Por: Sergio Salazar Dinamizador de la Escuela de Comunicación Radial para la Paz. Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La radio sigue siendo un instrumento valioso para las comunidades en Colombia, no solo para informar y conectar a las personas en las regiones, sino que también es ese canal de comunicación capaz de unir, pese a las dificultades que presenta la geografía colombiana para integrar a través de vías y puentes nuestros territorios, y a sus gentes con sus regiones y el resto del país. He allí, uno de los grandes aciertos de la Escuela de comunicación Radial para la Paz, una apuesta que desde la Fundación Paz y reconciliación junto a MinTIC y Canal 13 brindó a integrantes de la comunidad y las emisoras comunitarias, herramientas para fortalecer sus medios de comunicación locales, y mecanismos de participación que empoderen a la comunidad, con el fin de afinar su voz pública, y hacerlos protagonistas en la resolución de los conflictos que aquejan a sus comunidades. Ahora bien, como parte del equipo que tuvo la oportunidad de viajar a los territorios PDET para fortalecer estos escenarios comunitarios, soy testigo de la importancia que han tenido los medios de comunicación locales en la construcción de paz, ya que si nos permitimos entender de una forma diferente el concepto tan manoseado de la paz, ese del que los políticos hablan todos los días en los grandes medios, y los ciudadanos no entendemos muy bien de que se trata, uno podría abrirse a entender que la paz son acciones de cambio, de muchos lideres, muchos anónimos tristemente, que en las orillas de Colombia son las voces que resuenan por sacar adelante lo mejor de sus territorios. Precisamente, esas acciones son potenciadas por las emisoras comunitarias que se vuelven grandes aliadas para ejecutar cambios en pro del desarrollo, porque en su naturaleza son escenarios de participación. Es decir, para y con la comunidad, sin animo de lucro y con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación de los distintos grupos sociales y étnicos reconocidos por la constitución en nuestro país. Como consecuencia, muchas de estas se encargan de preservar y promover expresiones ancestrales, valores culturales, sociales, religiosos, espirituales, económicos, así como sus tradiciones propias como mecanismo de integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación. Así pues, comparto con ustedes, una de las muchas anécdotas que me sirve para ilustrar la manera en que en los territorios la labor de las emisoras comunitarias toma un rol decisivo. Esta transcurre en el marco de la Escuela de comunicación Radial para la paz, en Condoto, municipio del departamento de Chocó. Un lugar lleno de personas encantadoras, fieles retratos de la chispa alegre y viva de los primeros cimarrones que en su tiempo colonizaron estas ricas tierras en busca de libertad. Cuando llegamos a este municipio el tema del que todos hablaban y que incluso fue una dificultad para el acceso al mismo territorio, era el del colapso del puente de la encharcación en abril del 2023, puente que une los municipios del rio Iro, Istmina, Medio San Juan, Novita, Sipí y el municipio de Condoto, y que al mes de octubre no había sido reparado. Calamidad que desde ese día en palabras de don Gerardo Mosquera director de la emisora comunitaria Sonar Stereo de Condoto, fue la causa de todo tipo de dificultades, entre ellas cruzar ambulancias, y enfermos, alza en los costos de transporte y de alimentos. Ante esta situación, la emisora fue ese canal por el que toda la comunidad estuvo pendiente de la noticia, sobre los avaneces, sobre las reuniones con los dirigentes políticos, y sobre todo un instrumento de la comunidad para hacer control social, y de comunicación para la incidencia. De comunicación porque elevo el malestar de la comunidad por un problema público, y de incidencia porque fue uno de los mecanismos que presiono y organizo a la comunidad para exigir soluciones eficientes durante todo el proceso. Por supuesto, no fue la emisora actuando sola, sino que como he expuesto se convierte en una herramienta que usan las diferentes formas de organización de la comunidad para unirse y enfrentarse a problemáticas comunes. Afortunadamente para esta región de Chocó, en el ultimó día de nuestra estadía en Condoto, don Gerardo nos despide con la noticia de que el batallón de ingenieros hizo presencia para la reparación de la estructura. Noticia que obtuvo como primicia y que informó con emoción en su programa diario sobre la cotidianidad de la región. Programa en el que la comunidad no solo de Condoto, sino a nivel regional tiene gran acogida y participación por parte de la comunidad y para muchos es una voz de esperanza ante el abandono institucional. En definitiva, las emisoras son un puente que integra y da esperanza a las comunidades más alejadas de nuestro país, esto pese a las dificultades geográficas y el abandono estatal, apoyar su fortalecimiento es apostarles a las voces de la gente en las regiones. Es por eso que iniciativas como la Escuela de comunicación radial para la paz de PARES deben tener continuidad en el tiempo porque nos permiten fortalecer estas instancias para cambio, y su relación con la comunidad, aportarle a la radio es apostarle a la paz y al desarrollo de nuestro país.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Corte Suprema de Justicia Sobre el mediodía del pasado martes 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un cambio en la terna para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. El mandatario colombiano acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar dicha modificación. Este cambio generó discusión en la política colombiana y puso en el centro de atención a Luz Adriana Camargo Garzón, una figura destacada en el ámbito legal y cercana colaboradora del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. La modificación realizada por el presidente Petro consistió en la integración de Luz Adriana Camargo a la terna, reemplazando a Amparo Cerón. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que se habían ventilado preocupaciones sobre la relación cercana de Cerón con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha sido un adversario político de Petro. Además, las críticas hacia la gestión de Cerón en casos de corrupción, particularmente el escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II, habían generado inconformidad en diversos sectores. ¿Quién es Luz Adriana Camargo? Luz Adriana Camargo es una abogada colombiana con una destacada trayectoria en el ámbito legal y político. Su vínculo más notorio es con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien ha colaborado estrechamente durante más de dos décadas en diferentes roles y estamentos. Uno de los momentos más notables de su carrera fue su participación como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2019. Durante su tiempo en este cargo, Camargo desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la "parapolítica" en Guatemala. Estas investigaciones llevaron al desmantelamiento de numerosas estructuras de corrupción y a la condena de más de 50 congresistas, lo que la convierte en una figura influyente en la lucha contra la corrupción en la región. Además de su experiencia en Guatemala, Camargo es reconocida por su labor en la investigación del fenómeno de la "parapolítica" en Colombia, cuando ella y el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, ejercieron como magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. Esta investigación resultó en la implicación y condena de numerosos congresistas colombianos. En cuanto a su formación académica, Luz Adriana Camargo es abogada titulada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España). El nombramiento de Luz Adriana Camargo en la terna para el cargo de Fiscal General de Colombia marca un punto de inflexión en el proceso de selección. Su amplia experiencia en la lucha contra la corrupción y su estrecha colaboración con Iván Velásquez generan expectativas y también interrogantes sobre el rumbo que tomará la Fiscalía General de la Nación bajo su liderazgo potencial. A medida que se desarrollen los acontecimientos y se lleve a cabo el proceso de selección, será interesante observar cómo se perfila el futuro de Luz Adriana Camargo en el ámbito judicial y político de Colombia. Su trayectoria sugiere que podría ser una figura clave en la lucha contra la corrupción en el país en los próximos años, pero solo el tiempo dirá cuál será su impacto real en esta importante institución. Esta inesperada modificación en la terna para Fiscal General de la Nación ha puesto en el centro de atención a Luz Adriana Camargo, una abogada con una destacada trayectoria en la lucha contra la corrupción en Colombia y en Guatemala.

