Por: Anderson Salinas Foto tomada de: France24 Siete días después de finalizado el IV ciclo de diálogos, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) que incluía no generar afectaciones contra la población civil. Una situación que se presentó producto del asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca. Esta determinación, direccionada por el Gobierno Nacional para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca (donde hace presencia dicha estructura ilegal) se toma luego de escuchar la petición de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco; quienes, además, pidieron a la Corte Penal Internacional investigar estos crímenes. Este hecho mantiene en riesgo el desarrollo del Quinto Ciclo de la mesa de diálogos de paz a desarrollarse en Ocaña. Un encuentro que las organizaciones, comunidades campesinas, indígenas, víctimas, mujeres, jóvenes y comunidad LGTBIQ+, esperan con la expectativa de poner fin a las confrontaciones armadas que se presentan no solo en la región sino en todo el país, y que la búsqueda de la paz sea el camino para la transformación del territorio. Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, y, presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que frente a la situación que se presenta en la mesa de diálogos uno de los principales desafíos es la generación de confianza por parte del EMC con la población civil. Los diálogos deben tener la participación de la sociedad civil, para que no suceda lo que paso con el Acuerdo de paz de 2016, que se firmaron, pero no ha sido posible su implementación de una manera integral. “A pesar de los avances en los ciclos, la población civil no conoce el estado de los acuerdos que se han alcanzado y con ese panorama es difícil que sean rodeados por las comunidades… una confianza que debe llegar de la mano del gobierno nacional, con inversión social, hay regiones con deudas sociales, económicas y políticas históricas que deben aterrizadas en los territorios afectados por el conflicto” agrega Pertuz. Una situación que se vive a nivel nacional pero que la región del Catatumbo, como una de las zonas priorizadas de los diálogos, no es ajena (a pesar que se viva una cierta calma en la región). En lo corrido de 2024 se presentaron una serie de hechos que no son indiferentes a la búsqueda de la paz total que se desarrolla desde el Gobierno Nacional. Entre los hechos a destacar debemos mencionar la situación que se presentó con la retención (por hombres armados) de la directora regional de la Unidad para las Victimas Judith Maldonado el 20 de febrero. Días después, la ex directora de la Agencia de Renovación del Territorio también fue retenida y despojada de su camioneta y del armamento de su esquema de protección. Así mismo, a comienzos de año las extorsiones y amenazas de grupos armados en Sardinata imposibilitaron reinicio de labores del sector minero. Gremios del sector en su momento elevaron un llamado urgente a buscar soluciones, debido al riesgo de miles de familias que viven de esta actividad. De igual forma, la situación de orden público en la región del Catatumbo no mejora en lo corrido del año, a mediados del mes de marzo la vía que conduce a Ocaña con el Catatumbo Medio fue bloqueada por la presencia de un carro bomba. Por otro lado, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, dos personas fueron víctimas de un campo minado que dejo una persona fallecida. Frente a esta situación, y en el camino de la búsqueda de la paz total, defensores de derechos humanos piden que el Catatumbo sea una región priorizada como una zona de crisis, y así, esperan que sea escuchada de una manera diferencial y excepcional para que el Gobierno Nacional llegue con inversión social en salud, educación, vías, sustitución de cultivos de uso ilícito y superar las barreras que afectan a la región.

Por: Línea de Gobernabilidad y Democracia Foto tomada de: Infobae Ciudad de México El futuro político de la Ciudad de México se definirá el próximo 2 de junio de 2024. Alrededor de 8 millones de personas saldrán a las urnas para elegir al sucesor de Martí Batres, actual jefe de gobierno encargado y a los nuevos titulares de las 16 Alcaldías que componen a la entidad. Mapa Electoral para la Jefatura de Gobierno La carrera para llegar a la jefatura de la Gobierno (nombre oficial de la persona que gobierna la Ciudad de México) cada vez está más cerca de llegar a su final. El 1 de marzo de 2024 iniciaron oficialmente las campañas electorales en todo el país. Lo que significa que, con tan solo tres meses, los candidatos tendrán que barajar sus cartas para conseguir el primer cargo de la capital mexicana. El tarjetón está compuesto por tres nombres: 1) Clara Marina Brugada Molina por la coalición “Juntos Hacemos Historia” (Morena, PT y PVEM); 2) Santiago Taboada Cortina por la coalición “Fuerza y corazón por México” (PAN, PRI y PRD); y, 3) Salomón Chertorivski Woldenberg por el partido Movimiento Ciudadano. De estos, los dos primeros, son los grandes protagonistas en esta contienda electoral. La más reciente radiografía electoral realizada por Polls.Mx, la cual se encarga de hacer un sondeo de las distintas encuestas publicadas entre el 1 de julio de 2023 y el 4 de marzo de 2024 evidencia que Clara Brugada es la gran favorita al contar con el 57% en intención al voto; en segundo lugar se encuentra Santiago Taboada con el 37%; y, por último, aparece Salomón Chertorivski con el 4%. Fuente: Imagen tomada  de Polls.Mx La gran favorabilidad de Clara Brugada es correspondiente a múltiples acontecimientos políticos que refuerzan su amplia ventaja en estos comicios que a la par, terminan convirtiéndose en retos exponenciales para sus adversarios, especialmente para Santiago Taboada. 1) La capital del país ha sido administrada por más de dos décadas por gobiernos  provenientes de la izquierda, los cuales se han caracterizado por contar con altas aprobaciones a sus administraciones. Un claro ejemplo fue la gestión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fungió como jefe de gobierno para el periodo 2000 - 2005. Culminó su periodo con una alta aprobación del 76%. Otros casos son el de Marcelo Ebrard (2006-2012), quien logró terminar su gobierno con una aprobación del 63%  y el de la actual candidata presidencial Claudia Sheinbaum quien fungió como jefa de Gobernación durante el periodo 2018-2023. Aunque no terminó su periodo, Sheimbaum logró salir del puesto con una aprobación ciudadana del 54%, de acuerdo con el periódico “El Financiero”. 