Por: Guillermo Linero Montes Recientemente, en la posesión de nuevos magistrados al Concejo de Estado, el presidente Gustavo Petro se refirió al derecho a la vida en términos generales; es decir, incluyendo como sujetos de derecho, además de los seres humanos y las personas jurídicas, a la vida completa del planeta, a la vida de la naturaleza. La realidad es que desde sus comienzos el Derecho estuvo al margen del reconocimiento de la vida en su calidad de valor principal y, de hecho, su instrumentalización estuvo dirigida a la organización familiar y a la organización del poder político y económico, pero sólo y estrictamente en función de la protección de la propiedad privada. De tal suerte, el Derecho comenzó siendo un instrumento en favor de los intereses de los poderosos, de quienes tenían tierras e instrumentos de producción para su explotación. No en vano, lo defendido por los primigenios sistemas de derecho era el llamado “bien jurídico general”, entendido entonces como la protección de los bienes de los ciudadanos propietarios. Por fortuna, hoy se consideran bienes jurídicos todos aquellos intereses vitales de la comunidad, que van desde el agua que se consume hasta el aire que se respira. Fue muy lento el proceso evolutivo para comprender que el Derecho, entendido tal un sistema de normas de conducta, debía ocuparse, además de la protección de los bienes, del amparo de la vida humana; pues la vida humana es un derecho común entre quienes tienen bienes materiales y entre quienes no los tienen. Lo cierto es que en el pasado la vida de ninguno importaba, excepto que estuviera ligada a un bien jurídico, a una propiedad. No por otra cosa el Derecho les permitía a los acreedores cobrarles a sus deudores hasta con la misma vida. Poco o nada se sabía del respeto a la integridad física de las personas. Los cobros penales solían ser muy atroces, incluso comparados con los dispuestos en la antigua Ley del Talión que, siendo una solución salomónica de venganza, no reparaba entre dueños y desprovistos: “Ojo por ojo, diente por diente”. A mi juicio, sin duda la primera actuación en beneficio de los derechos humanos –o la primera advertencia de que además de los bienes había que proteger también a las personas- se dio en el año 326 a.C., con la creación de la Ley Poetelia Papiria. Dicha ley prohibió la aberrante figura del negocio jurídico denominada nexum, con la cual los pobres accedían a préstamos de dinero ofreciendo sus mismos cuerpos como prendas de garantía. Desde esa noble ley, la Poetelia Papiria, la responsabilidad por las deudas pasaría a ser únicamente patrimonial. Con todo, a comienzos de nuestra era cristiana pareció estancarse de nuevo la protección de la integridad física y el respeto a la vida de las personas. En la edad media, por ejemplo, los amos esclavistas –los propietarios- decidían sobre la vida y la muerte de sus siervos –los pobres- mientras los reyes cortaban las cabezas de sus opositores a diestra y siniestra. Unos y otros actuaban fundados en preceptos de sistemas jurídicos que privilegiaban de nuevo la protección de las propiedades materiales y desestimaban a las personas que no las tuvieran. No obstante, porque pese a la barbarie la humanidad progresa, a partir de los siglos XVIII y XIX, comenzarían los sistemas de Derecho a inclinarse -sin descuidar la protección de los bienes materiales y en un proceso evolutivo denominado “derechos generacionales”- hacia la protección de los derechos humanos: la integridad física y la dignidad intelectual y moral de las personas. En efecto, bajo la égida de los pensamientos filosóficos, políticos y sociales que dieron piso a la Revolución Francesa, se instaurarían los “derechos de primera generación” que, luego de una larga tradición de esclavismo, buscaron garantizar el derecho a ser libres, a moverse sin restricciones injustificadas, a escoger la propia religión y a participar en la elección de los gobernantes (el derecho al voto). Un modelo de justicia donde el sujeto de derechos es el individuo y la protección al “bien jurídico” abarca tanto los bienes como los intereses individuales. Ya entrado el siglo XX, se institucionalizarían los “derechos de segunda generación”, que son económicos, sociales y culturales y “tienen como objetivo fundamental –así lo manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos- garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que aseguren el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos“. Estos derechos trascendieron por primera vez la protección de los bienes y de los individuos, al reconocer como sujeto de derechos y de protección, también a la colectividad. Luego, en respuesta a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, tomarían cuerpo los “derechos de tercera generación” cuyas banderas principales son la consecución de la paz y la conservación de un ambiente sano. Un modelo de justicia donde los sujetos de derechos y de la protección al “bien jurídico”, siguen siendo los individuos y las colectividades. En el presente, han tomado fuerza los derechos de cuarta y quinta generación, que comprenden, uno el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el otro el derecho a la seguridad digital y a los servicios en línea. En fin, cinco “derechos generacionales” dirigidos a la protección del “bien jurídico” de los individuos y de las colectividades, o lo que es igual, concebidos para la estricta protección y fortalecimiento de los humanos, sin incluir a los animales, ni a las plantas, ni tampoco al agua y al aire, sólo porque al no ser posible imputarles derechos y obligaciones, tampoco puede calificárseles como “sujetos de derechos”. Por tal razón, el presidente Gustavo Petro se pregunta de manera coherente: ¿No sería clave, desde el punto de vista de lo jurídico, construir nuevos conceptos, una nueva realidad jurídica que permita defender la vida? ¿Podríamos acercarnos a una realidad jurídica que ya no sea la defensa del individuo, solamente, ni la defensa de los derechos colectivos, solamente,  sino también la defensa de la vida en el universo? La respuesta es una sola: sí, siempre y cuando les demos paso a los “derechos de sexta generación” cuyo sujeto de derechos, ya no serían estrictamente personas a las cuales puede imputárseles derechos y obligaciones, sino serían también factores bióticos (animales y plantas) y factores abióticos (como el aire y el agua), sin los cuales no es posible sobrevivir.

