Imagen de Hightimes El bloque Sur de las Farc, que opera en los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño, y que según las autoridades hoy está bajo el mando de alias Joaquín Gómez y alias Fabián Ramírez, no está divido y no es cierto que se oponga a las negociaciones de paz de La Habana, como advierten algunos analistas. De hecho, fue una de las estructuras que mejor cumplieron la tregua unilateral ordenada por el grupo guerrillero entre diciembre y enero pasados; en ella no se encuentran signos o intentos de disidencias e incluso ya se está preparando para el posconflicto. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, presentado ayer por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, y los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio, durante 2013 se presentó un proceso de recuperación de las Farc en el sur del país (Nariño y Putumayo) y ya se ve una presencia importante en cabeceras municipales, como Tumaco. Es lo que en los últimos meses se ha dicho en el sentido de que la guerrilla estaría citando a la población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento. En otras palabras, un “manual de convivencia” como preparación para el posconflicto, situación que se ha repetido en varias zonas del país. En ese documento se establece, por ejemplo, que es obligatoria la participación en las reuniones de formación política y se fijan criterios para la protesta social e incluso para la movilidad en los territorios. Según los analistas, las Farc apuntan a reconstruir su base social. Al mismo tiempo, el estudio revela que en algunas zonas del sur del país se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia que tradicionalmente han pertenecido a la guerrilla, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de posconflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en tales zonas una vez se firme un acuerdo de paz. “Existe una incapacidad del aparato estatal para tramitar conflictos sociales en las tres regiones objeto de investigación, lo anterior debido a: debilidad institucional en los municipios, a que la mayoría de la presencia de la Fuerza Pública en estas regiones está destinada a cuidar la infraestructura petrolera y energética, y a fenómenos de corrupción institucional”. En cuanto a La Guajira, se pudo establecer que en las zonas de frontera con Venezuela se han formado ejércitos privados (conocidos como Criollos y Curicheros) que trafican alimentos y gasolina. “De la mano de Marcos Figueroa, alias Marquitos, la banda de los Urabeños ha irrumpido en municipios del sur de La Guajira. Por otra parte, una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, los Rastrojos y los Paisas, estarían formando la Oficina del Caribe, que estaría avanzando por el Magdalena e incursionaría en La Guajira”, detalla la investigación. Sobre las conclusiones de la actual situación del movimiento social en estas regiones, el informe plantea que existe una gran expectativa e incremento de la protesta debido a temas de minería, petróleo y megaproyectos. En este sentido, se concluye que hay rechazo a la gran minería, pero una mayor tolerancia al petróleo, mientras sigue latente una gran inseguridad jurídica: “En Putumayo, en las zonas aledañas a proyectos petroleros, no se puede titular. En el caso de La Guajira existe una gran presión hacia los agricultores para vender sus tierras o cambiar a monocultivos. Un ejemplo es que allá los bancos ofrecen créditos por $7 millones por hectárea para cultivos tradicionales y $28 millones para cultivo de palma”. Otros datos claves señalan que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. Por ejemplo, en Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados, pero cada vez está mejor organizado, mientras en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar. Asimismo se encontró que, en general, los movimientos indígenas y campesinos están organizados, pero las comunidades afro no, y que en Nariño y Putumayo ha aumentado la fuerza de la Marcha Patriótica, pero de igual forma lo han hecho las amenazas y asesinatos a sus miembros y persiste un rechazo a este movimiento por parte de la industria petrolera. También hay un aumento sustancial de los conflictos de propiedad horizontal entre indígenas, campesinos, consejos de comunidades negras, grandes hacendados y grandes empresas. Artículo tomado El Espectador.com

Fotografía de Infomil El discurso de despedida del general Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares, es una pieza clave para entender lo que ocurre en el interior de la fuerza pública. Refleja una brutal inconsciencia sobre la suprema gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos; refleja también el profundo temor y la desconfianza de los militares con los acuerdos de paz de La Habana. Dice el general Barrero: “Mi retiro, que obedece a una decisión política, se produce por un infortunado episodio, relacionado con una conversación privada de hace dos años, con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas, por lo cual reitero mis disculpas al ente investigador”. No es un simple homicidio. Es la ejecución pavorosa de dos campesinos como parte de la inmensa cadena de falsos positivos, quizás el acontecimiento más vergonzoso en toda la historia de las Fuerzas Militares. No son simples “expresiones inapropiadas”. Es un llamado a atacar a la Fiscalía y una exhortación