2) El afianzamiento del partido Morena como proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Según resultados del más reciente estudio realizado por Polister,  las preferencias políticas de los votantes de la capital actualmente tienen una mayor afinidad con Morena (37,9%), le sigue el Partido de Acción Nacional, PAN, (16,8%), el Partido Revolucionario Institucional, PRI, (5,4%) y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, 1,5%. Fuente: Imagen tomada de Polister 3) La popularidad con la que cuenta AMLO juega un papel clave, ya que de alguna u otra manera gran parte de su aprobación (69%)  se podría capitalizar en votos a favor de los candidatos de su partido, que están luchando por algún puesto en estas elecciones. Ahora bien, si se logra materializar estos acontecimientos dentro del tablero electoral, Morena podría llegar a obtener su segunda victoria consecutiva en la capital, logrando así un hito histórico al colocar nuevamente a una mujer de la misma corriente política como jefe de gobierno. Sin duda, alguna los focos se centran en Clara Brugada quien también tiene la presión de mantener y defender el caudal político de AMLO, Claudia Sheinbaum y Morena. Sin embargo existe un asunto de preocupación para la coalición que está actualmente en el gobierno. En las últimas elecciones federales, en 2021, los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) obtuvieron más votos en la Ciudad de México: 45% contra 43% de Morena, PT y PVEM sumados. Ese mismo año, ganaron 9 de las 16 alcaldías y 31 de los 66 asientos en el Congreso local. Si bien Morena y sus aliados retuvieron la mayoría legislativa (44 diputados), su ventaja se vió considerablemente reducida. Adicionalmente, en las últimas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado inquieto. Según “El País”, el mandatario quiso denotar que dentro de la ciudad existe una “derechización”, algo que preocupa a su proyecto político: “Antes no estaba así, esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, derechizando” haciendo referencia al Partido de Acción Nacional PAN de ideología conservadora y de derecha. Las palabras y hechos de AMLO le otorgaron a Santiago Taboada y a los partidos de su coalición un tanque de oxígeno para que volvieran a meterse en el  juego político; no obstante, no supieron saber cómo utilizarlo. El desliz o la advertencia del presidente ponen en evidencia  que existe una pequeña preocupación dentro del gobierno que si bien saben que la popularidad de AMLO es suficiente para ganar las elecciones, sus candidatos no pueden confiarse en solo ese aspecto para ganar las elecciones.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano En la consulta realizada hace unas semanas Leopoldo Múnera era claramente el favorito por la población universitaria para ser el reemplazo de Dolly Montoya. En la consulta previa obtuvo el 34.3% de los votos seguido por Raúl Esteban Sastre con un 22%. El tercero en disputaba estaba lejos, José Ismael Peña con apenas el 8.3%. Leopoldo Múnera parecía, acaso, el rector idóneo. Profesor con largo recorrido en la facultad de derecho, doctor en Ciencias Políticas, Múnera tiene experiencia dentro de la universidad: vicerrector en la sede de Bogotá, decano de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, su votación tendría que ser ratificada en la votación del Consejo Superior Universitario (CSU) este 21 de marzo. Este está integrado por ocho miembros, la ministra Aurora Vergara, dos miembros designados por el presidente, un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, un ex rector, un miembro del Consejo Académico, un representante elegido por los profesores y otro elegido por los estudiantes. Sobre las siete de la noche el estudiantado esperaba el resultado de las deliberaciones. Expertos, como Rodrigo Uprinmy, afirmaban que lo normal es que Múnera fuera el rector ya que, cuando hay tanta favorabilidad por parte de la comunidad estudiantil hacia un candidato, lo correcto es respetar esa voluntad y no entrar en conflicto. Se sorprendieron con el resultado. Se sorprendieron además de que la votación hubiera sido secreta y cuyos resultados se conocieron cerca de las diez de la noche.  El nuevo rector era José Ismael Peña, actual vicerrector de la sede de Bogotá. Es ingeniero de sistemas graduado de la misma institución, con especializaciones en Pedagogía, Filosofía de la Ciencia y Gestión ágil de proyectos de la Universidad de Ginebra en Suiza. Inmediatamente seiscientos estudiantes taparon la carrera 30 en señal de protesta por una decisión que, para Jennifer Pedraza, actual congresista y quien fuera la presidenta de los estudiantes de la U Nacional, ¿calificó de inadmisible “Cómo pueden pasarse por la faja la decisión contundente de la Universidad Nacional? ¡Señores CSU, respeten a estudiantes, profesores y egresados/as de la UN! ¿Cuál es el miedo a respetar la voz de la comunidad? Pudieron estar a la altura de la historia”. Las manifestaciones del pasado jueves 21 de marzo pueden ser apenas el comienzo de lo que se avizora como un gran paro universitario. La confrontación está abierta. El gobierno nacional,  a través del presidente Gustavo Petro, afirmó que sus dos miembros que estaban en el CSU votaron por Múnera. A través de la cuenta de X el presidente expresó su inconformidad con la decisión: “Se instituyó en la constitución la autonomía universitaria, pero la autonomía no ha sido acompañada de la democracia universitaria que debe ser constituida”. A pesar del revuelo que causó su elección, la Universidad Nacional presentó a su nuevo rector de la siguiente forma: "Su trayectoria, hoja de vida y su experiencia académica y administrativa fueron los parámetros para elegirlo en el cargo. Su nombre fue seleccionado dentro del grupo de cinco elegibles, entre los que también estaban los profesores: Leopoldo Múnera Ruiz, Raúl Sastre Cifuentes, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño". A pesar de esta sorpresa para Alejandro Chalá, investigador de la línea de Gobernabilidad y Democracia, la elección de Peña no es extraño debido a que desde el 2012, cuando se elige a Ignacio Mantilla, la Nacional va a preferir a un rector con capacidad de gestionar recursos desde afuera que la misma gestión interna:  “La mayoría de las rectorías de la Nacional desde el 2012 han buscado elegir rectores que tengan capacidad de negociación con la burocracia y el legislativo, pasó con Dolly Montoya quien, a pesar de las cifras internas, generó un relacionamiento estratégico con la burocracia encargada del tema educativo. Principalmente se vuelven importantes este tipo de rectores más ligas al lobby porque su gestión se centra en la búsqueda de recursos más que en la gestión interna. Como mantilla ha estado presente desde el 2012 hasta ahora en el CSU, es el representante de los ex rectores, eso significa que ha habido el intento de mantener la línea de lobby que se gestionó con él”. Por eso la universidad ha tenido rectores que no son populares dentro de la institución como sucedió con Dolly Montoya. De Peña se espera que sea un puente con el congreso para la consecución de recursos.  La polémica apenas empieza.