Por: Isabela Puyana En el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebrada en la Ciudad de Punta Cana, líderes y representantes de América Latina se unieron para abordar la apremiante necesidad de acelerar la Transición Energética en la región. La creciente conciencia sobre la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático ha llevado a que la Transición Energética se posicione como una prioridad clave en la agenda de desarrollo sostenible para los países latinoamericanos. En este contexto, el BID ha destacado la necesidad de inversiones significativas para impulsar proyectos que impulsen el uso de fuentes de energía renovable y que promuevan la eficiencia energética. “Vemos que América Latina es un líder indiscutible en la generación de energía eléctrica, con fuentes renovables. Tenemos un 60% de penetración de fuentes renovables en la región. Esto es el doble de la media mundial que únicamente es el 30% y es porque está impulsada por la hidroenergía que ha sido durante años el pilar del sector eléctrico en Latinoamérica. Igualmente vemos un liderazgo de América Latina en el uso de biocombustibles para el transporte donde Brasil tiene un rol fundamental y, de nuevo, el uso de estos biocombustibles es el doble de la media mundial. Si lo quieren revisar en carbón, vemos que la participación es muy pequeña. Esto le da una ventaja a América Latina. Al momento de descarbonizar sus industrias, solo tenemos un 5% frente a un 25% a nivel mundial” Asegura Alejandra Bernal-Guzman, oficial de programa de Latinoamérica de la Agencia Internacional de Energíaquien expuso el panorama actual de América Latina como posible generador de nuevas energías renovables. Adicionalmente comentó que en algunos casos para generación y para industria, es en el petróleo donde se ve una mayor dependencia: “Hay un 40% de penetración del petróleo en la matriz energética de la región y esto es un 10% más que en el resto del mundo, entonces es importante entender cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando”. Durante la inauguración de la Reunión Anual, el vicepresidente ejecutivo del BID,Jordan Schwartz, subrayó la urgencia de abordar los desafíos energéticos en la región y destacó la importancia de movilizar recursos financieros para apoyar la infraestructura necesaria en el sector energético. Señaló que la inversión en energías limpias no solo contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también generará oportunidades económicas y fomentará la innovación en la región. En este contexto, diversos líderes latinoamericanos presentaron planes y estrategias para promover la Transición Energética en sus respectivos países. El enfoque se centró en la diversificación de la matriz energética, la implementación de tecnologías limpias y la mejora de la eficiencia en el consumo de energía. Lo cierto es que los vastos recursos renovables que América Latina ofrece para avanzar rápidamente en las transiciones energéticas, los recursos eólicos y solares, tienen enorme potencial de ser más aprovechados en la región. Gabriel Melguizo, presidente de ISA Group, uno de los principales grupos de transmisión de la región, quien durante su exposición en el seminario Acelerando la Transición Energética en América Latina, ha señalado que “la transmisión es la gran habilitadora de la transición energética”. “Necesitamos más redes, el mundo va a tener que duplicar el tamaño de sus redes a 2,5 veces porque cada vez va a ser más eléctrico”, explicó. El problema es que el retraso de los proyectos está frenando este avance. “La disminución del tiempo de ejecución de los proyectos es necesario, introduciendo metodologías de digitalización, con el uso de regulación existente que de paso a nuevas tecnologías puede hacer que se avance más rápidamente, porque cada proyecto está tomando 12 años y los tiempos son muy prolongados para avanzar” El BID durante la reunión promovió duplicar la inversión anual en energía para lograr la transición energética a 2030 Se espera el respaldo por aportaciones de los países miembros y otros socios internacionales para que se facilite el acceso a recursos financieros para proyectos innovadores y sostenibles en el sector energético. “Quiero dejarles algunos mensajes sobre cuáles vemos que son las grandes oportunidades en este reporte que tiene la transición energética en Latinoamérica y dos de los varios retos que tiene esta transición para implementarse. La primera es que una transición energética acelerada con cumplimiento de estas metas climáticas al 2030 va a permitirnos avanzar en una transición centrada en las personas, en una transición inclusiva y justa” Afirma Bernal Guzman. Al cierre de su presentación concluyó: “Nos va a permitir el cierre de brechas de 10 millones de personas. Estas podrían obtener acceso a la electricidad. Recordemos que América Latina tiene todavía una brecha de 17 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y que en un escenario de Business action únicamente al 2030 un millón de personas más tendrían acceso a electricidad”. La Reunión Anual de Gobernadores del BID en Punta Cana ha demostrado ser un escenario propicio para fortalecer el compromiso de América Latina con la Transición Energética y ha subrayado la importancia de la colaboración internacional y la inversión para lograr un futuro más sostenible en la región.

Por: Laura Bonilla América Latina tiene relativamente bien identificados cuatro mercados que contribuyen a que seamos la región más violenta del mundo hoy.  El primero es el consabido narcotráfico con el que el mundo ha emprendido una guerra completamente perdida. Aunque ha disminuido su peso, la producción y tráfico de estupefacientes sigue siendo uno de esos mercados con capacidad de conectar el espacio más local, con el más global. Sin embardo, desde México hasta Bolivia la región vive una sobreoferta en hoja de coca y precios muy bajos que contrastan con la bonanza vivida en los años noventa y dos miles. En parte por esta razón estamos viendo auges de otros delitos “compensatorios” de las rentas que se disminuyeron para aquellos grupos que prestaban (aún prestan) servicios de violencia para los narcos. El segundo mercado es la trata de personas y la explotación de migrantes, de las cuáles se calcula que generan unos 150 mil millones de dólares al año, de los cuáles un 8% proviene de América Latina y el Caribe según un estudio de la OIT en el 2014. Un 50% de las personas que sufren trata son niñas y mujeres sometidas a explotación sexual. Hoy puede ser muchísimo más que eso. El tercero es la extracción de recursos y su correspondiente tráfico. Por ejemplo, uno de los más comunes es la minería ilegal, su lavado y tráfico en toda la zona del Amazonas, especialmente en Venezuela, Perú y Colombia. También la tala de madera y su exportación ilegal se ha convertido en uno de los mercados más atractivos para los grupos armados, que bien pueden hacer inversiones directas en estos negocios o a través de créditos, maquinarias o incluso de forzar la contratación de terceros. El cuarto es bien conocido por todos los latinoamericanos y es la extorsión a la economía local. No importa si es legal, ilegal o informal. Para ello lo importante es que haya cierto control del grupo que le permita disciplinar violentamente a cualquiera que ose por no pagar, o por denunciar. Es tan común que haya zonas urbanas enteras bajo la lógica de “todos pagan”.  No hay una sola policía en la región que haya sido capaz de contener o controlar este fenómeno. Pero hay una quinta economía, que es a mi juicio muy particular de la sociedad latinoamericana, y es la corrupción, pero particularmente la profunda relación de la criminalidad con la clase política sea directa o indirecta y a través de la cual se están extrayendo rentas públicas a través de mecanismos tradicionales del clientelismo en Perú y en Colombia. La presencia de grupos armados en la frontera ecuatoriana, pero también en el Perú se habla de que cuesta un kilo de oro estar en la lista de algunos partidos. Incluso ya es frecuente que se hable de los congresistas de la tala ilegal y los congresistas de la minería. En el Sur de Bolívar colombiano hemos recibido denuncias que aseguran que el Clan del Golfo está imponiendo contratistas a las empresas mineras de la zona. La fundación Pares lleva años denunciando a los clanes políticos y casas que han estado aliadas con la ilegalidad. Así que lo que hoy estamos viviendo en la región es mucho más que un problema local. La corrupción hay que empezar a verla como un problema de mercado, cuyas raíces están profundamente incrustadas en la intermediación política, que a su vez es una de las bases de los otros mercados criminales que soportan la violencia de la región. Nada más explica que América Latina siga siendo la región más violenta del mundo. Ñapa: Al cierre de esta columna, Luz Adriana Camargo fue elegida Fiscal General de la Nación. Su compromiso anti-corrupción es conocido en Colombia y América Latina. No la va a tener nada fácil.

