Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En el marco del "día del hombre" que se celebró en Colombia el 19 de marzo, es clave preguntarles ¿cuándo dejarán de callar convenientemente? ¿cuándo dejarán de ser cómplices entre ustedes?  Porque, mientras reclaman, innecesariamente, un “detallito” por su día, nosotras seguimos contando a nuestras muertas y exigiendo justicia. Sólo hace dos semanas, como cada 8 de marzo, miles de mujeres salimos a las calles exigiendo justicia y rechazando la violencia que nos asesina a diario y una vez más, nos enfrentamos a hombres diciéndonos a las mujeres cómo comportarnos, pero no entre ellos cómo hacerlo. Será un “feliz día del hombre” el día en que no nos tengamos que enfrentar a hombres que nos acusan de excluyentes e intransigentes y nos juzgan de inconformes porque ya hemos logrado mucho y queremos más, o soportar que posen de aliados ocupando nuestros espacios con sus discursos vacíos, alimentados de su grosera condescendencia. Lo que esperamos, este día y siempre, es que reconozcan su agencia en la reproducción de las violencias basadas en género y que asuman su responsabilidad. Si tantas ganas tienen de ser reconocidos y felicitados, pues rompan el pacto patriarcal y acusen a sus amigos violentadores . Pero no, los hombres no pueden callar, convenientemente, porque siempre han sido los dueños de lo público y no se exponen entre ellos porque se cobijan en su complicidad. Les aterra la idea de ceder el micrófono, les cuesta detenerse un solo día y reflexionar sobre la urgencia de las demandas del movimiento feminista.   Pero las cifras no mienten y hablan por sí solas. Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios en América Latina y el Caribe, se registra un feminicidio cada dos horas, entre 2023 y 2024 se presentaron 8.933 casos en la región; y según el Observatorio Feminicidios Colombia, en el país se presentaron 886 casos en 2024, y ya alcanzamos 79 feminicidios en lo que va de 2025. Adicionalmente, según ONU Mujeres, a este ritmo, la igualdad de género en los cargos de poder tardará 130 años en alcanzarse. Apenas 28 mujeres ocupan jefaturas de Estado o de Gobierno en todo el mundo, el 22,9% de los ministerios clave están dirigidos por mujeres y solo 9 países del mundo se destacan por tener una paridad a cargo de ministerios. A pesar de esto, de cierta forma puedo entender la incomodidad de los hombres al ver miles de mujeres decididas a ocupar las calles, comprendo que es difícil sentir amenazado su privilegio, sin embargo, esto no se trata de ustedes, ni de la ridícula forma cómo reclaman reconocimiento por el tal día del hombre. Les recuerdo que no necesitamos hombres salvadores aliades, necesitamos hombres sensatos, porque las violencias que ejercen contra nosotras son inaceptables y no nos cansaremos de denunciarlos. No pararemos hasta que la violencia patriarcal sea eliminada. A diferencia de los reclamos absurdos y cínicos de los hombres cada 19M, pues cada 8M las mujeres volveremos a marchar porque el mundo sigue sin funcionar para nosotras, pues no nos moviliza el capricho, sino la necesidad de enfrentar a quienes se creen con derecho a disponer de nuestros cuerpos. Que quede claro que no vamos a parar de insistir en que esto tiene que cambiar. No se equivoquen, les guste o no, seguiremos ocupando las calles. Feliz, el día que dejen de matarnos.

Por: Natalia Reina 2024 será recordado como el año en donde los bosques en Colombia ardieron. 6.293 casos de incendios forestales, que dejaron más de 216 mil hectáreas afectadas. Esto despertó una pregunta y una inquietud, ¿Están preparados los equipos de bomberos en Colombia para contrarrestar estos percances? Por eso Pares le puso la lupa al cuerpo de bomberos de una población específica, Galapa en Atlántico. La priorización de dicho municipio se debe a la gran importancia que ha adquirido como corredor industrial de la región, y por ende, su pertenencia para la expansión del departamento. Adicionalmente, Pares conoció denuncias específicas sobre la actividad bomberil en Galapa, lo que motivo al presente ejercicio investigativo.   La maraña política también ha afectado al cuerpo de bomberos de Galapa. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Galapa lleva casi una década atendiendo las emergencias presentadas en el municipio. Sin embargo, en los últimos cuatro años, presuntamente, las distintas administraciones locales han puesto en marcha una campaña de desprestigio en contra del cuerpo bomberil; por lo que han señalado reiteradamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV) como responsable del mal manejo de recursos públicos asociados a la gestión del riesgo. No obstante, tales señalamientos son contradictorios con la respuesta que dio el municipio a Pares frente a sentencias o documentos oficiales expedidos por los entes competentes en donde se constate y respalde tales afirmaciones.   Estas disputas provocaron lo siguiente: por dos años la administración municipal de Galapa, apoyada por el clan Char, dejó en riesgo y desprotegida ante cualquier emergencia a la ciudadanía . La alcaldía siguió cometiendo errores como contratar carros de bomberos que no cumplían con las funciones básicas de apagar un incendio.   Lo valioso de este informe es que muestra, con el caso del cuerpo de bomberos de Galapa, como una administración municipal, en donde tiene alta influencia el clan Char, puede apropiarse con los recursos usando a algo tan importante para un municipio como es su cuerpo de bomberos.

