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  • Bitácora # 63: diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN.

    Por: Redacción Pares Semana 8 al 12 de Abril 2024 El VII Ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, debía iniciar este lunes 8 de marzo, eso no ocurrió y por el contrario el ELN ha hecho pública una comunicación dirigida a Vera Grabe, en la que solicita una reunión para analizar lo que considera un "estado crítico del proceso", señala el ELN que el gobierno adelanta una "doble política de Paz"  que ha colocado el proceso en un "congelamiento", según la valoración de esta organización. La comunicación no lo dice, pero el tema más sobresaliente de esta crisis en la ibterlocución que el gobierno mantiene con el Frente Comuneros del Sur, estructura que tiene sus diferencias con la dirección del ELN y que ha manifestado su interés de participar del pacto de transformación de Nariño, que lidera el Gobernador Luis Alfonso Escobar, toda esta situación para el gobierno, son temas internos del ELN que deben ser resueltos por ellos y para el ELN, son acciones con iniciativa del gobierno. Lo más seguro es que el gobierno acepte la reunión propuesta por el ELN, para iniciar este viernes 12 de abril, con la participación de los países garantes, los países acompañantes y la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal. De esta crisis pueden salir medidas que dinamicen el proceso, cuando se está ad portas de contar con el Plan Nacional de Participación, que puede darle un rumbo de concertaciones de las necesarias transformaciones, que pueden darle rumbo a la construcción de un acuerdo de paz, de un proceso que sigue sobre temas procedimentales y debe avanzar hacia asuntos sustanciales, donde gobierno colombiano y el ELN, tienen la identidad de que es necesario y posible pensar en transformaciones de toda índole: políticas, económicas, sociales, de sentido cultural y que todo esto puede tener como escenario principal, más no único, los territorios donde persisten las violencias y el ELN, permanece, con su proyecto de "Resistencia Armada". Se siguen desarrollando los encuentros para aportar al Plan Nacional de Participación, que debe estar listo en el mes de junio, para ir hacia el proceso de concertación de las transformaciones que den cuerpo a un acuerdo de paz. En medio de las dificultades presentes, hay voces de aliento desde sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, como las escuchadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esperemos buenos resultados de la reunión que debe iniciar el próximo viernes en Caracas. https://www.elcolombiano.com/colombia/eln-suspendio-inicio-septimo-ciclo-negociaciones-pidio-reunion-de-urgencia-en-venezuela-IP24186781 ELN suspende séptimo ciclo de negociaciones y pide al Gobierno una reunión de urgencia en Venezuela este viernes https://www.wradio.com.co/2024/04/08/el-gobierno-y-el-eln-se-reuniran-la-proxima-semana-en-caracas/ El Gobierno y el ELN se reunirán desde este viernes en Caracas https://efe.com/mundo/2024-04-09/eln-pide-al-gobierno-una-reunion-extraordinaria-por-proceso/ ELN pide al Gobierno una “reunión extraordinaria” por “crítico estado” del proceso de paz ONU dice tener “expectativas positivas” de diálogos del gobierno con el ELN ONU felicita al Gobierno por logros alcanzados en diálogos con el Eln. https://www.radionacional.co/actualidad/paz/gobierno-recibio-felicitacion-de-la-onu-por-logros-alcanzados-en-dialogos-con-el-eln “SI ANTONIO GARCÍA TIENE SIMPATÍA CON UNA CONSTITUYENTE, QUE VAYA DEJANDO EL FUSIL”: OTTY PATIÑO https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/si-antonio-garcia-tiene-simpatia-con-una-constituyente-que-vaya-dejando-el-fusil-otty-patino/ Desafíos y retos de la paz total: ¿cómo van las negociaciones con los grupos armados? Las mujeres consolidan propuestas de participación para la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN Mujeres de todas las regiones destacaron la necesidad de garantías de seguridad y protección con enfoque diferencial y de género #PazConParticipacionMujer

  • La guerra se agrava en el Cauca

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: Expedia.com Una semana llevan sitiados las poblaciones de las veredas El Damián, El Trapiche, Río Negro, La María y Guadualito del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, Cauca. Desde el pasado domingo siete de abril se vienen reportando enfrentamientos entre el EMC y la Segunda Marquetalia que ya deja un saldo de 400 personas desplazadas. En esa zona se mueve la Dagoberto Ramos, la columna más sanguinaria del EMC quienes el pasado 16 de marzo fueron los responsables del asesinato de la lideresa del CRIC Carmelina Yule Paví. La mujer se encontraba con otro grupo de la Guardia Indígena intentando que las EMC no se llevaran a un menor de edad a quien iban a reclutar a la fuerza. No conformes con esto la Dagoberto Ramos disparó sobre la caravana donde se realizaba las exequias de Yule Paví un día después. Por estos hechos el gobierno de Gustavo Petro decidió levantar el alto al fuego con este grupo armado. Incluso el ministro de defensa, Iván Velásquez, publicó en su cuenta de X este mensaje en donde se ofrecía una recompensa por dar con la captura de los cabecillas: “Se ofrecen hasta $ 130 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Cholinga’, ‘Amazonas’, ‘Chinga’, ‘Zapata’, Jhon Gutiérrez y Jefferson Taquinas, del Frente Dagoberto Ramos del EMC, buscados por cometer delitos en contra de la población civil”. En esa zona además el ejército combate a la Dagoberto Ramos. El director de INDEPAZ, Leonardo González, advirtió que los enfrentamientos se están moviendo hacia el sector de El Tierrero, resguardo de Huellas, municipio de Caloto. En varios videos se ha visto lo expuestas que estás las personas en este territorio en medio del fuego cruzado. El salón comunal de la vereda del Damián, donde se encontraban reunidas un grupo de personas, recibió impactos de bala. Los enfrentamientos en Corinto también han puesto en alerta a la población. En la madrugada de este miércoles 10 de abril se registraron combates entre el ejército y las EMC. En zona rural de Caloto, específicamente el cruce de Gualí. Según una fuente de Pares en territorio “Históricamente esta parte, desde Caldono, ha sido una zona de control de lo que fue antes las Farc, en el marco de esa historia de los que ahora conforman las filas, se están disputando el territorio”. Está en juego uno de los corredores de la droga más importantes del occidente del país. Con el paso de las horas la situación parece empeorar. Información obtenida por la fundación Paz y Reconciliación -que no se ha podido confirmar- habla de una incursión de la base militar de la vereda La María en el resguardo de Tacueyó. Se habla de bombardeo con cilindros y hay un llamado para que la población sea resguardada. La situación en esta parte del país es crítica.