De: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: Corte Suprema de Justicia Luz Adriana Camargo fue elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva Fiscal General de la Nación. Luego de cinco rondas de votación la egresada de la Universidad de la Sabana será la sucesora de Francisco Barbosa, que deja la imagen de la Fiscalía como una entidad politizada. Uno de los principales retos de Camargo será devolverle legitimidad al ente acusador. ¿Quién es Luz Adriana Camargo? La nueva Fiscal General de la Nación es abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal y  Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Camargo ha sido Oficial Mayor Juzgado 19 Superior de Bogotá en 1987 y Juez 106 de Instrucción Criminal en 1988. Para 1991 fue asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, D.C. Después de ello en 1992 fue Directora Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, D.C. en la Fiscalía General de la Nación. En 1995 pasó a ser Fiscal Delegada ante los Jueces penales de Circuito. Allí duró apenas un año, pues saltó en 1996 a ser Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia en 1996. Luego en el 2003 fue Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Además de su carrera al interior de la Fiscalía y la Rama Judicial, Camargo ha sido litigante en Colombia y a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera se ha desempeñado como consultora en temas de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos. Ha pasado como consultora en Consucol S.A.S y también por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en el 2021. A Camargo se le recuerda especialmente por su paso como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en 2005, periodo en el que acompañó al entonces también magistrado auxiliar, hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las investigaciones de parapolítica al interior de la Sala Penal de la Corte. Luego del proceso de parapolítica, en 2013 Iván Velásquez es nombrado jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En 2014 Camargo es nombrada por Velásquez como Jefe del Departamento de Investigación y Litigio de esta comisión internacional. Cargo que ocupó hasta 2017. Luz Adriana Camargo fue la última ternada, después de que Gustavo Petro modificará la lista, cambiando a la cuestionada Amparo Cerón por Camargo. La hoy nueva Fiscal General de la Nación no se perfilaba como favorita por su cercanía con el actual Ministro de Defensa. La imagen de Velásquez al interior de la actual Corte no es la mejor, pues en 2020 el ex jefe de la CICG demandó ante el Consejo de Estado la elección de siete magistrados. Pese a ello y tras la polémica que desataron los trinos en contra de la Corte de Gregorio Oviedo, esposo de la hasta hace un par de semanas favorita, Amelia Pérez, Camargo logró repuntar y ser elegida. ¿Qué buscaría priorizar Camargo? En el proceso de selección, la Corte realiza entrevistas a los y las ternadas. Para el caso de Camargo, centró sus respuestas en el cómo perseguir eficientemente la criminalidad en el país. Camargo desarrolló en la entrevista también 5 líneas, que son: rediseño metodológico de los indicadores de gestión internos de la fiscalía; Priorización de enfoque territorial; Análisis Criminal con apoyo de herramientas tecnológicas; fortalecimiento de rutas de atención a víctimas; y aumento en el uso de herramientas y mecanismos de justicia y mejorar en la calidad de los fiscales a la hora de los juicios. Son líneas de trabajo fundamentales para fortalecer al ente acusador en un país donde, por ejemplo, se ha presentado una disminución en los últimos años en la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes. En 2022 había 4.707 fiscales, lo que significa una tasa de 9,1 fiscales por cada 100 mil habitantes. Es necesario que la nueva fiscal pueda aumentar el número de fiscales en terreno. De igual manera estas medidas tienen que ir en vía de reducir la impunidad. En 2022 un total de 749.484 casos fueron archivados por la Fiscalía debido a que no fue posible por parte de los funcionarios judiciales encontrar o establecer la o las personas responsables del delito en cada hecho. Esto representó el 55,2 % de los casos archivados en el país. En el mismo año 5.691personas quedaron libres por vencimientos de términos. ¿Qué retos tendrá Camargo al interior de la Fiscalía? Además de las tareas ya mencionadas a partir de cómo recibe la Fiscalía, Camargo tiene retos y casos emblemáticos que pondrán a prueba su independencia y capacidad. El primero de ellos es el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente. La Fiscalía lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, apropiación de interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración de contratos sin lleno de requisitos. Es un caso que estará en la lupa de la opinión pública tanto por ser el hijo del presidente como por el hecho de la independencia de la Fiscalía en el caso. También Camargo deberá sortear con las declaraciones de Salvatore Mancuso y la posibilidad que salpique a terceros, reviviendo la parapolítica en el ojo público, y de igual manera dando nombres de la paraeconomía. Otro caso emblemático que tendrá en sus manos será el del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Aquí deberá garantizar independencia de la Fiscalía que, en estos años de proceso, ha sido parte de la defensa del expresidente. Camargo tendrá a su cargo la decisión de si levanta y suspende ordenes de captura de cabezas de estructuras armadas en caso de que el Gobierno nacional le solicite. Deberá darles trámite a las investigaciones de “Las Marionetas”, que sigue salpicando a congresistas y que ya deja un saldo de dos sillas vacías en el actual Congreso (Mario Castaño-Liberal, Ciro Ramírez-Centro Democrático). Este caso y el avance en sus investigaciones es fundamental para un país que se siguen robando y donde la Fiscalía, encargada de investigar y acusar, cada vez tiene tasas de gestión más bajas. Camargo tendrá que, además de ajustar la manera en cómo se mide, mejorar los resultados respecto a la lucha contra la corrupción.  Por ejemplo, las tasas de gestión en el componente de corrupción en el periodo 2020-2023 de las seccionales de Quindío, Amazonas, Sucre, Chocó, Cauca, Cundinamarca, Cesar, Bolívar, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena disminuyeron respecto a las reportadas en el periodo 2016-2018. Sin duda alguna la nueva Fiscal recibe una institución golpeada en su imagen, con tasas de gestión muy bajas, con índices de impunidad muy altos. La primera tarea será devolverle legitimidad a un ente golpeado por un exfiscal que le usó como catapulta política.