Por: Guillermo Linero Montes La bandera principal del actual gobierno es el cambio. El cambio total, porque el país ha estado maniatado y lo sigue estando mientras el poder lo mantengan un régimen y una clase política indolentes, que sin ser sepultureros, ni forenses, ni tampoco agentes de pompas fúnebres, fueron capaces de enriquecerse por cuenta de la muerte de indefensos connacionales. Piensen, por ejemplo, en los políticos corruptos que raparon los dineros destinados para la alimentación infantil; o piensen en los empresarios de la salud que invirtieron el dinero destinado para curar a los enfermos, en sus negocios privados, sin importarles los miles de muertos ocasionados a la población. Piensen asimismo en la llamada narcocracia –una simbiosis entre políticos corruptos y criminales de la delincuencia organizada- productora de una cultura defectuosa, sin educación, sin pensamiento, sin arte, sin ética ni humanidad; la cultura traqueta: “Plata es plata y bala es lo que hay”. La Constitución del 91, así la hayan diseñado miembros del M19 y políticos representativos de los partidos Liberal y Conservador, fue una respuesta natural de la misma ciudadanía al desbarajuste social de aquellos días, y en buena parte fue por causa de la falta de contemporaneidad de la  constitución de 1886, que había traspasado los cien años de vigencia. En efecto, la Constitución del 91 fue una decidida apertura política y social, y el soporte del derecho a la denominada “participación política”. Un principio connatural a la democracia, monopolizado en Colombia por dos partidos políticos de distinto color emblemático e idéntico color ideológico, que conformaban la yunta de la derecha excluyente. Aun así, 33 años después de establecida aquella carta constitucional, resulta normal -teniendo en cuenta su condición de herramienta política y económica de naturaleza inamovible- su actualización con reformas, máxime si la función de las constituciones es determinar el comportamiento de una sociedad de espíritu cambiante. La constitución del 91, pese a su factura de nobles propósitos, pareciera en desuso, o tal vez inaplicable, porque las reformas que les han realizado la han convertido en algo que no merece respeto. Pese a ello, algunos politólogos y juristas, en una suerte de reflejo de su propia inercia, ven en las modificaciones y cambios a las constituciones, una dramática ruptura, una cruenta revolución, un desmerecido cambio de poder y, sobre todo, ven un modelo económico ajeno a las prácticas inescrupulosas que les son favorables; pero no ven la búsqueda del perfeccionamiento, ni perciben  la decisión de una sociedad de volcarse al progreso. Quienes se oponen a la modificación o cambio de las constituciones, olvidan que estas se congelan en el tiempo, pues no evolucionan por sí solas, como sí lo hacen las sociedades. Un día, quiérase o no, cualquiera que sea la constitución quedará para prestar servicios de valor historiográfico, como el estudio inequívoco de los momentos históricos –los hechos económicos, políticos y sociales- de las sociedades precedentes que, constitución tras constitución, nos han venido moldeando la conducta social. En este comienzo del siglo presente, existen muchas diferencias en los modos y maneras con el final del siglo pasado y, como en pocos estadios de la historia, la sociedad ha empezado a vivir cambios valiosos, no sólo por los avances de  las comunicaciones con la internet y sus redes sociales –de inefable importancia evolutiva- sino especialmente por el desarrollo de la autocrítica acerca de cómo debemos actuar en calidad de seres humanos habitantes de un planeta en riesgo. Si bien, en Colombia la conciencia de la comunión, no sólo entre humanos sino además con el medio ambiente, proviene de los tiempos de la constitución del 91, es también cierto que apenas se devela como una conciencia colectiva; y a esa nueva visión de la vida, humanizada por ser una visión de espejo, habrá que reacomodarle las reglas de juego sociales, las reglas económicas y políticas o, más exactamente, habrá que diseñarle una nueva carta política constitucional que le case. No en vano, la misma Constitución Política de Colombia, en su artículo  374, prevé que "podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo". Empero, de las numerosas reformas que se han hecho a la constitución del 91, ninguna ha sido a través de una asamblea constituyente, una sola fue por medio del referendo, y más de 40 veces lo fue por medio del Congreso. Lo grave de esto último, y por ello el país se encuentra destruido, es que el congreso (políticos y ex presidentes) únicamente intervenían la constitución para evitarla en su esencia, quitándole aquello que les menguaba el poder y agregándole mecanismos legales que se los blindara. Finalmente, cabe explicarle a quienes dicen que el presidente busca perpetuarse en el poder, que los tiempos establecidos para convocar a una asamblea nacional constituyente, los tiempos de su procedimiento, no caben en un período presidencial, al menos que haya sido un propósito previo de la campaña política de pre elección, como no fue el caso de la campaña de Gustavo Petro. Convocar una asamblea Nacional Constituyente, estando próximo a la mitad de su periodo de  gobierno, como lo ha hecho el presidente, devela su desinterés por una reelección y, al contrario, connota su coherencia en la misión de instaurar un modelo de Estado equitativo, que obligue a sus gobernantes a tener en cuenta a todas las personas y a buscar solución a los problemas que afectan, a la población connacional y a los cohabitantes del planeta entero. De modo que la respuesta a la pregunta que da título a esta nota, es muy proverbial: la constituyente del presidente Gustavo Petro, apunta hacia el futuro del progresismo y no hacia el futuro del petrismo.

