Por: Redacción Pares Dos veces en dos años ha sacudido el presidente Petro su gabinete ministerial. Esta vez no hubo una declaración oficial transmitida en cadena nacional. Los anuncios los fue haciendo por su red social favorita, X. A nadie tomó por sorpresa estas medidas. En su viaje a Suecia, a comienzos de junio, había anunciado la necesidad de tener ministros que pudieran ser más efectivos a la hora de mover sus reformas sociales en el congreso. El sábado pasado anunció el cambio más importante, se iría de la cartera del interior Luis Fernando Velasco. Durante casi una semana se venía especulando por su reemplazo. El nombre de Juan Fernando Cristo sorprendió a más de uno. Tildado por sectores progresistas como politiquero, el cucuteño ha tenido una trayectoria de 35 años jugando en las grandes ligas de la política. Fue cónsul en Caracas con Gaviria, embajador en Grecia y gran defensor de Samper, fue senador desde 1998 hasta el 2012 y fue ministro del interior de Santos. Petro explicó para qué había puesto a Cristo en el ministerio del interior. Lo hizo a través de X “las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente”. Y por eso confía en su muñeca. Al igual que Roy Barreras Cristo es un gran “jugador de poker” sabe cómo se mueve la política y espera tender puentes con otros sectores que no son tan afectos al Gobierno del Cambio. Cristo va a tener tres grandes retos por hacer en su ejercicio como Ministro del Interior. El primero es armonizar la relación con el legislativo, en el sentido de pasar las reformas. Pero no sólo esto. Para el investigador del área de democracia de la fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Chalá, sus retos van más allá: “Tendrá que conciliar unas mesas directivas en las comisiones de cámara y senado más favorables con el gobierno y a las reformas darles movimiento con la experticia que tuvo moviendo el fast track en los acuerdos de paz durante el 2016, sin eso no habría tenido viabilidad jurídica el acuerdo de Paz”. Además hay que recordar que el jefe de Cristo en este momento no es Juan Manuel Santos sino Gustavo Petro “Y la conformación del Congreso no es la misma en la que estuvo en el 2016 por eso es difícil predecir si se van a mover estas reformas. No sabemos como va a ser la relación de él con los congresistas. Hay que ver cómo puede manejarse Cristo en un escenario legislativo que no es tan favorable”. El político también tiene un encargo fundamental que es darle la viabilidad más concreta a la idea de constituyente de Petro y esto podría ser el choque entre él como ministro y el gobierno por que él hace parte de ese “santismo lejano al gobierno que no está de acuerdo con esta idea de Constituyente” y también tendrá en cuenta y será fundamental en todo lo que va a ser la relación con las bases sociales y políticas del gobierno especialmente con la alineación que va a buscar para que ellas “se perfilen alrededor de las reformas del gobierno en términos coyunturales” su rol estará ligado a evitar que estas bases se rompan y que no pasen como pasó en el tema de salud con Fecode. Cristo, al menos en mayo y a través de su cuenta de X, criticaba abiertamente y veía inviable la posibilidad de que se hiciera una nueva constituyente. Lo fundamental frente al Congreso tendrá que ver que capacidad de negociación tendrá para que los conservadores sigan respetando sus acuerdos y que Efraín Cepeda, quien no es cercano al gobierno, pero la negociación uno a uno con los conservadores ha permitido que el cuórum no se rompa cuando la oposición lo ha querido hacer en las plenarias. “Hay que ver cual va a ser su rol con el Conservador ahora que va a tomar la presidencia del senado en ese partido y cual va a ser su relación con Gaviria con los liberales del senado y poder mover los votos gaviristas del senado y evitar que la oposición tenga juego por el lado de la ruptura del cuórum que le ha permitido tener ventaja en los debates como la reforma a la salud”. Afirmó Chalá. Cristo, a pesar de su curriculum, no la tendrá fácil. Pero el hecho de que haya aceptado y que se le ofreciera a personas cercanas al santismo, como es el caso del cucuteño, deja claro la intención del gobierno de buscar, no sólo mover las reformas sino evitar que, mirando las elecciones del 2026, el santismo no busque alianzas con sectores de centro de cara a las elecciones tipo Claudia López. El puente con el santismo es necesario de cara a las futuras elecciones presidenciales.

Por: Línea Gobernabilidad y Democracia Cumplidos dos años del mandato del presidente Gustavo Petro Urrego se mueve la composición de su gabinete. El contexto de fondo es la bicicleta estática en la que se encuentran iniciativas trascendentes para la base electoral del mandatario como lo es la educación y el acceso a la propiedad rural.   Como ya ha sido contado por medios de comunicación los ministerios que ya estrenan nuevas jefaturas son: Transporte con la llegada de María Constanza García, que se venía desempeñando como Viceministra de Infraestructura; Justicia con la llegada de Ángela María Buitrago quien estuvo en la terna a Fiscal General de la Nación y Martha Carvajalino quien era la viceministra de Desarrollo Rural.   Otros ministerios como educación, vivienda e interior ya calientan motores para sustituir a los jefes de cartera en un dilatado proceso de anuncios públicos que han generando ruidos e intrigas por la recomposición del gabinete.   Estos son algunos de los retos que deben gestionar los nuevos ministros de cara al cierre del periodo presidencial y a la renovación o no de la elección de un siguiente gobierno progresista.   Vivienda: recuperar la confianza y el tiempo perdido   La ministra Catalina Velasco Campuzano tiene cantada la salida, durante su gestión el sector de la vivienda de interés social sufrió uno de las más traumáticas experiencias con las demoras en la asignación de subsidios, elemento fundamental en la compra de vivienda para los sectores populares.   Quien llegue a ocupar su lugar deberá enfrentar la caída en 44.7% en el sector que pasó de construir 171.828 unidades en 2022 a 84.468 en 2023, acumulándose pérdidas por 20 billones en un sector clave para el empleo y los encadenamientos productivos de este rubro.   Otras agendas del Ministerio como el agua y el aseo están perdidas ante la incapacidad de la Ministra de liderar la radicación de la nueva ley de servicios públicos o la implementación de iniciativas del presidente Petro como lo es “Basura Cero” una de sus banderas durante su trayectoria política.   Interior: gobernar un congreso ruidoso   Luis Fernando Velasco dejó la cartera del Interior en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y la mayoría de las iniciativas del Gobierno hundidas o agonizantes en el Congreso de la República. En su reemplazo llega Juan Fernando Cristo, un experimentado político cercano a Juan Manuel Santos entre los años 2014 a 2017.   