Por: Redacción Pares Semana 11 a 15 de marzo Lo más destacado de la semana es el proceso que se abre en Nariño, con la iniciativa de Pacto Regional, con el liderazgo del Gobernador Luis Alfonso Escobar, tiene la apuesta de transformación territorial, lo cual es central en la política de Paz Total y que generó preguntas y dudas sobre su pertinencia, ante las críticas del Comando Central del ELN, que al tener tensiones con el Frente Comuneros del Sur, ha criticado al gobierno nacional, por esta iniciativa. Nariño se convierte en un referente de acción para el propósito de transformar el territorio, como ha sido la insistencia del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, veremos cómo evoluciona esta apuesta de participación social, de incidencia en el ejercicio de un gobierno regional, en alianza con el gobierno nacional y en coordinación con las mesas de paz con el ELN , el EMC y la Segunda Marquetalia, que hacen presencia en Nariño. El Comité Nacional de Participación tuvo un plenario en Bogotá y definió una agenda para los eventos regionales y sectoriales que hacen falta y que son escenarios para presentar aportes para el plan nacional de participación que se está en construcción. Con ese Plan formulado, iremos al esfuerzo de concretar las transformaciones que son centrales para construir el acuerdo de paz, el tiempo corre y hay que convertir en hechos las palabras, veremos que tanto se logra agilizar y aprovechar el tiempo, un horizonte de participación efectivo que solo iniciará en junio coloca la agenda de transformaciones con poco tiempo para llevarlas adelante, aquí el gobierno tiene una gran tensión a resolver, como agilizar la participación, la concertación de las transformaciones y aprovechar al máximo el tiempo, temas duros y urgentes a resolver. La Jefa de la delegación del Gobierno, Vera Grabe, ha presentado importantes consideraciones sobre los retos de este proceso, en particular en una entrevista con María Jimena Duzan, en su podcast de A Fondo, hay que escucharla y ponderar sus consideraciones sobre las perspectivas de este proceso que ella lidera desde el equipo de gobierno. El gobierno ha pedido al ELN respeto por los integrantes de las delegaciones de gobierno, integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el conjunto de asesores ante peligrosos señalamientos de Antonio Garcia, tema realmente delicado, que genera preocupaciones reales, que seguramente será tema de diálogo por las dos delegaciones cuando inicien el VII Ciclo, el próximo 8 de abril en Caracas. Nariño, pionero en la territorialización de la paz Comisonado de Paz, Otty Patiño, en los Diálogos Regionales Intervención del Gobernador, Luis Escobar, en los Diálogos Regionales para la Paz #Nariño. Instalación Diálogos Regionales para la Paz, Nariño Habitantes de Nariño tras el inicio de diálogos regionales de paz : "No más guerra; queremos paz" https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/proceso-con-el-eln-gobernador-de-narino-habla-sobre-dialogo-regional-en-samaniego-petro-paz-total/ “No hubo regaño del presidente, pero se deben coordinar los diálogos”: Gobernador de Nariño - Luis Alfonso Escobar habló sobre el diálogo regional que se realizó este sábado en Samaniego y que generó tensión en la mesa con el ELN. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/participacion-de-la-sociedad-en-proceso-de-paz-con-eln-donde-y-cuando-se-haran-los-encuentros/ Plan de participación de la sociedad en proceso de paz con ELN entró en su recta final - Faltan 26 encuentros, entre regionales, sectoriales, territoriales y uno de carácter nacional, cuyo cronograma irá hasta el 29 de mayo A García no le gusta que se le meta el pueblo a las negociaciones: Otty Patiño sobre ELN

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Publimetro El 13% de la energía que se genera en Inírida nace en los paneles solares. Los caminos hacia la transición energética en el Guainía están despejados. Sin embargo el actual gobernador del departamento, Arnulfo Rivera, lejos de estar conforme, quiere resultados inmediatos. Desde hace dos años se instaló en el municipio de Barrancominas una granja solar que en un principio benefició a 400 familias. Este mismo modelo se ampliará a partir de julio al municipio de San Felipe. Guainía es un municipio clave para el actual gobierno. Desde allí el presidente sancionó, el 19 de mayo del 2023, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. En ese momento el gobierno se comprometió, en materia de transición energética, agregar 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, según el Plan de Desarrollo. Guainía no guarda sólo secretos milenarios, misteriosos como los cerros de Mavecure, o algunos hechos por el hombre como el hasta ahora desconocido fuerte de San Felipe, construido a orillas del Rio Negro en 1755 y que aún está en pie, sino que es uno de los departamentos que con sus espejos de agua, sus frondosos bosques, nos da el oxígeno que necesitamos. Pero, la mano del hombre se ha constituido en una amenaza. La fiebre del oro acecha a los cerros de Mavecure. Además corre peligro la estrella fluvial que los rodea. En noviembre del 2022 las autoridades aprobaron 13 propuestas de contrato de concesión minera para extraer oro y sus concentrados. Además está el coltán que está siendo explotado cerca al río Orinoco generando daños irreversibles en uno de los afluentes de agua más poderosos de la Orinoquía. Los grupos ilegales incluso están usando a la población para conseguir sus fines. La situación se agravó desde la pandemia. El actual gobernador quiere parar este mal. Para el 2021 en el departamento de Guainía se contaba con 30 títulos mineros que abarcaban un total de territorio de 70.484 hectáreas. Arnulfo Rivera cree que a la transición energética y a la lucha contra la minería ilegal se deben contraponer otras formas de obtener recursos. Uno de ellos es el turismo ecológico, por eso cada vez más se están preparando personas expertas en avistamiento de aves, en bogas que sepan hacer bien su trabajo por sus caudalosos ríos y lleven a la gente a conocer los espejos de agua, las islas que pululan en la estrella fluvial y los delfines rosados, siempre amenazados por la contaminación. Potenciar de manera agroindustrial responsable el azai, uno de los frutos con los que la naturaleza bendijo este lugar, es otro de los objetivos que se tiene para salvar al Guainía. Los Puinave, que son una de las etnias que han estado allí desde el comienzo de los tiempos, guardan secretos que podrían servir para mantener intacta uno de los tesoros naturales más importantes del continente. Un paso ejemplarizante es el interés de este gobernador por dar el paso a la transición energética. Cuenta la ayuda con el gobierno Petro para hacer sus parques solares y, además, hacer sin traumatismos el paso a la conectividad a internet. Guanía sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de este país. Poco a poco y de manera responsable tiene que ir abriéndose sin que esa apertura termine siendo su destrucción. Este es uno de los grandes retos de este gobierno.