Por: Redacción Pares Este 21 de marzo la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco a 21 años y 8 meses de prisión por irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar, PAE. La Corte además le cerro la puerta en la cara de una posible prisión domiciliaria. Fue la Fundación Paz y Reconciliación y la Veeduría ciudadana, quienes pusieron la lupa sobre el caso y lograron que en agosto del 2021 el tribunal superior de Bogotá impusiera una medida de aseguramiento sobre quien fuera el gobernador del Cesar. El contrato en cuestión se celebró entre el departamento del César y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, y en dicho documento se establecía un plazo de 59 días de operación con una inversión de $17.140 millones. Este contrato, como estableció la Fiscalía, no cumplía con lo legalmente establecido, por lo que a Monsalvo se le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los entes de control lograron hallar que hubo una presunta malversación de los fondos públicos por cerca de $3.000 millones, lo cual se habría dado a través de posibles sobrecostos en productos alimenticios. Por ejemplo, se habla de que cada kilogramo de hígado se había pasado por un valor de $65.406, un precio mucho mayor al regular. Adicionalmente, desde la Fiscalía se aseguró que en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias entre las que están: falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. En esta infografía, publicada hace dos años, queda claro como el Clan Gnecco movió sus fichas para realizar uno de los crímenes más atroces: robar al más pobre.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo Fue Eduardo Umaña Luna, mítico profesor de la universidad Nacional, quien les aconsejó a los jóvenes alumnos que empezaban a componer un colectivo de abogados, atraídos a defender las causas justas, que le hicieran un homenaje a un defensor de campesinos en los Llanos Orientales quien en 1953, mientras iba en su balsa por uno de esos indómitos ríos, se hundió para siempre. Como tumba tuvo una cruz de palo, nada más. Habría que llegar alguien tan memorioso como este profesor, fundador junto con Fals Borda de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pare resucitarlo con sólo nombrarlo. El abogado se llamaba José Alvear. Era el agitado e infausto año de 1980, tenían encima el yunque del Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, en la que se obsesionaba, con consentimiento de la ley, con impedir que el germen de cualquier tipo de revolución entrara en Colombia. Una vez más los militares poblaban América, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, el Brasil del general Baptista, la Bolivia de la Junta de los Comandantes. Turbay, más que un presidente, parecía una caricatura. Su corbatín y su voz aflautada eran una invitación a la burla, a las imitaciones. El M-19 se ensañó contra su gobierno haciéndolo quedar en ridículo con golpes demoledores de publicidad como el robo de armas del Cantón Norte o la toma a la Embajada de República Dominicana. La manera que encontró él y sus generales de desquitarse fue reprimiendo. En esa época este colectivo de abogados se llamaba la Asociación Nacional de Profesores, Asonalpro. La orden de allanamiento incluyó destrucción de documentos, de objetos, una intimidación total y absoluta. El faro de pensamiento es el profesor Eduardo Umaña Luna pero lo siguen jóvenes abogados como su hijo, Eduardo Umaña Mendoza, quien sería abaleado en su despacho por órdenes de los paracos 18 años después, Eduardo Carreño Wilches, hijo de una familia campesina que llegó desplaza de Boyacá en plena época de la violencia, Daniel Medina, Luis Castro Murcia, Rafael Soto Beltrán. Hay dos personajes que posteriormente se unirían al colectivo y que tienen historias muy atractivas. Uno de ellos es Rafael Barrios Mendivil, barranquillero que renunció de un cargo que le daba lustre y buen sueldo, el de ser asesor del director de control del Banco de la República, pero ante la amenaza de la instauración de un régimen con visos de dictadura, era mejor abandonar lo que tenía y ponerlo todo. El otro gran personaje se llama Alirio Uribe Muñoz, nacido en Aratoca Santander y que debutaría en el fragor de las luchas sociales durante el gran paro de 1977 mientras apenas era un estudiante de bachillerato. Alirio tiene la energía fulgurante de los 17 años, así que mientras de día estudia en la Facultad de Sociología de la Nacional, de noche lo hace en la Universidad Católica con su carrera de derecho. Así que más que un abogado es un humanista. Eran 12 los abogados que estaban en esa época. Estaban en la mira del ejército por un hecho muy concreto, buscaban que los civiles no fueran juzgado por tribunales. Turbay, dando palos de ciego, detuvo a 1.200 personas a las que encerró en las caballerizas del Cantón Norte y algunas fueron sometidas incluso a tortura acusadas de pertenecer al M-19. Allí entran en contacto con comandantes del M que después pasarían a ser parte de la leyenda nacional como Iván Marino Ospina o Carlos Pizarro. El Colectivo José Alvear pasó a ser la inspiración de jóvenes estudiantes de derecho que querían defender las causas justas. Uno de los lemas de una organización que ya tiene 44 años de existencia es la de no defender a nadie que esté procesado ni por narcotráfico, i por delitos sexuales, ni por secuestro de niños, ancianos o mujeres embarazadas”. Pero han defendido las causas sociales que generaron atropellos del Estado tan devastadores como la retoma del Palacio de Justicia, una estrategia urdida por la propia cúpula del Ejército para dejar entrar al M-19 al lugar y luego tener la excusa perfecta de contraatacar con fuerza desmedida. La retoma dejó desaparecidos, personas calcinadas y, lo más grave, acabó con los 11 magistrados de una de las Cortes Supremas de Justicia más intachables y prestigiosas de la historia. Para la historia quedaron las trémulas palabras del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien suplicó por el cese del fuego que generaba la retoma con estas palabras dichas desde el baño de Palacio donde perdería la vida : “Estamos en trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos, tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el ejército y la policía se detengan…Ellos no entienden, nos apuntan con sus armas. Yo les ruego: detengan el fuego porque están dispuestos a todo….Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes…he tratado de hablar con las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él…” El colectivo José Alvear tiene entre sus causas el de los desaparecidos de Palacio. Así como también han estado en el del asesinato del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra a mediados de los años ochenta por parte de los MASETOS. El MAS, Muerte a Secuestradores, fue creado en una cumbre que organizó el Cartel de Medellín después de que ordenaran el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa, los hermanos socios de Pablo Escobar. Se crea un fondo común y se empieza a darle duro al M-19 y hasta a organizaciones estudiantiles. Si bien el modelo de autodefensa ya se había desplegado en Magdalena Medio, el MAS puede leerse como la semilla del paramilitarismo que vendría a sembrar el terror unos pocos años después. Los abogados emprendieron la tarea de darle asesoramiento jurídico y defender casos emblemáticos como los asesinatos selectivos a miembros y líderes de la UP, como fue el caso de Álvaro Garcés Parra, alcalde de Sabana de Torres, en una combinación armada por miembros del ejército y del MAS. En algunos de los más de 100 casos que han afrontado han demostrado que los militares tienen las manos untadas de sangre. Los casos más emblemáticos han sido el del líder indígena Germán Escue, el de Wilson Gutiérrez Soler que fue torturado; el bombardeo de Santo Domingo, en Arauca,  el crimen de Manuel Cepeda, y las masacres de La Rochela y Mapiripán. Vinieron los gobiernos, los abusos y, después de casi tres décadas de fundados, los integrantes del Alvear sintieron en la nuca la mano gélida de un gobierno autoritario. Así fue en los ocho años que duró la Seguridad Democrática. ¿Se acuerdan de las famosas chuzadas que ordenaban Jorge Noguera y la famosa Maria del Pilar Hurtado en el DAS? Buena parte de ella iban destinadas a sus líderes, los abogados Alirio Uribe y Reynaldo Villalba. Al primero incluso llegaban a esculcarle la basura para ver con qué debilidad personal podrían intimidarlo. Las amenazas, la persecución, volvieron, sobre todo entre los años 2003 y 2005. Y casi veinte años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón. Determinó, ojo a la gravedad de la sentencia, que varias entidades estatales hicieron actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. “El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas”. Es decir, en vez de cuidarlos, el Estado les servía en bandeja de plata a los paramilitares a estos abogados para asesinarlos o amendrentarlos. La sentencia determinó que el Estado violó 14 derechos entre los que se incluye el de la vida la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión. El Estado está en la obligación no sólo de pedir disculpas sino de hacer un acto reparador como el de crear un documental en donde se honre su memoria, sus luchas. Con esto, sólo en parte, se verá restituida la vida y la honra de tantos defensores de derechos humanos que lo dieron todo para defender al que no tenía nada de la furia y poder del Estado.

