Texto: Iván Gallo, fotos: Sergio Saavedra Se llama Gonzalo Acevedo, tiene 72 años y su vida cambió en abril del 2003. Ese día fue notificado oficialmente de que la empresa donde trabajó durante 30 años, Telecom, cerraba sus puertas para siempre. Hoy es martes 18 de marzo y un río de gente está entrando a la Plaza de Bolívar. Sindicatos, estudiantes, muchachos, viejos, es difícil encontrar un uniforme, un color definido. Sólo hay un común denominador, las treinta mil personas que caminan desde el parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar creen que en Colombia, históricamente, no existen las condiciones para tener un empleo digno. Esa fue una de las razones por las que eligieron, sin tener una ideología definida, votar por un gobierno que les prometía el cambio. La reforma laboral podía ser la respuesta a un país que, según el DANE, presenta una informalidad del 56%, y en donde sólo 1 de 4 de sus habitantes se pensiona. Por eso Don Gonzalo llevaba una pancarta que recordaba la masacre laboral que constituyó el cierre de Telecom en los años en los que Uribe tenía más del 70 por ciento de popularidad.   Nunca se pudo pensionar, ni él ni otros de sus ex compañeros que han decidido ir y llenar la Plaza de Bolívar en otro día frío de marzo en Bogotá. Al frente de ellos hay una tarima y una pantalla desde donde se transmite, sobre las once de la mañana, una sesión del congreso. La que habla es Esperanza Andrade, miembro de uno de los clanes que se han hecho poderosos en el Huila. Ella es una de las ocho congresistas que decidieron archivar la reforma laboral y no permitir que se discutiera en el senado, ella es una de las razones por las que los colombianos en Barranquilla, Santa Marta, Cali o Medellín decidieron salir a la calle en apoyo al presidente. Cada vez que Andrade daba un argumento por el que había decidido archivar la reforma la gente, en la plaza, bramaba. La llamaba “Mentirosa” y algunos adjetivos que no sería bueno publicar.   fotos: Sergio Saavedra  En los dos años y medio que lleva Petro como presidente jamás había convocado a tal cantidad de gente. Era una prueba de que no se puede confiar en las encuestas ni en los medios tradicionales. Petro está más vivo que nunca. Como asistente a la Plaza de Bolívar me llama la atención que pocos medios oficiales hayan reconocido que el lugar estaba a reventar, que de la carrera séptima hasta la calle 26 en Bogotá estaba completamente congestionado de personas. Sobre el mediodía, sin esperar a que saliera el sol, Petro apareció en la tarima de la Plaza y dio un discurso que duró dos horas.   Él sabía que este 18 de marzo había vuelto a ganar. Era ótra fecha de gloria, como lo fue el balconazo con el que resistió la embestida del procurador Ordoñez mientras fue alcalde de Bogotá o como ese 20 de junio del 2022 cuando le ganó la segunda vuelta de las presidenciales a Rodolfo Hernández. La calle volvía a ser suya. Por eso no dudó en afirmar que “empieza la consulta popular” A su lado un símbolo de su lucha, María José Pizarro, la hija del comandante de la guerrilla de la que él alguna vez hizo parte, la mujer que le entregó la banda presidencial el 7 de agosto del 2022. La Pizarro llevaba una camiseta que decía “Arriba los de abajo”. Los que estaban abajo de la tarima guardaban en silencio. Algunos se emocionaban hasta las lágrimas. Había una especie de electricidad en el aire. Una atmósfera. Alguna vez Hegel afirmó que había visto como Napoleón se había convertido, al menos por un momento, en la encarnación de un espíritu, de una idea de pueblo. Por unos segundos pasó eso en la Plaza de Bolívar. Olvidamos, por un momento, la sucesión de errores que ha convertido este gobierno en un caos, con episodios tan penosos como el consejo de ministros televisado, el protagonismo de personajes tan lejanos al progresismo como Laura Sarabia o el impresentable Armando Benedetti, por un momento olvidamos todo simplemente porque el pueblo creía lo que había visto: una marcha de un orden impresionante, en donde se bailó, se gritaron proclamas y se condenó a una clase dirigente que ha convertido en un lujo tener un trabajo digno en Colombia.   La alcaldía de Bogotá, a esa misma hora, denunciaba la quema de unos SITP y daños a estaciones de Transmilenio. Acompañando esta marcha durante tantas horas, recorriéndola es factible creer que otra vez los infiltrados de siempre cumplieron su tarea. Los medios minimizaron al máximo una manifestación que recordó la del 5 de octubre del 2016 cuando miles de colombianos salieron a las calles a apoyar el plebiscito de paz del gobierno Santos y las FARC. Porque más allá de que fuera el gobierno Petro el que convocara era claro que la gente en Colombia está cansada de la injusticia laboral. Hay que sacudir el sistema. Sobre las dos de la tarde la marcha empezaba a disolverse. Los vendedores de banderitas de Colombia a cinco mil pesos y los que ofrecían la biografía de Petro edición pirata a veintiocho mil hicieron lo de la semana. Patricia Ariza, ex ministra de cultura de este gobierno y quien tuvo una relación difícil con el presidente lideró la marcha del colectivo de sobrevivientes de la Unión Patriótica. Cansada, caminó unos pasos hacia el colegio San Bartolomé y se sentó en la acera. Algunos la reconocían y le daban las gracias. Uno de ellos fue don Gonzalo Acevedo quien le agradeció los años de lucha haciendo teatro y desde las toldas de la UP. “Todos ellos sumaron -me dijo Don Gonzalo, preocupado porque la lluvia caería en cualquier momento sobre Bogotá- todos ellos se opusieron a una idea que terminó siendo una realidad, la de un gobierno neoliberal que terminaría arrasando con las empresas estatales. A nosotros no nos indemnizaron bien” decía con encono y cansancio. La vejez ya era más dura que la indignación.   En las noticias pasaban la última victoria del Atlético Nacional, los avances del metro de Galán y la nueva motosierra de Milei. No había espacio para mostrar el río humano que se movió esta mañana por Bogotá.   Fotos: Sergio Saavedra

