Foto: eluniversal.com.co Pablo Catatumbo integrante de la delegación de las Farc en la mesa de diálogos en Habana – Cuba, dio a conocer la propuesta del grupo armado, con miras a que en un futuro se de inicio a la sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca, amapola y marihuana. “Es una contribución para avanzar en la solución de la problemática económica y social de los campesinos, que se han visto obligados a cosechar las pantas ilícitas”, aseguró Catatumbo. El documento contiene seis puntos con varios ítems, que plantean la sustitución voluntaria de dichas producciones y la transformación agraria; el reconocimiento a la zona de reserva campesina y la creación de consejos comunitarios para dar seguimiento al desarrollo del proceso. La propuesta señala además que este programa deberá estar en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno e insiste en que para su ejecución debe hacerse un “reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina” y que los territorios donde se realice la sustitución de cultivos ilícitos sean definidos “con la participación directa de las Farc y de las comunidades involucradas”. Estos territorios tendrían que ser excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos”, lo mismo que de cualquier tipo de actividad de las Fuerzas Militares. “La puesta en marcha del Programa supone la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del Programa. Por ello, se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, y su consecuente exclusión como zonas de guerra y de los «Planes de consolidación», señalan las Farc. Proponen adenmás “La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles”

De acuerdo con el informe de la Fundación Paz & Reconciliación, publicada en el diario El Espectador, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aún cuentan con aproximadamente 11.000 tropas – una cifra sustancialmente más altas que los 8000 ofrecida por el gobierno. Además de esto revela la existencia de redes de apoyo ideológico y logístico, incluyendo a milicias urbanas, lo cual acerca el número total de personas conectadas a la insurgencia a 40.000, según el informe. El alcance de los rebeldes se extiende a 11 regiones y 242 municipios, de acuerdo con el informe, lo que indica que las FARC están presentes en aproximadamente el 20 por ciento del país (véase el mapa de El Espectador a continuación). La Fundación Paz & Reconciliación también informa que las FARC han cimentado una alianza con la segunda guerrilla insurgente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ( ELN), luego de una cumbre entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», y el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias » Gabino», en algún momento de los últimos dos meses . De acuerdo con el informe, los líderes de la guerrilla se reunieron para discutir la forma de coordinar su enfoque en las conversaciones de paz con el gobierno – que comenzó en 2012 – al igual que posibilidad de un escenario de post-conflicto. Los dos grupos rebeldes también discutieron su campaña armada conjunta contra los sectores de minería, petróleo y gas. Esto ha incluido no sólo los atentados contra las empresas e infraestructura, pero también un aumento drástico en negocios de extorsión focalización en ese sector, de acuerdo con Paz y Reconciliación. El informe también detalla cómo las FARC han intensificado sus operaciones políticas influyendo en los movimientos sociales y las protestas, incluyendo la reciente huelga de los productores de coca en la región del Catatumbo. Aunque las FARC pudieron haber sufrido graves reveses como resultado del asalto militar de la última década, el informe de Paz y Reconciliación demuestra cómo no han llegado a la mesa de negociaciones como una fuerza quebrada en el borde de la derrota, por lo contrario que efectivamente se han reagrupado y adaptado. También demuestra cómo esta ¨reestructurada¨ fuerza rebelde está mezclando la guerra de guerrillas con la intensificación en las acciones políticas y continuas acciones criminales, cubriendo con eficacia todos los terrenos mientras los negociadores discuten la paz en La Habana. Estas evoluciones y estrategias refuerzan la idea de que a pesar de los esfuerzos sin precedentes del ejército colombiano, la guerrilla sigue siendo una fuerza de combate formidable y un jugador importante en el bajo mundo, y es poco probable que esto termine por medios militares. Descargar artículo original http://www.insightcrime.org/news-briefs/report-traces-how-farc-wages-war-while-it-talks-peace

Foto: eltiempo.com El gobierno colombiano confirmó que ‘Julián Conrado’, conocido como el ‘cantante’ de las Farc, será el nuevo integrante de esa guerrilla en la mesa de diálogo de La Habana. La decisión se conoció luego de que Venezuela, país en el que Conrado fue capturado hace tres años, emitiera un comunicado informando que el gobierno colombiano desistió del pedido de extradición. “El Gobierno de Colombia se permite informar que retiró y canceló ante el Gobierno de Venezuela las solicitudes de extradición que pesaban contra Guillermo Enrique Torres Cueter, alias ‘Julián Conrado’, quien hará parte de la delegación de las Farc-Ep en los diálogos de paz en La Habana, Cuba”, dice una comunicación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Guillermo Torres Cueter, alias “Julián Conrado”, es miembro del estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Fue capturado en Venezuela en junio de 2011, convirtiéndose en un guerrillero más detenidos por las autoridades venezolanas en ese país. Era también conocido como «El zambo» y «El Guajiro» y fue miembro de la llamada «comisión temática» de las FARC en las conversaciones de paz en el Gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán. Conrado era reconocido por su habilidad con la guitarra y el acordeón, y además, porque es compositor.

El proceso de reclamación y restitución de tierras en Colombia, iniciado por el presidente Juan Manuel Santos, se ha visto amenazado por personajes oscuros que por la vía armada y de la intimidación han demostrado su oposición a uno de los proyectos que en su momento era considerado como la principal bandera de la administración actual. Uno de estos personajes es el recién capturado Benjamín Alvarado Bracamonte, quien por varios años fue buscado por las autoridades y es considerado como una de las piezas claves en el despojo de tierras en los departamentos de Antioquia y Chocó llevado a cabo por los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fue lugarteniente de Salvatore Mancuso, con quien se dio a la tarea de arrebatarles las tierras a cientos de pobladores a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil, y para no permitir el retorno de estas familias a su lugar de origen, la emprendió contra ellos a través de amenazas, asesinatos e intimidaciones en acuerdo con las bandas criminales emergentes una vez comenzó a ejecutarse la Ley 1448 de 2011, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras. Fuentes oficiales le identifican con los alias de ‘Juancho’ y ‘Misael’. Este individuo hizo parte de la desmovilización de las Auc, y más adelante ayudaría a conformar el grupo armado ilegal conocido como los ‘Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que surgió en el norte del Urabá antioqueño a finales del año 2006, , una vez concluyó la reinserción de las Auc bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su captura despeja las dudas que existían de parte de algunos sectores políticos que niegan la existencia de un “Ejército antirestitución de tierras”, que como bien lo han dicho de manera reiterada, los miembros de la Fundación Paz y Reconciliación, está conformada por abogados, funcionarios públicos, notarios, políticos locales y nacionales en contubernio con organizaciones criminales como las bacrim. “Hay una campaña de movimientos políticos y grupos empresariales contra la restitución, como (el expresidente) Álvaro Uribe y (el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán) José Félix Lafaurie, y todo ese sector político, lo que alienta a los despojadores y legitima muchas de las presiones que se hacen por la vía violenta”, dijo León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación al diario El Heraldo en agosto de 2012, lo que dio a pie a un fuerte debate con sectores políticos conservadores y del Uribismo Centro Democrático, que en reiteradas ocasiones han negado el hecho, y que han visto cómo estas denuncias han sido confirmadas no solo con la captura reciente de Benjamín Alvarado, sino también con la de Sor Teresa mujer de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gi, responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo y del desplazamiento de cientos de personas en el departamento de Córdoba.

