Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Semana Petro lo señaló en Twitter: José Antonio Salazar era un traidor. El secretario general de la cancillería, aprovechó la ausencia de Álvaro Leyva y del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, para entregarle el contrato de los pasaportes, que tiene un costo de $599.000 millones, a la firma Thomas Greg & Sons. El gobierno se había trasado, desde hacía más de un año, romper un monopolio de más de 25 años de la firma, cuya filial en Colombia es propiedad de la controvertida familia Bautista. La decisión de Salazar tomó por sorpresa a todo el mundo, sobre todo al gobierno. Salazar era de absoluta confianza de Álvaro Leyva. Se conocieron durante la campaña presidencial de Belisario Betancur en 1978, las que perdió con el liberal Julio César Turbay Ayala. Leyva y Salazar pertenecían a esa ala progresista del partido Conservador, partidaria de cambios sociales y de una salida negociada con las guerrillas. Belisario ganaría las elecciones de 1982. Salazar ha estado con Leyva desde su primer paso por el senado en 1982 y mientras el actual canciller fue nombrado ministro de Minas y Energía en 1984. Esa amistad, de 46 años, se rompió con una firma. La furia de Petro se expresó en su cuenta de X, en donde de un trinazo lo echó de la cancillería: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”. Salazar se ha defendido diciendo que él lo que hacía era cumplir con su deber. La licitación para valorar oferentes que pusieran fin al monopolio de Thomas Greg & Sons en el manejo de los pasaportes arrancó en diciembre del 2022, en ese mes se publicó la necesidad de un requerimiento y en mayo del 2023 se abrió el proceso. Había unos requisitos de ley que sólo los cumplía un proponente, Thomas Greg & Sons. “El señor presidente está equivocado, yo soy un hombre leal, entiendo que el presidente está mal informado”. Le dijo Salazar a Julio Sánchez Cristo en una entrevista en W Radio después de ser declarado insubsistente en el cargo por Petro. En muchas oportunidades el presidente le pidió a Salazar cambiar el pliego de requisitos para abrir el abanico y que otras firmas pudieran cumplir ese servicio. Desde mayo empezaron las intervenciones e intereses manifiestos. “En la secretaría jurídica de la presidencia empezaron a hacerle un seguimiento al proceso licitatorio, se respondieron todas las observaciones. Llegó al punto a una reunión citada con Vladimir Fernández, una reunión con 25 personas, estaba la secretaría de presidencia con el doctor Idárraga y hasta un delegado del ministerio de transporte. En esa reunión se tomó nota y se ajustaron los pliegos de requisitos” Dijo en la misma entrevista Salazar. Los pliegos se publicaron en el SECOP. Salazar fue el encargado de esa licitación hasta que el 23 de septiembre Alvaro Leyva declaró el proceso desierto algo que podría causarle una multa millonaria al Estado. Salazar le recordó los riesgos que asumía al tomar esa decisión. Entre los argumentos del canciller para no conceder la licitación estaban la violación “de la igualdad y la equidad en la participación de todos los oferentes”. Es que Thomas Greg, de todos los aspirantes, es el único que tiene una fábrica de pasaportes en Bogotá. Luis Gilberto Murillo, quien tenía en carpeta pedirle la renuncia a Salazar, le habría dicho que le iba a solicitar al presidente una conciliación con Thomas Greg & Sons. Murillo, quien todo indica será el próximo canciller, llegó a pedirle renuncias a todo el circulo de confianza de Álvaro Leyva. Salazar estaría salpicado en varios escándalos que lo habrían distanciado de su íntimo amigo Álvaro Leyva. Según la revista Cambio en la cancillería habrían personajes, liderados por el secretario Salazar manejando la contratación “de forma dudosa”. Incluso el propio canciller afirmó que iba a sacar “el cartel público y privado”. Mientras muchos periodistas, contrarios a Petro, se refieren a Salazar como un héroe, Paola Herrera de la W Radio afirmó que Salazar tiene una denuncia penal por haber direccionado los pliegos a favor de Thomas Greg & Sons. “Todo el problema empezó ahí, en la estructuración y él extrañamente se salvó de la Procuradora .Además hay otras denuncias por entregar más contratos a dedo” Afirmó la acuciosa investigadora. Por ahora, mientras Petro, Leyva y Murillo están furiosos, Thomas Greg & Sons se frotan las manos. Ganan siempre, ya sea que la moneda caiga en cara o en sello.

Por: Redacción Pares Semana 26 al 1 de marzo La semana anterior se vivió la cuarta crisis de este proceso de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, la primera fue el anuncio de "cese bilateral" anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre del 2022, el cual fue desmentido por el ELN y se resolvió con una reunión extraordinaria de las dos delegaciones en Caracas, la segunda fue cuando el presidente Petro en una intervención en la Escuela Superior de Guerra, dijo que el ELN participaba del multicrimen y debía escoger si seguía el camino altruista del sacerdote Camilo Torres Restrepo o el del narcotraficante Pablo Escobar, estas declaraciones produjeron por parte de la delegación del ELN, la suspensión de las sesiones del III Ciclo en la Habana, las cuales se retomaron luego de dos días de parálisis y el trabajo de buenos componedores de los países garantes, acompañantes y la facilitación de la Misión de la ONU y la iglesia Católica, la tercera crisis y quizás la más grave hasta el momento fue en octubre pasado, cuando el gobierno afirmó -con razón- que el ELN era el responsable del secuestro del ciudadano Luis Manuel Diaz y que exigía su liberación, lo cual se dio con el acompañamiento de la Misión de la ONU y la Iglesia Católica y la cuarta -y con seguridad no será la última- la acabamos de vivir la semana pasada, cuando el Comando Central del ELN, llamó a consultas a su delegación y afirmo que el proceso podría ser congelado, ante la situación que se viene presentando con la estructura de esta organización en el Departamento de Nariño, el Frente Comuneros del Sur. El Frente Comuneros del Sur, del ELN, se formó a principios de los años noventa y ha tenido su epicentro de actuación en los municipios de Samaniego, La Llanada, Santa Cruz y Ricaurte y se proyecta hacia el pacífico Nariñense por Barbacoas, Roberto Payan y Tumaco, es un Frente persistente en su actuación y con una amplia experiencia en este territorio, donde la victimización ha sido enorme sobre la comunidad indígena Awa y las comunidades negras. El Frente Comuneros tiene diferencias con el COCE del ELN, que se hicieron evidentes con su interés de participar del proceso de diálogo para la transformación del territorio que ha convocado el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, como parte del proceso de formulación del Plan Departamental de Desarrollo, lo cual ha sido interpretado por la dirección del ELN, como una operación del gobierno y sus organismos de seguridad para dividir al ELN, lo cual ha sido respondido por el Gobierno, como un asunto al interior del ELN que ellos deben resolver. El Comando Central, ante la situación de Nariño y la postura del Frente Comuneros del Sur, llamó a su delegación de diálogos a consultas y afirmó que el proceso podría entrar en una parálisis, situación por supuesto de la mayor gravedad. Del sábado 24 al lunes 26 de  febrero se llevó a cabo una reunión extraordinaria entre la delegación del gobierno colombiano y el