y las alternativas son limpias pero intermitentes. La reciente subasta de confiabilidad que se hizo es tardía, debió hacerse hace mucho tiempo y es insuficiente: se adjudicaron 4,44 GW en generación solar y sólo 48 MW en termoeléctricas, lo cual aumentaría el parque generador 22,6%. Hoy estamos en 9% de capacidad por encima de la demanda, pero en pocos años llegaremos al 1%, lo cual es pésimo si una planta entra en mantenimiento o no hay luz solar. En consecuencia, debe haber más subastas de distintas tecnologías. También se debe aclarar que estamos pagando por una capacidad de respaldo que debe ser permanente, aunque la energía se está pagando a precios altos. El precio de bolsa no debería superar el precio de escasez, puesto que los generadores siempre deben estar disponibles para generar y su remuneración sería extraordinaria. Asimismo, la remuneración es extraordinaria cuando se presenta una situación oligopólica, la cual se da fácilmente en este mercado. Tenemos evidencia empírica en Colombia sobre el comportamiento oligopólico de los generadores con mayor capacidad en bolsa y, dado que el precio lo determina el último generador necesario para atender la demanda, el generador marginal adopta una situación monopólica así sea pequeño en el mercado. Por tanto, la comisión encargada de regular el sector (CREG) debe pensar en otro criterio para determinar el precio en bolsa o definirse límites a los precios en bolsa y la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios tiene que intervenir en situaciones de abuso, las cuales se han podido replicar y afinar con la ayuda de herramientas de teoría de juegos, computacionales y estadísticas. El precio de bolsa es un precio de referencia y a ella se acude regularmente para satisfacer faltantes de electricidad, porque la mayoría de las transacciones se realizan bajo contratos de largo plazo.[2] Los contratos también pueden ser más eficientes si se permite que su precio no sea fijo, sino que puede ser variante considerando la estacionalidad en la oferta hídrica y la sensibilidad de la demanda.[3] De parte de la demanda es necesario promover la generación distribuida, dada la posibilidad, por ejemplo, de que en industrias, centros comerciales y unidades residenciales se instalen paneles solares o rotores de viento y los sobrantes de electricidad se puedan añadir a la red de distribución. Además, existen poblaciones aisladas de los mercados y las redes a las cuales se les puede ayudar a incentivas comunidades energéticas para que autogestionen su suministro principalmente mediante el uso de energías renovables. Finalmente es fundamental una mejor regulación del consumo de electricidad, porque su uso ineficiente puede estar superar el 50%. Los mayores consumos e ineficiencias son crecientes porque cada vez dependemos más de artilugios que se alimentan de electricidad y consumimos de manera desmedida servicios digitales, iluminación y alimentación de baterías de medios de transporte. Una alternativa que no se puede engavetar es combinar eficiencia con equidad, redefiniendo los consumos de electricidad de subsistencia para hogares, comercio e industria, y aplicar las resoluciones de la CREG de 2016 sobre tarifas diferenciales para promover el ahorro voluntario y castigar los consumos excesivos. [1] Los problemas de riesgo en la confiabilidad del suministro se replican a las redes de transmisión y distribución, y a otros servicios de utilidad pública como la salud y el transporte aéreo. [2] En el mercado eléctrico colombiano existen distribuidoras con problemas financieros que por no encontrar quien les venda contratos de largo plazo terminan castigadas al tener que transar en bolsa. [3] Tobón-Orozco, D., Velilla, E., Barrientos, J., Villada, F. and López-Lezama, J., 2018. Long-term seasonal forwards in electricity generation markets: an application to Colombia. Cuadernos de Economía, 37(74), pp.287-313.