Por Isabela Puyana La transición energética justa no solo busca mitigar los impactos negativos del cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia, con su biodiversidad única y ecosistemas frágiles, puede beneficiarse enormemente al adoptar fuentes de energía renovable como la solar, eólica e hidroeléctrica y  proteger el entorno natural. Gracias a las condiciones geopolíticas se espera que se pueda garantizar que todos los sectores de la sociedad se beneficien de manera equitativa de las nuevas fuentes de energía. En este país, donde las comunidades indígenas y rurales a menudo se ven afectadas desproporcionadamente por la explotación de recursos, la transición justa puede ofrecer oportunidades y mejorar la calidad de vida para estas poblaciones que históricamente se han visto marginadas. Estas son algunas de las razones por las cuales Pares inicia un Centro de Pensamiento de Transición Energética Justa bajo la línea de Gobernanza, Transición Energética y Paz en el Caribe. “Esta área analiza y reflexiona de modo interdisciplinar temas estratégicos para la transición de energías renovables. Fomenta la participación de las comunidades como una forma de inclusión energética buscando el fortalecimiento de sujetos políticos que participen activamente en la toma de decisiones y facilitando mecanismo de articulación desde la colaboración y la confianza en aras de contribuir a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” Asegura Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la línea de Gobernanza, Transición Energética y Paz en el Caribe de Parez. Están ubicados en Caribe dado que es estratégico por sus condiciones geográficas, por fenómenos sociales que se están desarrollando por nuevos proyectos junto a comunidades que buscan tener energías limpias y que esperan generar alianzas y buscar fomentar conversaciones entre diversos actores. “El Caribe se ha hecho una zona estratégica porque permite mayor acondicionamiento a modelos de implementación de energías limpias por los vientos y el sol, también está lleno de particularidades y conflictividades que pueden generar retrasos en los proyectos que ya se están adelantando hacia la búsqueda de la transición energética justa y vale mencionar que nosotros como Centro de Pensamiento estamos analizando los fenómenos para generar concertación entre diversos actores” Asegura Daniela Bernier Pacheco, investigadora de la región Caribe. A mediados del 2024 El Centro de Pensamiento de Transición Energética realizará un evento en torno a a la Transición energética justa que busca reunir a diversos actores para promover conversaciones improbables y juntar diversos actores de la sociedad involucrados en procesos económicos, sociales y académicos, para que entre todos se posibiliten cambios: “ Estamos preparando la primera Cumbre de Transición Energética en Colombia. Un evento preparado desde la sociedad civil, en alianza con agentes institucionales, empresa privada, instituciones educativas y agencias de cooperación. Allí articulamos las intervenciones de líderes sociales y sectoriales, empresarios, servidores públicos y académicos de alto nivel en diferentes áreas y regiones para construir pensamiento y generar redes de colaboración” Asegura Álvaro Martínez, coordinador del evento. El evento, a desarrollarse a inicios de agosto en la ciudad de Santa Marta, contará con: un simposio académico, una rueda de negocios, una feria de productos y servicios, así como múltiples foros, conversatorios e intervenciones. “El caribe va a ser una región clave en la transición energética, por las energías renovables en el atlántico y en la Guajira, porque Santa Marta y su entorno son lugares privilegiados para eventos como el que vamos a desarrollar, que tengan que ver para la transición: tenemos el mar, la Sierra Nevada, el entorno comunitario y social es beneficiario para promover actividades que lleven a pensar cómo cambiar la situación actual y llevar a la transición energética justa”, Asegura León Valencia, director de Pares. Para mayor información: alvaro.martinez@pares.com.co

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Tiempo El pasado 27 de febrero Salvatore Mancuso regresó al país después de haber pagado una condena en los Estados Unidos. Mientras el uribismo en pleno rechazaba su arribo, sectores de la izquierda lo veían como una posibilidad de conocer la verdad de los horrores del paramilitarismo, cuyo auge en el país estuvo entre los años 1999 y 2006. Mancuso tendría una posibilidad de ser acogido en la JEP y convertirse en Gestor de Paz, según le ha propuesto el propio presidente Gustavo Petro. En las últimas horas se venía difundiendo la versión de que Mancuso recibiría el beneficio de libertad condicional, algo que ha sido confirmado este 4 de marzo del 2023, cuando una jueza de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le concedió la libertad condicional por cuatro años ya que oficiará como Gestor de Paz. Tendrá que acogerse a unas condiciones: no podrá salir del territorio nacional, ni podrá vivir en los departamentos de la Costa Atlántica, en los que delinquió. En la Costa Atlántica no sólo nació sino vivió sus horas más gozosas. Mancuso pertenece a una familia tradicional de Montería. Vivían en el barrio Costa de Oro en donde fueron vecinos de otra familia poderosa, los Dereix. Allí el joven Salvatore conoció a Martha, su primera esposa. Los primeros Dereix que llegaron de Francia a Colombia se ubicaron en pleno siglo XIX a orillas del rio Sinú, bendecidas por una inagotable fertilidad. La deforestación fue su material de riqueza: hicieron una fortuna comercializando la madera que sacaban de los bosques de cedro amarillo, carrero y ceiba. Nadie contó los árboles que cayeron por culpa de su pujanza. Esa madera la exportaban a Europa y por eso pudieron comprar a comienzos del siglo XX una finca de 2.000 hectáreas, llamada Martha Magdalena y que terminaron vendiéndosela a Pedro Nel Ospina. Los más viejos le escucharon hablar a sus abuelos que fueron los Dereix los que llevaron por primera vez a Montería un auto, la luz eléctrica y fueron los que fundaron el primer banco. La familia compró varias fincas y en una de ellas, en 1965, nació Martha. Cuando estaba adolescente su papá compró una casa esquinera en el barrio Costa de Oro y allí el destino la unió con Salvatore. Estaban lejos aún los años en los que él se convertiría en un despiadado comandante paramilitar, cercenador de cabezas y perpetrador de masacres. A mediados de los ochenta era un reconocido motociclista en Montería. Incluso llegó a ser campeón nacional de Motocross en 1986. Se casaron en 1988, después de que el dejara a un lado la carrera de ingeniería que empezó a estudiar en Bogotá. Se fueron a vivir a los Estados Unidos y regresaron a comienzos de los noventa a Montería. En ese momento los ganaderos de Córdoba estaban preocupados por el avance de las guerrillas en ese departamento. Fue un amigo de la infancia de Mancuso, el mayor Walter Fratini Lobaccio, quien le enseñó las tácticas de guerra sucia que aprendió de los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio. A Fratini el EPL lo asesinó y Mancuso encontró en esto una causa más para saciar su sed de sangre. Marta Dereix decidió no ver ni oír nada. Apagaba la radio cuando el nombre de su esposo era asociado a una masacre, a una desaparición. Se refugió en la mansión de 2.000 metros cuadrados que le compró Salvatore en el barrio La Castellana de Montería. Se dejaba consentir.  Ni el horror de El Salado o La Gabarra hizo odiar a su esposo. Una infidelidad sí. En el 2001 Salvatore le pidió el divorcio porque se había enamorado de una mujer mucho menor, se llamaba Margarita Zapata. Desde entonces la vida empezó a cobrarle su indiferencia. Primero se refugió en su casa de La Castellana y el único motivo por el que abandonaba ese bunker era para ir en su camioneta negra hasta el centro comercial Alamedas del Sinú a donde se veía con sus amigas de siempre. En junio del 2014 fue detenida por presuntos vínculos con “La Gata” Enilce López, la poderosa empresaria del chance quien murió en enero del 2024. Seis meses después una jueza la dejó libre porque no encontró pruebas de haber lavado 3.000 millones de pesos. Desde entonces ha intentado desaparecer del ojo público. Ya no vive en la imponente casa del barrio La Castellana. En el 2019 intentó ingresar a la JEP e incluso propuso indemnizar a las víctimas que dejó su esposo. Pero la rechazaron. En los últimos años fue acusada de comprar armas, ella argumentó que lo había hecho para su protección personal. Martha Dereix y Salvatore Mancuso ya no tienen otro vínculo que el pasado en común y sus dos hijos. Ella permanece en Colombia, intentando ser invisible, incluso para los amigos que la conocen de toda la vida.