ELN, por solicitud de los países garantes y acompañantes, Misión de Naciones Unidas y la Iglesia Católica en el que parece que "las aguas vuelven a su curso" o por lo menos hay un compás para encontrar salidas a la situación de crisis. Ante la situación planteada por el Frente Comuneros del Sur, se pueden visualizar los siguientes escenarios: el Frente amplia su distancia con el COCE y es expulsado o decide su separación, situación que será criticada por el ELN como operación de división orquestada por el Gobierno Colombiano -sobre lo cual no hay evidencia-, el gobierno colombiano "mete en el congelador" una posible participación del Frente Comuneros del Sur en el proceso de diálogo territorial, con lo cual "le echa una mano" al ELN, escenario en el cual el gobierno gana puntos de credibilidad con el conjunto del ELN o el peor de los escenarios, esta crisis sigue por semanas, lo cual por el tono del comunicado de la reunión extraordinaria, no parece ser el más viable. No sabemos los resultados de la reunión extraordinaria, lo que sí sabemos es la fecha del VII ciclo, que se realizará en Caracas entre el 8 y el 22 de abril. El acuerdo de agrupar trescientos presos y presas del ELN, en ocho centros penitenciarios, se viene llevando adelante, es una medida humanitaria importante, luego que cerca de seiscientos presos y presas de esta organización que estaban en 28 centros penitenciarios a lo largo y ancho del país, ahora van a estar más cerca de sus familias, con esta medida se evidencia que son muchas las iniciativas que las dos partes pueden emprender, igualmente se habla de medidas frente a lisiados, integrantes del ELN, cuyos cuerpos pueden ser rescatados y entregados a sus familias y acción humanitaria y de involucramiento en este esfuerzo de paz con los presos y presas del ELN. Los encuentros preparatorios para la construcción del Plan Nacional de Participación, se siguen realizando y vendrán otros en las próximas semanas, para cumplir con todos los programados y tener el plan nacional de participación definido en el mes de mayo. Así empezó esta crisis el pasado 29 de enero. https://www.pares.com.co/post/informe-especial-de-la-fundaci%C3%B3n-paz-y-reconciliaci%C3%B3n-sobre-el-proceso-de-paz-con-el-eln Informe Especial de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el proceso de Paz con el ELN https://www.pares.com.co/post/el-proceso-con-el-eln-entra-en-fase-de-congelamiento El proceso con el ELN entra en fase de congelamiento https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/alejo-vargas-fin-del-conflicto-armado-y-dialogos-regionales-CK23833166 Fin del conflicto armado y diálogos regionales

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Cambio Colombia Cuando todos aplaudían a Mancuso, se rendían a sus pies, Gustavo Petro permanecía con los brazos cruzados y la mirada gacha. Era julio del 2004 y el hoy presidente pertenecía en ese momento a la bancada del Polo Democrática. Uribe era el que mandaba y había metido al país en el rocambolesco proceso de paz con las AUC. Dos de las congresistas que fueron escogidos gracias a la presión de los paramilitares en los territorios que controlaban, Rocío Arias del Bajo Cauca y Eleonora Pineda, de Tierralta, Córdoba, fueron el puente para convencer a Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, entraran al Congreso y fueran aplaudido a rabiar por la mayoría de senadores. En el sector de prensa Iván Cepeda, a los gritos, protestaba por la infamia. El congreso le rendía homenajes a los jefes del grupo que asesinó a su padre -con complicidad del Estado- diez años atrás. Con los paras allí, en el salón elíptico, se comprobaba que había acabado la guerra y los ganadores eran los malos. Una vez terminaron de hablar los comandantes, Petro, como uno de los líderes de la oposición, tenía la réplica. Mancuso, displicente, imperial, se fue del recinto. Petro se comió el sapo del desplante y tomó la palabra, denunciando lo que una investigación de la Corporación Arco Iris catalogaría con el nombre con el que pasaría a la historia: La Parapolítica. Diecinueve años después, el miércoles 16 de agosto del 2023, Mancuso estaba en una cárcel en Georgia, Estados Unidos. A este país llegó en el 2008. Su extradición a EEUU fue considerada una traición por parte de Uribe al proceso de paz con los paras. Las víctimas afirmaban que Mancuso tenía verdadera intención de ayudar. Con mapa en mano identificaba, incluso, los lugares en donde había enterrado a centenares de desaparecidos de las AUC. Tenía voluntad, pero estaba hablando demasiado y Uribe decidió callarlo entregándoselo a la justicia gringa. Mancuso ya era otra persona, no tenía la mirada altiva, el traje Armani, los sueños de poder. Ahora sólo quiere salvar el pellejo. A Petro ya no lo mira por encima del hombro. Es más, en la videollamada que realizó desde Georgia aceptó, casi que con humildad, la propuesta que le hacía el presidente de ser Gestor de Paz. “Quiero decirle al país y al Presidente que yo honro mi palabra y acepto la designación que me hace para trabajar de la mano de la OACP (Oficina del Alto Comisionado de Paz) en la búsqueda de la paz total en la que creo (...) Lo hago para ayudar a buscar esa paz total que necesita Colombia”. Aplaudió la decisión de hacer una paz que incluya a todos los grupos armados, incluso dio especificaciones de en qué consistiría su trabajo, siempre al lado de la víctimas de desaparición en Colombia y en otros países vecinos en donde habrían fosas comunes de cuerpos sin identificar. Mancuso ya había cumplido con su condena en Estados Unidos en el 2020 -está bajo custodia del servicio de inmigración de EEUU-. Desde ese año su primera estrategia jurídica, a cargo de su abogado, Jaime Paeres, fue apelar a su nacionalidad italiana e irse a vivir a Calabria, morir en la tierra de sus ancestros. Pero cambió de parecer y decidió que para redimir sus culpas lo mejor era regresar al país y dar la cara. Y contar la verdad, algo que debió haber hecho hace 16 años. Inmediatamente se anunció que Mancuso regresaría al país como Gestor de Paz el uribismo en pleno gritó aterrado. Ellos, los que alguna vez le abrieron las puertas del Congreso a los paras, ahora se rasgan las vestiduras y consideran que darle la palabra a Mancuso es permitir que “un asesino” “un despojador” hunda con sus “mentiras” a colombianos de bien. Inevitablemente Mancuso dará su versión de los hechos. Es probable que testifique en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, que siga diciendo sus versiones, como la que dijo en el 2023 donde afirmó que desde el DAS, cuando estaba de director de ese organismo Jorge Noguera, puesto allí por orden de Álvaro Uribe, había un plan para callar a balazos al entonces senador Gustavo Petro. Para Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, las declaraciones de Mancuso podrían hundir a poderosos de la Costa como “El ex gobernador López Cabrales, la familia Manzur, los Jattin, los que participaron en el pacto de Ralito, y la relación que tenía él con ellos. Y claramente, por lo que se supo con las audiencias con la JEP, la mención que se hizo a Uribe y la relación con su gobierno y lo que sabía del paramilitarismo en su gobierno. Además de nombres del mando militar. Y, principalmente, las verdades que debería aportar tendrían que estar relacionadas con reparar a sus víctimas, así como aportó su verdad sobre hechos tan escabrosos como los hornos crematorios”. En un vuelo charter, acompañado de un centenar de deportados, Salvatore Mancuso aterrizará en Colombia a las 3 de la tarde. En el aeropuerto será recibido por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Migración Colombia quienes lo trasladarán a los calabozos de la DIJIN. Mancuso debería responder por múltiples crímenes cometidos en el país, desapariciones, narcotráfico, masacre, pero esto podría atenuarse abrazándose a la JEP en donde Colombia espera que, en su papel de Gestor de Paz, no sólo sea un puente con grupos armados que quieran adherirse a la Paz Total sino que cuente su verdad. El lugar de reclusión de Mancuso será la cárcel La Picota en donde estará estrictamente vigilado y también protegido. Hay fuerzas oscuras que no quieren que el excomandante paramilitar hable.