Por: Redacción Pares El 18 de marzo, sobre el mediodía, la plaza de Bolívar estaba a reventar. Miles de entusiastas del presidente y sus reformas exigían a los ocho senadores que decidieron archivar la laboral que escucharan al pueblo, las cifras que daba el DANE sobre informalidad laboral, de un 56% y la contundencia de algunos números: de cada cuatro colombianos sólo uno se puede pensionar. Adentro en el congreso, específicamente en la comisión séptima, terminó la sesión en donde definitivamente se hundió la reforma la laboral. Inmediatamente sucedió esto el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, empezó a insultar al senador Alirio Barrera. El video se volvió viral. Entre las recriminaciones Mondragón afirmaba que no tenía cerebro para debatir “usted no dijo nada” le gritaba el del Pacto Histórico ante las pocas razones que esgrimió el uribista para hundir la reforma. Uno de los insultos que más fuerte se escuchó fue el de acusar a Barrera y a su partido de ser “Masacradores laborales”.   Alirio Barrera, en sus dos años que lleva como senador del Centro Democrático ha aparecido en medios más por sus escándalos que por el rigor de su UTL a la hora de pasar propuestas para ayudar a volver este país más próspero. El 26 de septiembre del 2022 su nombre apareció en todos los titulares del país. Después de que el entonces presidente del senado, Roy Barreras, afirmara que el congreso era un lugar “amigable con las mascotas” Barrera dio un golpe publicitario, llevó su caballo de paso fino. Mientras los medios le ponían el micrófono para que hablara el senador uribista decía que buscaba que lo dejaran entrar al recinto con el equino y que con este performance lo que pretendía Barrera era dejar claro que no se podían prohibir en Colombia los coleos, las cabalgatas, ni los toros. Unas semanas después Pasaporte, como se llamaba su caballo favorito, murió en su finca en Casanare. Aunque la causa de la muerte fue la picadura de una serpiente se especuló con que el traslado a Bogotá y la exposición mediática habría afectado el estado de salud del animal.   Casanare es la casa de Alirio Barrera. Fue en el 2020, gracias a Tomás Uribe, a quien le preguntaron si tenía intenciones presidenciales en las elecciones del 2022 fue enfático en decir que no, que el ungido sería Josué Alirio Barrera Rodríguez. Lo que afirmaba el hijo del expresidente era que tenía una historia suficientemente atractiva como para la gente no sintiera empatía. Nacido en 1977 en la vereda Monteralo del municipio de Aguazul, era el septimo de trece hijos de una familia de campesinos. Tomás Uribe contaba que Alirio, de joven, tuvo que vender melcochas para pagar su colegio, que su familia fue desplazada por la violencia cuando él tenía 17 años, dejaron todo para irse vivir a Yopal, que hipotecó la casita que tenía para comprar dos caballos y dedicarse a amansarlos,  con ellos llegó a una exposición equina en el 2009. El lugar era la sede de la Fuerza Aérea en Bogotá. El invitado de honor era el entonces presidente Uribe quien quedó prendado de Barrera al verlo cabalgar. Desde entonces Barrera se acercó a la familia presidencial y se convirtió en amansador de algunos caballos que tenía Uribe en su finca el Ubérrimo. Tomás contó con admiración como su papá le entregó en el 2015 el aval para que fuera candidato a la gobernación del Casanare del Centro Democrático. Ganó las elecciones y, según el uribismo, su gestión fue un éxito.   Alirio Barrera aún no ha sido presidente. Si fue senador en el 2022. Es una de las grandes figuras del uribismo de cara al futuro. Por ahora está cumpliendo su cometido. Fue uno de los ocho senadores que hundieron la reforma laboral que era tan necesaria del país. No es el mejor senador a la hora de debatir pero tiene dos cualidades que Uribe valora más que la inteligencia: es leal y disciplinado. Es un uribista pura sangre.

Por: Redacción Pares Antes de la reforma de Álvaro Uribe la ley estipulaba que desde las 6 de la mañana hasta las seis de la tarde era considerada una jornada de trabajo como diurno. Esta ley estaba desde 1950 y estipulaba que la jornada nocturna iría desde las 10 de la noche hasta las seis de la mañana. La ley 789 del 2002, promovida por el gobierno Uribe lo cambió todo. La jornada diurna iría desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se eliminaban de tajo el pago de las horas extras. La excusa era que había que combatir un desempleo que estaba en el 16% y esto serviría para atenuarlo. Las metas del gobierno contemplaban un aumento de 60 mil puestos de trabajo. La tragedia sobrevendría para la gente que trabajaba en horario nocturno ya que dejaron de percibir un recargo nocturno equivalente del 35%.   Según un artículo de Las 2 orillas titulado “La reforma laboral de Uribe lleva jodiendo a los trabajadores colombianos los últimos 20 años” se explica de qué manera esta medida del ex presidente hundía a los trabajadores y beneficiaba a los empresarios:   “El trabajador debió sacrificar el 66,6 % del valor total que por el dominical percibía antes de la reforma.  Así, de no existir la reforma, este trabajador recibiría $14.457 adicionales al valor de su día ordinario de trabajo. Al desaparecer todo tipo de recargo, el impacto negativo para el trabajador es doble: se limita a recibir sólo el valor de un día ordinario de trabajo, además que no goza del derecho al día compensatorio, dejando de percibir un 33,3 % en dinero y otro 33,3 % en especie. Las mismas implicaciones tiene para el trabajador la ampliación de la jornada de 6 horas diarias y 36 semanales. Esta modalidad ya existente para actividades iniciadas a partir de la Ley 50 de 1990, fue extendida por la Ley 789 de 2002, sin distinción de antigüedad, a todas las empresas que laboran sin solución de continuidad y a todos los días de la semana. Según el OMTSS, durante el segundo semestre de 2003 solamente 62.000 asalariados del sector privado urbano trabajaron 36 horas semanales (1,3% del total), y no de todos ellos se tiene la certeza de que hayan sido vinculados bajo la modalidad de turnos continuos de 6 horas diarias”. Los horarios actuales de la jornada laboral, que quedaron en el 2017, jamás volvió al horario diurno original, el de 1950. Quedó fue de 6 de la mañana a nueve de la noche. Otro de los cambios que trajo la reforma de Uribe fue la disminución de los recargos dominicales y festivos, que pasaron de remunerarse con un cargo extra del 100 por ciento al 75 por ciento. Los ocho congresistas que están buscando hundir la reforma laboral sin que esta pase por un debate en el congreso tienen algo en común, sus profundas raíces uribistas. Uribe sólo está enfocado, desde hace meses, en hacerle campaña contra una reforma que beneficia a los trabajadores y afecta a los empresarios. Esa es la razón del encono contra la reforma que acabaría con una ley que ayudó a que los ricos en este país fueran más ricos y los pobres más pobres.