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: Publimetro y El Tiempo El año 2006 Álvaro Uribe Vélez estaba en el pico de su popularidad. Ese año se convertía en el primer político en la historia del país en ser reelegido por un periodo de cuatro años más por medio del voto popular. El congreso, un año antes, había aprobado de manera inmediata la reelección y fue declarada constitucional en octubre del 2005. Uribe, a través de su partido, Primero Colombia, obtuvo 7.397.835 votos. Ganó de manera aplastante en primera vuelta. El segundo lugar de la votación fue para Carlos Gaviria. Jamás en la historia del país un candidato que representara a la izquierda había obtenido 2.613.157 votos en unas presidenciales. Esto marcaba una tendencia, mientras había una mayoría que creía en Uribe hasta el punto de convertirlo casi en una religión, crecía el número de descontentos que se empezaban a aterrar ante los rumores que salían de su gestión. Desde las elecciones legislativas del 2002 estaban prendidas las alarmas. En zonas de alta influencia paramilitar habían salido congresistas con votaciones extrañamente altas. Los casos de Eleonora Pineda y Rocío Arias fueron los más representativos. A partir de ese momento los investigadores de la Fundación Arco Iris empiezan a investigar el fenómeno. La Corte Suprema de justicia les pide datos a León Valencia, entonces presidente de la Fundación. La Corte crea una unidad especial para desarrollar la investigación. Era la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal. El hombre a cargo era Iván Velásquez. Velásquez era un viejo conocido de Uribe. En 1997 fue nombrado director de Fiscalías en Medellín. En esa época Uribe era gobernador de Antioquia. Su modelo de CONVIVIR, las cooperativas de civiles armados que se habían formado con la excusa de defenderse de los ataques de las guerrillas, había sido duramente criticada. Las CONVIVIR se convirtieron en el caldo de cultivo para que los paramilitares se expandieran en Antioquia. Velásquez tuvo que investigar las masacres de La Granja, Ituango y el Aro. Esta última había sido alertada por el defensor de derechos humanos José María Valle pero nadie de la gobernación quiso escuchar. Velásquez fue el hombre que ordenó el allanamiento del parqueadero Padilla, en Medellín, en donde se descubrió por primera vez los nombres de los comandantes máximos de las AUC: Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Desde esa época Velásquez se convirtió en un vidrio en la media para Uribe. En la Comisión de Apoyo Velásquez iba a las cárceles del país, a hablar con los paramilitares que recién se habían desmovilizado acogiéndose a la ley de Justicia y Paz implementada por el gobierno Uribe. Lo acompañaba Luz Adriana Camargo quien será en las próximas horas la nueva fiscal de la nación. Fueron recolectando pruebas y nombres. La captura de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40 y su computador fue vital para obtener pruebas y además ordenar la detención de Jorge Noguera, director del DAS y uno de los niños consentidos de Álvaro Uribe, además de poder cercar a políticos poderosos de la Costa como los senadores Álvaro García Romero, Eric Morris y Jairo Merlano. Pero Velásquez y su comisión fue más allá. En febrero del 2007, mientras caminaba por un centro comercial, fue detenido Álvaro Araujo, perteneciente a uno de los clanes más poderosos de la Costa y hermano de la que era canciller de Uribe, María Consuelo Araujo. El chubasco dentro del gobierno de Uribe empezaba a convertirse en tormenta. Cayó la canciller, además las investigaciones se encausaron ya contra el primo del presidente, Mario Uribe y sus nexos con grupos paramilitares. Uribe, con la sangre en el ojo, empieza a ripostar. Según Verdad Abierta “Ahora se sabe que desde 2006 el DAS, en cabeza de Andrés Peñate, tenía orden de hacer inteligencia sobre la Corte. Pero fue  luego de la renuncia de Araújo que se ordena toda una operación de infiltración a través de una “Mata Hari”, que instala grabadoras en las oficinas y salas de deliberación privada de los magistrados”. En el 2020 el entonces presidente Iván Duque pidió excusas públicas a Velásquez por estas interceptaciones. La investigación desembocó en la condena de unos cincuenta congresistas. Uribe iría por más. Jorge Orlando Moncada, alias Tasmania, en un momento se ofreció a hablar con Velásquez y ayudarlo en la investigación sobre la parapolítica, en especial sobre Mario Uribe. Pero Tasmania lo piensa mejor. Se reúne en la cárcel de Itagui con el “Tuso” Sierra. Lo convence de que cambie su versión y afirme que Velásquez le habría ofrecido beneficios para enlodar a Uribe. Según Verdad Abierta el Tuso, que buscaba quedar bien con el entonces presidente, le ofreció a Tasmania una casa para su mamá, le darían el beneficio de entrar como paramilitar al proceso de Justicia y Paz. Vinieron las intimidaciones para Velásquez, incluso una llamada del propio Uribe. Después vendrían otras llamadas advirtiéndole que era mejor no meterse con el primo del presidente, con Mario, que si renunciaba a la Corte el propio Álvaro Uribe le buscaría un cupo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Como no consiguen ablandar a Velásquez sobrevino entonces la estrategia de enlodarlo por el lado de Tasmania. Todo el mundo le creyó a Uribe. Se le abrió incluso un proceso disciplinario a Velásquez. El tiempo estuvo a su favor y pudo comprobar que todo se trató de una infamia. Velásquez estuvo investigando en la corte hasta el 2012. Un año después la ONU, para furia de Uribe, lo nombró Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y comprobó la corrupción del entonces presidente Jimmy Morales. Desde Colombia Uribe y sus seguidores le lanzaban dardos. Regresó al país y el 22 de junio del 2022, dos días después de haber sido elegido en primera ronda como el primer presidente de izquierda de este país, anunció que sería su ministro de defensa. Su pasado intachable le sigue trayendo problemas por parte de los adeptos al expresidente Uribe. El senador Jota Pe Hernández lo citó este martes 12 de marzo a una moción de censura por los problemas de orden público. Según Hernández, quien hasta hace poco era un reconocido youtuber, y una parte de la oposición, el gobierno está de brazos cruzados con el problema de la delincuencia. Velásquez fue convocado a la moción de censura por los senadores Ferney Pulido Hernández, Guido Echeverri Piedrahita, Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, David Luna Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Enrique Cabrales Baquero, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Carlos Manuel Meisel Vergara, Antonio Luis Zabaraín Guevara y Edgar de Jesús Díaz Contreras, todos adeptos a Álvaro Uribe. Se nota que el expresidente aún tiene la sangre en el ojo.