  • Extorsión, presión al electorado y asesinatos selectivos: el terror que despliega el ELN en Venezuela

    Por: Redacción Pares Todo cambió para el ELN a finales de 1999. La elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela le permitió a esta guerrilla aumentar la porosidad en la extensa frontera. El frente que tiene más poder de esa guerrilla es el Domingo Laín, creado en 1980 por líderes que llegaron al Sarare desde 1962 después de que ocurriera la fallida Reforma Agraria. Como en el cuento de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, campesinos de todas partes del país a este lugar estrellándose contra la realidad: la tierra era prácticamente roca. Olvidados, despreciados, se organizaron y empezaron a formar lo que se degeneraría en los años en un grupo armado radical, extorsivo y violento. El cabecilla máximo es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía que con el alias de “Pablito” ha logrado construir una operación criminal compleja, binacional y sofisticada basada en acuerdos con competidores y aniquilación física del enemigo. Pablito y sus hombres han encontrado en Venezuela un verdadero refugio para asentarse. Ahora es mucho más que un lugar de descanso. Están desarrollando y expandiéndose en ese país. Había tenido presencia en los estados de Apure, Zulia, Táchira y Amazonas pero ahora se han adentrado en Bolívar, Delta Amacuro y Barinas. El ELN maneja un corredor con Venezuela en donde son los amos y señores del contrabando tanto de víveres como de gasolina. En el informe del área de Democracia y Gobernabilidad de la fundación Paz y Reconciliación titulado ELN: Corrupción, crimen organizado e internacionalización, se denuncia que, por lo menos, desde el año 2007 el ELN participa presionando al electorado en las elecciones venezolanas. En un aparte del informe se afirma que: “Los reportes existentes permiten afirmar esa relación funcional y sistemática del régimen venezolano de valerse de grupos armados foráneos que usan como refuerzo para la obediencia del electorado en regiones apartadas y marginadas del desarrollo nacional, sitio adecuado para el florecimiento de organizaciones como el ELN”. Este informe devela porque esta organización guerrillera se ha hecho fuerte en Venezuela y devela tres factores: la identificación ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, la existencia de corrupción dentro del mismo gobierno que ha permitido la existencia de carteles como el de los soles, y la desmovilización de las FARC después del exitoso proceso con el gobierno de Juan Manuel Santos que les quitó de encima uno de sus principales enemigos. Son casi 1.000 hombres los que tiene el ELN repartidos en siete estados venezolanos y lo hace con estas tres estructuras: el Frente de Guerra Norte que opera en Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, con presencia en los estados de Zulia y Táchira; el Frente de Guerra Nororiental en Norte de Santander, con operación en la región del Catatumbo y en control de ese tramo de la frontera, y el Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca, Boyacá y Casanare, las estructuras se dividen a la vez en subdivisiones que responden a sus jefes de área. De estas organizaciones es el Frente de Guerra Oriental la máquina de guerra mejor preparada y con amplia experiencia en el control militar y de rentas criminales. Se dedican al contrabando, a la extorsión y así lo hayan negado en sus casi sesenta años de existencia, también al narcotráfico. A uno de los comerciantes entrevistados para este informe en el estado de Apuré confesó que “Acá paga vacuna hasta Dios”. Los Elenos se presentan en Venezuela como amigos de la Revolución Bolivariana e indígenas de la etnia “Jivi” se han visto afectados por su accionar. Se estima que el ELN tenga presencia en un 30% de Venezuela y en lugares como Apure se han atrevido incluso a hacer asesinatos selectivos o como ellos lo llaman, “Limpieza social” no sólo para ejercer un control en la población sino para manejar el tráfico de drogas. Este descarnado informe pone sobre la mesa una verdad de apuño y es que en los últimos años y con anuencia de funcionarios del régimen bolivariano, ELN se hace cada vez más fuerte en Venezuela.

  • El golpe que se le dio a Antonio Medina, el hombre fuerte de Iván Mordisco en Arauca

    Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Infobae y 90 minutos Si existe alguien que aterre a miembros de organizaciones sociales en Arauca y Casanare es Antonio Medina. En el 2016 fue uno de los miles de guerrilleros que despuso las armas en el marco del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero unos cuantos meses después, a pesar de haberse acogido a la JEP, Medina decidió regresar al combate. En noviembre del 2023 la Jurisdicción Especial de Paz tenía los elementos necesarios para ordenar su expulsión. Se llama Omar Pardo Galeano y se sumó a los hombres de Iván Mordisco quienes se encuentran en pie de lucha contra las Fuerzas Armadas, el ELN y la Segunda Marquetalia. Comanda el frente 28 de las disidencias FARC y sus hombres asesinaron al líder social de la Asociación  Nacional Campesina  José Antonio Galán Zorro, Graciel Mendoza. Medina habría estado detrás incluso de la activación de un carro bomba contra un edificio lleno de líderes sociales en Arauca. A Medina el ejército no lo ha podido tocar, pero el pasado 8 de abril recibió un mazazo. Las Fuerzas Militares y el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, se entrelazaron en un combate. Una de las caídas fue alias Alexa, compañera sentimental de Antonio Medina. El jefe máximo de las EMC, Iván Mordisco, le dio el pésame a este en un comunicado “Al camarada Antonio Medina lo acompañamos en su dolor y desde la distancia ratificamos nuestro compromiso de luchar y vengar a nuestros mártires”. Desde mediados de marzo, después del asesinato de una mayora de las CRIC en Caloto, el gobierno de Gustavo Petro decidió levantar el cese al fuego con el EMC. La relación es tirante. En el mismo comunicado Mordisco aprovechó para lanzarle algunas pullas al gobierno “Debemos recordar que este gobierno es reformista y nosotros revolucionarios que cumpliremos como dijo el camarada Manuel, quisiéramos que fuera por la vía menos dolorosa, pero no nos han dejado más opción que las armas para luchar por la liberación de Colombia y las transformaciones revolucionarias. En ese sentido, es una realidad que seguirán cayendo camaradas en esta confrontación fratricida, pero la moral debe seguir en alto y en nombre de los caídos continuar las tareas de la revolución, con disciplina, subordinación y de acuerdo nuestros documentos”. Alexa cayó en el municipio de Sácama. La caída de Alexa sirvió para evidenciar ataques con drones por parte de las disidencias FARC así lo dijo en este comunicado Iván Velásquez “hay una alerta dentro de las Fuerzas Militares (…) se debe tener medidas, de ataques que resultarían sorpresivos, pero con la máxima alerta se ha dado a todos los hombres, no solo en esta situación de ataques eventuales con drones sino también la posibilidad de acciones terroristas que adelanten desde estos grupos”. Se teme que en terreno exista una retaliación por parte del EMC. En la zona de frontera con Venezuela en Arauca la disputa con estas disidencias y Segunda Marquetalia y ELN se podrá encarnizar por estos hechos. Los diálogos con el gobierno y el EMC están en estado crítico.