Por: Paola Marín Dos hechos han puesto a tambalear las dos mesas que avanzan con las disidencias de las FARC-EP. Por un lado, la detención de “La Araña” [1] , negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, genero serias dudas, sobre las garantías frente a los procesos de negociación. Y, por otro lado, la arremetida del ELN, en el Catatumbo, contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF- la cual dejo gran impacto en las filas de esta organización armada. Sin embargo, el fin de semana del 15 de marzo, se empezaron a ver salidas ante estos escenarios de crisis. ¿En que va la negociación con la Coordinadora Nacional – EB? Los días 14 y 15 de marzo del 2025, se reunieron nuevamente las delegaciones del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB, con el fin de reactivar la mesa de negociación entre las partes. Dentro de los acuerdos, se resalto la necesidad de retomar los compromisos firmados el 12 de febrero del 2025. Entre estos compromisos, se destaca la instalación de tres subcomisiones claves: la subcomisión del Acuerdo #3 sobre Transformaciones Territoriales, que identificará los polígonos donde se ejecutará un Plan Piloto de transformación territorial para la transición a economías legales en los departamentos de Putumayo y Nariño; la subcomisión del Acuerdo #4 de Garantías de Seguridad para los diálogos de paz, orientada a la construcción de los documentos necesarios para la planificación y puesta en marcha de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y local/territorial; y la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional EB, en conformidad con los instrumentos internacionales y las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Para la implementación de estos acuerdos, se establecieron fechas específicas y mecanismos de trabajo. Se adelantará un Taller de Capacitación sobre el Cese al Fuego dirigido por la Embajada de Suiza y la ONU, programado para los días 1 y 2 de abril de 2025, seguido por una sesión de la subcomisión el 3 de abril. Posteriormente, la sesión #4 de la Mesa de Diálogos de Paz se llevará a cabo entre el 7 y 9 de abril con la participación de los Países Garantes, Entidades Acompañantes y Observadores Militares. Finalmente, el 10 de abril se realizará el relanzamiento oficial de la Mesa de Diálogos para evaluar los avances y presentar los compromisos alcanzados, con el respaldo de las comunidades como un factor clave para la sostenibilidad del proceso de paz. [1]   https://www.pares.com.co/post/la-detenci%C3%B3n-de-la-ara%C3%B1a-pone-en-jaque-los-di%C3%A1logos-territoriales-con-la-coordinadora-nacional-ej%C3%A9 Seguramente, uno de los avances más significativos se dará en el marco de la instalación de la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes. Debido a que hasta el momento no se ha establecido un marco normativo claro que garantice una salida jurídica viable, al igual que la construcción de un mecanismo definido que regule su tránsito a la legalidad genera incertidumbre tanto para los miembros de la Coordinadora como para el propio Estado, especialmente en lo referente a su responsabilidad penal, los beneficios jurídicos a los que podrían acceder y la compatibilidad de su proceso con instrumentos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Transformaciones territoriales en el marco de las negociaciones con Calarcá. Por su parte, las delegaciones negociadoras del EMBF y de gobierno nacional, se reunieron en La Macarena, Meta, el fin de semana. Junto con entidades estatales, gubernamentales y organizaciones campesinas de diferentes partes de la región de la Amazonia, para participar de la construcción de propuestas territoriales conjuntas. Del espacio que tuvo una duración de 3 días, permitió consolidar compromisos fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la garantía de los derechos campesinos en consonancia con la protección de las áreas naturales. En este sentido, las organizaciones resaltaron la necesidad de avanzar en un equilibrio entre el desarrollo rural y la conservación ambiental, asegurando mecanismos que permitan la sostenibilidad del territorio y el bienestar de sus habitantes. Reiterando la importancia de acelerar procesos de ordenamiento territorial y delimitación de parques, aspectos cruciales para evitar conflictos socioambientales y consolidar una gobernanza participativa en la región. Entre los puntos centrales de la discusión, la población manifestó la urgencia de avanzar en la consolidación de Zonas de Reserva Campesina como una estrategia clave para el reconocimiento de los derechos territoriales y productivos de las comunidades. Además, de insistir en la necesidad de fortalecer el diálogo y ampliar el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el EMBF, dado que su vigencia está próxima a concluir el 15 de abril. La continuidad de este mecanismo es un paso fundamental para generar confianza en las negociaciones y evitar una escalada del conflicto en las regiones donde este actor armado tiene presencia. En las próximas semanas, se espera la realización del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el EMBF, en el que se abordará la posibilidad de prorrogar el cese al fuego, junto con otros temas clave para la consolidación de acuerdos. Este nuevo ciclo representa una oportunidad para profundizar en los compromisos adquiridos en La Macarena y avanzar en la construcción de un marco de garantías que permita una paz más estable y duradera en los territorios. La expectativa de las comunidades y organizaciones presentes en el evento es que estas negociaciones conduzcan a resultados concretos en materia de protección territorial, derechos campesinos y desescalamiento del conflicto armado. Finalmente, es importante resaltar que en el marco de los diálogos territoriales y como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer la paz y la seguridad jurídica en las zonas rurales, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Mesa de Diálogos de Paz, entregó 63 títulos de propiedad a campesinas y campesinos en la región del Yarí, Caquetá. Desde la década de los 80’s no se entregaba un título de propiedad de tierras en la región. Por eso, este hecho se constituye en un hecho histórico, con la legalización de 8.200 hectáreas en la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán. Sin lugar a duda, esto representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales que han habitado estos territorios por más de cinco décadas. La entrega de títulos no solo garantiza estabilidad y arraigo para 315 familias campesinas, sino que también sienta las bases para una política de acceso a la tierra en favor de la paz territorial. Este proceso se complementará con la legalización de 4.000 hectáreas adicionales, en respuesta a las solicitudes de campesinos que aún esperan la formalización de sus predios.