Foto: rcnradio.com El paramilitarismo en Colombia logró convivir territorialmente en compañía de diferentes instituciones del Estado , sin colocarse como meta el destruirlas o perseguir sistemáticamente a sus funcionarios, sino más bien, capturandoles, al punto en que cualquier decisión que estas tomaban, debía ser consultadas con sus jefes. De esta manera, establece un paralelismo institucional, que en diferentes regiones del país ha llevado incluso a que se hayan formado estados de facto. El fenómeno conocido como la Parapolítica hace referencia a este tipo de relaciones que se establecieron entre la clase política local, llegando a escalas nacionales como en Congreso de la República, con el paramilitarismo, que no solo tenía la intención de hacerle frente a las guerrillas de izquierda, sino también el de resistir a los cambios políticos que en el país se venían dando a partir de la década de los 80 como la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991. En el caso Colombiano, no se produjo un cambio de élites políticas con la llegada de grupos armados ilegales, si bien algunas desaparecieron o cayeron en desgracia, la gran mayoría de grupos regionales negociaron y se consolidaron con la llegada paramilitar. Esta alianza, si bien tuvo diferentes orígenes, tal vez tiene en la elección popular de alcaldes y gobernadores una de sus principales fuentes. Este proceso supuestamente democratizador al finalizar la década de los ochentas permitió la creación de espacios políticos para terceras fuerzas, movimientos sociales y políticos y nuevos liderazgos sociales. La resistencia a la democratización local llevó a que sectores políticos tradicionales pidieran ayuda a grupos paramilitares para eliminar la oposición. Así, bajo contexto de presencia de actores armados ilegales, o fragmentación del monopolio de la violencia, se crearon estados mafiosos, además de autoritarios, donde las acciones institucionales no se diferencias de las acciones del crimen organizado. Una de las grandes conclusiones que se ha logrado desarrollar en los últimos años en el país, es que aún bajo contextos de democracia estable, con elecciones periódicas, libertad en la inscripción de candidatos y grados altos de libertad en el voto a nivel nacional, se pueden configurar verdaderos autoritarismos e incluso dictaduras locales y regionales. Este tipo de situaciones tienen mayor probabilidad de desarrollarse en contexto donde existe presencia de grupos armados ilegales, o donde grupos mafiosos tiene presencia permanente. Por ejemplo en Colombia a pesar de que se desarrollaron elecciones nacionales de forma periódica en el año 2002 y 2006, cerca de 40% del congreso fue elegido con votos de grupos paramilitares, llegándose a presentar casos de votaciones en un municipio o departamento por encima del 80% de total de votos emitidos en dicha circunscripción. Para las lecciones locales de 2011 esta práctica nuevamente se presentó, en algo más de 100 municipios se detectaron apoyos de estructuras criminales a estructuras políticas. Una de las conclusiones de la investigación del año 2011 es que aún con la intensificación de la competencia política y por lo tanto, el aumento en la incertidumbre sobre los ganadores, el proceso electoral no transformó los factores que hacen posible la cooptación del Estado, sobre todo a nivel regional y local, por parte de actores armados e ilegales. Los mecanismos de interferencia por parte de organizaciones criminales fueron variados y a diferencia de lo sucedido en 2002 y 2006, el proselitismo armado no fue el común denominador, se utilizaron mecanismos más bien indirectos de interferencia como la financiación de campañas, entrega de dineros a funcionarios públicos para promover la corrupción electoral y en algunos casos la presión a candidatos opositores mediante el homicidio, la intimidación o amenazas, la violación de derechos humanos en las elecciones de 2011 en los departamentos anteriormente mencionados. En la actualidad algo más de 100 parlamentarios y exparlamentarios están siendo investigados por vínculos con estructuras criminales, de los últimos 10 presidentes de senado, 8 han sido detenidos por estos vínculos, en cerca de 300 alcaldías se llevan investigaciones sobre estas relaciones. Sin embargo lo más destacable de este fenómeno es que han sido las estructuras políticas las que han buscado las organizaciones criminales, y no al contrario, además los recursos públicos han sido utilizados como botines tanto para las estructuras políticas como para las estructuras criminales, es decir hoy para las organizaciones criminales la disputa por el poder local es igual de importante al de una renta criminal. Vale la pena tener en cuenta que la proliferación de economías ilegales atrae organizaciones criminales, lo que a su vez, bajo contextos de debilidad institucional hace que la propensión para que se desarrollen alianzas entre estas organizaciones criminales y estructuras políticas o funcionarios públicos sea mayor. Estados Judiciales de los Procesos, ver infografía