  • Las razones de la expansión del ELN en Venezuela

    Por: Fundación Paz y Reconciliación En alianza con Alianza Rebelde Investiga (ARI), en el marco de la Alianza Democralat. La llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en 1999 fue un factor determinante para la expansión del ELN, además de la desaparición de las FARC como gran grupo armado en el año 2016, después de concretar los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La frontera con Venezuela le permite tener el control del tráfico ilegal de mercancías y estupefacientes entre los dos países. La fallida reforma agraria iniciada en 1962 provocó un éxodo de 5.000 familias al Sarare, y el olvido que les impusieron se convirtió en la semilla para que campesinos con formación política empezaran a organizarse. Así, se levantaría el Frente Domingo Laín en 1983, cuyo nombre es un reconocimiento a un sacerdote que murió defendiendo las ideas del ELN en la década de los setenta. Desde 1983, con la apertura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el ELN les sumó a sus finanzas la continua extorsión a Ecopetrol y sus respectivos atentados. hasta la fecha, se han registrado más de 1500 ataques contra el oleoducto, generando un derrame de 3.7 millones de barriles en suelos y cuerpos de agua de la región. Con la renta del petróleo, el Frente Domingo Laín se pudo consolidar como un grupo independiente del resto de la organización, y con el poder económico subyacente a sus actividades permeó la política regional. Una sucesión de gobernadores desde la década del noventa le han rendido cuentas. Su máximo rival en la zona fue la llegada de las FARC y, posteriormente, el aterrizaje de las AUC con el grupo “Vencedores de Arauca”. Una vez “Los mellizos” —cabecillas de esta estructura— caen, la organización es desmantelada. Con los paramilitares fuera de juego, las FARC y el ELN se repartieron ese departamento. Después de los acuerdos de paz de las FARC con el gobierno Santos, el ELN ha tenido como mayor enemigo a las disidencias, quienes siguen buscando la manera de convertir a Arauca en un fortín cocalero. Desde 1999, con la victoria electoral de Hugo Chávez, el frente de guerra Oriental, al mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, se ha beneficiado de la tolerancia de ese gobierno con esa organización guerrillera. Organizaciones sociales en Venezuela han evidenciado la protección que han recibido de ese gobierno guerrillas como el ELN o las FARC. En esta investigación de la fundación PARES se muestra cómo, incluso, han ejercido presión en votaciones a la población en varios estados de ese país. El gobierno venezolano, además, se habría beneficiado de las rentas ilegales del ELN y de las extintas FARC. Esta investigación pone el dedo en la llaga a partir de testimonios de comerciantes en el Estado Apure de Venezuela, en donde afirman que allí paga extorsiones “hasta Dios”. En el trabajo de campo realizado para este informe se destacan algunas particularidades, como la expansión del ELN en nuevos territorios en Venezuela. Este es el caso de Táchira, Zulia y Apure, donde su presencia y control territorial han ido aumentando en el último año y medio, según algunos entrevistados para este informe y reportes de prensa. El ELN en algunos municipios de estados en la frontera, imponen extorsiones y hasta hacen el control del orden público. Realizan toques de queda y crean planes de limpieza. También se han apoderado del negocio de la minería ilegal. Por otra parte, los casos penales relacionados con la guerrilla carecen de justicia. Las autoridades venezolanas no investigan estos casos y en las minutas policiales omiten incluso identificar a los involucrados. En el Estado del Táchira, estratégicamente vital por su ubicación geográfica, los elenos, junto con el Tren de Aragua, controlan las trochas, los pasos fronterizos ilegales cobrando a las personas por pasar. En municipios cercanos a Cúcuta, como San Antonio, el ELN cobra extorsión a los comerciantes. En sectores fronterizos como el barrio La Parada de Villa del Rosario, ha sido inevitable la confrontación del ELN con el grupo criminal Tren de Aragua. Por sus acciones, el 2021, el ELN fue considerado el grupo armado más letal en ese Estado. En municipios del estado Zulia, como Jesús María Semprún, los elenos ponen hasta alcaldes e incluso están reclutando a sus filas a ciudadanos venezolanos. El ELN incluso no respeta a etnias y se ha metido de frente y duro contra comunidades indígenas del Amazonas venezolano. En uno de los santuarios ecológicos de Venezuela, el parque nacional Yapacana, les dijeron a los investigadores de este informe que incluso podrían encontrarse fosas comunes. Este informe llega a conclusiones preocupantes, como que el ELN al menos, 38 municipios y más de 40 parroquias de cuatro estados fronterizos con Colombia: Zulia, Táchira, Amazonas y Apure. Además, se tiene conocimiento de que el grupo guerrillero también opera en otros 3 estados de Venezuela que son Bolívar, Delta Amacuro y Barinas. Además, pueden tener 1.000 hombres en el vecino país. Lo preocupante es que el ELN llega a territorios presentándose como auténticos defensores de la “Revolución bolivariana” y que, según reporte de la sociedad civil, opera en Venezuela más bien como un grupo paramilitar, que cuenta con el respaldo y la simpatía de algunas instituciones del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el informe completo titulado ELN: Corrupción, crimen organizado e internacionalización.

  • La rabia de las víctimas con Iván Duque

    Por: Redacción Pares Foto tomada de: Cambio Colombia Desde las nueve de la mañana asociaciones de víctimas se dieron cita en puntos estratégicos de Bogotá para conmemorar otro nueve de abril. Se conmemoraba el Día Nacional para la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La fecha tiene un significado poderoso: hace 75 años, mientras Jorge Eliecer Gaitán salía del edificio donde tenía su oficina de abogado, Roa Sierra le disparó. La caída del líder significó la respuesta de sus seguidores que eran legión. La ciudad quedó destruida y muchos estudiosos creen que este fue el origen del encarnizado conflicto colombiano que aún continúa y que ha dejado nueve millones de víctimas. Justo en un día como hoy se descubrió una terrible verdad: después de un riguroso informe la Unidad de Víctimas reveló las presuntas irregularidades que hubo durante el gobierno de Iván Duque en el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Según W Radio “Dentro de los hallazgos se encontró que el detrimento patrimonial producto de malos manejos y administraciones de los bienes habría superado los $4.200 millones, particularmente $3.786 millones producto de alquileres por debajo del precio debido”. Senadoras como Paloma Valencia aprovecharon este nueve de abril para hablar con las víctimas que dejaron las FARC, que resultan siendo una minoría con las que ha dejado el Estado y los grupos paramilitares. La marcha, que llegó a la Plaza de Bolívar. La convocatoria fue criticada por senadores como Jota Pe Hernández quienes se quejaron de una desproporción atención a las víctimas por las estructuras que pusieron en la Plaza de Bolívar en donde las marchas serían recibidas por orquestas y grupos de baile. La hora en la que el senador publicó su trino no coincidía con la llegada de las movilizaciones. Sobre el mediodía, en medio de las marchas, se supo, además, que la Fiscalía había llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Esto sorprendió a buena parte de la manifestación. Bogotá se preparó para esta marcha. la restricción de pico y placa para vehículos particulares aplica para las placas que terminen en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0. Los carros no podrán circular desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. En cuanto a los taxis, estos tienen un horario de restricción que va desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m. Así las cosas, los taxis con placas terminadas en 3 y 4 deberán abstenerse de circular por la capital del país. Bogotá no fue la única ciudad del país en donde se dieron estas movilizaciones. Cali y Medellín también tuvieron presencia de las víctimas en la calle. El informe de la Unidad de Víctimas sobre el detrimento del fondo durante el gobierno de Duque hizo que más gente saliera a la calle y en que, de cierta manera, se transformara en una marcha de indignación contra las políticas del expresidente.