a delinquir: “No dejarse joder de esos hp fiscales y armarse como una mafia para denunciarlos”. No es una decisión política. Es un acto obligado del presidente de la República. Era imposible que el primer mandatario pasara por alto este hecho. Ahora bien, que un oficial del que no se tienen noticias de grandes desafueros y transgresiones a la ley, que un oficial de gran reputación, se atreva a tener este tipo de conversaciones con un subalterno acusado de cosas tan horrendas, muestra que en la cúpula militar y policial no hay plena conciencia del daño que le han hecho a la fuerza pública los más de 1.000 casos de falsos positivos. Los altos oficiales no han comprendido que es obligatoria una actitud drástica, vertical, preventiva, contra cualquier militar implicado en estos crímenes. No entienden que contemporizar con estas conductas promueve la impunidad y estimula a los subalternos a que continúen golpeando a la población inerme. Dice Barrero: “Tengo la esperanza de que, con la unión de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia”. Y agregó: “Invito a los soldados de tierra, mar, aire y río de las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia a continuar acompañando la valiosa gestión del señor general de la reserva activa Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana, quien con dignidad y carácter afronta un reto que exige pleno compromiso institucional”. No es una voz aislada. Se sabe que en las filas, en todas, en sus principales mandos y en los subalternos, hay miedo, mucho miedo, a que en La Habana negocien su futuro, a que la paz implique un severo juicio a las conductas de la fuerza pública. No tienen confianza en Santos. No confían en los negociadores civiles de la paz. Solo en Mora Rangel, al que consideran su representante, no un designado del presidente para llevar la voz de todos los colombianos. El discurso es una campanada de alerta para el gobierno, para todos los dirigentes políticos, para la opinión pública. Tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que sienten los militares en esta coyuntura histórica. Tenemos el deber de condenar actitudes o palabras que insinúen la insubordinación o el ataque embozado al sueño de paz de los colombianos. Pero, sobre todo, tenemos la obligación de comprender sus angustias y responder sus inquietudes. Los militares tienen un temor legítimo a que miles de soldados y policías acusados de delitos en medio del conflicto armado sean drásticamente castigados mientras los guerrilleros reciben generosos beneficios jurídicos. El presidente Santos, en el acto de posesión de la nueva cúpula, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que los beneficios judiciales serán iguales para militares y guerrilleros y que cualquier reforma a las instituciones militares y policiales será concertada con los generales del país y por fuera de las negociaciones de La Habana. No basta con esto. Es necesario abrir un debate público para mostrar que la verdad, la Justicia y la reparación tendrán una connotación eminentemente política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un proceso de retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto. Columna de Opinión tomada de Semana.com

Fotografía de Vanguardia Ni las Farc ni el ELN han dicho cómo se comportarán en las elecciones de 2014. En los últimos 20 años su estrategia ha sido el sabotaje. Después del sacrificio de la Unión Patriótica y del ascenso del paramilitarismo y la guerrilla, con muy contadas excepciones, promovió la abstención, se dedicó a las amenazas y a los atentados contra los candidatos y contra los funcionarios electos, realizó campañas militares en medio de la competencia electoral y buscó a toda costa impedir que funcionaran las instituciones locales. Ahora, al parecer, en medio de las negociaciones de paz, están cambiando de estrategia. Sin decir que harán un cese de hostilidades, sin declinar el uso de las armas y la presión indebida e ilegal sobre las comunidades, las guerrillas están dedicadas a una intensa labor política y social en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales donde tienen presencia. Las acciones armadas contra las elecciones se han reducido, así lo refleja el informe de la Misión de Observación Electoral. Dice que el riesgo general y el riesgo extremo por violencia  han bajado. También en las visitas a terrenos que hemos hecho desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha sentido que la labor principal de la guerrilla en estos meses es la organización  social de la población. En una de las visitas a Putumayo encontramos el ‘Manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades’ que impulsa el Frente Arturo Medina de las Farc. Es la guía que utilizan los guerrilleros, los miembros del Partido Comunista Clandestino, los activistas del Movimiento Bolivariano y los milicianos de las Farc  para controlar a la población civil, es la cartilla que están utilizando intensamente en esta coyuntura. Es bueno que el Estado y la sociedad estudien este tipo de documentos. Muestran con claridad el tipo de relación que las guerrillas tienen con los pobladores en sus zonas de influencia.  