Por: Fredy Chaverra Operativo en el que fue asesinado el minero Dario Arnulfo Ospina - Foto cortesía policía Se cumple un año del Paro Minero que sacudió los cimientos del Bajo Cauca antioqueño. El Paro Minero que se dio hace un año evidenció la problemática socioambiental asociada a los precarios niveles de formalización en uno de los territorios con mayor potencial aurífero del país, así como la baja implementación de la reforma rural del Acuerdo de Paz y la capacidad de infiltración de los actores armados ilegales con presencia en la subregión, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc. Después del primer año del Paro Minero y como muestra de rechazo al asesinato del minero Darío Arnulfo Ospina el pasado 24 de marzo en medio de un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal en zonal rural de El Bagre, cerca de 5.000 mineros de todos los municipios de la subregión, se reunieron el jueves 4 de abril para avanzar en una movilización pacífica. Aunque desde el Comité por la vida y formalización minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba se planteó la convocatoria como una movilización pacífica y no como la antesala a un nuevo Paro minero, los ecos del Paro Minero de marzo de 2023, caracterizado por algunas expresiones de violencia y bloqueos que no solo paralizaron la actividad económica del Bajo Cauca y el Nordeste por cerca de un mes; sino que, además, evidenciaron el poder de instrumentalización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, permanecían en el aire como un factor a repetirse en una movilización considerada como “conmemorativa”. De ahí que las alcaldías de Nechí, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y El Bagre, ante la amenaza de nuevos bloqueos y actos violentos, hayan publicado decretos de Ley seca y de restricción del parrillero con la finalidad de: “prevenir eventuales situaciones de alteración del orden público”. En Caucasia el comercio no abrió sus puertas y las clases fueron interrumpidas. Sin embargo, ese temor rápidamente se disipó ante la petición del Comité promotor y a lo largo del 4 de abril la movilización transcurrió pacíficamente. No se registró una infiltración violenta por parte del Ejército Gaitanista. A Caucasia llegaron delegaciones de asociaciones mineras de toda la subregión para rechazar la violencia de la Fuerza Pública en los operativos contra la minería “ilegal”-como el operativo que le costó la vida a Darío Arnulfo Ospina-, también para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional entre marzo y abril del 2023. Entre las peticiones de las asociaciones mineras se encuentran rechazo a los operativos contra la minería en zonas rurales de Cáceres y El Bagre, avanzar en los procesos de formalización minera y consolidación del Distrito Minero del Bajo Cauca y el Nordeste. Para avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos y así evitar movilizaciones que escalen en acciones violentas, el próximo 11 y 12 de abril, en el marco de la apertura de la oficina regional de la Agencia Nacional Minera en Caucasia, se instalarán mesas para acelerar los procesos de formalización en la subregión.

Por: Redacción Pares Desde la semana pasada, justo cuando se hundió en el senado la Reforma a la Salud, el gobierno Petro entró en confrontación con las EPS. Primero intervino a Sanitas. Las deudas de la empresa, cuya máxima cabeza es el español Joseba Grajales, ascienden a dos billones de pesos al sistema público a pesar de los recursos que les envía el gobierno que fueron, entre el 2019 y el 2023 los gobiernos de Iván Duque y Petro le entregaron a Sanitas $31 billones de pesos, y aún así los incumplimientos persisten. Sanitas tiene más de cinco millones de afiliados. Una vez la Superintendencia interviene se le quita el velo corporativo y se puede investigar con más libertad. La misma dosis se le aplicó a la Nueva EPS, en donde están afiliados 10.8 millones de colombianos, las intervenciones tienen como meta saber qué hacen las EPS con los recursos que el gobierno le entrega a la salud. Según Félix Martínez, director de la ADRES, entre enero y julio del 2023 se le han entregado a estas empresas 46,5 billones de pesos. Algunos medios han considerado esta medida como una retaliación del gobierno Petro ante las EPS después de que se hundiera en el senado la Reforma a la Salud e incluso algunos senadores del Pacto Histórico, como Wilson Arias, se refirieron a ellas como “máquinas de muerte” y afirmaron que hubo partidos a los que las EPS apoyaron económicamente en sus campañas. Compensar, con dos millones de usuarios, le pidió al gobierno ser liquidada también por su situación económica. Su gerente, en entrevista con W Radio, le dio la razón al presidente Petro y sostuvo que el modelo de salud del país en este momento es insostenible. Esta mañana el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; la procuradora general, Margarita Cabello Blanco; y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, tuvieron una reunión que se llamó “La cumbre de las Ías” que tenía como fin revisar el informe que hizo la contraloría sobre las Entidades Prestadoras de Salud en el cual se probaría los malos manejos que han hecho las mismas. El informe fue revelado primero por Daniel Coronell en su Reporte en la W Radio y luego por la revista Cambio. En él se concluye que en plena pandemia, entre 2020-2021, las EPS desviaron 9 billones de pesos de las UPC, que es lo que paga el gobierno a cada entidad dependiendo de sus afiliados. En el informe la deuda de las 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnología. Fueron más de 9 billones de pesos los que serían destinadas a compras de inmuebles con los fondos destinados a atender a los pacientes, autoaprobación de multimillonarios adelantos, pago de multas, y pagos que exceden los topes. Congresistas como María José Pizarro le han pedido a la Procuraduría y la Fiscalía investigar a la mayor brevedad lo que está sucediendo con estos recursos. Aún no se sabe cuáles son las EPS enredadas en este despilfarro.