  • Así llevó Iván Cepeda a Álvaro Uribe a prisión

    Por: León Valencia Fotos tomadas de: W Radio y El Colombiano En la próxima Feria del Libro de Bogotá, el 20 de abril del 2024 a las cinco de la tarde en el Gran Salón C, se llevará a cabo el lanzamiento del libro Parapolítica, Historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, un estudio editado por Planeta y liderado por León Valencia que aborda los últimos 20 años después de que estallara el escándalo que terminó con 86 congresistas condenados y por el que las AUC intentaron legitimarse como un actor político. Éste es, en exclusiva, un aparte del libro que describe el momento en el que Álvaro Uribe fue detenido en el 2020 culpado de haber manipulado testigos para que incriminaran a uno de sus enemigos políticos, el senador Iván Cepeda. IVÁN CEPEDA LLEVA A URIBE A PRISIÓN Iván Cepeda Castro siguió la senda de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Llegó a la Cámara de Representantes en el 2010 en las listas del Polo Democrático Alternativo; luego, en 2014, saltó al Senado donde se mantiene hasta hoy. En ambas cámaras ha dedicado sus esfuerzos a buscar protección para las víctimas del conflicto armado, a investigar las andanzas de los paramilitares y los desmanes de la fuerza pública; y, al mismo tiempo, ha buscado con afán la paz del país. En cumplimiento de esas tareas ha adelantado vibrantes debates en el Congreso, ha incubado procesos judiciales de gran alcance y ha contribuido de manera especial a los acuerdos de paz con las Farc y el ELN. Se vinculó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en esas funciones empezó a visitar las cárceles del país para indagar sobre la crisis carcelaria y la grave situación que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad. En 2011 se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve y con Pablo Hernán Sierra en las cárceles de Itagüí y Cómbita. Eran reconocidos paramilitares que querían dar testimonio sobre lo acontecido en Antioquia. Fueron ellos los que pidieron la entrevista. Cepeda acudió con todas las precauciones legales y éticas. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, antiguo administrador de la hacienda Las Guacharacas, contó cómo Álvaro Uribe Vélez, junto con sus socios Gallón Henao y Villegas Uribe, habían conformado el grupo paramilitar Bloque Metro, autor de masacres y asesinatos en el municipio de San Roque, Antioquia. Pablo Hernán Sierra, jefe del Bloque Cacique Pipintá, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hizo presencia en algunas regiones de Antioquia, Risaralda y Caldas, también aseguró que Álvaro Uribe había contribuido a la fundación de las autodefensas y presentó pruebas de esta acusación. Con esas declaraciones Cepeda se fue a la Fiscalía General de la Nación y le pidió a la fiscal Viviane Morales que investigará la verdad sobre estas afirmaciones. Morales inició las indagaciones, pero a los pocos meses renunció a su cargo y estas investigaciones quedaron en suspenso. También propició los primeros debates en la Cámara dándole mayor vuelo y veracidad a todas las acusaciones que había realizado Gustavo Petro en 2007. Muy pronto empezaron las presiones sobre estos dos testigos y se produjo el primer atentado contra Juan Guillermo Monsalve. Cepeda se puso en la tarea de buscar el traslado de Monsalve a la Cárcel La Picota de Bogotá donde se produjeron una diversidad de acontecimientos que convirtieron a este reo en el hombre clave de las enormes dificultades judiciales que ha vivido Álvaro Uribe en los últimos años. Se supo también que Uribe estaba muy inquieto con las declaraciones de Monsalve y Sierra y que se estaba moviendo para conseguir testigos que desvirtuaran las afirmaciones de estos dos paramilitares o, incluso, encontraran la manera de que ellos se desdijeran de sus afirmaciones. Logró lo primero, pero no lo segundo. A lo largo de diez años Uribe le ha encomendado su defensa a una variedad de abogados entre los más hábiles y astutos del país, y ha presentado cerca de veinte testigos para echar al suelo los testimonios presentados por Iván Cepeda. Cepeda tuvo sus dos mejores momentos en 2014 y en 2018. En septiembre de 2014 organizó un potente debate en el Senado. Lo que había denunciado Petro adquirió un nuevo sentido con las múltiples declaraciones de los paramilitares en los proceso de Justicia y Paz; con las condenas a decenas de líderes políticos y funcionarios públicos cercanos al expresidente; con la aparición de Monsalve y de Sierra como testigos estelares; y con un extraño hallazgo en el allanamiento al llamado “Parqueadero Padilla” en la ciudad de Medellín. Las denuncias sobre las fincas Guacharacas y La Carolina; las acusaciones sobre las responsabilidades en las masacres de La Granja y El Aro; las “chuzadas del DAS”; y el enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia; todo tenía una nueva lectura. Lo encontrado en el Parqueadero Padilla. En 1998 hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, bajo el mando de Iván Velásquez, allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar en sus instalaciones una fábrica de uniformes camuflados para los paramilitares. Los funcionarios recibieron una enorme sorpresa. No había uniformes. En su lugar encontraron una variedad de documentos comprometedores. Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas, en compañía de varias mujeres, destruía presuroso toda clase de papeles y disquetes con información y evidencia del manejo financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, también los listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las fuerzas armadas y políticos. Encontraron cerca de 500 cuentas de banco y evidencias de 40.000 transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo. Allí estaban registrados los dineros con los que se financiaron las masacres de La Granja y El Aro y los que sirvieron para dar vida al Bloque Metro de las Autodefensas. El hombre que trataba de destruir afanosamente las pruebas era, de acuerdo con los documentos, el “comandante financiero”, un poderoso paramilitar. Esa contabilidad registraba que el periodo de mayor movimiento se ubicaba claramente en los años en que Álvaro Uribe se desempañaba como gobernador de Antioquia y alias Lucas, el financiero, presuntamente, sostenía una relación estrecha con el mandatario. En los expedientes de Justicia y Paz se registra el testimonio de Hébert Veloza, alias HH, quien dice lo siguiente sobre Jacinto Alberto Toro, alias Lucas: “Para el año de 1995 manejaba todas las relaciones en Medellín, él cargaba