Es indispensable conocerlos a la hora de pensar en la transición y el posconflicto en los 242 municipios donde la guerrilla ha  tenido alguna injerencia. Se meten en todo. Obligan a cada uno de los habitantes mayores de 15 años a participar en las acciones comunales. Regulan las transacciones comerciales, las fiestas, las relaciones laborales, las familiares y la educación; castigan a las familias que tienen miembros en la fuerza pública con la expulsión de las veredas, señalan dónde  y cuándo los sacerdotes y pastores deben realizar sus oficios religiosos, establecen permisos para salir a las cabeceras municipales, especifican los cultivos de pancoger que deben impulsar las familias, ordenan la reparación y el buen uso de las vías de comunicación. Nada se escapa. El ‘manual’ muestra que allí, en la Colombia profunda, se ha ido generando una verdadera subcultura, un país distinto, atravesado por una guerra, cerrado en sí mismo, para impedir el acceso del otro país, del país enemigo. Visto desde una óptica conservadora diríamos que es un manual de buenas costumbres, una guía zanahoria de vida. Proscribe el alcoholismo y el uso de drogas alucinógenas y psicoactivas; ataca a los ladrones y a los tramposos; les pone límites al horario de las fiestas y los bares; obliga a los pobladores a realizar trabajo comunitario; incluso ordena una higiene especial para el sacrificio del ganado con el fin de prevenir enfermedades. Es un manual que envidiaría Alejandro Ordóñez. Pero visto desde una óptica de libertad, de derechos y democracia es un verdadero desastre. La guerrilla, con mucha razón, reclama cambios en las costumbres políticas y sociales  en el país de acá, en la democracia precaria que nos rige; pero no es menor el cambio que tendrá que hacer ella para adecuarse a las exigencias democráticas del mundo de hoy; para ayudar de verdad a  construir una Colombia pluralista, comprometida con la libertad y los derechos humanos. No basta con declinar el sabotaje y la acción militar contra las elecciones. Es obligatorio promover el voto libre en sus territorios. Columna de opinión tomada de Semana.com

Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba de una fachada legal en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave, lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país. Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y estaban autorizados para actividades de inteligencia. Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique en su denuncia. Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud. Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para matar al expresidente. La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba autorizada por el alto mando. Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición, entonces, ¿quiénes son, dónde están? Columna de Opinión publicada en Revista Semana

En los últimos días las Farc dieron a conocer a las comunidades de los departamentos de Caquetá y Putumayo, un manual de instrucciones donde les piden a los habitantes de estas regiones en un documento de 46 puntos, la manera de estar activos en las actividades sociales y económicas integrando las juntas de acción de comunal de sus zonas. El documento fue descubierto a través de las investigaciones y seguimiento al conflicto armado, realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación para analizar la última tregua anunciada por las FARC, en donde el Bloque Sur de la guerrilla avanza estratégicamente para preparar a las comunidades ante una eventual etapa de posconflicto en esta zona del país. Las imagines obtenidas por los investigadores revelan una avanzada de los hombres de las FARC en una amplia zona del Putumayo para consolidar procesos políticos. Descargar imágenes

Foto  www.eltiempo.com Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80,   fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El  proyecto fue  liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente. Tal reforma permitió que se diera paso a la descentralización administrativa en en el anterior régimen constituyente, el que permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo. Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador),  quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros  la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro,   embajador, gobernador y alcalde,  y al tiempo ser elegido concejal y diputado. Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental,  tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes. En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia,  que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y  que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones. Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados. En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad. La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz  promovido por la administración del expresidente Belisario Betancourt y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista. Los resultados  que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político. La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y  tampoco superó, ni mucho menos cumplió con  las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo. Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política: Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban   de forma paralela   desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador. A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad  de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta. La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo de 1988. Aunque en términos globales,  la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron  víctimas de esta especie  de guerra sucia». El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal.  