Foto de TIBCO Es un espectáculo deplorable: proliferan las conspiraciones y los escándalos en la tarima donde están montados los candidatos presidenciales y abajo en la sala están millones de espectadores que no han decidido su voto o que quieren votar en blanco porque aún no escuchan propuestas interesantes y creíbles para conjurar los graves problemas que afectan al país. Nunca me imaginé a Luis Alfonso Hoyos llevando de la mano a un rufián a un canal de televisión para que enlodara con mentiras las negociaciones de paz y para que de paso asestara un golpe al candidato Juan Manuel Santos. Algo anda muy mal en la política colombiana, algo muy horrible ocurre en esta campaña presidencial, si un hombre con aureola de honestidad desciende a estas conspiraciones. La cosa es más escabrosa si se sabe además que Andrés Fernando Sepúlveda, quien pretendía servirle de fuente a Rodrigo Pardo, estaba, en compañía de su familia extensa, en el corazón de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. No era un informante espontáneo. Era otro eslabón de una red de espías y de fabricantes de mentiras que no han cejado en su empeño de destruir el proceso de paz. No es menos deplorable la noticia de que al otro lado, en la campaña de Santos, alguien recibió 12 millones de dólares como estipendio para mediar en unas negociaciones de sometimiento a la Justicia que un grupo de narcotraficantes quería adelantar con el gobierno nacional. La trama del dinero que en principio era muy poco creíble se tornó en una posibilidad con las acusaciones veladas que JJ Rendón lanzó sobre Germán Chica, su compañero en la gestión y las afirmaciones temerarias de Álvaro Uribe. Así que una iniciativa de sometimiento perfectamente legítima se convirtió en un eventual y monumental timo y en un escándalo tenaz para el candidato a la reelección. Pero lo que redondea la tragedia de esta campaña es que tampoco hay un debate programático serio. Los candidatos no están discutiendo sobre la realidad del conflicto armado y del camino para construir la paz, sobre las reformas radicales que necesitan la educación, la salud, el campo y el modelo de explotación minera. Nada nuevo se oye. Apenas lugares comunes. Fórmulas rituales que se han repetido 1.000 veces a lo largo de los últimos años. El presidente Juan Manuel Santos, acosado por una derecha inescrupulosa que apela otra vez al expediente de exacerbar el miedo y el odio a las guerrillas como recurso electoral, no se atreve a decirle al país que las negociaciones de paz no son una concesión graciosa a unas guerrillas desalmadas, derrotadas y carentes de apoyo y de razones. Que este proceso de paz es por igual una obligación inapelable del Estado y las guerrillas, porque fracasó la salida militar. Decirles con franqueza a los colombianos que el esfuerzo del Estado por acabar con la insurgencia por la vía militar llegó al techo con la duplicación de la fuerza pública y del presupuesto en defensa en la época de Uribe. Decirles que las victorias conseguidas solo han servido para arrebatarles a las fuerzas subversivas la ilusión del triunfo y para obligarlas a ir a una mesa a tramitar una paz realista. Decirle a la Nación entera que la paz no será barata, implicará cambios políticos y sociales profundos y tendrá como telón de fondo una reconciliación en la que no solo las guerrillas deberán pedirle perdón al país. No se atreve Santos a decir estas verdades por el estrecho margen de maniobra que tiene en una opinión alimentada durante diez años por el discurso de la guerra y por los desmanes de la insurgencia. Pero tampoco dice nada serio, nada sustancial, nada veraz. Óscar Iván Zuluaga que pasó de la oposición vertical a las conversaciones a ensayar un sí condicionado; un sí pero no; un sí que es un proyecto camuflado de rendición que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Se deslizó furtivamente a las mentiras y a las conspiraciones, porque no es capaz de decirle al país cuál sería su plan para acabar con las guerrillas por la vía militar. Entre tanto Peñalosa no se acomoda aún en la campaña y deja pasar la oportunidad para hacerle propuestas audaces a un país que pasa por un momento de escepticismo y de ansiedad tan peligroso como fecundo. Solo atina a decir que mantendrá el proceso de paz y apenas esboza ideas sobre la transformación de las ciudades que es la realidad que conoce de verdad. Columna de opinión tomada de Semana.com

Cielo Gnecco, la madre y primera dama del actual gobernador del Cesar, dijo en una fiesta el 2 de febrero: “Ahora vamos por la Guajira, para que aprendan que a Kiko Gómez se respeta”. No era para menos, la matrona del Cesar había organizado una serie de alianzas políticas que le permitieron barrer en las elecciones parlamentarias del pasado 9 de marzo y además busca reconquistar la Gobernación de La Guajira luego de la captura y destitución del exgobernador Francisco Gómez Cerchar. En apenas unos días se celebrarán en el departamento de La Guajira las elecciones atípicas que permitirán la elección de un nuevo gobernador que termine el periodo hasta el 31 de diciembre del año 2015. Cómo era de esperase, la competencia electoral es intensa. Sin embargo, de un total de 15 candidatos quedan en competencia cuatro, dos de ellos son los más opcionados: José María Ballesteros y Wilmer González. Ambos candidatos cuentan con el apoyo de las estructuras políticas más importantes de La Guajira y ambos tienen apoyos de mafiosos y criminales. José María Ballesteros es hijo del actual senador Jorge Ballesteros, quien termina su periodo el 20 de julio del 2014. El senador Ballesteros tiene una historia larga con vínculos y amistades mafiosas. Por ejemplo, es el tío del hombre Malboro o Santander Lopesierra. Jorge Ballesteros Bernier es hermano de Samuel  Lopesierra Bernier (conocido como Sampi y el papá del hombre Malboro), son hermanos de madre, la cual era conocida como la Neca Bernier. José María Ballesteros (Chema) es heredero de la casa política Ballesteros que ha sido sostenida por la mafia que administraba el hombre Malboro, pero hasta el momento no se le asocia con participación directa dentro de la mafia del hombre Malboro. En todo caso, el apoyo más cuestionado de José María Ballesteros es el de Kiko Gómez, quien ha movido toda su maquinaria para garantizar la elección. Igualmente, el recién elegido representante a la Cámara Antenor Durán quien contó con el apoyo de Gómez, también hace parte de estos soportes. Las actividades ilícitas de la familia Durán Carrillo se remontan a la época de la llamada Bonanza Marimbera, entre los años 70 y principios de los 80. Antenor Durán fue socio de su tío Calixto Carrillo conocido popularmente como Caito Carrillo quien fue un contrabandista y marimbero muy reconocido que ostentaba la fama de ser uno de los marimberos más ricos de la época. Según fuentes del periodista Gonzalo Guillén, Chema Ballesteros habría sido el encargado de pagar el dinero a sicarios de la oficina de cobros de un reconocido ‘San Andresito’ de Bogotá para atentar contra la electa senadora Claudia López, el periodista Gonzalo Guillén y los investigadores León Valencia y Ariel Ávila, situación que fue denunciada a la Fiscalía General de la Nación por el propio periodista. El otro gran apoyo de Chema Ballesteros es la casa de los Gnecco, quienes controlan el departamento del Cesar. La familia Gnecco logró posicionar a José Alfredo Gnecco como una de las mayores votaciones al Senado por el partido de la U. La llave de José Alfredo en la cámara en La Guajira era Antenor Durán y en el departamento del Cesar al mejor estilo de la época paramilitar, aunque esta vez sin proselitismo armado, se dividió el departamento en una serie de “distritos electorales”. Así grupos de municipios les fueron adjudicados a diferentes candidatos a la Cámara. En total, los Gnecco lograron tres de las cuatro Cámaras del departamento. Los distritos electorales fueron los siguientes. Es importante señalar los municipios en los que el porcentaje supera el 40 % a favor de Gnecco entre los cuales están: Pueblo Bello, Manaure, Becerril, La Jagua de ibirico, El Paso y González.Cristian José MorenoFernando De la PeñaAlfredo Ape CuelloPueblo BelloCodazziBosconiaLa PazBecerrilEl CopeySan DiegoLa Jagua de IbiricoChimichaguaManaure Balcón del CesarAstreaRío de OroChiriguanáCurumaníGonzálezEl PasoLa GloriaTamalamequeAguachicaGamarraSan MartínSan Alberto El otro candidato con posibilidades de ser electo es Wilmer González quien fue parlamentario y exalcalde del municipio de Uribía. González hace parte del Movimiento Nueva Fuerza Guajira, que gobernó el departamento por cerca de una década. El líder de dicho movimiento es Jorge Pérez Bernier, quien lideró políticamente el departamento en plena expansión paramilitar de Jorge 40, de hecho Pérez Bernier durante años mantuvo relaciones complicadas con agentes del crimen. Uno de los principales ejemplo fue el de Dilger Becerra quien era el principal blanqueador de dinero de ‘Los Rastrojos’ en La Guajira, fue tal la dependencia de Pérez Bernier con Dilger, que la esposa de este último, Claudia Mesa, fue secretaria de salud en su segunda administración. Poco antes de las elecciones locales del 2011 Becerra muere acribillado a manos de hombre armados de Marcos Figueroa. Becerra fue uno de los dos intermediarios entre alias ‘Pablo’ y la estructura política de Pérez Bernier. Pablo fue miembro del Frente Contrainsurgencia Wayúu y luego de la desmovilización se convirtió en uno de los jefes más importante de grupos rearmados, en este caso de la bacrim de la alta Guajira. La otra intermediaria era Cielo Redondo, ex alcaldesa de Uribía, quien es considera la jefa política de la estructura criminal de alias ‘Pablo’. Cielo Redondo hoy día es el principal apoyo de Wilmer González. Igualmente la familia de Redondo está rodeada por la criminalidad. Su hermano Alfredo y uno de sus sobrinos trabajan para la banda de Emi Solano, responsable de una importante cantidad de secuestrados en La Guajira y la zona de frontera Venezolana, otros integrantes de esta banda son alias ‘Pitufo’ y alias ‘Pingüino’, sobrino de Francisca Sierra madre de la Chachi Hernández, esta banda es conocida como Wuacharos. Igualmente, Alfredo es quien coordina parte del paso de gasolina y de droga hacia un puerto de droga en el desierto guajiro de lado venezolano llamado Wincua. Emi Solano es quien maneja este puerto. La Registraduría de Uribía esta manejada por Fredy Becerra sobrino de Dilger Becerra y cuota de Bladimiro Cuello. Otro de los enlaces de esta estructura política era la Chachi Hernández hija de Francisca Sierra, y quien junto a Víctor Ojeda o Vitico fue la encarga del blanqueo de dinero para ‘Jorge 40’ por medio de las empresas de Provisiones Candy y Micaela. La Chachi Hernández fue asesinada, homicidio del que se le acusa a Francisco Gómez Cerchar. A  esto se le suma los líos con la justicia que tuvo y tiene el hermano de Wilmer González llamado José Manuel Gonzales Brito, quien fue congresista en el año de 1999 y apresado pos supuestos vínculos con alias ‘Pablo’ y alias ‘Cobra’ aunque poco después quedó en libertad luego de que se retractara alias ‘Cobra’.  Sin embargo, el principal pecado de esta estructura política que lidera Jorge Pérez Bernier es la miseria en la que dejó sumida al departamento de La Guajira, miles de millones de pesos de regalías desaparecieron, ni en acueductos, ni alcantarillados, y menos en equipamientos en salud se construyeron o compraron durante estos años. Tal vez decenas de vida de niños wayúu que han muerto por desnutrición podrían haberse salvado.