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: el Nuevo Siglo y El País En el año 2005 Juan Manuel Santos quería hacer una pausa en la política. Su vena de periodista brotaba y consideraba que ya estaba bueno de servicio público. Pero apareció Álvaro Uribe tocando su puerta. La abrió. Le confió estar a cargo del ministerio de Defensa. A lo largo de la historia éste ha sido una cartera clave, pero en los años de la Seguridad Democrática este era el eje del gobierno. Las Fuerzas Armadas venían de una serie de reveses en los años noventa que se reflejó en las sangrientas tomas de Mitú o la de la base militar de las Delicias. En el año 2002 había 1.511 personas secuestradas en el país. Los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, promovidos por el presidente Andrés Pastrana, no sólo habían sido un fracaso sino que ayudaron a fortalecer a las FARC. Se estima que por esa época esta guerrilla tenía una fuerza de combate que oscilaba entre 15 y 18 mil hombres. Una de las tareas emprendidas por el gobierno de Álvaro Uribe era minar las fuerzas guerrilleras y recuperar el país sin importar el costo de vidas o la sangre que tuviera que correr. Santos reemplazaría a Camilo Ospina en la cartera. Una de las primeras cosas que hizo, poco después de ser notificado por el presidente Uribe, fue viajar a Londres. Allí se entrevistó con su viejo amigo Tony Blair, entonces primer ministro del Reino Unido. La amistad se profundizó mientras ambos escribieron un libro llamado La tercera vía. Blair le dio varios consejos de su propia experiencia. Si en algo fallaba el ejército colombiano en su guerra con las FARC y contra los grandes capos de la droga, era en la inteligencia. Se podía ver con datos como antes de que cada operación los delincuentes sabían de las redadas, de las emboscadas. El ejército estaba lleno de espías, de oficiales que trabajaban a sueldo para mafiosos y comandantes guerrilleros. Así que Santos empezó a depurar las tropas. No le llevó mucho tiempo descubrir, por ejemplo, que había un grupo de inteligencia llamado Cancerbero, que estaba completamente sobornado por grupos ilegales. Poco a poco empezaron a verse los resultados. Las FARC recibió golpes demoledores que los obligaron a replegarse, a perder el territorio que ellos creían ganados. También los carteles de la droga. Gracias a una operación de inteligencia cayeron capos durísimos como Diego León Montoya Sánchez, mejor conocido como Don Diego, quien llegó a manejar en su momento el 70% de la cocaína colombiana que llegaba a los Estados Unidos y que estuvo involucrado en el asesinato de, al menos, 1.500 personas. Pero, no sólo la inteligencia fue un elemento clave para ganarle el pulso a la guerrilla. La política de respeto a los Derechos Humanos fue uno de sus aportes como Ministro de Defensa. En el año 2006 se medía el éxito de la guerra con los grupos insurgentes por litros de sangre. Las bajas era el indicador de éxito total. Fue una política promovida por el propio presidente Uribe quien quería mostrarle al país que la guerra se estaba ganando sin importarle el método. Los rumores de que las Fuerzas Armadas remataban a los guerrilleros y que, incluso, hacían pasar a civiles como miembros de la guerrilla, circulaban en los batallones. Juan Manuel Santos se enteró y designó al general Carlos Suárez para que elaborara el informe que terminaría mostrando la verdad sobre los mal llamados Falsos Positivos. Esta humanización de la guerra le quitó un argumento de peso a los comandantes de las FARC quienes intentaban subirle la moral a la guerrillerada mostrando la crueldad, la sevicia con la que actuaban las fuerzas del orden. Astuto, acercó a sus tropas incluso a los familiares de los guerrilleros y fueron un factor determinante para que aumentara la deserción en sus filas. Aunque dentro del mismo uribismo han señalado a Santos de estar involucrado en el asesinato de civiles que hicieron pasar como guerrilleros, está claro que, todo lo contrario, esto terminó alejando aún más a Santos del entonces presidente Uribe quien, después de perder la posibilidad de jugarse la carta a la presidencia del 2010 con Andrés Felipe Arias, aceptó apoyar a Santos a sabiendas de que la brecha entre los dos se convertía ya en un abismo. A sus 71 años Juan Manuel Santos ya ve estos años con la tranquilidad que da la distancia. Además, es capaz de hacer una autocrítica sobre la manera como en su momento abordó la guerra contra las drogas. Como Ministro de Defensa y en sus primeros años como presidente ordenó la fumigación de cultivos ilicitos, con datos se dio cuenta que las plantas de coca volvían a ser sembradas a los pocos meses y que las únicas víctimas de esto eran los campesinos que pagaban con su salud el respirar ese veneno. Juan Manuel Santos fue uno de los líderes que estuvieron en el encuentro Reconstruyendo estados de Bienestar en Las Américas, organizado, entre otros por Open Society y la Fundación Paz y Reconciliación.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional La denuncia tuvo la potencia de una bomba. La actual directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó en redes sociales que después de una auditoria se descubrieron irregularidades en 220 contratos expedidos desde esa entidad. Además habrían nominas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores. Las cuentas entre el número de niños atendidos no coincidían. Este tipo de situaciones estarían detrás de los casos de niños y niñas fallecidos por desnutrición en el país. A la hora de hablar del hambre de los niños en el país hay un departamento que es el reflejo de este problema, es La Guajira. Los números no pueden ser más dramáticos. Entre enero y septiembre del 2023 murieron de hambre 53 niños en ese departamento. Semanalmente son internados centenares de niños en centros de salud para afrontar tratamientos que les permita alcanzar su peso y su talla ideal. En el 2023 fueron reportados 1993 casos de desnutrición aguda y moderada. Las comunidades más afectadas en el departamento son los Wayuu con 46 fallecimientos, a Wiwa con 3 muertes, la Kogui con dos fallecimientos y la Arhuaco con un caso. Desde hace una década las capturas por corrupción de contratistas del ICBF en la Guajira han sido una constante. En octubre del 2016 fueron expedidas 14 ordenes de captura en ese departamento entre los que se incluían a la representante legal de la fundación Alimentando a mi región, Deicy Villar, la coordinadora del centro zonal del ICBF Leyla Montalvo. Los delitos por los que tenían que responder eran los de peculado por apropiación, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, entre otros. En el año 2023 la red de veedurías hizo una denuncia sobre casos de corrupción del ICBF en La Guajira. En un informe publicado en el portal La Otra Cara, revelaron la manipulación de los contratos de los operadores que brindan el servicio de alimentación a los niños pobres de la zona. Convirtieron una máquina de hacer plata con uno de los peores crímenes que se pueden concebir: el hambre de los niños. Los funcionarios que aventaron en este informe fueron estos funcionarios: Luis Gómez Pimienta, Luis Lobo, Edwin Ceballos, Astrid Cáceres, Wilder Navarro, Tais Romero, Martha Tovar Turmequé, Claudia González Rodríguez, Gloria Sampayo, Rodrigo Daza, Margarita Dcoff, Gloria Brito, Yosbelis Vega, Leonides Forero, Pedro Manjarrés  y el pediatra Dasuki, entre otros. La denuncia concreta hacía referencia a lo siguiente: Enfáticamente, la denuncia se encamina a exponer a los funcionarios que han hecho de esta seccional su caja menor a través de movimientos administrativos obscuros. Ha de iniciarse con el hecho que quien se autodenomina el gerente de la Regional, LUIS GÓMEZ PIMIENTA, no cuenta con un acto administrativo que lo designe como tal y no habrá, pues la presidencia de la República, en respuesta a la solicitud realizada por el Dr. (abogado) José Abuchaibe indicó que la vinculación del señor se está tramitando y será una orden por prestación de servicios. La actuación del señor Gómez, se vincula con los bloqueos y la promoción de manifestaciones sociales por parte del señor LUIS LOBO. El objetivo ha sido ejercer presión social, pero no desde el derecho constitucional legítimo que les asiste a los ciudadanos y, especialmente, a las comunidades Wayuu, para exponer su situación, sino que han sido manipulados para poner contra las cuerdas a los operadores, buscando rescindir sus contratos y poder así vender la idea que se contratará directamente con las entidades sugeridas por los líderes de las comunidades, las cuales, como es de esperarse, deben contribuir a las expectativas económicas del grupo de “líderes” de la regional. La denuncia de la actual directora del ICBF Astrid Caceres demuestra la actitud de este gobierno a la hora de denunciar irregularidades está claro con la publicación que hizo en la red social X, antigua Twitter.