Por:  Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. A mi hermana y todas las mujeres que, como ella, son madres. Hermana, comienzo esta carta expresando mi más profundo respeto y admiración por tu valiente compromiso en criar a tu hija (mi sobrina) de una manera diferente, intentando alejarla de las violencias y enfocada en reconocer los riesgos frente al abuso que tantas mujeres enfrentamos en nuestro mundo. Tu dedicación y esfuerzo por inculcar en la niña valores de autonomía y conciencia sobre su propio cuerpo son verdaderamente admirable. Recuerdo el momento en que me compartiste la noticia de que esperabas una niña, y debo confesar que me invadió una mezcla de emociones. Pensé mucho en los desafíos que enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad. Sin embargo, al conocerla quedé enamorada y sorprendida por su delicadeza, su pequeñez y su vulnerabilidad, lo que reafirmó mi compromiso con su bienestar y protección. Mas aún en un país donde cada hora 2 niños o niñas son víctimas de abuso sexual y 8 mujeres cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y, donde, además, la impunidad en estos casos alcanza el 90%, el compromiso con la crianza y el cuidado es un reto enorme. Recientemente, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en pasado 8 de marzo en Medellín, tu hija gritó con claridad una arenga que me llenó de emoción: "escucha idio**, las niñas no se tocan". Se veía valiente y feliz. Pero, además, se veía cómo ella se sentía segura en medio de tantas mujeres que le siguieron el coro, le tomaron fotos y se alegraban con ella. Esta tradición que has construido con ella, de marchar cada 8M refleja tu compromiso como madre, y la capacidad de la niña para comprender muchas de las injusticias que enfrentamos. Es evidente que has sembrado en ella la semilla de la defensa de sus derechos, y eso es algo digno de aplausos. Lamentablemente, hemos recibido críticas y manifestaciones de odio en las redes sociales, acusándonos de "adoctrinamiento" por enseñar a la niña sobre la importancia de su integridad física y emocional. Sin embargo, hermana, quiero que sepas que tu labor como madre es excepcional. Entiendo que puedas sentirte abrumada por las críticas y el odio que recibimos, pero quiero recordarte que no estás sola en esta lucha. La responsabilidad de criar a nuestras hijas e hijos en un ambiente de respeto e igualdad recae en toda la sociedad, y tu rol como madre está siendo verdaderamente hermoso. Es importante que sigamos adelante con nuestra insistente labor, protegiendo y educando a nuestras niñas y niños sobre sus derechos y la posibilidad de reconocer los entornos seguros. La protección de la niñez debería trascender las diferencias políticas y la responsabilidad de criar a una niñez consciente es de todos y todas. Quiero cerrar esta carta expresándote mi más profundo agradecimiento por tu valentía y dedicación en la protección de tu hija. Tu labor no solo impacta la vida de tu hija, sino también la de muchas otras niñas y niños que miran tu ejemplo con admiración y esperanza. Gracias por levantar la voz y por luchar por un mundo donde todas las niñas y niños puedan crecer libres de violencias. Y sigo comprometida en acompañarte para que juntas enfrentemos este reto. Con todo mi amor. Ghi.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: MinTic y Revista Economía El acceso a Internet se ha convertido en una necesidad básica en la sociedad contemporánea, pero lamentablemente, muchas comunidades en zonas rurales y remotas aún carecen de esta vital herramienta. Consciente de esta brecha digital y comprometido con la inclusión tecnológica, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia ha lanzado el innovador proyecto de Comunidades de Conectividad. Las Comunidades de Conectividad son mucho más que un simple proyecto de infraestructura de red. Se trata de una estrategia integral que involucra a las propias comunidades en el diseño, implementación y gestión de sus propias redes de Internet. Estas comunidades de conectividad, establecidas mediante un decreto firmado en julio de 2023, buscan llevar Internet a las zonas más apartadas del país a través de la colaboración con Juntas de Acción Comunal y organizaciones similares. El objetivo principal de esta estrategia es organizar a las comunidades y proporcionarles las herramientas necesarias para que ellas mismas puedan llevar el servicio de Internet a sus hogares. El proyecto cuenta con un respaldo financiero significativo, con el MinTIC destinando $200.000 millones de pesos del presupuesto para 2024. Además, se espera beneficiar a cerca de 10.000 comunidades en su fase inicial, con el apoyo de entidades aliadas para la infraestructura y el crédito necesario. El ministro TIC Mauricio Lizcano ha sido un firme defensor de este proyecto, destacando su importancia para cerrar la brecha digital en Colombia. Lizcano ha enfatizado que el objetivo no es competir con proveedores de Internet establecidos, sino ofrecer conexiones a tarifas sociales gestionadas por líderes locales. Hasta marzo de 2024, el proyecto ha avanzado activamente, con MinTIC propiciando encuentros con organizaciones sociales y proveedores de servicio de Internet en varias regiones del país, como Tunja y Cali. Hasta la fecha, se han identificado 2.842 posibles beneficiarios, y se están llevando a cabo caracterizaciones y estudios de campo para determinar las soluciones tecnológicas más adecuadas para cada comunidad. El proyecto de Comunidades de Conectividad se inspira en experiencias exitosas de otros países, donde la colaboración comunitaria y el apoyo gubernamental han permitido expandir el acceso a Internet en áreas rurales y remotas. Por ejemplo, en Argentina, el Capítulo de la Sociedad de Internet implementó una red comunitaria en la zona rural de Las Lagunitas, con capacitación técnica para la comunidad local y el despliegue de tecnologías innovadoras, como paneles solares para abordar los cortes de energía frecuentes. En India, se ha apostado por la banda ancha satelital para conectar áreas rurales, mientras que en Kenia, las redes comunitarias han sido clave para proporcionar acceso a Internet en zonas remotas. En Colombia, experiencias como las redes comunitarias acompañadas por Colnodo abarcan varias regiones del país, como La Macarena en Meta y Caldono en Cauca, donde la comunidad participa activamente en el diseño, construcción y operación de la infraestructura de red. Un ejemplo inspirador proviene de las familias que viven cerca del río Venus en Antioquia. Gracias al sistema de monitoreo desarrollado por el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-loT), en colaboración con entidades como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el sector privado y académico, estas familias pueden conocer en tiempo real el nivel de las aguas del río a través de sus teléfonos celulares. Este proyecto, liderado por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), es un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las comunidades al proporcionar información crucial para la toma de decisiones. Este caso de éxito fue presentado durante la primera muestra de Experiencia Internet, una iniciativa del MinTIC en celebración del Día Mundial de Internet. El evento fue un escaparate de las diversas formas en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están siendo utilizadas para el progreso y desarrollo de Colombia. La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, destacó cómo estas tecnologías están impactando áreas clave como la educación, la justicia, la salud, el transporte y el turismo, entre otros. La importancia de la conectividad también fue subrayada por el Alto Consejero Presidencial para Asuntos Económicos, Felipe Buitrago, quien resaltó que cada incremento en la cobertura de internet se traduce en un aumento significativo del PIB y la productividad del país. En este sentido, proyectos como el Proyecto Nacional de Acceso Universal Social para zonas rurales, que busca conectar hasta 10 mil centros poblados, son fundamentales para cerrar la brecha digital y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades que ofrece la era digital. Además de los esfuerzos gubernamentales, empresas como Facebook están desempeñando un papel clave al brindar servicios que benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Colombia. Según una encuesta realizada en 2018, el 68 % de las empresas pequeñas en el país atribuyen un aumento en sus ventas a plataformas como Facebook e Instagram, lo que demuestra el poder del internet para impulsar el crecimiento empresarial. El evento también exploró innovaciones tecnológicas como el reconocimiento facial, presentado por la multinacional japonesa NEC. Esta tecnología, que ya se está utilizando en grandes aeropuertos y estadios en todo el mundo, podría tener aplicaciones en la seguridad pública en Colombia, como la identificación de personas con antecedentes criminales. Además de las iniciativas gubernamentales y corporativas, las redes comunitarias están desempeñando un papel fundamental en la inclusión digital y el desarrollo económico en áreas rurales. Estas redes, gestionadas y propiedad de las propias comunidades, están