Por: Guillermo Linero En su libro, Cómo Nace el Derecho, el jurista italiano Francesco Carnelutti explica con una prosa afable y apta para todos los públicos, la seriedad e importancia de hacer las leyes. En el mentado libro, compara ese oficio de hacer las leyes con el de un humilde constructor que, ladrillo tras ladrillo, erige un inmenso edificio. En efecto, los legisladores han de forjar, ley tras ley, el “gran edificio de la justicia social”. La justicia social, que no tiene otro propósito, cualquiera sea el tinte político de los legisladores y de los gobernantes, distinto a la protección de los derechos de los pobres y a crear políticas -precisamente leyes- para el desarrollo económico y equitativo de la sociedad entera. En tal sentido, los legisladores están obligados única y estrictamente a viabilizar las reformas que aseguren dicha equidad y no para obstaculizarlas. Empero, siendo la justicia tan amplia y universal, apenas hacemos uso de ella por medio del cerrado sistema del derecho- que en la gran ciudad de la justicia -para seguir el imaginario de Carnelutti- ocupa solo un edificio, el derecho, y un solo lugar, el Congreso, donde nacen las leyes que le dan forma, por ejemplo, al sistema de derecho colombiano. Una institución, la del Congreso, que de estar integrada por juristas y no por políticos (pues la mayor parte de estos últimos aspiran a ser, o lo son, jerarcas, emperadores, reyes y dictadores), y de no estar ocupada por quienes prefieren lo caótico, otros serían nuestros modos y maneras, y no estaríamos embelesados por las premisas de la “cultura traqueta” tales como: “el que reza empata”, de nuestra costumbre religiosa; “la gente de bien es la poseedora de bienes” de nuestra tradición moral y; “no es tan malo robar al estado”, de nuestra conducta cívica. Por tal razón, en Colombia, como en la mayor parte de los estados civilizados (no importa si ruines o bárbaros, sino los que siguen la noción de una civis), están llamados a fabricar las leyes quienes hayan sido elegidos popularmente, y no es requisito para ello que sean abogados o juristas. Así de claro lo explica el mentado profesor italiano: “Si los juristas son los obreros calificados del derecho, no todo en derecho es obra de ellos…. Las leyes, pues, están hechas, si no precisamente solo, por lo menos también por hombres que no han aprendido a hacerlas”. No obstante, es el derecho el método formativo más eficiente cuando se trata de progresar como grupo o como sociedad. Por esa importancia del derecho, las leyes han de crearse con la seriedad que se toma un constructor cuando, ladrillo tras ladrillo, forja un gran edificio que de caerse moriría mucha gente. En consideración a ello, no podemos esperar de quienes hacen las leyes nada distinto a un talante fabril especial, a una formación cognitiva mínimamente garante de nuestra seguridad y progreso, y que estén nutridos de correcta moral y de buenas costumbres; que tengan de rigor el cumplimiento de la ética y de la cívica, en fin, que entiendan, más por sentido común y por estar desprendidos de religiones e ideologías, cómo entre los mismos miembros de una especie no es connatural auto aniquilarse. Ya es hora de decirle adiós al temible hombre lobo de Hobbes. En los tiempos del siglo XXI, el siglo de los derechos colectivos y medioambientales, hay que vencer la incultura política y reconstruir, no en términos utópicos sino esperanzadores, la realidad de un futuro inmediato en el cual sea posible trabajar, festejar, jugar, disputar…, en sana convivencia. Con todo, valga decir que eso solamente ocurriría si al Congreso integrado por no juristas, un día empiezan a llegar personas, sino doctos en leyes, al menos con talante cívico y mediana escolaridad. En este contexto de iletrados, es natural que algunos senadores no puedan visualizar, por ejemplo, los efectos futuros de la reforma laboral. Si no saben poner en práctica el principio teleológico del derecho, no entenderán que si los trabajadores recibieran mejores sueldos crecería el consumo y por efecto infalible crecerían también las utilidades de los empleadores que surten las necesidades del consumo. Desafortunadamente, en las sociedades gobernadas por regímenes deshumanizados, cambiar en favor de todos resulta difícil y, cuando esta visión trasciende al ciudadano corriente y se vuelve común entre quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes y fabricar el derecho, entonces comienza el reinado de la mediana escolaridad, como es el caso de algunos senadores y representantes a la Cámara que han llegado allí por cuenta de las armas o el dinero, e incluso con sospechosos títulos universitarios. Por eso produce indignación que a 40 millones de colombianos -buena parte de ellos sin educación académica ni estabilidad económica- les dañen la posibilidad de su progreso social y familiar, seres como los ocho senadores que, desprovistos de talante ético y moral, hundieron la reforma laboral.

Por: Isabela Puyana Laura Peña Peláez es una mujer que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC apostó por transformar un territorio como Puerto Asís en el Putumayo. Según un informe de la FIP sobre Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Puerto Asís en el 2029, Puerto Asís es un municipio emblemático a nivel nacional por el desarrollo del conflicto armado en la región del Bajo Putumayo, el arraigo de la economía cocalera y la presencia de diversos grupos armados que han generado fuertes impactos humanitarios.   Con el inicio y desarrollo de los diálogos de paz en La Habana, se dio un desescalamiento de las acciones armadas entre 2015 y 2016. Diferentes dinámicas de violencia en la región se transformaron con la firma y el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Aunque la desmovilización de las FARC ha sido positiva en términos de desescalamiento del conflicto, se ha generado un clima de incertidumbre entre las comunidades por cuenta de la profundización de algunas violencias, especialmente amenazas y regulaciones sobre la movilidad en zonas rurales. Es justo en ese contexto que Laura, una mujer de Armenia, Quindío llegó hace 12 años motivada por la posibilidad de generar cambios a través del trabajo comunitario y el cuidado de la naturaleza. “Desde que llegué a Puerto Asís me he dedicado a emprender en el tema turístico, sobre todo adelantando proyectos comunitarios, construyendo un tejido social, todo esto en la Vereda Playa Rica. Cuando llegué a esta vereda me abrumó el tamaño, el color y la riqueza de los ríos, sabía que el cuidado de las personas también depende del cuidado de esas corrientes”. Laura ha trabajado desde la Vereda Playa Rica, ubicada a 20 minutos de Puerto Asís en el Putumayo, donde vive una comunidad de pescadores que se ha comprometido durante años con el cuidado