Por: Isabela Puyana Hace tres años María Victoria Ramírez decidió migrar a los Estados Unidos con el fin de buscar oportunidades en un sector de la ingeniería y en la academia porque sentía que eran espacios limitados en donde ya había hecho bastantes intentos por escalar en su carrera como académica, pero veía cada vez más limitada la oferta de crecimiento en el sector para su perfil. Ser mujer, ingeniera, feminista, activista, siempre fue una manera de nadar contra corriente y por más preparada que estuviera, crecer profesionalmente en su industria, cuando se proponía nuevos retos era siempre encontrarse con un muro de obstáculos a los que a sus 50 años abandonaba a la idea de escalar. En el 2022, cuando la ex ministra Irene Vélez asumió el Ministerio de Minas y Energía, María Victoria recibió su llamado para que hiciera parte de su equipo como asesora. Ella en ese momento ya estaba ubicada en la ciudad de Nueva york, estaba esperando la ciudadanía y se había mentalizado en quedarse en esta ciudad, pero después de este llamado reconoció que este podría ser un escenario para hacer visible su voz sobre las luchas por las que ha trabajado por más de 30 años. María Victoria es Ingeniera Eléctrica y Electrónica de la Universidad Fontys University of Applied Sciences – Universidad de Ciencias Aplicadas) de los Países Bajos, es especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre. También cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira y un doctorado en Ingeniería de la misma universidad. Al inicio de su carrera fue docente del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. La mayoría de su experiencia la ha desempeñado como contratista de entidades como Corporación Opción Legal, Corporación Contigo Mujer, Fondo de Acción Urgente de América Latina, Fundación Paz y Reconciliación y el Servicio Nacional de Aprendizaje. “Llegué como asesora y luego hubo el cambio de ministro, Andrés Camacho. Él me propone ser directora de Energías. El día que yo me posicioné, le dije, yo sé lo que yo represento acá, yo estoy acá porque tengo la formación académica de ingeniería, electricista y electrónica, la hoja de vida para entrar, pero también porque soy feminista y porque soy firmante de un acuerdo de paz y esos ingredientes importan en este momento. En otro no tuve nunca la oportunidad, ni siquiera me lo habría planteado, en el pasado ni siquiera me lo habría imaginado”, recuerda María Victoria, quien es hoy la primera mujer directora de Energías eléctricas del país. María Victoria eligió una carrera fundamentalmente masculina. En el país y según la Unesco las mujeres no alcanzan el 26% de las carreras en técnicas como ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica y afines y el reconocimiento de que una mujer sea elegida como Directora de Energías le da sentido a las luchas a las que ella ha pertenecido desde 1993, pues no solo se dedicó a investigar y a enseñar, sino que estuvo fuertemente vinculada a la lucha por los derechos de las mujeres y a garantizar espacios para que ellas ingresaran a su mismo gremio. “En 1995 incursioné en la esfera política e hice parte de una organización de izquierda, donde por supuesto no está exenta de ser una estructura patriarcal, así que luego entré en contacto con una organización de mujeres en Pereira que se llama Contigo Mujer y desde allí empecé a trabajar todas las formas de violencia contra las mujeres. Denunciamos la mutilación genital femenina, la Ley de cuotas, también buscamos lograr un mejor posicionamiento y mejores espacios políticos para las mujeres”. Después de esto María Victoria comenzó a fortalecer su voz como un referente en varios de los colectivos feministas del país y también compartió luchas a nivel nacional con La Ruta Pacífica de las Mujeres por la defensa de la paz y la Red Nacional de Mujeres para defender la opción libre de la maternidad. En el 2006, mientras María Victoria estaba embarazada promovió que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las 3 circunstancias en que lo hizo. Cuando la Corte falló a favor su hijo tenía 2 meses. “Mi maternidad fue escogida, planeada, esperada pero no ha estado exenta de dolores. Creo que es la mayor responsabilidad que se puede asumir, pero también es un terreno político porque se debe intentar que nuestros hijos vean el mundo y lo vivan desde su masculinidad de forma distinta”. Todos esos escenarios en los que María Victoria se ha movido, sus luchas y miradas, su participación desde las regiones y a nivel nacional hacen que hoy esté en el lugar donde está, ahora apasionada por una nueva lucha que es la Transición Energética, que desde su mirada femenina, también está convencida de que es la gesta más importante de la humanidad. “Debemos liderar esa transición energética justa desde la dirección de energía eléctrica, es el núcleo de este Ministerio de Energía. Tiene un lugar muy importante para construir la política, para invertir recursos, recursos que se invierten en la vida”. María Victoria llegó al ministerio para apoyar soluciones energéticas y se puso al frente de un proyecto hito que es el decreto de las comunidades energéticas, que buscan democratizar la energía para más de 20.000 comunidades que no tienen acceso a la energía en zonas desconectadas y aisladas del país. Pasó menos de un año desde que el decreto fue publicado, y hoy son más de 13.000 mil comunidades inscritas a este proyecto. “Somos muy pocas mujeres en el sector minero energético, en la ingeniería, estoy hablando de las barreras que tenemos las mujeres para acceder a estos espacios, no solo académicos, sino a los temas que han sido dominados por los hombres, para llegar a órganos o a espacios de decisión y sé que este quizá el mejor momento de mi carrera” María Victoria hoy celebra y defiende su lucha y la de muchas y la posibilidad de ser tomadora de decisiones. No en vano es una celebración. Sea ella la primera mujer directora de Energía Eléctrica del país: una mujer que estudió la carrera a la que ingresan más hombres en el país, ella, quien marchó durante 30 años por cerrar la brecha salarial y por los derechos de las mujeres mientras cargaba a su hijo en el vientre y por defender su mirada y su palabra en espacios dominados por los hombres.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 13 de marzo de 2024 se cumple el primer año del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC). En la actualidad, el proceso pasa por el cierre del cuarto ciclo de conversaciones, iniciado el 3 marzo y finalizado siete días después, en el Centro Cultural de San José del Guaviare —la capital del departamento—. En este municipio, que ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado, se reunieron en la Mesa de Diálogos de Paz (MDP), las delegaciones del Gobierno colombiano y de la organización armada. Acompañados por autoridades locales —Alcaldía y Gobernación—, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio del Guaviare y varios miembros de la comunidad internacional. La Mesa de Diálogo de Paz, que se instaló formalmente el 16 de octubre de 2023 —luego de muchas tensiones y dificultades durante los primeros seis meses—, tiene el propósito de llegar a un acuerdo de paz de fin de conflicto. Acuerdo que podría ser firmado durante este gobierno de Gustavo Petro o el próximo, según los avances que se logren. Entre los avances más importantes durante este año de proceso están: Primero, se cuenta con un Acuerdo sobre los Lineamientos Base para la Elaboración de la Agenda de Diálogos y la Construcción de Paz —firmado en Tibú, el 16 de octubre de 2023— con la que busca lograr transformaciones territoriales y la superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas. Segundo, entre los acuerdos y protocolos firmados hasta el momento, está el importante acuerdo de implementar un Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT). Este comenzó a operar el 16 de enero de 2024 e irá hasta el 15 de julio de 2024, con