democratizando el acceso a la información y las oportunidades en todo el país. A través de programas de capacitación y empoderamiento, como el Proyecto Google Impact Challenge, las mujeres rurales están adquiriendo habilidades digitales que les permiten fortalecer sus emprendimientos y contribuir al crecimiento de sus comunidades. Estas experiencias demuestran que las redes comunitarias pueden ser una solución efectiva para la inclusión digital, empoderando a las comunidades y mejorando su calidad de vida a través del acceso a Internet. Con un enfoque colaborativo y participativo, el proyecto de Comunidades de Conectividad en Colombia tiene el potencial de transformar vidas y comunidades enteras, marcando el camino hacia un futuro más conectado e inclusivo para todos los colombianos. El aporte de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al proyecto de comunidades de conectividad del MinTic ha sido significativo en su primera fase. La Fundación ha desempeñado un papel crucial al contribuir al trabajo de caracterización integral en 10 municipios, entre ellos Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño. Esta fase inicial ha proporcionado una base sólida de información respecto a la situación de conectividad en estas áreas. Se ha evaluado el acceso a Internet, la capacidad organizativa de las comunidades, su nivel de seguridad y las brechas digitales presentes. Las conclusiones extraídas de este proceso han identificado la brecha digital como un desafío recurrente. Además, se ha resaltado la necesidad de realizar inversiones tanto en infraestructura tecnológica como en programas educativos para abordar esta disparidad digital. Otro aspecto relevante que se ha puesto de manifiesto es la cuestión de la seguridad, la cual está influenciada por la presencia de grupos armados en la región. Esta preocupación constante subraya la importancia de considerar el contexto socio-político en el diseño e implementación de estrategias de conectividad. En este sentido, se ha reconocido la importancia de fomentar la participación comunitaria activa y establecer alianzas estratégicas para superar los desafíos identificados. Es esencial que las soluciones propuestas sean culturalmente apropiadas y respaldadas por la población local para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Solo Literatura Llevaba un año en París y aún no sospechaba que vendrían sus horas más difíciles. Escribía para el diario El Espectador y el régimen de Rojas Pinilla estaba a punto de cerrarlo. Estaba escribiendo su segunda novela, La mala hora, con la que esperaba contradecir al director de la editorial Losada de Buenos Aires quien al leer el manuscrito de su primera novela, La hojarasca, le aconsejó dedicarse a otra cosa. Estaba en París porque los escritores deben estar en esa ciudad. Era 1956 y hacía frío. Un amigo portugués lo invitó una noche de marzo a un recital de poesía. Declamaría una joven escritora española. “Qué aburrimiento” le dijo Gabo. Decidió esperarlo en el café de Mabillon. Allí llegó el portugués con la poeta. Se llamaba María Concepción Quintana y le decían Tachia. Había nacido en el País Vasco en una familia católica y franquista. En Madrid conoció al poeta Blas de Otero, trece años mayor que ella, con el que sostuvo una relación tan tormentosa que prácticamente llegó huyendo de él a París. Intentaba abrirse paso como poeta y como actriz. Esa noche, en la que se conocieron en el Mabillon, a Tachia no le gustó nada el joven novelista colombiano. Le parecía petulante, sólo hablaba de él mismo. Definitivamente no era su tipo como se lo confesó al biógrafo Gerald Martin “A mi me gustaban los hombres al estilo de James Mason, tipo caballero británico, no los latinos guapos. Además, siempre preferí hombres mayores y Gabriel era casi de mi edad”. El amigo portugués se fue sobre las diez de la noche. Tachia necesitaba contarle sus penas a alguien, pero Gabo era poco dado a escuchar. Alardeaba sobre lo que escribía. No lo soportaba. Pero las cosas fueron cambiando, ella vio su otra cara. Empezaron a salir pero tres semanas después vendría la debacle. Rojas Pinilla cerró El Espectador en Bogotá y Gabo se quedó sin trabajo. No era el mejor escenario para que una relación floreciera. García Márquez tuvo la oportunidad de regresar a Colombia. Incluso le llegó un pasaje en avión hasta Bogotá. Pero decidió canjearlo por francos y vivir su sueño de ser escritor. Empezó a escribir la historia de un hombre que esperaba todo el tiempo a que su suerte cambiara: era El coronel no tiene quien le escriba. Fue el peor momento para García Márquez en Europa. Como se lo confesaría muchos años después a sus amigos, la dueña de la pensión en la que vivía, a la que le debía además un montón de plata, a veces le pedía el favor de que le bajara la basura al primer piso. El futuro Nobel aprovechaba para esculcar la bolsa y comer cualquier desperdicio. Varias veces tuvo que pedir dinero en la entrada del metro y la policía vivía deteniéndolo porque lo confundían con un argelino. En ese momento el conflicto Francia-Argelia arreciaba. Pero Gabo resistió. Y Tachia también. Además de la pobreza de su pareja tenía que soportar que cada tanto le recordara que él estaba comprometido de una muchacha de rasgos egipcios que lo esperaba en Barranquilla y que se llamaba Mercedes Barcha. Tachia igual, cada franco que ganaba, lo usaba para comprar un hueso y hacer sopa con él. Los pocos momentos de felicidad los tenía gracias a los amigos del escritor. Había uno, el pintor Hernán Vieco, que vivía cómodamente en París. Casa, carro y fiestas en donde Gabito mostraba sus dotes de cantante. Entonces sobrevino el detonante: Tachia quedó embarazada. Él decidió hacer lo que ella quisiera. Ella decidió abortar. Estaba embarazada de cuatro meses y el aborto se complicó. Hubo hemorragias. Casi muere. La relación se fracturó. Ella regresó a Madrid. Se verían muchos años después, en 1968, cuando ya las bendiciones de Cien Años de Soledad habían caído sobre el de Aracataca. Conoció a Mercedes y se llevaron bien. Tachia fue una de las invitadas a la ceremonia de entrega del Premio Nobel en Estocolmo. Incluso salió con Mercedes por la capital sueca a comprar vestidos y regalos a los invitados. Incluso en la versión francesa de El amor en los tiempos del cólera, la dedicatoria fue para ella. A sus 94 años Tachia sigue viviendo en Paris. Tiene sus recuerdos intactos y el orgullo de haber sido, durante muchos años, el amor secreto de Gabriel García Márquez.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Revista Congreso y Publimetro A finales del año 2012, durante la Asamblea Nacional del Partido de la U, José Obdulio Gaviria le habló al oído una vez más a Álvaro Uribe Vélez. En ese momento el distanciamiento con el entonces presidente Juan Manuel Santos, tenía proporciones abismales. Ya era de conocimiento público que su gobierno se sentaría a negociar con las FARC, una vieja idea que nunca pudo concretar Uribe. El partido de la U estaba perdido. El consejo de José Obdulio era simple y a la vez rompedor: había que abrirse y fundar un partido centro en el “Puro centro democrático” que respetara el pensamiento del uribismo puro. En enero del 2013 se creaba el Centro Democrático. José Obdulio esperaba tener en este nuevo partido un papel protagónico. Así fue en los ocho años de la Seguridad Democrática. Es que hasta el 2002, para la mayoría del país José Obdulio era un ilustre desconocido. En los setenta y en los ochenta había sido un comunista duro, que organizó, como líder estudiantil, la primera y única huelga que ha tenido la Universidad Pontificia Bolivariana, se hizo amigo de Carlos Pizarro, quien con el tiempo sería el comandante máximo del M-19, militó en el Partido Comunista-Marxista-Leninista PCML e incluso ayudó, como abogado, a sacar de la cárcel a varios miembros de la guerrilla del EPL. Militó en varios movimientos de izquierda hasta que llegó a Firmes. Allí, el ex senador Gerardo Molina, le presentó al joven político Álvaro Uribe, quien estaba al frente a principios de los ochenta de la Aerocivil. Y algo sucedió en José Obdulio. Se convirtió en un mosquetero, en una segunda cabeza. Renunció por completo a tener cualquier aspiración política propia y se convirtió en asesor presidencial. Así lo encontramos en la gobernación de Antioquia entre los años 1995 y 1997, la sombra detrás de Álvaro Uribe, convirtiéndolo en el gobernador más popular del país, manejando ideas que se convertirían en verdaderas bombas que explotarían en el Tiempo como las Convivir. Los centenial no lo deben recordar, pero a comienzos del 2001, a meses de las elecciones presidenciales de ese año, Alvaro Uribe Vélez tenía 1% de intención de voto en unos comisos en donde, si no pasaba nada, el que arrasaría sería el político liberal Horacio Serpa. Pero pasó de todo. Las negociaciones del Caguan sostenidas por el gobierno Pastrana fueron un desastre que terminaron fortaleciendo a las FARC, Uribe -asesorado siempre por José Obdulio- resultó víctima de un atentado en Barranquilla en donde resultó completamente ileso y su imagen de héroe que se enfrentaba a los villanos insurgentes se fortaleció hasta el punto que fue presidente. Mientras tanto