Su tarea implica lograr los consensos necesarios para tramitar la agenda legislativa del Presidente de la República en un anticipado escenario electoral de cara a 2026, junto a la fragmentación de estructuras políticas como el Partido Verde que se debate entre el petrismo y el antipetrismo, o los escándalos de corrupción de múltiples líderes que han respaldado iniciativas del Gobierno Nacional.   Justicia: sin reforma a la Justicia, ni cárceles, ni sometimiento a la Justicia, ni legalización   Néstor Osuna sale del Ministerio de Justicia después de haber fracasado en iniciativas como la reforma a la Justicia que fue anunciada meses atrás y que hasta ahora no muestra ningún resultado concreto, así mismo otras agendas dependientes del diseño y desarrollo del Ministerio no tienen un avance significativo como la legalización de la fabricación y consumo de sustancias o las reglas para el sometimiento a la Justicia mientras están en trámite 3 procesos de paz en paralelo.   Otro gran problema terminó desbordando a Nestor Osuna ha sido el de las cárceles con eventos tan complejos como el asesinato del director de la Carcel Modelo de Bogotá, Cr. Hélmer Fernandez. Su reemplazo será Ángela María Buitrago quien tiene una extensa trayectoria en la Universidad Externado de Colombia como profesora de Derecho Penal y fue candidata a Fiscal General de la Nación en la terna que presentó el presidente Petro meses atrás.   Deberá retomar los proyectos que no pudo concluir Nestor Osuna, el más importante de ellos tramitar ante el Congreso una reforma a la Justicia que en todo caso exigiría una Ley Estatuaria en tiempos donde los consensos no están a la vuelta de la esquina.   Agricultura: sin paz en el Ministerio y sin reforma agraria   Una de las agendas más sensibles y prometidas del presidente de la República está hoy en veremos por cuenta de los agarrones entre funcionarios de las entidades que integran este sector. Jhénnifer Mojica la ministra saliente no logró avanzar junto a la Agencia de Tierras en la compra de los bienes rurales necesarios para la prometida reforma que incluye la distribución de 1.5 millones de hectáreas. Pese a los acuerdos alcanzados por el presidente Gustavo Petro con sectores como Fedegan para facilitar la adquisición de grandes extensiones de tierra, le corresponderá a Martha Carvajalino apretar los tiempos para la compra y asignación de predios, como garantizar desarrollo rural integral.   Transporte: concesiones y obras inconclusas.   Dentro de los retos del sector del transporte se encuentra la herencia de obras de infraestructura enredadas por corrupción, conflictos ambientales y sociales, además de una demanda permanente de nuevos recursos para su financiamiento. Aunque apuestas de gobiernos anteriores como la rehabilitación de corredores férreos han tenido importantes avances, también es cierto que el agotamiento de las infraestructuras existentes administradas por Invias siguen siendo los lunares del sector.   En esta cartera William Camargo un viejo funcionario petrista que lo había acompañado como director del IDU deja la cartera y en su reemplazo llega Maria Constanza García, que se desempeñaba como viceministra y cuya trayectoria en el sector público se ha dado entre las toldas del Partido Conservador, que en la actualidad la niega como cuota.   El Gabinete 3.0 de Petro   Hasta el momento el presidente Gustavo Petro ha cambiado 37 veces de ministros en distintas agendas en un periodo de 23 meses, su homólogo en el periodo inmediatamente anterior cambió en 47 oportunidades a ministros de sus despachos pero en todo su mandato.

Por: Redacción Pares En junio del 2011, en el Teatro Zulima de Cúcuta, Juan Fernando Cristo lanzó oficialmente la Ley de Víctimas. Desde el 2006 era senador por el partido Liberal y estaba alineado con el entonces presidente Juan Manuel Santos en intentar llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Su voz monocorde se quebró cuando, subido en la tarima, recordó a su padre. El médico Jorge Cristo Sahium fue asesinado el 8 de agosto de 1997 mientras se dirigía a su consultorio. Un comando del ELN lo interceptó en la ruta, disparó sobre su escolta y luego sobre él. Combinaba dos pasiones, la medicina y el senado, fundando una familia política que fue seguido por sus hijos, Juan Fernando y Andrés. Sacar la ley de víctimas se había convertido para él en una cruzada personal, una deuda que le debía a su padre y también a sus asesinos. El día en que mataron a su padre Juan Fernando Cristo acababa de tomarse unos días en Corinto, Grecia, donde había sido nombrado embajador por Ernesto Samper. Descansaba en el Peloponeso cuando lo asaltó la noticia. Su padre había sido asesinado. Apenas unos días atrás había estado con él en Atenas y le había expresado lo cansado que estaba de ser senador, tenía la curul de manera ininterrumpida desde 1976. Incluso intentó convencer a Juan Fernando de que abandonara su embajada en Grecia y regresa a la tierra, a luchar palmo a palmo por la gobernación de Norte de Santander. Pero no era un buen momento para regresar a Colombia. Los Cristo habían arriesgado su capital político defendiendo a Samper, quien en ese momento vivía el calvario que representó que su campaña aceptara los millones del Cartel de Cali. Todo lo que oliera a Liberal se quemaría en la hoguera de la opinión pública. Juan Fernando Cristo, por su cargo diplomático, tenía un celular. Este comenzó a timbrar. Cristo atendió la llamada. Lo llamaban desde Palacio. Su papá, quien acababa de regresar a Cúcuta después de su descanso en Grecia, había sido asesinado. La decisión fue salir inmediatamente de Corinto e irse como pudiera a Atenas y de ahí tomar un vuelo hasta Bogotá. En la embajada empezaban a llegar los mensajes de condolencia. Uno de los que más lo sorprendió fue el de María Isabel Rueda, columnista de El Tiempo, quien se había convertido en una de las más virulentas enemigas editoriales del presidente Samper. En su libro “La guerra por las víctimas” el propio Juan Fernando Cristo le agradece a la columnista el detalle. Después de una dura conexión en Frankfurt volaron de madrugada a Colombia. Apenas aterrizaron en el Dorado una avioneta lo llevó a él y a su familia a Cúcuta. Allí lo esperaba un viejo amigo de su padre, Horacio Serpa. El político santandereano fue su compañero de pupitre en la Cámara de Representantes y era uno de los mejores amigos de su padre. Dio un sentido discurso en la Catedral y luego lo acompañó al cementerio. En todo ese día doloroso Juan Fernando no tuvo dudas de su decisión: tenía que regresar al país. Renunció a la embajada y se lanzó a las elecciones del congreso en 1998 obteniendo 46.174 votos. Desde entonces ha sido un peso pesado de la política nacional. Consciente de esto Gustavo Petro nombró a quien fuera uno de los ministros más fieles de Juan Manuel Santos como su jefe de cartera del Interior. Recién el 24 de mayo del 2024, un mes atrás de este nombramiento, Juan Fernando Cristo había escrito en su cuenta de X: “Repitan conmigo: LA CONSTITUYENTE ES INVIABLE .LA REELECCIÓN ES IMPOSIBLE . Lo que sí resulta patético es ver  la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la Constitución. Ahora también lo es.” Ahora deberá ponerse el overol y trabajar porque las ambiciosas reformas de Petro pasen en el congreso. Tiene espalda para eso. Expresamente Petro le encomendó adelantar las reformas sociales “con el poder constituyente”. Una tarea nada fácil y una contradicción tremenda para Cristo. Sin dudas su nombre es el que más suena entre los cambios que ha venido adelantando el gobierno en su gabinete ministerial esta semana. A donde quiera que vaya, trabaje con quien trabaje, Juan Fernando Cristo tendrá encima un legado y un dolor que quedó estampillado para siempre en él desde ese 8 de agosto de 1997.