Ajuzgar por el estrechón de manos y las sonrisas entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá, está marchando un acuerdo entre los dos líderes políticos. También dijo Santos ¡Qué bueno tenerlo otra vez de alcalde! Es otro signo de la concertación. Ya era hora. Ojalá no me equivoque. Nada más perjudicial para los dos que el enfrentamiento. Nada más dañino para Bogotá que esta pugna. Quizá los resultados de las elecciones parlamentarias hicieron entrar en razón a Santos y a Petro. A los dos les fue muy mal. El Partido de la U perdió cinco representantes a la Cámara, tenía siete y obtuvo dos. Tampoco les fue bien a los demás partidos de la Unidad Nacional. Petro, con el poder de la Alcaldía en sus manos, apenas pudo elegir a Inti Asprilla. En cambio Uribe y el Centro Democrático, con una cabeza de lista asombrosamente elemental, pudieron elegir a cinco representantes a la Cámara. Fue la campanada de alerta para vislumbrar que en unas elecciones atípicas este sector político se quedaría con la Alcaldía. Nunca entendí la confrontación que Petro le plantó a Santos. Era sabido que su enemigo, el procurador Ordóñez,  era un duro rival de la paz que se negocia en La Habana y eso favorecía acercamientos con el presidente. Se sabía, además, que algunos proyectos clave de la ciudad dependían de la inversión de la Nación y de la voluntad del primer mandatario. Menos entendí la indiferencia o la  desidia de Santos ante la marcha de un alcalde y de una ciudad que son decisivas para un consenso sobre la paz y para las elecciones presidenciales. Tenía que buscar, a como diera lugar, un acuerdo y se dejó provocar por los desplantes de Petro. Es un poco tarde para el pacto, pero aún podría tener repercusiones favorables para ambos y las condiciones están pintadas para lograrlo. Petro no está compitiendo de manera directa por la Presidencia de la República y eso le facilita el acercamiento con Santos. A su vez, el presidente necesita con urgencia enviar un mensaje de reconciliación y de esperanza para todos los bogotanos. Necesita recuperar alguna parte del electorado que ha perdido por su descuido con la ciudad y por su incapacidad para tejer una alianza con Gustavo Petro. Además, la reciente restitución de Petro está llevando a que el escenario más probable sea la permanencia de los progresistas en la conducción de la ciudad; sea porque se mantiene Petro o porque, ante su eventual salida, se nombra nuevamente a un progresista como alcalde encargado y este –debido  a  que el tiempo para convocar elecciones ha caducado– prolonga su mandato hasta el primero de enero de 2016. Así Petro y Santos matan dos pájaros de un solo tiro: le ponen freno a la arbitrariedad del procurador y conjuran el riesgo de que, en unas elecciones, el uribismo se quede con la principal plaza electoral del país. Pero este acuerdo no puede servir únicamente para una terminación decorosa de la Alcaldía de Gustavo Petro y para fortalecer el proceso de paz y propiciar un mejor resultado electoral de Santos en la capital del país. No. Tanto el alcalde Petro como el presidente Santos tienen una gran deuda con la ciudad. Los bogotanos votaron por Petro para que rescatara a Bogotá de la ignominia de los Moreno Rojas, para que la sacara de la situación lamentable en que la había dejado un gobierno ineficiente y ladrón. Los bogotanos esperaban que Santos, hijo de la ciudad, dedicara especial atención a los graves problemas de movilidad, de ambiente, de vivienda y de equidad que afronta Bogotá. No ha sido así. Pero la fugaz presencia de Rafael Pardo y de María Mercedes Maldonado en la Alcaldía, con sus anuncios ambiciosos y su despliegue de energía, mostró que si hay voluntad y concertación se pueden hacer cosas. Mostraron que no es descabellado pedir que, en el escaso tiempo de año y medio que falta para concluir este mandato, Santos y Petro, o su delegado, se concentren en darle un empujón al Metro, a la Avenida Longitudinal de Occidente, a un gran plan de vivienda gratis, a potenciar las vías y la operación de TransMilenio, a ponerle la cara a la grave contaminación ambiental y a las deficiencias en la recolección y el tratamiento de las basuras. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto de Publimetro He dicho en varias columnas que el liderazgo de Álvaro Uribe se ha derrumbado y he recibido una cascada de réplicas de sus seguidores. Me dicen que pienso con el deseo; que el sesgo ideológico o el odio hacia el expresidente me llevan a consideraciones que no tienen ningún piso en la realidad; acuden a consultas de opinión que lo exaltan como el mejor presidente que ha tenido el país; señalan que 19 senadores y un número igual de representantes a la Cámara son una muestra contundente del arrastre electoral que aún tiene el expresidente. Quienes me recomiendan espantar la animadversión y las ideologías a la hora del análisis tienen toda la razón. Me esforzaré aún más en este propósito en mi labor de columnista. Les sugiero, a la vez, disipar un poco la bruma del fanatismo para mirar la historia de los datos electorales y las encuestas. Se sorprenderán al ver la declinación paulatina de su líder y el impresionante rechazo que despierta. Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta las elecciones de 2002 y obtuvo 5.829.958 votos que representaban el 53,04 por ciento de los electores; luego venció en 2006, también en primera vuelta, conquistando 7.397. 835 votos que representaban el 62,35 por ciento de la votación. A lo largo de sus dos mandatos el promedio de su favorabilidad alcanzó el impresionante registro de 72 por ciento y en su momento culmen, en julio de 2008, su favorabilidad llegó al 85 por ciento. La mayoría de los formadores de opinión atribuyó el fenómeno a los éxitos en seguridad y la izquierda dijo que se trataba de “un embrujo autoritario” para eludir alguna legitimación de esta nueva y extraña realidad de la política colombiana. Consciente de la novedad, Uribe se propuso cambiar el mapa político colombiano y le apostó a la formación o al fortalecimiento de nuevos partidos y en esa tarea surgieron o se proyectaron el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido de la Integración Nacional ahora Opción Ciudadana. Logró además la adhesión plena del Partido Conservador y los viejos caciques políticos de esta y otras fuerzas encontraron un árbol frondoso de opinión al cual arrimarse. Por eso, Uribe, al finalizar su segundo mandato, era el árbitro indiscutible de la política colombiana. Ejerció de árbitro durante muy poco tiempo. Muy pronto se desilusionó; muy pronto dijo que no había una manera de influir decisivamente en el gobierno de Santos, según lo cuenta Óscar Iván Zuluaga en