Foto tomada de CableNoticias Me desconcertó la actitud de Álvaro Uribe y sus seguidores ante la designación de una comisión de militares activos para intervenir en el punto de desmovilización y desarme en las negociaciones de La Habana.  Había dicho Uribe que se estaba negociando con las Farc a espaldas de la fuerza pública. Había dicho una y otra vez que en La Habana se le estaba tendiendo una trampa a las Fuerzas Militares. Pero, en el momento en que Santos toma la determinación de enviar a La Habana al general Javier Flórez a la cabeza de un grupo de oficiales, el uribismo levanta la voz para señalar que se está igualando a los militares con los guerrilleros, que se está mancillando el honor del Ejército, que se está desmoralizando a la tropa.  Ni siquiera se detienen a mirar quién es Flórez. Pasan por alto el hecho de que este general ha liderado en los últimos años grandes operaciones contra la guerrilla y ha sido un duro crítico de algunas condiciones de la negociación. No hay el más mínimo peligro de que un militar de estas características haga concesiones indebidas a la insurgencia. Quiero terciar en el debate mostrando la necesidad, la legitimidad y la importancia que tiene esta comisión de militares. Empiezo por contar un hecho especialmente doloroso para mí y creo que también para la fuerza pública. El 23 de septiembre de 1993 fueron asesinados los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) Enrique Buendía y Ricardo González. Eran mis amigos y compañeros.  Por acuerdo entre el gobierno del presidente César Gaviria y la CRS estos jefes guerrilleros habían ido en helicópteros oficiales a buscar y trasladar a los miembros del frente guerrillero que operaba en Urabá para trasladarlos al sitio de concentración y negociación en Flor del Monte, Sucre. Llegaron al corregimiento de Blanquicet, en Turbo, y cuando se disponían a reunirse con los guerrilleros irrumpieron cinco camiones del comando operativo del Ejército en la zona. Los soldados empezaron disparar. Buendía y González se rindieron y aun así fueron acribillados. Por ese hecho fueron procesados y condenados 11 militares y en las audiencias judiciales estos soldados decían en su defensa que no habían sido informados por la parte civil de la mesa de negociaciones de los compromisos para respetar la vida y trasladar a estos guerrilleros al lugar de las conversaciones. Así, en medio de la tragedia, nos dimos cuenta de que la presencia de militares activos en una mesa de negociaciones hace más fácil la coordinación de este tipo de actividades y reduce los riesgos de violar acuerdos y dañar de manera grave los acercamientos.  La posibilidad de incidentes de esta naturaleza en el proceso de paz con las Farc y ELN será mayor por la extensión de estas guerrillas y por las venganzas y prevenciones que ha dejado esta larga guerra. Mi alegría fue grande cuando supe que en importantes sectores de las Fuerzas Militares había plena conciencia de la importancia de su participación en las negociaciones de paz. Ocurrió hace año y medio.  La cúpula militar le pidió a Jennifer Schirmer, profesora de la Universidad de Oslo y orientadora de un proyecto de preparación para la paz de la fuerza pública, patrocinado por el gobierno noruego, que buscara expertos internacionales para hablar del papel de las Fuerzas Militares en la mesa de conversaciones, en el cese de hostilidades, en el desarme, la desmovilización y el posconflicto. Vinieron protagonistas o expertos de Nepal, de Suiza, de Noruega y de Centroamérica. El general salvadoreño Mauricio Vargas, protagonista de las jornadas de reflexión, habló de los acuerdos del 16 de enero de 1992 que sellaron el final de la guerra entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. Fue uno de los firmantes y participó en las negociaciones en la condición de militar activo.  Contó que salía de las operaciones contra la guerrilla, se quitaba el uniforme y se iba a las sesiones donde se discutían los acuerdos. Dijo que ni el gobierno, ni el FMLN, ni la sociedad civil, veían algo ilegítimo o anormal en esta situación. Recordó que para ese entonces se negociaban otros conflictos en la región y en el mundo y la presencia de los militares en las conversaciones era la regla. Valdría la pena que Uribe y sus seguidores le echaran una mirada a las experiencias internacionales y se percataran también de que los militares colombianos se han preparado con antelación para este momento y están lejos de improvisar sobre temas tan serios y decisivos para el país. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de Confidencial Colombia No fue bien recibida en la Federación Colombiana de Educadores –Fecode– la designación de Gina Parody como ministra de Educación. Gina había tenido una relación bastante conflictiva con los directivos sindicales del Sena y eso despertaba graves prevenciones en los líderes del magisterio. Consideraban además que no tenía suficientes conocimientos sobre la educación en este momento crucial para las transformaciones del aparato educativo del país. En los días en que Gina sonaba para el ministerio, la dirección de Fecode le envió una carta al presidente Santos sugiriéndole otro perfil para la cabeza de la educación en Colombia y por diversos medios le hicieron saber la desaprobación con esta candidata a ministra. Han decidido además recibirla con jornadas de protesta a partir del próximo miércoles. Esta vez la dirección de Fecode se sentía con todo el derecho a intervenir en la definición del ministro. Había declinado un paro en el momento definitivo de la campaña electoral y había accedido a un acuerdo sobre su pliego de peticiones para no perturbar aún más las aspiraciones de Santos a la reelección. Con el argumento de respaldar las negociaciones de paz había hecho campaña para la reelección en el amplio sector de los maestros y no es difícil constatar que la gran mayoría de los educadores le votaron a Santos. Aun así no pudieron evitar este nombramiento. Pero Gina es una mujer muy inteligente, le gustan los grandes desafíos y ha recibido del presidente Santos la expresa orientación de iniciar un proceso de concertación con la Federación Colombiana de Educadores para atender los reclamos justos de los maestros y acometer con ellos las grandes reformas que requiere la educación en Colombia. Creo que después de algunas tensiones, después de la medida de aceite, las cosas tenderán a ir mejor y abrigo la esperanza de que Gina y la Fecode sean protagonistas de la revolución educativa que Santos anunció en su discurso de posesión. En los últimos meses he tenido diversas reuniones con Luis Alberto Grubert y Rafael Cuello, presidente y secretario general de la Fecode, también con otros dirigentes del magisterio y con expertos en la educación. He sentido un nuevo aire en el sector. Hay una verdadera preocupación por mejorar la calidad de la educación en Colombia y por transformar la escuela de cara a la reconciliación y a la modernización del país. A los directivos sindicales se les ha criticado siempre la poca preocupación por la idoneidad de los maestros en aras de defender su estabilidad; se les acusa de prohijar la mediocridad de los educadores y de la educación en aras de mantener la cohesión del gremio y la continuidad de un gran espacio sindical ligado a la protesta por reivindicaciones económicas y dispuesto a votar por los mismos directivos en las elecciones sindicales y en las campañas políticas. No es ese el espíritu que he percibido en las conversaciones de estos meses con los dirigentes del magisterio. Defienden con los dientes la nivelación salarial y el incremento de los salarios; exigen que se desmonte la Evaluación de Competencias como único criterio válido para el ascenso; se duelen de la infame agresión que todos los actores armados han perpetrado contra los activistas del magisterio y contra la escuela con la suma atroz de 999 muertos; se la juegan por el fortalecimiento de la educación pública y desconfían de la ola privatizadora que acosa a la educación en los últimos 15 años. Pero dicen a boca llena que su misión ahora es sacar a la educación de la grave crisis en que se encuentra y empeñar todos sus esfuerzos en la construcción de una nueva escuela, de una escuela para el posconflicto. Están dispuestos a negociar un nuevo y exigente modelo de evaluación de los maestros para dar un salto en la calidad de la educación. Señalan que la jornada única y una ampliación significativa de la cobertura en la educación superior supone una gran inversión en nuevos maestros y en infraestructura educativa en todo el país y aspiran a que en pocos años la financiación salte del 4,2 por ciento del PIB al 7,5 por ciento para que se pueda hablar en serio de “Colombia la más educada”. Quieren convertir el inmenso aparato educativo, es decir, las 12.000 instituciones, 50.000 sedes, 332.000 educadores y 10.500.0000 alumnos, en un espacio y una fuerza para promover la reforma educativa, el referendo de apoyo a los acuerdos de La Habana y las inmensas tareas del posconflito. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Marcha Patriótica Hace pocos días recibí un informe especial sobre la Marcha Patriótica y sentí la misma tristeza y la misma preocupación de los días en que recibía a diario noticias sobre la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en los ya lejanos años ochenta del siglo pasado. Este movimiento social y político está en grave riesgo. La investigación fue realizada por la Fundación Paz y Reconciliación y recoge testimonios y documentos de los miembros de Marcha Patriótica en cuatro departamentos. La investigación va más allá de los riesgos de seguridad y explora los propósitos, las ideas y las acciones de esta organización, pero esta columna se limita a demandar del gobierno nacional y de la sociedad una protección especial a la vida de sus militantes y unas garantías plenas para sus actividades. La Fiscalía registra el asesinato de 29 militantes y la desaparición de tres. Pero en la lista de Marcha figuran cuatro personas más asesinadas. Es espantoso. Ahí no para la cosa. La persecución, las amenazas y el encarcelamiento a los simpatizantes y miembros del movimiento es una constante en todo el país, especialmente en Norte de Santander, en Cauca, en Caquetá y en Meta. Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto ocurra, pero ocurre. Otra vez altos funcionarios del gobierno nacional lanzan acusaciones públicas y otra vez alguien abajo se siente autorizado para segar la vida de civiles desarmados que están impulsando protestas sociales y políticas legítimas. Porque la persecución se volvió más intensa después de estas palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012, en una entrevista en Caracol Radio: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”. Solo si el Estado y la sociedad cambian radicalmente la mirada sobre estos fenómenos podemos evitar la violencia. La Marcha tiene asiento en territorios de guerrilla y comparte consignas sociales y políticas con ella, pero es una suma de organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de víctimas, de minorías étnicas y sexuales –2.000 dicen los directivos del movimiento– que tienen como propósito fundamental impulsar las negociaciones de paz y conseguir la terminación del conflicto. Eso es una virtud no un defecto. Eso es contribución a la democracia no a la guerra. En apenas tres años de existencia ha participado activamente en las grandes movilizaciones del estudiantado a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha sido protagonista de los paros agrarios, se ha convertido en el sustento principal de todas las consultas y eventos que la mesa de La Habana ha realizado con la sociedad civil en asuntos agrarios, de participación política, de tratamiento a los cultivos ilícitos y de reivindicación de las víctimas. En la investigación realizada hay una cosa muy novedosa. En muchos municipios donde tiene presencia y fuerza este movimiento la participación electoral ha dado un salto impresionante. Se ha roto una abstención que en algunos casos llegaba al 85 por ciento. Si la paz se firma y la democracia adquiere un nuevo vigor en muchas regiones será en parte por la contribución de este importante grupo de dirigentes sociales, muchos de ellos bastante jóvenes, que han tenido la valentía de lanzarse a hacer política en medio de las balas. La protección de Marcha tiene que ser inmediata porque los efectos de la amenaza y de la muerte ya se empiezan a sentir. En Norte de Santander y en el Meta algunas organizaciones y varios activistas han empezado a retirarse del movimiento para evitar la agresión. Fue lo que ocurrió en otro tiempo con la Unión Patriótica a la que hoy el Estado y la sociedad le está empezando a pedir perdón por el genocidio. Mi propuesta es que Óscar Naranjo, ministro de la Seguridad y el posconflicto, empiece a desarrollar unos puntos específicos de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el acuerdo de participación política reza: “Se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Más adelante afirma: “Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”. Columna de opinión públicada en Semana.com #UniónPatriótica #FederacióndeEstudiantesUniversitarios #ÓscarNaranjo #Participaciónpolítica #JuanCarlosPinzón #MarchaPatriotica #posc

Foto Starmedia Otra vez la guerrilla, otra vez la paz o la guerra, fue el centro del discurso de posesión del presidente de Colombia. Belisario Betancur inició la tradición con una oración dramática  “No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados, ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más de sangre!”. La frase de Juan Manuel Santos tampoco escatimó el drama “Mientras el mundo se incendia en diversos escenarios… Colombia puede y debe ser la buena noticia que necesita la Humanidad  ¡La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental!”. En otro aparte del discurso dijo “Una paz total no es posible si no hay equidad. Y la única forma de lograr la equidad a largo plazo es tener una población bien educada”. Con este enunciado resumió y articuló los pilares de su segundo mandato: paz, equidad y educación. En Colombia las palabras de los políticos han perdido mucho valor, demasiado valor diría yo. A fuerza de incumplir, a fuerza de mentir, los políticos han deslucido el lenguaje, le han restado brillo y convocatoria, han hundido la palabra en el laberinto de la incredulidad. Pero pensemos por un momento en que el presidente dice esto con entera convicción, pensemos en que hará todo lo que está a su alcance para llevar a cabo este ambicioso programa de gobierno. En ese caso las batallas que lo esperan son descomunales y los resultados tendrían una cara muy parecida a una verdadera revolución. De las negociaciones de paz viene lo más duro. Planear el desarme y la desmovilización de una guerrilla afincada en territorios profundos del país y pactar el cese bilateral al fuego como antesala obligatoria a esta dejación de las armas. Encontrar la medida exacta de verdad, justicia y reparación para satisfacer los derechos de las víctimas, contener a los enemigos de la negociación y facilitar, a la vez, la reinserción política de una guerrilla que puede avanzar hacia el reconocimiento pleno de sus responsabilidades y avenirse a penas alternativas, pero difícilmente aceptará cárcel o exclusión política para sus miembros. Y, para rematar, ganar en la opinión y en las urnas el apoyo para los acuerdos de La Habana en medio del escepticismo de la ciudadanía y de la oposición feroz del uribismo. ¡Qué tareas las de los próximos meses! Y vamos a la equidad. Hablar de equidad en un país escandinavo o, incluso, en Uruguay y Costa Rica, países cercanos, tiene el sentido de acercar grupos humanos con una y otra medida de redistribución, pero hablar de equidad en Colombia significa reducir distancias siderales. Si alguien tiene duda de esta realidad vea la sentencia de Juan Ricardo Ortega, el director saliente de la Dian: “Estamos ante una sociedad brutalmente desigual, el 25 por ciento de la riqueza está en el 1 por ciento de la población”; o recuerde que tenemos una de las concentraciones más altas de la tierra en el mundo con 0,85 de Gini; o mire la diferencia que hay entre un estudiante formado en un colegio de un lejano municipio o de un barrio pobre con uno graduado en las grandes ciudades y en los colegios de los estratos más altos de la población; o póngase a pensar en la brecha que existe entre Bogotá y Chocó a la hora de comparar lo urbano y lo rural o el centro y la periferia. Cambiar esto significa darle un vuelco al país en tributación, en transformación del campo, en reordenamiento del territorio. Anunciar que la meta es hacer de Colombia la más educada de América Latina en la propia cara de la delegación de Brasil fue una audacia impresionante. Eso significaría que estaríamos dispuestos a hacer saltar de inmediato la inversión en educación de un 4,2 del PIB a 7,5 por ciento, cifra que ya tiene el país vecino. Son cosas que se están haciendo en la región. No son cosas imposibles. ¿Pero podrá llevarlas a cabo Santos? Sí –y solo sí– se apoya en los innumerables grupos de presión que están exigiendo las reformas.  Sí –y solo sí– logra forjar una masa crítica en los partidos que lo acompañan y en el Congreso de la República para adelantar estos cambios. Sí –y solo sí–  se enfrenta a quienes ya  le ganaron el pulso a Juan Ricardo Ortega en la pasada reforma tributaria y a los grandes dueños de la tierra que les han ganado siempre el pulso a los reformadores del campo. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Pares Herederos del mal, cómo llegaron algunos parlamentarios al Congreso La estudio de la Fundación Paz & Reconciliación realizado en el marco de las elecciones legislativas 2014 en Colombia y que es presentado en el libro Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada da a conocer cómo varios integrantes del Congreso de los que se posesionaron el pasado 20 de julio para el periodo legislativo 2014 -2018 son herederos de estructuras regionales vinculadas con el escándalo de la parapolítica y a su vez cómo fue repartida la famosa ´mermelada’ o cupos indicativos para convertirse en una nueva forma de concentrar altas votaciones con recursos otorgados por el Estado. La investigación se realizó en diez zonas del territorio nacional, teniendo en cuenta antecedentes arrojados por similares estudios en las elecciones regionales del año 2011, donde los departamentos de Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Magdalena y César alcanzaron una categoría de riesgo extremo. Una frase resume buena parte de las conclusiones: en buena parte del país existen problemas serios de democracia local, donde no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Un ejemplo claro es el departamento de Bolívar donde las cuatro principales casas políticas tenían a sus máximos jefes en prisión. Los García Romero tienen a la exsenadora Piedad Zucardi en la cárcel; por su parte Vicente Blel y Javier Cáceres fueron condenados por parapolítica y ni que hablar de los múltiples