Por: Sebastián Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En el marco del programa de Comunidades de Conectividad, el pasado miércoles 4 de abril, representantes de la Fundación PARES, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC), la empresa de tecnología aeroespacial SpaceX / Starlink, realizaron una visita técnica a la vereda La Unión, ubicada en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Ubicada en la zona sur del Sumapaz, la vereda La Unión alberga aproximadamente 42 viviendas y una población de alrededor de 120 habitantes. Organizada por la Junta de Acción Comunal, esta comunidad ha demostrado un alto nivel de organización y coordinación, lo que la convierte en un punto de interés para iniciativas inclusión digital. Esta visita se gestó con el objetivo de explorar el potencial de esta comunidad para convertirse en una Comunidad de Conectividad. La vereda, cuya economía se sustenta principalmente en la caficultura, la ganadería y el turismo, se destaca por su riqueza natural, atrayendo a numerosos visitantes interesados en el avistamiento de aves y la flora local. Sin embargo, a pesar de su potencial turístico, La Unión enfrenta desafíos en términos de conectividad. Actualmente, solo cuenta con cobertura limitada de un operador móvil. Esta carencia de acceso a internet afecta no solo a la comunidad en general, sino también a cerca de , niñas y adolescentes que deben desplazarse hacia otras veredas o al casco urbano para acceder a la educación. Estos desplazamientos, que pueden durar entre 20 y 40 minutos, representan una barrera significativa para el acceso a la educación. Ante este panorama, la posibilidad de instalar conectividad en la escuela de La Unión podría no solo facilitar el acceso a la educación, sino también convertir este espacio en un punto de encuentro para actividades académicas, formativas y recreativas. Para Mauricio Prada, presidente de la JAC de la Unión la conectividad es fundamental para cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano, así como para garantizar el desarrollo de los territorios y el acceso a herramientas y servicios esenciales. Es crucial en la educación, la salud y el desarrollo humano, especialmente tras el impacto de la pandemia. A pesar de que la mayoría de las personas en zonas rurales cuentan con teléfonos móviles y acceso a datos, la calidad de la conectividad sigue siendo deficiente en muchas áreas. Por ello, es necesario que las políticas públicas y los planes de desarrollo se enfoquen en llevar la conectividad a estas zonas, como lo está haciendo el gobierno actual en colaboración con el Ministerio de las TIC. La conectividad no solo beneficia a la educación y al trabajo remoto, sino también a la comercialización de productos agrícolas y a los servicios de salud, especialmente en áreas donde no hay centros médicos cercanos. Garantizar el acceso a una conectividad de calidad en la ruralidad es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el desarrollo territorial. Durante la visita, se identificaron oportunidades para fortalecer las capacidades digitales de la comunidad, especialmente en áreas relacionadas con el emprendimiento, la gestión financiera y las habilidades comunicativas y digitales. Asimismo, se ha resaltado la importancia del Papel de la Universidad de Cundinamarca para el diseño e implementación de programas de formación e inclusión digital. Esta visita técnica a La Unión ha sentado las bases para futuras acciones orientadas a mejorar la conectividad y el acceso a la tecnología en esta comunidad. A través de una alianza estratégica entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, se busca impulsar el desarrollo digital en zonas rurales como La Unión, contribuyendo así a reducir la brecha digital y promover la inclusión social en Colombia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia eligió a Jairo Arboleda Céspedes como rector de esta Institución para el período 2024-2027. Lo hizo después de un proceso de varios meses, donde se realizaron las postulaciones e inscripciones —diez candidatos: tres mujeres y siete hombres—; en medio de importantes debates en foros públicos sobre sus propuestas; y luego de un proceso de escucha por parte del órgano decisor. El proceso no fue para nada fácil. El CSU realizó dos jornadas de votaciones: la primera, antes de Semana Santa, donde se evidenció una votación reñida: tres votos por Jairo Arboleda, tres por Natalia Gaviria y dos por John Mario Muñoz. Y la segunda, que se hizo quince días después, donde se dio a conocer, de manera rápida, la decisión: seis votos por Arboleda y dos por Gaviria. La noticia del nuevo rector la entregó el presidente del CSU. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comunicó, usando un trino en la red social X, que se reeligió a Arboleda. Advirtiendo, a la vez, que su voto fue por la doctora Natalia Gaviria y señalando, desde el inicio del mensaje, que fue “Una lástima que, en esta oportunidad, una mujer preparada, una Ingeniera brillante […] no haya sido elegida como la primera mujer Rectora de nuestra  @UdeA”. En ningún momento Rendón se tomó el trabajo de felicitar al rector reelecto, ni mucho menos en desearle los mejores resultados para su próximo período, como se esperaría lo hiciera el presidente del CSU. En su lugar le dijo “Que su accionar atienda los pendientes, que son muchos y urgentes”, lo que generó la impresión de que le estaba realizando un balance negativo de su gestión para el período que finaliza (2021-2024). En este sentido considero al trino como un mensaje muy desafortunado. Pues, lo emitió el presidente del CSU, la persona que acompañará a Arboleda en la toma de decisiones durante todo el período que estará al frente de la institución más importante de educación superior de los antioqueños. Un trino donde se le notó al gobernador el disgusto por la elección que la mayoría le dio a Arboleda —75% de los votos—. Un mensaje donde se evidencia la predilección que tiene el gobernador Rendón porque las cosas se hagan a su manera y no según las normas, que en este caso es una decisión colegiada. Se enojó con los representantes del CSU —los representantes del Gobierno, profesores, directivos, egresados y empresarios, sin contar a los estudiantes que aunque no tienen representante en el organismo, también, en la consulta, seleccionaron por mayoría a Arboleda— porque estos votaron en consecuencia con las decisiones de la mayoría. Además en el trino le pidió al rector que “esté por encima de los sesgos ideológicos del Gobierno Nacional que ayudó a reelegirlo”. Lo cual es muy preocupante, pues, por un lado, le exige al elegido que ignore las demandas de sus electores y que en sus decisiones y acciones no las tome en cuenta. Se le olvida al gobernador que él mismo fue electo por voto popular y que sus actuaciones deben estar en coherencia con la de sus representados. Por el otro, el gobernador, al pedirle al rector que no actúe con sesgos ideológicos, está desconociendo el papel que tienen las ideologías en las acciones humanas. Toda acción —nos dice el libertario Ludwig von Mises en el capítulo décimo de su libro Acción Humana— está dirigida por ideologías. Nos advierte que es casi imposible separar a los líderes de sus doctrinas; en especial para una persona como Arboleda, quien, como profesor universitario, siempre busca actuar guiado por un deber ser. Habrá que recordarle a Rendón lo que dijo John Maynard Keynes —el economista más importante del siglo XX y uno de los que él debe de haber leído en su formación profesional— en la parte final de su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero: “Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”. Somos tomadores de decisiones guiados por ideologías. En este sentido es poco sensato que el gobernador les pida al rector que abandone las ideologías para actuar. ¿O será acaso que Rendón no las tiene? Al respecto insiste Keynes a renglón seguido: existen “locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de uno años antes”. Y aún es más insensato que le pida a un rector de una universidad pública —una que recibe cerca del 80% del presupuesto de la Nación y menos del 10% del Departamento— que se aleje de ideas tan importantes —como las que hoy defiende la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara— de luchar por una educación superior pública gratuita y universal, y de trabajar por construir un sistema donde la educación sea un derecho y no un servicio al que se puede acceder solo con dinero. En conclusión, de nuevo el gobernador de Antioquia está enviando mensajes desatinados y desafortunados a la opinión pública. Es inapropiada la manera como viene actuando en contra de la Universidad de Antioquia y de la educación superior pública. En este sentido, es necesario sugerir a Rendón, con todo respeto, que revise sus ideologías y sus sesgos. Estamos en un momento donde la polarización no le hace bien al país. Además, donde es necesario sumar y no restar para lograr las transformaciones del sistema social que requiere el país. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: W Radio La región suroccidental de Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de seguridad, con una serie de ataques atribuidos a disidencias de las FARC que han sacudido los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Desde la noche hasta la mañana de hoy, el Estado Mayor Central (EMC) y la disidencia Farc de “Iván Mordisco” han perpetrado una serie de ataques en distintos puntos de estos departamentos, sembrando el temor entre la población civil y generando preocupación en las autoridades locales y nacionales. Los informes indican que la estación de policía de Cajibío, ubicada en el municipio de Cauca, fue blanco de ataques por parte del frente Jaime Martínez del EMC. Este ataque representa un golpe directo a la infraestructura de seguridad en una zona ya de por sí vulnerable a la violencia armada. Asimismo, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la estación de policía de Robles también fue blanco de un atentado con explosivos en la mañana de hoy, según informes proporcionados por las autoridades militares. La ciudad de Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, no ha escapado a esta ola de violencia. En el Batallón Militar Pichincha, se registró una explosión provocada por la detonación de varios cilindros cargados con explosivos desde un camión. Estos cilindros cayeron cerca de las viviendas de militares y sus familias, generando pánico y desasosiego en la comunidad. La violencia indiscriminada y la falta de consideración por la vida humana son características preocupantes de estos ataques. Además de los ataques en Cauca y Valle del Cauca, Nariño también ha sido escenario de violencia. En el Gaula militar de Tumaco, una granada detonó dejando a un infante de la marina herido, aunque afortunadamente fuera de peligro. Sin embargo, este incidente evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad frente a los ataques perpetrados por grupos armados ilegales en la región. Estos actos de violencia no son aislados, sino que se inscriben en un contexto de advertencias previas por parte de las autoridades. La Personería de Cali había alertado sobre la presencia y operaciones de disidencias de las FARC en la ciudad, destacando la importancia de abordar esta problemática de manera urgente y efectiva. Asimismo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, había señalado la presencia del Frente 57 de las disidencias FARC en el departamento, anunciando medidas para reforzar la seguridad en la región. En medio de esta situación, delegados del EMC y del Gobierno se encuentran reunidos en San Vicente del Caguán, Caquetá, en una reunión extraordinaria para abordar la crisis en la mesa de diálogos de paz. Dicha reunión finalizará este sábado 06 de abril. La suspensión del cese al fuego ordenado por el presidente Petro después del atentado contra la población civil de Toribío, Cauca, ha generado un ambiente tenso y difícil en el proceso de paz en Colombia. Las partes involucradas enfrentan el desafío de encontrar soluciones viables y duraderas para garantizar la estabilidad y la seguridad en la región. La creación de un nuevo bloque central dentro de la estructura militar de las disidencias de las FARC, denominado Comandante Isaías Pardo, ha generado preocupación y desconcierto. Este bloque, según la disidencia, operará en varios departamentos del país, aumentando la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz. Las Fuerzas Militares y de Policía continúan alerta ante estos hechos, desplegando recursos y capacidades para hacer frente a la amenaza que representan estos grupos armados ilegales. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha enfatizado la necesidad de mantener la presión sobre las disidencias de las FARC y garantizar la seguridad de la población civil en los departamentos afectados por la violencia. Sin embargo, la complejidad y la magnitud de los desafíos en la región requieren una respuesta integral y coordinada por parte del Estado colombiano. La escalada de violencia en el suroccidente colombiano representa un desafío urgente y apremiante para las autoridades y la sociedad en su conjunto. La seguridad y la estabilidad en la región están en juego, y es necesario redoblar los esfuerzos para enfrentar esta amenaza y construir un futuro de paz y prosperidad para todos los colombianos.

Por: Ghina Castrillón Torres - Politóloga feminista. Las interacciones antirracistas son difíciles en una sociedad que permanece segregada por cuestiones de raza. bell hooks Asesinaron a Alba Rosa Ocoró en Guapi y ningún medio nacional lo registró. ¿a quién le importan las mujeres negras del pacífico? Hay noticias que quedan silenciadas, esas historias que no llegan a los titulares de los medios nacionales, que no ocupan los primeros lugares en los noticieros. Son los feminicidios y violencias contra las mujeres negras. A menudo intento escribir mis columnas sobre temas en “tendencia”, hoy se está hablando sobre la controversia con las intervenciones a las EPS, el debate en torno a RTVC, o los abusadores extranjeros en Medellín. Sin embargo, hoy escribo sobre lo que los medios de comunicación y las redes sociales deciden ignorar. Nos dejamos llevar por la corriente mediática que impone ciertos temas mientras relega otros a un último plano. El lunes una mujer fue brutalmente asesinada presuntamente por su pareja en Guapi, Cauca. Alba Rosa Ocoró Piedrahita, una mujer negra de 53 años, que fue encontrada sin vida en su hogar, con aparentes signos de violencia sexual. Aunque organizaciones sociales han levantado la voz para denunciar este crimen y exigir justicia, los medios nacionales la han ignorado. Es como si la vida de Alba Rosa no valiera lo suficiente para ser noticia. Este es un país terriblemente racista, no solo lo hemos visto reflejado en manifestaciones de rechazo hacia la vicepresidenta Francia Márquez, sino que también ha sido testigo de múltiples violencias contra las mujeres negras. En la Costa Pacífica Caucana y otras zonas periféricas del país, las mujeres enfrentan un riesgo aún mayor de violencia de género debido a la falta de atención estatal y la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, estas historias rara vez son contadas en los medios nacionales, porque están más interesados en otras tragedias. Resulta problemático pensar que se deba ponderar qué tragedia merece más atención, pues lo ideal sería que ninguna tragedia existiera en primer lugar. Sin embargo, en la realidad, nos enfrentamos a la constante selección y jerarquización de noticias por parte de los medios de comunicación y la sociedad en general. Por lo tanto, la atención mediática y social hacia ciertos eventos está sesgada pro el racismo, clasismo y centralismo, lo que resulta especialmente revictimizante cuando se trata de tragedias que afectan a grupos marginados, como las mujeres negras. En respuesta al feminicidio de Alba, el martes, la comunidad convocó a una movilización para exigir justicia e invitaron a las personas a "traer el látigo" como símbolo de la defensa por la vida. Esta invitación responde a la tradición del día de Matachines, en el cual se dan latigazos en las calles cada 28 de diciembre. Pero a pesar de los esfuerzos de los liderazgos locales y de los medios de comunicación alternativos por visibilizar esta y otras violencias, las vidas de las mujeres negras y de las zonas periféricas siguen siendo invisibles para Colombia. Hay que voltear a ver al pacífico. La violencia de género no puede seguir siendo un "paisaje" y mucho menos podemos permitir que las vidas de las mujeres negras y de las zonas periféricas sigan siendo invisibles. Sonará paradójico, pero hay que darle latigazos a la violencia patriarcal. ¡Justicia para Alba Rosa! #NiUnaMas