un beeper y decía que era el beeper del gobernador, que en ese momento era Álvaro Uribe. Alias Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública, cuando ellos querían montar un grupo, él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín”. Iván Cepeda lleva en su corazón el dolor de las víctimas. Esa ha sido la motivación principal de su vida pública. Cuando apenas tenía tres años salió del país con su familia huyendo de las persecuciones que se desataron a mediados de los años sesenta del siglo pasado. Volvió al país en la adolescencia y salió de nuevo en la juventud a estudiar su carrera de Filosofía en Bulgaria. En 1994 fue asesinado su padre, Manuel Cepeda Vargas, en las calles de Bogotá, pero antes había visto caer a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, con quien había librado sus primeras batallas políticas y a miles de miembros de ese partido en acciones que han sido calificadas por los organismos internacionales como un pavoroso genocidio. Con esa angustia a cuestas participó primero en la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para esclarecer el crimen de su padre y buscar justicia; y luego, en junio de 2005, en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos, se puso a la cabeza del Móvice, Movimiento de Crímenes de Estado. Después, cuando empezó el acoso judicial, buscó el amparo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el más avezado equipo jurídico en el campo de la defensa de los derechos humanos. De esos movimientos ha sacado la fuerza y la entereza para acudir a los debates, pero también la copiosa información con la que se ha ganado un puesto de honor en el Congreso y en los estrados judiciales. En el debate de septiembre de 2014 dio, además, muestras de enorme paciencia y de una probada serenidad. El expresidente Uribe había llegado al Senado a la cabeza de una gran bancada y movió cielo y tierra para impedir que Cepeda presentara ante el Congreso y ante el país las numerosas pruebas de las alianzas del uribismo con los paramilitares. El Centro Democrático no pudo impedir el debate, pero logró que la Comisión de Ética interviniera para ponerle límites a los temas y a las alusiones al uribismo. Aun así, la bancada uribista se retiró del recinto apenas empezaron las disertaciones. De otro lado, los encargados de llevar al recinto y a la transmisión pública las imágenes y las palabras de los testigos y de notas de los medios de comunicación, se dedicaron a sabotear la tarea. Entre tanto el presidente del Congreso, Jimmy Chamarro, interrumpió frecuentemente a Cepeda para recordarle lo dicho por la Comisión de Ética. En ese ambiente confuso y crispado, Cepeda, con la calma de un monje tibetano, fue desgranado datos y testimonios sobre el grave daño que le había hecho y le seguía haciendo la parapolítica a la democracia colombiana. Álvaro Uribe salió furioso del recinto y se fue a la Corte Suprema a mover las cartas y las grabaciones recolectadas por sus abogados que señalaban a Iván Cepeda de acciones ilegales para obtener los testimonios de los paramilitares Monsalve y Sierra. Sus gestiones ante la Corte habían empezado en 2012, con ocasión del primer debate en la Cámara de Representantes, donde Uribe acusó a Cepeda de los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador. La Corte, avisada de graves irregularidades en la acción de los abogados de Uribe, empezó a indagar a doble vía. Por un lado, a buscar la verdad de las acusaciones sobre Cepeda y, por otro lado, a verificar la autenticidad de los testigos del expresidente y en ese momento senador. La acusación de Uribe se convirtió en un búmeran. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda Castro. La Corte encontró que no había mérito para investigar al senador Cepeda por tales delitos, y que, en cambio, sí lo había para ordenar la investigación contra al senador Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber manipulado testigos contra Cepeda. De igual forma solicitó al magistrado ponente un informe sobre los avances en la investigación del caso sobre la masacre de La Granja, en el cual se investigan las actuaciones de Uribe Vélez cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, y que se encuentra engavetada en el despacho del magistrado Malo Fernández desde el 2014, quien fue condenado posteriormente por corrupción. En la mañana del jueves 1 de febrero de 2024 llamé a Iván Cepeda, estaba en La Habana en uno de los ciclos de negociación con el ELN, quería saludarlo, reiterarle mi agradecimiento por los esfuerzos que hace por la paz del país y preguntarle algunos detalles de lo que ha sido su larga batalla por esclarecer muchos de los episodios oscuros de la parapolítica. Aludí al sacrificio y al riesgo que había implicado su dedicación. “Sí, amigo León”, me dijo, “ha sido duro. Pero también ha tenido muchas satisfacciones y alegrías. Debe saber que, en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigarme y abrió la indagación sobre las acciones de Uribe en mi contra, estaba en el momento más difícil del cáncer que afrontaba, la noticia fue como un extraño remedio, empecé a mejorar a pasos acelerados”. Me conmovió saber estas intimidades de su lucha. Uribe, por primera vez, sintió pasos de animal grande. En este caso la Corte contaba no solo con testimonios sino con pruebas fotográficas y audios que lo comprometían, obtenidos mediante la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía General de la Nación a paramilitares involucrados en el montaje. Por otra parte, la orden de investigación no se dirigía a la Comisión de Acusaciones donde reposan sin resultado alguno cientos de órdenes similares, sino a la misma Corte, dado que se trata de actuaciones de Uribe Vélez como senador y no como presidente. En efecto, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención de Álvaro Uribe y le concedió el beneficio de domicilio por cárcel. Lo acusa de los delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. El 18 de agosto el senador Uribe renunció al Congreso para evadir el proceso ante la Corte Suprema de Justicia y pedir el paso de su expediente a la Fiscalía General de la Nación. Así empezó el tortuoso camino de investigar y juzgar a Uribe en la justicia ordinaria. En el momento en que escribimos este libro asistimos a una de las tantas dilaciones y maniobras del proceso. No sabemos cómo terminará este proceso contra Uribe. Lo que sí sabemos es que en estos doce años Iván Cepeda ha brillado por su transparencia, su tenacidad y su capacidad para acopiar información cierta sobre la parapolítica.