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La noche del sábado mientras estaba frente al computador haciendo mis cosas escuché varios disparos cerca. Me asusté y me tiré al suelo. Después de unos segundos eternos, me estiré para alcanzar mi celular en el escritorio. Fue entonces cuando caí en cuenta de que estaba en la habitación más cercana a la calle, sentí miedo, pero también una extraña calma, como quien recuerda “lo que se debe hacer” y sabía que debía quedarme quieta, acostada en el piso. Después de un momento, cuando empecé a oír las voces de mis vecinos, me levanté y salí de la habitación. Enfrente de mi casa hay una cancha de fútbol en la que normalmente hay gentes jugando. A los niños que juegan en la cancha cariñosamente les llamo los "futuros Freddis Rincones", en honor al bonaverense Freddy Rincón, uno de los mejores jugadores de fútbol del país. Me encanta despertar y verlos jugar; disfruto el ruido del pito del árbitro y las barras de apoyo a los equipos. A veces salgo, miro un rato el juego y pregunto cómo va el partido. El sábado por la noche todavía se podían ver algunos adolescentes corriendo por ahí. De repente, le dispararon al conductor de un carpati, que es un carro tipo jeep de transporte público tradicional en Buenaventura, y unos metros mas abajo se estrelló contra la reja de una casa. Cuando salí a mirar, ya había varios vecinos afuera y la policía llegó rápidamente. Desde mi casa observaba a un policía joven, como angustiado (o tal vez la angustia era mía), él hablaba por el radio, mientras se tocaba la cabeza y caminaba de un lado a otro. En un intento por salvar al conductor, el policía detuvo un taxi que pasaba, del que se bajaron dos pasajeras. Entre la policía y algunos vecinos, lograron subir al conductor al taxi. Escuché claramente a alguien gritarle al conductor: "¡Luche! ¡Luche!", pues aún seguía vivo pero muy mal herido. Mi mamá se preguntaba preocupada cuál de los conductores que la transportan normalmente sería la víctima. Una vecina intentaba calmar a otra, le decía que tomara agua para tranquilizarse. En medio del caos, nos comentábamos sobre qué hicimos en el preciso momento en que escuchamos los disparos. El chime se regó rápidamente y llegaron más personas a la esquina. Varias motos de la policía patrullaban la zona. Finalmente cerramos la puerta de la casa. Yo continuaba asomándome cada poco tiempo para mirar lo que sucedía afuera. La calle se encontraba ya mucho más sola. Después de un rato, llegó más policía con cintas amarillas para cerrar la calle por completo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el conductor había muerto. Más tarde, en las redes sociales se decía que habían capturado a dos sospechosos relacionados con el hecho. Nos despertamos el domingo. En la cancha estaban los futuros Freddis Rincones jugando fútbol y en la iglesia de la esquina ya se escuchaban los cantos como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, la grúa comenzaba a retirar el carpati accidentado. A pesar de la escena, el fútbol seguía siendo un refugio, una especie de salvavidas en medio de la tragedia. La vida continuaba para los y las jóvenes del barrio, para mi mamá, para mí y para todos y todas las vecinas. Recordé la guerra urbana que vive Buenaventura. Precisamente hace exactamente un año, a diario, reporté en redes sociales las balaceras en el barrio. Perdí la cuenta de las veces que mi mamá y yo gateamos por el suelo en busca de protección. Recuerdo particularmente que una mañana en el andén de la casa encontramos varios casquillos de las balas que habían sido disparadas durante la madrugada. Hace un año, la mesa de diálogo sociojurídico, que busca acabar dicha guerra entre los grupos Shottas y Spartanos estaba en crisis por la desaparición y atentado a unos voceros de los grupos armados. A pesar de que esa crisis se “superó” en ese momento, y que hace unos meses los grupos pactaron ampliar la tregua hasta mayo de este año, hace unas semanas los Spartanos decidieron retirarse de la mesa de diálogo, generando mucha más incertidumbre sobre el proceso. De hecho, en los últimos días, en la ciudad se han presentado varios homicidios. Aunque no puedo afirmar que los asesinatos recientes estén directamente relacionados, las balas continúan sonando en Buenaventura. La mesa de diálogo que busca promover la paz en la ciudad se encuentra en una situación crítica sin que tengamos claridad sobre su futuro. ¿Qué tenemos que hacer para que los futuros Freddis Rincones puedan disfrutar de canchas libres de balas? Me rehúso a aceptar esta violencia. Buenaventura ya ha derramado demasiada sangre, especialmente de jóvenes. Es hora de rodear la paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia La sesión plenaria del Senado de la República se convirtió en el epicentro de una acalorada controversia el pasado miércoles 10 de abril. Lo que se esperaba fuera un debate sustancial sobre las alternativas y la ponencia oficial de la Reforma Pensional, se vio opacado por un inesperado giro político. El presidente