Foto tomada de Espectador.com Actualmente Colombia afronta uno de los retos más grandes en materia de construcción de Estado, fortalecimiento de la democracia, y garantía en el ejercicio de los derechos de su población. Luego de un poco más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra muy cerca de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Actualmente este grupo guerrillero opera en 11 regiones del país, en un total de 242 municipios, es decir cerca del 20% del total de municipios del país, de estos, en 111 la influencia del grupo guerrillero es importante. Por su parte la guerrilla del ELN hace presencia de 7 zonas del país, con influencia en 96 municipios, en varios de ellos hay una coincidencia en la presencia de ambos grupos guerrilleros. Los municipios donde estos grupos ejercen influencia mantienen ciertas características comunes, en algunos de ellos más acentuadas que en otros. La primera característica es la debilidad institucional de las administraciones municipales y departamentales, que se manifiestan en ausencia de gobernabilidad en estos territorios, ausencia de funcionarios públicos capacitados para ejercer su labor, en la gran mayoría de casos estos funcionarios no son de carrera burocrática, por el contrario cambian de forma permanente, de acuerdo a cuotas políticas, y principalmente a la ausencia de una planeación estratégica a nivel municipal, además muchos ellos cuentan con presupuestos reducidos, y baja legitimidad ante la población. Una segunda característica es la presencia de economías ilegales, ya sean cultivos de uso ilícito, minería criminal, contrabando de alimentos y licores, o presencia de economías ilegales urbanas, además del tráfico de armas, pertrechos y material utilizado en la fabricación de explosivos. Gran parte de la presencia de estas economías se debe a la ausencia de estructuras económicas legales, es decir, ausencia de circuitos comerciales legales, ausencia de vías de comunicación, y en general baja densidad institucional. Las anteriores realidades nos llevan a hacer una serie de preguntas sobre las dinámicas del postconflicto que se producirán en el país una vez firmada la paz con ambas guerrillas. Ya hace una década Colombia se vio inmersa en una situación paradójica, ya que inició la creación de un andamiaje institucional de postconflictos, en medio del conflicto armado que vivía el país, producto del proceso de desmovilización de estructuras paramilitares. Más de 40 estructuras se desmovilizaron en el país, y cerca de 30 mil combatientes. Sin embargo, el resultado fue agridulce, ya que a excepción del centro del país, en el resto de regiones colombianas la población no sintió un cambio significativo con la desmovilización paramilitar. En varias regiones del país emergieron estructuras criminales que de forma indirecta o directa se relacionaban con las antiguas estructuras paramilitares, inicialmente estas organizaciones surgieron de forma anárquica y con fuertes disputas armadas regionales. El siguiente cuadro muestra la evolución anual de estructuras criminales nacidas posterior a la desmovilización paramilitar. se pasó de 33 estructuras en 2006 a cerca de 6 en 2011, actualmente en 2013 existen 4 grandes organizaciones criminales. Inicialmente se podría pensar que esta reducción de organizaciones criminales se debe a una desaparición de estos agentes criminales, ya sea por la consolidación del Estado en las regiones donde operó el paramilitarismos, o por la efectividad de la fuera pública, pero la realidad ha sido un poco diferentes, lo que se ha presentado es un proceso de cooptación criminal, donde algunas estructuras han cooptado a otras produciendo un fenómeno de consolidación de algunas de estas BACRIM. Uno de los ejemplos clásicos de este fenómeno es lo que sucedió y sucede en el departamento del Magdalena. Allí una vez se produce la desmovilización paramilitar se creó el grupo de Los cuarenta, al mando de Don Antonio, posteriormente esta estructura es cooptada por la banda de los Nevados, al mando de los hermanos Mejía Múnera, luego estos son cooptados por la banda de Los Paisas, y posteriormente estos son cooptados por los Urabeños, quienes actualmente ejercen influencia en todo el departamento. Este proceso de cooptación criminal ha permitido la consolidación y expansión territorial de algunas de estas estructuras criminales, lo que a su vez ha llevado a un aumento de la presencia de estas organizaciones criminales a nivel municipal, pasando de cerca de 200 municipios en 2006 a 280 en 2012. Gran parte de este rearme y surgimiento de organizaciones ligadas al antiguó paramilitarismo fue producto de la alta presencia de economías ilegales y economías de guerra, se podría decir, que entre el año 2003 y 2006 se desmovilizó el aparato militar del paramilitarismo, pero su estructura económica, política y sus lazos de relaciones con agentes institucionales no se desmovilizaron. Aunque los grupos guerrilleros, son agentes contra-estatales y no pro-estatales como fueron los paramilitares, existe un gran temor por lo violento que puede ser es postconflicto. Así por ejemplo, de no concretarse un plan ambicioso de construcción de Estado y recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado en las regiones del sur del país, existe la posibilidad de que el postconflicto sea violento. En regiones como el Putumayo o Nariño las FARC logran regular el negocio del narcotráfico, su dejación de armas, podría llevar a un aumento de la violencia producto de la disputa por el control de las zonas de cultivos de uso ilícito. El interrogante sobre los escenarios del postconflicto, o sobre qué tan intenso será el postconflicto son preguntas que marcaran el desarrollo de las investigaciones sociales en los próximos años. A diferencia de otros procesos de paz que ha vivido el país, al actual tendrá dos características, por un lado, será la primera vez que los combatientes de grupos armados ilegales no se desplazaran hacia las ciudades del país, sino que se quedaran en las zonas donde operaban, además es la primera vez que un proceso de paz tendrá tercera fase de negociación. Adicional a lo descrito anteriormente, queda el interrogante sobre el acuerdo mismo de negociación, ya sea su refrendación, las formas de reparación y las garantías de no repetición.