el poder de José Obdulio crecía. Dentro del gobierno fue un OVNI, un Objeto Volador no Identificado. Era difícil entender el cargo que tenía. Parecía más bien un visir de emperador, alguien que estaba siempre al lado suyo, como una sombra, con sus lentes transición, una versión moderna de los tétricos lentes oscuros que pusieron de moda los dictadores latinoamericanos en los setenta. Estaba claro que el asesor presidencial era el hombre que le escribía los discursos al presidente, y ayudó a convertir el uribismo en una ideología basada en un spot publicitario creado por Carlos Duque: Mano firme, corazón grande. Como denunció en su momento La Silla Vacía, aunque tenía su despacho en la Casa de Nariño el salario de él no salía de presidencia sino del Convenio Andrés Bello. Al no tener un cargo oficial estaba lejos del bien y del mal. ¿Quién podría juzgarlo, la Procuraduría, el Congreso, la Contraloría? En su defensa de que en Colombia no había conflicto interno sino que era atacado por una partida de bandoleros que se escudaban en los símbolos de las FARC y el ELN intensificó aún más la guerra. Fue un defensor a ultranza del fallido proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia que las fracciones en las cientos de bandas que hoy azotan al país. Pero la labor por la que José Obdulio se hizo más famoso fue usar los medios de comunicación para destruir a sus enemigos. Desde su columna de El Tiempo atacó directamente a Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, los directores de Cambio, por haberle dado espacio al informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, de León Valencia, en donde se constataba que la tal Seguridad Democrática no era tan efectiva en las regiones más apartadas del país. José Obdulio, desde su procaz columna en El Tiempo, llamó a Rodrigo Pardo “Líder de la bigornia”, palabras más, palabras menos, se refería a él como una especie de barra brava antiuribista. Aunque la casa editorial El Tiempo afirmó que el cierre de la revista se debía a sus bajas ventas, el propio Rodrigo Pardo sabía de la amistad de José Obdulio con Francisco Solé uno de los directivos de Planeta, que acababa de comprar el periódico. En entrevista con José Alfredo Vargas del 2010 Pardo dice conocer rumores de que Gaviria pudo envenenar a Solé contra la revista. En su columna de El Tiempo José Obdulio, desesperado porque Nuevo Arco Iris había escrito un libro en donde se le quitaba el velo a la parapolítica, se despachó contra la joven investigadora Claudia López quien le dedicó un capítulo a la parapolítica en Antioquia. La llamó “La Torquemada del Siglo XXI” y le dedicó un capítulo en un libro que escribió con un conjunto de intelectuales para deslegitimar esa investigación. Mientras aparentemente le daba duro a los investigadores de Valencia, por debajo de cuerda lo llamaba a él y llegó a ofrecerle, incluso, el ministerio de cultura. Después de que terminaron los años de Uribe su poder fue menguando. Gaviria llegó a tener un programa de televisión en donde cargó durísimo en el 2011 contra la figura de las Reservas Campesinas, tratándolas de reductos guerrilleros. Después de lo que el uribismo puro y duro consideró la traición suprema de Santos por sentarse a hablar con las FARC, ayudó a crear el Centro Democrático en donde esperaba seguir teniendo un papel protagónico.  Nada de esto ocurrió. Incluso, lo dejaron solo. En las listas al congreso del 2014 José Obdulio ocupó el noveno puesto. Además un trino de Juan Carlos Pastrana, en donde mostraba una vieja foto del asesor presidencial al lado de su primo, Pablo Escobar Gaviria. Empezó una guerra en donde improperio iba y venía. Mientras Gaviria le decía “Violador” el hermano del expresidente Pastrana le ripostaba con otro improperio: “Narco”. Pero en ese ir y venir se dijeron verdades, por ejemplo, es fáctico que dos hermanos de José Obdulio Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Velez, habían sido detenidos en 1983 por su presunta participación en envíos de cocaína a los Estados Unidos. Cuando los hermanos quedaron en libertad aparecieron en la nómina de la Gobernación de Antioquia, cuando Uribe estaba al frente, ejerciendo labores de asesoría. Álvaro Uribe siempre se ha caracterizado por defender con ahínco a sus amigos. Esta vez dejaba solo a José Obdulio. A pesar de estar tan lejos en la lista llegó a ser senador. Con el tiempo ya perdió el peso que alguna vez llegó a tener. Los pesos pesados del uribismo simplemente le hacen el quite. Ahora está prácticamente retirado, dedicado a ser observador de carreras de ciclismo y a trinar contra el presidente Petro. Su figura, poco a poco, se va difuminando de la historia.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 12 de marzo, se llevó a cabo una sesión plenaria del Senado de la República, convocada para abordar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los impulsores de esta propuesta de moción de censura incluyen a los senadores Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde; Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe y Carlos Meisel, del Centro Democrático; y Antonio Zabaraín y David Luna, de Cambio Radical. Su propósito principal era llevar a evaluación la labor que Velásquez ha desempeñado en el Ministerio desde el 7 de agosto de 2022. Durante esta moción, el senador Jota Pe Hernández desató un escándalo al denunciar una preocupante situación en Tolima y Arauca: las disidencias de las FARC estarían exigiendo una carnetización a los habitantes, especialmente a los conductores, bajo amenazas. Según las revelaciones del congresista Hernández, los conductores están siendo citados mediante panfletos intimidatorios para acudir a puntos designados por las disidencias, su pena de inmovilización de sus vehículos en caso de incumplimiento. Al parecer, en estas reuniones, se les entrega un carnet que les permite transitar por ciertos corredores viales, pero a cambio se les exige una suma de dinero, como lo evidencia el caso de un ciudadano identificado como Camilo, quien tuvo que desembolsar $1.000.000 el pasado 28 de febrero. Además de esta grave situación, el senador Hernández también señaló otras actividades ilícitas realizadas por estas organizaciones criminales, como retenes ilegales, patrullajes, funerales en vías públicas e incluso la inauguración de obras de infraestructura. "ministro, que se estén inaugurando obras no es responsabilidad de las fuerzas militares; es consecuencia de la permisividad y los espacios que estos grupos guerrilleros han visto por parte de este Gobierno", enfatizó el congresista durante la sesión en el Senado. Incluso, se han documentado casos en los que los integrantes de estas organizaciones entregan útiles escolares a niños de escuelas rurales, como ocurrió recientemente en Norte de Santander, donde los menores fueron formados en filas para agradecer y aplaudir frente a la cámara. La gestión del ministro de Defensa también fue cuestionada debido a las alarmantes cifras de violencia en el país. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo, se han registrado 137 masacres en Colombia, dejando un saldo de 438 víctimas, además de 300 líderes y lideresas sociales asesinados. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha observado que Colombia está experimentando un cambio en su enfoque de seguridad. Históricamente, el país ha seguido una doctrina de seguridad que enfatizaba el control y la vigilancia, a menudo medida por la cantidad de operativos realizados. Sin embargo, el Gobierno actual ha adoptado un enfoque diferente, como lo evidencia su negativa a utilizar bombardeos como estrategia de control contra grupos armados. Aunque el Gobierno actual ha sido claro en su posición, se han presentado situaciones que no corresponden a su gestión. El ministro ha tenido que aclarar que ciertos eventos no ocurrieron durante su mandato, como lo planteado por el senador Jota Pe respecto a hechos pasados. Marín destaca que, a pesar de las políticas gubernamentales, el ELN sigue fortaleciéndose en áreas donde ha tenido presencia histórica. Esto se refleja en informes recientes que muestran el fortalecimiento de esta organización en ciertas regiones, como el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Además, se observan conflictos en torno a las economías ilegales, como la minería en Antioquia y el Bajo Cauca, donde se enfrentan el ELN y el Clan del Golfo. Situaciones similares se presentan en el Chocó. A pesar de estos desafíos, se han llevado a cabo acciones contra grupos criminales, especialmente el Clan del Golfo. Se han realizado operativos y capturas de miembros de esta organización, lo que refleja una coordinación institucional entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Estas acciones no solo se traducen en combates o bajas militares, sino también en operativos y decomisos, lo que contribuye a la lucha contra la delincuencia y la percepción de seguridad en los territorios. Marín también subraya que el conflicto en Colombia no se limita a organizaciones conocidas como el ELN o el Clan del Golfo, sino que también implica a una serie de organizaciones criminales que operan en diversos territorios, exacerbando la inseguridad y los actos victimizantes en estas áreas. El senador Hernández reveló que en los 32 departamentos del país hay presencia de organizaciones armadas, con 17.600 integrantes desplegados por todo el territorio nacional. Estas revelaciones generaron un intenso debate en el Senado, donde se exigió una acción contundente por parte del Gobierno para enfrentar esta grave problemática que afecta la seguridad y el bienestar de los colombianos en diversas regiones del país. Según datos de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de Pares, en 2023 se registró la presencia de diferentes grupos armados en varios municipios: el Clan del Golfo estuvo presente en 269 municipios; el ELN en 215 municipios; el Estado Mayor Central en 166 municipios; la Segunda Marquetalia en 55 municipios; el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 10 municipios; y los Pachenca en 9 municipios.