En el mes marzo del mismo año  se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP,  con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988. El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía. Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político  se encontraba la  Unión Patriótica (UP)  a quien Iván Cepeda en su documento “ Genocidio Poliítico: El Caso de la Unión Patriótica en Colombia”,  define como  una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980,  entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras. Surgimiento de la Unión Patriótica: En 1984,   como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron  varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad,  consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles. Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos  han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz: “HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y  pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. El exterminio, www.revistacambio.com. http://www.cambio.com.co/paiscambio/750/3814991-pag-2_2.html El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con   que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80  se tomara el poder en Colombia. En su momento cumbre, como  partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. ¿Porque atentar contra miembros de la UP?: La incapacidad del estado para  combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que buscaba “detener el creciente accionar de la guerrilla”, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde  la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro,  Armas y urnas – Historia de un genocidio político,  señala que los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP,  ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos. En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP. Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían  las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP. El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el  grupo de “Los Tangueros”, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras. En 1987, los paramilitares financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de un considerable número de  militantes de la UP. A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la  policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión. Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena, liderado por Iván Duque, quien más tarde se convertiría en el jefe paramilitar Ernesto Báez. En 1987 se registró el asesinato de 111 militantes de la UP, según estudios del CINEP;  en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales. Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC. Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, según el Portal de Internet Verdad Abierta, “el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final  Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño”. En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna. El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país. ¿Vuelve el exterminio?: El 10 de agosto de 2013 el Consejo de Estado, falla a favor de la Unión Patriótica y devuelve la personería jurídica al movimiento político al señalar que, “en este caso no se cumple con la causal establecida por la Ley, que señala que se pierde la personería si en las últimas elecciones no se obtenga un mínimo de 50 mil votos o una curul en el Congreso debido a que la UP fue víctima de una campaña de exterminio”. Para tomar esa decisión, el Consejo de Estado tuvo en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo de octubre de 1992, en el que además se cita un informe de la ONU de 1989, que señalaban que ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio “que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos. Así las cosas la Unión Patriótica elige a líder Aída Abello como su candidata a la Presidencia de la República e inicia la reconstrucción de sus cuadros a nivel nacional. Al tiempo en que el movimiento político la Unión Patriótica da inicio a la labor de difundir sus ideas, ganar nuevos adeptos y motivar a quienes se encontraban intimidados en sus casas, nuevas intimidaciones aparecen en la vida de sus militantes, esta vez firmado por el grupo ilegal Los Rastrojos, quienes al parecer serían los autores de las amenazas denunciadas en días pasados por la candidata Aída Abello, quien pidió al gobierno nacional mayores garantías para que miembros de la UP puedan ejercer el trabajo proselitista con plena libertad y sin el temor de ser asesinados una vez más. El panfleto con que el se amenaza a los militantes de la UP circula por los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Santander, amenazan directamente a líderes de la Unión Patriótica, con lo que queda la duda de si fuerzas oscuras de extrema derecha se estarían reagrupando para conspirar una vez más contra una nueva fuerza política de izquierda, y de paso echar por la borda los posibles acuerdos en la Habana que se lograrían, en el caso de que el gobierno de Juan Manuel Santos  firme la paz con las Farc.