del Senado, Iván Name, tomó una decisión drástica que sorprendió a propios y extraños: levantar la sesión en medio de la discusión. Su gesto fue una clara muestra de protesta por lo que él describió como un "trato inadecuado" por parte del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso de la República. El inicio de la sesión, programado inicialmente para las 2 de la tarde, se vio demorado hasta pasadas las 4 de la tarde. Iván Name tomó la palabra para informar sobre la conformación de una subcomisión encargada de evaluar la posibilidad de revivir la Reforma de la Salud, luego de que esta fuera archivada en la Comisión VII. Este hecho ya marcaba un tono de tensión en el ambiente político del Senado. Posteriormente, Name leyó una carta dirigida al presidente Petro en la que expresaba su descontento por las declaraciones consideradas injuriosas y calumniosas hacia los miembros del Congreso. En el texto, el presidente del Senado defendía la dignidad de los legisladores y rechazaba las acusaciones del mandatario. La culminación de la lectura de la carta fue el momento decisivo. Iván Name anunció, sin titubear, el levantamiento de la sesión como una medida de protesta. Esta acción sorprendió a muchos, generando reacciones encontradas en el recinto senatorial. Algunos senadores, como Miguel Uribe, respaldaron la decisión de Name, interpretándola como un acto de rechazo a las acusaciones de Petro. En palabras de Uribe: "Celebró la decisión del presidente Name de haber levantado la sesión, que estaba convocada inicialmente para discutir la reforma de pensiones, como un acto de rechazo y protesta en contra de las acusaciones falsas y calumniosas por parte de Gustavo Petro al Congreso de la República." Sin embargo, otros, como el senador Inti Asprilla de la Alianza Verde, cuestionaron la medida. Asprilla expresó su desacuerdo con el levantamiento de la sesión y abogó por buscar acuerdos para avanzar en la discusión de la reforma. Su posición refleja la división y el debate interno que se desató en el Senado tras la controvertida decisión de Name. La polémica se extendió más allá de los límites del Senado. La sociedad civil también expresó su opinión al respecto. Mientras algunos ciudadanos respaldaban la acción de Name como una defensa de la dignidad del Congreso, otros la consideraban un obstáculo en el camino hacia la aprobación de reformas importantes para el país. En medio de este panorama tenso, la Reforma Pensional enfrenta un desafío adicional. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por consolidar apoyos y construir consensos, el reloj sigue avanzando implacablemente. Si la reforma no se aprueba antes del 20 de junio, correrá el riesgo de hundirse por falta de trámite, lo que sería un revés significativo para la agenda legislativa del Ejecutivo. No obstante, no todo son nubarrones en el horizonte político. Se vislumbran señales de un posible acuerdo en la Reforma Pensional. Rumores sobre conversaciones entre el Gobierno y legisladores del Partido Liberal sugieren que podrían estar cerca de llegar a consensos en puntos clave, como el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones y el manejo de los fondos privados. Estas negociaciones podrían representar un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre política que rodea al debate de la Reforma Pensional. Si se logra un acuerdo satisfactorio, se abriría la puerta a un avance significativo en la agenda legislativa del Gobierno y se enviaría un mensaje de estabilidad y compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la primera medida mencionada solo prolonga aún más el proceso de Reforma Pensional. Esto afecta el debate sobre pensiones y, de manera indirecta, otros aspectos legislativos como la Reforma Educativa. Si la discusión pasa la plenaria de la Cámara de Representantes, luego debe pasar por la Comisión Primera del Senado, donde por las dinámicas vividas actualmente en el Senado se ralentizaría el proceso legislativo. Pérez destaca que Iván Name, desde el principio, ha adoptado una postura contraria al Gobierno, lo que dificulta el avance de las acciones legislativas. Además, Pérez menciona que en la Reforma Pensional se deben abordar aspectos clave para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo. Destaca la importancia de los pilares, incluyendo el pilar solidario y el pilar contributivo, que no debe impactar negativamente en los fondos privados de pensiones, que para muchos sí hace la propuesta actual. Sugiere que la ponencia alternativa podría ser la clave para avanzar en la Reforma Pensional en el Senado. Finalmente, el investigador explica que la estrategia debería ser dialogar directamente con el presidente del Senado y disminuir la confrontación, aunque reconoce que esto es difícil debido a la posición de Petro, que tiende a la radicalización democrática y la confrontación directa. Para Juan Alejandro Pérez, esta actitud del Gobierno dificulta la tarea de concertar, lo que complica aún más las relaciones entre el Gobierno y el Senado.