cuestionamientos que le hacen las autoridades a Enilce López y su círculo familiar más cercanos. Por ello el mecanismo más utilizado por estas élites políticas para mantenerse en el poder del Estado es la llamada participación en ´cuerpo ajeno’, donde hay decenas de ejemplos para citar y hacer el respectivo análisis. Tal situación ocurre con el senador Andrés Felipe García Zucardi, quien es el heredero del viejo clan García Romero en Bolívar, y donde resaltan los problemas de con la justicia de sus padres: Juan José García Romero y Piedad Zucardi, ambos acusados de tener vínculos con ilegales. Los sobrecostos en los gastos de las campañas también quedan evidenciados en los resultados que arroja la investigación, lo que permite determinar una verdadera feria de dinero por parte de los contratistas de las obras públicas. Un ejemplo de ello se dio en Sucre, donde el candidato a la Cámara Pedro León Sierra, quien iba en un principio como fórmula de Teresita García, termino retirándose de su lado para adherirse a la campaña de Yahir Acuña. Dentro de los círculos cercanos a estos políticos se habló de que hubo un pago a León Sierra por parte de Acuña cercano a los 2 mil millones de pesos. La apuesta del libro también apuntó a determinar cómo fue repartida la ´mermelada’ o cupos indicativos en la última contienda legislativa. El análisis recogió el total de parlamentarios que les fueron asignados cupos y la participación de ellos en la construcción de vías terciarias. Por ejemplo se observó el famoso caso del  senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien la opinión lo puso en jaque por ser uno de los mayores beneficiados con ´mermelada’. Se destaca que buena parte de los cupos indicativos en los que intermedió el congresista ‘Ñoño’ Elías fueron destinados hacia inversiones en el municipio de La Uribia, en el norte de La Guajira, en donde el incremento en los dominios electorales representó un aumento del 40%, que en votos, significó de tener 782 en el año 2010 a 4807 sufragios en las elecciones 2014. Otro de los casos significativos es el del político y senador cordobés Musa Besaile Fayad, quien tuvo participación con ´mermelada’ en 19 municipios repartidos en seis departamentos, de los cuales en 10 municipalidades su crecimiento en el dominio electoral superó el 10%. Incluso en Pueblo Nuevo, Córdoba, consolidó el 40% de la votación municipal. A través de estos indicadores el estudio pretende  mostrar efectivamente la forma como la asignación de recursos estatales se materializan en movilizaciones y consecución de votos para redes electorales, las cuales se sustentan en el clientelismo. Una cadena de alianzas y dudas sobre los orígenes de los recursos que se destinaron para financiar las campañas de muchos de los integrantes del  actual Congreso, en el cual el país deposita buena parte de la confianza para alcanzar los acuerdos de paz, están recopilados en Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada. Ficha del Libro Título:  Herederos del mal clanes, mafias y mermelada congreso 2014-2018 Autores: León Valencia & Ariel Ávila Editorial: Ediciones B Venta: Librería Nacional y Panamericana Precio: $36.000

Foto de Pulzo Un Tribunal Nacional Pro Témpore para la fuerza pública y un Fuero Militar Integral figuran como proyectos claves en la agenda legislativa del Centro Democrático. En el primero se trata de revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública desde 1980. En el segundo se propone darle una interpretación amplia y laxa a los delitos relacionados con el servicio y llevar el conocimiento y el juzgamiento de estos hechos a la Justicia Penal Militar. Es una jugada aviesa para halagar a los militares y a los policías con una impunidad total apartándolos de la justicia transicional que se está abriendo paso en Colombia con motivo del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc y el ELN. Desde cuando se iniciaron los contactos y los diálogos con las guerrillas las Fuerzas Armadas se convirtieron en un apasionado campo de disputa. Se sabe que sin ellas no habrá paz negociada. Se sabe que sin su concurso no habrá reconciliación nacional. Eso lo comprenden por igual quienes apoyan las negociaciones de La Habana y las conversaciones con el ELN y quienes las cuestionan. Ambas corrientes tiran de la manga a los militares. Es una apuesta dura, quizá la apuesta política más dura de la vida nacional. Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la tendencia siempre mayoritaria de los generales a respetar finalmente las decisiones del presidente en ejercicio. Pero tienen a su favor la incertidumbre y el miedo que despiertan al final de una larga guerra irregular y degradada que ha golpeado de manera atroz a la población civil. Hay muchas preguntas en la oficialidad sobre el cambio de roles que vendrá en el posconflicto para militares y policías y sobre las garantías jurídicas que tendrán quienes, en algún momento, se han desviado de sus funciones. Son graves interrogantes sobre el futuro de ellos y sus familias cuando se apague el fuego de la confrontación. Uribe ha explotado a fondo el miedo. No descansa un minuto en esta tarea. Los dos proyectos de ley son piezas maestras del juego. La justicia transicional que impulsan el presidente Santos y el fiscal general Eduardo Montealegre busca darle a la verdad un valor político, establecer beneficios judiciales iguales para todas las fuerzas involucradas en el conflicto y ofrecer penas alternativas para los máximos responsables que vayan a juicio. En contravía Uribe y su grupo, a la vez que exigen cárcel para los jefes guerrilleros que vengan a la vida civil, proponen la excarcelación masiva de los militares involucrados en delitos ligados al conflicto y unos mecanismos especiales de justicia con la misión expresa de exonerar a quienes se han desviado de sus funciones constitucionales y legales. Es un regalo envenenado para la fuerza pública. Ese doble rasero no cabe en un proceso de reconciliación. Eso no tiene ninguna posibilidad jurídica, no tiene ninguna legitimidad política, tiene muy pocas posibilidades de pasar en el Congreso y menos posibilidades de sobrevivir al control de la Corte Constitucional, tampoco será aceptado por los organismos internacionales. Solo le servirá al uribismo para mantener la agitación en los cuarteles y para retrasar y enlodar la reflexión necesaria y urgente que debe hacer la fuerza pública sobre la justicia transicional. Lo dicho por el presidente Santos hace pocos días –aún en medio de la demencial arremetida de las Farc contra la población civil– hace parte de los nuevos vientos que soplan en este país adolorido. Dijo Santos: “Lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores reconozcan su propia responsabilidad: las guerrillas, los exjefes paramilitares y los agentes del Estado. Pero no solo ellos. También deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en general”. Hablaba en el Foro de Cultura de Paz y Justicia Transicional. Con estos vientos debe ir la fuerza pública. Todos los militares y policías de Colombia que han participado en el conflicto tienen derecho a que la sociedad les reconozca su sacrificio. Deben ser tratados con dignidad y respeto. De eso no puede haber duda. Solo así avanzaremos hacia la reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas que tienen acusaciones y reclamos justos sobre las actuaciones de la fuerza pública están obligadas, no obstante, a tomar nota de esta realidad. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas que han incurrido en delitos ligados al conflicto deben saber que solo la ola de la justicia transicional les puede ofrecer un camino para su reivindicación. Columna de opinión publicada en Semana.com

El documento Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos recoge la historia política reciente de ocho municipios de cuatro departamentos: Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca; San Vicente del Caguán y La Montañita, Caquetá; Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta; y El Tarra y Teorama, Norte de Santander. Los municipios se escogieron por su pertenencia a las zonas en las que se ejecuta la política de Consolidación[1] e históricamente han sido azotados por las distintas violencias. El estudio de las relaciones entre los concejos y alcaldías es clave para determinar la fortaleza institucional del Estado local, la pertinencia de sus actuaciones en el territorio y, en el caso de la investigación sobre las garantías para la participación política de la Marcha Patriótica, para identificar oportunidades de incursión e injerencia en la vida política local del movimiento. El documento también analiza la participación política de estos municipios desde las elecciones locales de 2003 hasta la fecha. En todos los municipios se observa una reducción significativa de la abstención; lo que supondría una mayor legitimidad de los gobiernos locales. Sin embargo, esa aparente fortaleza de estas instituciones no se traduce en una mejor calidad de la democracia local en términos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. De hecho, en todos los municipios, los temas de la agenda política que preocupa a los políticos dista mucho de lo que preocupa a las comunidades que han tenido que crear mesas paralelas para tramitar sus demandas sobre el territorio. Los dos municipios del Meta fueron los que registraron tendencias más positivas en el aumento de los niveles de participación. Vista Hermosa, por ejemplo, que en 1997 no pudo celebrar elecciones debido a la presión de