Por Katerin Erazo Foto tomada de: Infobae En el complejo escenario político colombiano, la tensión entre el Gobierno Nacional y las disidencias guerrilleras ha alcanzado un punto crítico, desencadenando una serie de acusaciones y confrontaciones públicas que han sacudido el país. El presidente Gustavo Petro, en un mensaje contundente, caracterizó a alias Iván Mordisco, comandante del autodenominado Estado Mayor Central, como "un traqueto vestido de revolucionario". Estas palabras resonaron fuertemente en un contexto marcado por el reciente rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias en varias regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido a los persistentes incumplimientos de acuerdos por parte de las disidencias. La respuesta de las disidencias no se hizo esperar. Desde una cuenta de redes sociales supuestamente vinculada a Iván Mordisco, se lanzó una dura acusación contra el presidente Petro. Se le reprochó por traicionar tanto a las disidencias como al pueblo que alguna vez lo respaldó por su discurso de paz y progresismo. Más aún, se le señaló de impulsar la guerra y el capitalismo, lo que representa un giro radical respecto a sus promesas anteriores. Este intercambio de acusaciones ha exacerbado una situación ya de por sí volátil en Colombia. El conflicto ha escalado con la revelación de que las disidencias están preparando ataques con drones, según informes de inteligencia del Ejército. Ante esta amenaza, el Gobierno ha respondido con un despliegue masivo de soldados en las áreas afectadas, intensificando las operaciones militares y policiales para contener cualquier posible embate. Sin embargo, el conflicto no se limita a la confrontación armada. Se ha convertido en una batalla de narrativas y reclamos políticos. En medio de este escenario, las comunidades indígenas han emergido como las principales víctimas de la violencia. Los recientes ataques perpetrados por las disidencias en lugares como Toribío, Cauca, han cobrado vidas inocentes, como la de la dirigente indígena Carmelina Yule Paví. El dolor y la angustia de estas comunidades se agravan aún más por el hostigamiento constante al que se ven sometidas, incluso en momentos de luto y duelo. Esta situación ha suscitado un clamor urgente por parte de las comunidades indígenas y de la sociedad civil en general, exigiendo un cese inmediato de la violencia y una solución pacífica al conflicto. Ver: (Continúa la violencia contra la comunidad Nasa: ataque armado contra Caravana indígena en Toribío)

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La invitación a “calmarnos” que hizo la congresista Katherine Miranda es atrevida y grosera y no puede ser aceptada. Se da en el contexto de la solicitud en las redes sociales de expulsar del Partido Verde al congresista JP Hernández, quien ha demostrado un constante comportamiento misógino y ejerció violencia política de género contra la senadora María José Pizarro durante el debate de la moción de censura contra el ministro de defensa. Dicha declaración está sustentada en el estigma de que las feministas somos "histéricas" y constituye un grave error que desacredita la seriedad de nuestras demandas y busca silenciar y minimizar la importancia de nuestras reivindicaciones. Ella enumera cinco puntos en los que explica su “invitación” a calmarnos. Voy a responder punto por punto: 1.     En el primer punto ella afirma que "El partido verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca". Al decir que "no lo hará nunca", revela que es un partido permisivo con respecto a las conductas violentas. Esta declaración sugiere de antemano que el partido está dispuesto a tolerar cualquier conducta. Si bien en otra publicación, ella "aclara" que existe un comité de ética y que todo sigue un debido proceso, esto no concuerda con lo expresado en la publicación inicial. ¿Realmente el partido verde está dispuesto a nunca expulsar a alguien? 2.     En el segundo punto ella dice que "jamás hemos usado la ley de bancadas porque respetamos el pensamiento diferente, aquí no imponemos". Si bien es democrático no esperar que toda la bancada se comporte de manera idéntica, no tolerar la violencia política de género no es únicamente un dilema ético. De hecho, hace apenas un año se debatió en la Cámara de Representantes el proyecto para prevenir la violencia política contra las mujeres, propuesto precisamente por Pizarro, quien ahora nuevamente es víctima de violencia política debido a su género. 3.     En el tercer punto ella argumenta que "Lo lindo del verde es que siempre construimos en la diferencia". Aunque construir desde la diversidad es valioso para cualquier partido político, se debe reconocer que esta diversidad no puede ser excusa para tolerar comportamientos violentos. En el caso del congresista JP, sus acciones han traspasado los límites de lo aceptable, recordemos que él respondió de manera violenta cuando dejaron en evidencia argumentos amañados en el debate de moción de censura contra el ministro de defensa. 4.     En el cuarto punto, ella afirma que "Por encima de las personas están los principios." Sin embargo, me surge la duda sobre cuáles son realmente los principios del Partido Verde. Porque en lugar de reconocer públicamente el error de haber avalado al congresista JP, la congresista Miranda opta por llamar a la calma a quienes exigimos que se aborde su comportamiento. Debería ser motivo de preocupación que una conducta tan reprobable no esté siendo rechazada de manera unánime por toda la corporación. Esto plantea dudas sobre si los principios del partido realmente priorizan el respeto o si se anteponen consideraciones políticas a la ética. 5.     Finalmente, en el quinto punto, ella afirma que "Aquí cabemos todos", lo cual resulta verdaderamente preocupante. ¿Significa esto que caben todos sin importar sus comportamientos? Esta declaración plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza democrática del partido y sus congresistas. ¿Cómo puede considerarse democrático un partido que está dispuesto a tolerar comportamientos como los de JP? Y más cuando el congresista aún no ha reconocido que su actuar fue violento, y, al contrario, ha posado de víctima de persecución política. JP está tranquilo, sabe que no leva a pasar nada. Él mismo anunció que el partido le abriría un proceso disciplinario por sus acciones y continúa posando de víctima. Sin embargo, con la respuesta que dio Miranda, podemos ver qué es lo que verdaderamente representa ese partido. Es crucial observar cómo se manejará este proceso disciplinario y si el partido tomará medidas efectivas para abordar y condenar la violencia política de género. Este será un momento para evaluar si el partido Verde está realmente comprometido con la protección de los derechos de las mujeres.