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Infobae En el departamento del Cauca , las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, continúan exhibiendo su influencia criminal y su capacidad para imponerse sobre las autoridades locales y la población civil. En esta ocasión, el frente Carlos Patiño, una facción de las disidencias, ha aportado fondos para la construcción de un puente vehicular en la vereda Honduras, sobre el río Micay, inaugurado recientemente. La inauguración del puente tuvo lugar el pasado lunes 1 de julio. En un evento que mezcló elementos comunitarios y criminales, la comunidad organizó un bingo para celebrar la apertura del puente, mientras los hombres armados de las disidencias rompían el listón de apertura. Este nuevo puente , que conectará a 12 veredas, supuestamente beneficiará a unos 30.000 habitantes del Cañón del Micay. Sin embargo, la construcción no estuvo exenta de polémica: las disidencias aportaron un 15% de los recursos, obtenidos presuntamente en parte del narcotráfico, y establecieron un peaje ilegal para el uso del puente. El puente no solo facilitará la movilidad de la comunidad, sino que también servirá como un nuevo punto de recaudación para las disidencias. Durante la inauguración, los hombres armados anunciaron las tarifas del "peaje comunitario": 2.000 pesos para motocicletas y 10.000 pesos para carros. La comunidad, en su desesperación por infraestructura, ha aceptado estas condiciones, alegando que los fondos de las disidencias representaron una parte significativa del costo total del puente, estimado en 600 millones de pesos. Eduard Rubiano Álvarez, secretario de la Asociación Campesina del Micay, declaró que la construcción del puente, que duró entre cinco y seis meses, se llevó a cabo con recursos obtenidos mediante actividades comunitarias y eventos organizados por las juntas de acción comunal del Cañón del Micay. Sin embargo, la presencia y el control de las disidencias sobre el proyecto subrayan la precaria situación en la región, donde la falta de presencia estatal permite que grupos criminales impongan sus propias reglas. El Cañón del Micay, escenario de constantes disputas entre las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, y el ELN, vive bajo un régimen de control impuesto por estos grupos. Existen “manuales de convivencia” que prohíben, entre otras cosas, la circulación de motociclistas con casco y de carros con vidrios arriba. La velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora y transitar después de las ocho de la noche está vetado. Las violaciones de estas normas pueden resultar en multas de hasta cinco millones de pesos o en secuestros. Las comunidades del Cauca enfrentan un control social y económico severo. Los visitantes deben obtener permisos previos gestionados por la comunidad, y los habitantes viven bajo la constante amenaza de secuestro y extorsión. A diario, se reportan retenciones, asesinatos y desapariciones. Los comerciantes y finqueros son obligados a pagar sumas considerables de dinero para evitar represalias. En caso de no pagar, los disidentes recurren a la matanza de animales domésticos como vacas, pollos o marranos. Pese a la violencia y el control ejercido por las disidencias, la comunidad sigue mostrando resiliencia. La entrega de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y del puente, aunque provenga de fondos ilegales, refleja la necesidad de infraestructura en la región. Fuentes locales le indicaron al medio de comunicación El Colombiano que parte de los recursos utilizados provienen de un impuesto irregular cobrado a los cultivadores de hoja de coca, subrayando la compleja relación entre la economía ilícita y la vida cotidiana en estas áreas. La construcción del puente en la vereda Honduras no es un hecho aislado. Las disidencias de las Farc han entregado otras obras en diversas regiones del país, buscando legitimarse ante las comunidades locales. En mayo, entregaron el colegio agropecuario "Getil Duarte" en los límites entre el Meta y Caquetá, y más recientemente inauguraron un centro de salud en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó la importancia de contextualizar la situación antes de la ruptura del cese al fuego entre el Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Según Marín, el Estado Mayor tenía influencia en el 99% de los municipios del Cauca, lo cual incluye presencia armada, control de economías e injerencia en las dinámicas del territorio. Tras la suspensión del cese al fuego, se ha observado una intensificación de las acciones del Estado Mayor, especialmente del grupo Carlos Patiño, en contra del Ejército, lo que ha resultado en numerosos hechos victimizantes. Marín subrayó la necesidad de que el Ejército tome el control de estas zonas, pero enfatizó que la solución no debe limitarse a la presencia militar. Según la investigadora, es fundamental que otras ramas del Estado estén presentes en el territorio para contrarrestar las infraestructuras establecidas por los grupos armados. Estos grupos, en ausencia del Estado, se legitiman construyendo puentes, carreteras y otras infraestructuras que también benefician a la población local. Además, Marín mencionó que el puente construido por el Estado Mayor se finalizó en aproximadamente cinco meses, evitando los procesos de veeduría típicos de una contratación estatal. Esta rapidez se debe a los fondos provenientes del control de las economías locales. El grupo Carlos Patiño, responsable de esta construcción, también impone un peaje de entre 2.000 y 10.000 pesos a quienes transitan por la carretera, lo cual no es un caso aislado. Marín recordó el escándalo del colegio Gentil Duarte en El Caguán y la ambulancia entregada en San Juan del Micay a comienzos de año. Finalmente, la investigadora de Pares hizo un llamado al Gobierno Nacional para que su presencia en los territorios sea integral y no se limite al control militar. La investigadora subrayó la importancia de garantizar derechos sociales, educación y vivienda para reducir la influencia de los grupos armados y mejorar la legitimidad del Estado en estas zonas.