Por: Redacción Pares La piedra angular del disgusto del ELN con el gobierno Petro fue escuchar la iniciativa del frente Comuneros del Sur de territorializar la paz. En la reunión en La Habana del 26 de febrero se lo hicieron saber en la mesa de negociación a los delegados de Petro: “La persistencia gubernamental de adelantar una operación de desmovilización en Nariño en contra del ELN colocaba esta mesa de diálogos de paz en estado de pausa". Ahora se ha confirmado por parte de esta guerrilla que el gobierno decidió congelar los diálogos. Durante marzo hubo acercamientos con el Frente comuneros del Sur que, al parecer, avanzan. La delegación del ELN llamó a esto una conducta “contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz, con lo que ha llevado esta mesa a un estado de congelamiento”. Para Francisco Daza, coordinador de la línea Paz Territorial y Derechos Humanos, esto, en clave de la continuidad del proceso de negociación “da cuenta de las grietas que se acrecientan dentro del ELN, es una pataleta de esta guerrilla que pone en jaque la continuidad del proceso. Queda en entredicho su verdadera voluntad de paz”. El pasado 12 de marzo el Frente Comuneros Sur anunció el inicio de diálogos con el gobierno. El alto comisionado de paz Otty Patiño recibió como una buena noticia esta iniciativa. Incluso emitió un comunicado afirmando que el inicio de diálogos era de “altísima importancia”. El Frente Comuneros Sur mostró su disposición a sentarse a negociar anunciando  que se adelantarían acciones de desminado humanitario en lugares como Samaniego, Santa Cruz de Guachevés, La Llanada, Andes Sotomayor, Providencia, Cumbal y Ricurte. Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, una salida a la crisis que viven las negociaciones sería llevar a las regiones la mesa: “pongo un ejemplo: si se forma una delegación de Arauca conformada por los seis alcaldes, el gobernador, los cuatro parlamentarios y siete representantes de las organizaciones sociales y empresariales y la mesa recibe a esta representación del departamento y busca un acuerdo regional y si se hace esto mismo con el Chocó y con otras regiones se pueden evitar disidencias en el ELN y acelerar las negociaciones de paz. Sería una negociación en clave regional”. La delegación de paz del ELN está compuesta por experimentados combatientes e ideólogos como Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, a los que combina a jóvenes dirigentes como Tomás Garcia Laviana. El ELN fue fundado en 1964. Según Insight Crime desde 1980 esta guerrilla se convirtió en “especialistas en el secuestro”. Se han hecho fuertes en Arauca controlando los corredores hacia Venezuela y en ese departamento han sido los principales enemigos del oleoducto Caño-Limón Coveñas. Según un informe de Indepaz fueron el responsable del 10% de las acciones violentas que soportó el gobierno de Iván Duque, gobierno con el que rompieron negociaciones en el 2019. Una vez Petro llegó al Palacio de Nariño se retomaron de nuevo negociaciones pero, los evidentes problemas de cohesión que tiene el grupo, vuelve a meter estos diálogos en un congelador.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: El Colombiano y Telemedellín El pasado domingo 7 de abril sobre las 8 de la noche, Federico Gutiérrez convocó un consejo de seguridad sobre la amenaza del EMC en Medellín. El grupo liderado por Iván Mordisco no tiene presencia en Medellín, sin embargo es la figura más representativa de las disidencias FARC. Mordisco había recomendado a los colombianos “no estar cerca de bases militares y patrullas”. Los contradictores se preguntaban ¿Por qué el embeleco de Gutiérrez de hacer un consejo de seguridad si las EMC no son una amenaza en la capital de Antioquia? En Medellín afirman que Fico Gutierrez está buscando desmarcarse por completo de Álvaro Uribe. Su intención no nació después del pasado 9 de martes cuando la Fiscalía llamó a