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Universal En diciembre del 2023 el senador Antonio José Correa Jiménez le envió al secretario general del senado, Juan Gregorio Eljach, la radicación del proyecto “Reforma a la ley de justicia y paz, segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos”. Con él se buscaba desentrabar la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro para iniciar negociaciones con todos los grupos armados, indistintamente de la agenda política qué estos tengan. En esto radica uno de los grandes obstáculos. Los primeros esfuerzos en el legislativo para la ley de Paz Total dejaron por fuera a dos jugadores importantes. En primer lugar, al Clan del Golfo, nacido de las disidencias que en el 2006 dejó la desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en segundo lugar a las propias disidencias de las antiguas FARC: El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El congreso se centró en el debate de cuán políticos son los grupos disidentes y si el Estado debe entrar a hacerles concesiones o por el contrario forzarlos al sometimiento. Esto claramente echó por la borda la idea de negociaciones socio jurídicas o similares con el Clan del Golfo, pero también hizo que las negociaciones con las disidencias quedaran sin un piso jurídico claro. En los inicios de la campaña presidencial la Paz Total era novedosa. Incluso después de que una investigación de Ricardo Calderón para Caracol Noticias reveló en plena campaña presidencial que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro y el hoy ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, visitaron diferentes cárceles del país proponiéndole a diferentes representantes de grupos armados ingresar en una negociación de paz, el hoy presidente los respaldó asegurando que una sociedad como Colombia necesita de un perdón generalizado. Dijo en su momento el presidente: "¿Podríamos pensar que es posible que, a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas le ha llegado un momento de perdón social generalizado? Yo pienso que sí". Ante la polémica, los congresistas encargados decidieron engavetar la propuesta de ley de sometimiento. Pero en diciembre, cuando la Corte salvó el proyecto de la Paz Total, Antonio José Correa revivió la reforma que le daría segundas oportunidad y acogería a grupos armados. Pero el senador Correa no está exento de polémica y críticas que pueden afectar el trámite de la ley. Correa, a pesar de ser del partido de la U, es cercano al gobierno. Está en la Comisión Segunda del Senado, encargado de la política internacional y seguridad. Se ha mostrado incluso dispuesto a apoyar la reforma a la salud. A sus 48 años este médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla ha estado metido en varias polémicas. Es que arrancó su carrera como funcionario público de la mano de Enilce López, la “Gata” fallecida recientemente. La reina del chance le dio la secretaría de salud de Magangué mientras su hijo, Luis Alfonso López, condenado por homicidio, fue alcalde del municipio. Es imposible desligar el nombre de Antonio José Correa del de la “Gata”. En el 2010 llegaría al senado con 56 mil votos. La mitad, 22 mil de ellos, vinieron de Sucre. Según lo reveló en su momento el portal La silla vacía, Correa contó con la ayuda de su mentora política “López puso a su estructura a conseguirle votos a Correa. De hecho, el senador aceptó que en 2010 recibió 200 millones del hijo de EnilCe, Alfonso López”. El año pasado la Corte Suprema acusó a Correa de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en unos contratos celebrados con Coldeportes. El marco jurídico de este proyecto de ley beneficiaría a ex paramilitares, quienes están pendientes de que se les definan sus condenas, que quedarían muy reducidas, y además les serviría a grupos como el Clan del Golfo o los Pachenca, pero también contribuiría a destrabar la negociación con la segunda Marquetalia. Las penas que tendrían que pagar estos grupos estarían de la mano de la justicia restaurativa buscando beneficios para la sociedad en materia de verdad y de reparación. Lo cierto es que no es la primera vez que se trata de tramitar una ley que contribuya a someter a grupos con profunda relación con el narcotráfico y la extracción de rentas ilícitas. Incluso no sería la primera vez que el Estado Colombiano diera concesiones en estas negociaciones a cambio de que se desmovilizaran estos grupos. Pese a que por ejemplo en el Caso de las AUC la disminución de la violencia fue evidente, hoy el Clan del Golfo tiene presencia en 233 municipios, de acuerdo con la base de datos de la Fundación Pares. El debate hoy va a estar centrado en la figura del senador Correa, por su polémico pasado, pero también otra vez revivirá el “politicómetro”. No obstante, los retos para el país de una ley de esta naturaleza no están necesariamente relacionados con la desmovilización de grupos en lo que el país ha sido exitoso, sino en la prevención de nuevas violencias y de aparición de nuevos aparatos criminales. En eso, el proyecto presentado es bastante precario.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: El Heraldo En un hito trascendental para la historia contemporánea de Colombia, el próximo 3 de marzo marcará el inicio del cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este encuentro, que se llevará a cabo en San José del Guaviare, se posiciona como un paso significativo hacia la consolidación de la paz en un país que durante décadas ha sido afectado por el conflicto armado. El proceso de paz entre el Gobierno y el EMC ha sido caracterizado por una serie de acontecimientos relevantes que han delineado su evolución y alcance. Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarca, y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias “Willy”, como representantes de la disidencia de Iván Mordisco en la mesa de diálogo. Esta incorporación, anunciada por Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno, se produjo luego de la suspensión temporal de las órdenes de captura en su contra, conforme a una resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 16 de enero de 2024. La resolución de la Fiscalía, respaldada por el Decreto 1081 de 2015, refleja un compromiso con el proceso de paz al suspender las órdenes de captura de los miembros-representantes del EMC, reconociendo así la importancia de su participación en las negociaciones lideradas por el Gobierno Nacional. Este gesto de confianza mutua allana el camino para un diálogo constructivo y fructífero, donde las partes pueden abordar de manera efectiva los desafíos y oportunidades que se presentan en el proceso de paz. El EMC, surgido en 2016 como una facción disidente de las FARC durante las negociaciones de paz, representa un grupo que optó por mantenerse al margen del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de la guerrilla. Con una estimación de al menos 3.400 integrantes, de los cuales más de 2.100 están armados, el EMC ha emergido como un actor significativo en el panorama político y social de Colombia, desafiando las narrativas convencionales sobre el posconflicto. Desde sus primeros encuentros, el Gobierno y el EMC han logrado avances significativos en el proceso de paz, marcados por la firma de varios acuerdos que abordan aspectos clave para la estabilidad y la reconciliación en el país. Entre los acuerdos más destacados se encuentra el compromiso del EMC de renunciar al secuestro con fines económicos, un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera y sostenible. Además del cese al fuego, que actualmente está vigente hasta el 15 de julio de este año con posibilidad de prórroga, se han firmado acuerdos relacionados con la protección a la población civil, la participación de la sociedad civil, la intervención territorial y el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Estos acuerdos reflejan el compromiso conjunto de ambas partes de abordar los desafíos más urgentes y sentar las bases para una paz inclusiva y perdurable. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en los últimos seis meses se ha observado una disminución en las acciones armadas relacionadas con ataques a la fuerza pública y a la población civil. Sin embargo, se han registrado picos de confrontación, como por ejemplo, la crisis en el Cañón del Micay, un escenario de larga data en cuanto a presencia histórica. También se han identificado disputas en Arauca entre el Frente Décimo del EMC y el Frente Domingo Laín del ELN. Registro de acciones del EMC durante el Cese al fuego octubre2023- febrero 2024 Además, Marín destacó que en relación con la mesa de negociación, es importante subrayar que, a diferencia de la mesa con el ELN, esta cuenta con un despliegue territorial que ha permitido trazar una hoja de ruta de acciones en los departamentos de Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare. Se espera avanzar en la realización de acciones para la recuperación de la Cuenca del Río Catatumbo, la concertación de planes sociales en Norte de Santander y la elaboración de planes socioambientales en regiones del Caquetá. El respaldo internacional ha sido fundamental para el éxito y la legitimidad del proceso de paz en Colombia. Países como Irlanda, Suiza, Noruega y Venezuela han actuado como garantes del proceso, brindando su apoyo y asistencia técnica para facilitar las conversaciones y garantizar su cumplimiento. Asimismo, organizaciones internacionales como la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA y las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial como acompañantes del proceso, proporcionando orientación y supervisión para asegurar su integridad y transparencia. El proceso de paz no se limita únicamente a las conversaciones formales entre el Gobierno y el EMC, sino que también incluye una serie de diálogos sociales que se han llevado a cabo en diferentes regiones del país. Estos encuentros, que han tenido lugar en Norte de Santander, Cauca y Arauca, entre otros lugares, han permitido la participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz, proporcionando un espacio para el intercambio de ideas, preocupaciones y aspiraciones.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional podría estar pasando en estos momentos —la tercera y cuarta semana de febrero de 2024— de una fase de negociación a una de congelamiento. Así lo anunció el Comando Central del ELN (COCE), en un comunicado del 19 de febrero, donde acusa al Estado de estar “adelantando acciones violatorias a lo pactado en la Mesa de Conversaciones” y, por tanto, llama “a consultas” a su delegación. La organización guerrillera recrimina al Comisionado de Paz, a las Fuerzas Armadas y a la Policía de estar orquestando una iniciativa de diálogo regional con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Lo que significa estar iniciando otro proceso paralelo de paz con una fracción de está guerrilla. Encendiendo las alarmas del COCE, pues lo consideran una clara violación del Gobierno nacional a los acuerdos firmados recientemente con ellos en las ciudades de México, La Habana, Caracas y Bogotá. En el comunicado, el COCE le recuerda al Gobierno que existe un Comité Nacional de Participación, acordado en la Mesa de Conversaciones, encargado específicamente de estructurar, motivar y atender a la sociedad civil para que participe en este proceso de paz. Labor que viene cumpliendo a cabalidad, pues, durante el segundo semestre de 2023 y lo que lleva de este, el Comité ha realizado 53 encuentros de 77 en total, logrando vincular a muy diversos actores en todo el territorio nacional. El objetivo del COCE, al igual que del Comité Nacional de Participación, es que este año y el próximo esta dinámica con la sociedad civil se mantenga y amplíe. Desean que la ciudadanía se vincule a este proceso, para que ayuden a identificar los problemas que requieren ser atendidos en el país; además que se logre proponer las transformaciones que se imaginan para la paz. En breve, se desea una sociedad participativa y propositiva en el proceso de paz. Sin embargo, para el COCE, con la autorización del Gobierno nacional de realizar los diálogos regionales, las dinámicas planteadas en la Mesa están cambiando. Este está autorizando a un mandatario regional —al gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar— a que a partir de la primera semana de marzo explore con un frente del ELN una salida negociada al conflicto. Abriendo con ello una puerta muy problemática tanto para la dirección central de está guerrilla como para el mismo Gobierno. Para el ELN es problemático, porque el Gobierno le está abriendo puertas a que, si así lo desean, otras fracciones de esta organización guerrillera —de manera autónoma y con deseos manifiestos de querer negociar la paz— exploren salidas al conflicto en diversos lugares del territorio nacional. Lo que provocaría un debilitamiento del COCE como organización y pone en evidencia una posible crisis interna que ellos podrían manejar. Para el Gobierno abrir está puerta significa poner a funcionar otro frente de la Paz Total, uno que hasta ahora ha explorado poco. Aquel que la Ley 2272 de 2022 le han llamado “diálogos regionales vinculantes”, con el que se buscaría  la  resolución  de  las  conflictividades  sociales en los territorios. Este frente propone a las autoridades municipales y departamentales que sean ellas las encargadas de convocar a la sociedad para que se vinculen en la soluciones de problemas de seguridad comunitaria. Este es un frente de trabajo que para el Gobierno, como se advierte, tiene varios problemas, entre ellos la poca claridad que hay en cuánto al poder que tiene el Ejecutivo para delegar a los entes territoriales el tema de negociar la seguridad y la paz, pues está es una responsabilidad constitucional del Estado central. También, en el debilitamiento que podría generar a la Mesa de Conversaciones con el ELN, lo que le quitaría fuerza al proceso y causaría confusión entre la ciudadanía al ver tantos frentes de trabajo con la misma guerrilla. Y, finalmente, en el envío de un mensaje contradictorio