Por: Redacción Pares En el siglo XVI los extenuados españoles que recorrieron los bastos territorios de lo que después se conocería como el Meta, se encontraron con los vestigios de una tribu hoy olvidada. Se llamaban Los Guayupe. Su nombre aparece en un par de crónicas de indias y después desaparece en el tiempo hasta que, investigaciones realizadas en la década del ochenta del siglo XX, pudieron constatar que habían vivido hace 2.000 años en estas tierras. Eran alfareros, vivían de la pesca y la caza y tenían complejos ritos funerarios. Esta semana su nombre volvió a aparecer en el río del tiempo. En la exploración petrolera que está realizando Ecopetrol en los municipios de Acacías y Guamal se encontraron 27 puntos en donde hay vestigios de esta cultura. Incluso los hallazgos podrían ser determinantes a la hora de establecer en la Historia la importancia de los Guayupe. Es que no sólo fueron vestigios de utensilios domésticos sino también restos de viviendas que reflejan la complejidad en la que vivían. En el área de Acasías se descubrieron por lo menos 3.000 piezas arqueológicas. Las comunidades prehispánicas siguen siendo una gran incógnita para la arqueología y estos hallazgos podrían traer una nueva luz al respecto. Uno de los medios que reportó los hallazgos fue el Unicornio. Ellos hablaron con Igor Martínez Beltrán, arqueólogo de la Gerencia de Gestión Ambiental y Relacionamiento de Ecopetrol, quien dijo lo siguiente sobre este hallazgo: “Una vez finalicen los trabajos arqueológicos, se desarrollarán los análisis que permitan contextualizar en el tiempo los hallazgos. Paralelo a las actividades en campo y laboratorio, Ecopetrol desarrolla un plan de socialización de los resultados con las comunidades locales para sensibilizarlas sobre la protección del patrimonio arqueológico y vincular a las administraciones locales en la gestión de tenencia y conservación de los bienes recuperados”. No es la primera vez que Ecopetrol hace este tipo de descubrimientos. En años anteriores ya lo habían hecho en sus campos operativos de Castilla. Ecopetrol se ha trazado unas metas con respecto a qué hacer con este tipo de hallazgos que se vienen presentando desde el 2015. En el país, durante la construcción de carreteras y represas se han encontrado 425 sitios arqueológicos que han servido para conocer de cerca el pasado de un país sin memoria. En la recolección de utensilios se han podido rescatar más de tres millones de piezas.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana Cuando Daniel Muñoz nació, en mayo de 1996, en Amalfi, ya se habían fundado las Autodefensas Unidas de Colombia. Tres de sus fundadores nacieron allí. Los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño. Además estaba otra familia, los Rendón Herrera, quien fueron conocido en todo el país por sus alias, “Don Mario” y “El Alemán”. En este pueblo de gente laboriosa también nacieron Jesús Ignacio Roldán alias “Monoeleche” quien en el 2004 sería el encargado de asesinar a Carlos Castaño y el peligroso narcoparamilitar Miguel Arroyave, alias “Arcángel”. Esta generación imprimió en este pueblo laborioso de Antioquia en un estigma que, con los logros de genios como Daniel Muñoz, podría diluirse. A este pueblo siempre ha llegado gente trabajadora. Su riqueza, cimentada en el oro, empezó a traer colonos desde el año 1836. Venían del oriente antioqueño y, a punta de picas, fueron construyendo fortunas que invirtieron en fincas, cultivos, ganado. Durante todo el siglo XX empezaron a vivir la bonanza. Con la riqueza llegaron los grupos armados a Amalfi. El ELN y las FARC aparecieron al principio de la década del 80, cobrando extorsiones, secuestrando. Por esa época Fidel Castaño, el hijo mayor de Jesús Antonio Castaño González, ya se había ido y había regresado con billete a Amalfi. Era una especie de príncipe, arrogante y sedicioso. Desde esa época ya decían que se había vuelto traqueto. Compró tierras, junto con su hermano Vicente, en Segovia, Remedios, el propio Amalfi. El mito sobre la furia de los Castaño contra las FARC nace del secuestro y posterior asesinato de su papá en 1982. Nunca se comprobó la participación de este grupo armado en el asesinato. Esa fue la excusa que tuvieron los Castaño para despertar una ola de terror. En 1982 asesinaron en la vereda Los Lagartos a veinte personas. Llegaron con lista en mano, acusando a las víctimas de ser colaboradores de las guerrillas. Les sacaron los ojos, les arrancaron la lengua. Los Castaño se empezaron a mover y llegaron a acrecentar a la brava su fortuna. Además, contaban con aliados poderosos, como miembros del batallón de Bomboná en Segovia. De Amalfi los Castaño, acompañados por vecinos suyos como los Rendón Herrera, Monoeleche y compañía, se ubicarían en Córdoba en donde los ganaderos, acosados también por la insurgencia, los recibieron con los brazos abiertos. Se ubicaron en una finca, llamada las Tangas y cimentaron un imperio criminal que llegó a desafiar al estado colombiano. Aunque bueno, a muchos de ellos los arrodillaron, los hicieron sus aliados. Los paras se establecieron en este pueblo en 1995, con la excusa de cuidar las minas de oro de las guerrillas. Llenaron de informantes al pueblo. Les pagaban a vendedores ambulantes para que denunciaran a cualquier tipo raro que vieran. Un testimonio en contra de alguien bastaba para ajusticiar a esa persona. Según la confesión que le hizo un paramilitar a verdad abierta, entre 1996 y el año 2000 mataron, sólo en Amalfi, a más de doscientas personas. Al no tener río, no había donde echar los cadáveres. Según la confesión de este paramilitar les tocaba descuartizar a la gente y luego enterrarla en una inmensa fosa común a la que llamaban La viborita. Nadie decía nada. La fuerza pública estaba allí para ayudarlos. Entre 1996 y 2004 asesinaron y desplazaron a cientos de miles de personas las AUC en muchas regiones del país. En el 2004 los paramilitares, comandados por Salvatore Mancuso, fueron aplaudidos por el Congreso. Incluso hubo senadores como Moreno de Caro que hizo fila a Mancuso para tomarse una foto con él. La desmovilización no fue el final de los paras. Los hombres al mando de Don Mario, otro hijo de Amalfi, fueron los que crearon los cimientos de lo que sería después el Clan del Golfo. Con la desmovilización de los paras Amalfi intentó seguir para adelante. Sin embargo, en el 2014, en una vereda llamada Silencio Monos, fueron asesinadas siete personas que pertenecían al clan familiar de los Rendón Herrera. Empezaban las venganzas por tanta sevicia desplegada por los paras en los años de auge. Poco a poco Amalfi empieza a exorcizar los viejos fantasmas. La esforzada historia de Daniel Muñoz, un muchacho que a los veinte años era barrista, que ya había perdido por completo la esperanza de ser futbolista profesional, está inspirando a la nueva muchachada que crece en todo ese municipio. El gol de Muñoz contra Brasil, el que nos dio el empate y el primer lugar del grupo, se gritó en toda Colombia. Pero el grito en Amalfi fue más profundo, más liberador. Fue un grito, un desahogo, una cura.