juicio al expresidente por soborno a testigos y fraude procesal. Si se sigue la línea de tiempo se podrán dar cuenta que desde el mismo 2022 Fico quiso separarse de Uribe. Su candidatura la construyó con base al 80% de favorabilidad con la que terminó su alcaldía en Medellín. Una favorabilidad que no va respaldada con buenos números en su gestión, la tasa de homicidios en Medellín subió año a año en su periodo, entre el 2016 y el 2019 y por el escándalo que generó la creación en su oficina de comunicaciones de bodegas para atacara a Petro y todos sus enemigos tal y como lo denunció La Silla Vacía. Fico ha usado la imagen de Uribe cuando le conviene, cuando quiere recordar los mejores años del expresidente con decisiones como convocar un Consejo de Seguridad sobre un problema, como el EMC, que aún no tiene Medellín y darle la imagen al país de que el es el nuevo Hombre Fuerte de la Seguridad. Pero, si se es riguroso, Uribe tampoco ha estado muy cómodo con Fico. Para las elecciones del 2015 su elegido fue Juan Carlos Vélez Uribe, quien venía de ser precandidato presidencial del Centro Democrático un año atrás, cuando perdió la consulta con Óscar Iván Zuluaga. Hay que recordar que Vélez Uribe pasó al ostracismo cuando, siendo el gerente de la campaña del No en el referendo por la paz del 2016, confesó que esa propuesta había ganado porque la estrategia había sido “sacar a la gente a votar emberracada”. Pero eso es un error menor para el expresidente. A él no le gustan las medias tintas y lo que más valora de un político es su fidelidad a él. Y Fico en eso no ha sido completamente fiel. En la campaña a la presidencia del 2022 Fico intentó desmarcarse del presidente Uribe. Sabía que después de los cuatro años de Iván Duque habían desprestigiado al uribismo. Se esforzó por parecer un candidato independiente e incluso consiguió 1.2 millones de firmas e hizo parte de una coalición que sólo los más fanáticos odiadores del expresidente podrían reconocer como uribistas: ni Peñalosa, ni Alex Char le rendían cuentas a Uribe. Cuando se decide en consulta popular que Fico será el hombre que le pelearía la presidencia a Petro, obtiene el respaldo de partidos tradicionales como el Conservador, la U y el Liberal y Cambio Radical y el Centro Democrático no lo respaldan con un acuerdo formal. Uribe fue el que se agarró a él en las elecciones para alcaldes del 2023 y le ofreció su respaldo desde el Centro Democrático, algo de lo que se benefició Fico, pero al parecer ya no le pasa tanto al teléfono. En Medellín ya no existe tanto fervor uribista como antes. Fico y el mismo gobernador Rendón ahora parecen ser la nueva sangre política de la derecha. Es el gallito fino que quiere jubilar a Uribe. Y para esto, Gutiérrez tiene coequipero, se llama Andrés Julián Rendón. El gobernador al que le va a tocar devolver la plata de la vaca para las vías 4G en Antioquia -una rocambolesca idea de Uribe- fue uno de los discípulos destacados del expresidente, quien incluso le hizo campaña de frente para que ganara la gobernación. Ahora ve que ese camino está tan tapado como el túnel de Toyo y abrazaría la causa de Fico convirtiéndose en su mano derecha, aún en detrimento de Uribe, su mentor. La gran pelea de Fico en Antioquia, más que con Petro, o con el EMC, es con Uribe, todo por el liderazgo del Centro Democrático. Después de que Creemos, el movimiento del actual alcalde, perdiera la personería jurídica, Fico sabe que la única opción que le queda es darle un golpe al liderazgo del CD. Poco a poco Gutiérrez va destapando sus cartas. La llamada a juicio al expresidente ahondará aún más esa disputa por el cetro de ese partido. ¿No les pareció muy raro que Fico no hubiera escrito un solo trino apoyando a Uribe? La única mención sobre el tema la hizo en un programa en Teleantioquia en la noche del 9 de abril en donde dijo lo siguiente: “Yo respeto las instituciones, respeto la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la justicia. Que sea la justicia justamente la que determine en estos casos. A su familia y a él le mando un saludo respetuoso, y que espero que justamente en este proceso pueda demostrar su inocencia”. A Uribe esta respuesta le debió parecer muy tibia y debe ser la confirmación de que en Antioquia le salió un gallito fino que le disputará la supremacía dentro del Centro Democrático.