posibilidad de prórroga. Además, otro firmado el 12 de diciembre de 2023, donde se comprometen al abandono del secuestro con fines económicos. Tercero, cuenta el proceso con el acompañamiento del componente internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y los países garantes —Irlanda, Suiza, Noruega y Venezuela— están participando en la Mesa de Diálogos de Paz. Además, están involucradas organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales, como la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. Cuarto, se tiene al frente del proceso un equipo de trabajo altamente conocedor y responsable. A la cabeza de la delegación del Gobierno nacional está Camilo González Posso, quien funge como jefe negociador, y Fabio Valencia Cossio, con experiencia en el proceso de paz del Caguán. González, por ejemplo, es una persona con un gran conocimiento acumulado en materia de paz, un intelectual que estuvo dirigiendo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), una ONG que conoce y hace seguimiento a las dinámicas del conflicto armado. Y quinto, se viene firmando protocolos con los que se busca implementar de inmediato transformaciones en los territorios. Como el último, acordado este 10 de marzo, al cierre del IV ciclo. La Mesa firmó siete documentos, uno de ellos donde se acuerdan acciones específicas para los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Guaviare, así como la región del Catatumbo en el Norte de Santander. Acciones concretas con las que se busca aportar al desarrollo sostenible, la reforestación y conservación de los recursos naturales. A pesar de estos importantes avances y puntos fuertes, el proceso, en su primer año, evidencia algunas dificultades y retos, entre ellos están: La necesidad de avanzar en la definición de una agenda de negociación clara y precisa. A pesar de que se tienen identificados unos temas en el Acuerdo sobre los Lineamiento —allí están los temas de tierra y territorio, ambiente y desarrollo sostenible, poder local y gobernanza, víctimas y comunidades étnicas y campesinas, entre otros—, la Mesa de Diálogos de Paz puede llegar a un debilitamiento y cansancio a causa de la aparición de una agenda ambiciosa y amplia. Dado que se tomó la decisión —al igual que como viene ocurriendo en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— de hacer acuerdos parciales e irlos implementando en la medida que se avanza en el proceso, se requiere de parte y parte, poner muchos recursos y acciones para avanzar de manera específica y diligente en la implementación de esto pactos. Lo cual abre la puerta a la aparición de recriminaciones por los posibles incumplimientos. Por ejemplo, un reto actual es avanzar en la identificación de acciones concretas para la transformación de los territorios: como los planes socioambientales para la recuperación de las cuentas de los grandes ríos —como el Amazonas o el Catatumbo— que están siendo destruidos por la deforestación para cultivos ilícitos y la minería ilegal. Acuerdos como este exigen muchas acciones en territorios con múltiples actores armados y problemas de todo tipo. De parte de la organización ilegal, es necesario que la EMC cumpla a cabalidad con el cese al fuego. Frente a este tema podría haber dificultades: estamos frente a una organización muy grande, con cerca de 27 estructuras disidentes de las Farc-ep; y que hacen presencia en muy diversos municipios —según la Defensoría del Pueblo, el grupo armado hace presencia en 234 municipios y 19 departamentos, entre ellos: Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare —. Además el EMC se caracteriza por tener una forma organizativa federada, como una organización con una gran variedad de estructuras, con intereses diversos y formas distintas de operar en los territorios. Está amalgama hace que se perciba una autonomía territorial de las estructuras y la imposibilidad de un control unificado de mando. En este sentido, el proceso de paz podría tener, con el paso de los meses, un incumplimiento de lo acordado. Otro reto se encuentra en la demanda que hace el EMC de darle una participación amplia y vinculante a la sociedad. Esto exige una adecuada intervención territorial para que se tengan condiciones de protección a la población. Recordemos que en todos los territorios donde hace presencia el EMC se libra una guerra por la competencia por el control territorial y rentas ilícitas; en ellos conviven otros actores armados, como el Clan del Golfo. En conclusión, en este año se avanza en otro frente importante de la Ley de Paz Total. Se ha logrado en este primer año construir un proceso de paz donde se notan fortalezas, pero también dificultades jurídicas, políticas y de orden público. En este sentido son más los retos que los avances. Se requiere tener una agenda, una debida implementación de los acuerdos y un cumplimiento de los protocolos, como el del cese al fuego, la efectiva participación de la sociedad y la veeduría social de la población. Además, crear las condiciones para aumentar la confianza entre las partes. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El País El punto de inflexión pudo haber sido en la pandemia. En ese momento los capos del narcotráfico, afincados tradicionalmente en las regiones que colindan con el mar, por su cercanía con los puertos, se trasladaron a Bogotá. Según datos entregados por el concejo de Bogotá el 40% de los hurtos que ocurren en Colombia se concentran en Bogotá. La Fundación Paz y Reconciliación en el mes de octubre del 2023 publicó un informe en la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana hizo un Mapa del Delito, un inventario de organizaciones que operan en la capital. Se identificaron 196  organizaciones criminales divididos de esta manera: 5 son Grupos Armados Organizados GAO, 61 Grupos de Delincuencia Organizada, y 130 grupos de de Delincuencia Común Organizada. En la capital están las cinco GAO que tienen mayor capacidad de incidencia a nivel nacional, el ELN, el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, los conocidos Pachenca. A través de alianzas con grupos locales estos GAO han podido transitar desde el área rural donde se mueven hasta la ciudad. Por su densidad Bogotá es el territorio perfecto para que los mercados ilegales se expandan. Los crímenes van desde asesinatos por encargos hasta imposición de tributos ilegales, las famosas extorsiones que en este momento tienen azotados a los comerciantes no sólo en la capital sino en todo el país. Los focos donde se presenta esta lucha territorial son corredores estratégicos como Suba y Usaquén que conecta con las localidades de Chapinero en el oriente de la ciudad y tiene la capacidad de expansión hacia los municipios de Chía, Cajicá, Sopó y La Calera. En el occidente las disputas se dan en las localidades de Engativá, Fontibón, y la parte de Suba que conectan con los municipios de Funza, Mosquera y Cota. En este informe de la Fundación Paz y Reconciliación se desglosan donde actúan y cuales son las bandas que tienen azotada a la capital: El ELN se mueve en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy. El Bloque Oriental disidencias FARC está en Ciudad Bolívar; Bosa; Kennedy; Sumapaz; Fontibón; Engativá. El Clan del Golfo se disputa palmo a palmo con el Tren de Aragua en Ciudad Bolívar; Bosa; Kennedy; Tunjuelito; Usaquén. A la vez el Tren de Aragua se disputa zonas de Ciudad Bolivar y Kennedy con estos grupos: Los Paisas; Los costeños; Los Boyacos; Los Camilo; ; Maracuchos; Los de Pedro Pablo; Los Chontaduro; El Clan de Golfo. Los ya tristemente célebres Satanás están en estas localidades San Cristóbal; Antonio Nariño; Los Mártires; Fontibón; Suba; Kennedy; Bosa. El Tren de Aragua entró en disputa de estas localidades. Los Lucky se mueven en Teusaquillo. El grupo Los Paisas están en Suba; Engativá; Ciudad Bolívar; Rafael Uribe Uribe; Bosa; Usaquén; Kennedy. Los Pereiranos en Ciudad Bolívar. Los Pelados en Chapinero, Los Erizos en Barrios Unidos, los Caparros en Usaquén, Los Prestamistas en Ciudad Bolívar, Los Padrinos en Tunjuelito, Los Cachorros en Bosa, Los Buhos en Usaquén, Los Aprovechados en Santa Fe, Los Bicicleteros en Suba, Los Divisas, en Chapinero, Los Chorizos en Rafael Uribe Uribe, Los Divisas en Chapinero, los de Puentelargo en Suba, El Garaje, en Kennedy, Los Paisitas, en Suba, los Futbolitos en los Mártires, Los Morenos en Los Mártires, Los Espartanos en Chapinero, Los Chontaduros en Kennedy, los Fénix en Chapinero, Los del Chorro en la Candelaria, Park Way en Teusaquillo, Los Cuchos en Ciudad Bolivar, Los Petardos en Santa Fe, Entre Nubes en San Cristobal, La Ollada, Rafael Uribe Uribe, La Ollada, Rafael Uribe Uribe, Los Lanister en Ciudad Bolívar, Aquila en Kennedy, Los Pochos en Comuna Centro, Los Plumas en Puente Aranda, Los Lobos en Kennedy, Oficina de San Andresito de la 38, Puente Aranda, Los Maracay en Barrios Unidos. Para ver todo el panorama de las bandas que azotan Bogotá consultar este informe:

Por: Redacción Pares Foto tomada de: History Latinoamérica Este ocho de marzo cientos de miles de mujeres en Colombia saldrán a las calles a gritar por sus derechos. La llegada de un gobierno progresista, que puso en primera línea de su Plan de Desarrollo a la mujer alienta la esperanza. Sin embargo los cambios son lentos. Aunque el tema de los derechos de las mujeres ha cobrado la fuerza que siempre se ha merecido en los últimos años, aún hoy en día son pocos los colombianos que saben la razón por la que se celebra este 8 de marzo el día internacional de la mujer. La fábrica Triangle Shirtwaist se caracterizó por contratar mano de obra barata entre los inmigrantes que llegaban a Nueva York buscando el sueño americano. El sindicato, en 1911, era dominado por las mujeres que confeccionaban con sus manos ensangrentadas blusas y camisas. Eran salarios de hambre, sin derechos de primas, vacaciones. Eran esclavos. Y las mujeres dijeron no más. Y no aguantaron más. La huelga duró meses. Ellas se mantenían firmes. Los dueños de la fábrica que amasaron una fortuna con la misera ajena eran los comerciantes judíos Max Blanck e Isaac Harris, tenían 500 mujeres que trabajaban de manera ininterrumpidamente durante nueve horas al día, de lunes a viernes y el sábado lo hacían siete horas, bajo salarios minúsculos y sin ningún tipo de seguridad. Según Infobae por esas cincuenta y dos horas de trabajo semanales le pagaban entre siete y nueve dólares que al cambio de hoy serían apenas 30 dólares, unos 120 mil pesos. Las mujeres montaron su huelga y exigieron menos horas laborales y algo que siguen peleando las mujeres en las fábricas, oficinas, universidades y demás estamentos laborales: una igualdad de salario con respecto a los hombres. Ellas decidieron no salir a la calle sino hacer la huelga en sus puestos de trabajo. Los dueños de la fábrica decidieron cerrar las puertas para que no entraran delegados del sindicato. Sobre el origen del incendio hay muchas teorías. Algunos dicen que las costureras trabajaban con materiales inflamables y alguna fumadora debió haber dejado un cigarrillo mal apagado, otros, como el New York Times, le echaron la culpa a un desperfecto en una máquina de coser que, al funcionar, echaba chispas. Incluso una revista que desapareció con el tiempo hizo una investigación sobre los misteriosos incendios que acompañaban a ciertas fábricas cuando más le convenía a los dueños. El punto es que las puertas nunca debieron haber sido cerradas, que los reclamos tuvieron que ser escuchados y así se hubieran ahorrado un saldo trágico: 123 trabajadoras quedaron atrapadas y murieron en el incendio. Más de un siglo después la lucha continúa. Este gobierno nombró en su Plan Nacional de Desarrollo como “sostenedoras del mundo” e ideó una estrategia para su empoderamiento. Sin embargo aún falta concretar en hechos las palabras. Que este ocho de marzo sirva para recordarle a Petro, y a todos los mandatarios del mundo, que se necesitan acciones inmediatas y que los cambios se hacen con hechos.

Por: Redacción Pares Una de las banderas que abrazó Gustavo Petro Urrego como candidato fue la de las mujeres. A costos muy altos la mujer se ha venido ganando un espacio paritario en Colombia. Han sabido mantenerse firmes para sacar adelante las leyes por las que han luchado. En Petro encontraban un aliado, al menos en el Petro candidato. Incluso en el mismo Plan Nacional de Desarrollo Petro le dio gran importancia a las mujeres. En él las nombró como “Sostenedoras del mundo”. Incluso entregó siete estrategias claves para fortalecerlas: La promoción de la paridad en la función pública, el acceso prioritario a la propiedad de la tierra, la educación superior y créditos, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el reconocimiento al trabajo doméstico, la garantía de derechos sexuales y reproductivos, la presentación del Plan de Acción Integral contra el feminicidio y todas las violencias en razón de género, La creación del ministerio de la Igualdad podría ser un avance. El problema es que los procesos van lentos. Año y medio después de haberse puesto la banda presidencial el cambio a favor de las mujeres no ha sido dramático. En los informes que ha entregado este año la Fundación Paz y Reconciliación se evidencia que no han aparecido aún los cambios sustanciales. En El balance del gobierno Petro en el 2023 de la línea de Gobernabilidad y Democracia queda claro que, en materia de empleabilidad, nada cambia. La brecha histórica entre mujeres y hombres en materia de oportunidades de empleo se mantiene. Entre enero de 2023 y octubre de 2023 el promedio de la tasa de ocupación de los hombres fue de 70,3%, en contraste con el de las mujeres de 45,8%. Otra de las grandes promesas de campaña del presidente fue tener un gabinete paritario. Hasta el 31 de diciembre del 2023 estaba lejos de cumplirla. Contando con los Departamentos Administrativos y las consejerías, el gobierno apenas supera la ley de cuotas con un 35% de participación de las mujeres. En los ministerios, el 42% son ministras. Pero lo que más preocupa es que las cifras de feminicidios siguen sin presentar mayores descensos. Según el informe Vivir sin miedo, presentado por la línea de Convivencia y Seguridad ciudadana, y basados en los  datos proporcionados por el SPOA, “a lo largo de 2023 se registraron un total de 630 casos de feminicidios en todo el país, lo que quiere decir que hubo casi dos casos de feminicidio al día. Con respecto al 2022 no se presentó una variación significativa de los casos, pues, hubo apenas una disminución del 0.47%. Es decir que entre 2022 y 2023 hubo un total de 1.263 casos de feminicidios en todo el país, cifra que evidencia la prevalencia y gravedad de la ejecución de este delito en Colombia”. Otra de las estrategias para frenar la violencia de género fue la creación de los cuerpos élites de la policía y fuerzas armadas con formación en Violencias Basadas en Género. Los resultados, tal y como lo muestra el informe, no son significativos: “No se han presentado indicadores específicos ni propuestas directamente vinculadas a los resultados de la sesión del Consejo de Seguridad más allá de los anuncios por parte del Ministerio de la Igualdad”. Sobre la creación de la Patrulla Púrpura, , una unidad de vehículos que forman parte de la Policía Nacional para enfrentar los casos de VBG y difundir información acerca señales de alerta y protocolos de atención, el informe afirma que “Hasta el momento, la información disponible proviene del balance presentado por la Policía Metropolitana de Bogotá en febrero de 2023. No se cuenta con un informe tecnificado por parte de otros comandos de Policía o con cifras actualizadas desde las últimas presentadas”. La movilización de las mujeres este 8M en las calles del país debe ser una excusa para reclamarle a Petro por una implementación más eficaz de las promesas que le hizo a las mujeres en campaña. Hay que actuar de manera inmediata.