Por: Ana María Ramírez Tovar Hoy escuchamos con cierta frecuencia hablar de comunidades energéticas, es la apuesta por democratizar la energía para el actual gobierno colombiano. Se ha anunciado que la meta es la creación de 20.000 comunidades energéticas en todo el territorio y a la fecha ya hay 13.000 postulaciones en la página del Ministerio de Minas y Energía. Aunque el nombre puede llegar a ser muy diciente, ¿qué tanto realmente entendemos sobre qué es una comunidad energética? Tomemos como ejemplo de referencia a Alemania, que según la Agencia Internacional de Energía Renovable - IRENA, es el país con la mayor capacidad instalada en proyectos comunitarios, cerca de 1 GW[1]. A pesar de existir otros países con gran número de energía bajo esta naturaleza como Dinamarca, Gran Bretaña y Austria; Alemania representa además el país con el mayor número de cooperativas de energía renovable desde 1980 que aún siguen operando. En este punto nos hemos referido a las comunidades energéticas como cooperativas energéticas, comunidades energéticas, proyectos colectivos de energía, y seguramente encontraremos otro par de nombres más si buscamos (energía ciudadana o energía comunitaria). La razón de ello radica en que no existe una denominación ni definición específica, parece así, un concepto que emerge del imaginario colectivo desde un enfoque bottom-up, como se conoce en la academia, que hace referencia a aquello que surge desde el pueblo hacia el gobierno. Para Alemania, el marco regulatorio parte de las directivas de la Unión Europea, cuya comisión define las cooperativas de energía dentro de dos leyes del Paquete de Energía Limpia: Directiva de Energías Renovables (UE) 2018/2001 para "comunidades de energías renovables” y, la Directiva sobre el Mercado Interior de la Electricidad (UE) 2019/944 para las "comunidades energéticas ciudadanas" que cubre todos los tipos de electricidad. Especifican las cooperativas como una posibilidad para que los ciudadanos contribuyan conjuntamente a los sistemas energéticos, sin determinar un fundamento jurídico específico. Dada la amplia definición del marco europeo de una comunidad energética, se entiende coloquialmente como organizaciones creadas, administradas y/o de propiedad de actores de la sociedad civil que un toman un papel activo en todo el mercado eléctrico. Si bien siempre hemos cooperado como especie paran dar soluciones a problemas comunes, el concepto moderno de comunidad energética surge a finales de la década de 1950. La principal motivación fue la búsqueda de acceder a servicios de energía, que por la naturaleza de la tecnología se hacía muy difícil solucionar individualmente, entonces, colectivamente se tomaba la decisión de instalar sistemas compartidos. En un principio, su principal uso fue calefacción, pensando en las ventajas de tener un sistema compartido: reduce costos, la instalación se puede hacer en sitios menos invasivos que las casas propias, la mantención era responsabilidad de todos y no de una sola persona, entre otras. Aquí entonces, encontramos un factor relevante del desarrollo de las comunidades energéticas en Alemania, es una iniciativa propia, no busca ser desarrollada por un tercero, buscó dar una solución propia a un problema propio. Esta capacidad de autogestión, de búsqueda de empoderamiento territorial y construcción del tejido social (la capacidad de cooperar entre nosotros), es esencialmente importante en el éxito de los esquemas: comunidad energética, implica una comunidad fuerte capaz de cooperar entre sí. Actualmente Alemania tiene más de 1.700 esquemas colectivos de energía en diferentes modalidades. Sus objetivos son la democratización del sistema energético, la participación ciudadana, la independencia energética, la reducción del costo de la energía, la descentralización de los sistemas de generación y, la diversificación de la matriz energética. En donde el éxito de la sostenibilidad ha sido el sentido de apropiación social de lo que se construye, la capacidad social de trabajar conjuntamente por un objetivo común, cada participante con un rol específico y definido. Si las comunidades energéticas que iniciaron en 1950 hubieran tenido un enfoque paternalista, se hubieran visto pasivos ambientales al cabo de un par de años y el mismo problema sobre la falta de acceso a la energía; si hubieran sido construidas en su totalidad con financiamiento externo y dependientes para su mantención, hoy no existirían. No obstante, el desarrollo fue diferente dada su vocación cooperativa, los ciudadanos de aquel momento buscaron los mecanismos bajo los cuales podían hacer operar sus sistemas y posteriormente, la presión social para regularlos y acceder a beneficios generó una mayor visibilidad política, que se refleja en las recientes directrices de Unión Europea[2] En Colombia no tenemos la misma tradición cooperativa que Alemania. No obstante, si tenemos muchas motivaciones para tomar las comunidades energéticas, -si se quiere, como una excusa- para la reconstrucción del tejido social de un país marcado por la violencia en el territorio y, la carencia de servicios de energía, de energía para la educación, la salud o las comunicaciones. Así, aunque el ejercicio requiere de una rigurosidad técnica, es menester resaltar que requiere aún más de todos nosotros en la construcción, no de un tercero que financie y recibamos como beneficiarios, sino de la búsqueda conjunta de soluciones. Algunas de las lecciones que podemos extraer de Alemania además de la capacidad cooperativa es entender que todos los ciudadanos que conforman una comunidad son heterogéneos, así que el respeto por las diferencias es esencial en el trabajo conjunto y voluntario. Hay que ser conscientes que este no será el trabajo principal del que viven los ciudadanos, por ello no será la prioridad, menos cuando existen otras grandes necesidades de base, la participación deberá ser voluntaria pero consistente. Dado que no todas las comunidades están en la capacidad de autofinanciarse y requieran apoyo externo, si debe existir un compromiso financiero adecuado para su contexto. Proporcionar un mecanismo de financiación será en muchos casos el punto de partida para la apropiación tecnológica, si depende de subsidios no es sostenible, la dependencia financiera externa nunca podrá representar desarrollo social. Por último, la formalidad de las soluciones permitirá que el sector privado se involucre sin instrumentalizar a las comunidades. Los nuevos modelos de energía centrados en los usuarios o los grupos de usuarios como estos esquemas encontrarán un camino para hacerlas sostenibles, en la única medida que se garanticen sus derechos. Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza será necesario en la exploración de nuevos actores del mercado energético. Así, aunque existen claras barreras para Colombia, existen aún más motivaciones que pueden hacer realidad las comunidades energéticas que despliegan el desafío civilizatorio hacia lo sostenible, la renovación de demandas democráticas descentralizadas en torno a la energía, su fuerte relación con su territorio y sus conflictos; y las caras del desarrollo que tiene derechos y deberes. [1] Para hacerse a una idea, toda la capacidad instalada en Colombia es un poco más de 17 GW en grandes proyectos, principalmente hidroeléctricos [2] Nótese que no tienen más de 10 años