las FARC, pasó de un porcentaje de participación en las elecciones de 2002 del 14,39 por ciento, al 57.83 por ciento en las de 2011. En 2003, el municipio de Puerto Rico registró una participación electoral del 32.58 por ciento y en 2011, del 61,20 por ciento. Algo similar ocurrió en los municipios de Norte de Santander, que pertenecen a la región del Catatumbo. El Tarra, que vivió un período de inestabilidad política debido a la agresión paramilitar a finales de los noventa y comienzos del nuevo milenio, pasó de una participación electoral del 24.60 por ciento al 59.72 por ciento en la más reciente elección. Y Teorama pasó de una participación electoral del 46.77 por ciento al 63.19 por ciento. Los municipios de Caquetá estudiados también tuvieron un incremento de la participación significativo. En 2003, en San Vicente del Caguán, que hizo parte de la Zona de Distensión, la participación fue del 23,01 por ciento, y en 2011, del 47.29 por ciento. En La Montañita, la participación pasó del 19.29 por ciento en 2003 p al 58,5 por ciento. Esta caída de la abstención progresiva coincide con el debilitamiento de las FARC, debido a la acción del Ejército, y la desmovilización de los grupos paramilitares. Sin embargo, esto no significa que en estos municipios se haya presentado una reducción en los hechos de violencia contra políticos, luego no se podría afirmar que el aumento o reducción de la participación política solo está ligada a la variable del conflicto. En estos municipios se observó que fue clave la ubicación de nuevas mesas de votación en las veredas apartadas, entre otras medidas. También aumenta la participación en los lugares donde hay ofertas alternativas a los partidos tradicionales. No tan pronunciado fue el aumento de la participación en los municipios del Cauca, sin embargo, conservan la misma tendencia. En Buenos Aires, por ejemplo, para las elecciones de 2003 la participación fue del 46.6 por ciento y en 2011, del 57.1 por ciento. Algo similar ocurrió en Santander de Quilichao, donde la participación en el primer certamen electoral estudiado fue del 53 por ciento y en el 2011 del 61.74 por ciento. En todo caso, se puede afirmar que los municipios estudiados registran niveles de participación históricos. Otra cosa muy distinta es afirmar que la cultura política está cambiando, lo cual, según la evidencia que arroja el análisis de las relaciones políticas de cada municipio a partir de los encuentros y desencuentros entre alcaldías y concejos, no es cierto. Es común, en la mayor parte de los municipios estudiados, la elección de cargos como el del Personero en cumplimiento de las componendas políticas tradicionales. Pero más preocupante es el nivel de desconocimiento sobre el funcionamiento de la administración y la falta de aptitud para ejercer los cargos, evidenciados en algunos de estos municipios. En La Montañita, Caquetá, por ejemplo, la mayoría del Concejo eligió una personera que no cumplía con los requisitos elementales para ejercer el cargo y hasta la fecha no había podido ejercer sus funciones. En los municipios del Meta las relaciones la alcaldía y el concejo pasan de un extremo a otro: de ser simples espectadores de las decisiones del burgomaestre, como en el caso de Vista Hermosa, a la confrontación inamistosa y sin ningún fruto de Puerto Rico. En los dos casos, las demandas más urgentes de la comunidad, como el impacto social y económico de la minería, se tramitan por otras vías distintas a los partidos, como las plataformas de las organizaciones sociales o las Juntas de Acción Comunal. Llama la atención que en Puerto Rico, pese a que el Concejo y el alcalde no tienen ningún trato, este último aprueba los proyectos y el cabildo funciona como invitado de piedra. También hay un claro desconocimiento (o falta de recursos) de la rendición de cuentas e información clara sobre la actividad administrativa y del cabildo. En los municipios elegidos para el estudio en el Caquetá se registró un fenómeno interesante: la llegada de proyectos políticos de izquierda, a pesar de que el departamento en las últimas elecciones ha profesado una tendencia a votar por proyectos de derechas. Allí los críticos, que pertenecen a los partidos políticos tradicionales, le endilgan incapacidad administrativa, fruto de la inexperiencia, a estos gobiernos. En ambos casos los burgomaestres cuentan con mayorías y logran aprobar los proyectos de acuerdo sin problema. Sin embargo, los talantes de los alcaldes difieren; lo que se nota a la hora de que los concejales evalúen su gestión. El alcalde de San Vicente del Caguán es más hosco, mientras que el alcalde de La Montañita, quien es un líder reconocido de La UP y tuvo experiencia política en el pasado, incluso celebra que sus opositores hagan debates de control político. Los dos temen a la estigmatización política, pues gobiernan en territorios donde las FARC ha estado presente históricamente. Los municipios de Norte de Santander y el Cauca elegidos para la investigación tienen algunas semejanzas. Por estar ubicados en territorios donde las organizaciones sociales son fuertes y tienen niveles de incidencia en la agenda pública, en los cabildos se escucha con más frecuencia el reclamo de las comunidades, al menos de manera marginal. En los municipios, algunos cabildantes de oposición dan cuenta de un papel importante de control político de los gobernantes. Sin embargo, advierten que la institucionalidad local tiene pocos dientes para abordar los problemas de los territorios donde se cruzan intereses del orden nacional. Así por ejemplo, en El Tarra y Teorama, Norte de Santander, las organizaciones agrarias echan de menos la capacidad de los dos alcaldes de poner en la agenda política el interés de crear una Zona de Reserva Campesina que cobije varios municipios. En Buenos Aires, Cauca, pese a que el Concejo ha puesto de presente el problema que significa la minería ilegal y artesanal, una de las fuentes advierte que las instituciones locales no tienen como controlarlas. Al final de cada caracterización de los municipios, el documento incluye un acápite que describe grosso modo cómo es percibida la Marcha Patriótica en esos municipios. En todos hay presencia de las organizaciones que la integran. Sin embargo, su fortaleza o aceptación tiene distintos grados. De estas variables y su combinación también dependen los niveles de riesgo, pues donde tienen una mayor aceptación disminuyen y viceversa: En los municipios de Norte de Santander, por ejemplo, debido a la capacidad organizativa de Ascamcat, al pasado de municipios como El Tarra, ligado a procesos participativos de la izquierda, la Marcha Patriótica (MP) cuenta con un nivel de reconocimiento y aceptación alto. Incluso, dirigentes políticos y funcionarios de otras organizaciones políticas consideran que en los municipios en cuestión, la MP podría participar en procesos electorales y obtendría buenos resultados. Aunque persiste el miedo derivado de las amenazas (que también las hay en el territorio para sus militantes), este es menor si se compara con lo que sucede en otras partes del territorio. En los dos municipios estudiados ha habido una reconfiguración partidista, en la que han comenzado a tener más simpatía proyectos alternativos. Sin embargo, al examinar en detalle, esta reconfiguración solo obedece a un recambio en las etiquetas, pues las estructuras tradicionales de políticos siguen dominando el territorio. Sin embargo, el hecho de que las marcas electorales se tienen que reinventar para poder acceder al poder es muestra de que hay una necesidad de cambio, que según varios observadores de la política local, podría ser aprovechado por la MP. En los municipios del Cauca, la actividad de la MP es bien vista entre los actores políticos locales consultados. Sin embargo, su agenda política enfocada en las reivindicaciones agrarias compite con procesos organizativos de indígenas y población afro que también los hay en los territorios. En estos municipios no hay organizaciones fuertes de la MP y en caso de que decidan entrar en un escenario electoral se enfrentarían a proyectos políticos como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) que en las pasadas elecciones conquistó una curul en el Senado o con la Alianza Social Independiente (ASI) que tiene un caudal importante en el departamento. En estos municipios, la incidencia de MP lo que hace es complementar y enriquecer la mirada de la izquierda sobre el territorio en un escenario en el que se traslapan intereses y propuestas de distinto orden y en donde las comunidades tienen, pese al conflicto o debido a este, una alta capacidad organizativa. En los municipios del Caquetá y el Meta la MP aglutina organizaciones de base que prefieren usar sus nombres tradicionales y no el del proyecto político. Esto se explica por tres razones: el miedo a la estigmatización, la devolución que hizo el Consejo de Estado de la personería jurídica a la Unión Patriótica y porque aún la MP no ha decidido salir a la competencia electoral. En primer lugar, las organizaciones campesinas de base que integran la MP temen que los relacionen con la guerrilla, como ya ha sucedido en el pasado, y prefieren defender su agenda política a nombre de las Juntas de Acción Comunal o de plataformas integradas por grupos de juntas. En esos territorios la amenaza de reductos del paramilitarismo aún está presente así como el recuerdo de las matanzas contra las organizaciones y líderes de izquierda en el pasado. En segundo lugar, la devolución de la personería jurídica a la UP supuso