Texto y fotos por: Isabela Puyana Foto tomada por: Isabela Puyana La comunidad Don Jaca en el norte de Santa Marta es un lugar conocido por ser una vereda de pescadores. Es una bahía a la que solían llegar millones de sardinas que nadaban hacia La Ciénaga Grande para hacer su fase de reproducción y los peces de la Guajira y de Venezuela las perseguían para alimentarse año a año, sin embargo, esta danza que le daba trabajo a cientos de pescadores en la zona ha comenzado a desaparecer. Los pescadores no tenían que alejarse más de 200 metros de la playa para lanzar las redes y atrapar la pesca del día. Según ellos, hoy este ciclo de procreación de peces de distintas especies se ha visto interrumpido, después de que dos puertos de carbón fueron instalados en el centro de la bahía . Puerto desde la bahía de Don Jaca Las comunidades advierten que estos puertos, que pertenecen al grupo Prodeco y a la compañía Drummond y que tienen una extensión de más de 600 metros hacia el mar, han afectado la flora y fauna de la Ciénaga desde su instalación. Las personas que viven a sus alrededores nombran estas estructuras de acero como un cementerio de manglares, lugar donde antes se alimentaban los camarones y las aves de la zona y en donde ya no suelen encontrar ningún animal. Jorge Maldonado, pescador de profesión desde hace 40 años afirma que el cambio de la pesca es traumático: “Ahora es imposible transitar por donde lo hacíamos, antes llegábamos cerquita de los puertos y tirábamos las redes, nos quedábamos dos o tres horas y con eso ya hacíamos la pesca del día. Ahora llegamos a los muelles y la seguridad nos rompe las redes, nos quita la pesca, creen que estamos llevando droga a esa zona, que somos delincuentes, ahora tenemos que ser expertos y pescar mar adentro, incluso pescar a 20 metros de profundidad, pero nosotros no tenemos esa facilidad ni los instrumentos necesarios para alcanzar el pescado a esas distancias y nos estamos quedando sin trabajo”. Jorge Maldonado, pescador de Don Jaca, ha vivido 40 años de la pesca y hoy considera que no es posible sobrevivir de este oficio Jorge Luis Castro, presidente de la junta de acción de la comunidad de Don Jaca cuenta que han sido 37 puntos de pesca los que han cerrado en los últimos 10 años y que los pescadores que conocen los ciclos de vida de los peces han llevado esta situación al Congreso de la República para plantear el debate y darlo a conocer a nivel nacional, sin embargo, esto no ha tenido ninguna repercusión. Jorge Luis Castro cuenta que en los últimos años la Quebrada Don Jaca se ha secado por temporadas más extensas a raíz de la instalación de los puertos y del cambio climático Un artículo de la Universidad Sergio Arboleda titulado como Desplazados del mar, el caso de los pescadores artesanales de Don Jaca en Santa Marta Colombia y publicado en el 2020, aborda el caso de la comunidad de pescadores marítimos artesanales desde 1992 y utiliza las denuncias de los pescadores para determinar el impacto que pudo haber generado la disminución de la pesca y cómo esta pudo afectar su identidad cultural. Los resultados demuestran que existen evidencias sobre los impactos en la pérdida de aspectos identitarios de la comunidad ligados a la afectación de la pesca. Ze Carlos Lugo, estudia derecho y tiene la ilusión de graduarse en dos años para defender los derechos de su comunidad Ze Carlos Lugo cuenta que en 1960, con el recrudecimiento de la guerra, muchas familias consideraron a Don Jaca un paraíso donde podían habitar y escapar del desplazamiento. Por sus características únicas en donde se puede encontrar agua dulce y salada, montaña y playa sintieron que podía ser un espacio para sembrar, pescar, producir y progresar. Con los años Don Jaca se ha convertido en un territorio de conflicto por la formalización de tierras, las cuales, en su mayoría no aparecen con título de propiedad y por su ubicación ha sido epicentro de conflictos por narcotráfico. Esto ha recrudecido la pobreza y la falta de oportunidades de la comunidad. Ferrocarril zona de Don Jaca. Solía cargar banano en la época de la Industria bananera. Hoy carga carbón hacia los muelles El joven y líder Ze Carlos es reconocido por su comunidad por reunirlos en torno a proyectos productivos y educativos. Está estudiando Derecho con la finalidad de ayudar a que consigan el derecho de propiedad de sus tierras y se ha propuesto transformar sus condiciones actuales de vida. A través de distintas actividades él ha buscado maneras de que las familias de la zona puedan acceder a la energía, pues muchos de los que viven en el barrio no tienen cómo conectarse dado al costo de las tarifas. Hoy se sabe que el Caribe es la zona del país que mas paga en las tarifas de energía y que Santa Marta es la 6° ciudad que más paga por consumo de energía según la valoración anual del IPC, dejando a comunidades como la de Don Jaca en condiciones aisladas e imposibilitando el acceso. Una de las ideas de Ze Carlos, junto a la junta de acción comunal para mitigar las necesidades actuales de los pescadores de la zona y la falta de oportunidades de los jóvenes es la de generar proyectos productivos de turismo como una alternativa de vida que disminuya la violencia en la zona y los saque de la situación en la que se encuentran actualmente, donde no tienen más oportunidades que una pesca muy limitada. Jóvenes de Pares escuchando las necesidades de la comunidad de Don Jaca Para esto, creen que el primer paso debe ser tener acceso a la energía y buscaron ser parte del proyecto de comunidades energéticas con la ilusión de emprender un nuevo proyecto. Los jóvenes investigadores del Centro de Pensamiento de Transición Energética de Pares hicieron un acompañamiento para que sean una de las primeras comunidades energéticas en esta zona. Ze Jorge contando las razones por las que la comunidad necesita hacer parte del proyecto Hoy la comunidad espera tener resultados para acceder a la energía y comenzar a proyectarse hacia nuevas maneras de ser vistos, hacia otras economías y hacia un futuro en el que ya no se sientan aislados, porque, como dice Ze Jorge, conectarse no es sólo recibir energía, sino hacer parte de un todo, de eso que ellos nunca han podido pertenecer. Así puede inscribirse a una comunidad energética: https://www.minenergia.gov.co/es/comunidades-energeticas/

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana En los últimos años Colombia ha venido avanzando en políticas que buscan blindar a la mujer de cualquier tipo de violencia. La protección constitucional del escrache como mecanismo legítimo de denuncia de violencias basadas en género, el reconocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la tipificación del feminicidio como un delito penal autónomo y además la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, quien en campaña señaló la necesidad de cambiar de manera estructural el machismo imperante, constatan que los tiempos están cambiando. Pero está lejos de ser suficiente. Los feminicidios siguen siendo una constante. Este informe no sólo enciende la alerta sobre la necesidad de imponer medidas legales efectivas sino también una transformación profunda de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Hasta el 7 de febrero del 2024 la Procuraduría General de la Nación llevaba reportados 20 casos de mujeres víctimas de feminicidio (consumado o no consumado) y 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones como violencia intrafamiliar, una cifra que, sumada a las 848 alertas emitidas en el 2023 por la amenaza de feminicidio, indica un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres. El rango de edad en donde las mujeres son más atacadas es la población que va entre los 18 y 59 años, acaparando el 88% de los casos de feminicidio en el 2023. En el 2023 la ciudad en donde más se reportaron feminicidios fue Bogotá con un total de 149 casos, lo que supuso un aumento del 31,8% con respecto a los 113 casos registrados en 2022. Valle del Cauca ocupa el segundo lugar con 82 casos. Antioquia, con 73 casos, ocupa el tercer lugar. Lo preocupante es la demora de la justicia. Los casos están en un 54% en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, un 47.3% de los casos se encuentra en la etapa de juicio, y solamente el 7.3% se encuentra en ejecución de penas. Esa lentitud es el caldo de cultivo de la impunidad. Estos números no apoyan el autobombo del ExFiscal Francisco Barbosa al final de su gestión lanzando una cifra de 96% de casos resueltos en lo que feminicidios se refiere durante su administración. Uno de los grandes problemas con la información de feminicidio, como muestra este informe, es la no unificación de los datos. Esta es una limitación que debe resolverse a la mayor brevedad. Según datos de la Policia Nacional se registraron en el 2023 109. 