el libro Enemigos de Vicky Dávila; muy pronto se lanzó a la oposición y buscó afanosamente la ruptura de la coalición de gobierno y el alineamiento a su favor del Partido de la U y del Partido Conservador. Empezó a perder batallas clave. Se fue lanza en ristre contra la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, contra el marco jurídico para la paz, contra el replanteamiento de las relaciones exteriores del país. Convirtió el Twitter en un cincel para taladrar cada anuncio del gobierno de Santos. Los partidos que él había formado o fortalecido lo abandonaron o, dicho de otra manera, Santos se los arrebató de las manos. Solo algunos congresistas aislados mantuvieron su adhesión. Se metió entonces de lleno en el escenario electoral y para las elecciones de 2011 le apostó a plazas clave como Antioquia y Bogotá. No las pudo conquistar. Se concentró luego en la tarea de forjar un nuevo partido con los restos que le quedaron en la disputa con Santos y se dedicó a preparar las elecciones parlamentarias y presidenciales. No le ha ido nada bien. Es cierto que la bancada de senadores y representantes no es desdeñable, pero representan apenas al 12 por ciento del electorado que es, punto más, punto menos, el mismo porcentaje que tiene en las encuestas el candidato Óscar Iván Zuluaga. Paralelo a esto ha decrecido en los sondeos de opinión la favorabilidad de Uribe y ha crecido dramáticamente el rechazo a su figura. En la más reciente encuesta que se conoce, la de marzo, de Cifras y Conceptos, registra 49 por ciento de favorabilidad con 41 por ciento negativo. Uribe ha quedado en sus huesitos, pero, eso sí, puede cantar a voz en cuello una victoria: ¡Le ha hecho un daño enorme a Santos! La caída del presidente es también impresionante, a un mes de las elecciones solo cuenta con un 25 por ciento de la intención de voto. La crisis de liderazgo es el gran drama de la política colombiana. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto de Libros Aguilar Recuerdo la noche larga en la que Daniel Samper Pizano contó anécdotas de los presidentes colombianos desde los años sesenta. Me divertí mucho y me asombró el conocimiento minucioso que tenía de la vida de muchos de ellos. Ahora, desde ese saber inapelable, con motivo de su retiro del periodismo, en la entrevista a María Jimena Duzán, hace un retrato de las elites políticas del país. Al mejor estilo de un experimentado cowboy, sale de la cantina disparando frases de grueso calibre. “Me doy cuenta de que formamos parte de un grupo que maneja casi todo en este país”, dice. O con una aseveración aún más cruda: “Somos parte de una oligarquía que manda el país”. Así va desgranando afirmaciones para mostrar que Colombia ha sido dirigida desde los albores del siglo XX por un círculo cerrado, por un gueto inaccesible. El poder se hereda, se entrega sin la menor turbación, al delfín. Es una sucesión infinita que se tramita en elecciones. La consecuencia de esto es que tenemos una democracia con serias limitaciones, dice. Va más allá y hace una alegoría para dejar sentado que la rotación del poder entre unas pocas familias ha deteriorado de manera brutal el ejercicio político. “Tenemos un grave problema genético-político en este país”. “La oligarquía colombiana, para que sepan, ya está engendrando niños de dos cabezas”. “Eso pasa siempre en las familias nobles cuando se empiezan a reproducir entre ellas”. Y habla de delfines y caimanes. Algunos delfines son decentes, solo algunos, pero los caimanes “funcionan a dentelladas y son los hijos de los padres presos que anuncian que se lanzan a la política a reivindicar el nombre del padre y los eligen”. Yo que me muevo entre intelectuales y políticos especialmente críticos del sistema, que leo libros y asisto rutinariamente a eventos donde se analiza la vida pública colombiana de manera despiadada, no había oído una descripción tan vívida de la política y el poder en nuestro país. Nada se mueve arriba. Caminamos en contravía a lo ocurrido en la mayoría de los países de América Latina. En los últimos 25 años se ha producido un impresionante revolcón de las elites políticas, se han venido al suelo las fuerzas que gobernaron la región a lo largo del siglo XX. Aquí no. Pero la tragedia política de nuestro país es mayor a la que pinta Daniel. Tampoco se mueve nada abajo. Los jefes guerrilleros son los mismos desde hace 50 años, solo faltan los que han muerto, muchos de ellos de manera natural. Los líderes de izquierda son los mismos, también los dirigentes sindicales. Más grave aún, las ideas varían muy poco, en cambio las ambiciones y los hechos de corrupción crecen en sus filas cuando acarician un pedacito del poder. Quizás ahí, en esa inmovilidad de las elites políticas y de la izquierda, está la explicación de la actual apatía electoral, del voto en blanco, del poco entusiasmo que despierta el gran proyecto de la paz con las guerrillas, del bajo registro en las encuestas de todos los candidatos. Hay una crisis evidente de liderazgo. Nadie parece interpretar los anhelos del electorado. Nadie genera un gran entusiasmo. Todo es medianía. No creo exagerar si digo que es la primera vez que se siente un gran cansancio con la manera de gobernar el país y un cansancio también con quienes impugnan esa manera de gobernar. O, por lo menos, es la primera vez que esto se expresa claramente en las encuestas, en las redes sociales, en los paros y marchas populares. El liderazgo de la derecha pura en cabeza de Álvaro Uribe se ha derrumbado y no aparece aún una fuerza que lo reemplace. Es eso lo que ha puesto de presente de manera magistral Daniel Samper Pizano en la entrevista. En circunstancias así ocurre casi siempre una de estas dos cosas: aparece un demagogo que mediante golpes de fuerza o de opinión se apodera del poder y ahonda aún más la crisis institucional; o surge un movimiento que desde la democracia ofrece un proyecto de reformas y una manera distinta de gobernar y arrastra a las mayorías del país. Crucemos los dedos para que ocurra lo segundo y no lo primero. Columna tomada de Semana.com