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La extorsión no es un delito aislado. Afecta la estabilidad y la convivencia de las comunidades donde se presenta. Es un desafío al poder del Estado. El ciudadano empieza a perder la fe en la protección que sus gobernantes pueden darles. Allí donde hay extorsión también existen grupos armados, desplazamiento, tráfico de drogas, despojos y asesinatos. La extorsión es un delito transversal a estas actividades. En Colombia la extorsión creció entre el 2022 y el 2023 un 7.9%. Pasó de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3% completan las modalidades de extorsión. Cabe resaltar que el 40% de las extorsiones se realizan en el país desde centros carcelarios. Los departamentos de Colombia en donde más se presenta este delito son, en su orden, Antioquia con un total de 1.797, seguido de Bogotá D.C con 1.626, Atlántico con 1.303, Valle del Cauca con 1.100 y Norte de Santander con 549 casos, resaltando también departamentos con un número importante de denuncias, como lo son Meta (501), Cauca (405) y Chocó (369). En el área metropolitana de Bogotá el municipio donde ocurren mayor número de extorsiones es Soacha con 72 casos. Bogotá está azotada por la extorsión. En el 2023 aumentó más que en todo el país, un 22%. La presencia de estructuras delincuenciales como El tren de Aragua que opera en localidades del centro, suroriente y suroccidente de la ciudad, donde han intentado establecer zonas de control territorial para asegurar el mercado del microtráfico, así como de la extorsión, generando disputas con otras organizaciones. Otras de las bandas que están generando alertas entre los comerciantes son la que se conoce como Satanás que, aunque hasta hace muy poco operaba principalmente en el suroccidente y suroriente de Bogotá ya ha ampliado su área de influencia a localidades del norte como Usaquén y Barrios Unidos. Las principales víctimas de esta banda son bicitaxistas, trabajadoras sexuales y comerciantes a quienes, incluso, han llegado a torturar. Los cobros que les hacen van desde cobros semanales de $250.000 a $300.000, hasta sumas que llegan a los 300 millones de pesos. Hay otras bandas que operan en la capital como Los Camilos, Los Paisas, Los Maracuchos y Los Lobos. Según las cifras de SIEDCO, las localidades con mayor número de casos reportados de extorsión en 2023 fueron Los Mártires, Usaquén, Santa Fe, Kennedy, Bosa y Suba. Medellín es la segunda ciudad de Colombia con más casos de extorsión con 884. La ciudad heredó un problema de seguridad que se desató con el auge del narcotráfico de los años ochenta. La Oficina es el cuerpo colegiado que articula las actividades criminales de la mayoría de los grandes grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, entre las cuáles se encuentran Los Chatas, La Terraza, Los Pesebreros y Caicedo, así como algunas con las que mantienen relaciones conflictivas, pero aun así se articulan con esta, como Los Pachelly y El Mesa. Estas organizaciones se encuentran en el espectro de grupo que entrarían a negociar en la probable Paz Urbana de la Paz Total propuesta por este gobierno. Cali ha presentado un incremento en la extorsión del 34% en el último año. Aunque hay grupos como La 40, El Platanal, Los del Hueco, África o El Parche, no existe una gran estructura criminal que lleve los hilos de la extorsión. En esta ciudad todo está más atomizado. En Buenaventura, aunque el gobierno logró sentar en una mesa de negociación a los Shottas y a los Espartanos, y se logró bajar los índices de homicidios, la extorsión sigue campante en el puerto. En municipios como Tuluá la presencia y poder de grupos como la Inmaculada, que causaron una violenta asonada el pasado 10 de febrero, es absoluta. En Barranquilla la extorsión subió un 101% en el 2023 con 834 casos. En esta área metropolitana se ha podido identificar la consolidación de estructuras como Los Costeños u Oficina de la Costa, Los Rastrojos Costeños, y Los Pepes. Uno de los líderes de los Rastrojos Costeños, el Negro Ober, no tiene empacho en amenazar de muerte a los comerciantes barranquilleros desde su celda. La situación es tan crítica que cada vez son más los negocios que cierran sus puertas debido a la presión de los delincuentes. En ciudades como Cúcuta la presencia constante en el Catatumbo del ELN, o los rezagos del holocausto paramilitar que sembró el horror en Norte de Santander entre los años 1997 y 2005, son caldo de cultivo para la extorsión. En el 2023 se registraron 284 casos presentando un incremento del 49% con respecto a las cifras del 2022. Entre los principales grupos delincuenciales que operan en la zona, y están involucrados en las dinámicas extorsivas, se puede identificar al grupo AK 47, al mando de alias ‘Saúl’, que funcionaría como la extensión del Tren de Aragua en Cúcuta; los Pelusos, disidencia del extinto grupo armado EPL; los Rastrojos, proveniente de estructuras paramilitares; Los Porras o Familia P, con un origen de clan familiar criminal. Si bien las grandes ciudades constituyen el foco principal de la extorsión, la presencia del ELN, las disidencias FARC y el Clan del Golfo han implementado esta práctica delincuencial en ciudades intermedias. Este informe de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana se convierte en la radiografía de uno de los peores problemas de seguridad que azota al país:

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. La última semana de febrero de 2024, varios medios de comunicación dieron a conocer el que sería un proyecto de Acto Legislativo de un solo artículo que permitiría el transfuguismo. El proyecto sería iniciativa de los congresistas del Pacto Histórico por MAIS, María José Pizarro y David Racero, con la intención de reestructurar las fuerzas dentro de Pacto a costa del sistema político colombiano, el cual cada vez es más personalista. Historia del sistema político colombiano En la democracia representativa los partidos políticos son, en teoría, la unidad fundamental, pues son los encargados de representar de la mejor manera sectores y agendas específicas. En Colombia durante casi siglo y medio se contó con dos únicos partidos (Liberal y Conservador) con facciones internas pero que excluían del sistema político a otras fuerzas y maneras de pensarse el país. Para la década de los 80´s con las desmovilizaciones de sectores de las FARC y con la firma del Acuerdo de Paz con el M-19 entraron nuevos actores políticos, entre esos la Unión Patriótica y el AD-M19, los cuales aglutinaron fuerzas de izquierda. Para finales de siglo, luego de la Constituyente del 91 surgieron otros partidos y estos presentaron varias listas en elecciones (Operación Avispa). A inicios del Siglo XXI para las elecciones del 2002, partidos como el Conservador, el Liberal y el recién fundado, Cambio Radical, presentaron varias listas de las cuales muchas obedecían a políticos asociados a proyectos paramilitares y no a proyectos de representación de agendas de la población. En investigaciones de la Fundación Nuevo Arco Iris se encontró que al menos el 30% de esos congresistas obtuvieron su curul con apoyo paramilitar (parapolítica). Mientras estos parapolíticos estaban en el Congreso, en el 2003 se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2003 el cual prohibió la presentación de varias listas para cargos plurinominales (Congreso, concejos, asambleas) y se pasó a listas únicas por partidos, algo que se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, para el 2009, a finales del Gobierno de Álvaro Uribe se aprobó un proyecto de Acto Legislativo (Acto Legislativo 01 de 2009) muy parecido al que pueden presentar los congresistas del Pacto Histórico, el cual permitió a los políticos el renunciar a un partido y/o saltar a otro sin castigo alguno (perdida de la curul). Desde el 2009 hasta el 2022 el sistema político colombiano no había presentado tantos cambios y, por el contrario, se había logrado consolidar un sistema multipartidista. Con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y la entrega de una personería jurídica a los desmovilizados, las sentencias de la Corte Constitucional de cara a la reparación