674 casos de violencia intrafamiliar de las cuales el 70. 9% fueron víctimas femeninas y 28.8% fueron víctimas masculinas, durante 2023, al menos 213 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada día. En cuanto a los departamentos que más casos de violencia intrafamiliar reportaron en el año, se tiene en primer lugar a Bogotá D.C. con 32.530 casos, de los cuales el 59,4% corresponde a víctimas femeninas; seguido de Antioquia con 15.941 casos, de los cuales el 74,8% afectó a las mujeres; Cundinamarca, con 8.979 casos y un 72,8% de víctimas femeninas; Valle del Cauca con 8.664 casos y 75,7% de víctimas femeninas; y Atlántico con 4.310 casos de los cuales 75,2% fueron mujeres. Resulta preocupante que en las gobernaciones de Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Magdalena y en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, y Bucaramanga, no se cuente con secretarías especializadas en atender este tipo de casos. Según datos del SIEDCO, en 2023 se registraron 23.366 víctimas de delitos sexuales, lo que supuso una reducción del 15,5% con respecto al año 2022, en el que la cifra fue de 27.666 casos. Los delitos con más casos reportados durante 2023 fueron actos sexuales con menor de 14 años con un 39% de los casos totales, seguido de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con un 22%, acceso carnal violento con un 17%, acto sexual violento con 12% y acoso sexual con 10%. El turismo sexual en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena es creciente. Y en tanto, ¿Petro está cumpliendo con sus promesas de proteger los derechos de las mujeres? La creación del Ministerio de la Igualdad, con todo lo que implica y la creación de la Patrulla Púrpura, pueden ser un paso importante. El problema es que aún no hay indicadores que evidencien su eficacia. Además, los canales de ruta y de protocoles de atención claros y eficaces, no presentan avances significativos en este gobierno. Este informe en su segunda parte, despeja dudas sobre la verdadera eficacia con la que el gobierno está atacando la violencia de género. ¿Le alcanza?

Por: Guillermo Linero Montes Cuando una población da vida a un ejército, lo hace siguiendo un principio elemental: asegurar la protección de cada uno de sus miembros. No obstante, un ejército no es necesariamente un conglomerado de personajes agresivos dispuestos a matarse contra otros –como lo fueron las invasiones mongolas en oriente y las guerras mundiales en occidente- sino una suma de cohabitantes dispuestos individualmente no sólo para defenderse de los otros con armas y escudos, sino además “para salvar al gato” que, siendo una acción sin complejidades letales en su ejecución, es de muy alto valor humanista. Los ejércitos, como fuerzas de paz pertenecientes a sociedades delimitadas políticamente –o lo que es igual, en paz consigo mismas y con las sociedades vecinas- son fuerzas que construyen, no fuerzas que destruyen. Nada es más satisfactorio que ver a un conglomerado de militares iguales a un montón de hormigas… (hormigas que juntan sus extremidades en una suerte de “tejido social de protección” y con sus propios cuerpos construyen un puente provisional sobre un hilo de agua)… llegando a una región apartada o en calamidad, en cumplimiento de tareas que pueden llevarse a cabo con efectividad si existe un equipo numeroso de personas preparadas. Un equipo semejante a las llamadas brigadas de asistencia social de los ejércitos: soldados que reparan zapatos, limpian solares, abren caminos, hacen cortes de pelo, vacunan animales y prestan, entre otros varios servicios, asistencias de salud básica. Los ejércitos que inculcan la disciplina unipersonal, el orden social y el amor a la libertad, facilitan que el contrato social se convierta en un ameno juego de sana convivencia y de expresiones culturales, y no un campo de rapiña donde se aplica, haya o no constituciones o reglamentaciones, la ley del más fuerte. En Colombia, por ejemplo, donde rigen varios ejércitos, así como hay dominio territorial de nuestro ejército regular, también hay en muchos municipios dominio territorial de ejércitos irregulares, que dicen, unos y otros, haberse fundado por causa de la inseguridad del país, o más exactamente, en el miedo a cohabitantes que están dispuestos a dañarles sus economías y a cuestionarles sus criterios políticos. Los ejércitos se necesitarán siempre en aquellas labores donde es requerida una fuerza grupal al servicio benévolo de la sociedad, una fuerza adiestrada en la construcción y no en la destrucción. Tal vez haya que reinterpretar lo establecido en los cánones de derecho internacional, acerca de que “una guerra sólo es justa cuando ha sido motivada por una causa justa y necesaria” y pensar mejor, partiendo de que toda guerra es injusta, en esta otra premisa: “un ejército sólo es justo cuando ha sido motivado por una causa justa y necesaria, como “salvar al gato” o prestar servicios sociales a una población lejana o en calamidad”. Los ejércitos con vocación de guerreristas, los no constructores, fueron forjados por un hecho elemental: el miedo de algunos poderosos a enfrentar a quienes con violencia afectaban su política –los modos y maneras de vivir- y afectaban su economía –sus posibilidades de producir y subsistir- y, especialmente, el temor a perder el derecho a ser dueños de sus tierras. De hecho, en respuesta a esos eventos de miedo y tensión -los ocurridos en la etapa primigenia de la civilización -cuando ignorábamos que la educación en valores podría evitarlos- empezaron a configurarse los primeros grupos armados y, en consecuencia lógica, comenzaron por parejo los enfrentamientos entre ellos: las llamadas guerras. Aunque así no lo comprenda el derecho internacional, las guerras no comenzaron como batallas entre estados por cuestiones de dominio territorial, sino al interior de los mismos grupos sociales organizados y, vaya qué cosa, como refriegas entre simples individuos. Aquellos grupos de población, temerarios por haberse establecido a la topa tolondra, estaban muy ligados a los medios de la violencia; es decir, a la aplicación de políticas diversas -las de cada quien- y a la imposición de economías muy inequitativas por cuenta de estar basadas en la ley del más fuerte. Por eso, muchas personas –aun opuestas a Heráclito, para quien la contrariedad y la discordia eran el origen de todo el mundo- piensan que los ejércitos y las guerras son de nunca acabar; pues según ellos la naturaleza humana nos conduce indefectiblemente a la rivalidad entre individuos de la misma especie y de la misma tribu, e incluso –esta vez sí plegados al filósofo  de “la unidad de los opuestos”- ven en el desarrollo armamentístico la mejor fórmula de evolución social. Lo cierto es que las guerras ocurridas al interior de los pueblos con auto determinación, las llamadas guerras civiles, no ocurren en los estados donde hay claridad acerca de quiénes son los verdaderos dueños de las tierras y no ocurren, especialmente, porque existe una irrestricta política que los unifica: el respeto a la vida y a la equidad social. De hecho, contra los delincuentes, contra los violentos y contra la misma guerra, la humanidad -paralelamente a los modos de la barbarie, que consiste en evitar ser víctimas haciendo lo mismo que los victimarios, digámoslo así, creando “frentes de seguridad”- ha desarrollado un conjunto de valores que extinguen la guerra. Me refiero, a la educación académica, cívica y espiritual; me refiero a los avances tecnológicos y filosóficos, a la formación intelectual y humanística, y me refiero a la construcción de estéticas, al reconocimiento de las expresiones culturales y artísticas de los pueblos, o lo que es igual, me refiero a la construcción de un tejido social de protección: no empuñar las armas como los brutales, sino juntar las manos como las hormigas.