  • La carrera contrarreloj del Gobierno en el Congreso

    De: Juan Alejandro Pérez Montañez, investigador programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: Semana La primera semana de abril del 2024 el Gobierno Nacional sufrió un nuevo golpe dentro del Congreso de la República, el hundimiento de su reforma a la salud. Pese a esto le quedan aún varios frentes por abordar en su relación con el legislativo, pero el tiempo y el presidente del Senado no son sus mejores aliados. El camino que transitó la reforma a la salud El proyecto de reforma a la salud hundido en su tercer debate era del paquete de reformas sociales el que iba más adelantado dentro del legislativo. Esta reforma del Gobierno Nacional, radicada el 13 de febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, durante su trámite en el Congreso pasó por cualquier tipo de polémicas. El Gobierno Nacional citó en febrero del 2023 a sesiones extraordinarias para que las Comisiones Económicas empezaran a debatir el Plan Nacional de Desarrollo, pero también para que se empezara el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Cámara. Pese a su temprana presentación el proyecto no llevaba un buen ritmo en su debate y el Gobierno Nacional buscó acelerarlo a finales de abril del 2023 con la salida de la ministra Corcho y la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, en comparación de la entonces ministra, cuenta con una trayectoria política más amplia. Antes de la salida de Corcho, Alejandro Gaviria, ministro de Educación y opositor de la reforma al interior fue reemplazado por Aurora Vergara a finales de febrero del 2023. También se dio la salida de los partidos de La U y el Conservador de la coalición de Gobierno semanas antes del gran remezón ministerial en que salió Corcho, pero también ministros más de centro como Alfonso Prada (Interior), José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura), estos dos últimos, al igual que Gaviria, opositores de la reforma. Con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a la cartera de Salud y Luis Fernando Velasco a Interior, la Comisión Séptima de Cámara logró aprobar en mayo de 2023 la reforma en su primer debate, siendo una de las grandes victorias del Gobierno a finales de la primera legislatura. La cual estuvo también marcada por derrotas para el Gobierno con el archivo de proyectos como el de humanización carcelaria, el de sometimiento a la justicia o el de reforma laboral. Para inicios de la segunda legislatura, el segundo debate de la reforma en Plenaria de Cámara se dio sino hasta después de elecciones locales del 29 de octubre del 2023. De julio del 2023 hasta octubre del mismo año los congresistas estuvieron concentrados en que sus candidatos en todo el país ganaran elecciones. Las elecciones retrasaron no solo el debate de la salud sino de todo tipo de proyectos. Fue de noviembre del 2023 al 5 de diciembre de ese año que se logró aprobar en segundo debate el proyecto con mayorías sólidas en Plenaria de Cámara, pasando el proyecto a Senado. En Senado, como ha advertido la Fundación Paz y Reconciliación, los números no favorecen al Gobierno Nacional. El tercer debate a la reforma a la salud lo mostró así, pese a que en febrero el Congreso retomó sesiones fue hasta abril que la reforma se agendó en el orden del día y no por el Gobierno, que dilató hasta que pudo el debate, sino en el marco del estatuto de la oposición por el Centro Democrático. En la Comisión Séptima de Senado con una votación de 9 por el archivó y 5 en contra el 3 de abril del 2024 la reforma se hundió luego de desgastar parte del capital político del Gobierno, romper su coalición y generar cambios en el gabinete. ¿Cuál es el panorama de las otras reformas? Aún quedan tres reformas sociales en el Congreso: pensional, laboral y educación. También proyectos como la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria. La reforma laboral no ha superado su primer debate y tiene lo que resta de esta segunda legislatura para hacerlo, sino lo hace, se archivará como sucedió durante la primera legislatura. Pese a que en la Comisión Séptima de Cámara el Gobierno tiene a la presidenta María Eugenia Lopera, integrante del clan de Julián Bedoya, como una aliada, parece que no hay afán de continuar el debate que desde finales del año 2023 no se reanuda. Pensional, educación y Jurisdicción Agraria tienen esta legislatura para ser aprobadas. Educación y Jurisdicción Agraria, que son proyectos de ley estatutaria, tiene hasta el 20 de junio de 2024 para su aprobación, cuando acaban las sesiones ordinarias de la segunda legislatura. Mientras que pensional puede discutirse en sesiones extraordinarias de la segunda legislatura, podría tener unas cuantas sesiones más de debates. Jurisdicción Agraria se encuentra en Comisión Primera de Cámara, donde espera superar su tercer debate y luego superar su cuarto debate para su aprobación. Los números favorecen al Gobierno en Cámara. El proyecto de ley estatutaria de la educación debe superar tres debates en dos meses y medio, lo que reduce las posibilidades de aprobarlo. Quedan los debates de Plenaria de Cámara y los dos de Senado (Comisión Séptima y Plenaria). En Plenaria de Cámara ya se logró abrir la votación del articulado, pero maniobras con el uso de la palabra de algunos congresistas de la oposición han ralentizado el debate. Por otro lado, la reforma pensional, estuvo a punto de archivarse en su segundo debate en la Plenaria de Senado el mismo día que se archivó la reforma a la salud. Durante la votación de la ponencia de archivo de la senadora de Colombia Justa Libres, Beatriz Lorena Ríos, en un momento de la votación el proyecto estuvo virtualmente hundido, pues no estaban todos los votos de quien apoyan la iniciativa o al menos quieren que se discuta, mientras que los integrantes de la oposición estaban todos. Todo parece indicar que la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U y quien votó el archivo de la reforma a la salud, será la ponencia mayoritaria y en la que el Gobierno, al parecer, puede ceder. Siendo así es una reforma que, al contrario de salud, lograría algún nivel de consensos, pero que tiene dos enemigos principales: el tiempo y el presidente del Senado. Iván Name, quien pese a ser del Partido Verde, partido de Gobierno, es el principal enemigo del Gobierno teniendo al tiempo de aliado. Como prometió en su discurso de posesión el 20 de julio de 2023, ha dado la palabra con un tiempo superior a los cinco minutos, contrario a lo que establece la ley 5 de 1992. Pero también ha hecho, por ejemplo, que la votación de los últimos impedimentos que se votaron de la reforma pensional se hicieran de manera separada y no por bloques, como sucede usualmente. Name también ha sido quien ha acelerado la votación de la primera ponencia de archivo de la reforma pensional y ha ayudado a romper quorum junto con los partidos de oposición y algunos senadores de partidos independientes, por eso se ha visto presidir a la primera vicepresidenta, María José Pizarro, las plenarias con mayor frecuencia. Name no ha ocultado su oposición al Gobierno como con la propuesta de Constituyente. Todas las “jugadas” del Name tienen un impacto directo sobre la agenda legislativa del Gobierno, pues proyectos como Pensional se ven afectados en sus tiempos de aprobación. Igual puede pasar con Educación que, si continúa avanzando en su trámite, debería tener su último debate antes del 20 de junio de 2024 en Plenaria de Senado. Aun así, el Gobierno parece que no cederá, de hecho, Gustavo Petro se muestra políticamente más cómodo en la confrontación y en la constante imposición de la agenda pública, sin necesidad de contar con operadores políticos. Pese a que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien lleva varias derrotas dentro del Congreso, diga lo contrario, acciones del Gobierno han llevado a que se reduzcan las posibilidades de construcción de consensos, pues ninguna parte cede y hay una oposición más organizada y fuerte que, poco a poco, logra victorias que le suman capital político de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso del 2026.

  • La pelea de la hija de Jorge Eliécer Gaitán para que no lo asesinen por segunda vez