Los señalamientos e investigaciones que hoy día vive el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta – Mira, de origen cristiano, por supuestos vínculos con la ilegalidad y lavado de activos, no son nuevos en la política colombiana. Hace cuatro años, Convergencia Ciudadana, grupo político que luego paso a denominarse bajo el nombre de Partido de Integración Nacional y hoy se hace llamar Opción Ciudadana, vivió la misma situación. Convergencia Ciudadana, hoy Opción Ciudadana, fue un movimiento político creado en el año de 1997, venido de menos a más de la mano de Luis Alberto Gil, quien le dio alcance nacional al hacer elegir varios senadores y representantes a la cámara con el aval de este partido, quienes más adelante serían investigados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con el paramilitarismo, mientras La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, se daría a la tarea de indagar el origen de los dineros con los que se desarrollaron empresas, como Solsalud E.P.S, Ganasalud Limitada, Multiproductos Ltda., y el mismo Convergencia Ciudadana, porque en el curso de la investigación se estableció la existencia de una recíproca colaboración y un crecimiento paralelo de las empresas dedicadas a la salud y otros servicios con el citado movimiento político. Hoy el turno le corresponde al movimiento cristiano Mira, quien no solo enfrenta un escándalo por discriminación a las personas discapacitadas y pertenecientes a la comunidad LGBTI, sino que además debe dar la cara por las investigaciones judiciales que en su contra se han abierto por supuesto lavado de activos, hecho que tiene a dos de sus miembros (Carlos Baena y Alexandra Moreno Piraquive), en la mira de las autoridades. El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta «MIRA» es un movimiento político y social de origen cristiano fundado en el año 2000. Sus máximos líderes Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive, son integrantes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, y fueron elegidos como su presidente y vicepresidenta respectivamente. El 20 de junio de ese año solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de su personería jurídica, aprobándose el 26 de julio del mismo año. Desde ese entonces el Mira ha participado en las elecciones regionales y nacionales en donde ha obtenido importantes logros, el más importante de ellos les corresponde a Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive, quienes ocupan curul en el Senado de la República, mientras Gloria Stella Díaz obtiene la propia en la Cámara de Representantes. De esta manera el Mira logra ejecutar un organigrama interno encabezado por la familia de la senadora Moreno Piraquive y el Senador Baena, con una estructura que cualquier organización política envidiaría, por su unidad de mando bastante cohesionada que funcionó hasta hace unos días, cuando los cuestionamientos hacia este movimiento político comenzaron a aparecer en el panorama nacional, sin que hasta el día de hoy hayan cesado. Actualmente la Fiscalía y la Uiaf buscan explicaciones sobre las millonarias consignaciones en las cuentas del partido Mira, que dice el expediente que en su contra se abrió, “no guardan relación con los ingresos declarados ante la Dian”. David Andrés Acevedo Muñoz, quien fue uno de los tres pastores de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fue detenido por agentes antimafias en Argentina por solicitud de un juez de ese país, quien encontró evidencia que lo relacionaba con narcos colombianos a través de la asesoría en el cambio de dólares y en la creación de empresas para el blanqueo de dinero. La financiación de MIRA, es otro de los temas que ha generado polémica luego de que hace unos años el hermano de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, Iván Moreno quien fue expulsado de la iglesia por su condición sexual, denunciara que la iglesia era una plataforma del partido. Así mismo se investiga los orígenes de los bienes de María Luisa Piraquive, madre de la parlamentaria, lo mismo que César Augusto Moreno, quien al parecer tendría propiedades en los barrios Santander, Santa Isabel, en el sur de Bogotá, Villa Claudia, La Ferias, Normandía primer sector, Boyacá Real, Teusaquillo, Usaquén, Toberín, Victoria Norte y Puente Largo. Las autoridades judiciales en los Estados Unidos por su parte rastrean los bienes de la familia Moreno Piraquive por posible operación de lavado de activos en ese país. Es claro que de resultar ciertas los señalamientos judiciales por las que se abrieron investigaciones a Mira y sus máximos dirigentes, las autoridades electorales y naciones deben pensar en ajustar las reglas con las que se crean movimientos y partidos políticos, porque no sería la primera vez que el surgimiento y posterior crecimiento y expansión de estos grupos, se encuentran vinculados a agentes ilegales y operaciones de lavado de activos, como al parecer sucedería no solo con este grupo político de origen cristiano, sino también con Convergencia Ciudadana, antiguo Opción Ciudadana.

Juez Promiscuo Municipal de Canalete, Ángel Alfredo Castro Durán, foto tomada del Meridiano de Córdoba El juez de Canalete, Ángel Alfredo Castro Durán, rompió su largo silencio y dijo que él nunca firmó ninguna boleta de salida a miembros de la banda criminal «los Urabeños», y que espera que las autoridades que investigan el caso den con los responsables. Mientras tanto en Córdoba crece la polémica y la preocupación luego de que  cinco ‘urabeños’ que se han fugado de la cárcel El Pedregal, de Medellín, gracias a boletas de libertad falsas que supuestamente tenían la firma del juez Promiscuo Municipal de Canalete, Ángel Alfredo Castro Durán. En los días se conoció  que José de las Nieves Rodríguez, alias ‘Soldado’, con una boleta falsa logró escaparse de la penitenciaria el 13 de diciembre pasado.Utilizando esta  misma modalidad se fugaron una semana después cuatro peligrosos miembros de los ‘Urabeños’, entre ellos Nini Johana Úsuga (ya recapturada), hermana del máximo jefe de los ‘Urabeños’, alias ‘Otoniel’.