De los 1.100 municipios colombianos, cerca del 85% destina más del 50% de sus ingresos corrientes para cubrir sus gastos de funcionamiento. Además una porción importantes de estos enfrentan contextos en los cuales hacen presencia organizaciones armadas al margen de la ley con probada capacidad para perturbar el orden público local. Ante este tipo de amenazas, las autoridades locales se enfrentan a necesidades tales como la organización de procesos de “desminado humanitario” (remoción de minas anti-personales plantadas por grupos armados ilegales) así como la protección de la población civil frente a violaciones del derecho humanitario como el reclutamiento forzado, las desapariciones, las ejecuciones arbitrarias, los “falsos positivos”, el secuestro y la extorsión. Igualmente deben propiciar condiciones para apoyar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a víctimas directas e indirectas de la confrontación armada, entre estas, tanto los hogares en situación de desplazamiento forzado como aquellos de excombatientes desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil. En algunos casos, adicional a las amenazas y los factores asociados al conflicto armado interno, las autoridades locales deben enfrentar estructuras ilegales vinculadas con la explotación y regulación de mercados ilegales, como lo son la violencia homicida, el tráfico de drogas, armas de fuego y personas, así como el reclutamiento para actividades tales como el contrabando, la extorsión, el sicariato, la prostitución infantil y otros delitos. Por consiguiente, corresponde además a las autoridades locales brindar protección a las mencionadas poblaciones vulnerables frente a las amenazas planteadas por las estructuras criminales que operan dentro de sus jurisdicciones, así como coadyuvar en la persecución administrativa y judicial de los “aparatos de protección” que benefician con impunidad a la acción de estos grupos y que operan a través de la infiltración y penetración de organismos del Estado y otras redes de poder. Principales retos y actores estratégicos. Ciertamente no todas las autoridades locales en municipios pequeños y medianos enfrentan situaciones de inseguridad como las descritas arriba. Pero en su mayoría sí deben lidiar con amenazas a asociadas a la delincuencia “predadora”, es decir, a la acción de delincuentes responsables de hurtos de menor cuantía, con frecuencia mediante el atraco, al igual que de actos de vandalismo, extorsiones, lesiones personales, delitos sexuales e incluso algunos homicidios registrados en espacios públicos. Aparte de apoyar la vigilancia policial y el control judicial de los responsables de estos hechos, las autoridades locales tienen a su cargo la ejecución de medidas de prevención situacional como el mejoramiento de la iluminación del espacio público urbano, el diseño de redes de movilidad peatonal bien definidas y la conformación de paramentos regulares para evitar “trampas” que favorecen la actividad predadora de los delincuentes, el control y prevención de usos del suelo urbano que generen conflictos, el diseño y construcción de espacios públicos que faciliten la “vigilancia natural” y ofrezcan refugio físico de fácil acceso e incorpore su manejo y administración por parte de los vecinos para evitar la acumulación de basura o la formación de “orinales públicos”, entre otras acciones. Finalmente, en la mayoría de los municipios pequeños y medianos también están generalizados fenómenos como la violencia intrafamiliar al igual que comportamientos de riesgo, incivilidades y consecuencias de la exclusión social que atentan contra la convivencia, tales como el abuso del alcohol y las drogas, la inobservancia de normas de tránsito, las riñas, el abandono infantil, el uso abusivo del espacio público, los prejuicios sociales, la tolerancia de la “justicia privada”, el ruido excesivo, y la indebida disposición de residuos sólidos, entre otros. Para controlar esta gran cantidad de factores perturbadores de la convivencia, las autoridades municipales deben recurrir a estrategias promoción y organización de “territorios protectores” para todas y todos, en los cuales se prevean acciones para garantizar protección efectiva a los más vulnerables en los hogares, ámbitos instituciones (lugares de trabajo, instituciones educativas, hospitales, jardines infantiles, ancianatos, cárceles), espacios públicos (parques, calles y vías públicas, medios de transporte, escenarios para eventos masivos). También corresponde a las autoridades locales integrar redes territoriales de respuestas para la provisión de servicios de prevención social y situacional que articulen la oferta gubernamental y de organizaciones sociales, a partir de la lectura de necesidades desde las perspectivas y lógicas de las comunidades y territorios locales. De igual manera es de su resorte contribuir a restaurar la autonomía a quienes se les haya vulnerado el derecho a la seguridad, sus familias y sus entornos sociales, y también prever la sanción y rehabilitación de los responsables o victimarios. Es evidente que la mayoría de los municipios pequeños y medianos en Colombia no disponen del instrumental técnico requerido para gestionar la compleja agenda requerida para el manejo de situaciones de seguridad pública que enfrentan. Muchos tampoco tienen la capacidad organizacional ni financiera para hacerlo. Colombia es un país de régimen unitario donde desde hace cerca de 25 años está vigente un sistema descentralizado de gestión política, administrativa y fiscal. A través de este régimen se ha avanzado en el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales con mayor peso poblacional y económico, pero no así a los municipios pequeños y medianos. Naturalmente en el contexto del conflicto armado interno que vive el país, estos han sido un objetivo principal de los grupos armados al margen de la ley como vía para apropiarse de transferencias de rentas descentralizadas. En consecuencia, la gestión de la seguridad pública ha sido uno de los principales frentes de acción de las autoridades que se ha visto debilitado en municipios de mediana y baja capacidad fiscal, tanto en cuanto se refiere a la transferencia de recursos como en el desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de las administraciones locales. El actual marco institucional y normativo de gestión descentralizada en Colombia es contemporáneo con la promulgación de la Constitución Política de 1991 –C.P.–, que estableció en nuestro país un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (C.P., art.1). En el marco de los Estados federados la prevención, disuasión, persecución y sanción de diferentes tipos de infracciones a la ley corresponde a distintos niveles administrativos de gobierno. Es así como, por ejemplo, el control del tránsito y las contravenciones suele estar a cargo de los gobiernos municipales, mientras los gobiernos estatales se ocupan de delitos como hurtos, homicidios comunes, secuestros, y el gobierno federal a su vez lo hace con delitos asociados a organizaciones criminales interestatales o transnacionales como narcotráfico, tráfico de armas y la trata de personas, y delitos contra el medio ambiente, entre otros. En el caso colombiano, el carácter unitario del Estado entraña por disposición constitucional que tanto la protección como la gestión de las necesidades y demandas en relación con los derechos y libertades individuales y públicos se deben atender por medio de un régimen en el cual cohabitan una autoridad central, a cargo de la realización de un orden político, económico y social justo, y autoridades territoriales que gozan de autonomía para gobernar los asuntos políticos, fiscales y administrativos de interés dentro de sus correspondientes jurisdicciones. Particularmente, la función política de garantizar los derechos y libertades de las personas reside en cabeza del Presidente de la República, quien cumple además la función de máxima autoridad en materia de orden público a cargo de la dirección de la Fuerza Pública como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Constitución Política de Colombia –C.P.