del medio ambiente: “Se dedican a pescar, sembrar árboles, proteger las semillas que alimentan a los peces y cuidar las especies”, dice Helena Toro, lideresa y representante de la comunidad. Playa Rica-Foto Laura Peña También hace parte de la Asociación ASOOPAP, esta es una Asociación de pescadores artesanales y productores agropecuarios en la que han trazado gracias al trabajo y guía de Laura cuatro líneas de acción: La pesca artesanal, la agricultura y el cultivo tradicional, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y el turismo de naturaleza comunitario. Según Laura, es a partir de estas líneas que es posible establecer reglas claras sobre cómo se desempeña cada trabajo para no generar impactos irreversibles a las especies y a las aguas. En el departamento del Putumayo y en especial en Puerto Asís, Laura se ha dedicado a ser guía profesional de turismo. Es la fundadora de la Agencia de Viajes y Operador Turístico Putumayo Tours que trabaja de manera comunitaria con habitantes de la zona para aprender sobre sus costumbres y para enseñar a los turistas a cuidar del ecosistema.  “Nosotros vivimos en una comunidad en Playa Rica ribereña. Vivimos a orillas del río Putumayo. El río Putumayo es nuestra columna vertebral desde la comunidad, pues se convierte en nuestro medio de vida desde la pesca, el recurso del agua del medio ambiente y también la carretera y el local de acceso para llegar a cualquier lugar: para ir al pueblo, para tener todos los servicios que necesitamos, como la salud, las compras y la educación”. Playa Rica-Foto Laura Peña Hoy Laura y la comunidad de Playa Rica son beneficiarios de del programa “Descarbonización del Amazonas” impulsado por Pares, la Fundación TEJ, el Centro de pensamiento de Transición Energética y Open Society, por el que recibirán una lancha con la cual se pueda hacer la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial incorporando paneles solares. Gracias a este proyecto, se busca disminuir la contaminación del agua, por la sustitución del combustible Diesel. También hacen parte de las escuelas TRANSFORMATEJ en las que se lleva conocimiento sobre bases conceptuales de la transición energética a las poblaciones. Laura asegura que las Escuelas pueden ayudar a inspirar nuevas alternativas de vida para generaciones futuras y que han alentado a la comunidad: “Nosotros en Playa Rica tenemos acceso limitado a la energía eléctrica, ya que sólo se vive con algunos paneles solares y empezar a tener estos espacios de la escuela de Transición Energética Justa tiene unos efectos muy importantes en la comunidad. Sin energías renovables en un futuro, no habrá turismo. Primero es poder capacitar, informar y dialogar sobre estos nuevos procesos. Ese es un punto muy ganador de estas escuelas y la transmisión de este conocimiento”. Laura Peña, quien viene trabajando como líder y fomenta el fortalecimiento de los lazos comunitarios afirma que estas iniciativas, que además se construyen con personas del territorio, ya que las clases las dictan profesores de la zona, son esenciales para fortalecer procesos comunitarios. Playa Rica-Foto Laura Peña “A nosotros la TRANSFORMATEJ nos está enseñando esas nuevas formas de la energía, de acceder al recurso, pero que, en este proceso de querer y necesitar la energía eléctrica, podemos tomar mejores decisiones a través de una transición, que sea más amigable más amistosa con nuestra naturaleza, nuestra casa, nuestro hogar, que es precisamente la selva y este paisaje amazónico”. Laura le apostó a vivir a Puerto Asís, no sólo porque cree en la paz, sino también por el amor a la vida y el cuidado de la biodiversidad coincide que la transición energética justa debe llegar a todos lados. “Creo que todas las áreas rurales de nuestra región necesitan saber y conocer estas alternativas de adaptación. Llegar a la selva, al territorio, a la llanura amazónica que es donde nosotros estamos. Las energías limpias renovables de una transición más amigable y que tenga un efecto más duradero deberían ser una opción para todos y sobre todo para la calidad de vida de las comunidades”.

Por: Redacción Pares El 19 de marzo del 2020 el mundo sólo estaba enfrascado en un sólo tema: la pandemia. Súbitamente había dejado de ser un tema aislado, restringido sólo para la sección internacional de las noticias. El virus Covid 19 había llegado al país y se empezaban a tomar medidas. Ese día, para cientos de personas en el Putumayo, todo se nubló. Marco Rivadeneira, histórico lider social que se encargaba de promover las bondades que tendría la sustitución de cultivos en ese departamento.   Rivadeneira fue presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís Putumayo (ASOPUERTOASIS). También integraba el Comité Nacional de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coerupa). Asimismo, el líder social pertenecía al Congreso de los Pueblos, quienes manifestaron su repudio. Señalaron desde su cuenta en la red social Twitter: “Compañero Marcos las balas te arrebataron la vida, pero tus sueños seguirán dejando tu huella y legado por un país para la vida digna.”   Marco había avanzado más que nadie en su territorio para apuntarle a la sustitución de cultivos. El Putumayo es una de las zonas del país más afectada por la utilización de la hoja de coca como ingrediente para una de las drogas con mayores indices de adicción y destrucción en el mundo, la cocaína. Uno de los acuerdos a los que se llegaron con las FARC en el proceso de negociación fue la de sustitución de estos cultivos. Rivadeneira a través de la organización que presidía, ASO-PUERTOASIS, llegó a un acuerdo el 6 de agosto del 2019 con el ministerio del interior para crear otras alternativas paralelas al cultivo de la hoja de coca. La erradicación forzada no era una solución. Sabía la complejidad que traía esto a un departamento con la alta influencia que tenían los grupos armados alli.   La última aparición pública de Marco Rivadaneira fue el 3 de marzo del 2019, en una reunión convocada por la Mesa por la Vida que se efectuó en Puerto Asis, que tenía el respaldo de la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión de la verdad. Allí líderes como Rivadaneira expresaron el miedo causado por las amenazas de muerte, por el acoso constante de los grupos armados hacia ellos y su labor. Marco tenía razón. Dos semanas después lo asesinaron. Su muerte no pudo ser llorada ni tener la repercusión que tendría el asesinato de un líder de su arrojo y valentía, la cuarentena asumida para contrarrestar la pandemia, nos encerró a todos y ni siquiera nos permitió llorar a uno de los hombres que más luchó por la transición a otros cultivos en el Putumayo y dejar a un lado la coca sin mayores traumatismos. Por eso su recuerdo y legado están vivo cinco años después de su muerte.