al ELN y la pérdida de confianza en el adversario. Pues, por un lado, le piden y exigen unidad de mando a la guerrilla, para que controle sus tropas y pueda cumplir a cabalidad los acuerdos pactados —como la implementación de las ayudas humanitarias y del cese al fuego—, pero por el otro, están autorizando los diálogos regionales con fracciones del mismo ELN, lo que significa está atacando la imagen de unidad que ella estaba logrando. En síntesis, la autorización que el Gobierno nacional le está dando al gobernador del departamento de Nariño de realizar diálogos regionales con fracciones del ELN está poniendo en riesgo de parálisis y debilitamiento el proceso de paz con esta guerrilla. Además de poner en tela de juicio la unidad de mando de esta agrupación y evidenciar los probables problemas internos, crea desconfianza entre las partes y permite que reduzca ritmo un proceso que mostraba avances significativos. A pesar de estos problemas, y de que el COCE haya decidido llamar a sus representantes en la Mesa de Negociaciones a “que paren el proceso mientras resuelven un problema fundamental”, es importante guardar la esperanza de que esta nueva piedra en el camino se supere pronto. Estamos frente a un proceso que ha logrado avanzar considerablemente, son varios los acuerdos firmados en estas seis rondas de negociaciones que lleva, entre ellos, uno donde se renovó un cese al fuego por 180 días —que apenas cumple un mes próximamente—. Además se cuenta con el acompañamiento de una serie de países amigos —en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, que con su experiencia y conocimiento, sabrán proponer a las partes una salida a esta nueva fricción. En este sentido, esperemos que está fase de congelamiento, de iniciarse, dure poco. Y que las dificultades se conviertan de nuevo en una oportunidad para aprender y avanzar de manera más segura en el camino de la paz. *Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Programático de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: El Colombiano El Gobierno Nacional, al cual muchos analistas dieron por muerto en su relación con el Congreso, luego de la primera legislatura ha logrado adaptarse a los retos que le presentan los partidos tradicionales y ha encontrado en las bancadas de Cámara de estos partidos a sus mejores aliados. El 21 de febrero de 2024 se conoció que Luz Cristina López reemplazaría a la saliente ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. La noticia puso la lupa sobre el Partido Conservador, pues López, pese a tener una hoja de vida relacionada con la cartera ministerial, es cercana al representante conservador del Cesar, Alfredo Ape Cuello. La jugada de Cuello también le permite crecer políticamente por si algún momento necesita desligarse completamente del clan todo poderoso allí, el clan Gnecco. Al conocerse la noticia el primero en reaccionar fue el senador y presidente de la colectividad, Efraín “Fincho” Cepeda. Cepeda negó cualquier relación directa de la ministra con el partido. A las pocas horas, presentó su renuncia como presidente ante el Comité Nacional, la cual fue negada el 22 de febrero. Todo este remolino de hechos tiene que leerse con calma. El Gobierno Nacional, en su estrategia de negociación uno a uno no excluyente, es decir la negociación con un congresista puede atraer y formar minibancadas en los partidos, ha encontrado en los representantes a la Cámara, en este caso en el Partido Conservador, una manera de aceitar mayorías para las reformas y tratar de implosionar poderes como el de Fincho Cepeda. Aun así, el siempre hábil Cepeda al presentar su renuncia y ser confirmado al día siguiente por el Comité Nacional Conservador le mandó un mensaje claro al Gobierno: quien manda en el partido es él y toda negociación para llevar al Conservador a votar las reformas debe ser con él. Pese a este mensaje de Cepeda y su poder, especialmente en la bancada del Senado, Ape Cuello no es el único representante que ha logrado negociar con el Gobierno. Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, habría logrado poner la persona a cargo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. La estrategia de negociar con representantes a la Cámara no es nueva, ya pasó con el Partido Liberal. Estrategia en el Partido Liberal El Gobierno Nacional a inicios de su mandato trató de implosionar al Partido Liberal y en especial la presidencia de César Gaviria. Esto trató de hacerlo con figuras aliadas como Julián Bedoya, el exsenador liberal cuestionado por la obtención de su título como abogado y jefe de su propio clan político. Pese a ello, César Gaviria, quien nunca pone candidato presidencial porque ha logrado siempre tener juego político al negociar con los gobiernos de turno por su presencia en el Congreso, consiguió mantener la presidencia Liberal. El Gobierno al ver que su estrategia no funcionó, pasó a buscar aliados en la Cámara de Representantes y logró en el 2023, por ejemplo, 18 de los 33 integrantes de la bancada de Cámara le pidiera en una carta a César Gaviria discutir internamente el voto a la reforma a Salud. Los grandes aliados en esa bancada han sido María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima e integrante del clan de Julián Bedoya, Andrés Calle, del clan Calle y presidente de la Cámara y Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, jefe del clan Torres del Atlántico. El último nombramiento que favorecería a integrantes de ese liberalismo afín al Gobierno sería el de Ana Cecilia Valencia Aguirre. Según Cuestión Pública, Valencia, quien fue financiadora de campañas de Julián Bedoya, sería la nueva subdirectora de Talento Humano en el ICFES. Como se dijo anteriormente María Eugenia Lopera, fundamental en Cámara para el trámite de las reformas sociales, es parte del clan de Julián Bedoya. En Senado Bedoya también tiene su ficha y es el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría. ¿Y el Partido de La U? A diferencia del Partido Conservador y el Partido Liberal, donde el Gobierno ha buscado implosionarlos y a sus direcciones, primero con cabezas del senado como Carlos Andrés Trujillo en el Conservador, y luego con representantes a la Cámara, en el Partido de La U esto no ha pasado. El Partido de la U, el cual tiene una codirección conformada por los senadores Juan Carlos Garcés, Juan Felipe Lemus y Alfredo Rafael Deluque y los representantes Víctor Manuel Salcedo, Hernando Guida Ponce y Wilmer Carrillo, pese a declararse en abril del 2023 como independiente no ha sido un gran problema para el Gobierno. Esto tiene una explicitación y nombre propio, Dilian Francisca Toro. La antigua presidenta de La U y ahora Gobernadora del Valle logró en el 2023, antes de lanzarse a la Gobernación del Valle, que su partido mayoritariamente se alineara con algunas banderas del Gobierno, como pasó y pasa actualmente con la reforma pensional. Norma Hurtado, integrante del clan de Dilian Francisca Toro y presidenta de la Comisión Séptima del Senado ayudó al Gobierno a que se debatiera y aprobara la reforma pensional. Ahora la ponencia sustitutiva de Hurtado en plenaria de Senado podría salvar, de nuevo, la reforma pensional y sacar la reforma de Senado y pasarla a Cámara, donde los números son más favorables para el Gobierno. En contraprestación a esto La U tendría puestos en el ejecutivo. Según la periodista Paola Herrera para el 2023 desde el Ministerio de las TIC´s, dirigido por Mauricio Lizcano, antiguo senador del partido, se le habrían abierto espacios a congresistas de esta colectividad tanto en el ministerio como en entidades adscritas como la Agencia Nacional del Espectro y a la Agencia Nacional Digital. El Conservador, el Liberal y La U son fundamentales en los números del Gobierno, pues en Cámara tienen 27 (14,43%), 33 (17,64%) y 15 (8,021%) y en Senado son 15 (14,28%), 13 (12,38%) y 8 (7,61%), respectivamente. Sin duda alguna el Gobierno Nacional ha logrado mantenerse vivo en el Congreso con su estrategia uno a uno, pese a ser, per se, bastante costosa. Ha logrado que en partidos como el Liberal y el Conservador se discutan tanto política e ideológicamente las reformas. Mientras que logró que el Partido de La U se adaptara y se volviera en algunos momentos su gran aliado, como la reforma pensional.