Por: Redacción Pares Desde 1962, con la creación del INCORA, se ha venido manejando la posibilidad de hacer una reforma agraria en Colombia. El fracaso ha sido una constante. La frustrada Reforma ha dejado capítulos muy tristes en el país, como lo que sucedió en el Sarare en Arauca en donde miles de colombianos, a los que la violencia les quitó todo. Este gobierno tiene la oportunidad histórica de hacerla. Había el dinero y la disposición para comprar más de 3 millones de hectáreas. Sin embargo ni Cecilia López, ni Jennifer Mojica, las dos ministras de agricultura anteriores, no lo pudieron hacer. Esta responsabilidad ha caído en las manos de Martha Carvajalino. En la mañana del martes 2 de julio el presidente anunció a través de su cuenta de Twitter a Martha Viviana Carvajalino, quien hasta ese momento era la segunda en esa cartera, como la nueva ministra. El movimiento hace paso del remezón que viene realizando el presidente y en donde han caído ya Néstor Osuna, reemplazado por Angela María Buitrago, también salió William Camargo, ministro de Transporte al que llegó María Constanza García, también se fue el ministro del interior. Martha Carvajalino es abogada, especialista en derecho constitucional, y una maestría en derecho en el 2012, todo esto realizado en la Universidad Nacional. Su experiencia en temas agrarios se refleja en los 17 años que lleva metida en temas agrarios y ambientales como consultora. Trabajó siete años como procuradora judicial agraria en Bogotá. Hizo parte además como contratista en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia (Fundescol). Pero la gran misión que tendrá la nueva ministra será darle vía libre, destrabar la Reforma Agraria. Por eso buscó a alguien que tenga sobre sus hombros el peso de los temas rurales y agrarios. En su cuenta de X Carvajalino escribió lo siguiente: “la expropiación agraria está consagrada, quizá antes, en la ley 74 de 1996. Se ha hecho de la ley un fantasma”. Ella ha hecho una de las grandes adalides en el país del derecho agrario. En El manual básico del derecho agrario de José Alfonso Valbuena, queda estipulado lo siguiente: “Las líneas aquí plasmadas parten del concepto general de derecho agrario como conjunto de instrumentos normativos, jurisprudenciales y doctrinales; instituciones y mecanismos que regulan el ejercicio de las actividades agrarias y complementarias, con miras a obtener en el sector agrario la producción más racional y el más alto grado posible de justicia social. En contexto histórico se articulan elementos básicos que tienen que ver con la función de la tierra, como parte de ésta la de ser modo y medio de vida de los grupos humanos; la tierra como factor principal de la producción agropecuaria; la regulación y reglamentación de la tenencia y propiedad de la tierra, y la tierra como base para el desarrollo de los pueblos”. Por eso para Carvajalino es imperativo lograr una reforma agraria en el país para lograr la paz en el país. En los más de sesenta años de conflicto ha quedado claro que la tierra ha sido el factor por el que la mayoría de grupos armados han peleado. El presidente Petro incluso ha sido más preciso al decir que “La riqueza no está en tener la tierra, la riqueza está en hacer producir la tierra”. El nombre de Carvajalino y su posición sobre la expropiación agraria han generado resquemor en algunos sectores de la oposición. Especialistas en el tema como Mónica Parada han salido ha defenderla “Decir que algo está en la ley no es una opinión, sino la constatación de un hecho que cualquiera puede verificar en Google.   La expropiación agraria está en la Constitución y la Ley. Si no les gusta, sometan el tema a una discusión pública” esto lo dijo a través de su cuenta de X. Su trayectoria en el derecho agrario, su conocimiento sobre el tema, fueron las razones por las que Gustavo Petro se jugó con su nombre para hacer realidad algo que parece inevitable: la reforma agraria se hará en Colombia en los próximos años.

Por: Redacción Pares En los últimos 19 meses han sido asesinados en Colombia cinco periodistas. En el país donde cayeron Guillermo Cano, director de El Espectador, Jorge Enrique Pulido, Jaime Garzón y una lista interminable de comunicadores, esta profesión sigue siendo un riesgo. Uno de los pocos bastiones que tienen los periodistas para defenderse del poder y de los extremos es la Fundación Para la Libertad de Prensa. La FLIP siempre ha estado cuestionando el poder sin importar los colores del que está mandando. El ex presidente Álvaro Uribe lo sabe. En el 2017 hicieron pública una amonestación contra el entonces senador quien hacía peligrosos señalamientos contra Julián Martínez, periodista de Noticias Uno quien hizo una exhaustiva investigación contra las Chuzadas que sucedieron en su gobierno y la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco.  En ese momento la FLIP anunció  lo siguiente:  “La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco. El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe”. Poco antes de que se acabara su mandato presidencial la FLIP también amonestó a Iván Duque. El 1 de agosto del 2022 en su página oficial lanzaron el siguiente comunicado: “El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. Todo esto, mientras las cinco periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otras y otros 750 recibieron amenazas de muerte”. Por lo tanto resulta un despropósito que el presidente Gustavo Petro pueda afirmar que la Flip fue fundada por un “paramilitar” haciendo alusión a Francisco Santos quien, antes de ser vicepresidente de Uribe fue periodista de la casa editorial El Tiempo y defendió la libertad de expresión. Los ataques de Petro contra la prensa han sido una constante en su gobierno. Maria Jimena Duzán, quien incluso estuvo en la mesa de negociación con el ELN y que, mientras fue candidato presidencial, estuvo de su lado en sus columnas, ha sido calificada por el presidente como “Periodismo Mossad” todo por los cuestionamientos que ha hecho la periodista contra los privilegios que supuestamente tendría el hermano de Laura Sarabia y la propia directora del DAPRE en este gobierno. Petro dijo sobre Duzán, además que “miente y quiere destruirlo ante la opinión pública”. En su defensa Maria Jimena ha sido vehemente y afirmó que ella “no es ninguna periodista de bolsillo”. Incluso el presidente anunció una demanda en su contra lo que, para ella, es un delito, así lo afirmó en una entrevista que le hicieron en la mañana de este 2 de julio en el programa 6AM 9AM “Si una demanda como la que me anunciaron próspera se volverá delito, oigan bien, preguntarle a los funcionarios públicos. Si la demanda pasa lo que significará en Colombia la libertad de expresión es que los funcionarios que protege cualquier presidente serán intocables y eso, pues obviamente va en contra de la libertad de expresión”. Petro aseveró lo siguiente en su cuenta en la red social X: “El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático”. La sentencia en X alentó aún más a sus seguidores a amenazar e insultar a periodistas que han permanecido en una línea crítica como María Jimena Duzán. Debido a esa injerencia de Petro, atentando contra la libertad de prensa, la FLIP lo reconvino. Señala que en su gobierno ha ignorado la violencia contra los periodistas y además él mismo ha asumido una posición errónea contra los comunicadores. Para Jonathan Bock, director de la FLIP, los ataques de Petro a los periodistas “son sistemáticos”.  Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación recordó que la misión de la FLIP “no es hacer control a la prensa, ni a su calidad, sino defender la libertad de prensa”. Y además señaló que se comete un error al confundir el periodismo con el medio “Es cierto que Colombia ha tenido medios muy complacientes con el poder, pero al mismo tiempo periodistas valientes, íntegros y éticos”. Colombia es uno de los países en el mundo en donde es más riesgoso ejercer el periodismo, por eso, cualquier señalamiento contra ellos de parte del poder es sumamente peligroso.