política para partidos como el Nuevo Liberalismo, Comunista, Salvación Nacional y Verde Oxígeno a partir de la sentencia del Consejo de Estado del 2014 que le devolvió la personería a la Unión Patriótica y la llegada de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) el sistema de partidos viene siendo víctima de una contrarreforma. Para las elecciones legislativas del 2022 había 22 personerías jurídicas, de las cuales 4 fueron entregadas en el marco de reparación política un año antes. Luego de la posesión del Congreso el 20 de julio de 2022 y la elección del nuevo CNE por parte del legislativo, este, que está compuesto por políticos, ha entregado en el último año y medio 15 personerías jurídicas. La gran cantidad de partidos que existen ahora obedecen a personalismo y se transitado de partidos como instituciones de representación a simplemente máquinas de avales. ¿Qué busca el Pacto con el transfuguismo? El Pacto Histórico, que es una coalición de partidos políticos que se unieron para presentar una lista única a Congreso en el 2022 a la par que apoyaba la aspiración presidencial de Gustavo Petro, desde el inicio de su campaña ha presentado problemas internos, especialmente con líderes políticos como Paulino Riascos y Martha Peralta. Para 2022 el Pacto estaba compuesto por 6 partidos (Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Alianza Democrática Amplia, Comunista y Movimiento Alternativo Indígena y Social). Para el 2024 el Pacto ha presentado fragmentaciones, pues el CNE, con interpretaciones de la ley cada vez más absurdas, ha entregado 4 personerías adicionales a proyectos unipersonales (Independientes, Fuerza de la Paz, Todos Somos Colombia y Soy Porque Somos). Adicional a esto en el 2023 Comunes entró oficialmente a dicha coalición. Ante la negativa de varios jefes de partidos como Daniel Quintero (Independientes) o Martha Peralta (MAIS) de que el Pacto Histórico se convierta en un partido únicos y problemas con personajes como Paulino Riascos (ADA), personas cercanas al proyecto de la Colombia Humana, pero que están en otros partidos, como David Racero y María José Pizarro, vienen impulsado la idea del transfuguismo sin consecuencias. La idea de estos congresistas es depurar y reestructurar el Pacto de cara a las elecciones del 2026. No son los únicos que están de acuerdo con el proyecto, pues más de 100 congresistas de diferentes bancadas ya habrían firmado para su presentación. Si bien este proyecto, que requiere de ocho debates para su aprobación, buscaría la reestructuración de las fuerzas políticas, afianzaría también el poder de ciertas personas sobre algunas colectividades. Por ejemplo, para MAIS, en caso de la salida de María José Pizarro y David Racero, quien aumentaría su poder en esta colectividad sin problema alguno sería la senadora Martha Peralta. Muchos congresistas que apoyan el proyecto justifican que sus partidos son “cárceles”. Sobre ello hay que exigirles a estos congresistas, a estos políticos, que sean responsables también con la entrada a estos partidos. Ellos también son responsables de entrar en esa “cárcel”, nadie los obliga, si entran a una colectividad deben saber bajo qué condiciones entran y cómo se maneja internamente. No se puede permitir, de una u otra manera, el “engaño al elector”, el cual vota por el político perteneciente a una lista-partido (lista abierta) o solo por un partido o coalición (lista cerrada). En vez de estar hablando del transfuguismo el Congreso debería estar debatiendo una reforma política que consolide, de nuevo, un sistema multipartidista con partidos fuertes que representen colectividades y que logre blindar al órgano electoral independencia. Como diría el entonces senador Gustavo Petro “La reforma política debe asegurar que la política no sea individual, sino que represente sectores colectivos de la sociedad colombiana”. Colombia no puede cada cierto tiempo, como pasó en el 2009, estar aprobando el transfuguismo porque hay políticos que no son responsables con las decisiones que toman y solo ven en los partidos políticos la oportunidad de un aval. Si se les exige a los partidos políticos responsabilidad sobre los avales que entregan y sus mecanismos de democracia interna también se le debe exigir a los políticos responsabilidad sobre la entrada a algún partido.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Finalizó febrero y la tasa de intervención de la economía siguió igual. Marzo de 2024 comienza con una tasa de referencia de 12.75% —la misma que la Junta Directiva del Banco de la República estableció desde finales de enero de este año—. Sin embargo, se espera que al finalizar el mes —en la reunión del 22 de marzo, antes de Semana Santa— este organismo reduzca en, por lo menos, 100 puntos la tasa de interés de la economía colombiana. Como recordarán, la tasa de intervención del banco central tuvo un comportamiento de crecimiento constante desde septiembre de 2021, cuando se ubicó en la cifra de 1.75% —la más baja en los últimos tres lustros— y comenzó a subir hasta el primero de abril de 2023, ubicándose en la altísima cifra de 13.25%, la cual se mantuvo constante diciembre, donde cayó 25 puntos —a 13%—. Este comportamiento ha tenido serías y muy dañinas consecuencias en algunas variables de la economía nacional. La más importante ha sido la reducción abrupta de la solicitud de créditos para el consumo: las familias han soportado tasas de usura —en las tarjetas de crédito— superiores al 40% en 2023, lo que llevó a una caída en la demanda de bienes y servicios de los hogares. También, las altas tasas de interés han afectado fuertemente la inversión, en especial, en los préstamos para vivienda. El incremento en casi un año de más de 11 000 puntos en la tasa de intervención elevó para las familias y empresas el costo de compra de vivienda. Afectando negativamente a los más de 50 actividades que están asociados al sector de la construcción en el país. El resultado, como lo ha advertido el Gobierno nacional, ha sido una reducción paulatina del producto interno bruto (PIB). El cual cayó de un nivel altísimo postpandemia, de cerca del 19% en el segundo trimestre de 2021, a uno negativo de -0.3 en el último trimestre de 2023. Lo que significó una disminución de la tasa anual del PIB de 11% a 7,5% y a 0.6% del 2021 al 2023, respectivamente. Situación que ha llevado a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público prenda las alarmas y ruegue a la Junta Directiva del Banco de la República que comience a bajar más decididamente la tasa de referencia de la economía. Para el Gobierno está sería una sensata decisión para que la economía nacional no siga el camino de estanflación y se alegre de una fase probable de recesión. La principal razón que ha tenido la Junta Directiva del Banco de la República para comportarse de esta forma ha sido el control de la dinámica general de los precios de la economía. La Constitución Política de 1991 le estableció a este organismo estatal la prioridad en controlar la inflación. Pasando a un segundo o tercer plano, el fomento del crecimiento de la economía. De allí que cuando comenzó a ver cómo, desde el 1 de marzo de 2021, comenzó a crecer el Índice de Precios al Consumidor de 1.51% a la alta cifra de 13.28% en enero de 2023, el camino que adoptó el ente regulador fue subir de manera sistemática las tasas de interés de referencia. Logrando, finalmente, a partir de marzo del anterior año, tener un comportamiento decreciente en la inflación (ver gráfico). Gráfico 1. Evolución de la inflación y la tasa de intervención en Colombia, 2014-2024 Esto significa que la receta que sugiere la política monetaria tuvo buenos resultados. La tarea de controlar y reducir el nivel de inflación la ha cumplido el Banco de la