Por: Daniela Bernier Pacheco Las empresas de energía eléctrica en el Caribe continúan en crisis y la opción tarifaria propuesta por el Gobierno, ya no va más. El año pasado por las altas tarifas de energía y cortes del servicio, el Caribe se unió para marchar en contra de las empresas prestadoras del servicio eléctrico. En medio de esta coyuntura, en la que hubo hasta un vallenato protesta, en la que se narra la situación que viven la gente del Caribe; el Gobierno Nacional propone la opción Tarifaria asumiendo esa deuda millonaria, que comenzó con el martirio de la región en el año 2020. A inicios de año, el gerente de EPM señaló que Afinia una empresa prestadora de energía eléctrica en el Caribe, estaría en graves aprietos por las faltas de pago de subsidios, las pérdidas, entre otros factores que podrían colocar en riesgo del suministro eléctrico en departamentos como el Cesar y el Magdalena. Hace uno días, pidió ayuda a la liga de alcaldes, porque el apagón en la región Caribe sería una realidad si el Gobierno Nacional no paga la deuda por subsidios a la empresa. ¿Qué pasó ahora?, el Gobierno dentro de la propuesta de Ley de Financiamiento tenía previsto asumir los saldos de la opción tarifaria, beneficiando con esta medida a los estratos 1,2 y 3. Permitiendo así, la reducción del valor de la factura de energía para la población más vulnerable del país. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, expresó a la FM, que esto ya no sería posible. “(…)Hay unos saldos de opción tarifaria, que le darían caja a las distribuidoras, ya no fue en la ley de financiamiento, que estaba planteada por el Gobierno Nacional, que decidió precisamente la bancada Caribe no apoyar en contra de los intereses del pueblo caribeño(…)” Si bien la bancada Caribe tuvo sus razones para tomar su decisión, lo cierto es, que con esta decisión envía un mensaje contundente a la región Caribe y es, que la opción tarifaria no va más, así, que si la situación energética del Caribe ya estaba critica ahora se agudiza más, porque el Gobierno, no cuenta con los recursos para asumir una deuda millonaria. Aquí, la bancada Caribe debe reflexionar, porque su decisión no contribuye al pueblo, pueblo que la eligió y que confió en ellas. Continuará la horrible noche en el Caribe y quizás, volveremos a ver el cielo estrellado y no por voluntad propia, si no por un apagón sin precedentes, que nos hará reflexionar una vez más de cuantos años más tendremos que esperar, para contar con un servicio digno, que no atente contra nuestra tranquilidad. Un Caribe entre velas y Esso Candela no quiero yo.

Por: Redacción Pares Fuertes críticas ha recibido el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con su propuesta de crear los Guardianes del Orden, una estrategia para recuperar la seguridad en la capital por medio de gente del común que prestarán servicios de vigilancia. Aunque estos civiles -ex policias y ex militares, gente con experiencia en manejo de conflictos- que ayudarán a coordinar y observar los problemas urbanos  como calles oscuras o basura acumulada que propicia situaciones de inseguridad, no estarán armados, si se le ha recordado a Galán experiencias nefastas del pasado cuando se  involucran civiles en labores de seguridad. Lo que más llama la atención es lo poca elaborada que está la propuesta ya que esta presenta lagunas que no ayudan a especificar sus funciones.   El distrito va a crear curriculums para formar a estos guardianes. Esta es una respuesta a los niveles de violencia de una ciudad en caos. Entre enero y febrero 175 personas han sido asesinadas en la capital. Los medios de comunicación le han preguntado a la alcaldía si estas funciones de los Guardianes del orden no son las mismas que podría cumplir un inspector de policía. La respuesta es que hay pocos policías para que ayudan a cubrir las necesidades que exige una ciudad con las complejidades como Bogotá. Los Guardianes del orden estarían, a diferencia de los inspectores de policía, en el minuto a minuto en las calles, observando y ayudando a imponer el orden.   Los Guardianes arrancarán sus labores en mayo, una fecha que está ya muy encima y no daría demasiado tiempo de preparación que es lo que se pretende. Se especializará en atender conflictos menores para liberar a la policía. Si la historia está ahí es para volver a ella cada vez que se puede. Y la historia de este país ha enseñado que no hay nada peor que darle roles que son exclusivos de la fuerza pública a los civiles. En 1994, mediante la ley 356, el entonces presidente César Gaviria y su ministro de defensa Rafael Pardo establecieron condiciones para regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada”. Las FARC vivían un momento de expansión y Gaviria necesitaba recuperar lealtades dentro de los civiles en las poblaciones afectadas por el conflicto. El 27 de abril de 1995 se les dio el nombre por el que se harían tristemente célebres: CONVIVIR.   En Antioquia el entonces gobernador Alvaro Uribe Vélez usó estas cooperativas para combatir a las guerrillas. Nada pudo evitar que su poder se desbordara. Detrás de las CONVIVIR hay historias de masacres como la que sucedió en el Aro y la Granja. Fue apagar un incendio con gasolina. Si, los Guardianes del orden no estarán armados y sus labores se centrarán en resolver disputas vecinales, conflictos por ruido y problemas generados por el mal uso del espacio público, pero hay antecedentes de que estas fuerzas terminan desbocándose. Sumado a esto se dio vía libre a un debate en la Cámara de Representantes que busca flexibilizar el porte de armas entre civiles. Otra vez el populismo de la derecha promete soluciones inmediatas sin tener ni idea de cómo se apaga un incendio.