Por: Redacción Pares Fotos Tomadas por: Cambio Colombia Dueños y señores de Barranquilla, los Char controlan toda la cadena alimenticia, desde ganado, cultivos, hasta la comercialización a través de su cadena de supermercados Olímpica. Son los dueños del entretenimiento con las emisoras Olímpica y el Junior, equipo que Fuad Char compró en 1972 y que ha sido usado más de una vez para posicionar su nombre como poderoso político de la región y también el de su hijo, Alex Char. La gorra que siempre carga hace ver a Alex Char mucho menor que los 58 años que tiene. Alex Char ha sido tres veces alcalde de Barranquilla. La primera vez fue en el 2008, cuando llegó respaldado por Cambio Radical y se convirtió en el primer bastión de Germán Vargas Lleras en su ambición de ser presidente de la república. Los votos de la Costa Atlántica se los podría capitalizar Alex. Incluso llegó a pensar que su poder le daría para ser presidente. En el 2022 se lanzó pero no alcanzó ni siquiera para ganar la elección interna de la coalición Equipo por Colombia. Por que los Char además quieren el poder total y absoluto. En los últimos años el nombre de la familia ha estado comprometido en varios escándalos. Es más, entre los años 2014 y 2017 llegó a acumular 102 investigaciones. En su momento se le acusó de “irregularidades en la construcción de la vía de Bogotá-Girardot”, uno de los proyectos en donde estuvieron involucrados los hermanos Nule, condenados por corrupción. El caso de la urbanización Campo Alegre, construido sobre un terreno inestable, también ha venido minando su credibilidad. Sin embargo, el peor de todos los escándalos tendría nombre de mujer: Aida Merlano. Después de su cinematográfico escape mientras cumplía una cita en un consultorio odontológico al norte de Bogotá en octubre del 2018, Aida Merlano, ya detenida en Venezuela, acusó a la familia Char de compra de votos con el fin de favorecer la campaña de Iván Duque a las presidenciales del 2018. La afirmación de Merlano contra la familia más poderosa de la Costa Atlántico no deja lugar a dudas: “Fuad Char (padre del exalcalde de Barranquilla, Álex Char y del senador Arturo Char), Laureano Acuña y Roberto Gerlein (hermano de Julio Gerlein) eran los tres mayores compradores de votos en el Atlántico”. Medios como La Silla Vacía investigaron estas acusaciones y nunca encontraron pruebas. Merlano también acusó al actual alcalde de Barranquilla de pertenecer a la Casa Blanca, un lugar en donde se manejaba la compra de votos en la Arenosa: “En la Casa Blanca estaba ubicada una empresa que se encarga de rastrear los votos comprados con tecnología avanzada y así sabían si los votos llegaban a las urnas. También vendían paquetes de votos a otros candidatos.” Esto afirmó en declaración juramentada la ex senadora Merlano. El 7 de septiembre del 2023 Barranquilla estaba de fiesta. Ese jueves arrancaba la eliminatoria mundialista en el estadio Metropolitano. La noticia empezó a esparcirse por la ciudad. Arturo Char había sido detenido por sus nexos con la ya mentada Casa Blanca. Arturo, el hijo de Fuad que siempre quiso dedicarse a cantar vallenatos, tenía que pagar por presuntamente ejercer una práctica que en la Costa Atlántica se volvió costumbre durante las elecciones. El 9 de enero del 2024 un juez ordenó la libertad de Arturo Char. Igual, había quedado marcado. Este siete de marzo del 2024 el tribunal del Atlántico admitió la demanda de nulidad, impuesta por el ex candidato a la alcaldía Hassam Fares, que podría tumbar la elección de Alex Char. Fares alega que  habría incurrido en inhabilidad, cuando se postuló a las pasadas elecciones regionales, por ser accionista del banco Serfinanza, una entidad financiera que tendría vínculos con entidades de la administración distrital como el Área Metropolitana, autoridad del Transporte. Sobre la posibilidad de que Char pueda ser destituido de la alcaldía de su ciudad el coordinador de la línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Alvarado, afirma: “Alex Char tiene cuatro investigaciones penales activas y tiene una demanda contra su inscripción de su candidatura por un posible conflicto de intereses al ser socio de Serfinanza que a la vez tiene un convenio de financiamiento a la empresa de transporte de Barranquilla, Transcaribe, por una decisión judicial puede ser destituido y efectivamente le puede pasar con cualquier cargo de elección popular. Hay un precedente que es el de Antanas Mockus que lo demandaron por Corpovisionarios por contratar en época de elecciones. Más allá de decir que Char va a perder su investidura, acá pueden pasar dos o tres años de que haya sentencia sobre el tema”. La observación de Alvarado deja bastante en duda la posibilidad de que la destitución llegue antes de que se cumple su ciclo como alcalde. En caso de que llegara a concretarse esa destitución, podría ser el golpe más duro para Fuad Char a sus 87 años, más fuerte incluso que ver a uno de sus hijos detenido por compra de votos, o de la propia tormenta que generó en su momento las fotos en donde se evidenciaba la relación extramatrimonial de su hijo Alex Char con la ex senadora Aida Merlano. Se vienen horas bajas para la familia más poderosa del Atlántico.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional El 2 de agosto del 2023 un juzgado de Bogotá condenó a tres entidades del Estado por su negligencia a la hora de investigar el caso de Rosa Elvira Cely. Por fin la justicia a su memoria se completaba. Su familia recibió una suma cercana a los $2.000 millones de pesos con la que se intentó repararla. La Fiscalía mostró una vez más su inoperancia. En el momento en el que Javier Velasco asesinó a su compañera de clase, Rosa Elvira Cely, él tenía una orden de captura por haber asesinado a otra mujer, por haber golpeado a una trabajadora sexual hasta dejarla inconsciente y por haber violado a sus dos hijastras, ambas menores de edad. Y nadie hizo nada. En el año 2015 se aprobó la ley Rosa Elvira Cely en donde se tipificó el feminicidio como un delito en Colombia. Desde el momento de su cruel asesinato su nombre se convirtió en una de las banderas del colectivo feminista. Rosa Elvira tenía 35 años y el optimismo de la juventud. Era vendedora ambulante en el día y en la noche asistía a clases para terminar su bachillerato en la escuela nocturna Manuela Beltrán. Una de sus motivaciones era su hija, Juliana que tenía en ese momento 12 años. Ocurrió en la noche del 24 de mayo. Rosa Elvira fue invitada por dos de sus compañeros en la escuela, Mauricio Ariza y Javier Velasco a tomarse una cerveza después de la jornada. Aceptó. Se fueron a un bar en Chapinero y a ella no le pareció mal que Javier Velasco se ofreciera a llevarla en su moto. Rosa Elvira no sabía del asesinato y las violaciones que tenía este hombre encima. El tipo no la llevó a su casa, al contrario, la arrastró hasta el Parque Nacional. En la madrugada la policía y los bomberos la encontraron. La escena fue dantesca. Rosa Elvira Cely llamó tres veces a la línea de emergencias de la policía. Según el operador de línea la primera de las llamadas se hizo a las 4:47 de la mañana. “En