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Vanguardia, Ambito Jurídico y El Colombiano En los últimos años la acuciosa periodista María Isabel Rueda convirtió su espacio de opinión en el diario El Tiempo en una trinchera antipetrista. No obstante, en su última columna, Rueda reconoce la importancia de la doctora Amelia Pérez, una de las ternadas por Gustavo Petro y, quizás, la más opcionada para ser el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Sin abandonar su maso, cuestionando los desafortunados trinos contra periodistas críticos del presidente Petro que hizo su esposo, Gregorio Oviedo, Rueda resalta una hoja de vida intachable. Y además su valentía. Rueda no sólo recuerda que Amelia Pérez, en mayo del 2003, tuvo que salir exiliada a Canadá mientras investigaba la bomba que puso las FARC al club el Nogal que dejó 36 muertos, sino que se desempeñó como fiscal y juez en lugares tan peligrosos como Puerto Boyacá -fortín del paramilitarismo en los noventa- y Pacho, Cundinamarca, la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha. A Amelia Pérez hace veinte años nadie la pudo cuidar. Su jefe -tal y como lo reseña el Colombiano en un perfil- el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, habló con ella y le dijo que le quitaría su esquema de seguridad. Tenía encima a todos los grupos armados, fueran de izquierda o de derecha. Las amenazas eran una constante. Siempre habían sido una constante. En 1983, con el cartón de abogada de la Universidad Libre recién impreso, se fue a impartir justicia en Puerto Boyacá. En esa época la ciudad tenía un letrero en su entrada: Bienvenidos a la capital antisubversiva de Colombia. Ubicada en el corazón del Magdalena Medio, tenía políticos que respaldaban la creación de grupos de autodefensa supuestamente para contrarrestar a las guerrillas. Así hizo campaña el congresista Pablo Emilio Guarín, quién tenía entre sus asesores a Iván Roberto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez, fogoso ideólogo del Bloque Central Bolívar de las AUC. Allí también pastaba Henry Pérez, el hombre que organizó el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 y tenía propiedades Pablo Escobar Gaviria. En una época en donde a los jueces les daban dos opciones, o plata o plomo, Amelia Pérez escogió la de la dignidad. Empapeló a los hermanos Vicente y Fidel Castaño, en 1986 fue trasladada a Pacho Cundinamarca. Este municipio cercano a Bogotá vivía una extraña bonanza manchada de sangre. Era la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, una de las cabezas del Cartel de Medellín. En algunas ocasiones se ha llegado a afirmar que este capo de la mafia llegó a contar con un ejército de 10 mil sicarios. Así lo afirma José Leonardo Gallego, comandante de la operación que terminó con su muerte en diciembre de 1989 cerca a Cartagena. Gacha tenía en Pacho su hacienda favorita, la Chihuahua, en donde tenía, entre otras excentricidades, un pequeño palacio para Tupac Amarú, su caballo favorito. Gacha ordenó el asesinato de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP en 1986. Como se comprobaría en investigaciones posteriores, le ordenó a William Infante, uno de sus hombres de confianza, contratar un grupo de seis sicarios y pagarle a cada uno de ellos 30 millones de pesos por el asesinato del líder de izquierda. Amelia Pérez se le paró de frente al temible asesino y lo señaló de ese crimen y de muchos otros más. No la detenían ni los amigos poderosos ni mucho menos las amenazas. En los noventa investigó las masacres del Aro, Trujillo y Pichilín. Pérez además investigaría a uno de los generales consentidos del uribismo, Rito Alejo del Río, en 1995, cuando era considerado “el pacificador de Urabá”. Rito Alejo, quien fue homenajeado por Álvaro Uribe en 1999, durante una ceremonia en el Hotel Tequendama de Bogotá, fue condenado por su colaboración con las AUC en Urabá. A pesar de esos enemigos tan poderosos, a Amelia Pérez la dejaron sola en el 2003. La medida de quitarle el esquema de seguridad fue una afrenta de su jefe, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio quien consideraba que ella llevaba la investigación del Nogal “de manera irregular”. A Canadá se fue con ella su marido, Gregorio Oviedo, ex director del CTI en Antioquia, sus dos hijos y su mamá.  En el 2012 regresó a Colombia y en el 2020 la Comisión de la Verdad recibió su testimonio como exiliada del conflicto. En la votación de la Corte Suprema del pasado jueves 22 de febrero Amelia Pérez estuvo muy cerca de alcanzar los 16 votos que necesita para ser elegida. De la terna presentada por Petro es la más opcionada. En una cruzada que arrancaron los medios críticos del gobierno, están intentando descalificarla por una serie de trinos que ha puesto en el pasado su esposo. Según Darcy Quinn esto la habría sacado de la contienda ya que quedaría inhabilitada. Se perdería entonces la oportunidad de tener a una verdadera Dama de Hierro al frente de la Fiscalía.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Infobae y El Tiempo Los medios de comunicación tomaron como una noticia pintoresca la orden que dio la JEP de que el general en retiro Henry Torres Escalante pagara sus crímenes sembrando árboles en Sumapaz. No todos estaban contentos con la decisión. Algunos estaban indignados. Sobre todo las víctimas. Una de ellas era Yohana Torres. La brigada XVI que comandaba el general asesinó en Casanare a su papá, Daniel Torres Arciniegas y a su hermano, Roque Julio Torres Torres en el 2006. La razón del asesinato fue denunciar las atrocidades que estaban sucediendo en la vereda Aguazul donde su vecino, Hugo Araque, fue asesinado por soldados de la Brigada. Lo torturaron, lo amarraron en un árbol antes de balearlo. Los uniformados intentaron torcer su versión. Según ellos Araque era un guerrillero del ELN. Ellos sólo cumplían con su deber. Los soldados de ese batallón siguieron matando gente en esa vereda. Así cayó otro inocente, Fredy Sanabria, un campesino que se había ido de una fiesta a llevarle un plato de comida a un amigo. En el camino se encontró con soldados de la Brigada 16, comandada por el general Torres Escalante. Al campesino lo arrodillaron y luego le dispararon a mansalva. Los Torres, Padre e hijo, lo vieron todo. La versión entregada por los uniformados hablaba de que Sanabria era un reconocido extorsionista del ELN. Tiempo después se conocería la verdad. Pero, en ese momento, los únicos que señalaban estos crímenes como obra de miembros del ejército eran los Torres. Les empezaron a llegar amenazas. Que mejor se callaran, que no se metieran donde no los