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol Noticias En Colombia hay más territorio que Estado. Durante el siglo XX lugares como Marquetalia en el Tolima o el Sarare en Arauca se organizaron y ante la ausencia de cualquier ayuda en Bogotá crearon sus propias leyes, sus escuelas, sus formas de defenderse. En Plateado, en el Cauca, hace cuarenta años no existe un cuarte de la policía. Cuando intentaron montar uno, la misma comunidad decidió sacarlo. En el Plateado, en toda Argelia, Cauca, el que manda es Iván Mordisco. El sábado 16 de marzo del 2024, después del ataque en Toribío a una minga que venía de hablar en Cali con el mismo presidente y que dejó a una mayora asesinada, Petro dio el golpe sobre la mesa y decidió decirlo no más a la negociación con el EMC. En uno de sus encendidos discursos en Tierralta Córdoba Petro se despachó contra Mordisco que le recordó su pasado en las FARC, donde, según él, no era más que un “chofer” además, siguió “de Las FARC hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un traqueto vestido de revolucionario". Mordisco, en los breves momentos en los que se ha dejado entrevistar y enfocar por las cámaras de los medios tradicionales se ha mostrado altivo, inmaculado en su uniforme, en lujosas camionetas 4x4 y, sobre todo, arrogante. No se le quedó callado a la afirmación de Petro "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo". La verdad es que Mordisco, cuyo nombre verdadero es Néstor Gregorio Vera Fernandez, en las Farc era mucho más que un chofer. En el 2016, poco antes de que Timochenko y Petro se reunieran en el teatro Colón para refrendar los acuerdos con una firma en el Teatro Colón, Mordisco era el comandante del frente Primero llamado “Armando Ríos”. Se dedicaba de cosas terribles como reclutamiento forzados de menores, extorsiones y minería ilegal. Sobre ideología sabía muy poco. Tenía ya en su mando 400 miembros. Comenzó en el 2003. Era francotirador y explosivista. Después de que el La Operación Jaque capturara a alias César, Mordisco se quedó como comandante del Frente Primero. En el 2015 fue capturado pero unas semanas después lo dejaron en libertad. Nunca creyó en el proceso de paz. A mediados de 2016, cuando ya estaba cantado que FARC y gobierno Santos llegarían a un acuerdo, Mordisco envió una carta donde explicó las razones por las que no se acogería a la Paz. En la carta invitaba a todo a aquel que quisiera seguir “con la lucha insurgente”. Sólo hasta ese momento Mordisco había sido un segundón. Incluso dentro de la misma disidencia no le alcanzaba para ser un jefe máximo. Gentil Duarte estaba por encima suyo. En mayo del 2022, en Venezuela, Gentil Duarte fue asesinado. Mordisco entonces se entronizaba en el EMC. La fama y liderazgo del guerrillero se vio fortalecida después de que en agosto del 2022 el gobierno afirmó que en un bombardeo lo había matado. En octubre salió muerto de la risa. Ninguna bala lo había tocado. Bajo el reinado de Mordisco territorios como Argelia, en Cauca, han multiplicado sus hectáreas de coca. Según el portal InSight Crime Mordisco sabe moverse muy bien por los grandes corredores por donde se transporta la coca Mordisco controla y ha incrementado los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína bajo el control del EMC, beneficiándose de los corredores de la droga por el Guaviare, Vaupés, Vichada y el sur del Meta. El Frente 1 también ha abierto rutas de narcotráfico a través del norte del Amazonas, alrededor de Puerto Córdoba y La Pedrera, donde los ríos Apaporis y Caquetá proporcionan una ruta hacia Brasil. Mordisco se mueve en los departamentos del Vaupés, Vichada y Guaviare, pero también sabe como actual en departamentos como el Cauca. La base de los hombres con lo que cuenta Mordisco los heredó de Gentil Duarte, su comandante. No le vendría mal una alianza con grupos como La Nueva Marquetalia, quien también alguna vez formaron parte de las FARC. Pero eso es imposible, Mordisco está en franca confrontación con ellos. Incluso se ha llegado a pensar que Mordisco estaría detrás del asesinato de uno de los líderes de esa disidencia, Jesús Santrich y que habría sido el hombre que ordenó el atentado que hoy tiene postrado a Iván Márquez. Su carácter explosivo, no da ninguna posibilidad para que sea él la persona que unifique a las ya fragmentadas disidencias. Por lo pronto se seguirá consolidando cono el guerrillero-narco, más poderoso del sur de Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El día martes 19 de marzo se llevó a cabo la esperada votación de la moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este evento fue precedido por un intenso debate la semana anterior, en el que diversos sectores expresaron sus críticas hacia la gestión del ministro, especialmente en relación con la Reforma a la Salud y su actuación en el sector. El resultado de la votación reveló que la moción de censura fue rechazada con un total de 96 votos en contra, mientras que 36 congresistas respaldaron la destitución del ministro. A pesar de las serias denuncias planteadas durante el debate, como la acusación de la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical sobre un presunto contrato millonario para disponer de un avión, la idea de remover al ministro no logró prosperar. La convocatoria a la votación fue impulsada por congresistas de diferentes partidos, incluyendo Cambio Radical, Centro Democrático y algunos representantes de la Alianza Verde. Sin embargo, el Gobierno demostró contar con suficientes votos para mantener a Jaramillo en su cargo, al menos en la Cámara de Representantes. Esta decisión marca un triunfo para el Gobierno y supone un respaldo a la gestión del ministro Jaramillo. Sin embargo, es importante destacar que la votación en la Cámara no afecta directamente el estado de la Reforma a la Salud, la cual sigue enfrentando obstáculos en el Senado. En medio de este escenario político, varios representantes del Pacto Histórico celebraron el resultado de la votación y lo interpretaron como un respaldo a la Reforma a la Salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, es evidente que el debate sobre el sistema de salud y otras cuestiones relacionadas seguirá siendo tema de discusión en el ámbito legislativo. Es importante recordar que las razones detrás de la moción de censura incluyeron cuestionamientos sobre la situación del sistema de salud, presuntas irregularidades en contratación y posturas frente a la reforma sanitaria. A pesar de los esfuerzos del ministro por desvirtuar estas acusaciones, el debate se mantuvo intenso. Además, durante el debate surgieron denuncias adicionales, como la presentada por el representante Andrés Forero, quien señaló presuntos sobrecostos en un convenio entre el Ministerio de Salud y RTVC, involucrando a los hermanos Hollman y Juan Pablo Morris. A pesar de la negativa de la moción de censura, el ambiente político sigue tenso, con intercambios acalorados entre miembros de diferentes partidos. Aunque Jaramillo permanece en su cargo por ahora, la reforma a la salud que lidera enfrenta una situación complicada en el Senado, con señales de que podría ser archivada. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Reforma de Salud en la comisión séptima del Senado parece carecer de posibilidades reales de ser aprobada. Esta reforma social, especialmente tras la propuesta de una constituyente, parece estar destinada a un fracaso aún mayor. La ponencia de archivo radicada la semana pasada ha consolidado las mayorías en su contra, evidenciando que su hundimiento es inminente. Pérez explicó que en términos de impacto político sobre el rechazo de la moción de censura del ministro, hasta el momento ha sido mínimo, sin afectar significativamente al Gobierno ni generando un debate relevante en la opinión pública. La aprobación de una moción de censura habría sido un escenario diferente. Sin embargo, el Gobierno parece haber resuelto este problema como un pequeño incendio que ha logrado apagar, al menos temporalmente. A pesar de ello, las acusaciones contra el ministro de Salud persisten, provenientes de diversos sectores como gremios de EPS, pacientes y médicos, así como congresistas preocupados por los pagos a empresas de salud, el déficit del sistema y la escasez de medicamentos. Es claro que estas tensiones no han dejado indemne a la Reforma de Salud, que ya se encuentra en una situación precaria según las estimaciones y opiniones de varios sectores. La propuesta de archivo cuenta con un sólido respaldo y el apoyo de un significativo grupo de congresistas, lo que sugiere que la Reforma está parcialmente hundida. En el ámbito político, el investigador de Pares mencionó que es probable que las discusiones entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los congresistas opositores, independientes y los diversos gremios de la salud se intensifiquen en el futuro cercano.