Por: Redacción Pares   La única lucha efectiva contra la pobreza es poder articular la triada que compone a una democracia: el Estado, la Sociedad Civil y la empresa. La pluralidad de realidades de la población está representada en la sociedad civil, es quien debe exigir al Estado que rinda cuentas de sus deberes, su participación activa garantiza la resolución de problemas de una sociedad concreta y mejora la calidad de sus servicios. En Colombia esa triada no está lo suficientemente bien conformada como para no tener los problemas sociales que padecemos. Por eso nace Ranquin social, como prueba de que la sociedad civil sigue viva y fuerte en Colombia.   Desde este principio de año azaroso se empezaron a expresar preocupaciones sobre la subsistencia de las organizaciones sociales en el país por la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la ayuda que se entrega a Colombia por medio de USAID. Se había creado un lazo muy fuerte entre esta agencia de cooperación y la sociedad civil. Pero, en una sociedad líquida, todo se transforma, sobre todo las ONG. Por eso, Pares e Isópolis, apoyadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, Capitol y la EAFIT, idearon el Ranquin social en Colombia. El objetivo es visibilizar el mundo social con el sector privado y estatal quienes podrían entender como el sector social puede traer mayores prácticas para que sus proyectos sean más sustentables y sostenibles. Lo que se busca es visibilzar el trabajo en diferentes secotres, desde las comunidades y comunidades de base.   Tal y como lo dijo León Valencia, fundador y director de la fundación Paz y Reconciliación, en el país existen 212 mil organizaciones sociales. Ranquin Social puede ser el puente que necesita la sociedad civil para trabajar de la mano de las empresas privadas y del mismo estado. La salida de USAID de Colombia podría ser la oportunidad para modernizar el sector social. Así como sindicatos como Asocaña o la Federación Nacional de Cafeteros han enfocado parte de sus recursos para mejorar las regiones donde se explotan sus recursos, Ranquin Social podría lograr algo histórico: que las mineras y las petroleras empiezan a destinar parte de sus ganancias en las regiones, en la creación de escuelas, de carreteras, de un mejoramiento del capital social.   Con base en decisiones basadas en datos, el Ranquin Social medirá y visibilizará la influencia de las organizaciones sociales. Por eso, en octubre del 2025, se hará una ceremonia de premiación de las ONG que puedan lograr sus objetivos.   Cuando se cierra una puerta se pueden abrir otras y esto es lo que se ofrece a través de Ranquin Social, la posibilidad de que por fin puedan trabajar unidas en Colombia el sector social, el privado y el estatal. El resultado sería el mejoramiento de las condiciones de vida de las regiones más olvidadas del país.

Por: Isabela Puyana El próximo viernes 21 de marzo volverán las clases sobre Transición Energética Justa en Puerto Asís, a través del proceso de formación y fortalecimiento de capacidades: TRANSFORMATEJ y del programa “Descarbonización del Amazonas” impulsado por el Centro de Pensamiento de Transición Energética Justa de la Fundación Pares, Fundación TEJ, y Open Society Foundation, se llevará conocimiento sobre las bases conceptuales de la Transición Energética Justa a comunidades de la zona. Uno de los objetivos de este programa es la entrega de una lancha con la cual se hará la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial incorporando paneles solares. Adicional a esto, la estrategia va de la mano de talleres y dinámicas pedagógicas que le expliquen a la comunidad lo que hay detrás de estos paneles. La primera sesión de TRANSFORMATEJ estuvo a cargo de Marlene Arévalo, quien desde el inicio del proyecto ha sido el enlace territorial de la Fundación Pares con la comunidad de Puerto Asís y los aliados en la zona. Ella hace parte de la Secretaría de Planeación de Desarrollo y Medio Ambiente del municipio como Coordinadora de Turismo y se ha preparado en temas de energías renovables y el cuidado del medio ambiente para capacitar a las comunidades beneficiadas, en este caso a la de Playa Rica. La Vereda de Playa Rica está ubicada a 20 minutos de Puerto Asís. Son 26 familias de la zona que han dependido de los combustibles fósiles para movilizarse por el Río Putumayo y nunca han tenido energía para atender sus principales actividades cotidianas y para llegar a la capital, sin embargo, hoy asumen un reto por el medio ambiente: ellos apuestan por el turismo ecológico y recibir esta lancha y este conocimiento por parte de TRANSFORMATEJ les ha traído esperanza. El primer tema que la comunidad de Playa Rica exploró en los talleres fue sobre la definición de la Transición Energética Justa, las energías renovables y el cuidado del entorno; asimismo, el taller que tendrán el viernes 21 de marzo se centrará en los conceptos legales de la transición energética y las leyes que influyen en la vida cotidiana. Según Marlene Arévalo, quien continuará como tutora, afirma sobre esta metodología: “Se busca que los participantes conozcan las normas y decretos más relevantes en materia de Transición Energética, comprendan sus derechos y obligaciones frente a la legislación y, sobre todo, se sientan empoderados para participar activamente en la construcción de un futuro energético más limpio y justo”.

Por: Paola Marín Molano Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el hallazgo de restos óseos humanos en el Batallón de Logística del Ejército Nacional, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Este sitio, que en el pasado fue sede de la Brigada XX, ha sido señalado como un espacio de detención, tortura y desaparición forzada de militantes e integrantes de partidos de izquierda durante la década de los noventa. La búsqueda en el batallón inició tras las confesiones del sargento José Leonario Dorado Córdoba ante la JEP, quien reconoció su participación en operativos de inteligencia militar que incluyeron seguimiento, tortura y asesinatos de líderes políticos y simpatizantes de movimientos como la Unión Patriótica, el M19 y el EPL. Sin lugar a duda, este hallazgo marca un hito, en los procesos de búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, que, durante décadas, han exigido respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Gracias a la insistencia de organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), se ha logrado visibilizar la importancia de dar continuidad a la búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones militares. Este hallazgo ha generado expectativa frente a otros casos como el de Pedro Julio Movilla Galarcio, militante de izquierda y simpatizante del Partido Comunista Marxista Leninista, quien habría sido desaparecido y enterrado en el batallón en 1993. Sus familiares, junto con las organizaciones mencionadas, han insistido en la necesidad de continuar las excavaciones, pues existen indicios de que podrían encontrarse más cuerpos en la zona. El Caso de Pedro Julio Movilla Galarcio: Una Lucha por la Verdad y la Justicia Pedro Julio Movilla Galarcio fue un líder social y sindicalista, vinculado al Partido Comunista PCCML. Nacido en Montería, Córdoba, desde joven se involucró en movimientos estudiantiles y en la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que lo convirtió en blanco de la persecución estatal. Su familia sufrió dos desplazamientos forzados debido a las amenazas y el hostigamiento constante, primero de Montería a Medellín y posteriormente a Bogotá. Fue en esta última