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Canal 1 Es un imperio de la salud lo que Joseba Grajales tiene en Colombia. La firma que preside, el grupo Keralty, la sociedad sucesora de Sanitas Internacional tiene en su puño las siguientes clínicas: la Reina Sofía, la Universitaria Colombia, la Sebastián de Belalcázar en Cali, la Iberoamérica en Barranquilla, la Infantil Santa María del Lago, la de Chía, varios centros médicos en Medellín, así como de centrales de urgencia y centros de servicios médicos. Además, la Fundación Universitaria Sanitas (Unisanitas) ofrece a estudiantes de pregrado y posgrado centrados en el área de la salud programas de medicina y enfermería. Así lo dice la información que publicó el diario el Salto de España en un artículo titulado El Gobierno de Colombia quiere reducir el peso de la firma vasca Keralty en el sistema público de salud. La fortuna de Joseba Grajales no la consiguió con la salud sino con la energía. Hace cincuenta años creó la compañía Emce, pionera en energías renovables. Cuenta la leyenda que todo empezó en un taller a las afueras de Vitoria-Gasteiz, dieron sus primeros pasos con la creación de la empresa de motores Guascor en 1976 y del Grupo Auxiliar Metalúrgico en 1973, una pequeña compañía de aerogeneradores que germinó en Gamesa, que en 2017 pasó a llamarse Siemens Gamesa tras la compra del gigante industrial alemán de la mayor parte de la compañía. Ha creado y ha vendido empresas de alto prestigio por un valor que supera los 700 millones de euros. Todos sus esfuerzos se centraron en crear en el 2012 el Grupo Fénix, que se dedica a explotar yacimientos de gas en tres continentes. Los negocios de Grajales lo ubicaron en el número 266 en el escalafón de los hombres más ricos de España. Paralelo a esto creó el grupo Keralty, que es dueño de la EPS Sanitas. La historia de Sanitas en Colombia tiene varias décadas Un grupo de médicos españoles aterrizó en Colombia en 1980. Era el gobierno de Julio César Turbay y la salud pública en Colombia estaba completamente estancada. Ellos se convirtieron en una alternativa y se transformaron en la primera EPS del país. La Revista Semana, en el año 2019, afirmó que el grupo Keralty, que terminó absorviendo a Sanitas- hace presencia en siete países: Colombia, Perú, México, Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Filipinas. Su prestigio en el país le dio para crear un torneo de tenis y apoyar incluso una escuela para tenistas mujeres, además de una revista mensual. Le dio su respaldo, además, a 24 grupos de investigación. Joseba Grajales preside la junta directiva desde el 2016. Sin embargo, las grietas de Sanitas se vieron expuestas durante la pandemia. El senador del Pacto Histórico Wilson Arias comparó al grupo vasco Keralty con “una máquina de muerte” y que esto se habría visto en la atención durante la pandemia. Incluso a comienzos de este año la Superintendencia de Salud multó con 350 millones de pesos a Sanitas por incumplimientos durante el COVID-19. La sentencia hace referencia a “De acuerdo con la investigación administrativa, para los meses de abril y mayo de 2021 la Supersalud realizó tres requerimientos dirigidos a la regional Caribe de la EPS para que informara, entre otras, los mecanismos empleados para garantizar el suministro de las bases de datos depuradas, actualizadas y oportunas en el distrito de Barranquilla, a fin de generar una óptima gestión del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en el marco de la pandemia de Covid-19”. Y concluye: “Tras evidenciarse que no se registró respuesta de la EPS a esas tres comunicaciones donde se daban instrucciones y órdenes puntuales, la Superintendencia inició el respectivo proceso administrativo sancionatorio y en diciembre de 2022 resolvió la investigación del caso con la imposición de una multa por 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre la EPS”. En un debate en el congreso Arias se refirió, con datos, a los problemas que tenía Sanitas: según la UTL del Senador la EPS no detecta en un 50% los casos de cáncer de mama, en un 58% no identifica a los enfermos por tensión arterial, y hay problemas a la hora de evaluar a las mujeres embarazadas. La contraloría también le impuso una sanción a la EPS por prácticas anticompetitivas. En concreto la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, respaldada por el Consejo de Estado, fue por “acordar negar la prestación de servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), ocultar o falsear información, e impedir la debida transparencia en el mercado de servicios de salud”. La investigación de la