Leonel Vargas Quintero, alias ‘El flaco Arlex’, fue uno de los siete hombres dados de baja  en la operación militar llevada a cabo el martes en el sur del departamento de Tolima por parte de miembros de la Fuerza Aérea. Este hombre militó durante trece años en las filas de las FARC y desde hace un año se desempeñaba como cabecilla de la columna móvil Héroes de Marquetalia,  enviada por el frente décimo al sur del departamento del Cauca y que tenía como fin reunificar las estructuras muy debilitadas que venían de Boyacá y Casanare, como los frentes 38, 56 y 28 Alías ‘el flaco Arlex’ perteneció a la seguridad personal del jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), «Alfonso Cano», muerto en otra operación militar en noviembre de 2011. Según las versiones oficiales, en la actualidad era el encargado de la logística y abastecimientos de las estructuras de ese grupo guerrillero en el departamento del Tolima.

Foto: Semana.com Tras el atentado perpetrado en Pradera, Valle del Cauca, los ojos de los diferentes sectores de la opinión pública señalan al frente sexto de las FARC de ser los responsables, sin que ningún miembro del grupo insurgente haya salido a negar o confirmar categóricamente su responsabilidad en el ataque. El hecho donde una persona perdió la vida y otros sesenta civiles resultaron heridos, propició todo un mar de especulaciones luego de que la guerrilla finalizará con buenos resultados la tregua unilateral anunciada a final de año y cuando se dio inicio al ciclo 19 en negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Rodrigo Granda, vocero de las FARC en los diálogos de paz, se mostró sorprendido desde Cuba al afirmar que el estilo militar de la organización subversiva no es atacar a la población civil. Sin embargo el grupo rebelde ya ha actuado en esta zona del país con ataques similares. Hace un mes un carro bomba dejó siete muertos y casi sesenta heridos en Inza, Cauca y en febrero de 2012 una bicicleta bomba acabó con la vida de once personas y dejó 70 más lesionados en Tumaco, Nariño. La presencia histórica y dominante del frente sexto de las FARC en el Norte del Cauca y en los municipios de Florida y Pradera hace pensar casi con certeza en su posible responsabilidad. Este frente, junto con la columna móvil Jacobo Arenas que opera en la misma zona, fueron las estructuras menos golpeadas durante el gobierno de Álvaro Uribe y son quienes han resistido de mejor forma la ofensiva militar de los últimos años. En la actualidad Florida y Pradera son territorios estratégicos para la guerrilla, ya en el pasado habían sido pedidos por las FARC como zona de despeje ante un eventual intercambio humanitario. Estos municipios son importantes en su estrategia de guerra, pues sirven como corredor de movilidad entre el sur y el centro del país, además de conectar la cordillera central con la occidental. Según Ariel Ávila, analista sobre conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, una de las hipótesis por la cual las FARC hubieran perpetrado el hecho, sería el hecho de cometer una acción criminal para distraer a la Fuerza Pública en el traslado de comandantes hacia las zonas rurales de la región en una reorganización de los líderes en las estructuras. Hasta ahora el pronunciamiento de Rodrigo Granda, puso a pensar a algunos en una posible disidencia entre quienes negocian en Cuba y los otros que hacen la guerra en Colombia. Para Ariel Ávila, esto es poco probable ya que el frente sexto de las FARC es quien custodia a Pablo Catatumbo, miembro del secretariado. Además en esta estructura se mueve alias ‘el sargento Pascuas’ uno de los pocos fundadores de la guerrilla que están vivos y que mantiene alineadas las tropas. Sin tener certeza aun sobre los responsables, quedó claro que el hecho produjo desconcierto y sembró dudas entre los colombianos sobre la voluntad de paz de las FARC si en verdad estos fueron los responsables. Por eso es inminente que la guerrilla se pronuncie lo más rápido posible sobre la verdad del acto que enlutó a todo un país

Recientemente la Procuraduría General de la Nación solicitó, a través de un recurso de apelación, que se revoque la decisión adoptada por el juez de Ejecución de Penas de Soacha, que dispuso el traslado de Enilse López Romero a otro lugar de reclusión de carácter hospitalario, al valorar el parte médico que dictamina que “la reclusa se encuentra a un nivel del mar muy alto (…) razón por la cual ha sido necesario la monitorización estricta de sus signos vitales”. Según el ente disciplinario no le estaba dado al juez decidir de fondo sobre la permanencia o no de la señora López Romero en reclusión hospitalaria por tres meses más, pues el concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que se requería de una valoración médica interdisciplinaria