Por: Sebastián Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil En un esfuerzo por fortalecer y posicionar nuevos liderazgos desde los territorios para la construcción de paz, la Fundación Paz y Reconciliación – PARES inaugura la nueva versión del Programa de Escuelas de Liderazgo Juvenil para la Participación e Incidencia en la Construcción de Paz Territorial en Buenaventura, Tumaco, Cúcuta y Tibú. Una vez más con con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Las Escuelas de Liderazgo Juvenil es un programa diseñado para empoderar a jóvenes líderes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en comunidades afectadas por conflictos, brindándoles herramientas, conocimientos y habilidades para participar activamente en la construcción de paz en sus territorios. Estas escuelas se centran en fortalecer el liderazgo juvenil, promover la participación ciudadana, y fomentar la incidencia en políticas públicas orientadas a la paz y la reconciliación. A través de un enfoque pedagógico participativo y contextualizado, las escuelas buscan potenciar el papel de los jóvenes como agentes de cambio positivo en sus comunidades, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una cultura de paz sostenible. Este programa se originó en año 2018 con la creación de la Caja de Herramientas "Se Juega la Vida" en colaboración con Colombia Joven, promoviendo la cultura de paz y el cambio social a través del juego y la aplicación de metodologías de innovación social. En 2021, se estableció la Escuela de Liderazgo Juvenil "Jóvenes Liderando la Reconciliación" en Risaralda, sentando las bases para futuras ediciones. Más adelante, en el año 2022, con el respaldo de AECID, se expandió a Buenaventura y Cúcuta, fortaleciendo las capacidades de 645 jóvenes en ambos territorios. También se estableció la escuela “Urakubú” en Pueblo Rico, Risaralda, con el apoyo de Diakonía, respaldando 11 proyectos productivos. En el 2023, con un enfoque especializado en la comunicación para la incidencia y el desarrollo comunitario se desarrolló la primera versión de la Escuela de Comunicación Radial para la Paz, en convenio con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – MINTIC y el Canal 13. En este programa fortaleció las capacidades de capacidades de liderazgo y comunicación de más de 180 personas de 12 emisoras comunitarias en los municipios de Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño; Guapi, Villa Rica, López de Micay en Cauca; Buenaventura en Valle del Cauca; Condoto en Chocó; Agustín Codazzi en Cesar; Puerto Carreño en Vichada, Apartadó en Antioquia y Arenal en Bolívar. Como resultado de las versiones previas de las Escuelas de Liderazgo Juvenil, en el mismo año se realizó el Encuentro Nacional de Juventudes por la Paz en Buenaventura, reuniendo a más de 250 activistas y líder juveniles de todo el territorio nacional. Allí se abordó la construcción de una agenda juvenil por la paz, la participación y la inclusión que daría paso a integrar nuevos enfoques en los programas de fortalecimiento de capacidades e incidencia de la Fundación PARES. En esta nueva versión, el programa alcanzará áreas gran interés para la Fundación PARES; Buenaventura, Tumaco, Tibú y Cúcuta, territorios en los que persisten dinámicas de violencia, la presencia de actores armados ilegítimos y economías ilegales. En estos contextos, la participación juvenil desempeñará un papel crucial en la prevención y protección. Según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, estos municipios cuenta con una alta población en riesgo de reclutamiento forzado y vinculación a prácticas delincuenciales (aproximadamente un 10% de la población juvenil). Se estima que actualmente hay alrededor de 30.000 jóvenes en riesgo en Buenaventura, 10.000 en Tibú, 6.000 en Tumaco y 15.000 en Cúcuta. Por esta razón la Fundación PARES busca impactar al menos a 6.000 beneficiarios finales, a través de el apoyo y desarrollo de 20 iniciativas comunitarias en materia de incidencia, construcción de paz y resolución de conflictos locales bajo el liderazgo de los 64 jóvenes becarios del programa. La ruta formativa del programa se desarrolla a lo largo de 5 módulos, cada uno diseñado para fortalecer las capacidades de los becarios y empoderarlos como agentes de cambio en sus comunidades. Esta ruta formativa, distribuida en un total de 170 horas, incluye sesiones de capacitación, comunidades prácticas, salidas de campo, encuentros ciudadanos y la implementación de acciones transformadoras. Se espera que los becarios logren incluir sus propuestas en los planes de desarrollo locales y departamentales, fortalezcan sus organizaciones para acceder a financiamiento externo, y lideren procesos de resolución pacífica de conflictos en sus comunidades. Paso a paso del proceso de inscripción Paso 1: Lectura del Manual Antes de iniciar el proceso de inscripción, se recomienda leer detenidamente este manual de la convocatoria para comprender los requisitos y el proceso de selección. Paso 2: Diligenciamiento del Formulario Accede al formulario de inscripción aquí y completa todas las secciones del formulario con la información solicitada. Se recomienda diligenciar este formulario de manera conjunta con las candidaturas postuladas. Paso 3: Envío del Formulario. Asegúrate de enviar el formulario antes de la fecha límite de cierre de convocatoria. (viernes 22 de marzo) Paso 3: Confirmación de Recepción Una vez enviado el formulario, recibirás una confirmación de recepción en la dirección de correo electrónico proporcionada. Guarda esta confirmación como comprobante de su inscripción. Paso 4: Anuncio de Candidaturas Seleccionadas El lunes 1 de abril de 2023, se publicarán las candidaturas seleccionadas en el sitio web oficial de la Fundación Pares. Además, se enviará un correo electrónico a los representantes legales de las organizaciones con las candidaturas seleccionadas. Paso 5: Inicio del Programa La Escuela de Liderazgo Juvenil dará inicio el viernes 5 de abril en el municipio de Tibú, y el día sábado 6 de abril en Cúcuta, Tumaco y Buenaventura de manera presencial.