República a cabalidad. Hoy el país cuenta con un comportamiento del nivel de precios en caída: pasó de 13.34%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo del año anterior —el nivel más alto desde 1999—, a uno de 8.35%, en enero de este año, y se espera que esté siga cayendo hasta niveles cercanos a 6% al finalizar el año. Por eso, la insistencia del Gobierno sobre la necesidad de cambiar el ritmo que se trae con las tasas de intervención. Para el ministro Ricardo Bonilla, al igual que múltiples analistas económicos, la Junta Directiva del Banco de la República está abusando del poder que tiene para controlar la inflación. Para ellos es tiempo ya de que se tome la decisión de bajar en varios puntos porcentuales la tasa. Es exagerado la lentitud con que opera el Banco. Pasarón nueve meses —del comienzo de marzo al comienzo de diciembre de 2023— para bajar en tan sólo 0.25% la tasa de interés, sabiendo que la curva de inflación había presentado una caída sostenida desde aquel mes. Medida tibia que se repitió en enero de 2024, donde la tasa se ubicó en el nivel actual del 12.75%. Afectando seriamente, como vemos, el crecimiento económico vía reducción de la inversión. Una decisión que ha generado también graves problemas para el Gobierno. Este actor ha visto como el papel keynesiano que le asigna al gobierno de fomentar el crecimiento económico no lo ha podido cumplir. El encarecimiento del crédito ha provocado tanto una caída permanente en la producción como una transferencia de dinero al sector privado —vía pago de intereses por deuda pública—, poniendo en peligro las finanzas públicas. En síntesis, contamos con una Junta Directiva del Banco de la República que ha logrado controlar, vía política monetaria contractiva, el nivel de inflación, pero esta medida se está presentando como una gran amenaza para la economía. La medida de control inflacionario está teniendo efectos negativos sobre el crecimiento económico, afectando todo el cuerpo social, incluido el Gobierno nacional. Y, aunque es cierto la tasa de interés no es la única variable responsable de la caída en el crecimiento económico del país —pues existen otros factores como la incertidumbre política, la desconfianza de los inversionistas y la baja gestión inversora del Gobierno—, es claro que esta variable pesa mucho en los bajos resultados actuales. De allí que se espera que, a finales de marzo, definitivamente, el organismo emisor tome la decisión de bajar con firmeza las tasas de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República tiene un margen de, por lo menos, 440 puntos de tasa real para cambiar el rumbo de la economía e impulsar un crecimiento económico. La decisión debe ser invertir la tendencia negativa del PIB de -0.3, en el último semestre de 2023, a niveles positivos del 2%, en el cuarto semestre de este año. *Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La X - Víctor Ballestas El 13 de mayo del 2019 el entonces presidente Iván Duque se reunió con Mark A Green, quien en ese momento era director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para oficializar la enmienda al Acuerdo Bilateral entre los dos gobiernos en donde adicionaban 160 millones de dólares para implementar actividades de desarrollo económico para Colombia. Durante los cuatro años en los que fue presidente Duque condecoró en dos ocasiones a Green mientras estaba al frente en ese momento de la USAID. Green, poco tiempo después, el 15 de noviembre del 2021, pasó a dirigir el Centro de Pensamiento Woodrow Wilson. Sus visitas a Colombia a visitar a su amigo Duque eran constantes. Incluso la última la hizo en julio del 2022, a semanas de que el político del Centro Democrático dejara de ser presidente de la República. Pocas horas después de que Iván Duque le cediera la banda presidencial a Gustavo Petro, el 9 de agosto del 2022, Iván Duque anunciaba con bombos y platillos su nuevo trabajo: haría parte del Woodrow Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento más importantes de los Estados Unidos. Esta distinción se la había ganado según el Wilson Center, por su liderazgo en frentes como la defensa a la democracia, protección a la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y apoyo migrantes a migrantes venezolanos. Año y medio después los consentimientos del Wilson con Duque avanzaron. El pasado 28 de febrero el Woodrow Wilson anunció la creación del Iván Duque Center for Prosperity and Freedom', esta iniciativa refleja el compromiso de fortalecer la relevancia estratégica del hemisferio occidental para impulsar el desarrollo económico y defender los valores democráticos a nivel mundial". Mientras medios cercanos al Centro Democrática como la Revista Alternativa celebraban lo consideran un logro, otros cuestionaban las dádivas que Duque y Green se habían dado en torno a su amistad. Los números son fríos y no dan para pensar que Iván Duque sea un adalid de la defensa a la democracia, la protección a la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a migrantes venezolanos. Fueron precisamente los excesos de su gobierno, la brutalidad policial, una de las razones por las que la gente votó contra Uribe y decidió apoyar en las urnas a Gustavo Petro. Los escándalos se sucedieron una tras otro además de la protesta social. La gente salió a la calle como nunca antes en la historia a demostrar el hastío que le producía ese gobierno. El 11 de noviembre del 2019 ocurrió La marcha de las linternas, una movilización contra el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez y su renuencia a no investigar a los poderosos detrás de los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht. La sospechosa muerte de Jorge Enrique Pizano, auditor de Corficolombiana, empresa propiedad de Sarmiento Angulo y de la que Martínez era abogado, alborotó aún más los ánimos. Los bombardeos del ejército contra la población civil en San Vicente del Caguán bajo la anuencia del ministro de defensa Guillermo Botero, sumado a la corrupción campeante del gobierno Duque, sintetizada en el caso de los 70 mil millones que se perdieron desde el Ministerio de las TIC y que estaban destinados a la conectividad rural, fueron el detonante del paro del 21 de febrero del 2019, un paro que duró hasta marzo del 2020 y que fue apagado sólo por la pandemia. Ese 21 de noviembre del 2019 un policía del ESMAD disparó y provocó la muerte del joven Dylan Cruz. Sólo la pandemia guardó a la gente a la calle. Pero en abril del 2021 volverían a salir las masas escandalizadas por la propuesta de Reforma Tributaria que el entonces ministro de hacienda Alberto Carrasquilla le pasó al Congreso y que condenaba a la clase media a pagar unos impuestos leoninos. Un trino del director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, podría resumir la indignación que produce esta distinción a Duque desde Estados Unidos: “Estoy francamente desconcertado con la decisión de Woodrow Wilson Center -un tanque de pensamiento respetable- de crear el Centro Iván Duque para la Libertad. Quizás ignoran que su gobierno en la protesta social de 2021 produjo 89 asesinatos y 1.100 heridos, la mayoría jóvenes”. Las cifras desde el 28 de abril y el 5 de mayo del 2021 son aterradoras, se reportaron 1.181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias, 12 víctimas de agresiones a los ojos. La distinción a Duque como un adalid de los Derechos Humanos no se puede interpretar de otra manera que el favor de un amigo a otro en su afán por limpiarle la cara, las manos llenas de sangre. La única explicación es la amistad con Mark Green. Esto es una afrenta a las víctimas que murieron, fueron torturados, violados y heridos durante la represión policial que ordenó el gobierno Duque en los meses que duró el Estallido Social.