la resurrección de una marca política, que podría servir de paraguas a proyectos de izquierda, en caso de que haya quienes quieran entrar en el juego electoral. Y en tercer lugar, la MP mantiene una posición ambigua frente a la posibilidad de entrar a competir electoralmente. Hasta ahora, sus dirigentes han decidido dejar en libertad a sus militantes, lo cual permite un amplio margen de maniobra a la hora de decidir a quien apoyar, según las necesidades e interpretaciones de la política en el territorio. Las organizaciones de la MP en los municipios de Caquetá y Meta, fundamentalmente tienen dos prioridades en su agenda: la agraria y la defensa de los derechos humanos. Ellas prefieren defender principalmente sus intereses inherentes a esas preocupaciones, que son de orden económico y social, pero dejar lo político para después. [1] Esta política nació en 2007 como parte del Plan Nacional de Consolidación Territorial diseñado por el Gobierno de Álvaro Uribe para la recuperación militar de los territorios con presencia guerrillera. Sus zonas de priorización han ido cambiando según las prioridades militares, en la mayoría dirigida contra el grupo de las FARC-EP. Desde 2011, bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos su nombre cambió a Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. [2] Desde 2003 hasta la fecha se han celebrado tres certámenes electorales: 2003, 2007 y 2011. En algunos municipios como en el municipio de Vista Hermosa (Meta) se celebraron elecciones atípicas debido a la atípicas debido a un ajuste institucional que debió hacer el gobierno para homologar los períodos de los alcaldes. En otros casos como el de El Tarra (Norte de Santander) en 2003, a causa de las amenazas, no se celebraron elecciones. Descargue aquí: Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos parte I Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos parte II

Foto Caracol Radio El martes pasado me acomodé en un sillón en mi casa y me puse a ver con mucha atención la plenaria del Senado. Quería tener una impresión inicial. Quería reafirmar o desechar la esperanza de que este será el Congreso de la paz y las grandes reformas como lo afirmó el presidente Santos el día de su instalación y como lo están anunciando los medios de comunicación en estos días. Pasaron las horas y las intervenciones y quedé con muchas dudas, con demasiadas dudas. Me dejó un mal sabor el primer cruce de espadas sobre las negociaciones de paz. Con su malicia infinita el senador Álvaro Uribe llamó al gobierno a firmar rápidamente el acuerdo en La Habana para que lo convenido pasara inmediatamente a la refrendación ciudadana. Entre tanto los miembros de su bancada tomaban la palabra y lanzaban una feroz diatriba contra las conversaciones. No vi una respuesta contundente del lado del gobierno. Incluso, oí después a un parlamentario del oficialismo diciendo que quizás estábamos ante un cambio de posición de Uribe. Cierta resignación del senador con la marcha inexorable del proceso de paz. Nada de eso. Uribe y el Centro Democrático no van a aflojar en su discurso, insistirán una y otra vez en que lo que se cocina en La Habana es un pacto de impunidad y una entrega del país y de sus Fuerzas Militares a las Farc, de ahí no se bajarán. Su idea es utilizar el recinto parlamentario para crear un ambiente que les permita derrotar el acuerdo en el momento de la refrendación y en las elecciones locales de 2015. Vi otra cosa el martes. La oposición de derecha gastará buena parte de sus energías en un juicio permanente al gobierno de Santos; a su vez, muchos parlamentarios afines al gobierno o pertenecientes a la izquierda, dedicarán esfuerzos y tiempo a juzgar los dos mandatos de Uribe y a escudriñar la vida del expresidente. El tren arrancó con la proposición de hacer un debate para examinar los nexos de Uribe con el paramilitarismo. Vi una cosa más. El rostro impávido de muchos senadores cuestionados por su vinculación con la parapolítica, por el derroche infame de grandes sumas de dinero para obtener su curul y por posibles nexos con estructuras ilegales vigentes. Esa gran fuerza de los diversos partidos que llega a la impresionante suma de 33 senadores. Esa bancada mixta que participará poco en los grandes debates, que, no obstante, estará pendiente del trámite legislativo para sembrar uno y otro artículo en favor de sus intereses y que concentrará sus esfuerzos en la obtención de puestos y recursos para alimentar su clan político regional. No veo entonces que sea posible realizar en los meses que vienen un debate racional, serio, argumentado, de gran altura, sobre los acuerdos que se están tejiendo en La Habana y sobre los que salgan de las conversaciones con el ELN. La oposición insistirá en mensajes efectistas, en consignas para inculcar en los electores, su objetivo no es construir consensos o establecer desacuerdos fundados en el seno del Congreso, su mirada está en la calle, en los eventos electorales que vienen. Tampoco ayuda la conformación de la bancada del gobierno. Se pueden contar en los dedos de una mano los parlamentarios de esta coalición que tienen un gran conocimiento del conflicto armado del país, una profunda convicción de la salida política negociada y un discurso de paz fundamentado y ambicioso. No veo que sea fácil escapar a debates permanentes sobre los sucesos de la historia reciente del país. Le será muy difícil a este Congreso poner la mirada en el futuro. Hay demasiadas heridas abiertas. Demasiadas discusiones sin saldar. Los uribistas le cobrarán día tras día la traición a Santos. Los golpeados y ofendidos por Uribe no cejarán en su empeño de esculpir en la piedra de la historia cada ofensa recibida. Solo se puede disminuir el peso de estos lastres del nuevo Congreso con la designación de un ministro del Interior que infunda gran respeto por su conocimiento de los temas que están en juego, por su vocación reformista y por la experiencia en el manejo de la vida parlamentaria. También con un gran esfuerzo y un elevado protagonismo de Antonio Navarro, Claudia López, Horacio Serpa, Carlos Fernando Galán, Viviane Morales, Iván Cepeda,  Jorge Enrique Robledo y Armando Benedetti. La duda es mucha, la esperanza poca. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Paz y Reconciliación Desde el pasado 16 de julio, las FARC han dado inicio a una fuerte ofensiva en el departamento de Guaviare, que prácticamente se encuentra incomunicado con el resto del país.El inicio de esta ofensiva se dio con un bombazo a la infraestructura vial entre los municipios de Puerto Cncordia y San José del Guaviare. Luego, el 20 de julio, se presentó un nuevo ataque en el sector de Agua Bonita, en San José del Guaviare contra una antena de comunicaciones. Luego, dos días después, en horas de la madrugada, en la zona de Puerto Arturo, a solo diez minutos de la cabera municipal, las FARC volvieron a atacar con explosivos el acceso al departamento. Según la Fundación Paz y Reconciliación, que hace seguimiento al conflicto armado, el primer ataque sería responsabilidad de la compañía Benhur González del frente 44 de las FARC, mientras que los restantes dos habrían sido perpetrados por el frente Camilo Torres, que cuenta con algo más de 100 combatientes. Este tipo de acciones prende las alarmas dado que en lo corrido del 2014 se había presentado una reducción de las acciones armadas de este grupo guerrillero. Según Paz y Reconciliación, en el primer semestre del año, las acciones armadas disminuyeron el 61 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. De enero a junio del 2013, por ejemplo, hubo 1.068 acciones subversivas de este tipo, mientras que en este mismo periodo del 2014, ocurrieron 410 atentados. Entre atentados y olvido Desde la década de los setentas, Guaviare es un territorio con presencia histórica para las FARC, con la creación del Frente Séptimo que operaba en la serranía de La Macarena. Este departamento fue uno de los cuatro donde el paramilitarismo nunca logró consolidarse, pese a que en el norte, durante un tiempo, hubo presencia de alias ‘Pirata’ y ‘Cuchillo’. En los diálogos del Caguán a finales de los noventas, las FARC lograron dominar casi de forma absoluta el territorio con retenes y ataques constantes a destacamentos de la fuerza pública. La tendencia parece indicar que la situación en el Guaviare puede empeorar. Según fuentes de inteligencia de la Policía, la compañía de orden público Wilson Palacios –parte del frente 44 que opera al norte del departamento– regresó a la zona. Durante cinco años, esta estructura estuvo prestada al frente 16 de las FARC que opera en Vichada. Dicho frente se ha recuperado de la fuerte ofensiva de la fuerza pública que lo llevó casi a su desaparición, luego de la muerte del ‘Negro Acacio’; ahora cinco frentes de esa guerrilla hacen presencia en el territorio. Según fuentes locales, a los ataques de las FARC se suma el abandono de la región por parte del gobierno nacional. Un funcionario quien prefirió permanecer en condición de anonimato aseguró que las alcaldías y la gobernación han tenido que asumir los costos de la construcción de vías e infraestructura. Entre el 2004 y el 2007, la fuerza pública lanzó una fuerte ofensiva militar en los llanos orientales y las FARC se vieron obligadas a replegase hacia el sur del departamento y el norte de Vaupés. En los últimos años, las FARC crearon dos frentes: el frente 81, que opera en los límites entre Guaviare y el departamento del Caquetá, y el Camilo Torres, predominante en el sur del Meta y norte de Guaviare.