Por: Redacción Pares “Lo que viene será mucho más duro” La advertencia la hace Israel que este miércoles lanzaron una nueva ofensiva terrestre y aérea. Esta semana se reiniciaron con todo las actividades militares desde Israel hacia Palestina. Antes de esta incursión terrestre que se dio en el sur y que busca hacer un corredor para que Israel pueda moverse se realizaron una serie de bombardeos que han dejado más de 400 muertos. El ultimatum del ministro de la defensa israelí Israel Katz parece ser lo suficientemente fuerte: “Si no se libera a todos los rehenes israelies y no se expulsa a Hamás de Gaza Israel actuará con una fuerza nunca vista hasta ahora”.   La violencia indiscriminada a hecho que los hospitales en Gaza estén colapsados. Algunos incluso tuvieron que suspender los tratamientos de diálisis. Con excepción del gobierno norteamericano el mundo a reaccionado con estupor ante esta ofensiva. Con la reanudación de esta ofensiva contra Hamás se rompe con el alto al fuego, mientras se negociaba una segunda etapa de diálogos. En un comunicado el movimiento islamista palestino le pidió a los países amigos pedir que Estados Unidos pueda presionar a Israel para que haga un alto al fuego: "Llamamos a los países amigos que apoyan la justa causa palestina a presionar al gobierno estadounidense para que cese esta agresión y esta guerra genocida contra civiles sin defensa".   En las últimas horas los bombardeos se recrudecieron. En la madrugada de este jueves mataron al menos a 58 palestinos en toda Gaza. Tres hospitales fueron destruidos. El director del hospital al-Shifa, en entrevista a France 24, resumió la angustia que viven por el sofoco israelí con esta frase “perdemos uno a uno a los heridos que podían haber sido salvados”. Atacar hospitales, viviendas, mezquitas, habitaciones alquiladas para desplazados y refugiados y hospitales constituyen un crimen de lesa humanidad. Entre los 438 fallecidos se encuentran 170 niños, 80 mujeres y 55 ancianos. El hospital al-Shifa ha sido el blanco de los ataques israelitas desde la ofensiva de octubre del 2023 ya que acusó a Hamás de convertirlo en su cuartel general.   Desde Gaza se lanza un SOS mundial. Los hospitales están completamente destruidos y la ocupación impide la entrada al territorio de ayudas humanitarias o medicina. En los 42 días que duró la tregua 4.000 camiones cargados de suministros ayudaron a aliviar las necesidades de dos millones de personas asentadas en 113 mil tiendas de campaña.   La determinación con la que Netanyahu a reanudado la violencia contra Gaza ha generado las protestas de israelitas en Jerusalen. Sin embargo nada parece dañarle el sueño a un líder que está cometiendo, desde hace más dos de años, crímenes de guerra.

Por: Redacción Pares El pasado martes 18 de marzo miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país pidiendo que no fuera archivada la reforma laboral que podría aliviar las necesidades de un país que tiene al 58% de sus habitantes, según el DANE, en condiciones de informalidad. La iniciativa de archivar la reforma la tomaron 8 congresistas, todos pertenecientes al ala de la derecha política colombiana. Mientras se hundía una reforma en la que no se necesitaba ser petrista para apoyarla, avanza en la comisión primera de la Cámara de Representantes un proyecto que busca flexibilizar el porte de armas en Colombia. Ya se aprobó un debate para actualizar las condiciones en las que se porta armas en el país. Según un artículo escrito por el investigador de la fundación Paz y Reconciliación Nicolás León, la violencia en este 2025 se ha disparado en Bogotá. Entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, un 10% más que en el 2024.   La respuesta no puede ser apagar el fuego con gasolina. Abrir el debate para flexibilizar el porte de armas en Colombia es una medida populista impulsada desde los sectores más retardatarios de la política colombiana. El proyecto fue presentado por el representante conservador Juan Carlos Wils quien afirmó en una entrevista a la W Radio que lo que lo había movido a presentar el proyecto era lo siguiente: “Hay un decreto presidencial que prohíbe el porte de armas en Colombia.  Quienes tienen armas con permiso de porte o tenencia, no pueden hacer uso de este permiso, les toca tenerlas engavetadas en las cajas fuertes “.   Uno de los artículos presentados en el proyecto, el número 7, puede ser de los más problemáticos de todos: restringiría la autoridad del gobierno para imponer restricciones a los portadores de armas. En la cámara la bancada del Pacto Histórico es el principal escollo que tendría esta propuesta. El partido de gobierno cree que la propuesta debilita las herramientas de control del Estado. Desde el año 2016, como parte de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendieron los permisos de portes de armas a ciudadanos. La propuesta avanza hacia la plenaria con 16 votos a favor y 6 en contra. Según Wills, el presidente sólo pondría imponer restricciones en circunstancias especiales como en elecciones, emergencias de seguridad en regiones afectadas por el conflicto, o en ocasiones como el día de la mujer en donde la violencia se dispara.   Esta propuesta va en consonancia con la idea que sacó el alcalde Carlos Fernando Galán de imponer la estrategia de Los guardianes del orden, una propuesta que desde ya encuentra fuerte oposición desde la sociedad civil y también desde el mismo gobierno. El ministro del interior, a través de una carta, le pidió a Galán clarificar las funciones que tendría.