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un esfuerzo renovado por alcanzar la paz en Colombia, en este ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro concluyó con importantes compromisos por parte de las disidencias de las FARC. El encuentro, que se llevó a cabo durante cinco días en Caracas, Venezuela, marcó un hito significativo en el proceso de desescalamiento del conflicto armado que ha aquejado al país durante décadas. El ambiente durante las negociaciones fue descrito como propositivo y constructivo, con ambas partes mostrando un permanente ánimo de llegar a acuerdos que favorezcan la paz en Colombia. En un comunicado conjunto, se destacó la disposición de las delegaciones para avanzar en un camino que beneficie a la población civil y reduzca los impactos de la confrontación armada. Este primer ciclo se centró en establecer las bases para el funcionamiento de la mesa de negociación, el tratamiento de controversias y la definición de los próximos pasos. La Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, asumió varios compromisos importantes que reflejan su disposición a contribuir a la paz. Entre los acuerdos más destacados se encuentra la promesa de no portar armas ni vestimenta militar en zonas urbanas ni en vías terrestres y fluviales. Este compromiso es un paso crucial para reducir la tensión y la violencia en las áreas urbanas, donde la presencia de grupos armados ha sido una fuente constante de inseguridad y temor para la población civil. Además, se comprometieron a liberar a todas las personas secuestradas, un acto que podría significar un alivio significativo para muchas familias afectadas por la violencia y la incertidumbre de tener a un ser querido en cautiverio. Otro punto crucial del acuerdo fue el cese unilateral del fuego por parte de la Segunda Marquetalia. Aunque este cese no limita las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública, abre la puerta a la posibilidad de un cese al fuego bilateral, decisión que quedó en manos del presidente Gustavo Petro. La declaración conjunta publicada tras el cierre del ciclo de negociaciones dejó claro que la implementación integral del desescalamiento del conflicto comenzará con la entrada en vigencia de un Decreto Presidencial que suspenderá las operaciones militares ofensivas en las zonas acordadas. En estas áreas, la Fuerza Pública proporcionará las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y proteger a la población civil.   El modelo de negociación adoptado se basa en el principio de "acuerdo pactado, acuerdo cumplido", abarcando las fases de diseño, puesta en marcha, implementación y verificación. Este enfoque busca garantizar que los compromisos asumidos se lleven a cabo de manera efectiva, consolidando así un proceso de paz sostenible. La confianza en este modelo es fundamental para asegurar que las partes involucradas mantengan su compromiso y trabajen juntas hacia un objetivo común de paz y estabilidad. El siguiente ciclo de negociaciones está programado para las primeras semanas de agosto, con Cuba como posible sede de los encuentros. Antes de esta nueva ronda, el Gobierno y las disidencias realizarán una reunión con las comunidades para diseñar el acuerdo de desescalamiento del conflicto, asegurando la participación activa de la población en el proceso. Esta participación comunitaria es esencial para asegurar que los acuerdos reflejen las necesidades y expectativas de quienes han sido más directamente afectados por el conflicto armado. La Segunda Marquetalia surgió en 2019, cuando un grupo de desertores del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo a Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, decidieron retomar las armas. Este grupo tiene una presencia significativa en el sur y occidente de Colombia, así como en los departamentos fronterizos con Venezuela. La reemergencia de este grupo armado representó un desafío significativo para el Gobierno y la sociedad colombiana, ya que amenazaba con deshacer los avances logrados en el proceso de paz iniciado en 2016. Informes de inteligencia revelan que la Segunda Marquetalia cuenta con aproximadamente 1.751 integrantes, de los cuales 1.162 están armados y 589 forman redes de apoyo. La estructura de mando está encabezada por Iván Márquez, seguido de líderes como José Vicente Lesmes (Walter Mendoza) y José Aldinever Sierra (Zarco Aldinever). Además, se identificó que el grupo tiene campamentos en Venezuela y mantiene una operación financiera basada en el tráfico de cocaína, generando conflictos con otras disidencias como el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco. La financiación de la Segunda Marquetalia a través del tráfico de cocaína y su presencia en regiones estratégicas complican el panorama, requiriendo un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de la presencia del Estado y el apoyo a las comunidades afectadas. Esta complejidad resalta la necesidad de un enfoque multifacético para abordar las raíces del conflicto y asegurar una paz duradera. Las actividades de tráfico de drogas de la Segunda Marquetalia no solo financian sus operaciones, sino que también alimentan la violencia y la inseguridad en las regiones donde operan, exacerbando los desafíos para el gobierno y las comunidades locales.   El proceso de paz enfrenta varios desafíos, entre ellos, la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos y de garantizar la seguridad en las zonas de implementación de las medidas de desescalamiento. La participación activa y continua de la comunidad internacional será crucial para apoyar estos esfuerzos, proporcionando los recursos y la supervisión necesarios para asegurar que los acuerdos se implementen de manera efectiva y que se mantenga la presión sobre todas las partes para cumplir sus promesas. Sin embargo, las perspectivas son alentadoras. Otty Patiño, uno de los negociadores, destacó la innovación del enfoque de desescalamiento del conflicto, considerándolo más prometedor que los ceses del fuego bilaterales tradicionales. Según Patiño, este nuevo enfoque tiene el potencial de ser más productivo y alentador, ya que se centra en reducir gradualmente la violencia y crear un ambiente propicio para la paz. Al permitir que las comunidades locales vean mejoras tangibles en su seguridad y calidad de vida, este enfoque podría generar un mayor apoyo popular para el proceso de paz. Asimismo, líderes de paz como Rubén Zamora han expresado su optimismo sobre los avances logrados, viendo en ellos una oportunidad para establecer la paz en los territorios y devolver el respeto y la seguridad a la sociedad civil. Zamora señaló que el primer ciclo de conversaciones ha mostrado avances considerables y que hay razones para creer que se pueden lograr acuerdos importantes en los próximos ciclos. Además, enfatizó la importancia de la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, subrayando que es fundamental para devolver la confianza a la población y reparar la deuda histórica por el abandono que han sufrido muchas comunidades. El primer ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro marca un avance significativo en el complejo camino hacia la paz en Colombia. Los compromisos asumidos por las disidencias de las FARC, junto con la voluntad del Gobierno de implementar y verificar estos acuerdos, ofrecen una luz de esperanza para las comunidades afectadas por el conflicto armado. La próxima ronda de negociaciones será crucial para consolidar estos avances y seguir construyendo un futuro de paz y estabilidad para el país. Este primer ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro representa un paso significativo hacia la paz en Colombia. Los compromisos asumidos, el modelo de negociación adoptado y la participación activa de las comunidades locales son elementos clave que podrían conducir a un desescalamiento efectivo del conflicto y la construcción de una paz duradera. Aunque los desafíos son considerables, las perspectivas son alentadoras y hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Colombia.