Llegar a Hacarí en Norte de Santander es un trayecto largo. Transcurridas seis horas por la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, en el sitio conocido como La Ye en Ábrego, empieza una carretera de piedras y tierra que desde entonces se vuelve familiar, hasta llegar, dos horas después, al pueblo de Hacarí. Los vehículos de transporte público a falta de un sistema de aire acondicionado, deben bajar las ventanas para dejar ingresar el aire necesario a 30° centígrados; de paso, el cabello y la ropa oscura quedan blancos de la polvareda como en tiempos de carnaval. El siguiente recorrido para llegar al corregimiento de Mesitas, donde está el refugio humanitario, es en moto. Es la única opción para transitar una vía que nunca ha sido pavimentada y que fue construida tramo a tramo, a pico y pala durante años, por los mismos campesinos. Orangel Galvis es padre de una bebé de nueve meses. Tuvo que llevarla, junto a su esposa al casco urbano de Hacarí por temor a que en la montaña de la cordillera oriental fueran alcanzadas por una bala. Fue uno de los primeros en llegar a la Escuela de Mesitas el 16 de junio, cuando decidieron crear el refugio humanitario, una medida de los campesinos para proteger sus vidas que quedan a la suerte de los enfrentamientos que se intensificaron cuatro meses atrás entre militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y guerrilleros de las FARC, el ELN y el EPL que operan en el Catatumbo. Tienen claro que no quieren abandonar el campo ni volver a dejarse desplazar. Van a defender el derecho a permanecer en la tierra donde nacieron sus padres y abuelos. A esa reunión se unieron 33 campesinos más, miembros de las Juntas de Acción Comunal de veredas de Hacarí, San Calixto y El Tarra. También llegaron quince militares sin haber sido invitados, quienes irrumpieron agresivamente y ordenaron a los hombres ubicarse manos arriba contra la pared para requisarlos. No encontraron más que monedas y uno que otro papel arrugado en sus bolsillos. En ese momento, jóvenes a bordo de tres motocicletas, llegaron a la escuela. Al ver lo que sucedía frenaron y retrocedieron por temor a ser reclutados; los militares sin dudarlo y frente a toda gente, apuntaron con sus fusiles y les dispararon. Por fortuna ninguna bala alcanzó a los muchachos. La reunión continuó una vez los uniformados se marcharon a petición de los campesinos. El incidente les reafirmó con mayor urgencia el riesgo que corrían; cualquier cosa podía pasar porque a la presencia de guerrilleros, se sumaban decenas de militares, enfrentados en combates que duran hasta ocho horas y que incluyen el lanzamiento de bombas. Las balas agujerearon los techos de zinc de sus casas. Los campesinos decidieron ese día que debían buscar un nuevo hogar, mientras los armados se alejaban de su territorio y les permitían dormir sin temores. No se irían con sus hijos, ropas y animales a las ciudades como muchos ya han tenido que hacerlo, sino que permanecerían allí y acamparían cerca a sus fincas para poder trabajar en sus cultivos durante algunas horas al día. Actuaron rápido. El 24 de junio, llevaron carpas de tela impermeable, colchones y hamacas a la Escuela de Mesitas, donde permanecen desde entonces 150 campesinos que conforman 43 familias. Hartos de esta zozobra tan reiterada, su voto en las elecciones recientes fue por la propuesta de paz del Presidente Juan Manuel Santos. Pero en este lugar los sonidos de balas y bombas no dejan de ser escuchados. La escuela, fue cimentada hace cuarenta años aproximadamente por manos campesinas y en buena medida con aportes del Comité de Cafeteros de Hacarí cuando el grano gozaba de popularidad y dejaba ganancias. Los materiales de construcción llegaron a lomo de mula desde el pueblo por un camino de trocha de siete horas. Hoy enseñan allí cuatro profesores y estudian noventa niños desde 1° hasta 9°. Los más pequeños no saben quien es Diego Maradona ni Bugs Bunny, pero conocen perfectamente el ensordecedor ruido que causan los helicópteros al disparar metralla. La escuela está dividida por la carretera que conduce hacia Hacarí y la que conduce hacia El Tarra. Los campesinos se instalaron en ambas salones de un lado y de otro. El lugar que bautizaron Campamento por la vida, la dignidad y la permanencia en el territorioestá respaldado por los líderes campesinos Carmelo Abril, Gilma Tellez, Pablo Tellez, Yonny Abril y otros miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat, una organización que forma parte de Marcha Patriótica. Con ellos, dos ciudadanos españoles de la organización de cooperantes Acción Internacional por la Paz quienes contribuyen a reducir “la situación de riesgo y amenaza que sufren ante los abusos de la fuerza pública y otros actores armados”, y advierten a guerrilleros y militares que deben mantenerse lejos de la escuela porque allí hay niños, mujeres y hombres que no quieren ser parte de la guerra. Antes de viajar a Hacarí, avisaron de su misión a diversos comandantes del Ejército, la Defensoría del Pueblo y la Personería Regional. Ese es el protocolo. Un día después de organizado el campamento en al escuela, los campesinos escucharon un intercambio de disparos que empezó a las 3 de la tarde y se extendió hasta las 7 de la noche. Los niños lloraban y se aferraban a sus madres y padres cada vez que estallaron las cinco bombas que lanzó la Fuerza Aérea en la siguiente ronda de enfrentamientos, entre las 8 y las 10 de la noche. En esa ocasión las balas cayeron a pocos metros del lugar. Luis Ortiz vive cerca a la escuela en una casa de ladrillo. Dice que en aquel momento, su esposa y él abrazan a sus pequeñas hijas de 3 y 14 años y corrieron hacia el muro más grueso de la vivienda tras el que estuvieron sentados en el piso mientras duró la balacera. Esa era su única protección. La mayoría de casas son hechas de tabla o de bahareque (caña entretejida y barro). Como sea, resultan vulnerables ante el lanzamiento de cualquier explosivo, igual que las personas y los animales. “Las vacas que mantienen en la pradera se acercan a la casa cuando empiezan los disparos. También sienten miedo porque el ruido es bravo”, cuenta la señora Ascanio, madre de Luis. Con la luz del día siguiente, decenas de cartuchos de bala quedaron visibles para los campesinos y en un corral vecino, una gallina y una pisca yacían en medio de un charco de sangre, impactadas por la metralla que desde el aire también dispararon los militares. Como eso sucedió cerca a la escuela, la zona más poblada del corregimiento, las balas también entraron por los techos de lata de las humildes viviendas vacías. Sus habitantes ya se encontraban en el campamento. A excepción de aquella noche, el ambiente que se percibe en el campamento de la escuela es de tranquilidad, familiaridad y compañerismo. Entre los 150 campesinos aportan lo que pueden para la alimentación de todos. De sus parcelas llevan bultos de yuca, pimentón y limones; de sus corrales pollos, gallinas y vacas; de sus alacenas sal, azúcar, panela, harina de maíz, chocolate y en ocasiones hacen colectas de dinero para comprar huevos o arroz. Ascamcat ha estado al tanto de que la comida no les falte. Por tres días completos un grupo mínimo de seis personas queda a cargo del rancho, el improvisado lugar tras las Escuela en el que se preparan y sirven los alimentos. En el día y en la noche cada tres horas, dos campesinos cuidan las entradas al campamento. De ellos depende que ningún desconocido y menos portando armas ingrese al lugar. Por medio de Ascamcat, jóvenes de Bucaramanga y Bogotá han llegado hasta Mesitas para cumplir una tarea específica a propósito de los 43 niños menores de 14 años que están en el campamento. Juegan con ellos partidos de futbol en la cancha de la escuela, pintan murales y carteles; realizan talleres de comunicación, y campesinos