Por: León Valencia Les digo a los moderados, a los genuinamente preocupados por la gente, no hagan fila detrás de la derecha, no le crean todo lo que dice. Las reformas sociales y políticas que ha presentado Petro tienen demasiados problemas técnicos, dice la derecha y repiten sus tecnócratas, quizás sea así; el presidente, no tiene ninguna voluntad de hablar y oír y concertar y llegar a acuerdos, también podrían tener alguna razón; se trata de una estrategia de polarización en la que culpa a los ricos de los males del país y se postula como salvador de los pobres, sin duda hay algo de eso; la consulta popular apunta a calentar su electorado para las elecciones de 2026, puede ser la intención.   No voy a sacarle las castañas del fuego a Petro. Ni más faltaba.  No es mi oficio, ni creo que el presidente lo necesite, aunque sus feroces contradictores me endilguen el acertijo.   Pero, no nos digamos mentiras, a la derecha colombiana no le gustan las reformas sociales, o le gustan muy poquito, un gota a gota, cuando no le queda más remedio, un construir sobre lo construido, dice, no le gusta la movilización popular, así esté acudiendo a ella en los últimos tiempos, no le gustan las consultas a las poblaciones y a los territorios donde adelantan sus grandes proyectos económicos.   No les gustó la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, el más técnico de los presidentes en los últimos sesenta años; no les gustó la paz de Santos, alguien de sus propias tropas, tan moderado él, tan concertador, una paz negociada durante seis años, debatida hasta la saciedad, sometida a plebiscito y vuelta a negociar con la derecha para suavizarla, para reconocer su triunfo en el plebiscito; no les gustó la consulta anticorrupción y no prestaron atención a su caudalosa votación y ahora se rasgan las vestiduras con los escándalos que han aparecido en este gobierno; tampoco le prestaron atención al gran campanazo del estallido social, a los siete millones de personas que marcharon en seiscientos municipios y prefirieron atacarla primero y descalificarla después por los graves desmanes de minorías vandálicas.     Están cómodos en el país que han dirigido siempre, o casi siempre, para qué cambiar, para qué aventurarse con las reformas. No importa que este país tenga el segundo lugar en la concentración de la tierra en el planeta; no importa que sea el número quince en bajos salarios en el mundo; no importa que sea uno de los más desiguales de América Latina; menos importa la segregación de territorios y de etnias en el Chocó, en la Guajira, en el Cauca, en fin, en medio país; tampoco importa que en el empleo informal y precario laboren más de doce millones de personas; y no se preocupan demasiado por las graves violencias acumuladas, o mejor, si se preocupan un poco, cuando esas violencias los agreden de modo brutal, cuando en su furor desataron el abominable secuestro.   Les digo estas cosas a muchos amigos del centro del espectro político genuinamente preocupados por la marcha del país, personas a las que de verdad les duele le gente, participo en algunos chats donde confluyen, discuto con ellas sobre la situación nacional; en diciembre, incluso, fui a República Dominicana donde pasaban vacaciones empresarios con inversiones en Colombia para responder a sus inquietudes, igualmente me encontré con emprendedores en el Caribe colombiano; también atiendo las preguntas que me hacen en reuniones y en las calles transeúntes bastante preocupados con lo que oyen y ven en los medios de comunicación.   Este país es de todos, les digo, este año crecerá la inversión, no le tengan miedo a invertir, el mismo gobierno, seguramente, echará mano de lo que no ha ejecutado para empujar sus proyectos sociales; no se dejen asustar por el fantasma del autoritarismo de la izquierda, esta izquierda, que ha sufrido como nadie la violencia, ni quiere, ni puede, romper el hilo democrático, es la ampliación a trompicones de la democracia lo que le ha permitido llegar a la presidencia.   Le digo a la derecha, acepté de una vez por todas la alternación, acepté la derrota presidencial de 2022, aglutinen sus fuerzas para disputar con lealtad la presidencia en el 2026, miren este país con otros ojos, con los ojos de la tolerancia, de la equidad, comprendan que la mayoría de los colombianos no están bien, que es necesario cambiar, no se irriten tanto porque por una vez y temporalmente han perdido la presidencia.   Acepten el reto de la consulta popular, denle su aval en el Senado, lo más probable es que no reúna los más de trece millones que demanda el umbral, es difícil en este país llegar a ese resultado, pero, aun así, sabremos cuanta gente quiere de verdad las reformas y cuánta gente es indiferente o adversa a las transformaciones, tendrán con ello una noticia más clara de que hacer en las elecciones de 2026.   Les digo a los moderados, a los del centro, no se dejen arrastrar por la derecha a una ciega oposición a las reformas, postulen su proyecto reformista y compitan con la izquierda en ese terreno, la consulta es un buen escenario para construir y difundir un discurso propio, el escenario electoral del 2026, será, muy probablemente, una disputa entre reformistas de todos los colores, la discusión sobre la necesidad de las transformaciones llegó para quedarse.