ciudad donde, en 1993, Movilla fue víctima de desaparición forzada cuando dejó a su hija en el colegio John F. Kennedy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 2022 la responsabilidad del Estado colombiano en su desaparición, señalando que la familia fue revictimizada al negársele el acceso a la justicia, incluso cuando su esposa presentó un habeas corpus que fue rechazado. (Corte IDH, 2022). Fotografía: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. La sentencia de la CIDH fue un paso fundamental para reconocer la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla como un crimen de Estado. En ella, se estableció que las fuerzas de seguridad colombianas realizaron labores de inteligencia sobre él y su familia, lo que evidencia una estrategia de persecución y eliminación de opositores políticos. Además, el fallo ordenó al Estado la entrega de la información recolectada sobre Movilla y la eliminación de cualquier referencia que lo catalogara como "enemigo interno", una práctica utilizada para justificar la represión contra militantes de izquierda y líderes sociales. Y también resalto el papel fundamental de las mujeres buscadoras, como su esposa, quien ha liderado incansablemente la lucha por la verdad y la memoria de su esposo, una lucha que comparte con muchas otras familias de desaparecidos en Colombia. La desaparición forzada ha sido un flagelo persistente en Colombia, según la Unidad para las Víctimas hay al menos 200.884 víctimas de desaparición forzada. (Unidad para las víctimas, 2025) Y de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto, hay más de 80.000 casos documentados. (Centro Nacional de Memoria Historica, 2025) José Movilla, hijo de Pedro Julio y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha continuado exigiendo justicia y verdad para su padre y miles de desaparecidos. Para las víctimas y sus familias, el Estado debe asumir su responsabilidad no solo en la búsqueda de los desaparecidos, sino también en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los perpetradores y su judicialización. La impunidad ha sido una constante, y el acceso a la verdad sigue siendo una lucha desigual para quienes han padecido estas violaciones a los derechos humanos. (CAJAR, 2025). Finalmente, el papel de la JEP en este caso es clave, la implementación de medidas cautelares, como la que permitió intervenir en el Batallón de Logística del Ejército, responde al mandato de justicia transicional que busca garantizar el derecho a la verdad y la reparación para las víctimas. Además, la colaboración entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas demuestra que es posible avanzar en investigaciones concretas, siempre y cuando exista voluntad institucional y presión por parte de la sociedad civil. Este hallazgo ha reavivado la esperanza de las familias de los desaparecidos, incluyendo la de Pedro Julio Movilla. Aunque aún no se ha confirmado su paradero, este hallazgo representa un avance en la lucha contra la impunidad y un reconocimiento a la persistencia de las víctimas en su búsqueda. Referencias CAJAR. (2025). Familiares de Pedro Julio Movilla manifiestan que continúan en acciones de búsqueda de su ser querido . Obtenido de https://www.colectivodeabogados.org/familiares-de-pedro-julio-movilla-manifiestan-que-continuan-en-acciones-de-busqueda-de-su-ser-querido/ Centro Nacional de Memoria Historica. (2025). El conflicto en cifras . Obtenido de https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/desaparicion-forzada/ Corte IDH. (2022). CASO MOVILLA GALARCIO Y OTROS VS. COLOMBIA . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/movilla_galarcio_y_otros.pdf Unidad para las víctimas. (2025). Tablero de cifras . Obtenido de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/

Por: Isabela Puyana “El Amazonas es fuente de vida y el pulmón del mundo”, “es una región con gran diversidad, cultura y costumbres”, “la Amazonía significa ecodesarrollo”, “ es sinónimo de vida”. Estas fueron algunas de las frases con las que los asistentes a la primera mesa de diálogo multiactor en Puerto Guzmán definieron su región. El diálogo ocurrió el jueves 20 de marzo en torno al proyecto “Descarbonización del Amazonas” dirigido por Pares, la Fundación Tej, el Centro de pensamiento de Transición Energética y Open Society. Este proyecto, por el cual conversaron distintos sectores del Putumayo, busca entregar lanchas con las cuales se pueda hacer la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial, incorporando paneles solares. También se están implementando jornadas de formación para las comunidades beneficiadas a través de las escuelas TRANSFORMATEJ en las que se lleva conocimientos sobre bases conceptuales de la transición energética.   A esta primera mesa de diálogo que tenía el fin de desarrollar el tema de sostenibilidad, asistieron la comunidad beneficiada de la Institución Educativa Rural La Barrialosa de Puerto Guzmán, junto a otros actores del territorio como concejales, un diputado del Putumayo y personal de la Alcaldía Municipal.   En la sesión, dirigida por Nashry Zahgui, director del Centro de Pensamiento de Transición Energética de Pares, en colaboración del Ingeniero Jhon Correa y del enlace territorial de Pares en Putumayo, Henry Vieda, se identificaron los retos y oportunidades que puede tener para la comunidad la entrega de la lancha y la comprensión del uso y mantenimiento de los paneles solares. También se creó un panorama colectivo sobre los recursos técnicos, financieros y sociales del proyecto: “Deseo que este proyecto piloto de un muy buen resultado en nuestro municipio para que así podamos seguir implementando muchos más modelos como este, pero que además este sea el foco para poder mostrar dinámicas de impacto positivo para el medio ambiente”, afirmó Nolver Figueroa Delgado, diputado del Putumayo.

Por: Redacción Pares El 13 de marzo del 2022 Francia Márquez no sólo consolidaba su proyecto político sino que se asomaba como una de las fuerzas alternativas más importantes del país. En la consulta del Pacto Histórico había logrado lo que muchos parecían imposible para una mujer venida del Pacífico profundo, sin una sólida carrera política y llena sólo de ideas y buenas intenciones y no de gamonales o maquinaria, consiguió 785.215 votos. Con este resultado Petro, de cara a la segunda vuelta presidencial, tenía el panorama claro, ella sería su fórmula vicepresidencial. Bastante se había especulado con el nombre que lo acompañaría en las elecciones. Se alcanzó a buscar a alguien del establecimiento con ascendencia progresista como era el caso de María Emma Mejía, pero Francia no suscitaba ningún tipo de rechazo. Su vida era un ejemplo, casi una película de motivación.   Desde los 15 años se dedicó a defender causas ambientales. En su pueblo, La Toma, el río era sagrado y una multinacional minera había querido desviarlo para favorecer sus propios intereses. Francia su opuso y movilizó a su comunidad. Logró, siendo David, poder arrodillar a Goliath. Desde entonces tuvo que soportar presiones de grupos armados, amenazas a las que se opuso con la firmeza que ha sido su marca y que le granjeado admiración y enemistades. Francia pudo movilizar a la gente en el Pacífico para que votaran por una idea de cambio. El trabajo que hizo con grupos de mujeres desde wasap fue ejemplar. El día de las votaciones de consulta personas en pueblos que están alejados de los centros de votación por el agua y el olvido, se movilizaban masivamente en lanchas, en todo lo que flotara.   