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo Una de las decisiones que tranquilizó al país, incluso hasta los que no habían votado por Gustavo Petro, fue anunciar, poco después de ganarle a Rodolfo Hernández la segunda vuelta en las elecciones, que José Antonio Ocampo sería su ministro de Economía. Independientemente de sus posiciones políticas, Ocampo era un experto en la materia. Su currículo hablaba por si mismo: Director Ejecutivo de la CEPAL, Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, profesor de universidades tan prestigiosas como la de Columbia, su nombramiento acalló las voces alarmistas que presagiaban el desastre que le traería a la economía colombiana el mandato de Petro. Muy al contrario de lo que pensaban los que compraron dólares pensando que se iba a disparar a los 5.000 pesos, la economía colombiana, comparada con otros países de la región, goza de buena salud. El dólar está estancado y la inflación y el desempleo han bajado. La salida de Ocampo no constituyó ninguna debacle. Sin embargo, la clase política se ha ensañado contra Petro y sus últimos nombramientos alegando que la única cualidad que se necesita en este gobierno es ser un petrista barrabrava. Todo un debate se ha abierto en el país sobre la necesidad o no de nombrar tecnócratas en ministerios o puestos claves del gobierno. Leí un trino de León Valencia y lo voy a parafrasear. A lo largo de la historia republicana las élites clientelistas colombianas han llenado la administración pública de técnicos y “corbatas”, o como le llaman ahora, activistas. Es comprensible que Gustavo Petro quiera rodearse de funcionarios a fines a su ideología. Los cambios que está proponiendo necesitan de personas que entiendan como se está moviendo el ajedrez político. En un momento en el que reformas tan importantes como la de la Salud están empantanadas, necesita gente de su entraña ideológica. Es obvio que los expertos son importantes y están en cargos secundarios en este gobierno pero, ¿de verdad tienen autoridad moral caciques como César Gaviria de criticar a Petro por creer en lealtades personales a la hora de nombrar a alguien en un cargo público? En su última columna en El Espectador,  titulada El buen gobierno, como la vida buena, necesita tanto activistas como técnicos, Rodrigo Uprimny, a propósito del debate sobre tecnócratas y activistas, cita a Bertrand Russel “ni el amor sin conocimiento ni el conocimiento sin amor pueden producir una vida buena”, y remarca que es necesario mantener el equilibrio entre lo técnico y lo político a la hora de escoger los funcionarios de gobierno. Está muy bienintencionada la columna, pero debe saber que Petro en este momento está en un tránsito. Sus reformas están en vilo y necesita lealtades. Si, han aparecido los Gustavo Bolívar, los Alexander López, los Carlos Carrillo, pero el presidente, en horas tan cruciales, necesita también de mosqueteros que le cuiden las espaldas. ¿O es que Uribe no los tuvo? Daniel Palacios, quien fuera ministro del interior de Duque, se hizo carrera gracias a cargarle la maleta a Uribe durante veinte años. Él mismo dice que es como si fuera un hijo suyo. ¿Por qué lo técnico sólo se lo están exigiendo a la izquierda? Había una consigna en los tiempos de la China de Mao que rezaba: los funcionarios deben ser rojos y calificados. Es decir, para su caso, buenos comunistas y a la vez con alta calificación técnica. El presidente está en todo su derecho de escoger a personas afines a su proyecto, al cambio. Se gobierna desde lo técnico y también desde lo político. Petro tiene derecho a no traicionarse.

Por: María Valentina Ortiz Prada Asistente de Investigación Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana El inicio de año fue violento con las mujeres. Así lo confirmó la Procuraduría General de la Nación (2024) en el boletín 108: se registraron más de veinte víctimas mortales (únicamente) en el mes de enero. Las estadísticas proporcionadas por el órgano de control revelaron que once de estos crímenes fueron cometidos, presuntamente, por su pareja o expareja sentimental. Esta cifra, sumada a las 848 alertas emitidas en el año 2023 por la amenaza de feminicidio, destacan el constante riesgo que prevalece para la seguridad de las mujeres. El 22 de enero, el escenario mediático se vio colmado con el nombre de Diana Carolina Serna, una de las once mujeres que forman parte de esa estadística. A Diana la asesinaron, trágicamente, en la vía pública, en Suárez, Valle del Cauca, a plena luz del día. Este suceso ocurrió momentos después de que ella tomase la decisión de poner fin a la relación que sostenía con su agresor. Curiosamente, este hecho tuvo lugar exactamente un año después del asesinato de Valentina Trespalacios, también víctima de la violencia machista. En el transcurso del último año, se conocieron también los casos de Erika Aporte, una mujer de 26 años asesinada por su expareja en una cafetería del Centro Comercial Unicentro en Bogotá; Luz Mery Tristán, excampeona mundial de patinaje, presuntamente asesinada por su expareja en su lugar de residencia en Cali; Isabella Mesa Sánchez, una joven de 19 años asesinada por su pareja sentimental en Medellín; Estefany Pulido, una mujer de 40 años, asesinada por su expareja en un establecimiento comercial de Bucaramanga; Claudia Janeth Agudelo, una mujer de 31 años de edad asesinada por su esposo y padre de dos hijas al interior de su vivienda familiar en Bogotá; Laura Isabel Lopera, una joven de 19 años, presuntamente asesinada en Medellín por su pareja sentimental, un hombre canadiense que se encuentra prófugo de la justicia.  Estos casos se suman a los 360 casos reportados en el país durante 2023. Existe un común denominador adicional a las relaciones interpersonales que sostenían las víctimas con los agresores: éstos últimos presentaban anotaciones judiciales, por un lado, o antecedentes comportamentales misóginos, por el otro. Esto invita a cuestionar eficacia de las medidas de prevención y protección en los casos de Violencias Basadas en Género (VBG). De la misma manera, indica la urgencia de abordar, no solo las consecuencias de estos actos violentos, sino también sus raíces profundas en patrones socioculturales y estructuras que perpetúan la desigualdad de género. Los móviles del feminicidio Según Segato (2016), en el ámbito doméstico, el recurso a la agresión implica la suspensión de cualquier dimensión personal en el vínculo, abriendo paso a una estructura genérica e impersonal del género y su imperativo de dominación. Esto significa que la violencia subyacente, manifestada en el feminicidio, tiene uno de sus fundamentos en un tipo de mandato de sometimiento, donde la masculinidad como atributo emerge como una característica fundamental.  En suma, los móviles personales guardan una estrecha relación con el control, el poder, la venganza, los celos y demás elementos semejantes. En la misma línea, la percepción del cuerpo femenino como propiedad se expresa como una manifestación de poder; en las configuraciones sociales patriarcales, el cuerpo de las mujeres representa un espacio de conquista. Bajo estos preceptos, los casos de feminicidio tienden a asociarse, atenuarse e incluso justificarse en función de la cercanía del agresor con la víctima. Estas interpretaciones conectan el feminicidio con los mal llamados "crímenes pasionales" o, desde la perspectiva penal, con la ‘ira e intenso dolor’, argumentos que desvían la atención y la responsabilidad hacia el agresor, resaltando las "motivaciones” detrás del acto en sí mismo. De manera similar, cuando se relaciona al agresor con algún tipo de psicopatía o se le etiqueta con alguna enfermedad mental, se convierte en un mecanismo para intentar comprender o explicar las razones causales que condujeron al feminicidio. En términos de Segato (2016), quienes perpetran este tipo de delitos no solo tienen conocimiento del hecho, sino que también lo llevan a cabo como un acto de disciplinamiento social en contra de la mujer. En consecuencia, es fundamental resaltar que el feminicidio debe ser analizado desde una perspectiva política, considerando la noción de poder asociada a la masculinidad que se manifiesta a través de la agresión contra la vida e integridad de las mujeres. Ahora bien, existen también los móviles no personales, entendidos como aquellos que no están vinculados