han llamado. Que cerraran la jeta. El 12 de noviembre del 2006 soldados de la Fuerza de Tarea Oro Negro llegaron hasta la finca el Triunfo, propiedad de los Torres, y les dijeron, pistola en mano, que si seguían hablando los mataban. A Daniel no le importó y siguió denunciando. Bastante había tenido toda su vida con tenerle miedo a los paracos y a los guerrillos que se disputaban la zona como para temerle ahora a la advertencia del ejército. Dejó claro que si le pasaba algo los culpables eran los uniformados. El ejército tenía paciencia. Les montaron una trampa. A su finca llegó herido Bernabé Castro, supuesto guerrillero del ELN. Tenía el cuerpo cortado con machete. Los Torres lo atendieron, le prestaron ayuda y esta fue la excusa que necesitaba la Brigada para ir con todo contra padre e hijo. La operación estuvo a cargo del subteniente Marco García, perteneciente a la Brigada 16. Años después, en el 2012, confesó todo ante la Fiscalía: "el 15 de marzo de 2007 fui llamado al COT, eso es de comunicaciones (sic), en donde se iba a planear una operación dirigida hacia la vivienda del señor Daniel Torres (…) De acuerdo a lo que planeó, por orden directa del comandante de la Brigada, en ese entonces coronel Torres Escalante, se trataba de ir y dar de baja estas dos personas”. Los mataron delante de su familia, de su hija Yohana Torres. La orden del asesinato de los Torres la dio el general Torres Escalante. Las pruebas eran abrumadoras contra él pero la justicia se movió lento. Incluso de sus familiares, entre las que estaba su hija, Johana Torres. Ella tuvo que ver como, hasta el 2015, el general Torres Escalante era condecorado, premiado y hasta se le dio la deferencia de estar al frente del Comando Conjunto No 2 del Sur Occidente. Allí duró hasta el año 2016 cuando la mano de la justicia por fin lo alcanzó. Siete años después, en el 2023, reconoció ante la JEP estar implicado en 146 crímenes que condujeron a casi 300 falsos positivos. El afán por conseguir resultados en tiempos de la Seguridad Democrática llevó a este general, comandante de la brigada XVI en Casanare, a exigir litros de sangre. Se hizo justicia pero Torres Escalante no pagará su pena en una cárcel común. Se acogió a la justicia restaurativa y por eso parte de la condena será reforestar el páramo de Sumapaz. Torres Escalante participará junto a otros 40 miembros de la Fuerza Pública que estarán en un polígono de 15 hectáreas sembrando 2.800 árboles. Torres estará al lado del mayor retirado Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre los años 2006 y 2007, implicado también en el caso de falsos positivos en ese departamento. Este es un ejemplo de cómo se puede reparar. Sin embargo hay dudas. Yohana Torres está de acuerdo con que el asesino de su papá trabaje en restauración ambiental, pero cree que estaría mejor que esta restauración se hiciera en el lugar donde ellos cometieron sus crímenes. Además de que deben presionar a estos oficiales para que digan en donde están los cuerpos de las decenas de las personas que permanecen desaparecidas en el lugar donde se desarrollaron los hechos. En los años en los que Torres Escalante compareció ante la JEP se le vio distante, frío con las víctimas. Las verdades que dio no fueron suficiente para que sus víctimas le crean. Yohana Torres sobre esto le dijo a El Tiempo: “Una persona que no ha sido sincera con las víctimas diga que las va a restaurar con este acto. El primer paso es que él siente y sea sincero, que asuma no sólo por omisión, y luego si pase a restauración”. No deja de ser histórico que la JEP le aplique la justicia restaurativa a un general que hizo tanto daño. Pero la víctimas, como Yohana Torres, inevitablemente, pondrán reparos ante estas medidas.

Por: Guillermo Lineros Hace pocos días, fue víctima de un atentado criminal el cura Ramiro Arango Escobar, por ser un acérrimo y sensato petrista; es decir, por visualizar las mismas inequidades y corruptelas que son causas motivadoras del gobierno del cambio. Luego de ello, tanto la policía como las agencias de inteligencia y seguridad del estado, se ofrecieron para darle protección. Con todo, pese a la gravedad del hecho delincuencial, el cura las rechazó aduciendo que no creía ni en la policía, ni en el ejército, ni en la fiscalía, ni tampoco en las cortes. Según el cura Arango, esta decisión la funda en su experiencia de vida ciudadana, que para quienes tenemos aproximadamente su edad, está marcada por las malas maneras de los últimos gobernantes, que lograron forjar con paciencia de mentes criminales, una narcocracia. De hecho, lo peor de nuestra historia política comenzaría por ahí, con la trasmisión de un poder soportado en el egoísmo y la aporofobia, y tradicionalmente en manos de unas pocas familias (podríamos decir que clanes) a otro nuevo poder, el traquetismo, soportado en su connatural preferencia por la incultura o, lo que es peor, por los crímenes y la corruptela. La primera fase –correspondiente a la narcocracia- la iniciarían –tal vez inadvertidamente- los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Samper, y serviría de base, para una segunda fase con la cual buscarían la construcción de un narco estado, como lo hicieron -sin lograrlo plenamente- los ex presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Por fortuna, esta última fase no alcanzaron a consolidarla, porque los estados no son propiedad de los gobernantes, ni de los grupos de poder económico (el llamado régimen), ni tampoco de la delincuencia organizada; y no lo son, porque estos mentados sectores sociales no conforman la mayoría popular. Quienes tienen la edad del padre Arango, e incluso los jóvenes atentos a la realidad política –los protagonistas del llamado “estallido social-, son conscientes de esta vergonzosa realidad: en Colombia, antes del presidente Gustavo Petro, ningún gobernante, ninguna institución judicial, y ni siquiera los humildes agentes de la policía, eran dignos de credibilidad. Algo que, si bien no ha cambiado totalmente, su avance es perceptible a pasos agigantados. Por todo esto, me pregunto y les pregunto a mis lectores ¿qué tanta razón hay en la decisión del cura Arango para no creer en los administradores de la justicia? Según la Real Academia Española, creer es tener algo por cierto, como que los magistrados de la Corte Suprema son impolutos y conocen y respetan perfectamente la Constitución y las leyes. Y creer es confiar en los demás, sin conocerlos de manera directa, sin tener pruebas de su buena o mala conducta, sin saber cómo se comportan en sus cotidianidades, y sin tener la menor idea de sus valores morales, éticos y cívicos. En tal suerte, creemos de buena fe en los magistrados de la Corte y evitamos preguntar, y aún menos indagar –pues no somos detectives judiciales ni periodistas investigadores- si en efecto estos magistrados están haciendo las cosas bien. Al menos nada distinto nos dicta la constitución, el respeto por las personas y la puesta en práctica del principio de buena fe cuando se trata de calificarlas sin tener por cierta nuestra acusación. Sin embargo, la misma RAE, describe o define esta actitud del padre Arango Escobar, como un descreimiento –descreer es el verbo- como algo demostrativo de que una vez se creyó en las instituciones, en las cortes y en los gobernantes. Pero, descreer es también desconfiar de algo (de la narcocracia) o de alguien (de los magistrados de la Corte con familiares empleados en la