Su movimiento político se llamaba, hasta el 20 de marzo, Soy porque somos. La primera vez que escuchamos la frase que se constituyó en su partido político fue en julio del 2021. Es que en ese momento se oficializaba que ella sería precandidata del Pacto Histórico. Márquez tomó el micrófono y daría un discurso histórico: “Que viva el pueblo negro, que viva el pueblo indígena, que vivan las mujeres, que vivan los jóvenes, ¡Qué viva Soy porque somos!” La BBC fue de los primeros medios internacionales que se sintieron atraídos hacia este movimiento político. Inmediatamente encontraron sus raíces en la filosofía sudafricana Ubuntu, que, en la interpretación de Márquez, se refiere a “una apuesta de vida que nos enseña a vernos y construirnos en colectivo. A reconocer que soy tanto ustedes son, que nuestra humanidad está entrelazada con la naturaleza, que somos parte de ella y no dueños”.  En algún momento llegamos a creer que Petro sería el primer presidente en tener en cuenta a su vicepresidenta. La creación del ministerio de igualdad materializaba la ilusión de Márquez de no ser simplemente una figura decorativa impuesta por la constitución del 91 y que había tenido efectos negativos con Humberto de la Calle y Samper, ornamentales como Gustavo Bell en tiempos de Pastrana, o focos de odio como sucedió con Martha Lucía Ramírez en el pasado gobierno de Duque. Un ejemplo de cómo presidente y vice pudieron trabajar con eficacia sucedió durante los primeros cuatro años de Juan Manuel Santos con Vargas Lleras, al final la relación igual se rompió.   Pero ser vicepresidente definitivamente constituye recibir el beso de la muerte. Soy porque somos arrancó bien en este gobierno, al menos tenía un ministerio, el de la educación, con uno de sus miembros que posee una hoja de vida que ni siquiera la oposición podría discutir, la de Aurora Vergara. Otros de los integrantes más representativos del partido político de la vicepresidenta son Carlos Rosero, quien terminó siendo el último ministro de la igualdad antes de que este ministerio terminaría condenado a la desaparición. La idea del ministerio de la igualdad terminó sumido en los pantanos de la poca eficacia a la hora de ejecutar presupuesto, y de Dorina Hernández Palomino, quien fue presidenta del partido y representante a la cámara por Bolívar hasta el 2026.   La relación Francia Márquez-Petro se rompió casi que desde el inicio del gobierno. Parecían que ambos tuvieran intenciones y objetivos muy distintos. Francia, por su determinación, empezó a ganarse el adjetivo de “complicada” y además la poca ejecución de la que hacía gala su ministerio de la igualdad terminaron jugándole una mala pasada. En el famoso consejo de ministros televisado de comienzos de febrero no le tembló la voz para criticar en público a Armando Benedetti lo que terminó de romper lo que venía mal.   Y este 20 de marzo la vice recibió la que podría ser considerada como “La estocada final” cuando el consejo de estado decidió anular la personería jurídica de su partido. Así perderá beneficios como la financiación estatal, y la capacidad de otorgar avales en las próximas elecciones. La razón que dieron para esta decisión fue la de doble militancia.   Francia, a sus 42 años, estaba lista para ser una figura en ascenso, una alternativa diferente en la política colombiana. Pero su paso por la vicepresidencia le trajo polémicas innecesarias como la funesta entrevista con Vicky Dávila y su helicóptero y la ninguneada recibida por el presidente Petro que terminó derrumbándole sueños que no sólo necesitaba concretar ella sino Colombia como era el ministerio de la igualdad.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad De la relación rota con el Congreso emerge la apuesta del gobierno: la consulta popular como un “todo o nada” Aunque ya estaba cantado que la reforma laboral se caería, desde que los 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo del proyecto, el golpe simbólico quedó patente tras la votación que se dio en menos de 15 minutos, con un ambiente caldeado por las arengas de los representantes a la cámara del Pacto Histórico que hacían presencia en el recinto y que terminó en roces y gritos entre congresistas, unos llamando a que se medirían las fuerzas en las calles, otros a que la reforma laboral era un asunto irresponsable. La situación terminó por confirmar los temores del gobierno de que existe un bloqueo institucional contra su agenda de reformas. Esta vez, porque ni los llamados a la concertación del bloque de independientes (con la intervención de Jennifer Pedraza) ni los llamados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el país (con las intervenciones de María José Pizarro y los senadores del Pacto Histórico de la Comisión Séptima) fueron suficientes para evitar el archivo. El bloque de congresistas opositores, amparado en la idea de que estaban siendo perseguidos por el gobierno, hablaron de que no había garantías para ninguna negociación. En el aspecto técnico, con un concepto de la ANDI que señalaba cifras catastróficas en caso de aprobarse la reforma laboral, no cedieron ante la declaración de que existía un aval fiscal para que se implementara la reforma. No es para menos. Aunque venía siendo un rumor en los medios, en horas de la noche se confirmó la renuncia de Diego Guevara como ministro de Hacienda. Según La Silla Vacía , la salida de Guevara se dio en un escenario de tensiones con el presidente, especialmente ante la necesidad de recortar presupuesto, luego de que la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal (CARF) indicara que existe una crisis fiscal, ante el déficit en el recaudo de impuestos (que en enero llegó hasta el 12,3%). Con la urgencia del gobierno por ampliar el gasto público para mover proyectos y comenzar a presentar resultados a un año y 5 meses de terminar su mandato, las declaraciones del asesor designado por el MinHacienda para intervenir en la Comisión, Jorge Coronel, de que existía un aval fiscal para la reforma, no generó confianza entre el bloque de 8 senadores que querían el archivo. Que Guevara no estuviera tampoco ayudó. Con la amenaza de este mismo bloque de senadores de tumbar la reforma a la salud, que también fue aprobada en semanas anteriores en plenaria de Cámara y que precisamente pasó a la Comisión Séptima —donde en abril de 2024 también fue tumbada por ese mismo grupo—, las relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso de la República quedaron heridas de muerte. Aunque el gobierno nacional sigue manteniendo sus mayorías en Cámara con el bloque de representantes cercanos que tiene tanto en la bancada de gobierno, como en el Partido Liberal, en el Partido de la U y en el Partido Conservador, es claro que en Senado no tiene la suficiente capacidad para mover sus proyectos. Menos cuando el costo de la transacción —es decir, del costo de las negociaciones y el valor de los intercambios políticos— en el Congreso supera ahora mismo el capital político que el gobierno puede mover allí. Ahora mismo, con la salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno en enero de 2025, el gobierno tiene asegurado por lo menos 52 votos en la plenaria de esa corporación, cuya mayoría sigue siendo frágil y dependiente de negociaciones. Es en ese ambiente donde el gobierno ha hecho una apuesta arriesgada con la consulta popular como propuesta última, para mover los principios fundamentales de las reformas sociales que faltan por pasar o que se han caído en el camino. También es aquí donde el rol de Armando Benedetti adquiere mucho más sentido como ministro del Interior, pues la jugada del