Por: Redacción Pares El 2 de julio de 1994, lo que iba a ser una fiesta se convirtió en el capítulo más tiste de la historia del fútbol nacional. Andrés Escobar fue asesinado por el chofer de los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao. Cada disparo que le pegaban al defensa le gritaban ¡Gol! A pesar de su profesionalismo, de su calidad como futbolista, los mafiosos le cobraron el autogol contra los Estados Unidos. Francisco Maturana, quien entonces era técnico de la selección Colombia, le recomendó a sus jugadores no ir inmediatamente a Colombia después de la temprana eliminación del mundial. Especialistas como Pelé habían dado como favorito a la selección para ganar la competencia, debido a la espectacular clasificación que incluyó el famoso cinco cero contra Argentina. Escobar fue a una discoteca esa noche del 2 de julio y allí empezó a recibir las ofensas de los Gallón. El chofer de los Gallón Henao se llamaba Humberto Muñón. Él asumió toda la responsabilidad y fue condenado a cuarenta tres años de cárcel. Sin embargo sólo cumplió la pena hasta el 2005. Los hermanos Gallón apenas pagaron 15 meses de prisión. El fiscal que estuvo a cargo del caso Jesús Albeiro Yepes, en un artículo publicado en El Espectador en el 2014, afirmó que había sido un despropósito que los Gallón Henao no hubieran pagado lo que debían pagar por este asesinato: “En la indagatoria le pregunté (a Muñoz) si sus patronos le habían dado la orden de disparar, y él contesto expresamente: ‘Todavía no me habían dado la orden’ (…) Nuestra teoría era que los Gallón implícitamente le habían dado una orden a Muñoz, porque ellos lo que evidenciaron con el crimen de Andrés Escobar fue una estructura de poder y, obviamente, no se trataba de un poder pacífico, sino criminal. Lo que se decía en nuestra providencia era que cuando un hombre con ese poder dice delante del conductor de manera repetida y desafiante ‘usted, hijueputa, no sabe con quién se está metiendo’, es porque él mismo considera que representa un poder intimidante, un poder incluso capaz de la eliminación física. Y lo que hizo Muñoz respondía a una estructura de poder que esperaba de él decisiones, acciones”. La relación de los Gallón Henao con Álvaro Uribe es la siguiente. En 1996, dos años después del asesinato de Andrés Escobar, le compraron a la familia Uribe una parte de las Guacharacas, la hacienda que arrastra una oscura leyenda. Allí asesinaron a Alberto Uribe Sierra, el papá del expresidente, en hechos confusos que fueron atribuidos a las FARC aunque tiempo después miembros de esta ex guerrilla lo negaron. En las Guacharacas también habría arrancado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Santiago y Álvaro Uribe Vélez han sido investigados por estos hechos. En el 2009 Juan Santiago Gallón se entregó a las autoridades aceptando su responsabilidad de financiación de grupos paramilitares. Su otro hermano José Guillermo Gallón cayó una redada con otros 22 mafiosos. En el 2019 los hermanos Gallón fueron liberados. Al final jamás se hizo justicia con el crimen de Andrés Escobar.

Por: Redacción Pares En terreno la gente cree que detrás de los asesinatos de los líderes indígenas están las disidencias de las FARC. Al menos sobre uno de ellos hay algo más de certeza. La Dagoberto Ramos está detrás del secuestro de Florentino Mesa Noscué. La víctima había sido interceptada por integrantes de ese grupo en una carretera del municipio de Miranda. A Florentino no le respetaron nada, ni siquiera que viajara con su mujer y sus dos hijos. Los de la Dagoberto Ramos, quienes reciben órdenes de Iván Mordisco, lo sacaron del auto y lo llevaron para la parte alta del resguardo asegurando que lo iban a matar. Desde el momento de su secuestro los miembros de la comunidad realizaron una búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo el pasado martes. Presentaba múltiples impactos de bala. Además de su liderazgo Florentino era hermano de una de las autoridades más importantes, Rogelia Mesa Noscué, la autoridad ancestral Sa’th We’sx del resguardo La Cilia-La Calera. En lo que va corrido del año, al menos hasta mayo, según cifras de la fundación Paz y Reconciliación, han sido asesinados en el país 72 líderes sociales. El 26 de junio se registró otro hecho de violencia. El que cayó fue el médico ancestral llamado Luis Eduardo Vivas, sabedor espiritual quien fue encontrado sin vida en el territorio indígena de Mosoco. El médico se movía y era una figura reconocida en Páez Cauca. En una declaración dada a Caracol Radio el Consejero Mayor del CRIC Rodrigo Perdomo afirmó que “fue una persona que ejerció como autoridad, hecho que realmente rechazamos de manera contundente. Lamentamos profundamente esta pérdida y extendemos nuestra voz de aliento a la familia y a la comunidad”. Esa misma semana en el sector de San Francisco, en Toribío, fue secuestrado Eyber Danilo Poto. La búsqueda del hombre duró apenas unas horas. El viernes 28 de julio fue encontrado asesinado en Caloto. El fin de semana también fue asesinado un firmante de paz en el Cauca. Desde hace décadas el Cauca es uno de los departamentos en donde con más rigor se ha sentido el paso de la guerra. Sin embargo en los últimos dos meses esta situación se ha intensificado en ese departamento. Ataques a estaciones de policía situadas en las cabeceras de varios municipios han sido una constante. Hace dos semanas el papá de la actual vicepresidente de la república, Francia Márquez, recibió disparos en el auto en donde iba. Municipios como Suarez, Toribío, y el Plateado deben vivir con la zozobra constante que trae la violencia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A partir del 8 de agosto comenzará en Colombia a implementarse el Decreto 763 del 18 de junio de 2024. Con esta norma el Gobierno nacional busca acabar el mecanismo diferencial de estabilización de precios para el Aceite Combustible para Motores (ACPM). Comenzando por los grandes consumidores, quienes, a partir de este mes, empezarán a comprar el combustible diésel de acuerdo con la variación del precio del mercado internacional.   Esta valiente decisión la tomó Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda y Crédito Público, como una de las acciones para controlar el acelerado déficit estatal. Luego del desplome en el recaudo fiscal, que ha provocado un recorte de $20 billones de pesos del presupuesto nacional, con lo que hoy se tiene menos recursos para varios ministerios —aproximadamente 5.6% de menos recursos para este año—. Y después de que el Congreso de la República le autorizara la ampliación del cupo de endeudamiento de USD 17.000 millones.   