para determinar si la gravedad de su estado de salud, seguía siendo incompatible con la vida en reclusión formal. Desde el momento en que se ordenó el traslado de López a la ciudad de Bogotá, sus abogados han dado la lucha judicial porque esta sea retornada a su lugar de origen (la Costa Atlántica), donde no solo tiene su poderío económico, sino además donde logró desplegar una gran influencia política, al punto en que hoy día las autoridades judiciales no han podido desarticular sus redes en los distintos municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. Enilse López Romero o la Gata como es conocida popularmente, se dio a la tarea de amasar su capital económico a través de las apuestas permanentes en el chance. Su negoció lo bautizó con el nombre de Apuestas el Gato, de donde viene su alias. Con el paso del tiempo instaló sucursales en los municipios de las sábanas de Sucre y Bolívar, en especial en la región de Los Montes de María, Sincelejo y Magangué. Su fama se extendió rápidamente en la zona, lo mismo que los rumores sobre su cercanía con personajes oscuros como Gilberto Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, de quien se dice, había sido su amigo y socio, quien en su desesperada huida antes de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de dólares; algo que ella ha negado insistentemente en varias entrevistas. Tras jugadas astutas como ofrecer precios y comisiones por fuera de lo legalmente autorizado, las ventas de su negocio llegaron a superar a las loterías departamentales, las mismas que para ese entonces estando en manos de representantes de liberales y conservadores, se arruinaron, a tal punto que la lotería de Sucre, La Sabanera, tuvo que ser liquidada dos veces en menos de cinco años. Bolívar, Córdoba, Atlántico y Libertador en el Magdalena, desaparecieron agobiadas por sus deudas y pasivos laborales, situación que aprovechó para hacerse a la concesión del Chance tras una ley de la República que obligaba a la entrega del negocio a través de licitación pública para otorgarles los contratos por cinco años. Para ese entonces Enilse López ya contaba con el músculo empresarial necesario para competir por el negocio de las loterías y el chance en los departamentos que eran controlados por los paramilitares de Jorge 40, lo mismo que para ayudar en la financiación de campañas electorales no solo a mandatarios locales, sino también a cámara, senado y a la del candidato a la Presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Sin embargo su ambición económica no se limitó al control del negocio de las loterías y el chance en la región y la capacidad de influir políticamente sobre alcaldes, gobernadores y algunos congresistas que tenía origen en su región. La Gata logró hacerse a buena parte de los recursos que por ley las empresas de juegos de azar deben girar al sector Salud. Según la investigación de Paraeconomía desarrollada por la Corporación Nuevo Arco Iris, Enilse López alcanzó a recaudar una cifra cercana a los tres billones de pesos para 2005, dividido en tres partes iguales (1,5 billones de ventas legítimas y otro tanto de ventas ilegales, equivalentes las dos al 1,5 del PIB, según un informe de la Defensoría del Pueblo). El documento revela además que, “solamente el 12% de la parte legal financia al sector de la salud pública, equivalente a unos 170.000 millones de pesos. El 40% se destinaba al pago de premios, gastos administrativos y comisiones a los distribuidores. Los empresarios del Chance se quedan con el 48% restante, es decir unos 700.000 millones de pesos”. A pesar de todos los señalamientos e investigaciones que actualmente cursan en contra de Enilse López, sus actividades políticas y económicas en la Costa Atlántica no han cesado, curiosamente cuanto tiene una enfermedad que “le impide llevar una vida normal”. En meses pasados la firma Aposucre, obtuvo la concesión del Chance en el departamento de Sucre, hecho que tiene al gobernador Julio Cesar Guerra Tulena en la mira del Procurador General de la Nación y los demás entes de control. En la actualidad López Romero enfrenta una condena a 37 años de prisión por el asesinato de Amaury Fabián Ochoa Torres, en donde además se le comprobó «nexos con grupos paramilitares en el sur del departamento de Bolívar, promoción y financiación de sus actividades delictivas y encargarles tareas criminales para su propio beneficio». Se espera decisión de fondo de si López es retornada a la ciudad de Barranquilla, dado “su estado de gravedad”, en momentos en que se aproximan las elecciones que definirán un nuevo Congreso de la República y la continuidad de Santos en la Casa de Nariño, donde con toda seguridad Enilse querrá jugar financiando y apoyando candidatos, de la misma manera como la ha venido haciendo desde años atrás.