Por: Redacción Pares La W radio muy temprano en este 19 de marzo hizo balance sobre la marcha en apoyo al presidente Gustavo Petro, realizada un día antes, y la conclusión fue contundente: en Bogotá se calcularon 35 mil personas que salieron a la calle, en Cali la corresponsal afirman que fueron 20 mil, en Barranquilla, a pesar del resquemor del alcalde, salieron 15 mil personas, hasta en Cartagena, con un alcalde completamente en contra de Petro, la marcha fue un éxito. Y mientras la gente salía a las calles la reforma se hundía de manera irreductible en el congreso. Los 8 senadores de derecha lograron su cometido, archivar una reforma que buscaba lograr para el país una más profunda equidad laboral. El Espectador también resaltó la cantidad de gente que salió a la calle, Infobae también resaltaron los ríos de gente que entraron desde la séptima a la Plaza de Bolívar.   No se necesitaba ser petrista para reconocer la victoria en las calles que obtuvo un presidente que sacó arriba de una tarima su plan B después de que se hundiera la reforma laboral: con la plaza de Bolívar llena no dudó en afirmar que habrá una consulta popular. Y eso se vio durante la marcha de ayer por la carrera séptima, algunos entusiastas de este gobierno tenían urnas al lado de la calle simulando una votación de consulta popular. La gente celebraba la salida, aplaudían.   Al parecer el gobierno la tiene clara. Estaban más pendientes de la respuesta de la gente en la calle. El ministro del interior, Armando Benedetti, afirmó que ya no importaba si se caía la reforma laboral en el congreso. “Ya el presidente y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular. La consulta popular va si o si”. Lo que vendría para el gobierno es enviar las preguntas al senado y una vez el Congreso se pronuncie se convocará a las elecciones en los próximos tres meses”.   Semana, que claramente es una tribuna perfectamente hecha para Vicky Dávila, desde hace meses reconoció el papel que tendrá como medio en las próximas elecciones así que difícilmente reconocerían una victoria de Petro ya se en el congreso o en las calles. Registraron fue un error de Gustavo Bolívar al enviar a través de sus redes una foto falsa de las manifestaciones y, ya sobre el momento cumbre de la movilización, el discurso de Petro en la Plaza de Bolívar se limitaron a sacar 10 frases explosivas de Petro. No hubo ningún reporte ni aproximación de cuantas personas asistieron a la convocatoria.   En ella se vieron pocos medios de comunicación. No había un interés marcado por cubrir la noticia. Esta ha sido la movilización más grande que ha tenido Petro desde que es presidente y se siente con viento en la camiseta hasta el punto que cree tener la fuerza para una consulta popular y de pronto, por qué no, soñar con lanzar a alguien de su entraña para ser presidente en el 2026.

Por: Natalia Reina Las movilizaciones convocadas en las diferentes ciudades del país se caracterizaron por contar con masiva asistencia. A lo largo del gobierno Petro se ha empleado en repetidas ocasiones el llamado a las calles, como una estrategia de radicalización democrática para presionar al legislativo y demostrar el apoyo popular al gobierno; sin embargo, las movilizaciones de hoy poseen un factor distintivo: la reactivación de la ciudadanía no organizada o colectivizada, es decir, el ciudadano de a pie, que en recientes movilizaciones no había acudido en grandes proporciones. Si bien es cierto que se evidenció gran participación de actores gremiales como la CUT, FECODE o SENA, también se hizo evidente un porcentaje importante de marchantes que no responden a una agremiación en particular. Los liderazgos políticos de carácter nacional y regional acompañaron las convocatorias. En Bogotá hicieron presencia Antonio Sanguino (ministro de Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de salud) María José Pizarro (senadora del Pacto Histórico), Andrés Camacho (ex ministro de minas), Susana Muhamad (ex ministra de ambiente), Holman Morris (gerente de RTVC), entre otros. Ahora bien, los apoyos también provinieron de otras agrupaciones políticas, en Barranquilla marchó Dolcey Torres, representante a la Cámara, avalado por el Partido Liberal, perteneciente al Clan Torres y hermano de Euclides Torres. En Cali, tras muchos días de silencio y posterior a su salida del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta, Francia Márquez se movilizó e intervino en la plaza pública, sosteniendo un discurso cercano a las bases populares. Se refirió a la necesidad de continuar respaldando las reformas sociales desde las calles, e hizo un llamado de atención a centrarse en las elecciones de 2026, afirmando “ no solo es salir a las calles, sino que ustedes deben tomar decisiones en las próximas elecciones, porque si siguen eligiendo al Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido ”. Así mismo, insistió que su gestión en el gobierno ha enfrentado obstáculos “también tengo que decir que hay gente que llegó al gobierno a dañar lo que ustedes construyeron”. Por otra parte, las convocatorias de movilización surgieron en todo el territorio colombiano, en lugar de limitarse a las principales ciudades del país. De manera que, hubo movilizaciones en municipios como Buenaventura, Quibdó, Valledupar, Montería, Tunja, Tuluá, Guapi. De hecho, el Ministerio de Defensa, estimaba el avance de 188 marchas en todo el país. Las movilizaciones también se caracterizaron por no reportar hechos relevantes con los cuales se afectarán el orden público. Es importante mencionar que en Cali se dieron dos casos puntuales que si alteraron la movilidad; sin embargo, estos no se enmarcan en la jornada, pues los puntos en donde se presentaron no hacían parte de la ruta de movilización. Se trata de la quema de tres llantas en la autopista suroriental con calle 26, frente a la planta de EMCALI; así como, la quema de un bus del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) frente a la Universidad del Valle en la avenida pasoancho, acciones cometidas por un grupo de encapuchados. Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo resaltó la normalidad en el desarrollo de movilizaciones en ciudades como Bogotá, Valledupar,  Buenaventura, Santa Marta y Sincelejo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Alto Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño, dio a conocer este 10 de marzo de 2025 la idea de crear un nuevo organismo para coordinar el tema de paz en el país, llamado Consejo Nacional de Implementación. Quiere en estos momentos realizar un rediseño institucional que permita la convivencia entre los organismos encargados de implementar el Acuerdo Final de Paz —firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno nacional y las ExFarc-ep— y la política pública de Paz Total —Ley 2272 de 2022—.   Con esta nueva organización nacional, el Alto Comisionado Consejero para la Paz busca articular en un solo organismo los temas de paz, tanto de implementación de acuerdos pasados como los actuales que se están logrando con los grupos armados con los que se negocia en la Paz Total. Un organismo colectivo que ponga en diálogo a la recién creada Unidad de implementación para el Acuerdo de Paz, dirigida por Gloria Cuartas, como las otras agencias encargadas de la implementación, como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) o el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).   Esta es una idea en la que viene trabajando la oficina de Otty Patiño desde hace meses y con las que busca darle un giro a la maltrecha política pública de Paz Total. Pues, en el último año, y luego de la firma de varios acuerdos parciales con los grupos armados, se ha visto la necesidad de poner en armonía las diversas organizaciones que se encargan de implementar los acuerdos de paz a los que se llegue con los dispares actores armados ilegales.   Para el Gobierno, el Consejo Nacional de Implementación es una propuesta ambiciosa de matrimonio, entre el Acuerdo Final y la Paz Total. Una propuesta que de aceptarse y consumarse lograría poner en una sola morada o casa a la pasada política de paz Estable y Duradera del gobierno de Juan Manuel Santos con la política de Paz Total del actual gobierno de Gustavo Petro. Teniendo está última la pretensión de convertirse en política de Estado y que logre atar a los gobiernos venideros.   Desafortunadamente, esta propuesta de unión marital formal ya tiene un primer detractor. Según un comunicado conjunto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en su Componente Comunes está no es una proposición conveniente para el país. Pues, según los firmantes de paz, los dos posibles cónyuges tienen “un origen, una naturaleza constitucional y unos compromisos muy distintos”.   Para la CSIVI y el CNR el “Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica” mientras que “la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”. Es decir, la primera política tiene un amarre constitucional y unas disposiciones normativas que lo hacen viable y exigible a los gobiernos colombianos, mientras que la otra no tiene los desarrollos normativos y organizativos que la hagan entendible, aplicable y creíble.   Además de está diferencia organizativa e institucional, el comunicado conjunto deja ver el cuestionamiento que los dos organismos del Acuerdo Final tiene a la política de Paz Total. Reconoce que, aunque la Ley 2272 de 2022 hace referencia a la obligación del Estado de trabajar en la implementación del Acuerdo con las Farc-ep, está disposición se pierde con el énfasis que el gobierno Petro le ha puesto a la negociación política y el sometimiento de todos los grupos armados políticos y criminales.   Para los críticos, los diálogos de paz con los grupos armados ilegales no es apropiada, pues estos acercamientos están “otorgando beneficios políticos a grupos que continúan en armas y asesinan firmantes de paz”. De allí que estos dos organismos —tanto la CSIVI como el CNR— estén llamando a la comunidad internacional, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los Países Garantes y Acompañantes del proceso de paz con las ex Farc-ep para que se opongan a esta propuesta de matrimonio.   En el comunicado conjunto le piden a estos organismos que “insten al Estado colombiano a cumplir plenamente el Acuerdo Final de Paz”, pues, “sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al Acuerdo”. Quieren que este contrato matrimonial no se realice, el permitir está unión es como casar a dos partes que no pueden vivir en la misma casa, donde una de ellas ha mostrado fallos en la tarea de implementar un Acuerdo Final de paz.   Según los críticos al matrimonio, durante ocho años los gobiernos han mostrado que no son capaces de cumplir a cabalidad las promesas que tiene el Acuerdo Final y dudan mucho que con esta unión se logre cambiar la conducta irresponsable. Son muchos los retrasos, por ejemplo en tierras, en políticas de reforma rural o en tratamiento integral que debe dársele al problema de las drogas ilícitas: “Las tierras prometidas no han llegado en su totalidad, los proyectos productivos no cuentan con sostenibilidad, y la seguridad de los firmantes y sus comunidades está en crisis”. Logrando con ello una implementación que “sigue siendo frágil y fragmentada”.   Sin embargo, hay que decir a favor del proponente de matrimonio que es una idea muy sensata, coherente y con mucho potencial para la construcción de paz en Colombia. En la actualidad hay muchas instancias que trabajan de manera descoordinada en materia de implementación de acuerdos de paz. Y se requiere de un rediseño en la arquitectura institucional para que se logre armonizar esfuerzos y establecer responsabilidades. La construcción de paz requiere una gobernanza adecuada, que permita de forma eficaz cumplir con lo pactado.   