Recordemos que desde el año 2020, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de congelar el precio de los combustibles, tanto de la gasolina corriente para motor como del ACPM. Este último ha permanecido en $9.315 pesos el galón. Lo que significó para el Estado asumir el diferencial entre el precio interno y el externo por más de cuatro años y medio. Deuda que tiene con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), que estaba en 37 billones en 2022 y logró bajarse en 2023 a $15,2 billones debido a la reducción del subsidio a la gasolina.   De allí que el gobierno Petro haya tenido que tomar la decisión de acabar con el subsidio a los combustibles, a pesar de los costos políticos que tiene para su gobierno. La estrategia ha sido, primero, aumentar mensualmente el precio de la gasolina corriente, pasando de $9.200 pesos en octubre de 2022 hasta igualarla hoy al precio  internacional a $14.300. Y luego pasar a esta segunda medida de acabar con el subsidio al combustible del ACPM.   Con el Decreto 763, el Gobierno comenzará con los grandes empresarios —aproximadamente 150 grandes empresas, que consumen mensualmente más de 20 mil galones y que representan el 5% del consumo total de ACPM—. La idea es que estas, en lugar de pagar $9.315 que cuesta en promedio el galón de diésel hoy, paguen a partir de agosto —el Decreto estableció 45 días de colchón para su aplicación— el precio internacional, que es aproximadamente $4.500 más alto.   Y aunque está cifra aparenta ser muy pequeña, en términos porcentuales, representará para el Estado un ahorro de $50 mil millones mensuales o, si se quiere, 600 mil millones al año. Un subsidio que estaba generando un gran déficit en la deuda pública y que a partir de ahora dejará de crecer tan rápidamente. Una demanda diaria de ACPM que está alrededor de los 145.000 barriles por día para el país —un poco más de 6 millones de galones por día—, que multiplicados por 4.500 pesos que se subsidian suma 27 mil millones de pesos diarios que se privatizan, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares.   Como era de esperarse, tan pronto salió el decreto la reacción en su contra fue inmediata. Los gremios que las agrupan a las empresas petroleras, mineras, cementeras y el sector agroindustrial, comenzaron a lanzar comunicados en contra de esta medida —desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, la Cámara Colombo Americana hasta los gremios, como la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas) y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entre otros—.    Todos ellos buscan que el Gobierno se llene de motivos para echar atrás la medida y continúe subsidiando diariamente la astronómica cifra que representa el subsidio. Asocaña, por ejemplo, advirtió que al quitarle el subsidio al combustible pone en riesgo las cosechas este año y perjudica gravemente la competitividad de la empresa. Según su comunicado, son  más de 240 mil hectáreas de caña que se verán afectadas, debido a que sus tractores cosechadores usarán un combustible más caro, y se ven a gatas para comprar los más de 10 millones de galones de ACPM necesario para transportar las cosechas en sus trenes cañeros—cifra consumida en 2023—.   Otros argumentos son el efecto que podrá tener la medida en el nivel de inflación. Como saben, uno de los objetivos del Banco de la República es controlar el aumento de los precios y, además, que los combustibles son uno de los insumos más importante para el nivel de precios de todo el sistema. De allí que advierten los críticos que se podría afectar está variable debido a la división transporte, acelerando el crecimiento inflacionario y retardar la reducción en las tasas de interés. Afectando, finalmente, a los consumidores y a la economía en general.   Pero esto es solo un pataleo de un actor gran consumidor. Es tiempo ya de que los grandes empresarios actualicen sus costos. La idea es que estos tengan claro los gastos en combustible. El estar atado el precio interno del combustible al internacional hará que las empresas puedan planificar mejor sus inversiones y tomar mejor las decisiones para asumir la competencia.   Incluso, hay que pensar en extender la media con rapidez a los medianos pequeños consumidores. El Decreto 763 sólo suprime el subsidio a los grandes consumidores —a aquellos empresarios que compran directamente a los distribuidores mayoristas— y sacó del aumento a las estaciones de servicio o bombas que distribuyen el combustible de forma minoritaria. Pero el Gobierno debe continuar con firmeza implementando el programa de ponerle fin al subsidio de los combustibles fósiles.   Deberá este año, como lo hizo con la gasolina, quitarle el subsidio a las empresas transportadoras de carga, aumentando el precio en las estaciones de combustible. Y luego extender la medida a toda la economía. Es cierto que quitar el subsidio tendrá impactos en la economía, en especial, en la inflación, sobre todo en sectores como el Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de Pasajeros o en las empresas generadoras de energía situadas en Zonas No Interconectadas (ZNI). También podrían haber bloqueos en las vías, problemas de seguridad y bajos volúmenes de carga transportados. Pero es necesario para que pare este desangre fiscal y la pesada carga que dejó el gobierno anterior.   Quitar el subsidio a los combustibles fósiles es una medida que se justifica. Pues, además de ayudar con el saneamiento de las finanzas públicas, servirá para reducir la privatización de los recursos de la nación. Serán 27 mil millones de pesos que dejarán de privatizarse diariamente, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares. Dejará de salir del bolsillo del Estado una gigantesca cifra que se privatiza en unas cuantas empresas dedicadas a la minería, la producción de petróleo o refinadoras de azúcar.   Además, se convierte en un valioso instrumento para impulsar la transición energética. El subsidio al consumo de combustibles fósiles, como el ACPM, contiene un mensaje inverso al que quiere dejar sembrado el Gobierno en la cabeza de los consumidores. Se lee como un incentivo al uso de un bien que causa daños ambientales. El quitar el subsidio conlleva entregar el mensaje de sustituir esas tecnologías por otras con energía limpia y que sirven para apoyar la descarbonización del planeta.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.