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Vanguardia y RTVCNoticias El pasado 19 de marzo fue un día agitado para Salvatore Mancuso. El anuncio del presidente Petro de que estaría dispuesto a recibirlo en Palacio para tener una audiencia privada sacudió el avispero. Además, la entrevista con Hollman Morris para RTVC causó impacto sobre el final del día. Las respuestas a las preguntas de Morris daban para grandes titulares. Afirmó, entre otras cosas, que si bien el ideólogo de ultra derecha José Miguel Narváez fue el que azuzó para que Carlos Castaño tomara la determinación de asesinar a Jaime Garzón, habría nombres de más peso, de poder, detrás. Se trataría de un crimen de Estado. Se despachó largo contra el expresidente Uribe a quien llamó “perpetuador del conflicto”, criticó los falsos positivos durante su gobierno  y afirmó que el Clan del Golfo “es un hijo ilegítimo” de los incumplimientos del gobierno Uribe con los comandantes paramilitares. Pero la almendra salió cuando se refirió al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a quien señaló de ser uno de los instigadores del asesinato del comandante de las AUC Vicente Castaño cuando éste empezó a ser un estorbo para los acuerdos de paz con Uribe. “Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno”. Cuando Álvaro Uribe nombró al doctor Luis Carlos Restrepo como el comisionado de paz que lideraría la desmovilización de las huestes paramilitares, pocos en Colombia pusieron algún reparo. Siquiatra de la Universidad Nacional, defensor de la nueva Constitución, autor del libro El derecho a la ternura, que fue uno de los libros más vendidos en 1994, su nombramiento en un cargo tan importante en el conservador gobierno de Uribe era una bocanada de aire fresco. Restrepo era conocido por su posición de apertura a repensar la guerra contra las drogas y durante toda su carrera dio visos de ser un defensor a ultranza de las libertades personales. Llegó al gobierno Uribe por su cercanía con Francisco Santos, entonces vicepresidente. Todo parecía ir viento en popa. En julio del 2003 se firma el Pacto de Ralito y empiezan las desmovilizaciones de los bloques más importantes. Según la Agencia Colombia de Reintegración, 30 mil paramilitares habían dejado las armas para el año 2006. Pero las críticas de los contradictores de Uribe arreciaban. Se quejaban de lo laxas que eran las penas concedidas a los comandantes de las AUC. No había ninguna posibilidad de que los paras contaran la verdad y lo más grave es que se estaban colando narcos en esas listas para poder conseguir la impunidad. Por esos años también se desmovilizó un presunto bloque de las FARC llamado Cacique La Gaitana. Su desmovilización fue televisada en cadena nacional y tratada por los medios adeptos al entonces presidente Uribe como si fuera un suceso histórico. En el 2009 Restrepo renunció a cargo. Se creía victorioso. El camino de la política parecía allanado. En su paso fugaz como presidente del Partido de la U defendió a brazo partido la reelección de Uribe, renunció para presentarse al senado en donde sus aspiraciones naufragaron. Pronto vendría la tormenta que lo borraría del mapa político. El 25 de febrero del 2011 La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ordenó la investigación a Restrepo por la falsa desmovilización del frente de las FARC Cacique la Gaitana. Se basaron en el testimonio de tres desmovilizados que sostuvieron que todo se trató de un montaje orquestado por el Ejército y Restrepo. Un año después la Fiscalía de Viviane Morales emitía la orden de captura contra Restrepo. Era acusado de los siguientes delitos: delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Unos días antes de que se ordenara su captura Restrepo huyó del país hacia los Estados Unidos. Además de la desmovilización de los 62 falsos guerrilleros que constituyeron el Bloque Cacique La Gaitana, Restrepo tenía otro lío: haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias. El otro proceso que se le sigue es por la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. Entre los años 2012 y 2014 Restrepo estuvo en las siguientes ciudades de Estados Unidos intentando estar lo más lejos posible de la justicia colombiana: Washington, Texas, Nueva York, esperando a que Canadá le diera un asilo político que se lo otorgó en el 2015. En el 2022 la Fiscalía de Francisco Barbosa logró que el “Doctor Ternura” como fue conocido por su libro, tuviera circular roja de Interpol. Lo buscaban en 168 países. Escurridizo, ha sabido mantenerse en la clandestinidad, aunque se afirma que su lugar de residencia en este momento es Panamá. Junto a otros seis implicados en la falsa movilización, en donde se incluye a los oficiales del Ejército el coronel Jaime Joaquín Ariza, Restrepo presentó una tutela a la Corte Suprema de Justicia en donde ante los fracasos en los estrados, aducen que les están vulnerando derechos fundamentales y que –luego de 10 años de litigio– se debe dar por terminado el proceso. Porque entre los ires y venires de una justicia ineficiente, se cumplieron en el 2022 diez años de haber sido abierto ese caso y los sindicados no pasaron de la imputación. Por lo que pidieron la preclusión del caso. Las hábiles defensas de Restrepo y los oficiales del ejército lo que hicieron fue dilatar lo que más pudieron la imputación. La táctica que ya se hace común entre los hábiles abogados colombianos. A algunos de los sindicados esta pataleta les sirvió, pero a Restrepo no. Un juez de Bogotá determinó que por haber sido servidor público a Restrepo le quedaba vivo el delito de peculado por apropiación, un yugo que le caía también a otros dos oficiales. Restrepo tenía que seguir huyendo de la justicia, lejos de Colombia. La denuncia de Mancuso en la entrevista a Hollman Morris deja en claro la necesidad de que se juzgue como se debe al ex comisionado de paz de Uribe. La gran pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está?