Por: Óscar A. Chala, Línea de Gobernabilidad y Democracia Maduro sí que sabe cuidarse bien las espaldas. Sus secretos, para que nadie ose a disputarle el poder, son el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que otorga al contralor general de Venezuela la facultad de inhabilitar políticamente a cualquier ciudadano por un período de 3 a 15 años. No importa la acusación, siempre será encontrado culpable. Por eso puede aparentar ser un demócrata. No le importa hacerse elegir. Siempre ganará. La segunda clave fue perfeccionar una idea que incubó Chávez, la de crear pequeñas camarillas al interior de su círculo más cercano de poder que sostengan su “Revolución Bolivariana”.  Este informe relatará dos realidades de estos grupos políticos. Por un lado, el nacimiento y emergencia de nuevas redes clientelares y de nuevos grupos en los que el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto su confianza para construir su nuevo modelo político y económico, que pretende emular el sistema chino, y el ocaso de los viejos grupos en los que el Chavismo se afirmó para consolidar su poder en la primera década del siglo XXI. Uno de esos clanes es el de Diosdado Cabello. A pesar de sus escándalos y de su discrepancia ideológica con el propio Maduro, ha logrado atornillarse bien al poder gracias a la red familiar que desplegó dentro de la burocracia de la “Revolución Bolivariana”. Uno de los focos en los que se ha centrado la familia Cabello es en el SENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en donde ha puesto al mando a uno de sus hermanos. Desde el 2017 Nicolás Maduro ha intentado atajar la influencia de los Cabello en ésta y otras instituciones donde antes poseía amplio control. La fidelidad de las Fuerzas Armadas hacia Cabello si explica por pertenecer, y ser en este momento el miembro más destacado del grupo de Los Montilleros, la promoción de militares graduados de la Academia Militar Venezolana con él en 1987 y que acompañarían a Hugo Chávez Frías en la intentona de golpe de estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, que resultaron siendo la columna vertebral de lo que después se conocería como el Movimiento Quinta República. Aún quedan varios en puestos claves y han protagonizado escándalos de corrupción. Esa red de funcionarios de origen militar le permite a Diosdado Cabello tener la lealtad de la mayoría de los oficiales y suboficiales cercanos a él. No sólo los militares lo sostienen, también está una red de burócratas, como el poderoso Freddy Bernal, gobernador del Táchira, amo y señor de la frontera, que se mantienen fieles a Cabello. Durante su primer mandato, durante 2002. En ese mismo año, fue señalado como encargado de supervisar entrenamientos militares para los círculos bolivarianos, por lo que su peso dentro de la red política de Cabello es tener incidencia y capacidad de movilización sobre los comandos chavistas en el territorio venezolano. Como soporte económico, Cabello aún mantiene varios aliados y conexiones dentro de su inmensa red de poder. A partir de las reparticiones hechas entre los diferentes grupos que conforman el aparato cívico-militar de Venezuela, Cabello tiene incidencia en la mayoría de las carteras que tienen que ver con el tema agrícola (al tener como cuota política a Wilmar Castro, de su círculo de influencia), el tema tributario (debido al control que José David Cabello sigue reteniendo como director del SENIAT) y temas comerciales y financieros con China (pues tiene cuota con Giussepe Yoffreda, actual embajador de Venezuela en el país asiático). Eso sí, en los últimos años el poder de Cabello ha venido menguando. Nicolás Maduro se ha encargado de que sea así. En el año 2020 Maduro pasó a retiro a 53 oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que eran cercanos a Diosdado Cabello, tanto por ser parte de los “montilleros” como por haber ascendido de rango durante los primeros años del Chavismo en el poder. No obstante, Cabello ha logrado reencaucharse y conservar el poder que posee, especialmente en las regiones del Táchira y Zulia, donde controla a las bases del PSUV gracias a la acción de Freddy Bernal como gobernador y a la incidencia que Francisco Arias Cárdenas sigue ejerciendo en Zulia, además de tener a Omar Prieto como cuota en esa gobernación, en la que se ha establecido como principal líder político y le ha permitido tener control de la frontera. Además su influencia en el poder de la rama judicial y electoral ha aumentado gracias al posicionamiento de políticas como Tania d’ Amelio o María Carolina Ameliach. Además Cabello sigue teniendo control dentro de su propio partido, el PSUV, del que es vicepresidente, que le permiten aceptar o quitar nombres dentro de las listas electorales locales, regionales y nacionales, especialmente con un partido que se sostiene del Estado. Como se verá en este informe, tanto a Maduro como a su esposa Cilia Flórez, no le conviene deshacerse de Cabello. Su sola presencia sigue siendo intimidante y ayuda a exorcizar los fantasmas de un golpe de estado. El otro clan que emerge en la Venezuela chavista son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez, hijos de uno de los pilares de las luchas sociales en la Venezuela del Siglo XX, Jorge Antonio Rodríguez, quien murió como un verdadero mártir, en una prisión y torturado por orden del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en 1977. Delcy llegó a tener cargos de primer nivel gracias a su cercanía con Nicolás Maduro. Un incidente la alejó del poder en las épocas de Hugo Chávez, pero una vez muere el líder de la Revolución, se vuelve a acercar al gobierno esta vez como ministra de Comunicación e Información de Venezuela entre 2013 y 2014. Durante su gestión, Rodríguez se convirtió en la principal portavoz y propagandista del gobierno de Maduro y su "revolución bolivariana". Su ministerio chocó con los medios de comunicación venezolanos y, además, ordenó el cierre del canal de noticias NTN24 en ese país. Como canciller se haría notorio en todo el continente por su cruzada en favor de Maduro. Fue elegida como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue ministra de Economía y es la actual vicepresidenta de Venezuela. Ha sido castigada por su cargo debido a los problemas que tiene la democracia en Venezuela. En junio de 2018, la Unión Europea la sancionó con la prohibición de viajar a su territorio y la congelación de sus bienes por su papel como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Suiza también la sancionó en julio de 2018 por las mismas razones. Estados Unidos la sancionó en septiembre de 2018 por su relación con funcionarios sancionados del gobierno de Maduro y con Diosdado Cabello. Suiza y la Unión Europea ampliaron sus sanciones contra Rodríguez en agosto y octubre de 2019, respectivamente, por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas. El TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) también la sancionó en diciembre de 2019 con la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a los territorios de los países miembros. Su hermano Jorge Rodríguez fue uno de los vicepresidentes de Chávez. Con Maduro ha sido ministro de comunicaciones. Actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional. También ha sido sancionado internacionalmente. Delcy Rodríguez está casada con el empresario Yussef Abou Nassif Smaili, quien, se verá en este informe, es uno de los hombres más poderosos de Venezuela. . Uno de los negocios más destacados y recientes del entorno empresarial ligado a Nabil Abou Nassif es Ok Mart, una cadena de tiendas de conveniencia que surgió durante la pandemia. En febrero de 2019, Nabil Abou Nassif se convirtió en socio de esta empresa, la cual en cuestión de meses abrió tres locales en Caracas, incluyendo uno en el emblemático edificio Los Andes de Sabana Grande, expropiado por Hugo Chávez para montar una residencia estudiantil. Delcy ha puesto a funcionarios de su entraña en puestos claves del gobierno, sobre todo en la cancillería en donde aún tiene un poder importante. A través de Maduro y de su esposa Cilia Flórez, los Rodríguez se han convertido en los posibles herederos del chavismo en Venezuela. En este informe de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, se muestra como están conformados los clanes sobre los que se sostiene el siempre discutido presidente Nicolás Maduro:

Por: Juan Manuel Velandia Foto tomada de: AMLO Los empresarios más importantes e influyentes del país que integran el Consejo Mexicano de Negocios han logrado durante décadas adaptarse a cualquier gobierno incluso al de Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Méxicano de Negocios Es una organización surgida en 1962, compuesta por 57 empresarias y empresarios que participan en sectores clave de la economía, como construcción, alimentos, finanzas, telecomunicaciones, empresas audiovisuales, transportes, aeropuertos, entre otros. Entre sus integrantes hacen parte pesos pesados capaces de influir en la política económica y política de la región como lo son: Carlos Slim Domit en representación de su padre Carlos Slim Helú propietario de reconocidas empresas como del Grupo Croso conglomerado donde se encuentra Grupo Sanborns, que además de manejar las tiendas y cafeterías del mismo nombre, agrupa a Sears, iShop, DAX y Saks Fifth Avenue; Carso Infraestructura y Construcción, y Elementia y Fortaleza, de materiales para construcción  y América Móvil empresa de telecomunicaciones más grande e importante del país, que maneja marcas como Telcel, Telmex y Claro, su fortuna está valuada  alrededor de 102,000 millones de dólares. German Larrea propietario de Grupo México la principal productora de cobre a nivel mundial, a través de sus filiales Americas Mining Corporation, Southern Copper Corporation y Asarco; en el transporte ferroviario, con Ferromex, Ferrosur, Florida East Coast, Intermodal México y Texas Pacífico; en el negocio de infraestructura y en el del entretenimiento, con las salas de cine Cinemex, su fortuna está valuada alrededor de 34.100 millones de dólares. Alejandro Bailléres, hijo de Alberto Bailléres quien falleció en febrero de 2022, Alejandro se ha encargado de tomar las riendas del Grupo Bal organización conformada por las mineras Peñoles y Fresnillo, unas de las más importantes en la producción de plata a nivel mundial; de las tiendas departamentales palacio de Hierro, de la aseguradora GNP, de la financiera Grupo Profuturo y de la casa de Bolsa Vamex, su fortuna está valuada alrededor de 3.700 millones de dólares. Empresas que hacen parte del Consejo Mexicano de Negocios Fuente: Imagen tomada del Consejo Méxicano de Negocios. Influencia del Consejo Mexicano de Negocios. La corporación junto con sus miembros siempre ha tratado de estar cerca de los gobiernos sin importar la corriente ideológica de estos. Entre alianzas y acuerdos se han posicionado como el eje central en la toma de las grandes decisiones del país. Para los gobiernos es importante contar con la bendición de los super poderosos empresarios en su gestión. Un claro ejemplo es el de Andrés Manuel López Obrador quien en su pasado se destacó en señalar y cuestionar a este selecto grupo de millonarios cuando este era candidato sin embargo al tomar las riendas del país tuvo que construir y mantener una relación de amores y odios para poder ejecutar su anhelada cuarta transformación. Fuente: Imagen tomada de Milenio El vínculo que ha logrado sobrellevar Obrador con los ultra ricos siempre se ha caracterizado por mantenerse en una tensa calma que si bien ha sido significativa y beneficiosa para los sectores públicos y privados. Actualmente AMLO conoce el poder y la influencia que tienen estos ultrarricos, es por esto que, para poder continuar con su proyecto político en estas elecciones es importante contar con una relación fructífera y medianamente estable con el objetivo de beneficiar a su candidata Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Mundo María Corina Machado, reconocida líder opositora de Venezuela, ha convocado a una protesta mundial para el próximo sábado 6 de abril, en respuesta al bloqueo electoral impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Esta acción se realiza en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales Maduro buscará un tercer mandato consecutivo. A través de un mensaje difundido en las redes sociales y acompañado de un video, Machado instó a los venezolanos que residen en el extranjero a unirse a esta manifestación global para alzar la voz contra el bloqueo electoral. La candidata unitaria de la oposición hizo un llamado a la comunidad internacional para que se sume a esta causa en distintas ciudades alrededor del mundo. En sus declaraciones, Machado responsabilizó directamente a Nicolás Maduro por el bloqueo electoral y afirmó que los venezolanos no permitirán que el régimen determine quién será el candidato que lo enfrente en las elecciones. Asimismo, hizo énfasis en la importancia de que los migrantes venezolanos se inscriban en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio, a pesar de los retrasos y obstáculos que han enfrentado en varios países. La ex diputada, quien fue elegida en primarias como candidata de la oposición mayoritaria, no pudo inscribirse para competir en las elecciones debido a una sanción impuesta por la Contraloría, controlada por el régimen, que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta 2036. Ante esta situación, propuso a la filósofa Corina Yoris como su sustituta, aunque tampoco fue admitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de los obstáculos, Machado ha reafirmado su compromiso con la lucha por la democracia en Venezuela y ha manifestado su confianza en que su candidatura o la de su sustituta podrán ser inscritas en los comicios durante el período de sustitución de postulados. Sin embargo, algunos analistas temen que se repita el mismo escenario de bloqueo que impidió la inscripción de Yoris. Indira Urabaneja, analista política y CEO de la ONG Reunificados, la próxima elección presidencial en Venezuela ha captado la atención tanto del pueblo venezolano como de la comunidad internacional. Sin embargo, este evento se ve marcado por la ausencia de candidatas mujeres, siendo las 13 candidaturas registradas todas masculinas. Este hecho, expuesto durante su explicación a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), refleja una realidad que plantea desafíos tanto para la democracia interna como para la representatividad de género en el proceso electoral. Urabaneja resalta la complejidad y polarización del panorama político venezolano, especialmente evidente en la oposición. A pesar de los esfuerzos por presentar una alternativa unificada, esta sigue fragmentada en múltiples facciones, incapaces de llegar a un consenso en torno a una candidatura única. Mientras tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), respaldado por el Gobierno, presenta una candidatura única, lo que refuerza su posición en el escenario político. La situación se complica aún más con la exclusión de María Corina Machado, quien por estar inhabilitada, designa a Corina Lloris como su sustituta. Sin embargo, la coalición opositora que respalda a Machado no logra inscribir a Lloris como candidata ante el Consejo Nacional Electoral, optando en su lugar por postular a Edmundo González bajo la Plataforma Unitaria Democrática. Este incidente subraya las divisiones internas dentro de la oposición y socava sus esfuerzos por presentar una frente unificado. Además, la postulación de Manuel Rosales por parte de Un Nuevo Tiempo añade complejidad al escenario político. Estos acontecimientos generan, según la analista, frustración y descontento entre los venezolanos que buscan unidad en la oposición, lo que podría resultar en altos niveles de abstención en las elecciones si no se resuelve la conflictividad interna antes del 28 de julio. A pesar de estos desafíos, aún existe la posibilidad de que algunos candidatos declinen sus postulaciones, lo que podría reducir el número de candidatos y permitir una mayor unificación dentro de la oposición para competir efectivamente contra Maduro en las urnas. En este contexto, la convocatoria a la protesta mundial del próximo sábado adquiere un significado crucial, pues representa una oportunidad para