contraloría reveló que el grupo vasco había obtenido los siguientes números: 8,7 billones de pesos de ingresos en 2022, es decir, un 20,8 % más de lo que recibió en 2021. Las ganancias de esta entidad llegaron a 295.367 millones de pesos. Por su parte, los ingresos de Colsanitas, del grupo Keralty, se cifran en 2,5 billones de pesos. Sin embargo, los vascos tienen una deuda de 899 mil millones de pesos con la Asociación de Clínicas y Hospitales. A los detractores del gobierno se les olvidó que Cruz Verde, en enero del 2024, anunció que no podría darles fármacos a 30 mil afiliados porque Sanitas les debe 400 mil millones de pesos. Ante la deuda Gustavo Petro afirmó que le parece inconcebible que, mientras Sanitas dice que está perdiendo plata en Colombia, no para de hacer clínicas en Brasil, México, Perú y Estados Unidos. Además dentro de la junta directiva del grupo vasco figuran personalidades de la clase política tradicional del país, que estarían en confrontación con el actual gobierno, ellos son Mónica de Greiff, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien además es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Esta es una junta directiva que estaba antes de la pandemia. En ese momento el subdirector de contabilidad de Sanitas era Raúl Cardona, político liberal que fue alcalde de Envigado y que el 22 de noviembre del 2018 había sido arrestado en el Aeropuerto Olaya Herrera junto a otros funcionarios de su administración, acusados de actos de peculado, concusión, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias. A los cuatro días fue dejado en libertad. Aún sigue siendo investigado por presuntamente, haber despedido a varios funcionarios de Envigado que decidieron no pagarle dinero al exconcejal Lindon Jhonson Galeano Avello, que los presionaba para que le entregaran entre el 10 y 20 % de su sueldo a cambio de conservar sus puestos. Todo esto lo dice la acusación que hizo la Fiscalía. Bastaba entrar en el 2022 a la propia Web de Colsanitas para ver quienes conformaban su junta directiva. Luis Guillermo Vélez Cabrera, quien, como Superintendente de Sociedades de Juan Manuel Santos, fue duramente criticado por su papel en el caso de Interbolsa, el fondo donde 492 personas fueron estafadas perdiendo 254 mil millones de pesos. Vélez Cabrera intentó minimizar el caso y en una entrevista a la W Radio afirmó lo siguiente: “La información que hay sobre el fondo premium es una información que hasta ahora es una información especulativa". Incluso confundió a las víctimas diciéndoles, en su momento, que tenían que ir y reclamar sus ahorros en Curazao, ya que la plata estaba allí en ese paraíso fiscal, una maniobra que le sirvió al gobierno Santos para evadir responsabilidades. Las espaldas de Joseba Grajales están bien cubiertas en Colombia, con contactos en las más altas esferas. En el País Vasco también están bien resguardadas. Según el diario El Salto de España cualquier esfuerzo que haga Petro para investigar al Grupo Keralty se chocará contra un muro: “el Gobierno colombiano ha entendido que Keralty goza de unas puertas giratorias de lo más cualificadas para la casta política del oasis vasco, así como de inyecciones de millonarias cantidades de dinero público desde las instituciones de Euskadi y la Unión Europea. En el grupo Keralty han ido recalando altos cargos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Allí llegaron dos exconsejeros de Sanidad –Jon Azua y Jon Darpón–, dos exviceconsejeros de la misma área –José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui– y una exdirectora de calidad de Osakidetza –María Teresa Bacigalupe–“. Wilson Arias, además, presentó una denuncia ante el CNE donde afirma que los vascos de Keralty financiaron las campañas de partidos que están buscando hundir la reforma a la salud, estos son Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. La denuncia dice que estas colectividades recibieron más de 600 millones de pesos de Keralty y otras empresas extranjeras que son dueñas de la salud en el país. Es que Coomeva es del multimillonario Richard Burke y Coomeva de otro magnate de la salud, Ernie Sadau. Se especula que Joseba Grajales no se quedará con los brazos cruzados y, después de la intervención del gobierno Petro a la compañía, demandará a su gobierno. Los próximos días traerán la verdad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Radio Nacional y Semana A medida que el reloj avanza inexorablemente, las esperanzas del