ella se escuchó la voz angustiada de una mujer que decía haber sido violada en el Parque Nacional y pedía socorro. La llamada se cayó”. Comentó en ese momento William Cardona, el operador referido. Después llamó de nuevo y contó exactamente donde estaba. Pero la policía demoró demasiado. Cuando llegaron ya el destino de Rosa Elvira estaba decidido. Tenía el cuello magullado en un intento de Velasco de ahorcarla con sus manos. Le sangraba la vagina. La pelvis y el útero estaban rotos después de que su compañero de clase le introdujera un palo. Mientras la trasladaban a la unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Clara, Cely sufrió un paro cardiaco. Luchó por su vida durante cuatro días. Murió el 27 de mayo por una peritonitis producida por todo el daño que le hizo Velasco. Durante siete meses el monstruo huyó hasta que fue capturado. Lo condenaron a 48 años de prisión. Los crímenes que tenía antes de empalar a Rosa Elvira lo convertían en un sujeto extremadamente peligroso, en un asesino serial de mujeres: en el año 2003 asesinó a machetazos a Dismila Ochoa. Burló la condena al hacerle creer a la justicia que él tenía un problema siquiátrico. También violó a una trabajadora sexual en el 2008, a la cual golpeó hasta la inconsciencia porque ella se negó a tener relaciones sexuales sin condón. Si la Fiscalía hubiera actuado lo más seguro es que Rosa Elvira jamás se hubiera encontrado con él. Estaría aún viva, con saludables 44 años. Pero está muerta y su nombre se convirtió en Ley. En marzo del 2023, cuando el Estado fue condenado por su muerte, la Secretaría de Salud de Bogotá fue encontrada culpable también por negligencia: la ambulancia duró dos horas en llegar, permitiendo que la mujer se desangrara y fue trasladada a un centro de salud que estaba a 24 minutos de distancia habiendo opciones más cercanas. Los casos de feminicidios igual siguen galopantes en el país. Según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre Violencia de Género, 149 feminicidios en Bogotá fueron reportados en el 2023, lo que significa un aumento del 31.8% % con respecto a los 113 casos registrados en 2022.

Por: Natalia Reina El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero 21mujeres, víctimas de feminicidios tan solo en enero de 2024, no podrán conmemorarlo. La razón por la que hoy las mujeres de todo el país inundan las calles es para exigir una vida digna y reivindicar su trabajo. A lo largo de la historia, las mujeres se han abierto camino en diferentes escenarios y progresivamente han conquistado sus derechos. La constante interpelación a las brechas de género y, por ende, a la estructura patriarcal que ha sostenido a las sociedades, ha sido el punto de lanza. Victorias son muchas, pero todas conseguidas a pulso y en trabajo colectivo. La ampliación de la participación política de las mujeres por medio de las leyes de cuotas; la despenalización del aborto hasta la semana 24 a través de la Sentencia C055 de 2022 de la Corte Constitucional; la inclusión de medidas con enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana; la formulación y puesta en marcha -por supuesto, con múltiples reparos- de Sistemas distritales de Cuidado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, son algunas de las cosas logradas. Sin duda, las múltiples ganancias para las mujeres han sido resultado de una puja constante de las organizaciones de mujeres por poner estos temas en las agendas públicas, y exigir a las instituciones acciones en favor de ellas. Los movimientos feministas a lo largo y ancho de Latinoamérica han logrado incidir en la política. Sin embargo, los dogmas religiosos y los discursos ultraconservadores no han cesado. La llegada de figuras autoritarias implica un riesgo para los derechos humanos y especialmente, para las mujeres. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil. En 2021, los centros de acogida para las mujeres contaban con un presupuesto de más de 4´000.000 euros y en 2022, último año de gobierno de Bolsonaro, pasaron a casi 200.000 euros, es decir, se redujo en un 95%. Nayib Bukele en El Salvador, que se acaba de reelegir. Pese a defender a capa y espada sus represivas políticas de seguridad, en 2021 los feminicidios en dicho país se incrementaron en un 7,25% con respecto al año inéditamente anterior. Y el más reciente, Javier Milei en Argentina, que negó la brecha salarial entre hombres y mujeres; degrado el Ministerio Nacional de las Mujeres a una Secretaría; y ordenó el recorte presupuestal de programas de atención a víctimas por Violencias basadas en Género (VbG). Medidas como el nombramiento de mujeres antiderechos al interior de instituciones que precisamente deberían velar por la garantía de derechos de ellas; o la prohibición de implementar la perspectiva de género en los centros educativos tildándola como “ideología de género”; o el recorte de inversión a programas de mujeres, o la persecución a mujeres trans y racializadas. Estas son algunas de las acciones en las que han convergido este tipo de gobiernos, que en definitiva impactan negativamente sobre la vida de más de la mitad de la población. Así las cosas, coaptar las libertades de las mujeres inevitablemente significa debilitar las democracias y reducir el estatus de ciudadanas de estas. Suprimir e ignorar la necesidad de acciones afirmativas como las leyes de cuotas o programas sociales focalizados, es negar la desigualdad histórica a la que se han enfrentado las mujeres. Y aún más preocupante, es omitir los contextos diferenciales de aquellas que están atravesadas por múltiples sistemas de opresión como la raza, la clase, la ruralidad, el estatus migratorio, entre otros. Los obstáculos de una mujer negra y empobrecida en medio del Atrato en Chocó, distan de aquellos que puede percibir una mujer en Chapinero, en el centro de Bogotá. El caso colombiano es más alentador. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha mostrado voluntad política para dignificar la vida de las mujeres. Sumado a ello, la creación del Vice Ministerio de las Mujeres al interior del Ministerio de Igualdad, es un acierto, en tanto que otorga facultades a un ente institucional para centralizar, articular y asignar presupuesto a las acciones públicas en favor de esta población. Si bien es cierto que desde dicha dependencia se consolidó la Mesa de Alto Nivel para la prevención de feminicidios y otras violencias letales, es urgente la implementación de medidas estructurales, y la articulación interinstitucional para tramitar de manera oportuna, eficiente y con celeridad estos hechos que atentan contra la vida de las mujeres. Según la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, en 2023 se registraron 992 muertes violentas contra las mujeres, de las cuales solo el 17% terminó en captura. Lo anterior conduce a cuestionarse ¿Cuáles son las acciones que han emprendido las otras ramas del poder público para salvaguardar la vida de las mujeres? ¿Los funcionarios de la Rama judicial están capacitados para abordar la justicia con enfoque de género? ¿Qué estrategias y capacidad presupuestal designan las administraciones locales? ¿Cuáles