denunciar internacionalmente las prácticas antidemocráticas del régimen venezolano y para exigir elecciones libres y justas en el país. Se espera que esta movilización, respaldada por importantes sectores de la sociedad venezolana y por la comunidad internacional, contribuya a aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro y a visibilizar la lucha del pueblo venezolano por recuperar su libertad y su derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes. Indira Urabaneja, analista política y CEO de la ONG Reunificados, explicó a Pares que la protesta liderada por Machado se basa en sus denuncias de inhabilitación y falta de participación en el proceso electoral, atribuidas al Gobierno venezolano. Este acto, según Urabaneja, busca principalmente llamar la atención de la comunidad internacional y de la opinión pública global. Sin embargo, en el ámbito interno, estas acciones tienen poco impacto debido a que la dinámica política está principalmente enfocada en los problemas cotidianos y electorales del país. La estrategia de Machado apunta a generar presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para flexibilizar su inhabilitación. No obstante, su exclusión del proceso electoral se basa en la legislación venezolana, lo que dificulta que la opinión pública internacional influya directamente en la situación. Más allá de llamar la atención, es poco probable que estas acciones tengan un efecto significativo en la vida política interna de Venezuela. Urabaneja expresó su creencia en los procesos democráticos abiertos durante un análisis sobre el bloqueo electoral en Venezuela. Se denuncia que Nicolás Maduro ha impuesto un bloqueo electoral en el país, evidenciando un juego de poder donde cada sector despliega sus estrategias. La oposición, que hoy denuncia las irregularidades del Gobierno de Maduro, anteriormente estuvo alineada con Juan Guaidó y solicitó sanciones e incluso la colocación de precios en las cabezas de jerarcas gubernamentales. Este juego peligroso ha provocado una respuesta por parte del gobierno, que también despliega sus estrategias para asegurar su posición. La interrogante central es si realmente existen restricciones a la participación. Urabaneja, con su conocimiento del tema y su perspectiva como venezolana, señala que las restricciones actuales, como el caso de la sustituta de María Corina Machado, Corina Lloris, están más relacionadas con problemas de unidad e intereses dentro de la oposición que con acciones directas del gobierno. Sin embargo, Urabaneja reconoce que el gobierno se beneficia de esta situación y la aprovecha para reforzar su posición, aplicando la máxima de que el fin justifica los medios. En este contexto, se cuestiona si estas acciones son beneficiosas para el juego democrático. La analista sostiene que tanto la oposición como el gobierno han fallado en jugar el juego democrático correctamente. Según la analista, la reacción del gobierno se debe a una política extraviada de la oposición, que ha permitido la intervención extranjera y ha impuesto sanciones que afectan principalmente a la población venezolana, sin incidir significativamente en la vida de las figuras gubernamentales. Estas sanciones, en última instancia, perjudican al país en su conjunto. A propósito de este tema, espere pronto el informe que sacará la Fundación Pares, a través de su Línea Democracia y Gobernabilidad, titulado "Clanes Políticos en Venezuela: El Grupo Político de Diosdado Cabello y los Hermanos Rodríguez". Este estudio ofrece una mirada sin filtros sobre cómo se desenvuelven los entresijos del poder en medio de la compleja situación política que enfrenta Venezuela bajo el Gobierno de Maduro. A pesar de la evidente falta de apoyo popular, como lo demuestran los millones de venezolanos que han abandonado el país en busca de oportunidades en el extranjero, Maduro ha logrado mantenerse en el poder. ¿Cómo lo ha logrado? La respuesta se encuentra en este informe de la Fundación Pares, donde se revela la influencia crucial de dos clanes políticos: el liderado por Diosdado Cabello y el encabezado por los hermanos Rodríguez. Maduro no solo ha neutralizado a la oposición mediante maniobras legales cuestionables, sino que también depende en gran medida de estos clanes. El grupo liderado por Diosdado Cabello, con sus conexiones familiares y militares, ha sido fundamental desde los días del fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Por otro lado, Delcy y Jorge Rodríguez han destacado en el ámbito internacional, manejando hábilmente las relaciones diplomáticas del gobierno de Maduro, especialmente en regiones como Medio Oriente. Sin embargo, esta dependencia tiene un costo significativo. Aunque Maduro ha intentado limitar el poder de Cabello, destituyendo a familiares y oficiales militares leales a él, su influencia sigue siendo considerable. Controla sectores clave como la justicia, la rama electoral y el partido de gobierno, el PSUV, donde aún ocupa el cargo de vicepresidente y tiene un papel determinante en la selección de candidatos electorales. Cabello representa una figura autoritaria que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, consideran indispensable para evitar cualquier amenaza de golpe de estado. Incluso a pesar de las discrepancias ideológicas y los escándalos de corrupción que han rodeado a Cabello, el actual presidente de Venezuela ha tenido que aceptar su influencia. Además, el otro clan, liderado por Delcy y Jorge Rodríguez, ha contribuido significativamente al mantenimiento del régimen madurista. Delcy, ex canciller y figura clave en la diplomacia internacional, ha enfrentado sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos debido a sus esfuerzos por legitimar el gobierno de Maduro en el ámbito continental. Su matrimonio con Yussef Abou Nassif Smaili, un influyente empresario venezolano, añade un componente de poder económico a este clan.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol Radio Sobre las 7 de la noche del pasado martes 3 de abril la noticia se extendió en redes sociales. La Superintendencia de Salud tomó la decisión de realizar una intervención administrativa a la EPS Sanitas. La deuda de la EPS a los sistemas públicos ascendía a los 2 billones de pesos. Luis Carlos Leal, Superintendente de salud, afirmaba que se tomó la decisión "evitar el colapso económico al que se dirigía la EPS". Más de cinco millones de colombianas quedaban en el limbo. Las declaraciones iban y venían y nadie parecía entender nada, sobre todo los afiliados. Se hablaba de que la intervención era el principio del fin que la intervención, que duraría un año, era el principio del fin de una de las EPS más usadas por los colombianos. La intervención incluía remover a los directivos y sustituirlos por otros designados por el gobierno. Sanitas había recibido por parte del gobierno nacional entre los años 2019 y 2023 31 billones de pesos. Para la Superintendencia de Salud el nivel de gasto de Sanitas es alto y no entienden por qué se han quedado sin dinero. A pesar de la desinformación en redes sociales se debe aclarar que los usuarios de Sanitas recibirán los servicios en los mismos centros de salud en donde se venían prestando, no se cambiará nada a la hora de recibir sus medicamentos en las droguerías donde los han venido reclamando, todas las citas se mantendrán, al igual que los tratamientos, las hospitalizaciones. El presidente daba el parte de tranquilidad, todo seguiría igual. Mientras tanto los medios se preguntaban ¿Qué iba a pasar con las otras EPS que tienen los números en un rojo más intenso? ¿Está funcionando el sistema de salud? ¿Sanitas presta un buen servicio? ¿Esto era una retaliación de Petro ante un eventual hundimiento de su reforma de salud? ¿Están bien pagos los médicos de esa EPS? Gustavo Petro no es el primer presidente en intervenir una EPS. Iván Duque, incluso, fue más contundente, y en sus cuatro años de gestión liquidó 13 EPS. Y no eran EPS menores. Coomeva, después de ser liquidada, tenía 1.2 millones de afiliados en 24 departamentos del país. Meses previos la EPS fue intervenida por el gobierno. Según información suministrada por Superintendencia bancaria Coomeva tenía, en el momento de su liquidación, pasivos cercanos a los 1.7 billones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1.6 veces sobre el valor activo. Durante tres años Coomeva presentó fallas en la atención a sus afiliados poniéndolos muchas veces en riesgo. En esos tres años esta prestadora de salud recibió 193.