a circunstancias o relaciones específicas entre el agresor y la víctima, sino que corresponden a una lógica de violencia sistemática en contra de las mujeres. Algunos ejemplos incluyen la disputa territorial, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la expresión de odio, la reproducción de estereotipos, entre otras cosas. Es óptimo, para este apartado, recordar a Michel Dayana Gonzáles, menor de quince años cuya muerte denota un“deseo de destrucción de la identidad”. Según lo expresado por Botero Ruge, la horrorosa circunstancia de encontrar a la menor desmembrada de múltiples contendores de basura evidencia un profundo menosprecio hacia su cuerpo y su dignidad, la cual fue reducida al mínimo. Botero Ruge (2023) señala que, en casos como este, la mujer no es reconocida como un ser humano sujeto de derechos, sino como un objeto susceptible de ser “comprado, vendido, destruido y, en últimas, desmembrado” (Ruge. M.B. 2023, 11 de diciembre). No obstante, más allá de la diferenciación entre la proximidad de la víctima con su agresor, al igual que en los casos motivados por los móviles personales, esto permita dar cuenta de cómo la violencia feminicida se convierte en un elemento de castigo en contra de las mujeres que desafían o cuestionan el modelo hegemónico de la masculinidad. Queremos vivir sin miedo Todo indica que la violencia de género no cesa en Colombia. Según el informe más reciente publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, en un día, se reportan casi dos casos de feminicidios, 213 víctimas mujeres de violencia intrafamiliar y, al menos, 64 casos de violencia sexual. Actualmente, nos enfrentamos a una Emergencia Nacional por Violencias Basadas en Género (VBG), evidenciando la necesidad latente de realizar esfuerzos por garantizar la plena libertad de las mujeres. La urgencia de abordar esta problemática es innegable, por lo que es crucial adoptar medidas efectivas para erradicar la violencia de género en todas sus formas. Resulta imperativo reconocer el feminicidio como un fenómeno cimentado en la estructura jerárquica social, un problema sistemático que deben abordar el Estado y la sociedad en su conjunto. Es, cada vez más evidente, que deseamos vivir sin miedo. La necesidad de un cambio profundo en la sociedad se manifiesta de manera inequívoca, exigiendo un compromiso conjunto para construir un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres. *Para una lectura más completa de los datos de VBG consulte el informe “Vivir sin Miedo. Referencias bibliográficas ·       Procuraduría General de la Nación (2024) “Violento comienzo de año para las mujeres en el país. Procuraduría pide acciones ante elevadas cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios”. Consultado en: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/violento-comienzo-para-mujeres-procuraduria-pide-acciones-ante-elevadas-cifras-violencia-intrafamiliar.aspx#:~:text=Procuraduría%20pide%20acciones%20ante%20elevadas%20cifras%20de%20violencia%20intrafamiliar%20y%20feminicidios,-Page%20Image&text=-%20Más%20de%2020%20mujeres%20fueron,casos%20eran%20menores%20de%20edad. ·      Segato, R.L. (2016). La Guerra Contra las Mujeres. Editorial: Traficantes de Sueños. Consultado en: https://traficantes.net/libros/la-guerra-contra-las-mujeres ·      Ruge, M. B. (2023, 11 de diciembre). Tomado de: Solorza, D. V. (2023, 11 de diciembre). Caso Michel Dayana: “el desmembramiento denota el desprecio por su cuerpo y su vida”. ELESPECTADOR.COM. https://www.elespectador.com/genero-y-diversidad/las-igualadas/caso-michel-dayana-el-desmembramiento-denota-el-desprecio-por-su-cuerpo-y-su-vida/ ·      Fundación Paz y Reconciliación, PARES. Informe Violencias Basadas en Género 2022-2023 (2024). Consultado de: https://www.pares.com.co/post/vivir-sin-miedo-informe-de-violencias-basadas-en-género-2022-2023

Por: Katia Rosero- Enlace regional de Nariño Paola Marin- Investigadora Nacional. Fotos tomada de : Caracol Radio y BBC En un esfuerzo por abordar la creciente crisis de violencia en la región de Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar lideró el primer encuentro regional el pasado sábado 9 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana. La iniciativa, en línea con el enfoque de territorialización de la paz del Gobierno Nacional, busca confrontar la presencia y disputa entre estructuras disidentes de las FARC y la guerrilla del ELN en la zona. El inicio de los Diálogos Regionales puso en evidencia la complejidad de la situación social y política en el departamento en relación con la superación de la violencia armada y la construcción de la Paz Total. El anuncio de la instalación de los diálogos, en un primer momento, contempló la presencia de actores armados; de hecho el Frente Comuneros del Sur emitió un comunicado pidiendo a la gobernación de Nariño participar en la mesa, sin embargo, frente el anuncio del ELN de congelar los diálogos con el Gobierno Nacional por la instalación de los Diálogos Regionales, que suponían, al menos aparentemente, conceder autonomía a una fracción del grupo armado que tradicionalmente ha tenido un mando unificado; la gobernación de Nariño se decantó por establecer una mesa de diálogos de paz con sectores sociales en la que, por ahora, no hay presencia de actores armados. La instalación de esta mesa de diálogos en el municipio de Samaniego, que ha sido epicentro de fuertes disputas armadas en los últimos treinta años por ser punto geográfico de conexión entre la cordillera, el piedemonte y la frontera con Ecuador, se enmarca en el despliegue, quizá sin precedentes, de presencia estatal en los territorios más apartados de Nariño. Las jornadas de Gobierno con el Pueblo, la visita del gobernador de Nariño a cada municipio después de su posesión y los Diálogos Regionales de Paz, se anunciaron como la avanzada de la fuerza política del cambio con la promesa de importantes inversiones para solventar necesidades básicas de poblaciones, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, que a día de hoy no tienen vías de acceso, escuelas rurales o agua potable y que además, han sido objeto del actuar violento de múltiples grupos armados que se disputan un territorio estratégico geográficamente por la salida al pacífico y al Ecuador, inmensamente rico en recursos naturales, con vastos territorios aptos para cultivos de uso ilícito y con una base social que, sin mayores oportunidades en el modelo de desarrollo nacional y con su modo de vida propio destruido por la misma violencia, se enfila en los grupos armados sin mayor resistencia. En el evento, que contó con la presencia de destacadas figuras como el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y representantes de entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz, se anunció la creación de una "maqueta de paz" con una inversión inicial significativa. Esta inversión se dirigirá a aspectos clave como la seguridad humana, la transformación productiva y la conectividad, con el objetivo de abordar las necesidades prioritarias de la población afectada. Sin embargo, el camino hacia la paz en Nariño no está exento de desafíos. Las críticas de algunos sectores y personas, como 'Antonio García', ha planteado obstáculos a estos diálogos regionales. A pesar de ello, las autoridades locales y nacionales se mantienen firmes en su compromiso con la construcción de la paz, enfocándose en la participación de la sociedad civil y la atención a las necesidades básicas de las comunidades. La propuesta de Paz Total apunta a quitarle a los grupos armados su base social llevando grandes inversiones destinadas a fortalecer los planes de vida de las poblaciones, la decisión del gobierno nacional de implementar enfáticamente esta estrategia en Nariño, en donde el Pacto Histórico tuvo un significativo apoyo popular en las elecciones nacionales y locales, implica la reconfiguración de fuerzas en la disputa por la gobernanza del territorio. En todo Nariño se escucha que “el negocio está caído”, muchos campesinos dedicados a raspar hoja han regresado a las zonas agrícolas, la economía campesina se ha visto afectada por el declive de los precios de la hoja de coca, que se supone ha sido el motor económico principal de la guerra, sin embargo, los grupos armados parecen fortalecidos, persiste el reclutamiento, aumentan las acciones extorsivas, se reporta nuevamente el minado de territorios y la gobernanza de los actores armados sigue vigente. De hecho, durante 2023, de acuerdo con los datos proporcionados con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV , hay almeno 34.509 víctimas por ocurrencia, especialmente en los municipios de San Andrés de Tumaco, Ricaurte, Maguí, Olaya Herrera y Samaniego, resultado de enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el ELN, principalmente en las subregiones Pacífico Sur, Telembí, Sanquianga y Cordillera, sin embargo, y sumando complejidad a este panorama, entre enero y febrero de 2024 se anunciaron dos acuerdos de colaboración y respeto territorial entre el ELN y la SM, con la consolidación de la Coordinadora Guerrillera del Pacifico el primero en el triángulo del Telembí y el segundo en la zona norte del departamento. Este repentino cambio de postura entre el ELN y la SM, coincide con la reaparición de las Autodefensas Unidas de Nariño en octubre de 2023 y la divulgación de un video en marzo de 2024, justamente un día después de la instalación de la Mesa de Diálogos Regionales de Paz y desde un municipio vecino a San Pablo, en donde Petro estuvo el 7 de marzo firmando el decreto reglamentario de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, en el que anuncian la retoma de todo el territorio nariñense. Las Autodefensas Unidas de Nariño son el rezago de la presencia de las AUC en el departamento que, a través del Bloque Central Bolívar- BCB-, intentó replicar en el suroccidente la experiencia exitosa de control armado del territorio que inició en Bolívar y el Magdalena Medio. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH el BCB tenía como objetivo el control territorial para el desarrollo de actividades asociadas con el narcotráfico y el control político de “un movimiento social en ascenso fortalecido y dinámico”, se aliaron con grupos armados privados financiados por los grandes palmicultores que ocuparon los territorios colectivos en la costa pacífica y asesinaron de forma sistemática a líderes sociales, sindicalistas y estudiantes, después del proceso de Paz en San José de Ralito, el BCB se desmovilizó y parte de sus integrantes se reagruparon bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Nariño. La reaparición de las AUN en medio de la avanzada del Gobierno en el territorio y las alianzas entre disidencias de la SM y ELN recuerdan la vieja estructura del conflicto armado, que parecía haberse transformado hacia una multiplicidad de actores armados movilizados únicamente por el narcotráfico, y desempolva viejas lealtades ideológicas y económicas. La gran apuesta de la Paz Total, que encarna la perspectiva de un gobierno popular, se pone en marcha en Nariño, en donde reside una importante fuerza electoral del Pacto Histórico; avanzar en la Paz Total y hacer inversión social efectiva sería la demostración histórica de la capacidad del Estado de incidir en los territorios más apartados, generar transformaciones valiosas para las poblaciones y representaría un triunfo significativo para el actual gobierno. El recrudecimiento de la violencia armada mientras se sienta una Mesa de Diálogos Regionales de Paz se puede entender como una acción que busca deslegitimar la acción de un gobierno con alto apoyo popular, en medio de la disputa por la gobernanza de la región.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae y Radio Nacional de Colombia Desde los noventa la paz se rompió en el puerto de Buenaventura. Las siete plagas de Egipto se han ensañado contra él. Guerrillas, Paras, bandas criminales y corrupción son los componentes del remolino que amenaza con tragársela. En 1999 las FARC se tomaron la hidroeléctrica de Achincayá con 200 empleados adentro. La noticia incluso le dio la vuelta al mundo. Fue un secuestro espectáculo, algo parecido a las tomas simbólicas que hacían el M-19 o el mismo ELN en los noventa. Lo que pedían, con la toma, era una rebaja del 30% a las tarifas de energía. Pero igual no dejó de ser violento. Además de ser un punto de inflexión. Según el informe de la Comisión de la Verdad la primera masacre que se cometió en Buenaventura data de 1995 en el sector de las Zabaletas. Las Farc ejecutaron a cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas. Desde entonces la violencia no ha parado. En 1998, según lo afirma El Espectador, llegó el frente urbano Manuel Cepeda al mando de Milton Sierra. Se instalaron en los barrios de la ciudad y empezaron a reclutar jóvenes. Los fueron metiendo en la guerra y de eso se acostumbraron a vivir. Porque la desigualdad siempre va a ser la explosión que enciende todo. El Puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior del país. Moviliza hasta 18 millones de toneladas al año. Además el 90% de la carga que llega de Asia al país ingresa por este puerto. Y nada de esto queda para sus habitantes. Las cifras de pobreza de Buenaventura son poco menos que desgarradoras. En el casco urbano el 63.5% son pobres pero la cifra se dispara aún más en lo rural en donde el 91.6% de los hogares viven en situación de pobreza. Por acá, en la primera década de este siglo, se establecieron los paras. En el año 2000 hubo una reunión entre Vicente Castaño y comerciantes del puerto quienes estaban hartos de la presencia de las FARC. Hicieron la fácil, al no confiar en la fuerza pública decidieron financiar a los paracos y así llegó el Bloque Calima, comandando por el despiadado Ever Veloza, alias H.H. En el informe de la Comisión de la Verdad se dejan ver los nombres de los comerciantes que estuvieron de acuerdo con el aterrizaje de los paras: Julio Martínez, Julio Aristizabal, Stewart y Jessica Armitage. No sabían que estaban alimentando un monstruo. Entonces, en la guerra por el control del puerto entre Farc y paras, ocurrieron 19 masacres entre los años 2000 y 2003. 117 personas asesinadas. Se desplazaron 36.154 personas según el informe de la Comisión de la Verdad. Los paras fueron volteando, a punta de sueldos más altos, a los propios pelados que formaban parte de la milicia de las FARC. Una vez más, como ha sucedido en la guerra colombiana, un muchacho sólo se cambiaba de uniforme a cambio de más billete. Las convicciones políticas no existen. Cuando los paras se desmovilizaron quedaron sus rezagos, las esquirlas de la guerra. En Colombia cuando un grupo armado muere parecen renacer en su lugar varios más. A casi veinte años de este hecho, según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Mapa del delito: inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023, en la actualidad existen tres guerras en curso en Buenaventura: la primera es entre Shottas y Espartanos quienes se eternizaron en la disputa por diferentes zonas de la ciudad. Viven de la extorsión y del microtráfico. En la zona rural del Bajo Calima el Clan del Golfo y el ELN viven en constante enfrentamientos. En la zona rural del sureste de Buenaventura el EMC tiene combates con el ELN y un remanente de la Segunda Marquetalia. Los integrantes de los Shottas y de los Espartanos, en su gran mayoría, han pasado por todos estos procesos de violencia, vienen de las viejas estructuras de las FARC que luego pasaron a ser del Bloque Calima y luego, después de la desmovilización, se transformaron en bandas como la Local, La Empresa y los Rastrojos. Cuando estas se disuelven se crean estas dos organizaciones que hasta el miércoles 6 de marzo se habían sentado a conversar sobre sus diferencias, interesadas en ingresar en la Paz Total que les proponía el gobierno colombiano. Según el Informe Colombia 2020 de El Espectador, el delegado de los Shottas para hablar con el gobierno, Wilmer Carvajal Ortegon, apodado Tocayo, perteneció al frente 30 de las extintas FARC. El otro vocero de esta organización, José Jimmy Rivas García, incluso tuvo intenciones políticas al lanzarse a las elecciones de Juntas Administrativas Locales por el partido de la U en el año 2011. Entre los seis negociadores que llegaron a reconocerse de los Espartanos ninguno perteneció a las guerrillas y todos eran sobrevivientes de bandas como La Local o La empresa. Según el ya mencionado informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los Shottas surgen como una escisión de la banda La Local que desde el 2019 venía fracturándose luego de la llegada de su nuevo cabecilla Diego Optra que empezó a crear rencillas dentro de la misma organización. Luego de varios atentados y un robo fallido a un barco con coca, se dividió la banda entre Shottas y Espartanos. Los primeros son más cercanos a Diego Optra. Shottas fue el nombre que se le dio a la banda a raíz de una película jamaiquina. En ese país ese es el nombre que se le da a los delincuentes. Actualmente mantiene presencia y control de territorial en las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde desarrolla actividades extorsivas, incluyendo el control de precios de productos de la canasta básica y de uso diario, así como el tráfico de estupefacientes. Cuenta con una cantidad de integrantes de entre 600 y 1.000, principalmente jóvenes, que han mantenido una disputa con Los Espartanos, y más recientemente con una facción de la antigua banda La Empresa llamada Los Chiquillos, aliados de Los Espartanos. Según las fuerzas de inteligencia, mantendría alianzas con la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, disidencias que operan en zona rural de Buenaventura. Se ha identificado que sus principales cabecillas son Diego Fernando Bustamante Segura, alias “Diego Optra”, Wilber Andrés Valencia Cuero, alias “Cachetes”, Jairo Gamboa Viáfara, alias “La Garra” y alias “Andrés”. Los Espartanos están encabezados por alias Mapaya, personaje que protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. El número de integrantes de esta organización también podría llegar a 1.000. Amenazas, homicidios y desapariciones son la marca con la que se mueven los espartanos. La tregua que tenían Shottas y Espartanos era una esperanza para la martirizada población de Buenaventura. Pensaron por un momento que sería el fin de una guerra que arrancó en 1995. Pero, al final, se levantaron de la mesa. Otra vez las fronteras invisibles, los homicidios, las balaceras y la extorsión será la ley en el puerto donde se mueven las riquezas de Colombia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador 150 años de historia. 