    Por: Iván Gallo Foto tomada de: Laregional.Net y El Espectador Ya quisiera llegar uno a los 87 años moviéndose como lo hace Gloria Gaitán. La última vez que la vi me llevó a su casa paterna en el barrio Santa Isabel de Bogotá y se movía por los corredores con la seguridad de una gacela experimentada. Me mostró el saqueo sistemático que ha llevado a cabo la Universidad Nacional, encargada de la protección de la casa. Lo que debería ser un museo terminó siendo un depósito de muebles viejos. Aún está su cuarto, el mismo donde recibió la noticia hace 75 años de que su padre había sido asesinado mientras salía de su oficina en plena carrera séptima de Bogotá, la habitación de su mamá, el piso de parqué, el estudio y la cama de asceta en la que dormía un hombre que trabajaba de manera compulsiva. Pero, a medida que visitaba los cuartos, Gloria Gaitán iba echando en falta objetos que, sin que exista ningún responsable, han desaparecido en los últimos años. En ese momento yo trabajaba para un medio y Gloria quería hacer una denuncia de cómo la Universidad -acaso deliberadamente- estaba descuidando sus funciones de custodia del legado de Gaitán. En el 2005, cuando Uribe era presidente, le dieron esa responsabilidad, pero las diferentes administraciones han mostrado la misma desidia. Es tanta la desinformación que, frente a la casa, funciona una empresa de taxis. Casi ninguno de los conductores sabía que era lo que escondían los muros que rodean el predio. Pocos, incluso, habían escuchado hablar de Gaitán. Al lado de la casa está la tumba del líder. Lo rodea una de las obras arquitectónicas más fascinantes de Colombia. Los trazos vanguardistas de Rogelio Salmona, sus círculos, sus techos altísimos, sus ramplas, sus ángulos imposibles se ven en el Exploratorio Nacional, una de sus construcciones más ambiciosas y también más de conocidas. En vez de construir una gran estatua del líder caído se ideó, por medio de la ley 425 de 1998, terminar la construcción del Exploratorio en donde se honraría no sólo la memoria de Gaitán sino el sueño de construir una democracia realmente participativa. Acá funcionaría un Museo de las luchas populares, una biblioteca interactiva y varios espacios complementarios de investigación, estudio y aplicación. La construcción empezó a principios de los años setenta pero poco a poco el proyecto fue languideciendo. En el 2016 Roy Barreras, como senador, quiso impulsar su conclusión, pero sólo se quedó en palabras. Gustavo Petro, al llegar a la presidencia, también prometió terminarla pero hasta el momento no ha dejado de ser una promesa. La estructura aguantará siglos pero ya la maleza empieza a devorar el Exploratorio que se convierte en una metáfora de lo que está pasando con el legado de Gaitán. Pensar que ya hasta ni circulan billetes de mil pesos con su rostro. Todo eso le preocupa a su hija. Gloria sabe del plan de asesinar por segunda vez a su papá: sacarlo de la historia. Permitir que un grupo armado, como el Clan del Golfo, se hayan autoproclamado en su momento como “Gaitanista” es cambiar la verdad desde la misma historia. No tener entre los programas de historia de los colegios un momento para reflexionar en una fecha clave como el 9 de abril y las connotaciones devastadoras que tuvo el Bogotazo en el inicio de un nuevo capítulo de la guerra en Colombia, es memoricidio. Gloria Gaitán no se agota. Sigue teniendo días que a cualquier persona joven podría extenuar. Participa activamente de la política, ya sea en reuniones presenciales o a través de sus escritos que mueve en redes sociales. Tiene proyectos y desde que se tenga proyectos nadie podrá envejecer. Ella y nosotros hemos visto como cada 9 de abril el fulgor del pueblo se va apagando. Sí, hoy en día es el momento en el que se conmemora a las más de 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, pero ya no es la manifestación espontánea de un pueblo que le reclamaba a las familias que tradicionalmente han manejado al país por el asesinato del hombre que representaba la esperanza. Ya los niños no saben quién es Gaitán. Ya líderes mundiales como Fidel Castro, que sabían de la importancia de su pensamiento, han desaparecido. Entiendo la desesperación, la rabia de Gloria Gaitán. No he visto la prensa hoy, no he visto las editoriales, sus columnas, pero creo que ya se volvió un lugar común decidir pasar de agache. A lo sumo El Tiempo publicó una nota de color “La casa donde nació Gaitán es un restaurante en donde venden almuerzos a 6.000 pesos”. Es un tema despreciado en consejos de redacción por “lo trillado”. Claro que entiendo la impotencia de Gloria. Ha vivido lo suficiente para ver como lo que su papá llamaba “La oligarquía” ha salido impune no sólo de la desaparición física del líder, sino que le ha salido a la perfección el plan de borrar de la historia a Gaitán. Este gobierno tiene la responsabilidad de devolverlo a las primeras planas de los libros de historia, de mantener vivo su legado. Si Petro no lo hace se perderá, acaso, la última oportunidad. Terminar el Exploratorio Nacional sería un paso decisivo para que la maleza del olvido no devore a Gaitán.

  • Las verdades que revelará Otoniel desde EEUU y que pondrán a temblar a militares

    Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Colombiano Su sonrisa le dio la vuelta al mundo. El 23 de octubre del 2021 Otoniel caía por fin. Más de cinco años siendo perseguido. Su cadena de informantes en Urabá le permitió ser uno de los señores de la guerra en Colombia. Se necesitaron cerca de tres mil hombres para acorralarlo. Lo encontraron en Necoclí, uno de los municipios del Urabá Antioqueño que había convertido en su casa. Juan Manuel Santos había lanzado en el 2016 las Armagedón I y Armagedón II. Su sucesor, Iván Duque, continuó la operación. El cerco se fue cerrando sobre él. Cayeron sus subalternos, alias Gavilán, alias Inglaterra, hermanas, primos, la gente de confianza. Cayó y, casi tres años después, su estructura está viva. Según Verdad Abierta Dairo Antonio Úsuga vivió tres guerras: la que sostuvo en el EPL a mediados de los años ochenta, ingresando en esta guerrilla maoísta con su hermano Juan de Dios. Al principio, además de exigirle pagos a los empresarios del banano en Urabá, se dieron plomos con los que serían después sus socios: las incipientes huestes paramilitares de los hermanos Castaño. Por su eficiencia en la parte militar los hermanos Úsuga eran mucho más que guerrillos rasos en el EPL. Mandaban. Tenían poder. El 1 de marzo de 1991, ya con el gobierno de César Gaviria, dos mil guerrilleros del EPL se desmovilizaron. Pero Úsuga está en el grupo de los que no quieren soltar el arma, de los que creen que fue una traición de sus altos mandos. Siguen en la selva, entran en confrontación con las FARC y cuando ven que los están matando no les queda de otro que de abrazarse a la causa de los hermanos Castaños y hacerse paramilitar. No era cuestión de ideas, era cuestión de billete. Siete años al servicio de los Castaños hasta que en el año 2003 Álvaro Uribe Vélez les ofrece a los paramilitares una salida negociada. Los Úsuga pasan por el segundo no a una desmovilización. Los Úsuga cambian por tercera vez en la guerra. Esta vez defenderían una estructura que se llamaría “Los héroes de Castaño” liderada por Daniel Rendón Herrera, “Alias Don Mario”. Esa organización, cuando cayó Don Mario,  pasó a llamarse las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y luego simplemente los Usuga, los Urabeños o el Clan del Golfo. En la celebración del año nuevo del 2012 su hermano Juan de Dios, mejor conocido con su alias de Giovanny, cayó mientras fue sorprendido por fuerzas especiales del ejército. Una vez muere se destapa una red de tráfico de niñas. Otoniel se hace conocido en todo el país por el plan pistola que desplegó contra la policía por el asesinato de su hermano. La Fiscalía le tenía 122 órdenes de captura, 7 medidas de aseguramiento, 6 sentencias condenatorias de más de 40 años. En Estados Unidos era requerido por las cortes de la Florida y de Nueva York por la que fue extraditado en el 2022. Intentó acogerse a la JEP pero ésta no la aceptó. Aun así habló y desde Estados Unidos seguirá hablando. Desde este 9 de abril y hasta el día 11, Otoniel hablará desde el centro de detención de Florence, Colorado, donde abordará dos puntos relacionados con los macrocasos 03, que investiga los Falsos Positivos, y el macrocaso 06 relacionado con la persecución a miembros de la Unión Patriótica. Se estima que más de cinco mil miembros de este partido político fueron asesinados por fuerzas paramilitares y de ultraderecha por considerarlos el brazo armado de las FARC. El testimonio de Otoniel será vital para conocer el grado de participación que tuvo el poder político y el militar en la orden de exterminio hacia la UP.

  • Disidentes de las FARC y el ELN proponen un alto el fuego bilateral en Arauca: ¿un camino hacia la paz?