gobierno con su nombramiento es que haga viable y disminuya estos costos de transacción política dentro del Congreso, a través del carisma del hoy ministro y de la capacidad que tendría para negociar con muchos de sus excompañeros parlamentarios. Hay buenas razones para ello. Primero, porque ya los partidos han comenzado a poner posturas sobre la consulta popular. Por un lado, según El Tiempo , Cambio Radical y su líder natural, Germán Vargas Lleras, salieron a oponerse a la consulta e indicaron que sea cual sea su contenido, votarán negativo al proyecto. Por otro lado, de manera sorpresiva, tanto los sectores independientes del Partido Alianza Verde como el Centro Democrático señalaron que esperarían a conocer las preguntas para saber cómo iban a votar. Misma posición que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, De la U) que afirmaron que, aunque poseen bloques abiertamente antagónicos entre oficialistas y opositores al gobierno, buscarán sentar posiciones únicas o dejar libre el apoyo o el rechazo a la iniciativa. Siendo así, el gobierno contaría ahora mismo con los mismos 52 votos que tiene asegurados en Senado desde el inicio de la Tercera Legislatura, tal como lo hemos afirmado desde el informe de la Línea de Democracia y gobernabilidad donde hacemos seguimiento a las movidas de poder dentro del Congreso . La labor de Benedetti estaría, en ese sentido, en lograr el apoyo de la bancada del Partido de la U y tener votos clave en los sectores liberales y conservadores que son independientes y lejanos al gobierno, para superar la mayoría. No obstante, allí surge el segundo reto de la iniciativa que está impulsando el gobierno, que es el contenido de las preguntas, el elemento clave que permitiría que la consulta cuente con apoyos o termine hundiéndose en la plenaria del Senado. Ya el gobierno dio un primer atisbo de como serían estas mismas, cuando el presidente Petro indicó, en un evento de restitución de tierras ancestrales al resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta , que su primera pregunta sería si el día se acaba a las 6 pm, en referencia a su propuesta de que el recargo nocturno comience a contarse desde las 7 pm y no desde las 9 pm, como ha venido siendo desde la reforma laboral del gobierno Uribe en 2003. La respuesta de la mayoría de los sectores de oposición y de los congresistas independientes no se hizo esperar y ambientan que el debate sobre la pertinencia de las preguntas se volverá un nuevo asalto entre la necesidad de concertar para que este tipo de iniciativas tenga aceptación y pase en el Congreso, o la posibilidad de que suceda un nuevo atrincheramiento de cada uno de los actores en sus posturas, el cierre de cualquier tipo de negociación y suceda el acto final que termine cualquier intento del gobierno por pasar sus iniciativas en el Senado y en la Cámara de Representantes. La “larga marcha” del progresismo: la movilización social responde en las calles, pero el reto es sostenerla Fuente: Sergio Saavedra, Fundación Paz y Reconciliación Un hecho es innegable: las manifestaciones del pasado 18 de marzo fueron masivas, tanto o más que las marchas del primero de mayo de 2023 y 2024, donde el gobierno, apalancado en las movilizaciones de los sindicatos y de los partidos del ala más izquierda de su bloque de gobierno, ha logrado reunir mucha gente. Y aunque el éxito de las manifestaciones no puede medirse solamente por la cantidad de sus asistentes, sí es verdad que en este caso la gente contestó al gobierno en las calles ante dos cosas fundamentales: el cantado hundimiento de la reforma laboral y la consulta popular. Ambas tuvieron suficiente calado porque responden a dos fenómenos. El primero tiene que ver con la reforma laboral como la expresión de varias de las principales demandas del movimiento social espontáneo que emergió durante los estallidos de 2019 y 2021, en tanto los principales puntos de la reforma (inicio del recargo nocturno a las 7 pm; aumento del recargo dominical del 75% al 100%; Incremento en la indemnización por despido sin justa causa; contrato laboral a término fijo para practicantes o aprendices, entre otros) buscaban responder a la necesidad de mejoras en las condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo y protecciones contra despidos injustos. Su hundimiento termina siendo un golpe mucho más fuerte hacia un amplio sector de la sociedad que esperaba estas mejoras, y que termina siendo un ignitor del descontento social. El segundo tiene que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno para posicionar entre sus bases la idea de que existe un bloqueo político institucional en el Congreso de la República, que ha impedido que su agenda de reformas sea negociada y haya terminado siendo víctima de estrategias de ralentización y estratagemas legales para impedir su discusión y debate, tanto por conceptos técnicos como por consideraciones ideológicas. No obstante, aunque este discurso ha venido siendo sostenido por el presidente Petro desde mediados de 2023, tras el inicio de la segunda legislatura, ahora tiene más efectividad en tanto tocan una reforma social mucho más cercana a las necesidades inmediatas de la gente. El problema que tiene el gobierno es si tiene la capacidad de mantener el desgaste que implicará la discusión de la consulta popular a lo largo del tiempo que dure su trámite. Inicialmente, porque esta dependerá primero de que sea aprobada en la plenaria del Senado, donde, como lo señalamos en el apartado anterior, el gobierno no tiene suficientes mayorías. En caso de ser aprobada, el reto estará en dos grandes puntos donde el gobierno ha tenido problemas: por un lado, la capacidad de movilizar a sus bases para que comuniquen y hagan pedagogía sobre las preguntas de la consulta. Como antecedente, en 2018 Claudia López, Angélica Lozano y varios políticos en el país impulsaron la consulta popular anticorrupción bajo la campaña “7 veces SÍ” que, aunque tuvo bastante aceptación entre la gente, no cruzó el umbral de votos necesario para que alguna de sus preguntas se convirtiera en proyectos de ley. Mismo problema que tuvo la pedagogía alrededor del SÍ en el Plebiscito por la Paz de 2026, en la que los discursos conspirativos de la campaña del NO lograron movilizar a amplios sectores de la población y ganaron en aquellos comicios. Por otro lado, el gobierno tiene la tarea de convocar a sectores sociales que se han distanciado, ya fuese por desencanto o rupturas con el gobierno (como el movimiento feminista, que tras el nombramiento de Benedetti como MinInterior se ha alejado en su mayoría de Petro) o que directamente no están convencidos ni de que la consulta popular sea la salida, ni de que la agenda de reformas sociales sea la más adecuada. Varios sectores políticos le quieren apostar al llamado a la abstención (antes que a una campaña por el NO a esta consulta) como una medida más efectiva, apelando a que, en general, la cifra de abstencionistas en las elecciones nacionales en el país en promedio está por encima del 50%. Por ahora, el gobierno apuesta por trasladar el debate de las reformas a la ciudadanía, pero enfrenta un reto doble: no solo garantizar que la consulta sea viable políticamente en el Congreso, sino también que logre movilizar a una base electoral que, aunque el pasado martes llenó calles y plazas, hasta ahora no ha mostrado una respuesta más contundente a su llamado a la movilización. A eso hay que agregarle los tiempos, pues quedan solo 1 año y 5 meses de gestión, en las que el gobierno debe correr prácticamente una contrarreloj.