–, art. 189). De manera concordante, el texto constitucional restringe la autonomía de las entidades territoriales para el manejo del orden público, al designar a los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente en esta materia (C.P., arts. 296, 303 y 315). En cuanto a la asignación y distribución de recursos públicos, la Constitución establece que cada nueva administración territorial tiene la obligación de elaborar y adoptar su plan de desarrollo de manera concertada con el plan de desarrollo nacional, en los cuales se deberán contemplar presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública de las entidad territorial y especificar los recursos financieros requeridos para su ejecución (C.P., art. 339). También establece los Consejos Territoriales de Planeación como instancias de carácter consultivo para la discusión de los planes de desarrollo, integrados por representantes de las entidades territoriales y sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales (C. P., art.340). El análisis de la situación de seguridad urbana en el país permite apreciar las dificultades asociadas con el cumplimiento de la función pública de garantizar los derechos y libertades públicas con equidad, aún en circunstancias en las cuales las entidades territoriales disponen de amplios recursos financieros y fiscales. Una dificultad inicial radica en que para dar respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas de seguridad y convivencia urbana, las capacidades técnicas, administrativas y financieras del gobierno de escala más local no son homogéneas en todo el territorio bajo su jurisdicción. Por lo tanto normalmente la situación de partida para el nivel local de gobierno consiste en convocar el apoyo técnico, administrativo y fiscal de instancias de orden distrital (o regional) y nacional para responder con planes de acción integrada que involucren a todas las entidades y dependencias con responsabilidades misionales en relación con la seguridad y la convivencia ciudadana. En este marco la policía es apenas un elemento entre varios de los requeridos para garantizar el acceso de la población a servicios y bienes de calidad homologable y comparable a aquellos provistos en cualquier otro lugar del territorio. Con este propósito los gobiernos con frecuencia recurren a especificar en detalle las competencias legales a cargo de cada uno de los niveles administrativos de gobierno en relación con la seguridad y convivencia urbana, y sobre esa base estipulan la participación fiscal que corresponde a cada nivel para cumplir las respectivas funciones. Tal arreglo puede ser obligatorio o de carácter optativo, incorporando incentivos para que los esfuerzos de coordinación y articulación de gobiernos locales con los demás niveles administrativos de gobierno resulten recompensados. No obstante, una rígida distribución de competencias por nivel administrativo de gobierno puede restar flexibilidad a los mecanismos concurrentes a través de los cuales operan la mayoría de los arreglos descentralizados que generalmente operan sobre la base del principio que diferencia el “órgano competente” del “órgano ejecutor” en las gestión de políticas públicas. Por consiguiente en relación con la gestión descentralizada de políticas públicas, la experiencia internacional señala la conveniencia de visualizar la gestión de política pública como una “cadena de valor” que involucra a actores públicos de diversos niveles administrativos de gobierno, en la cual con anticipación se fijan tramos de competencia y tramos de ejecución a través de los cuales se garantiza la entrega a la población de bienes y la prestación de servicios de seguridad y convivencia urbana de acuerdo con parámetros homologables y comparables con aquellos establecidos para todo el territorio. La gestión de la política pública considerada como una cadena de valor se puede razonar como un proceso de concertaciones detalladas y específicas a través de las cuales se definen los acuerdos necesarios para garantizar que en cualquier ámbito territorial se brindará a la población local servicios y bienes de calidad similar, independientemente de la situación fiscal o capacidad técnica y financiera de la respectiva autoridad local de gobierno. Es decir, las cadenas de valor de seguridad y convivencia así concebidas operan con base en acuerdos instrumentales con arreglo a resultados y no a medios. Dada la posición asimétrica en la cual usualmente se encuentran las autoridades locales frente a los demás niveles de gobierno en términos de capacidades técnicas, administrativas y fiscales, conviene que de antemano se establezcan prerrogativas tasadas de acuerdo con las capacidades específicas del gobierno local, para así asegurar que los tramos de ejecución a cargo de los demás niveles administrativos de gobierno estén conectados y bajo el control del gobierno local como “órgano competente” para la entrega local de bienes y servicios con calidad y oportunidad homologables. Este marco operacional además contribuye al fortalecimiento de la autonomía local, en el entendimiento de que su propósito central consiste en desarrollar progresivamente las capacidades institucionales y organizacionales del gobierno local hasta cualificarlo para constituirse en un asociado eficaz de los demás niveles de gobierno y así aportar en el ámbito territorial de su jurisdicción a garantizar la seguridad, los derechos y las libertades públicas de conformidad con parámetros de calidad y oportunidad estandarizados. La sostenibilidad del funcionamiento y gestión de las cadenas de valor en materia de seguridad y convivencia depende entonces de desarrollar el marco normativo necesario para promover la concertación de decenas de acuerdos instrumentales y convenios entre los gobiernos locales y los demás niveles administrativos de gobierno, con base en los cuales deben regularse las condiciones específicas de cumplimiento de los distintos tramos de ejecución requeridos para la entrega de bienes y servicios acordes con parámetros estandarizados en cada jurisdicción territorial. En el caso de los municipios colombianos más pequeños cuya capacidad técnica, administrativa y fiscal para cumplir con las funciones públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana evidentemente requiere de mayor apoyo de parte de los demás niveles de gobierno, conviene explorar alternativas para robustecer el sistema de fondos territoriales de seguridad y convivencia y su articulación con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El marco de competencias y recursos con los cuales opera este sistema en la actualidad es claramente insuficiente, dada el exiguo potencial financiero de las fuentes de recursos otorgadas a dichos fondos y la restricción que esta deficiencia impone a la integración de “cadenas de valor” cuyo alcance requiere contemplar desde acciones sociales y de mejoramiento físico urbanístico integradas en estrategias de prevención social y situacional hasta servicios judiciales, penitenciarios y de supervisión