La revista RAYA y la Fundación Pares  tuvieron acceso a nueve resoluciones que expidió un mismo día y en tiempo récord la fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. Las mismas reforman el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), le entrega un poder sin precedentes a la vicefiscalía y se lo arrebata a la nueva Fiscal General en propiedad que elegiría la Corte Suprema este martes. ¿Qué hay detrás? Por: Unidad Investigativa Revista RAYA con apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación Foto tomada de: Semana Faltando menos de 24 horas para que la Corte Suprema de Justicia se reúna en pleno para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación, la revista RAYA tuvo acceso a nueve resoluciones que reestructuraron de un plumazo el ente rector de la investigación y la acusación en Colombia. Lo hizo la misma fiscal encargada, cuestionada por favorecer a señalados narcofiscales, Martha Janeth Mancera, quien firmó los nueve documentos el pasado 26 de febrero, es decir, 13 días después de que quedara encargada del alto cargo. Lo grave del asunto, según los análisis de exfiscales delegados, como Elmer Montaña, es que le confiere un poder excesivo y misterioso a la vicefiscalía, lo que se interpreta como una “jugada” para dejar amarrada de pies y manos a la nueva fiscal general. “En apariencia, esto parece ser fruto de un pequeño grupo de funcionarios de la fiscalía liderados por Mancera, digo en apariencia, por que resulta imposible que en tan poco tiempo, un grupo reducido de personas hubiera diseñado una reforma de tal magnitud. Es muy probable que la misma provenga de fuera de la Fiscalía y el autor o autores tengan interés en minar el poder de la próxima fiscal, dejándola bajo el control de unas estructuras paralelas, integradas por funcionarios que seguramente Mancera dejará nombrados y en funciones”, dijo el exfiscal seccional del Valle del Cauca, Elmer Montaña, quien advirtió las dificultades que tendría la nueva fiscal al encontrar estas estructuras establecidas. Una de las reestructuraciones más importantes tiene que ver con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), mediante la resolución 0081 del 26 de febrero de 2024, a través de la cual la fiscal Mancera modificó la organización interna de este organismo, estableciendo que quien le hará seguimiento y evaluación a los resultados de la Policía Judicial del país ya no será la Fiscalía General sino la Vicefiscalía. “Vaciando las competencias y el poder de la próxima Fiscal que designe la Corte Suprema”, advirtió el exfiscal Eduardo Montealegre al reaccionar sobre estas resoluciones. De esta manera, la o el vicefiscal tendrá el control absoluto de la policía judicial, es decir, CTI, SIJIN, DIJIN, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Migración Colombia, entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, alcaldes e inspectores de Policía, autoridades de tránsito, los Directores Nacional y Regional del INPEC, y los Directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia. Resoluciones del 26 de febrero firmadas por la Fiscal encargada Marta Mancera Descargue aquí las resoluciones: Facsímil resolución 081 A través de esta resolución, la vice fiscal modificó el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, según el cual los órganos de policía judicial dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación, entregando dicha función a la vicefiscalía, sin ningún motivo fundado. “La resolución que modifica el CTI es abiertamente ilegal porque un acto administrativo de esta naturaleza no puede modificar la Ley, por eso surge la duda sobre las motivaciones que tuvo Mancera para cometer este despropósito”, expresó el exfiscal Montaña. Facsímil resolución 087 La otra resolución de Mancera es la 0087 igualmente del 26 de febrero de 2024. Por medio de ella, la Fiscal General de la Nación (encargada) delegó en la vicefiscalía, nuevamente, la facultad de crear, conformar, modificar y suprimir grupos internos interdisciplinarios para el desarrollo de lo que denomina “estrategia de analítica geoespacial especializadas para la lucha contra fenómenos criminales y/o situaciones que hayan sido priorizadas”.  De esta manera, la vicefiscalía tendrá acceso y control de toda la información recaudada por los fiscales delegados del país, respecto a las organizaciones criminales y así como de aquellos casos que se consideren prioritarios, lo que en poco tiempo le daría a este despacho un enorme poder, por encima de quien asuma como Fiscal General de la Nación. Un hecho que llama la atención, pues esta revista también ha denunciado cómo en regiones como Risaralda los mismos fiscales regionales han denunciado favorecimientos de esa entidad a cabecillas de organizaciones criminales como La Cordillera. Facsímil resolución 083 En este mismo sentido Mancera expidió la resolución 0083 también el 26 de febrero de 2024, a través de la cual “estableció” la organización interna de la Dirección de Apoyo a la Investigación y análisis contra la criminalidad organizada y reglamentó sus funciones. En realidad se trata de una mega estructura, que tendrá un director, un “grupo de trabajo de arquitectos de la transformación”, grupos de trabajo para el apoyo de las labores de la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, (apoyo al apoyo), grupos de trabajo de policía judicial. El autor o quien proyectó esta resolución, que tendrá un enorme impacto en el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, fue Mauricio Andrés Morales Hurtado, director de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada, el mismo funcionario que también es el autor del proyecto que crea un Centro de Acopio de Información con vocación probatoria para actuaciones relacionadas con estructuras criminales, al que hace referencia la resolución 0086 también del 26 de febrero de 2024. Otra mega estructura creada en tiempo record, al igual que la organización de la dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad, creada con la resolución 0084 también en la misma fecha. Facsimil resolución 086 y 084 “Como sea, estas estructuras creadas por la fiscal Mancera, aparte de tener nombres rimbombantes, nada aportan al funcionamiento eficiente y eficaz de la Fiscalía General de la Nación, que dicho sea de paso desde hace mucho tiempo enfrenta dificultades debido a la carencia de fiscales, en unidades que investigan homicidios, delitos sexuales, bandas criminales, etc., así como de investigadores judiciales. En muchas seccionales los fiscales deben compartir un mismo investigador. Muchos de estos investigadores tienen una carga laboral imposible de cumplir lo que contribuye a la lentitud de la administración de justicia y explica, en buena parte, los altos índices de impunidad”, advirtió el exfiscal Montaña. Para la Fundación Paz y Reconciliación, esta reestructuración exprés de la Fiscalía tiene el objetivo de manejar la entidad a pesar de que la Corte Suprema elija este martes a la nueva Fiscal General. “Una de las hipótesis acerca de la creación de nuevas direcciones es que de alguna forma Martha Mancera está haciendo planes para permanecer largo tiempo en la entidad, lo que se ratificaría mañana si la Corte Suprema sigue dilatando la elección de Fiscal. La otra hipótesis es que la fiscal encargada esté aprovechando su período o bien para crear más burocracia o garantizar que hayan fichas cercanas a ella cuando la nueva Fiscal llegue a ejercer. En pocas palabras, crear una Fiscalía paralela con lealtades individuales que le hagan más difícil la labor a su sucesora”. Una vez examinadas estas resoluciones hay que resaltar que las mismas se suscribieron de forma veloz, en pocos días, lo cual no tiene antecedentes en la historia de la institución. No obstante, lo más preocupante es que no obedece a una necesidad de la Fiscalía que haya sido detectada a través de un trabajo serio y riguroso, no se sabe de la conformación de mesas técnicas o estudios previos que justificaran los cambios, tampoco se advierte en las mismas resoluciones que sea el resultado de una minuciosa planeación que tenga en cuenta el impacto fiscal que tendrá en el organismo la nueva planta de personal que integre estas nuevas dependencias. Finalmente, la fiscal Mancera creó el remedio para los conflictos que podrían generar la duplicación de funciones que ya ejercen fiscales o funcionarios de esta institución tras la creación de nuevos cargos por medio de estas resoluciones. Según la resolución 079 del mismo 26 de febrero de 2024, en caso de conflictos entre fiscalías delegadas y adscritas a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), decidirá la vicefiscalía, lo que traduce nuevamente el poder que le está confiriendo la fiscal Mancera a la quien vaya a hacer las veces de vicefiscal. El exfiscal Montealegre denunció que es ilegal esta reestructuración de la Fiscalía, pues la fiscal Mancera actualmente está siendo investigada en la Comisión de Acusaciones por presuntamente encubrir a organizaciones criminales. Es claro que la permanencia de Martha Mancera en la Fiscalía puede continuar ocasionando graves problemas a la entidad que no serán fáciles de deshacer por la nueva Fiscal. Llama la atención que una persona con tanta experiencia en la entidad tenga tal nivel de confianza para realizar reestructuraciones express, crear burocracia innecesaria y concentrar poder. Los Magistrados de la Corte Suprema tendrán mañana en sus manos el destino de una entidad que cada vez más entra al huracán del desprestigio y la desconfianza que genera hoy en la ciudadanía.