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Además, por el creciente volumen de quejas ocupó los primeros lugares entre las 14 EPS del régimen contributivo con más reclamos. La deuda de Coomeva era más alta que la que tiene hoy en día Sanitas y por la que fue intervenida. Otra de las EPS que liquidó el anterior gobierno fue Medimás que tenía 1.5 millones de colombianos afiliados. Las quejas de sus usuarios era algo continuo y llegaron a acumular, sólo en el 2021, 57.653, además de 6.489 tutelas que alertaban sobre la situación de la misma. Medimás tuvo incumplimientos que fueron determinantes para su cierre, como el de no pagar los $640.000 millones de pesos por la pelea que sostuvo con Cafesalud. Otras de las EPS liquidadas por Duque fueron Cafesalud, quien tenía una deuda de 1.800 billones de pesos, Manexca EPS fue otra EPS liquidada en ese gobierno, Comfacor y Cruz Blanca también lo fueron mientras que Comfamiliar Nariño cerró sus puertas de manera voluntaria. El gobierno Duque además ordenó la intervención de las siguientes EPS: Saludvida, Emdisalad, Comfacundi, Comfamiliar, AMBUQ, Comparta, Comfamiliar y Convida. Algunas de ellas entraron finalmente en proceso de liquidación. Sanitas venía presentando problemas desde hace unos años. En el 2023 la Superintendencia de Salud multó a la EPS con $350 millones de pesos por negligencia y no seguir instrucciones durante la pandemia. La preocupación es absoluta entre pacientes que están recibiendo tratamientos tan graves como los enfermos de cáncer que reciben quimioterapia. El gobierno Petro necesita hacer un plan pedagógico para quitarle la angustia a los usuarios que anoche no pudieron dormir por la noticia.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Espectador y Semana Cuando a finales del 2020 Armando Benedetti anunció que se subiría al ya largo tren de Gustavo Petro, dentro de las toldas del petrismo ocurrió algo parecido a un terremoto. Benedetti era el sumun de todo lo que Gustavo Petro decía combatir dentro de la política colombiana. Con su capacidad de cambiar de piel con suma facilidad, había deambulado, no sin escándalos, por las toldas de Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Después de entrar en contradicción con el partido al que pertenecía, el de la U, fue expulsado el 9 de octubre del 2020 y un mes después anunciaba que abrazaba la causa de la Colombia Humana. Meses antes de que se formalizara la creación del Pacto Histórico, miembros de esa coalición criticaban con aspereza la decisión de Petro de aceptar a Benedetti. Incluso, uno de los hombres más cercanos al actual presidente, Gustavo Bolívar, afirmó que tarde o temprano iban a pagar caro el haber aceptado al ex senador. Con Benedetti en el Pacto Histórico se ampliaba aún más el espectro de votantes que necesitaba Petro para ser presidente. Venía de sacar ocho millones de votos en las elecciones del 2018, una cifra histórica para un candidato de izquierda, pero insuficiente para tener la banda presidencial. Con Benedetti en su tren lo podrían lograr. Mientras tanto el político barranquillero creía que podría sacarle a Petro una tajada grande, como la de ser ministro, por ejemplo. El 14 de febrero del 2021, cuando, a través de una reunión hecha por la red social Zoom, se hizo oficial el lanzamiento del Pacto Histórico. Se buscó a una figura de relevancia nacional como Margarita Rosa de Francisco para leer una proclama en donde se dejaba claro cuales serían los principios que abrazaría el Pacto de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Armando Benedetti participó en ese encuentro y se mostró, en su discurso, muy duro contra la clase política a la que él perteneció. La influencia de Benedetti en esa campaña fue innegable. Incluso, su secretaria privada, la joven Laura Sarabia, se convirtió en la mano derecha de Petro en parte por su demoledora capacidad de trabajo. Benedetti además acercó a su cuñado Juan Fernandez -esposo de su hermana Angela – a la campaña de Petro. Creía que con sus dos alfiles tendría asegurada la influencia dentro del gobierno. Laura Sarabia se convirtió en el bastón de Gustavo Petro. Como jefe del gabinete era la mujer del poder. Poco a poco se fueron conociendo más detalles de su vida, de su padre militar, su infancia en una guarnición militar, su paso por la Universidad Nueva Granada, su devoción por la iglesia cristiana y su disciplina espartana. Se levanta todos los días a correr a las cinco de la mañana y desde las seis ya está organizando la apretada agenda del presidente. Benedetti en campaña protagonizó varios escándalos. Uno de ellos fue el haber increpado a Federico Gutiérrez después de un debate presidencial. Incluso algunos medios como El Colombiano se preguntaban si Benedetti no tenía intención de agredir físicamente al actual alcalde de Medellín. Benedetti no lo bajó de “Bobo hijue…” Pero Laura Sarabia poco a poco se fue alejando de su mentor Armando Benedetti a quien le pareció un premio bastante menor la embajada en Venezuela que le dio Petro una vez fue posesionado como presidente el 7 de agosto del 2022. Bastante había crecido desde que entró a su UTL en el 2015 por consejo de una de sus amigas con las que iba cada miércoles a la iglesia Su Presencia en el barrio La Castellana de Bogotá. Ya cada vez menos le contestaba el teléfono. Poco después de los confusos hechos en los que Sarabia fue salpicada después de que su niñera, Marelbys Mesa fuera sometida a una prueba de polígono, luego de que un maletín de la casa de la ex asesora presidencial desapareciera y la empleada fuera señalada como sospechosa, aparecieron unos audios en donde Armando Benedetti le reclamaba a Sarabia por su distanciamiento y le echaba en cara la posición privilegiada que ahora tenía dentro del gobierno. El tono que se escucha de Benedetti es el mismo del que se han quejado los que lo han conocido. A Sarabia le dijo, después de que lo hiciera esperar durante varias horas para hablar con Petro: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no ganan nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura”. La respuesta de Laura Sarabia a la andanada de insultos no pudo ser más sosegada: “La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”. Benedetti sugirió incluso que el presidente Petro consumía drogas y que su campaña había sido financiada ilegalmente. Un abismo se abría entre los dos. Lo cierto es que Benedetti fue borrado del gobierno Petro. Después de haber sido destituido de la embajada en Caracas y de haber sacado en cara el, supuestamente, haber ayudado a conseguir 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial, fue condenado al ostracismo. Mientras tanto Laura Sarabia regresaba al gobierno primero como directora del DAPRE y luego como directora del departamento administrativo de presidencia. A Petro no le importaba que llovieran rayos y centellas sobre esta decisión. A comienzos de febrero Petro le dio a Benedetti un premio de consolación: la embajada de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, una función que cumplía hasta ese momento la embajadora del país en Italia. Benedetti, lejos de estar feliz, escribía en su wasap al periodista Julio Sánchez Cristo, quien daba la primicia sobre el nombramiento: “Aquí solo hay la historia de una traición. Así que deja la película y deja el libreto que te hace Laura. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado nada de todas las inexperiencias”. Era tal la desesperación de Benedetti, la rabia enconada, que, según lo dijo el diario El País de España, sugirió que Julio Sánchez Cristo había leído la noticia “Al dictado de lo que le dijera Laura Sarabia”. Benedetti no está exento de que sobre él caigan sanciones duras. Por sus actuaciones la Corte Suprema lo está investigando y en cualquier momento esta investigación podría pasar a la Fiscalía. Su influencia en el gobierno es nula y es improbable que por los puestos de su cuñado, Juan Fernández y su ex asesora, Laura Sarabia, pueda ejercer alguna influencia sobre el presidente. Al contrario, todas las puertas están cerradas.