pos-penal. Mecanismos complementarios como los “acuerdos instrumentales de tramos de ejecución” descritos anteriormente, también podrían contribuir a fortalecer las capacidades de gobiernos locales en el cumplimiento de su papel como “órganos competentes” ejerciendo el control activo de las condiciones operacionales observadas sobre el terreno por parte de los “órganos ejecutores”, aportando así a la consolidación de la funcionalidad y sostenibilidad los fondos territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana. Así mismo, conviene revisar las experiencias de países como Brasil y México en el desarrollo de sus sistemas de transferencia de recursos del nivel federal o nacional hacia municipios con base en convenios estructurados sobre objetivos e indicadores de estado, gestión e impacto específicos relacionados con la seguridad y convivencia, como también el régimen de acuerdos instrumentales desarrollado en Cataluña entre 1994 y 2008 en el marco del proceso de transferencia de competencias en materia del seguridad y convivencia a los gobiernos territoriales de distinto nivel. Asuntos como la reestructuración de las rentas territoriales destinadas a la financiación de la gestión de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los gobiernos locales para cumplir sus funciones como “órgano competente” en esta materia con el apoyo de los demás niveles de gobierno como “órganos ejecutores”, son recomendaciones relevantes para ser consideradas en el proceso de formulación de la política o estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana en curso. Otro aspecto clave para asegurar la fluidez tanto para la actualización de los diagnósticos y apreciaciones de situación como para la coordinación de la ejecución y supervisión de acciones definidas en los acuerdos instrumentales, es que todas las agencias y dependencias, sin que importe el nivel administrativo al cual pertenezcan, hagan uso de un mismo sistema de información y comunicación. Este es un asunto crítico para facilitar la planificación, programación, seguimiento y evaluación de la acción integrada, al igual que para el arbitramiento de recursos y responsabilidades cuando las circunstancias así lo ameriten. Otro tema a considerar es la necesidad de remediar la ausencia del poder judicial en las estructuras a través de la cual opera la coordinación de gestión de la seguridad local, principalmente en los Consejos Territoriales de Seguridad y Convivencia. La experiencia internacional señala cada vez con mayor insistencia la necesidad de involucrar en la gestión de la cadena de valor de la seguridad y convivencia a todos los actores que tengan responsabilidades misionales relacionadas con la materia. Por lo tanto en la práctica se ha vuelto convencional que en las instancias locales de seguridad convocadas por los alcaldes se reúnan jefes locales de policía y demás organismos de seguridad, así como representantes órganos judiciales como fiscales y jueces, entre otros. En el caso colombiano es evidente la ausencia de estos últimos en las instancias locales de gestión de la seguridad lo cual se convierte en un serio impedimento para la identificación y manejo de las dificultades asociadas con el funcionamiento local de la justicia y los procesos penitenciarios y pos-penal. Uno de los desafíos inmediatos que enfrentan las autoridades en el ámbito de la gestión de la seguridad urbana radica en identificar y desarrollar indicadores tanto de gestión como de resultado para hacer seguimiento y evaluar de la aplicación de las numerosas respuestas de política pública descritas en el apartado anterior, pues no todas las intervenciones descritas han sido eficaces ni han dado los mismos resultados en distintas ciudades. Igualmente es importante desarrollar indicadores para valorar la calidad de la inversión pública que destinan las autoridades locales al tema de la seguridad urbana. Esto se hace imperativo principalmente en las ciudades más grandes y con mayor capacidad fiscal, pues es allí donde por lo general se han incrementado los presupuestos destinados a programas y proyectos inversión en seguridad urbana, los cuales ameritan ser evaluados en términos de su racionalidad, efectividad y eficiencia. La información de seguimiento y evaluación que se genere al respecto será de gran utilidad para robustecer el marco local de gobernabilidad de la seguridad urbana, pues dará transparencia al manejo de recursos y robustecerá la confianza entre autoridades locales y nacionales para la coordinación de iniciativas conjuntas así como con el sector privado y las organizaciones sociales comprometidas con iniciativas público-privadas. Otra área de intervención crítica en el marco de la gobernabilidad de la seguridad urbana es el desarrollo de estrategias de comunicación pública por parte de las administraciones locales en relación con la situación de seguridad urbana y la gestión de la misma. En general las autoridades locales encuentran que el tema les representa una fuente permanente de desgaste político ante la ciudadanía, particularmente cuando suceden hechos que amenazan la tranquilidad y la estabilidad. La situación se acentúa con el tratamiento descontextualizado que con frecuencia hacen los medios de comunicación de hechos que no necesariamente representan amenazas generalizadas a la seguridad de las personas pero que en términos noticiosos resultan atractivos y justifican el despliegue desproporcionado a incidentes aislados como el de un conductor alterado que disparó su arma de fuego contra un vehículo de transporte escolar. En contraste llama la atención que delitos mucho más frecuentes como aquellos que afectan la seguridad de la familia, entre ellos, la violencia y el abuso sexual intrafamiliar, reciben escasa atención de los medios de comunicación y permanecen invisibles en las agendas públicas de gestión de la seguridad ciudadana. Lo mismo sucede con delitos operados por organizaciones criminales, como es el caso de los delitos contra la salud pública (tráfico de estupefacientes), la seguridad pública (tráfico de armas de fuego) y contra la seguridad económica (contrabando), ante los cuales las autoridades se concentran en perseguir y sancionar a los eslabones más visibles como sucede con los “jibaros” y los “sicarios”, dejando desapercibidos los eslabones más “estratégicos” como ocurre con las redes de transporte y corrupción que garantizan el abastecimiento continuado de estos mercados ilícitos. Dada las complejidades de la comunicación sobre la agenda pública de seguridad urbana y la necesidad de visibilizar factores que hasta ahora se han mantenido al margen de ésta –como es el caso de los equipamientos de donde funcionan las centrales mayoristas de abasto y su alta sensibilidad para el funcionamiento lucrativo de muchas actividades criminales urbanas en grandes ciudades– conviene desarrollar lineamientos e instrumentos de política de comunicación pública para lograr un mayor compromiso de autoridades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanía en general con el fin de dificultar la actividad criminal en contextos urbanos. En cuanto a la atención de los grupos más vulnerables a daños y subordinación por parte la criminalidad en contextos urbanos, es visible que en las principales ciudades ésta es un área de intervención central de la política de seguridad urbana, particularmente en cuanto se refiere a población desplazada, mujeres y adultos mayores víctimas de la violencia intrafamiliar y jóvenes en riesgo. Los mejores resultados en esta área se han obtenido en aquellas