También, es urgente poner en diálogo los diversos procesos de paz y acuerdos a los que se llegue. La política de paz, tanto la anterior de Santos como la actual de Petro, tienen en común el enfoque de la paz territorial. Buscan impactar el bienestar de la población que ha sufrido y sufre el conflicto; además con cambios claros y precisos en las veredas, municipios y regiones. Lo que haría el Consejo Nacional de Implementación sería poner en diálogo a las diversas organizaciones del Estado, reducir costos y aumentar efectividad.   Finalmente, estaría el Gobierno y el Congreso de la República dejando atada, de manera más segura, la política de Paz Total como política de Estado. En la Ley 2272 de 2022 se prometió a la ciudadanía que la búsqueda a la salida negociada al conflicto no debe ser asunto de uno u otro presidente, sino una tarea de largo plazo, que llegue el que llegue debe seguir implementando. La idea de unir un componente con fortalezas institucionales y organizativas con otro débil y sin desarrollo permitiría a la política de Paz Total la sobrevivencia y permanencia ante cambios de gobierno.   En conclusión, esta propuesta de matrimonio tiene unas ventajas considerables. En especial para la actual política pública de Paz Total. Pero le están apareciendo críticos que hacen advertencias sobre la inconveniencia de está unión. De allí que el presidente Petro deberá, antes de darle la bendición o permitir el registro ante una notaría, evaluar los pro y contra de esta nueva arquitectura de gobernanza. No vaya a ser que por arreglar una vida dañe otra con la unión que propone.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares* El pasado martes 11 de marzo, sin ser pasada por el Congreso, ocho senadores, la mayoría de ellos uribistas, decidieron hundir la Reforma Laboral, que busca darle más dignidad y garantías a los trabajadores colombianos, sin que esta pasara por el debate del congreso. Una de las voceras de estas congresistas es Nadie Blel. En Colombia no existen delitos de sangre pero los clanes políticos si deben denunciarse, como ha hecho esta fundación desde hace más de una década. Ella es hija de Vicente Blel Saad, condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, y enrequicimiento ilícito como ficha de los paramilitares en la costa. Victor Patiño Fómeque lo señaló como testaferro del narcotráfico. Igual él salió libre tres años después de la condena y sigue manteniendo influencia y poder en la costa a través de sus hijos, Vicente Blel Scaff y la senadora Nadia quien pertenece al partido conservador.   Una de las absurdas razones que dio Blel por archivar la reforma fue de carácter técnico: “Esta es una decisión de carácter técnico, no político ya que esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país. Esta comisión seguirá actuando con responsabilidad e independencia”.   Alirio Barrera se hizo conocido mundialmente porque intentó entrar al congreso en un caballo. El animal, como reseña la revista Raya, murió poco después de este performance. Le dicen “El caballista” porque arrancó en la política después de ser uno de los maestros en el arte de domar caballos de Alvaro Uribe Vélez. Entre el 2016 y el 2019 fue gobernador de Casanare bajo las toldas del Centro Democrático.   Honorio Henríquez hizo carrera en la política gracias a su capacidad para cargar maletines. Era uno de los asesores del condenado ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, quien estaba obsesionado por catapultar a Uribe a la categoría de presidente eterno. Desde que está en el senado se ha caracterizado por seguir a rajatinta los designios de su patrón político, Alvaro Uribe. Henríquez fue de las voces que con más ahínco se opuso al proceso de paz con las FARC. Tal y como lo recuerda la revista Raya, Henríquez es cercano a personajes nefastos como el ex gobernador del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica. La condena la emitió la Corte Suprema de Justicia por encontrarlo culpable de aliarse con paramilitares para llegar al congreso en los años 1998 y 2002. El grupo paramilitar con el que se alió fue con el de Hernán Giraldo, mejor conocido como “Taladro” amo y señor de la Sierra Nevada y que está acusado de haber violado a más de 200 menores de edad.   Lorena Ríos Cuellas forma parte del partido colombia Justa y Libres. Desde el 2014 está en la Cámara de Representantes pero antes de ocupar este cargo fue abogada de la organización pentecostal Asambleas de Dios. El pardio de Rios, en su comunicado en donde explica la posición por la que pretende archivar la reforma laboral, da estas razones: “El partido Colombia Justa Libres reafirma su compromiso con un ejercicio legislativo basado en la independencia, el rigor técnico y la responsabilidad con el país.  En este sentido, respaldamos la decisión de nuestra Senadora de firmar la ponencia de archivo de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, tras un proceso de estudio profundo y la realización de mesas técnicas que permitieron evidenciar las serias inconsistencias de la iniciativa”.   Según una investigación de esta fundación, Paz y Reconciliación, el hermano de Esperanza Andrade, otras de las senadoras que hundieron la reforma, Hernán, es el lídel del Clan que lleva su apellido. Es uno de los poderosos del Huila. Las investigaciones de la Corte han caído sobre los Andrade y se les señala de un supuesto desfalco a la dirección nacional de estupefacientes en el 2006, en pleno mandato uribista.   El partido Mira fue fundamental para que Iván Duque ganara las elecciones presidenciales del 2018. Su líder, María Luisa Piraquive, de quien es muy cercana la senadora Ana Paola Agudelo, es una pastora de amplia trayectoria y quien ha sido investigada por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.   Los otros senadores que pretender hundir la reforma este 18 de marzo son Miguel Angel Pinto del partido Liberal, y Berenice Bedoya, lo hicieron impidiendo un debate en el congreso que se necesitaba y que llevó al presidente Petro a tomar la decisión de sacar a la gente a la calle y protestar para que una de las reformas que más necesitaba el país para hacerlo más justo no se hunda.   *Este artículo se hizo con información tomada de la revista Raya.