¿Cumplieron o no cumplieron las FARC el cese de hostilidades que anunciaron hace un mes y que llegó a su término este miércoles? Aunque difieren en los datos, tres organizaciones distintas sostienen que sí lo hicieron. Y los guerrilleros, desde La Habana, también. “Cumplimiento cabal” fue el parte oficial que dieron desde Cuba los delegados de las FARC sobre el cese al fuego que esa guerrilla decretó entre el pasado 15 de diciembre y este miércoles 15 de enero. Esta es la segunda suspensión de sus acciones que decreta unilateralmente la guerrilla en el marco de las negociaciones con el Gobierno. La anterior tuvo lugar entre el 20 de noviembre del 2012 y el 20 de enero del 2013. Las FARC, que han venido insistiendo en un cese bilateral de hostilidades, aprovecharon el fin de su tregua unilateral para criticar los bombardeos y otras acciones que las Fuerzas Militares continuaron adelantando, en cumplimiento de la orden presidencial de no aflojar la presión militar mientras se negocia. La política del Gobierno ha sido no pactar ceses de hostilidades parciales, sino avanzar en la negociación del fin del conflicto armado. En todo caso, aun en medio de la ofensiva oficial, quienes siguieron este mes de tregua coincidieron en que las violaciones al mismo por parte de la guerrilla fueron contadas. El Centro de Recursos de Análisis del Conflicto (CERAC), que hizo monitoreos semanales, contó un total de 12 acciones violatorias. La ONG Fundación Paz y Reconciliación, que lidera León Valencia, columnista de SEMANA, detalló cuatro. Y la Defensoría del Pueblo habló de siete acciones contra los militares y la población civil durante el mes de tregua. La organización que registró un mayor número de infracciones al cese al fuego fue el CERAC, con 12. Aunque su balance es el más matizado, asevera que el mes de tregua demuestra la cohesión interna de las FARC. Habla de “limitaciones de la comandancia de las FARC para controlar el comportamiento de todos sus frentes y columnas”, pero concluye que no hay divisiones “que ponga en peligro la cohesión del grupo” y que “si hay disidencias, son marginales”. Su director, Jorge Restrepo, fue más categórico: “La gran noticia de la tregua es que por segunda vez las FARC demuestran que tienen una capacidad casi completa de reducir a sus frentes”, dijo en entrevista con Semana.com. La Fundación Paz y Reconciliación, por su parte, sostiene que, mientras a lo largo del 2013 se presentaron en promedio 182 acciones militares mensuales que involucran a las FARC y a las fuerzas oficiales, en el mes de tregua tuvieron lugar sólo 20, y de estas apenas cuatro serían violatorias de la misma. Lo cual, a juicio de esta ONG, desmiente los argumentos de quienes han venido sosteniendo que las FARC no controlan a sus frentes. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, por su parte, registró tres rupturas de las hostilidades en contra de la fuerza pública y cuatro casos en los que acciones de las FARC afectaron a civiles, tres de los cuales produjeron desplazamientos forzosos. En cualquier caso, y más allá de las diferencias en las evaluaciones, parece claro que el conjunto de las FARC respetó el cese de fuego unilateral, que fue observado por todos sus frentes y bloques. Algunos, como el 36 y el 18, en Antioquia, el 57 en Chocó y el 16 en Vichada, muestran que le ‘copian’ menos a la dirección que el resto de formaciones. Pero es elocuente que otros, como el Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero, que ciertos críticos dicen que estarían en ‘disidencia’, hayan observado este cese de fuego, al igual que el decretado en el 2012. Más allá de otros hechos que les han atribuido algunos, como el expresidente Uribe, si de algo es reveladora esta tregua unilateral es de la cohesión de las FARC. Aunque probablemente hay divergencias en su seno, todo indica que, hasta ahora, el Secretariado mantiene el control del conjunto de la organización. Una constatación de crucial importancia en medio de unas negociaciones de paz como las que se adelantan en La Habana. Nota publicada en semana.com