ciudades donde hay avances en la activación de procesos transectoriales explícitamente diseñados para proporcionar intervenciones con respuestas integrales de servicio sensibles a las demandas y necesidades específicas de cada persona y comunidad local. A la vez hay que destacar la importancia de crear condiciones propicias para la seguridad y la convivencia ciudadana a través de intervenciones de tipo situacional (como el mejoramiento del alumbrado público y del estado de aseo y conservación del espacio público), al igual que por medio de una adecuada planificación y ejecución de sistemas eficientes de transporte público, y mejora física espacios públicos y redes viales peatonales y urbanas que ofrezcan rutas bien definidas para el movimiento práctico sin comprometer la seguridad. Los centros urbanos nacionales tienen referentes importantes para ello en los programas integrales de mejoramiento de barrios basados en procesos participativos de planificación y gestión el Proyecto Sur de Convivencia en Bogotá (1998-2006) y los Programas Urbanos Integrales –PUI– en Medellín (2004 -2012). Cada una de estas experiencias representa un modelo de intervención en el cual se integran las agendas locales de seguridad urbana dentro del proceso de consolidación de vecindarios con el aporte activo de la población allí asentada por medio de proyectos específicos, los cuales han demostrado ser estrategias eficaces para disuadir la delincuencia, reducir la segregación urbana y, a la vez, facilitar el acceso a los bienes educativos, culturales, económicos y servicios de apoyo a la inclusión social. En la base de estos modelos de intervención se encuentra además la adecuada planificación y regulación de las normas de uso del suelo, instrumento que resulta clave para prevenir y mitigar los conflictos causados por usos y actividades incompatibles que, a la vez, contribuyen a reducir la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad. Ello implica fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales tanto para la planificación de intervenciones urbanas integrales como para la asignación y control de la ejecución eficiente de recursos de inversión. Dichas intervenciones también requieren incorporar el desarrollo de capacidades institucionales para promover empoderamiento comunitario y facilitar la interacción fructífera entre las organizaciones de base y las redes locales de agencias gubernamentales en torno a cuestiones como la mejora de la capacidad de los grupos y las comunidades para participar de manera significativa en la planificación, diseño, gestión, seguimiento, apropiación y conservación del producto de dichas intervenciones. Ello vigorizará la capacidad de control social informal por parte de las comunidades en los entornos urbanos y contribuirá al mejoramiento general de las relaciones comunitarias con las agencias locales de vigilancia y seguridad, entre otros. Foto tomada de www.elespectador.com

El político caldense Francisco Ferney Tapasco González, el mismo que hoy se encuentra en el centro de la polémica por cuenta del fallo judicial de un Juez Especializado de Pereira, quien le absolvió de las acusaciones que contra el cursaban por el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández, se encuentra vinculado a la actividad proselitista en su departamento desde 1973, llegando a ser uno de los jefes más importantes del liberalismo desde 1998, tanto que sus copartidarios manifestaron durante la investigación judicial que se le sigue por parapolítica, que por encima de él, sólo se reconocía la “jefatura natural” del exsenador fallecido Víctor Renán Barco. Ferney Tapasco, padre del hoy detenido exrepresentante liberal Dixon Ferney Tapasco, según las investigaciones judiciales que en su contra realizaron la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica, “fue un hombre muy cercano al frente paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en esa región. Sus nexos con la organización, dijo la Corte, eran tan antiguos que incluso fue acusado por ex miembros de las autodefensas de haber sido autor intelectual del homicidio del líder indígena y candidato a la alcaldía de Riosucio, Gabriel Ángel Cartagena, ocurrido el 8 de junio de 2003, tras una reunión que sostuvo en Medellín con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y su lugarteniente Pablo Sierra García, alias Alberto Guerrero”. Según la providencia judicial del político caldense, cuatro testigos lo señalaron como autor intelectual del homicidio del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra Hernández, ocurrido el 30 de enero de 2002, luego de que este le denunciara en sus editoriales de tener vínculos con los paramilitares de la región Pablo Hernán Sierra y alias Ernesto Báez. En una de sus declaraciones, Ernesto Báez aseguró a la Corte Suprema de Justicia que “con el asesinato del representante a la Cámara Óscar González Grisales el 18 de marzo de 2005, Ferney Tapasco debía asumir la dirección del movimiento del fallecido líder, porque así lo ordenó Víctor Renán Barco, hecho que terminaría por reordenar el mapa político de Caldas.” Según el testimonio de Báez, “en una de las reuniones que sostuvieron, el movimiento quedaría en cabeza de Enrique Emilio Ángel Barco —también condenado por sus vínculos con las Auc–. Sin embargo, el 4 de febrero de 2006, en área rural del municipio de La Merced, Tapasco se reunió con Báez y Alberto Guerrero con el fin de interceder para que los jefes “paras” le permitieran a su hijo Dixon Ferney Tapasco, hacer política en Pácora.” El exjefe paramilitar en su declaración ante el máximo tribunal de la justicia en Colombia agregó diciendo que “Entonces me dice Ferney ese día: ‘Yo no sé cómo se va a resolver este problema, porque los dirigentes liberales de Pácora acompañan es a mi hijo, no a Enrique Emilio’”; ‘Yo no quiero entrar en controversias, entonces cedo lo de Pácora’. A lo anterior se suma lo relatado por Euridice Cortés Velasco, alias Diana, quien aseguró que al impedir que la línea oficial del Partido Liberal absorbiera el ala de González Grisales, a través de Tapasco González, Ernesto Báez mantenía el control con el que aspiraba llegar al Congreso después de terminar el proceso de Justicia y Paz. En la misma declaración Báez aseguró que Francisco Ferney Tapasco le propuso que este usara su influencia para impedir que en municipios como La Dorada y Supía siguiera haciendo proselitismo Enrique Emilio Ángel, a lo cual él respondió que en esos lugares no tenía influencia, ni tampoco en Riosucio, ni en Anserma, y mucho menos en el occidente del departamento. Finalmente el excongresista fue absuelto por la justicia en fallo de primera instancia, al considerar que no existían elementos de prueba que lo responsabilizaran con el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández. La decisión judicial provocó declaraciones en contra como la de la Fundación para la Libertad de Prensa y personas cercanas al subdirector del diario La Patria, quienes se han mostrado desacuerdo con el fallo del Juez Especializado de Pereira, argumentando que en el proceso se han desconocido testimonios como los de Luis Miguel Tabares Hernández, alias Tilín jefe de sicarios de la banda la Galería, quien confesó a la Fiscalía que uno de sus hombres habían aceptado el trabajo de asesinar a Orlando Sierra y que supuestamente la persona que estaba detrás del crimen del periodista, era el exrepresentante a la Cámara Ferney Tapasco. Se espera entonces la apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Pereira para que sea el quien tome una nueva decisión, que evite según los familiares y personas cercanas a Sierra Hernández, “se abra una puerta a la impunidad”