Por: Katerin Erazo foto tomada de: Oficina del Alto Comisionado para la Paz Este domingo 10 de marzo marcó el final del cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. Durante siete días, las partes se reunieron en San José del Guaviare, reiterando sus compromisos en pos de un proceso de paz continuo. Este ciclo se desarrolló en un contexto de cese al fuego bilateral, vigente hasta el 15 de julio, confirmado desde el pasado 14 de enero. A pesar de algunas denuncias de incumplimiento entre las partes, el diálogo ha persistido con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera. Entre las conclusiones destacadas de esta etapa de negociaciones se encuentran medidas especiales para fortalecer el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), así como la implementación inmediata de acuerdos en regiones clave donde las disidencias de las FARC tienen influencia, como Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá. Según un comunicado conjunto emitido al final del ciclo, se ha acordado atender de manera positiva las propuestas inclusivas y las demandas de participación efectiva de las comunidades y líderes locales. Las partes planean reunirse nuevamente en Ocaña (Norte de Santander) en abril para continuar avanzando en el proceso. Además, se ha puesto énfasis en la importancia de los diálogos sociales en regiones como Nariño, Putumayo y Arauca, con el objetivo de establecer nuevos acuerdos. Se ha ratificado un acuerdo especial para transformaciones en la cuenca del río Micay y el cumplimiento de compromisos anteriores definidos desde octubre de 2023 en el corregimiento El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca). Durante el encuentro, se presentó el segundo informe del MVMV, el cual ha contribuido a evaluar el proceso del cese al fuego y ha permitido definir un cronograma para la instalación de instancias locales antes del próximo ciclo en áreas prioritarias. Las representaciones del Gobierno y del EMC reconocieron las desigualdades regionales y nacionales, así como la necesidad de corregir y fortalecer los protocolos de comunicación, pedagogía del proceso y garantías para los diálogos. Se han aprobado varios documentos para aplicar correcciones y fortalecer el proceso, incluyendo protocolos de comunicación, pedagogía de los diálogos de paz, acuerdos sobre transformaciones territoriales y la creación de una Comisión Mixta Jurídica y de Garantías de Seguridad. Camilo González Posso, jefe del equipo negociador del Gobierno, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en este ciclo, resaltando los compromisos para la transformación territorial y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas por el conflicto. Por su parte, el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo un llamado a acelerar los acuerdos que beneficien a la población civil y destacó la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades en medio del proceso de paz. En la próxima reunión de la mesa de diálogos se espera seguir avanzando en la agenda para el desarrollo del quinto ciclo de negociaciones. Estos diálogos se suman a los esfuerzos continuos por alcanzar una paz duradera en Colombia, recordando los acuerdos previos como el compromiso de las disidencias de acatar el Derecho Internacional Humanitario y la evaluación de la situación de los miembros de este grupo armado que están detenidos. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), como parte crucial del cierre del cuarto ciclo de la mesa de negociación entre el Estado Mayor y el Gobierno, es esencial destacar, en primer lugar, el seguimiento que se está llevando a cabo respecto al mecanismo de veeduría y monitoreo. Esto cobra relevancia debido al incremento de acciones armadas entre el Estado Mayor y el Ejército. En este sentido, se está evaluando el cumplimiento de las reglas establecidas, así como la necesidad de tomar medidas, ya que persisten combates y enfrentamientos, además de ataques a la fuerza pública, que han aumentado en el último mes, con consecuente impacto en la población civil. Balance de acciones del cese con corte a febrero En consecuencia, se presenta el segundo informe del mecanismo para poner énfasis en estas situaciones que se han venido manifestando. Otro aspecto relevante mencionado por la investigadora se refiere al impulso de rutas de acción frente a zonas de influencia significativa del Estado Mayor, abarcando los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá. Esto se alinea con la agenda de territorialización de otras mesas, como la del ELN, que ha comenzado a desarrollar actividades en Nariño. Una cuestión importante mencionada en las conclusiones es el control y verificación de las acciones en la cuenca del río Micay, así como en el Cauca y el Plateado, que guarda relación con las acciones en el Valle del Cauca. Marín explicó que se han presentado siete documentos que establecen protocolos de acción y acuerdos en varios ejes. El primero se refiere a los incidentes en los que se han producido combates entre el Estado Mayor y la Fuerza Pública en el marco del cese al fuego, considerando también las afectaciones a la población civil. Además, se presentó un protocolo de pedagogía en diálogo de paz para contribuir a la consolidación del mecanismo de participación previsto por el Estado Mayor Central, así como un protocolo de comunicación para generar espacios de incidencia conjunta entre las partes. En el ámbito de los acuerdos respecto a las transformaciones, se han establecido dos acuerdos específicos, uno que abarca los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, y otro que incluye la región de Catatumbo. También se han realizado acercamientos en relación con las comisiones jurídicas y de garantías de seguridad, reiterando la importancia del mecanismo de veeduría y monitoreo. En cuanto a los próximos espacios de negociación, se espera que se cumpla rigurosamente el cese al fuego y que se realice una verificación más exhaustiva de las acciones en curso, dada la incompleta implementación del mismo. Asimismo, se espera que se avance en las agendas de actividades y seguimiento territorial en las regiones prioritarias, poniendo énfasis en el impacto en la sociedad civil, incluyendo la protección de líderes y lideresas sociales y el respeto a las comunidades y organizaciones que se encuentran en medio de disputas territoriales. En paralelo, se considera importante coordinar con las mesas de negociación con el ELN para abordar la territorialización en lugares como Nariño, Putumayo y Arauca, que son escenarios de disputa.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Colombia Reports El 16 de agosto de 1987 a Yadis Dominguez se le acabó el mundo que conocía. Esa noche ella tuvo consciencia de que el mundo, a veces, podía ser un infierno. El Frente 36 de las extintas FARC atacó con todo lo que tenía al corregimiento de Colorado, zona rural del municipio de Nechí, pleno Bajo Cauca antioqueño. En la toma la guerrilla mató a cinco personas, entre ellas a una mujer embarazada. Además de vivir el terror de la guerra esa noche Yadis fue víctima de violencia sexual.. Tenía apenas 13 años. El Bajo Cauca antioqueño es uno de los lugares en donde más se ha sentido la violencia en el país. Según la Unidad de Víctimas hasta octubre del 2020 los seis municipios que conforman el Bajo Cauca sumaron 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto. Lo terrorífico es que el total de habitantes de esta zona es de 260.681. Esto quiere decir que el 80% de las personas le vieron los dientes al monstruo de la guerra. Después de ese ataque ni Yadis ni su familia pudieron vivir más en Colorado. Se fueron con lo que les alcanzó a caber en las manos hasta Caucasia. Fue durísimo adaptarse. En el colegio la matoneaban porque ella no era de allí, porque los grupos armados le habían quitado todo. No era ni digna de pesar. Pero ella se recompuso. Sus dotes de líder le ayudaron a cerrar las heridas. Con su familia ayudó a fundar, en el año 1994, el barrio El Paraíso. Ella fue