11 edificios declarados monumento nacional, una población de 56.106 estudiantes, casi 10 mil profesores, la mayoría con doctorados. La Universidad Nacional es la posibilidad para millones de muchachos que no tienen nada para poder tener una educación de calidad sin tener que arruinar financieramente a su familia. Cuando la universidad arrancó tenía estas carreras: Artes y Oficios, Derecho, Medicina, Literatura y Filosofía, Ciencias Naturales e Ingeniería. Su campus tenía apenas estos lujos: el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el Militar. La historia está llena de muchachos de provincia que se venían enruanados, muertos de frío, venían a cumplir sus sueños en la ciudad blanca. Sus paredes guardan los rugidos del estudiantado que protestó contra el régimen establecido. Allí formó estudiantes Camilo Torres, Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. En sus 157 años de historia hubo una serie de rectores que ayudaron a modernizarla. Antanas Mockus, Guillermo Páramo, Marco Palacios y Moisés Wasserman, lograron que los tiempos de crisis impuestos por gobiernos que despreciaron la universidad pública como Andrés Pastrana, la universidad soportara los sucesivos huracanes. El próximo 25 de marzo se escogerá el reemplazo de la doctora Dolly Montoya. Sin embargo, este 12 de marzo se depuró la lista de 10 aspirantes a cinco. Había polémica. Uno de los candidatos tenía denuncias de acoso sexual y, lo peor, no había una sola mujer. Los que votaron fueron los profesores, cuyos votos valen un 60% (participaron 2.321), los estudiantes (votaron 24.669)  con el 30% y los egresados (Votaron 9.617) el 10%. Estos fueron los escogidos: Leopoldo Múnera: Tiene experiencia, es el favorito y por eso obtuvo el 34% de la votación. Ya fue vicerrector de la sede en Bogotá, en donde trabaja desde 1987. Ya ha sido decano de las carreras d Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales. Raúl Esteban Sastre: presentó el segundo ponderado más alto de votación con el 22.6%. Fue decano de la prestigiosa facultad de medicina. Es médico, cirujano plástico, especialista en los problemas de la mano. Fue director científico del Hospital Universitario Nacional. José Ismael Peña: Tuvo el 8.3% del ponderado. Dos títulos universitarios, ocho posgrados, algunos, según el diario El Portafolio, tan rutilantes como el que hizo en Ginebra en Suiza sobre ciencias de gestión. En cuatro oportunidades ha sido rector encargado en la sede de Bogotá, donde es actual vicerrector. Juan Pablo Duque: Obtuvo el 7.5%. Fue decano y ahora profesor de arquitectura de la sede en Medellín. Además es doctor en la historia de la Universidad Nacional. Llama la atención que el voto en blanco obtuvo el 6.9% de la votación. En una parte de los electores había un mal sabor de boca. No habría posibilidad alguna que la sucesora de la doctora Dolly Montoya fuera una mujer. Sacó más que el quinto elegido, Germán Albeiro Castaño, Economista de la Universidad de Manizales. Es investigador asociado a la universidad de ciencias. El próximo paso lo dará el Consejo Superior Universitario que está compuesto -datos de El Espectador- por la ministra de educación Aurora Vergara, dos miembros de la universidad designados por el presidente, una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU); un exrector de la institución; un integrante designado por el Consejo Académico; un representante elegido por los profesores y otro elegido por los estudiantes. Dolly Montoya tendrá voz pero no voto. Mientras el país se centraba en la elección de la nueva Fisca la Universidad más querida del país definía su futuro que no tendrá nombre de mujer.

Por: Sergio Salazar Dinamizador de la Escuela de Comunicación Radial para la Paz. Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La radio sigue siendo un instrumento valioso para las comunidades en Colombia, no solo para informar y conectar a las personas en las regiones, sino que también es ese canal de comunicación capaz de unir, pese a las dificultades que presenta la geografía colombiana para integrar a través de vías y puentes nuestros territorios, y a sus gentes con sus regiones y el resto del país. He allí, uno de los grandes aciertos de la Escuela de comunicación Radial para la Paz, una apuesta que desde la Fundación Paz y reconciliación junto a MinTIC y Canal 13 brindó a integrantes de la comunidad y las emisoras comunitarias, herramientas para fortalecer sus medios de comunicación locales, y mecanismos de participación que empoderen a la comunidad, con el fin de afinar su voz pública, y hacerlos protagonistas en la resolución de los conflictos que aquejan a sus comunidades. Ahora bien, como parte del equipo que tuvo la oportunidad de viajar a los territorios PDET para fortalecer estos escenarios comunitarios, soy testigo de la importancia que han tenido los medios de comunicación locales en la construcción de paz, ya que si nos permitimos entender de una forma diferente el concepto tan manoseado de la paz, ese del que los políticos hablan todos los días en los grandes medios, y los ciudadanos no entendemos muy bien de que se trata, uno podría abrirse a entender que la paz son acciones de cambio, de muchos lideres, muchos anónimos tristemente, que en las orillas de Colombia son las voces que resuenan por sacar adelante lo mejor de sus territorios. Precisamente, esas acciones son potenciadas por las emisoras comunitarias que se vuelven grandes aliadas para ejecutar cambios en pro del desarrollo, porque en su naturaleza son escenarios de participación. Es decir, para y con la comunidad, sin animo de lucro y con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación de los distintos grupos sociales y étnicos reconocidos por la constitución en nuestro país. Como consecuencia, muchas de estas se encargan de preservar y promover expresiones ancestrales, valores culturales, sociales, religiosos, espirituales, económicos, así como sus tradiciones propias como mecanismo de integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación. Así pues, comparto con ustedes, una de las muchas anécdotas que me sirve para ilustrar la manera en que en los territorios la labor de las emisoras comunitarias toma un rol decisivo. Esta transcurre en el marco de la Escuela de comunicación Radial para la paz, en Condoto, municipio del departamento de Chocó. Un lugar lleno de personas encantadoras, fieles retratos de la chispa alegre y viva de los primeros cimarrones que en su tiempo colonizaron estas ricas tierras en busca de libertad. Cuando llegamos a este municipio el tema del que todos hablaban y que incluso fue una dificultad para el acceso al mismo territorio, era el del colapso del puente de la encharcación en abril del 2023, puente que une los municipios del rio Iro, Istmina, Medio San Juan, Novita, Sipí y el municipio de Condoto, y que al mes de octubre no había sido reparado. Calamidad que desde ese día en palabras de don Gerardo Mosquera director de la emisora comunitaria Sonar Stereo de Condoto, fue la causa de todo tipo de dificultades, entre ellas cruzar ambulancias, y enfermos, alza en los costos de transporte y de alimentos. Ante esta situación, la emisora fue ese canal por el que toda la comunidad estuvo pendiente de la noticia, sobre los avaneces, sobre las reuniones con los dirigentes políticos, y sobre todo un instrumento de la comunidad para hacer control social, y de comunicación para la incidencia. De comunicación porque elevo el malestar de la comunidad por un problema público, y de incidencia porque fue uno de los mecanismos que presiono y organizo a la comunidad para exigir soluciones eficientes durante todo el proceso. Por supuesto, no fue la emisora actuando sola, sino que como he expuesto se convierte en una herramienta que usan las diferentes formas de organización de la comunidad para unirse y enfrentarse a problemáticas comunes. Afortunadamente para esta región de Chocó, en el ultimó día de nuestra estadía en Condoto, don Gerardo nos despide con la noticia de que el batallón de ingenieros hizo presencia para la reparación de la estructura. Noticia que obtuvo como primicia y que informó con emoción en su programa diario sobre la cotidianidad de la región. Programa en el que la comunidad no solo de Condoto, sino a nivel regional tiene gran acogida y participación por parte de la comunidad y para muchos es una voz de esperanza ante el abandono institucional. En definitiva, las emisoras son un puente que integra y da esperanza a las comunidades más alejadas de nuestro país, esto pese a las dificultades geográficas y el abandono estatal, apoyar su fortalecimiento es apostarles a las voces de la gente en las regiones. Es por eso que iniciativas como la Escuela de comunicación radial para la paz de PARES deben tener continuidad en el tiempo porque nos permiten fortalecer estas instancias para cambio, y su relación con la comunidad, aportarle a la radio es apostarle a la paz y al desarrollo de nuestro país.