jóvenes y adultos presentan un noticiero que disfrutan al ver en una improvisada pantalla de tela blanca con ayuda de un proyector ubicado en el patio principal. En las noches, después de comer y lavar sus platos, la mayoría toma asiento y ve películas como ‘La estrategia del caracol’ o los videos que Carlos García, reporte de Prensa Rural ha publicado en internet desde el 24 de junio, en los que los entrevistados, son sus vecinos. Son 150 personas las están casi siempre allí, pero durante el día, otras tantas van a sus fincas a revisar que todo esté en orden, alimentar a los animales y cambiar la ropa que llevan al campamento. La última noche de explosiones y disparos, casi 400 habitantes del corregimiento llegaron completamente aterrorizados buscando salvar sus vidas. El campamento se mantendría hasta el 20 de julio, cuando esperan el gobierno haya tomado cartas en el asunto y se manifieste en otra forma diferente a la del Ejército. Desde este jueves es visitado por una caravana de buses, carros y motos en la que viajaron desde municipios cercanos, quienes se oponen a que situaciones violentas como la que viven los campesinos de Mesitas, se repitan. Los campesinos estuvieron acompañados por periodistas de algunos medios, el gobernador de Norte de Santander Edgar Díaz y Alcaldes de municipios del Catatumbo. “Las comunidades explicaron a viva voz lo que sucede en esa olvidada  zona”. Visitar el Catatumbo significa conocer un territorio de imponentes montañas que resguardan carbón, cobre, plomo, coltan, uranio y petróleo en sus profundidades y de las que brota café, cacao, aguacate, cebolla cabezona, maíz plátano y coca. Esta región, integrada por los municipios de Ocaña, Ábrego, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Sardinata, La Playa, El Carmen, Tibú y Hacarí es apetecida por empresas extranjeras dedicadas a la extracción de minerales e hidrocarburos. También por narcotraficantes. Tal vez las primeras semillas de coca que fueron sembradas en Mesitas llegaron desde La Gabarra al menos doce años atrás. De cada cultivo salen tres cosechas al año. Los obreros que ‘raspan’ las hojas de cada mata se ganan 7.000 pesos por arroba entregada a los dueños; estos la pican con una guadaña y venden el kilo a 20.000 pesos. Esa, su única forma de subsistencia, no hace sentir orgullosos a los campesinos, pero en el Catatumbo como en Boyacá y Cundinamarca, la siembra de alimentos deja de ser una opción a medida que pasa el tiempo y abundan productos extranjeros. La historia de familias enteras que a bordo de camiones han tenido que dejar sus hogares de un momento a otro para salvar sus vidas, solo la pueden contar quienes han pasado por eso. En ningún libro está escrito cuando llegaron los paramilitares a La Gabarra o a Tibú y menos, por qué el Ejército Nacional no es bienvenido en las veredas catatumberas, o de qué viven los habitantes de una región, no aislada sino marginada y tildada de ‘guerrillera’, que hasta hace apenas dos años sabe qué es alumbrar el interior de sus viviendas después de las 6 de la tarde con luz de energía eléctrica, como sucede en el corregimiento Mesitas, en Hacarí. Mientras no existió tal servicio, tenían que usar lámparas de keroseno, o velas. En la cancha de la escuela, durante la madrugada del 3 de mayo del año 2012, aterrizaron helicópteros de los que se bajaron alrededor de 50 militares. Obligaron a los campesinos a salir de sus casas y sin documento alguno que les permitiera registrarlas, ingresaron a estas con el fin de hallar objetos que les permitiera incriminarlos con las guerrillas. No encontraron nada. Solo se llevaron por delante la estructura de una de las viviendas cercanas que quedó completamente averiada por el fuerte viento que levantado al despegar. En otra ocasión, en Limoncitos, otra vereda de Hacarí, murió Julián Quintero, un muchacho de 20 años que iba hacia su casa en moto cuando se encontró con un retén del ejército instalado en la carretera. Los militares le dispararon varias veces y quisieron llevarse su cuerpo, pero ante el reproche de los campesinos que presenciaron la escena, eso no sucedió. Fueron funcionarios de la Personería y la Policía del pueblo, quienes hicieron el respectivo levantamiento del cadáver. Su familia lo lloró en medio de sentimientos de rabia e impotencia. Este año, unas semanas antes de ser instalado el refugio, el ejército ametralló desde sus helicópteros hacia un grupo de quince personas que ni usaban camuflados ni intentaban esconderse bajo los arboles cargando fusiles. Eran campesinos que medio desnudos, se estaban bañando en el río San Miguel que pasa por las veredas Manzanares y Villanueva, preferido sobretodo por jóvenes y niños para sofocar el calor de las tardes. Sin embargo dejó de ser visitado desde entonces. Sí, cosas como estas suceden en la Franja de Gaza en oriente medio y también en Colombia. En la Biblioteca Julio Pérez de Cúcuta solo un texto de tres tomos habla de los municipios del Catatumbo. Es la Monografía Ilustrada de Norte de Santander publicada por el periódico La Opinión en 1993. Aunque académico, sus páginas mencionan a los pueblos indígenas Motilón-Barí y Boquiní, “pacificados” por militares españoles y la iglesia católica hacia 1722 y casi exterminados por los rifles de ejecutivos estadounidenses de empresas como la Colombian Petroleum Company cuando defendían su tierra o ‘itta’ en lengua Barí, al ser descubiertos en 1940, los primeros pozos petrolíferos; estas ayudan a comprender el origen del tesón de quienes hoy no abandonarían de nuevo sus hogares ante la amenaza de invasores, vistos ya no a caballo, sino a bordo de camionetas de vidrios oscuros y helicópteros. Cúcuta, la capital de aquel departamento refleja en sus calles ‘el rebusque’, el comercio informal de cachivaches y refrescos de fruta y hielo, obleas, bocadillos y galletas untadas con dulce de ahuyama a precio de huevo. Los cientos de vendedores sin salario fijo ni prestaciones sociales no nacieron allí, escaparon del campo, de la violencia generada por paramilitares, militares y guerrilleros que se enfrentan por dominar territorios y buscan entre los campesinos, a informantes de unos y a simpatizantes de otros para asesinarlos. ¿Y a quién le gustaría repetir aquella dolorosa historia?. Lo menos que desean los campesinos de Mesitas es alimentar más, los cordones de pobreza en las ciudades. Darán hasta el final la pelea por no dejarse sacar de su territorio, que aunque lejano, no guarda silencio. Publicado en Las 2Orillas.com

Foto Publimetro Hace mes y medio vi a Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, en una reunión con expertos internacionales y nacionales en las tareas del posconflicto. No había allí otro gerente de una gran empresa colombiana. Tomaba atenta nota de todo cuanto decían los participantes sobre cómo llevar a las regiones los acuerdos de paz de La Habana y sobre las obligaciones de la sociedad civil y de las empresas en el proceso de reconstrucción y reconciliación del país. Lo había visto seis meses antes recibiendo las recomendaciones de otro grupo de personas contratadas por Ecopetrol para señalar los escenarios del futuro inmediato de Colombia y hacer recomendaciones sobre el papel de la empresa en los años venideros, especialmente en el terreno social. En otras oportunidades lo había visto en compañía de los directivos de la Red de Programas de Desarrollo y Paz hablando de cómo gestar una relación más armónica y más comprometida de la petrolera con las comunidades en las zonas de explotación y transporte del crudo. Esto no es común en los líderes empresariales colombianos. Lo común es una indiferencia que raya en el desprecio por los problemas sociales, un egoísmo impresionante, una lejanía frente a las angustias de la gente y de las regiones. Lo común es que los empresarios se dediquen a hacer