presidente de la Junta de Acción Comunal pero su camino está sembrado de piedras. Yadis vio como en el barrio que ella misma ayudó fundar le mataron a su hermana y, unos años después, al papá de sus tres hijos. Y nada le hizo bajar la frente a esta guerrera. Ser líder social en Colombia es un oficio de alto riesgo. Ser líder en el Bajo Cauca puede ser de las vocaciones más peligrosas del mundo. El Bajo Cauca tiene un gran potencial agrícola sin embargo, desde la década del setenta, grupos armados como el EPL, el ELN, las FARC, los paramilitares, sobre todo los Bloques Mineros y el Bloque Central Bolívar, se cebaron contra esta población. La coca y la extracción ilegal de oro se convirtieron en los bastiones de la economía. Ni siquiera la desmovilización de las FARC o de los grupos de Autodefensa han hecho que la violencia cese. Acá la violencia nunca termina, sólo se transforma. En el Bajo Cauca delinquen los Caparros, el Clan del Golfo, y las disidencias de las FARC. Además está el perenne olvido del Estado. El papel de Yadis ha sido meter el dedo en la llaga y recordar que ellos también son Colombia. Ella fue la creadora de la Asociación de Víctimas Constructoras de Paz (ASOVICPAZ). Según se lo dijo a los investigadores de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, está cansada de la falta de inversión en su territorio de que, a pesar de todas sus limitaciones, el Estado sólo les envíe fuerza pública, soldados, policías, represión, cuando lo que necesitan son escuelas, carretera, infraestructura. Yadis Dominguez es una de las protagonistas de Nadar contra la corriente, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que recorre el duro camino de ser líder en los lugares de Colombia que el mismo Estado ha apartado. Este es el informe:

Por: Isabela Puyana Hace tres años María Victoria Ramírez decidió migrar a los Estados Unidos con el fin de buscar oportunidades en un sector de la ingeniería y en la academia porque sentía que eran espacios limitados en donde ya había hecho bastantes intentos por escalar en su carrera como académica, pero veía cada vez más limitada la oferta de crecimiento en el sector para su perfil. Ser mujer, ingeniera, feminista, activista, siempre fue una manera de nadar contra corriente y por más preparada que estuviera, crecer profesionalmente en su industria, cuando se proponía nuevos retos era siempre encontrarse con un muro de obstáculos a los que a sus 50 años abandonaba a la idea de escalar. En el 2022, cuando la ex ministra Irene Vélez asumió el Ministerio de Minas y Energía, María Victoria recibió su llamado para que hiciera parte de su equipo como asesora. Ella en ese momento ya estaba ubicada en la ciudad de Nueva york, estaba esperando la ciudadanía y se había mentalizado en quedarse en esta ciudad, pero después de este llamado reconoció que este podría ser un escenario para hacer visible su voz sobre las luchas por las que ha trabajado por más de 30 años. María Victoria es Ingeniera Eléctrica y Electrónica de la Universidad Fontys University of Applied Sciences – Universidad de Ciencias Aplicadas) de los Países Bajos, es especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre. También cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira y un doctorado en Ingeniería de la misma universidad. Al inicio de su carrera fue docente del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. La mayoría de su experiencia la ha desempeñado como contratista de entidades como Corporación Opción Legal, Corporación Contigo Mujer, Fondo de Acción Urgente de América Latina, Fundación Paz y Reconciliación y el Servicio Nacional de Aprendizaje. “Llegué como asesora y luego hubo el cambio de ministro, Andrés Camacho. Él me propone ser directora de Energías. El día que yo me posicioné, le dije, yo sé lo que yo represento acá, yo estoy acá porque tengo la formación académica de ingeniería, electricista y electrónica, la hoja de vida para entrar, pero también porque soy feminista y porque soy firmante de un acuerdo de paz y esos ingredientes importan en este momento. En otro no tuve nunca la oportunidad, ni siquiera me lo habría planteado, en el pasado ni siquiera me lo habría imaginado”, recuerda María Victoria, quien es hoy la primera mujer directora de Energías eléctricas del país. María Victoria eligió una carrera fundamentalmente masculina. En el país y según la Unesco las mujeres no alcanzan el 26% de las carreras en técnicas como ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica y afines y el reconocimiento de que una mujer sea elegida como Directora de Energías le da sentido a las luchas a las que ella ha pertenecido desde 1993, pues no solo se dedicó a investigar y a enseñar, sino que estuvo fuertemente vinculada a la lucha por los derechos de las mujeres y a garantizar espacios para que ellas ingresaran a su mismo gremio. “En 1995 incursioné en la esfera política e hice parte de una organización de izquierda, donde por supuesto no está exenta de ser una estructura patriarcal, así que luego entré en contacto con una organización de mujeres en Pereira que se llama Contigo Mujer y desde allí empecé a trabajar todas las formas de violencia contra las mujeres. Denunciamos la mutilación genital femenina, la Ley de cuotas, también buscamos lograr un mejor posicionamiento y mejores espacios políticos para las mujeres”. Después de esto María Victoria comenzó a fortalecer su voz como un referente en varios de los colectivos feministas del país y también compartió luchas a nivel nacional con La Ruta Pacífica de las Mujeres por la defensa de la paz y la Red Nacional de Mujeres para defender la opción libre de la maternidad. En el 2006, mientras María Victoria estaba embarazada promovió que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las 3 circunstancias en que lo hizo. Cuando la Corte falló a favor su hijo tenía 2 meses. “Mi maternidad fue escogida, planeada, esperada pero no ha estado exenta de dolores. Creo que es la mayor responsabilidad que se puede asumir, pero también es un terreno político porque se debe intentar que nuestros hijos vean el mundo y lo vivan desde su masculinidad de forma distinta”. Todos esos escenarios en los que María Victoria se ha movido, sus luchas y miradas, su participación desde las regiones y a nivel nacional hacen que hoy esté en el lugar donde está, ahora apasionada por una nueva lucha que es la Transición Energética, que desde su mirada femenina, también está convencida de que es la gesta más importante de la humanidad. “Debemos liderar esa transición energética justa desde la dirección de energía eléctrica, es el núcleo de este Ministerio de Energía. Tiene un lugar muy importante para construir la política, para invertir recursos, recursos que se invierten en la vida”. María Victoria llegó al ministerio para apoyar soluciones energéticas y se puso al frente de un proyecto hito que es el decreto de las comunidades energéticas, que buscan democratizar la energía para más de 20.000 comunidades que no tienen acceso a la energía en zonas desconectadas y aisladas del país. Pasó menos de un año desde que el decreto fue publicado, y hoy son más de 13.000 mil comunidades inscritas a este proyecto. “Somos muy pocas mujeres en el sector minero energético, en la ingeniería, estoy hablando de las barreras que tenemos las mujeres para acceder a estos espacios, no solo académicos, sino a los temas que han sido dominados por los hombres, para llegar a órganos o a espacios de decisión y sé que este quizá el mejor momento de mi carrera” María Victoria hoy celebra y defiende su lucha y la de muchas y la posibilidad de ser tomadora de decisiones. No en vano es una celebración. Sea ella la primera mujer directora de Energía Eléctrica del país: una mujer que estudió la carrera a la que ingresan más hombres en el país, ella, quien marchó durante 30 años por cerrar la brecha salarial y por los derechos de las mujeres mientras cargaba a su hijo en el vientre y por defender su mirada y su palabra en espacios dominados por los hombres.