    Por: Katerin Erazo Fotos tomadas de: Miami Diario y Portafolio En una región marcada por la violencia y el conflicto, surge un rayo de esperanza cuando el Comando Central Estatal (EMC) de las disidencias de las FARC en Arauca extiende una rama de olivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida sin precedentes, anunciada el pasado sábado 6 de abril, podría significar un paso audaz hacia la reconciliación y la paz en uno de los territorios más Frente a un panorama de inseguridad creciente, la propuesta de un encuentro trilateral en Arauca intenta abrir un camino hacia la disminución de la violencia y el establecimiento de un acuerdo de paz - crédito redes sociales. La propuesta de un alto el fuego bilateral llega en un momento crítico, en el que Arauca se enfrenta a una escalada de tensiones y una creciente crisis humanitaria. Los civiles de la región han sido los más afectados por los recientes enfrentamientos entre estos grupos armados, con informes de creciente violencia y abusos contra los derechos humanos. Liderado por Iván Mordisco, el llamado a la paz del EMC subraya el reconocimiento del impacto devastador del conflicto en la población de Arauca. Es un pedido de respiro, un pedido de diálogo y un pedido de un camino a seguir que no implique más derramamiento de sangre. La decisión de acercarse al ELN podría estar reflejando un cambio de estrategia para los disidentes de las FARC, que durante mucho tiempo han estado involucrados en una lucha armada contra el Estado colombiano. Al proponer un cese de las hostilidades, podrían estar manifiestando su voluntad de explorar vías pacíficas para resolver sus diferencias. Pero el camino hacia la paz está plagado de desafíos. Arauca, situada en la frontera con Venezuela, ha sido históricamente un foco de violencia y actividad criminal. La importancia estratégica de la región, junto con su terreno accidentado y sus fronteras porosas, la han convertido en un refugio para grupos armados que buscan ejercer control e influencia. En las últimas semanas se ha producido una preocupante escalada de la violencia, con informes de asesinatos selectivos y ataques de represalia. Los asesinatos de defensores de los derechos humanos, como Luis Alfredo Gaitán y Emerson David Silva Martínez, han conmocionado a la comunidad y subrayan la urgente necesidad de un alto el fuego. En su comunicado, las disidencias de las FARC enfatizan la importancia del diálogo inclusivo, llamando a la participación de la sociedad civil, entidades gubernamentales y observadores internacionales. Visualizan un foro donde se puedan ventilar las quejas, abordarlas y resolverlas mediante el diálogo y la negociación constructivos. En el centro de su propuesta se encuentra el reconocimiento del profundo sufrimiento que soportan los residentes de Arauca. Durante demasiado tiempo han soportado las cicatrices de la guerra, atrapados en el fuego cruzado entre facciones rivales que compiten por el control. Un alto el fuego ofrecería un rayo de esperanza, una oportunidad de romper el ciclo de violencia y allanar el camino hacia un futuro más pacífico. En medio de la incertidumbre, hay motivos para el optimismo. El mero hecho de que los disidentes de las FARC y el ELN estén considerando entablar un diálogo representa un avance significativo. Es un testimonio del poder de la diplomacia, el poder del diálogo y el poder de la reconciliación para superar incluso las divisiones más profundas. Mientras el pueblo de Arauca espera la respuesta del ELN, lo hace con una mezcla de esperanza y temor. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se han reportado tres enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central, dos en Puerto Rondón y uno en Tame. Hasta el momento, solo se ha identificado la estructura conocida como "Antonio Medina", que operó en Tame, Arauca, el 3 de septiembre. Además, se han detectado actividades de reclutamiento, como lo señaló recientemente una denuncia de la personería, la cual mencionaba que uno de los métodos utilizados es trasladar niños desde Cauca, Nariño y Caquetá hasta Arauca, lo que implica un proceso de territorialización y dificulta su identificación como actores en el conflicto. Estos eventos han generado conflictos, especialmente en Tame, donde se observan disputas en zonas veredales. La Defensoría del Pueblo también ha registrado escenas de desplazamiento y confinamiento, como el caso de 1,371 personas afectadas tras el combate en Puerto Rondón el 4 de septiembre de 2023. Marín explica que la disputa territorial en estas áreas ha aumentado, particularmente entre el Frente 28 y el Frente de Guerra Oriental del ELN, con un incremento en las afectaciones a la población civil, especialmente a líderes sociales que históricamente han sido estigmatizados y relacionados con el ELN. Esto se evidenció en el asesinato de dos líderes políticos en Centro Oriente. Los comentarios malintencionados de algunos medios de comunicación, que vinculan erróneamente a ciertos líderes sociales con el ELN, han contribuido a este clima de temor, lo que dificulta las denuncias y perpetúa la violencia. Finalmente, la investigadora destaca que recientemente se emitió una amenaza por parte del Estado Mayor hacia un líder social, indicando que estaban plenamente identificados y que cualquier apoyo al ELN sería considerado un objetivo militar. Sin embargo, posteriormente se emitió el comunicado por parte del Frente 28, alias "Corea", sugiriendo un posible diálogo para mitigar las tensiones entre el ELN y el Estado Mayor Central.

  • Un paro minero que sigue dejando rezagos

    Por: Fredy Chaverra Operativo en el que fue asesinado el minero Dario Arnulfo Ospina - Foto cortesía policía Se cumple un año del Paro Minero que sacudió los cimientos del Bajo Cauca antioqueño. El Paro Minero que se dio hace un año evidenció la problemática socioambiental asociada a los precarios niveles de formalización en uno de los territorios con mayor potencial aurífero del país, así como la baja implementación de la reforma rural del Acuerdo de Paz y la capacidad de infiltración de los actores armados ilegales con presencia en la subregión, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc. Después del primer año del Paro Minero y como muestra de rechazo al asesinato del minero Darío Arnulfo Ospina el pasado 24 de marzo en medio de un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal en zonal rural de El Bagre, cerca de 5.000 mineros de todos los municipios de la subregión, se reunieron el jueves 4 de abril para avanzar en una movilización pacífica. Aunque desde el Comité por la vida y formalización minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba se planteó la convocatoria como una movilización pacífica y no como la antesala a un nuevo Paro minero, los ecos del Paro Minero de marzo de 2023, caracterizado por algunas expresiones de violencia y bloqueos que no solo paralizaron la actividad económica del Bajo Cauca y el Nordeste por cerca de un mes; sino que, además, evidenciaron el poder de instrumentalización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, permanecían en el aire como un factor a repetirse en una movilización considerada como “conmemorativa”. De ahí que las alcaldías de Nechí, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y El Bagre, ante la amenaza de nuevos bloqueos y actos violentos, hayan publicado decretos de Ley seca y de restricción del parrillero con la finalidad de: “prevenir eventuales situaciones de alteración del orden público”. En Caucasia el comercio no abrió sus puertas y las clases fueron interrumpidas. Sin embargo, ese temor rápidamente se disipó ante la petición del Comité promotor y a lo largo del 4 de abril la movilización transcurrió pacíficamente. No se registró una infiltración violenta por parte del Ejército Gaitanista. A Caucasia llegaron delegaciones de asociaciones mineras de toda la subregión para rechazar la violencia de la Fuerza Pública en los operativos contra la minería “ilegal”-como el operativo que le costó la vida a Darío Arnulfo Ospina-, también para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional entre marzo y abril del 2023. Entre las peticiones de las asociaciones mineras se encuentran rechazo a los operativos contra la minería en zonas rurales de Cáceres y El Bagre, avanzar en los procesos de formalización minera y consolidación del Distrito Minero del Bajo Cauca y el Nordeste. Para avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos y así evitar movilizaciones que escalen en acciones violentas, el próximo 11 y 12 de abril, en el marco de la apertura de la oficina regional de la Agencia Nacional Minera en Caucasia, se instalarán mesas para acelerar los procesos de formalización en la subregión.

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