Gobierno de Gustavo Petro de implementar reformas sociales transformadoras se ven cada vez más amenazadas. Con el plazo límite del 20 de junio a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Congreso de la República para debatir y aprobar los proyectos de ley que afectarán profundamente el sistema de salud y el régimen pensional de millones de colombianos se intensifica. Las reformas en cuestión representan cambios estructurales significativos que reflejan la ambición de transformación del país que Petro prometió al asumir la Presidencia. Sin embargo, hasta el momento, su realización ha sido esquiva. Para evitar un naufragio político, estas reformas deben completar su trámite con éxito antes de la fecha límite mencionada anteriormente, lo que deja menos de tres meses para lograrlo. Esta semana se revelará como decisiva, marcando el tono de la relación entre el Gobierno y el Congreso para el resto del período legislativo. El primero en enfrentar la prueba del debate será el proyecto de Reforma a la Salud, programado para discutirse por primera vez en el año en la Comisión Séptima del Senado durante la mañana de este martes. En tanto, la Reforma Pensional, que enfrentará su debate crucial sobre el contenido del proyecto en la plenaria del Senado más tarde este mismo día, también está bajo escrutinio. El informe reciente de la empresa consultora Vali Consultores destaca dos opciones que el Gobierno podría considerar para rescatar las reformas. La primera es modificar el cuórum en el Senado, reduciendo el número de senadores necesarios para tomar decisiones, lo que potencialmente podría ayudar a recuperar mayorías favorables al Gobierno. Sin embargo, este camino está plagado de obstáculos éticos, ya que varios senadores se enfrentan a recusaciones debido a posibles conflictos de interés. La segunda opción para revivir las reformas se presenta a través de una ponencia alternativa presentada por el senador Fabián Díaz, del Partido Verde. Aunque la propuesta ha sido criticada, podría servir como un punto intermedio para los senadores que desean cambios en el sistema de salud pero no están satisfechos con la propuesta gubernamental. La sesión de este martes será crucial para determinar el destino de las reformas. Si bien el Gobierno aún enfrenta obstáculos significativos, la esperanza persiste en algunos círculos políticos. Sin embargo, el tiempo apremia y las estrategias de la oposición para obstaculizar el progreso legislativo son evidentes. En última instancia, el resultado de estas batallas legislativas determinará el legado político del presidente Petro y tendrá profundas implicaciones para el futuro del sistema de salud y el régimen pensional de Colombia. Con tanto en juego, la atención del país está firmemente centrada en el Congreso mientras se acerca el plazo límite. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la reforma a la salud ha avanzado: hoy, como se ha mencionado anteriormente, se ha llevado a cabo la sesión de la Comisión Séptima del Senado y en este se anunció oficialmente la reforma. Ahora, queda esperar su agendamiento para el debate. Además, Pérez señaló que el desafío principal en la Reforma de la Salud radica en los ocho congresistas que ya han mostrado su posición firme al firmar la ponencia de archivo. Aunque se ha propuesto una ponencia alternativa presentada por el senador del Partido Verde, Fabián Díaz, algunos congresistas consideran que se asemeja demasiado al texto original y buscan un enfoque completamente nuevo. En cuanto a la Reforma Pensional, se busca acelerar el debate lo máximo posible dada la necesidad de cumplir con los plazos. Aunque esta reforma puede generar consensos, su cronograma también está ajustado. Finalmente, Pérez enfatizó la urgencia de reformar el sistema de salud en Colombia debido al enorme déficit existente en las EPS y los problemas de corrupción. El investigador de Pares mencionó que es crucial seguir insistiendo en la construcción conjunta de una reforma incluso en caso de que el proceso actual fracase. Respecto a la reforma pensional, dijo que donde solo uno de cada cuatro adultos mayores logra pensionarse, se plantea la posibilidad de establecer un pilar solidario para garantizar al menos una pensión básica para este grupo vulnerable. Aunque ya hay un proyecto en el Congreso al respecto, es importante seguir su evolución y considerar reformas más amplias para garantizar un sistema pensional más equitativo y justo para todos los ciudadanos.