Foto Las 2orillas “Que no haya impunidad para quien llegó a la Presidencia con la ayuda de los fusiles humeantes de los capos paramilitares Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40” le dijo Iván Márquez a Álvaro Uribe. Es la respuesta a las muchas veces en que Uribe ha demandado que los jefes guerrilleros vayan a la cárceldespués de firmado el acuerdo de paz. O, como dijo Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo: “En caso de ganar la Presidencia no permitiré que Iván Márquez llegue al Congreso sin pagar cárcel”. Con estas declaraciones como telón de fondo entraremos muy pronto a la discusión sobre la verdad, la justicia y la reparación en la mesa de La Habana.  Es un punto de partida muy malo. Es una verdadera locura que quienes han encabezado este confrontación armada tan cruel, tan inhumana, tan sucia, tan adversa a los derechos humanos y al derecho humanitario,  estén buscando  la cárcel para sus adversarios como colofón de un acuerdo de paz. Entiendo cuando una víctima en medio de su dolor clama por un castigo ejemplar para su victimario. Entiendo cuando una organización de derechos humanos o una  Corte de Justicia se la juegan a llevar a la cárcel a líderes guerrilleros, a militares y a políticos que han promovido, facilitado o ejecutado acciones que vulneraron la dignidad y la vida de la población civil, esa es su misión. Pero no me cabe en la cabeza que Márquez  y  Uribe se pongan en esa tarea. Están lanzando una piedra al aire para que les caiga sobre su propia cabeza. Ninguno de los dos podrá salir bien librado si el proceso de paz termina en una judicialización generalizada. Ninguno de los dos se salvará de la cárcel si en vez de una verdad política que contribuya a la reconciliación se impone en estas negociaciones una verdad judicial orientada al castigo con  cárcel para los  jefes de la guerra.  Voy aún más lejos: si la verdad judicial y la cárcel se imponen, la paz y la reconciliación se vienen al suelo. Contra Iván Márquez se han proferido 30 condenas judiciales, buena parte de ellas por delitos contra la población civil. No es para menos.  Las Farc, sobre todo entre 1995 y 2005, se fueron a lo profundo de las montañas a construir un gran ejército y a plantarle una guerra de movimientos al Estado y en ese ejercicio echaron mano del secuestro,  ‘limpiaron’ sus territorios de poblaciones que no seguían sus designios lanzando al desplazamiento o a la muerte a civiles indefensos, también segaron la vida de miembros de la fuerza pública por fuera del combate. Sobre Álvaro Uribe pesan cientos de procesos judiciales en el exterior y en Colombia, muchos de ellos por graves violaciones a los derechos humanos. Es apenas lógico. Uribe estuvo a cargo de la Aerocivil entre 1980 y 1982 cuando el tráfico de marihuana y cocaína empezaba su auge y los narcotraficantes se hicieron a numerosas pistas y a flotillas de aviones y helicópteros; fue alcalde de Medellín en el momento en que, en esa ciudad, personas de su entorno familiar y social, formaron el MAS, muerte a secuestradores, pionero de las grandes estructuras paramilitares;  fungió como gobernador de Antioquia cuando,  en las cumbres de comandantes  de 1997 y 1998, en Urabá, se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia; ejerció como presidente de la República en los días azarosos en que tomaron fuerza inusitada los falsos positivos que colmaron de ignominia al Ejército del cual él era comandante en jefe.  Es imposible que todo esto le fuera ajeno. Con la conciencia plena de esta amarga situación el presidente Santos y el Congreso de Colombia escogieron el camino de la Justicia Transicional como mecanismo para hacer viable la reconciliación y aprobaron el “Marco Jurídico para la Paz”. El otro camino que existe en el mundo es el Tratado de Roma o Corte Penal Internacional al que alude con mucha frecuencia Uribe. Son alternativas legítimas y totalmente distintas consagradas por la comunidad internacional. En la una se juzga y se condena pero se privilegian la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición y se acude a penas alternativas a la hora del castigo. En la otra toma fuerza el expediente punitivo y la cárcel es inevitable. Pero para que se abra paso plenamente la Justicia Transicional es menester que los jefes de la confrontación empiecen por desechar la locura de vengar con cárcel las afrentas de su enemigo. Columna de opinión de Semana.com

En Colombia se vive una situación paradójica. Por un lado, en varias ciudades del país se ha presentado una disminución del homicidio, pero la población de estas ciudades se siente más insegura. Por el otro, parece que una serie de economías ilegales como la extorsión de menor cuantía (microextorsión) y la venta de droga, van en aumento, aunque diferentes autoridades parecen negarlo. De hecho, las explicaciones comunes se mueven entre adjudicarle la culpa a un problema en general de jóvenes “desadaptados” y falta de autoridad. Lo que muestran las estadísticas de homicidio en los últimos 13 años es que en las cuatro ciudades principales del país, a pesar de la disminución, se presenta un deterioro de la percepción de seguridad. Por ejemplo Bogotá, que muestra una de las mejorías más notables en materia de asesinatos, tiene un deterioro de cuatro puntos en la victimización directa y de tres puntos en la indirecta. Por su parte, Medellín redujo en cerca de 10% su tasa de homicidio, pero ello no significó la desaparición de ninguno de los 122 combos que operan en la ciudad y que trabajan con grandes organizaciones criminales. Y en Cali el homicidio aumentó durante 2013 y en los primeros meses de 2014 presenta una significativa reducción, aunque esto se produce en medio del incremento de las pandillas y de su poder bélico. Este tipo de situación permite, al menos, sacar tres grandes conclusiones: primera, que la percepción de seguridad en las grandes ciudades no está atada a la tasa de homicidios. De hecho, han mostrado comportamientos sustancialmente diferentes en la última década. Segunda, que los niveles de homicidios no son proporcionales a la cantidad de organizaciones criminales, es decir, los altos niveles de homicidio no significan mayor presencia de estas estructuras, ni los niveles bajos significan ausencia de organizaciones criminales. La Medellín de Don Berna es el mejor ejemplo. Al analizar el histórico de homicidios se puede notar cómo desde 2003 hasta 2007 la tasa de homicidios se redujo significativamente, en parte por las acciones de política pública emprendidas por la entonces administración de Sergio Fajardo, pero también por el dominio hegemónico de Don Berna, quien llegó a controlar el crimen de la ciudad y eliminó las disputas entre los diferentes combos. Sin embargo, luego ser extraditado, la guerra estalló de nuevo, entre Valenciano y Sebastián. En otras partes del mundo se pueden encontrar situaciones similares, por ejemplo en Ciudad Juárez, que llegó a ser una de las más violentas del mundo, ha reducido los homicidios. Sin embargo, sigue siendo la mayor ruta de tráfico de clorhidrato de cocaína. La tercera conclusión es que las políticas de seguridad en las actuales circunstancias no se pueden basar únicamente en la reducción de indicadores. De hecho, el crimen organizado cada vez es menos violento o acude a ella sólo en