fiscalía). Es muy  difícil creer en los magistrados, como es difícil creer en los políticos, pues en la historia poco hay memoria de sus logros y aportes; mientras que sí tenemos claro en nuestra memoria, lo que además es un hecho difundido ampliamente por los medios de comunicación: que en las altas cortes –no importa sin en manos de ex magistrados- regía un cartel de corrupción judicial (el cartel de la toga). El sólo hecho de reconocer que los altos magistrados de la corte suprema, tuvieron de negocio la promoción y venta de injusticias, así como sus lazos de consanguinidad con empleados de la actual fiscalía, bastan para que ahora las colombianas y los colombianos desconfiemos de ellos. Si embargo, esa pérdida de confianza puede revertirse, sólo y únicamente, con la buena conducta de los magistrados. Si demuestran, por ejemplo, que en verdad conocen la Constitución y las leyes –especialmente la Ley estatutaria de la administración de justicia y su artículo 54- y cumplen con el deber de elegir a una fiscal entre las ternadas, que por haber sido validadas por ellos se concluye objetivamente que deben votar sí o sí, al menos por aquella de las tres aspirantes que menos les disguste.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Dicen que los Muiscas, hace muchos años, subían hasta una laguna cristalina en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón. Ellos creían que este sitio era uno de los sitios más puros de su territorio. Hoy en día, en este lugar, nace el río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo. Desde los años ochenta se han publicado notas en diferentes medios sobre el ecocidio que significa para esta ciudad que sus aguas se hayan convertido en el vertedero de residuos tóxicos de muchas empresas. La espuma radioactiva recuerda a un holocausto nuclear. Pensar que a pocos kilómetros de Bogotá el río que lleva su nombre aún conserva la pureza que alguna vez honraron los Muiscas. Uno de los sectores más problemáticos del río ocurre en el barrio San Benito, en una de las entradas a la capital. El olor se siente a un par de kilómetros. El olor de la carne en descomposición. Es que hasta acá llegan camiones con pieles de reces a los diferentes talleres que los transforman en coloridos cueros para hacer zapatos o bolsos. Son las famosas curtiembres del barrio San Benito. Todo ese desperdicio va a parar al río Tunjuelito, uno de los afluentes más fieles que tiene río Bogotá. La gente que vive en el San Benito ha tenido que sufrir inundaciones por culpa de la intervención humana. El Tunjuelito se ha desbordado varias veces, la más trágica de todas fue en 1995 en donde dejó a 1.200 personas damnificadas. En este lugar funcionan cerca de 250 curtiembres. Sin embargo, la contaminación del Rio Bogotá empieza mucho más atrás, en las poblaciones de Villapinzón y Chocontá. Las curtiembres una a una van arrojando sus deshechos al río. Luego pasa por Chía, con una población de 133 mil personas, Cajicá con 59 mil, conta con 32 mil y el monstruo de Bogotá con sus casi 8 millones de habitantes. A esto habría que sumarle la contaminación de los carros, las toneladas de escombros y hasta cadáveres que se van sumando en los 347 kilómetros de recorrido que tiene el río Bogotá. Según el portal A.A “Al salir de Soacha, los parámetros fisicoquímicos del río son alarmantes. El oxígeno disuelto del río se encuentra en 3.8 miligramos por litro (mg/L) al llegar a la cascada del Salto del Tequendama. El cauce recupera una pequeña cantidad de oxígeno hasta llegar a un indicador de 7.8 mg/L luego de su paso por el Salto del Tequendama, un respiro que en su cuenca baja se desvanece cuando el dato llega a los 0,6 mg/L”. Los niveles de oxígeno registrados en el río indican que está prácticamente muerto. El río Bogotá recibe al día 800 toneladas diarias de residuos y 16 mil litros de aguas residuales. Una de las soluciones que se tienen para recuperar el río Bogotá es crear la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas en Soacha, una obra que debería estar lista para el 2025. La CAR aportará el 50% de la construcción de la obra, la Secretaría de Hacienda de Bogotá el 29%, el Acueducto de Bogotá el 19% y la Gobernación de Cundinamarca el 2%. Las dudas que tuvo en su momento sobre el modelo de contratación por parte del ministerio de Hacienda, demoraron su construcción. Con esta PTAR se podría recuperar el 70% del río Bogotá, pero, si no se regulan los riesgos ambientales y las pocas medidas para frenarla por parte de las curtiembres y fábricas que rodean la capital, el río estará condenado

Por: Katerin Erazo, Periodista La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se encuentra actualmente en Arauca, del 22 al 25 de febrero, como parte de los proyectos en colaboración entre Canadá y Diakonía. Esta iniciativa conjunta busca fortalecer los esfuerzos y el trabajo conjunto en la región. En esta ocasión, se están llevando a cabo dos talleres de formación en comunicación para la incidencia, como parte de un proceso más amplio de apoyo a la construcción de la paz en la zona. El primer taller de formación se llevó a cabo en Arauquita, y está programado que el segundo taller se realice el próximo sábado 24 en Tame, Arauca. Estos talleres tienen como objetivo principal abrir el campo de acción de Pares en Arauca y comenzar a articularse con organizaciones sociales locales. Uno de los propósitos fundamentales de estos talleres es construir una agenda de paz fronteriza que resalte la importancia de Arauca y Norte de Santander en el proceso de construcción de la paz nacional. Esto cobra relevancia en el contexto de los diálogos en curso con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. Los proyectos trabajan específicamente con jóvenes y mujeres de ambos departamentos, buscando crear espacios de incidencia y construcción de paz donde puedan participar activamente en estos diálogos. Desde Canadá, se enfatiza en la investigación como base para estas acciones, mientras que desde Diakonía se destaca la comunicación para la incidencia. Esta comunicación se entiende no solo en términos de medios de prensa y redes sociales, sino también como la construcción de puentes con actores institucionales y tomadores de decisiones, para facilitar una interlocución directa entre las organizaciones locales y las instituciones gubernamentales. Los talleres de formación involucran a organizaciones de mujeres y jóvenes, pero también incorporan un enfoque intergeneracional que incluye a otras iniciativas de paz lideradas por personas mayores. Esto refleja la diversidad de actores y enfoques presentes en la región, que van desde la agroecología hasta la promoción del cacao como alternativa a los cultivos de coca. El proceso de formación y articulación en Arauca es solo el comienzo. En los próximos meses, se espera organizar un encuentro fronterizo en Bucaramanga, donde convergerán organizaciones de Catatumbo y Arauca para desarrollar una agenda de paz conjunta. Además, se planifican acciones comunitarias financiadas por Canadá y Diakonía, que permitirán la implementación de una ruta de incidencia liderada por mujeres y jóvenes. Esta ruta incluirá a través de la implementación de distintas narrativas audiovisuales actividades como podría ser grafitis, documentales o espacios de diálogo directo con autoridades, con el objetivo de promover la participación activa de la comunidad en la construcción de la paz en la región fronteriza.