dinero sin importarles lo que ocurre en su entorno social. Por eso quiero hablar en esta columna de la preocupación que manifiestan en estos días algunos activistas sociales y también algunos funcionarios de Ecopetrol. Sienten que hay presiones poderosas para sacar a Genaro Gutiérrez de la presidencia de la compañía. Además de la apuesta por la gente, por las regiones y por la paz, Gutiérrez tiene otras cualidades indispensables para este momento de la empresa y del país. Fue él quien sacó a Interconexión Eléctrica ISA del hueco en que había quedado después del apagón a principios de los años noventa y conquistó nuevos socios para el negocio, dando muestras de una gran habilidad gerencial en momentos críticos. Fue él quien lideró también la venta de acciones que convirtió a cerca de 500.000 colombianos en propietarios de la compañía petrolera y generó un ambiente de identidad nacional con la empresa. Ecopetrol, claro está, no pasa por un especial momento de crisis, pero afronta grandes retos de exploración para hacer crecer las limitadas reservas que ahora tiene el país; de competitividad; de internacionalización; de cumplimiento de metas; de liderazgo en el sector minero-energético para construir una nueva legislación y una nueva institucionalidad de cara a los compromisos sociales y ambientales que están reclamando importantes sectores de la sociedad civil. Tiene también que dar una respuesta en clave de paz y posconflicto al grave daño que le está causando la guerrilla con los atentados a la infraestructura y con el influjo violento sobre la protesta social. En todo esto puede jugar un gran papel Genaro Gutiérrez. Es un secreto a voces que la presión principal viene de Pacific Rubiales. El debate sobre el momento de reversión del Campo Rubiales al Estado y las condiciones en que debe hacerse han suscitado bastantes molestias e inquietudes en los directivos de la empresa canadiense. También la precaución o la reticencia a la hora de autorizar la tecnología Star en el recobro de petróleos pesados por posibles daños ambientales o destrucción de reservas explotables en un futuro. Pacific Rubiales, que ha contado con la manga ancha del Estado para explotar el más fabuloso de los negocios que se ha realizado en Colombia y que ha logrado una influencia impresionante entre líderes políticos y medios de comunicación, no soporta trabas o condiciones en su camino. Pero el gobierno nacional no puede aceptar estas presiones. Ya pasó el tiempo en que era fácil hacer las cosas tras bambalinas. Pasó el tiempo en que las decisiones se tomaban por arriba sin contar con la opinión pública. La salida de Paula Arias de la Dirección de Colciencias porque se atrevió a denunciar un posible recorte drástico de presupuesto para la entidad dejó un muy mal sabor en sectores de la ciencia y la cultura. Ahora no puede ocurrir que por intentar hacer valer intereses del país ante una compañía multinacional salga un líder empresarial que puede ser especialmente útil para el gobierno en la construcción de la paz. No es esto lo que esperan los colombianos en el arranque del segundo mandato de Santos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Fotos El Universal En los días en que se realizaba el foro de los expresidentes Clinton, Blair, Cardoso, Lagos y González en Cartagena me llamó un amigo ecuatoriano que ha tenido mucho que ver con las reformas económicas y sociales del presidente Rafael Correa. Me dijo que Santos cometía una grave equivocación al insistir en las fórmulas desgastadas y lejanas de la Tercera Vía para buscar soluciones a los problemas de Colombia. Que América Latina estaba saliendo muy bien librada de la crisis económica mundial y se encontraba en una fructífera búsqueda de alternativas políticas y sociales para encarar los retos que plantea la globalización. Que nuestro país debía mirar más hacia la región que hacia Europa y Estados Unidos al momento de desatar los cambios y las reformas. Me acordé entonces de una conversación que tuve con Germán Vargas Lleras en su apartamento cuando se disponía a salir del Ministerio del Interior para el Ministerio de Vivienda. Decía que al proyecto de Santos le hacía falta una vigorosa apuesta social y le había oído al expresidente Lula que los cambios sociales empezaban por entregarles viviendas gratis a los más pobres. Decía que el Estado colombiano tenía importantes recursos económicos para redistribuir y podía acceder a muchos más en los años venideros. Que en ese momento, por ejemplo, el gobierno tenía más de 30 billones de pesos en fiducias y las 100.000 viviendas anunciadas costaban solo 4,2 billones. Cuento estas dos anécdotas para darle realidad y sentido al debate sobre un modelo económico social para nuestro país. La Tercera Vía fue el recurso que encontraron los laboristas ingleses y los demócratas norteamericanos para responder a la aplanadora de libre mercado y al desmantelamiento del Estado de Bienestar que pusieron en marcha Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años ochenta del siglo pasado. Los países desarrollados habían respondido a la amenaza comunista fortaleciendo el Estado mediante una gran tributación y una generosa redistribución por la vía de la seguridad social. Reagan y Thatcher llegaron para dejar la sociedad a merced de las fuerzas del mercado. La Tercera Vía fue el intento de poner un punto medio entre el ‘Estado de bienestar’ de la socialdemocracia y el potente proyecto neoliberal acudiendo a la fórmula ‘Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario’. La disputa no se ha saldado aún, pero me temo que las recetas neoliberales están ganando la batalla en esos países. La Tercera Vía es un árbol seco. Lo de nosotros es completamente distinto. Tenemos un desarrollo medio; la fuente de nuestros principales recursos no es la industria y el conocimiento, son el suelo y el subsuelo; no hemos tenido algo que se parezca al ‘Estado de bienestar’; en algunas zonas del país no hay siquiera Estado, mercados legales y ciudadanía, que son pilares básicos de la sociedad moderna. En esos sitios impera aún un inveterado conflicto armado en trance de solución. Hay varias etapas por recorrer y ahí nos sirven mucho más los ejemplos de la región como señaló mi amigo ecuatoriano y como intuyó Vargas Lleras. Aquí está el árbol verde. Con una malicia infinita dijo Lula que el camino era “repartir para crecer” y no como se afirmaba en las altas esferas de las finanzas internacionales “crecer para repartir”. Le dio resultado. Sacó a 30 millones de personas de la pobreza y al tiempo convirtió a Brasil en una gran potencia económica. Caminos parecidos están recorriendo Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Humala en Perú, Bachelet en Chile. ¿Repartir qué? Conocimiento en primer lugar. Brasil está invirtiendo en este momento más del 7 por ciento del PIB en educación y aspira a llegar en los próximos años al 10 por ciento mientras Colombia está en un poco más del 4 por ciento. Casas, tierra, crédito. Todo, porque todo está por repartir en un país dolorosamente desigual. Ahora bien, para repartir primero hay que conseguir. Pero en este campo también todo está por hacer. La tributación en Colombia apenas llega al 15 por ciento del PIB cuando en Brasil y Chile está alrededor del 30 por ciento. Los recursos provenientes de la minería y el petróleo son aún pobrísimos y mal utilizados a pesar de que estas industrias son el eje de la economía. La tierra vasta y ociosa no paga impuestos. La corrupción y las onerosas exenciones tributarias a los grandes ricos se llevan no menos del 10 por ciento del PIB. Aquí lo que se necesita es un Estado fuerte, transparente, con una gran apuesta social, volcado a impulsar la generación de riqueza productiva con los recursos que salen de la riqueza natural. Columna de opinión publicada en Semana.com