Por: Fundación Pares Foto tomada por: Verónica Londoño A las 2:30 de la tarde, con una puntualidad forjada a pulso en Londres, Juan Manuel Santos empezó su charla. En una hora contó de manera detallada, escrupulosa, su último periodo político, que arrancó desde el 2005, cuando aceptó ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y terminó en el 2018 cuando le deja la banda presidencial a Iván Duque. El expresidente hizo por supuesto énfasis en lo logrado en sus años de gobierno y al igual que lo ha hecho en otras ocasiones expresó su desazón por las falencias en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Pero en su discurso llamó la atención la manera cómo resaltó el fracaso de la lucha contra las drogas y la afirmación de que el crimen organizado es el principal reto en América Latina. No le falta razón. Santos era uno de los personajes más rutilantes entre otras figuras de la política continental en el evento organizado por la Fundación Paz y Reconciliación, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia y Chile21 titulado Reconstruyendo estados de bienestar en las Américas. El panorama que dio el expresidente Santos no invita al optimismo. Latinoamérica pasa por un momento crítico sobre todo en materia de seguridad. La extorsión, el secuestro, el narcotráfico azotan a lugares naturalmente tranquilos como Uruguay y se ha convertido en un problema mayúsculo en Argentina y Chile, pasando por Perú, Ecuador, México y Colombia. El evento lo facilitaron Jorge Castañeda, excanciller mexicano y el ex ministro de finanzas de Chile, Carlos Ominami y Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares. El ascenso de soluciones populistas a la inseguridad fue una preocupación permanente entre los asistentes, porque es una realidad y también una tendencia. Las cifras no son alentadoras y el crimen organizado tiene un crecimiento mucho mayor que la capacidad de los Estados para responder. Y en medio de todo, las soluciones anti-Estado y en muchos casos antidemocracia parecen estar en ascenso. Es que no existe un caldo de cultivo que alimente mejor a los populistas que la inseguridad. Por eso han llegado a la Argentina figuras inclasificables como Javier Milei, en el Salvador Nayib Bukele y las nubes se aglutinan y anuncia tormenta en Estados Unidos. Invitados que vinieron desde ese país como Eduardo Porter, periodista económico del Washington Post, expusieron los temores que en este momento embargan a la sociedad civil en ese país: una victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre de este año. Las acusaciones en contra suyo no hacen suficiente peso y la debilidad física del actual presidente Biden, le abren el camino a un personaje que inspiró a otros políticos de claro tinte autoritario como los fue Bolsonaro en Brasil y lo es Milei en Argentina. El evento contó con la participación del intendente de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, que está en las antípodas de Milei y, con cifras, demostró que el autoproclamado primer presidente libertario de la humanidad no las tiene todas consigo y podrían empantanarse los cambios que había prometido, como dolarizar la economía o quitarle poder al Banco Central. No cuenta con mayorías en el Senado y lo que es peor, de todos los intendentes que están en Argentina, sólo dos pertenecen a su partido. México tiene elecciones en los próximos meses y presenta un contraste bastante particular según contaron los invitados. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es querido por la gente y mantiene niveles de popularidad altos, existe una reprobación general a su gobierno. La seguridad sigue siendo su talón de Aquiles. La cifra de más de 90 asesinatos al día pone los pelos de punta. Uno de los asistentes al evento fue José Miguel Vivanco, el abogado chileno que hasta febrero del 2022 fue el director de la división de las Américas de derechos humanos quien atentamente escuchó el sombrío panorama que se vive en el Perú desde el golpe de estado que tumbó, el 7 de diciembre del 2022, al presidente Pedro Castillo. Una de las voces que más retumbó en la sala del hotel Rosales Plaza, sede del evento, fue la de la senadora Susel Paredes, reconocida líder LGBTIQ+ quien denunció el crimen que se está carcomiendo la Amazonía peruana, la minería ilegal y la aparición de grupos transnacionales como el Comando Vermelho y el propio Tren de Aragua. Brasil mostró los resultados que en materia social ha traído el regreso de Lula pero los años del Bolsonarismo es una herida que continúa abierta. Uruguay ve con estupor como el puerto de Montevideo poco a poco es permeado por la mafia continental. Laura Bonilla dio un balance sobre las principales cifras de seguridad y las distintas narrativas alrededor de la paz total, con sus luces y también sus sombras. Pocas veces en el país se puede dar un encuentro con tantas figuras continentales. Este es un espacio necesario para tratar temas y preocupaciones que hermanan a nuestros países, como el de la ola de inseguridad que parece convertirse en Tsunami. Fotos tomadas por: Verónica Londoño Día 1 Video tomado por:Verónica Londoño *Este evento se realizó por las organizaciones Pares, Chile 21 y FESCOL con el apoyo del PNUD y Open Society

Por: Guillermo Linero Si bien es cierto que Benjamín Netanyahu –primer ministro de Israel- tal vez no empuñe en sus manos un fusil y tal vez tampoco sepa accionar una bomba, un mortero o un cohete y, pese a que poderosos Estados lo justifican y lo aúpan y, aun sabiendo que a todos nos consta que en la Franja de Gaza son muchos los israelíes que disparan fusiles y accionan sus bombas y cohetes contra la población civil, pese a todo eso, también es cierto que dichos soldados actúan apartados de sus criterios éticos unipersonales y de sus objeciones de conciencia, y lo hacen en cumplimiento del deber, obedeciendo con patriotismo las órdenes de Netanyahu. Desde tal realidad, es fácil entender que si bien Netanyahu no es quien acciona directamente las bombas, ni los morteros ni los cohetes, ni es quien dispara con pistolas y fusiles contra la población (tampoco Hitler entregaba de su propia mano los dulces envenenados a los niños judíos) Netanyahu sí es quien al levantar su dedo índice de gobernante puede provocar que miles de soldados israelíes asesinen “a nombre del pueblo” a individuos, digámoslo así, de la misma especie. En tal suerte, no es descabellado hacer de Netanyahu –que no del pueblo de Israel- target de nuestra crítica en calidad de responsable del genocidio contra la población palestina, e incluso, por intermedio suyo, hacernos nosotros igualmente blanco de la autocrítica, si consideramos una corresponsabilidad de la especie por cuenta del respaldo de poderosos gobernantes que pueden disuadirlo y por culpa del silencio e inacción oportunista de muchos otros. El trasunto de esta anomalía, y esto hay que reconocerlo si deseamos cambiar la recurrente tradición de auto eliminarnos por una conducta social de preservación de la especie, es que la humanidad todavía no ha podido concretar un orden social donde quien administre sea en verdad el poseedor de la voluntad popular. Y mientras eso no ocurra los pueblos seguirán inmersos en elecciones azarosas, cuyos resultados –no importando si en regímenes parlamentarios o presidencialistas- han sido en su mayoría negativos: la historia