Por: Isabela Puyana En el barrio Villa Carolina del municipio de Repelón, un lugar de no más de 50 casas, la empresa Aire canceló el servicio de luz a sus habitantes. Después de los cortes y de la extracción de los contadores de energía, sus habitantes hicieron un paro durante unas horas y obstruyeron el paso de la carretera hacia Barranquilla. Foto tomada de: Código Prensa Las personas aseguraron que les quitaron la energía a causa de una deuda que la comunidad tenía con la empresa y muchos se negaron a pagar porque, aseguraron que el costo de las facturas era excesivo comparado con el servicio que se les había prestado: “La empresa generó facturas a casas que ni siquiera tienen nomenclaturas. A mis vecinos que son un barrio de invasión les pasaron recibos carísimos de 380.000 pesos, 400.000 pesos y ellos no tienen cómo pagarlos”, Asegura Anthuaneth Ospino Solano, lideresa de la comunidad. Anthuaneth Ospino Solano, lideresa de la comunidad del barrio Villa Carolina El alto costo de las tarifas de la energía en el Caribe es un problema que ha sido polémica desde hace unos años, Así lo asegura Norman Alarcón, el presidente de la Liga de Usuarios de Energía de la Costa Caribe Colombiana, quien dio una entrevista para la Revista Cambio en los últimos días a causa de los altos costos de la Energía desde el mes de febrero:“ La nueva situación que está provocando que las tarifas estén por las nubes en la costa son tres aspectos, el primero es la estructura tarifaria que viene desde la ley 142 de 1994 que ha hecho que las tarifas sean muy elevadas porque el artículo 87 plantea que el criterio fundamental para fijar una tasa es la rentabilidad y toda la estructura de la cadena eléctrica en Colombia tiene un 12% de rentabilidad, mientras que en otros países es de un 5% de rentabilidad como máximo”. Otra de las razones que aseguró el entrevistado, por las cuales las tarifas en el Caribe tienen costos tan altos, es porque las pérdidas eléctricas o robos se están cobrando en las facturas y a esto se le suman los saldos tarifarios de la pandemia, es decir, que la cartera vigente que no se cobraba desde el 2020 y 2021 se está cobrando actualmente. Por esta causa el municipio de Repelón no fue el único que se manifestó al respecto en los últimos días. Así lo reportó  el medio Consonante: Los barrios Rodeito y Rancho Luna en San Juan del Cesar también presentaron cortes de energía al ser catalogados como barrios subnormales ante la falta de pagos. La deuda de Rodeito ronda por los 983 millones y la de Rancho Luna es de 1.126 millones de pesos, sin embargo, ni la comunidad, ni la alcaldía aceptan estos cobros y le piden a la empresa Aire negociar por dicho monto. Después del corte del servicio de energía la comunidad retuvo en el barrio un vehículo de la empresa exigiendo que se restablezca el servicio. Cerraron la vía de San Juan al municipio de Fonseca y exigieron un diálogo con la administración municipal por los altos costos de la energía. Un problema recurrente en el Caribe Los barrios más afectados por las altas tarifas reportadas en el Caribe colombiano son los hoy conocidos como “barrios subnormales” puesto que la gran mayoría de las casas no cuentan con medidores que den cuenta de su consumo mensual, así como sucedió en el Barrio Villa Carolina, que a los vecinos de barrios de invasiones les cobran montos injustificados por no tener contadores. El Decreto 4978 de 2007 de la Constitución Política establece que un barrio subnormal es aquel que no cuenta con el servicio público domiciliario de energía eléctrica o que se obtenga a través de derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida. En estos casos no se cuenta con la aprobación del respectivo operador de red. Lo que suele suceder en estos barrios es que, ellos mismos instalan la energía que consumen o de manera independiente contratan a terceros para que esta sea instalada, sin embargo, les llega la factura por precios elevados e imposibles de pagar. Las comunidades hacen un llamado al diálogo con la empresa: “Nosotros lo que le pedimos  al señor alcalde es que nos colabore con un diálogo con ellos. No queremos que nos regalen el servicio en ningún momento, pedimos una negociación. Si ellos quieren entrar al barrio, ahí está la Alcaldía Municipal y la Personería donde se puede hacer la reunión por si ellos tienen miedo”, reportó el medio Consonante. ¿Qué dice la empresa Aire? Ramiro Castilla, Gerente de Aire en el Atlántico asegura que la discusión no es exclusiva de la región Caribe, según él es un tema de todo el país. “El 64% del costo vital de un kilovatio son componentes que no le corresponden a nadie, hoy nosotros hemos levantado la mano y hemos dicho que necesitamos revisar los costos de generación de la energía porque es el valor que finalmente le trasladamos a los usuarios y necesitamos buscar una competitividad eficiente para que podamos llevar un servicio justo a los barrios en temas de costos”. Castillo asegura que, más allá de encontrar una solución sobre las tarifas, también es necesario ver de manera puntual el consumo de energía, ya que las necesidades que tienen los usuarios en el Caribe son completamente diferentes a las necesidades que tienen en el interior: “Un usuario residencial estrato uno en la ciudad de Bogotá usa 100 kilovatios al mes, mientras que un usuario estrato uno en el Caribe consume 250 kilovatios”. Esto sucede porque en el Caribe se necesitan equipos de ventilación y refrigeración que en otras regiones pueden no necesitar  para tener unas condiciones de vida dignas. Ramiro Castilla sumó una reflexión sobre lo que se podría comenzar a hacer para regular las tarifas, sobre todo a comunidades con más necesidades en el Caribe y aseguró que el proyecto de comunidades energéticas con un modelo mixto podría reducir el costo del consumo para las personas que tienen más problemáticas para acceder o pagar la energía.