son los proyectos de ley que ha discutido el Congreso para ampliar los derechos de las mujeres? Durante el cuatrienio 2018- 2022 en el Senado de la República se presentaron 60 proyectos de ley que incidían directamente sobre la vida de las mujeres. Las agendas priorizadas en ellos fueron Empleabilidad y educación, que registró 14 iniciativas (23%); Maternidad y labores del cuidado 11 proyectos (18%); y Violencias contra las mujeres, 10 (16%). Sin embargo, de los 60 proyectos de ley, tan solo fueron aprobados 9 (15%). En ese sentido, vale la pena reflexionar el lugar que le otorgan los congresistas a las agendas de mujeres y el grado de prioridad con el que las atienden. Conmemorar la vida de las mujeres no debe reducirse a un día en medio del calendario. La construcción paulatina de ciudades seguras para las mujeres, el fortalecimiento de la titulación de tierras para ellas, la mitigación del acoso callejero, la prevención y tratamiento a las VbG, el reconocimiento de las labores del cuidado, el aumento de oportunidades educativas, la disminución de la brecha salarial entre géneros, y  las garantías para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); son algunas de las prioridades que deben contemplar los tomadores de decisiones. Si bien es cierto que el Estado es el principal responsable de proveer condiciones dignas para la ciudadanía, la responsabilidad también recae en otros actores. Los medios de comunicación, las empresas privadas, instituciones educativas, y organizaciones son claves en la generación de espacios que promuevan la garantía de derechos de las mujeres. Por ejemplo, la implementación de acciones afirmativas dirigidas a ellas o la puesta en marcha efectiva de rutas de atención a las VbG que se traduzcan en acciones reales y no solo sean protocolos escritos en el papel como meros saludos a la bandera. Así las cosas, el 8 de marzo es una fecha determinante para las organizaciones feministas que conmemoran el trabajo de las mujeres y reivindican las disputas históricas que han abanderado. Y a su vez, es la oportunidad para analizar las medidas emprendidas por los gobiernos en favor de las defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, las niñas, las mujeres lideresas, ambientalistas y de la ruralidad, migrantes, desplazadas, entre muchas más. Cabe anotar que, la llegada de autoritarismos ultraconservadores como Bolsonaro, Bukele o Milei implica un riesgo para la vida misma de las mujeres; sin embargo, es un error que como sociedad esperemos a prender las alarmas e interpelar a los gobiernos, solo hasta la consolidación de dichos escenarios. De manera que, la consigna que suelen enarbolar las feministas cada 8 de marzo que dice “América latina será toda feminista”, deja en evidencia la urgencia por gobiernos que coloquen la vida de las mujeres en el centro y apuesten con acciones concretas por la dignificación de ellas. Si hoy se cruza con una marea verde y violeta, no lo asuma como un conjunto de “histéricas” que le restringen el paso. Más bien, es la representación de la mitad de la población colombiana exigiendo -entre muchas cosas- que no las maten por el mero hecho de ser mujeres.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: RCN En vísperas de elegir la próxima Fiscal General de la Nación el país político intenta descifrar sin éxito las intrigas de poder que se tejen detrás de esa designación, poco se sabe de la vida y las redes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a diferencia de otras ramas del poder público. Durante las próximas semanas realizaremos una serie de publicaciones sobre datos de la Corte que sirvan como base para avanzar los estudios y el acceso a información relevante para la opinión pública, esta semana iniciamos con tres temas puntuales: la presencia de familiares directos de los magistrados en otras entidades públicas, las universidades de las que egresaron y los años de servicio a la administración de justicia. También podrás encontrar algunos presuntos vínculos de amistad que han forjado algunos de los 23 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y que a la hora de retratar y conocer el poder resultan especialmente esclarecedoras. El empleo público parece que no es negocio de familia Pares revisó los vínculos familiares de los 23 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia encontrando que tan solo 5 de ellos tienen uno o más miembros de sus parentelas asociados a cargos públicos en otras entidades, esto fue lo que encontramos. La universidad de la que egresaron ha sido indiferente Revisamos la trayectoria académica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia encontrando que a la hora de acceder a uno de los cargos con mayor importancia en la administración judicial del país la mayoría de ellos no provienen de las universidades reconocidas por altos costos de matrículas. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia no se requiere ahora mismo pagar la matrícula en las universidades más costosas del país. Estos son los datos: Si bien es cierto que los estudios secundarios de los magistrados no se han reducido a instituciones privadas, tan solo resaltan dos universidades públicas: la Universidad de Caldas y la Universidad del Atlántico, en las cuales obtuvieron su título profesional Clara Inés López Dávila y Omar Ángel Mejía Amador, respectivamente. Además, hay una amplia variabilidad, las más repetidas son la Universidad Libre (2), la Universidad del Rosario (2), Universidad Autónoma de Colombia (2) y Universidad Santo Tomas (2). Para ser Magistrado la trayectoria en la Rama Judicial sí importa De los 23 Magistrados analizados solo 1 al momento de su designación era abogado litigante, es el caso de Fernando Castillo Cadena quien en su hoja de vida reporta haberse dedicado a la docencia universitaria, consultoría para entidades del sector público y privado: y al litigio. ¿En que va la elección de Fiscal? El 22 de febrero de 2024 se realizó la última Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; allí se dieron 3 rondas de votación, todas sin alcanzar el número de votos mínimos para el cargo en cuestión, es decir, 16 votos.  Sin embargo, fue en la última ronda que Amelia Pérez obtuvo la diferencia más amplia -pero aún insuficiente- sobre sus compañeras. Así las cosas, Pérez alcanzó 13 votos, mientras que, el voto en blanco superó a Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, quienes registraron 3 y 0 votos, respectivamente. Hoy se citará nuevamente a Sala Plena y se espera que se adelante el proceso de elección de la Próxima Fiscal General de la Nación. Mientras tanto, son pocos los magistrados que Pares ha encontrado con vínculos familiares y/o presuntos nexos políticos relevantes como el ex Contralor Felipe Córdoba, la ex Auditora General, Alma Carmenza Erazo; entre otros. Por lo tanto, hay que destacar que este no es un común denominador en los togados y, de hecho, ninguno ha tenido vínculos con alguna de las ternadas, lo que deja en evidencia que independientemente el resultado de la elección, no habrá sido viciado por afinidad política o familiar con los magistrados.