casos de regulación de mercados. Los carteles y organizaciones criminales colombianas han aprendido que la violencia sólo atrae la atención de las autoridades. Además, saben que al Estado no se le gana una guerra, de ahí que se utilizan otros mecanismos, como la corrupción a funcionarios públicos, antes de acudir a la violencia. Estos tres fenómenos, en todo caso, no son algo novedoso en Colombia, es una tendencia que se observa mundialmente, con algunas excepciones como en México. Ahora bien, una de las situaciones que vale la pena destacar en estos comportamientos del crimen organizado es que en los últimos dos años se ha presentado un proceso de “subcontratación criminal”, es decir, estructuras del crimen organizado contratan pandillas y delincuencia común para que operen diferentes rentas y no se emprenden grandes campañas o estrategias para lograr el control de una ciudad. Este modelo que aplicó Don Berna’ hace más de una década, parece ser la estrategia actual. Esta subcontratación criminal a su vez lleva al aumento del ingreso de dinero de pandillas y con ello se presenta un aumento de su capacidad operativa. Igualmente, la subcontratación trae consigo la descentralización de diferentes mercados. Por ejemplo, en Bogotá, luego de la intervención del Bronx, los diferentes ganchos o marcas bajo los cuales funciona el mercado de la droga en la capital se desplazaron hacia las localidades, a colonizar diferentes zonas deprimidas. Por ejemplo, grupos como ‘gancho blanco’, ‘gancho azul’ y ‘gancho amarillo’ se desplazaron hacia las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usaquén. Esto mismo ha llevado a un incremento del narcomenudeo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, ya no se desarrolla bajo la modalidad de “ollas”, sino que funciona cada vez más bajo los mecanismos de domicilios y los famosos taquilleros, que son personas que venden drogas en parques, parqueaderos y calles. Todo lo anterior nos lleva a decir que las diferencias entre crimen organizado y delincuencia común se hacen muy borrosas. Además, la expansión del mercado y la subcontratación criminal han llevado a que se produzca un aumento de diferentes economías ilegales. Sin embargo, esto se ha hecho sin niveles altos de violencia. Esta será la discusión que se llevará a cabo hoy, a partir de las 7:00 p.m., en el lanzamiento del libro Violencia urbana. Radiografía de una región, en la sede de Fescol (calle 71 Nº 11-90). Allí se conocerá la evolución de este fenómeno en cuatro ciudades colombianas y otras grandes de Latinoamérica.

Foto PGN La imagen del procurador Alejandro Ordóñez se ha derrumbado. La última encuesta, la de Cifras y Conceptos, le da 16 puntos de favorabilidad y 40 de rechazo. También es visible el deterioro paulatino de la aceptación de su gestión en todas las mediciones de opinión desde finales del año pasado. No es el único signo de la decadencia de Ordóñez. Tribunales nacionales e internacionales han comenzado a cuestionar sus decisiones más emblemáticas. El Consejo de Estado tumbó el fallo contra Alonso Salazar y la CIDH decretó medidas cautelares –aunque estas no fueron aceptadas por Santos– para proteger a Gustavo Petro a pesar de que el procurador acudió a Washington a darle a este organismo todas las explicaciones del caso. El hombre que al finalizar el primer periodo de su gestión recibió ofertas para candidato presidencial de las fuerzas de la derecha colombiana; que barrió en el Senado a la hora de su reelección al obtener 80 votos de 93 posibles; el hombre al que el presidente Juan Manuel Santos no fue capaz de ponerle un obstáculo serio para conquistar su segundo periodo a pesar de que sabía que sería una piedra en el zapato en el importante tema de la paz; este hombre imponente y soberbio que sacudió a la Procuraduría con su energía y desafió a la opinión pública haciendo del matrimonio de su hija una ceremonia fastuosa y repelente, está ahora en la picota. Algo muy malo, algo muy arbitrario, tiene que haber hecho Ordóñez. Porque el puesto es perfecto para lucirse, está diseñado para mantener una imagen muy alta en la opinión pública. Además este señor tiene la personalidad exacta para suscitar la adhesión de importantes franjas de la ciudadanía en nuestro país. El procurador tiene el reto de representar al ciudadano ante el Estado en un país de aberrantes exclusiones y de fieros atropellos; el papel de perseguir la corrupción en un momento en el que la indecencia aturde y la sociedad ve con impotencia las defraudaciones más escandalosas del erario; la función de proteger los derechos humanos en un país plagado de abusos; son misiones dulces para la opinión pública, cada fallo tendría que despertar aplausos y felicitaciones en la mayoría de la población. Para completar, Ordóñez es un hombre que exhibe su religiosidad y su conservadurismo con una alucinante desmesura en un país que es ostentosamente católico y profundamente conservador donde campean la doble moral y la trampa encubiertas en declaraciones de fe. Su imagen tendría que estar arriba, sus fallos tendrían que soportar todas las impugnaciones y revisiones, pero no es así. Y no lo es, porque al lado de muchos fallos justos y equilibrados, al lado de decisiones dignas, ha producido sanciones fuera de toda proporción y teñidas de un sesgo político y religioso inocultable; no es así, porque los colombianos tendemos a una solidaridad declarativa inmediata con las víctimas de injusticias para esconder nuestra incapacidad de una solidaridad material y duradera con las personas que sufren atropellos. No es así porque el tipo decidió emprenderla contra las negociaciones de paz, contra el matrimonio gay y contra el aborto en casos especiales. Es el hombre, ese hombre, Ordóñez, el que está cayendo del pedestal por su propio peso. No es culpa de la institución, así la misma tenga fallas de diseño. No es que Ordóñez estuviese forzado por la ley a destituir y a inhabilitar por 12 o 15 años a Alonso Salazar, a Gustavo Petro y otros servidores públicos que cayeron en su red, como dicen algunos formadores de opinión demasiado complacientes con Ordóñez. Nada de eso. El señor Ordóñez va escogiendo con una astucia impresionante blancos legítimos de su acción para lavar su conciencia y ganar adeptos, pero al lado de estos va señalando con precisión a servidores públicos que enarbolan ideas y convicciones contrarias a su credo para golpearlos sin misericordia. Le salió muy bien la cosa en el primer periodo. Cerca de 800 alcaldes y diez gobernadores recibieron alguna amonestación o sanción en sus primeros cuatro años de gestión, pero se cuidó bastante de inculpar a los congresistas que deberían reelegirlo, allí, en el Congreso, solo produjo unas 20 sanciones. Con excepción de algunos afectados, todo el mundo aplaudió. Pero su sagacidad le falló en este periodo, porque escogió gente que había tenido una vida pública ligada a la lucha contra la corrupción y porque, convencido de su omnipotencia, produjo sanciones tan sesgadas como desproporcionadas. Llenó la taza. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto Prensa Juan Manuel Santos Luego de que la Fundación Paz y Reconciliación  y el equipo de Forjando Futuros presentara el informe Gota a gota, que reveló pobres cifras en la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, el presidente Juan Manuel Santos anunció la presentación de un proyecto de Ley para agilizar y simplificar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del despojo y el abandono forzado. Con esto se busca que  cuando no haya oposición a los reclamos de restitución, este paso se pueda dar por la vía administrativa y no por la judicial, es decir, a través de los jueces agrarios. El estudio de la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuros arrojó que desde el 2011, cuando se sancionó la Ley, a marzo del 2013 solo se ha restituido por los jueces de tierras el 1,7 por ciento de las solicitudes de las víctimas. Y más preocupante aun que el 40 por ciento de las hectáreas restituidas fueron a  parar a manos de  una sola familia. El mandatario hizo este anuncio durante un encuentro con las víctimas del conflicto armado, quienes se unieron a su campaña presidencial. Santos se comprometió también a mejorar la atención que se les ofrece en las entidades públicas. Asimismo, el presidente candidato, encargó al representante Guillermo Rivera, al ser uno de los ponentes de la Ley 1448, para que redactara las modificaciones y sea presentado al legislativo lo más pronto posible. Santos afirmó: “esa Ley en cierta forma lo que hace es iniciar ese proceso de reconciliación. Las víctimas lo único que quieren, en el fondo, es un reconocimiento. Algunas quieren, por supuesto, reparación. Y es totalmente legítimo que exijan una reparación. Otras simplemente quieren que se conozca la verdad y otras que simplemente las reconozcan como víctimas. Hay, digamos, diversos tipos de víctimas”. De esta forma el Gobierno Nacional, se pone frente a un tema que merece toda la atención, luego de las críticas que recibió por parte de sectores políticos que calificaron como ‘pobre’ el trabajo adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras.

Por: Ariel Ávila Martínez Las diferentes encuestas sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, al menos permiten ver tres situaciones. En primer lugar, ninguno de los candidatos supera el 30%, y esto se presenta a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, un fenómeno atípico si se compara con las últimas elecciones. En segundo lugar, el voto en blanco y la abstención esta vez parecen ser una opción para una buena cantidad de colombianos. Por último, cada vez es más claro que habrá segunda vuelta presidencial. El análisis regional de los resultados de intención de voto y por estrato económico es aún más llamativo. El candidato y actual presidente Santos ganarían con cierta comodidad únicamente en la Costa Atlántica, en el centro del país el ganador sería la abstención electoral, a su vez la Alianza Verde y el Centro Democrático tendrían una votación importante en el centro del país. Así las cosas, el presidente Santos podrá ganar en primera vuelta, pero deberá ir a una segunda, donde el riesgo de la derrota aumenta. En todo caso, la posibilidad de una alta abstención electoral, el voto en blanco e incluso el voto nulo son una manifestación, por un lado de una crisis de liderazgo político en el país, básicamente la población no percibe una capacidad de guiar al país por parte de ninguno de los actuales candidatos. Por otro lado, la sociedad está demandando una serie de cambios y no ve a nadie con la capacidad de liderarlos, es decir, existe una diferencia entre el discurso de los candidatos y las demandas de la población. Por último, el debate en las campañas es bastante pobre, apenas si se discuten temas nacionales, el principal tema ha sido el de justicia transicional en el marco del proceso de paz.

Foto de Unidad de Restitución de Tierras El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria conformado por varias universidades y encabezado por el profesor Francisco Gutiérrez, de la Universidad Nacional, había dicho que “la restitución tal como está diseñada no puede cumplir en diez años la meta trazada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al paso que vamos podría demorarse miles de años o, introduciendo supuestos extraordinariamente optimistas, cientos. Es el momento de considerar, seria y rápidamente, un rediseño de la política de sustitución”. Ahora la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación presentan, en cifras, un panorama desolador. Dicen que en dos años y medio, a marzo 15 de 2014, se han proferido 372 sentencias de restitución y se han devuelto a sus propietarios 20.694 hectáreas. Las solicitudes esperadas, según datos oficiales, eran 360.000 y las hectáreas por restituir se calcularon en 6.000.000. Para que el lector se haga a una idea del desastre. Algo más grave: 8.400 hectáreas, es decir el 40 por ciento, le fueron restituidas a la familia Perilla de Puerto Gaitán, Meta; y los Perilla son propietarios de otras tierras y estaban impedidos, por tanto, para reclamar propiedad sobre baldíos de la Nación. ¿Por qué vamos derecho al fracaso en una política clave para la reconciliación del país? La Unidad de Restitución de Tierras, bajo la dirección de Ricardo Sabogal, ha escogido, de manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, para impulsar la restitución de tierras. La Ley 1448 y otras disposiciones legales le daban al gobierno la posibilidad de priorizar las restituciones colectivas sobre las individuales; de hacer las restituciones por vía administrativa cuando no se encontraran en el camino opositores a tal o cual reclamación; de impulsar las sentencias de restitución en zonas con riesgos en seguridad y ofrecerle a la víctima una compensación o la ubicación en otro territorio y entre tanto el Estado seguía persiguiendo el bien despojado; de apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil y en las víctimas para difundir la ley y formar a miles y miles de líderes sociales en la defensa de la restitución. Hizo todo lo contrario. Se han restituido 789 predios, es decir un poco más de dos por cada sentencia. La gran mayoría son restituciones individuales. Cuando, sin escarbar demasiado, se puede ver que en las zonas de abandono y despojo es fácil