nos ha demostrado la dificultad de los pueblos para elegir personas interesadas en trabajar en beneficio de todos y no para sí mismos, ni para sus familiares y vecinos, ni para sus copartidarios o correligionarios. Lamentablemente, la habilidad para escoger buenos gobernantes es un asunto de cultura política de la población, y eso no hemos podido alcanzarlo. A lo largo de la historia los pueblos han tenido que soportar con estoicismo a gobernantes que han sido enemigos de la especie, como a Pinochet y a Uribe en Latinoamérica, o como a Nerón, a Gengis Kan, a Stalin y a Hitelr en otros hemisferios. No obstante, en el presente ya no es un pueblo, sino la humanidad entera la que resiste con vergonzante estoicismo los genocidios de Netanyahu. Y no hay otra verdad: al pueblo de Israel -por causa del azaroso juego democrático de la elección de los gobernantes- le ha tocado en suerte una persona que piensa nada más en sí misma, en su familia y en sus copartidarios y correligionarios; una persona preocupada solamente por sus connacionales y capaz de irse -con los modos de la barbarie más atroz- lanza en ristre contra la misma especie. Y lo digo así, “contra la misma especie”, pensando en la famosa frase de Hobbes “el hombre es un lobo para el hombre”, palabras que connotan la crueldad humana y el hecho de que en ocasiones nuestros peores enemigos sean nuestros semejantes; pero lo digo, especialmente, pensando en que los niños –hoy target de la barbarie de Netanyahu, del ejército israelí y de los gobernantes poderosos que se han callado con hipócrita complicidad- no son propiedad de ningún Estado, ni de ningún grupo armado. Los niños asesinados cruelmente en la Franja de Gaza eran, aparte de naturales palestinos, esencialmente humanos. Los niños de Palestina, como los de Israel y los de cualquier lugar del mundo, al nacer ni siquiera pertenecen a ninguna lengua; no están comprometidos con ideologías, ni saben lo que es pensar mal. Los niños son inocentes, pero también son inocentes la mayoría de los civiles que por cuenta de esa falta de la referida “cultura política de la población”, nada de nada entienden o los han pervertido.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: La Voz de América El 20 de febrero de 2024 la sesión plenaria de la Cámara de Representantes se decantó por aplazar la aprobación del acuerdo binacional de seguridad jurídica a las inversiones de Colombia y Venezuela, que cursa su último debate. La justificación de esta iniciativa, impulsada por la oposición en cabeza del representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, es no aprobar ningún acuerdo hasta que se haya aclarado la situación política de María Corina Machado y existan garantías para las próximas elecciones en Venezuela, que aún no poseen un calendario claro. Este acuerdo, que fue suscrito el 3 de febrero de 2023 entre los gobiernos de Venezuela y Colombia y que debe ser aprobado por el legislativo de cada país, ya se venía cocinando desde diciembre de 2022 cuando el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, adelantó que existía un trabajo técnico alrededor de potenciales modificaciones sobre el Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza Comercial, firmado en 2011 y que ha buscado regular de manera normativa las relaciones comerciales entre ambos países. Esto posterior a la denuncia del tratado constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por parte de Hugo Chávez en 2006 y pasado el plazo de 5 años en los que cesaban las obligaciones de la CAN en Venezuela. Este acuerdo es importante porque es uno de los esfuerzos del Gobierno nacional para la reactivación económica y comercial entre los dos países, posterior a la apertura comercial de la frontera en septiembre de 2023, y a la apertura peatonal de la misma, ocurrida en enero de 2023. Además, ha sido uno de los caballitos de batalla del ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, dentro del Congreso. El acuerdo lleva 3 debates. El primero se realizó en la Comisión Segunda del Senado, donde fue aprobado por unanimidad el 1 de marzo de 2023. Luego llegó a plenaria del Senado, donde fue aprobado el 8 de octubre de 2023 con 63 votos a favor y 6 en contra. Tras ello, siguió su curso en la Comisión Segunda de la Cámara, en la que fue aprobado con 13 votos a favor y 1 en contra. Finalmente, llegó a la plenaria de la misma corporación, en la que se estancó debido a la iniciativa de aplazamiento de la oposición. José Jaime Uscátegui se la jugó con la carta del silencio del gobierno ante las inhabilitaciones de María Corina Machado para motivar los votos que llevaron al aplazamiento. La tesis de la ruptura democrática que vive Venezuela —argumento esgrimido por los congresistas del Centro Democrático, de Cambio Radical y otros opositores en los debates anteriores— no movió los suficientes apoyos en ambas cámaras para tumbar la iniciativa. Sin embargo, el recrudecimiento de las sanciones, la incertidumbre frente a las fechas concretas del proceso electoral, junto con la posibilidad de ampliar las elecciones a cargos legislativos (propuesto por Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional en los últimos meses) terminó inclinando la balanza frente al apoyo que tenía el acuerdo en ambas cámaras, enviando una voz de protesta contra el gobierno. Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia Lo que se encuentra en juego con el acuerdo de promoción y protección de inversiones, en parte, es el incremento de las cifras de exportación e importación en el comercio entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo frágil ante estas coyunturas. Según la Cámara Colombo-Venezolana, este intercambio creció en un total del 9,3%, pasando de USD $650 millones FOB a USD $710,5 millones FOB en noviembre de 2023. Aunque las cifras no alcanzaron las proyecciones estimadas por el gobierno de USD $800 millones, el incremento plantea que existe cierta recuperación económica desde que se abrió la frontera en enero de 2023. Este incremento se ha visto reflejado tanto en las importaciones como en las exportaciones, siendo ambas cifras favorables para Colombia. En términos de importaciones, el incremento fue del 31%, pasando de USD $81 millones FOB a USD $108 millones FOB entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023. De entre los productos más importados hacia Colombia, se encuentran abonos, maquinaria industrial, hierro, acero y material eléctrico. Del mismo modo, las exportaciones crecieron un 6% en el mismo período evaluado, incrementándose de USD $568 millones FOB a USD $602 millones FOB. Frente a la balanza comercial entre Colombia y Venezuela, existe superávit que favorece a nuestro país en más de USD $495 millones FOB. De entre los productos con mayor índice de exportación hacia Venezuela se encuentran alimentos y bebidas, productos químicos, plástico y tabaco. En la frontera las cifras del comercio también han aumentado en los últimos meses. Según cifras del Ministerio de Comercio, la actividad comercial de los 3 puentes habilitados para el transporte de carga entre ambos países (Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot), sumó en total USD $310,5 millones, con un paso de 301.527 toneladas de carga entre ambos países. De ellos, USD $276,3 millones fueron exportaciones, y USD $34,1 millones fueron importaciones.