aglomerar predios colindantes o referidos a un solo despojador para multiplicar las restituciones con cada sentencia dictada. Todas las restituciones están pasando por los jueces que son pocos e inexpertos, cuando el gobierno podría seleccionar infinidad de predios sin oposición y proceder a restituciones rápidas y expeditas por vía administrativa. En vez de apoyarse en al artículo 97 de la ley para dar vía libre a las restituciones en todas las zonas riesgosas del país acudiendo al sistema de compensaciones, prefirieron inventarse la llamada ‘microfocalización’, que significa ir al Ministerio de Defensa a preguntar en dónde se puede hacer restitución, convirtiendo a los militares en los árbitros del proceso. Les dieron la espalda a organizaciones de víctimas que se ofrecieron para ayudar en la difusión y en la implementación de la ley tal como lo denuncia Carmen Palencia, de la Asociación Tierra y Vida. Pasan por alto la cifra brutal de 69 reclamantes de tierra asesinados desde 2008. Pero cuando las instituciones académicas dicen estas cosas Ricardo Sabogal contesta, con un cinismo que espanta, que lo están haciendo muy bien, que la restitución en Colombia es un ejemplo para el mundo, que es normal la lentitud, que no saben nada de la familia Perilla. No me cabe en la cabeza que Santos, quien aseguró que la sola aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, justificaría su paso por la Presidencia, deje morir en manos de personas negligentes o mal intencionadas la tarea mayor de la reconciliación. Tendría que reestructurar la Unidad de Restitución de Tierras y también la Unidad de Víctimas, de la cual me ocuparé en otra columna. Tendría que inventarse, quizás, un Ministerio de la Reconciliación y agrupar allí todas esas instancias que tienen que ver con las víctimas, la memoria, los reinsertados, la transición y el posconflicto. No se necesitaría más burocracia. Se precisaría solo voluntad y poder político suficientes para mover a los gobernadores, a los alcaldes y a la sociedad civil en pos de este objetivo. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto Unidad Restitución de Tierras Ver informe completo La restitución de tierras avanza a paso de tortuga y en algunos casos  podría configurarse lo que los expertos llaman la “legalización del despojo”. Esa es la conclusión más importante de un estudio hecho por la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación sobre la gestión de los jueces de tierras. La ONG hizo un análisis de 372 sentencias publicadas desde que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sancionó la Lay 1448 de 2011, conocida como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Una sentencia puede abarcar varias solicitudes al tiempo. El gobierno esperaba en sus cálculos que se presentaran cerca de 360.000 solicitudes para que las víctimas del conflicto que perdieron su tierra, salieron de ella desplazados o les fue arrebatada, reclamaran. Hasta ahora, dice el informe titulado “Restitución de Tierras ‘Gota a Gota’”, sólo se han presentado 54.063 solicitudes. Eso equivale al 15 por ciento. En total se han restituido 20.694 hectáreas y 411 han sido compensadas (que se adjudica en un predio distinto al que el reclamante tenía). De esta cantidad, 8.407 hectáreas eran predios baldíos que fueron restituidos a una familia que ya tenía tierras. Según la ley, esa adjudicación sería ilegal. Seis opositores en 191 casos Pero no solo es lamentable que las solicitudes no se hayan presentado, que puede deberse a diversos factores como la falta de información, miedo, desconfianza en las autoridades o exceso de trámites, sino que solo se ha restituido por la vía jurídica el 1,7 por ciento de las solicitudes hechas por las víctimas. Es decir, de las 54.063 solicitudes solo 964 se han dirimido en los tribunales. De ese universo, 927 (el 96 por ciento de los casos) fueron a favor de las víctimas. El informe señala que los jueces de restitución de tierras reconocieron la buena fe de los opositores solo en 12 de los casos. Llama la atención de los investigadores que seis personas a quienes identifican con nombres propios: Gabriela Inés Henao (investigada por la Fiscalía), Diego Alois Sierra, Hever Walter Alfonso Vicuña y Miguel Enrique Ríos Dávila, trataron de impedir la restitución en 191 casos. En otras palabras, esas seis personas aparecen como opositores en el 65 por ciento de los casos que no acreditaron buena fe. Casos represados El 70 por ciento de los casos, es decir, 37.712, no están microfocalizados. Con ese argumento esos procesos se encuentran sin trámite, durmiendo en algún escritorio. La microfocalización es un concepto del Ministerio de Defensa que indica que hay condiciones favorables de seguridad para que pueda llevarse a cabo la restitución. Pero no se creó como un obstáculo, sino para ayudar a construir el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Forjando Futuros por eso indica que la falta de microfocalización no debe ser un argumento para no tramitar esos casos. “La negativa de la Unidad de Restitución de Tierras a tramitar la restitución de predios no focalizados es violatoria de la ley”, dice el informe. ¿La razón? La Ley 1448 de 2011 dice que, en caso de que la restitución sea imposible por razones de seguridad, los jueces de tierras podrían compensar en dinero o en otros predios la tierra de los reclamantes. Además, advierte el informe, hay un exceso de solicitudes de pruebas  que recaen en los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y no en los opositores de la restitución –que son los que deberían asumirlas, según la norma–, lo cual retrasa aún más los procesos. Una sola familia dueña de la mitad de hectáreas El informe arroja un dato preocupante sobre el uso de los predios baldíos para restituir a las víctimas. Según dice, la familia Perilla se ha convertido en la dueña de 8.407 hectáreas de predios baldíos en el Meta. Es decir, a ellos les correspondió el 40 por ciento del total de lo que hasta ahora se ha restituido. Según la ley, los requisitos para adjudicar baldíos son que los adjudicatarios no posean tierras, no tener un salario superior a mil salarios mínimos y tener bajo explotación dos terceras partes del baldío en los últimos cinco años. Pero, señala Forjando Futuros que dos los Perilla miembros eran propietarios de otras tierras, desde antes de ser desplazados. Por esta razón, el informe lanza una sentencia alarmante: “la adjudicación a la familia Perilla abre la puerta a la adjudicación de baldíos por vía judicial a acaparadores ilegales de grandes extensiones de tierras del Estado”. Descargue el informe completo aquí Avances y dificultades del proceso de restitución de tierras