Las ciudades habitualmente albergan diversidad de problemas incluyendo deficiencias en sus sistemas urbanos funcionales (movilidad, flujos de abastecimiento, conectividad del espacio público, etc), y en la provisión de servicios sociales (salud, educación, vivienda, servicios públicos adecuados), así como asuntos relacionados con la inseguridad y la convivencia ciudadana. Otra clase de problemas son los que los psicólogos refieren con el término “patología social urbana”, que comprenden el estrés asociado con un ritmo acelerado de la vida, la depresión, el aislamiento y la pérdida de identidad. Además de todos estos problemas, y al mismo tiempo influyendo sobre ellos, están los conflictos sociales que en los entornos urbanos alcanza niveles elevados en cantidad, diversidad y complejidad. (Gilis, 2010) Los conflictos sociales urbanos se experimentan de manera asimétrica y heterogénea porque las ciudades son altamente diferenciadas. Es decir, lo que puede sumar como una oportunidad para algunos representa con frecuencia el origen de conflictos colectivos para otros. De hecho, las ciudades y áreas metropolitanas de hoy se han convertido en importantes centros de interacción colectiva entre las clases subordinadas debido a la facilidad con la que circulan la información y los contactos en contextos urbanos, lo cual favorece la formación de nuevos «actores políticos» en representación de numerosos y diversos grupos sociales “excluidos”. En síntesis, las dinámicas urbanas de hoy no están marcados por los conflictos sociales simétricos y estructurales que caracterizan la sociedad industrial, sino por las contradicciones transversales que afectan de distintas maneras a diferentes a grupos sociales con diversos valores e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final. (Borja, 2003) En muchos casos, la violencia urbana es una situación endémica impulsada por distintos factores sociales, económicos y políticos. Comprende un amplio espectro de expresiones y formas de violencia que van desde la violencia de género, pasando por aquella basada ​​en pandillas y hasta los conflictos étnico-religiosos y el terrorismo. A diario los residentes urbanos tienen que lidiar de manera directa con asuntos como la violencia intrafamiliar, la expansión del consumo de sustancia psicoactiva, la extorsión, en ocasiones con protestas sociales y disturbios debido al hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos o fuentes legales de ingreso, así como la falta de voz para incidir sobre los asuntos públicos que los afectan al e igual que por la subordinación a “poderes de hecho” que se ejercen por medio de oscuras alianzas entre actores armados extralegales y oficiales. Por otra parte, hay ejemplos notables de conflicto armado interno o internacional, pasando por las fases agudas «guerra urbana», como en Beirut, en el Líbano, Mogadiscio, Somalia, Bagdad, en Irak, en Marjah, Afganistán, Misrata y Trípoli, en Libia, y Homs y Damasco en Siria , para nombrar sólo muestra una de casos recientes. (Moser y Horn, 2011; Koonings,2012) Muchas grandes ciudades que no son escenarios de guerra urbana sin embargo registran muertes causadas por los diferentes tipos de violencia mencionados anteriormente por encima de 1.000 víctimas mortales anuales que comúnmente se acepta como establecido como el umbral para clasificar procesos sostenidos de violencia como “conflictos armados internos de baja intensidad», tal como es el caso ciudades como Ciudad Juárez, en México, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en Honduras, en Caracas Venezuela, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Río de Janeiro, en Brasil y Cali, Medellín y Bogotá en Colombia. La verdad es que hay otros atributos además del umbral de muertes violentas que deben estar presentes para poder clasificar un episodio prolongado de violencia colectiva como un conflicto armado interno, que incluyen su ubicación en el territorio de un Estado, la participación de fuerzas armadas “oficiales” y los grupos rebeldes o disidentes al mando de la estructuras de mando responsables y estables con suficiente control sobre un territorio para permitir operaciones militares organizadas y sostenidas, al igual que el compromiso de observar y aplicar las leyes internacionales pertinentes a este tipo de conflictos. (Verri, 1998; Koonings de 2012) Sin embargo, el hecho es que en las grandes ciudades donde el alto nivel de violencia es endémico hay actores armados urbanos que buscan explotar las oportunidades económicas ilícitas y controlar el espacio físico urbano y social, mientras que las fuerzas oficiales de seguridad emplean la violencia para contrarrestar esto. Si bien esta configuración de eventos no se ajusta completamente a los atributos de un «conflicto armado interno», no puede ignorarse que tal estado de cosas puede llegar a tener efectos similares sobre los residentes urbanos en las áreas afectadas. (Koonings, 2012). A medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano, el conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de «poder difuso» en el que actores no estatales y privados juegan un papel progresivamente más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se resquebraja y se debilita. Por consiguiente, las diversas formas de violencia colectiva en entornos urbanos serán cada vez más frecuentes en el futuro debido a la creciente concentración de conflictos colectivos en las ciudades. Ver documento completo Conflictos urbanos y violencia colectiva (1)

Ver informe completo Los hechos violentos atribuidos a las bacrim en el último año en las principales ciudades del país ofrecen indicios acerca de la naturaleza de los negocios de interés para estas estructuras criminales en contextos urbanos. De igual manera, el control de áreas de cultivo ilícito y minería ilegal, así como de corredores estratégicos para el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, dinero ilícito y otras formas de contrabando, se reflejan en la lógica detrás de sus acciones violentas en zonas rurales del país. Ver documento completo Informe 2013 Bacrim Foto www.confidencialcolombia.com

Ver informe completo Se dice insistentemente por parte del gobierno nacional y del ELN que muy pronto se abrirá una mesa de negociaciones de paz. El presente texto busca dar respuesta a cuál es el estado del ELN en el 2013 ¿dónde está? ¿Cuantas acciones tuvo durante el año? ¿Ha crecido su operatividad o ha disminuido? ¿Cuál es su estructura interna? ¿Cuáles son sus fuentes de financiación? Cuál es la agenda que llevan a la mesa de conversaciones? Estas son algunas de las preguntas que trata de responderse el informe 2013 de la Fundación Paz y Reconciliación que da continuidad a los informes que año tras año realizaba la Corporación Nuevo Arco Iris. Ver documento completo Informe ELN 2013

En el convulsionado panorama minero colombiano, uno de los temas más controvertidos por las comunidades que se oponen al modelo de enclave extractivo trasnacional institucionalizado por el Código Minero vigente (Ley 685 de 2001), es el de la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado nacional. La Constitución de 1991 lo establece así en su artículo 332. La formulación no es novedosa, pues reitera el contenido básico del artículo 202 de la Constitución anterior. Ya desde 1887 la ley 38 había establecido que los propietarios de depósitos mineros de su propiedad contaban con un año para ejercer el “derecho preferente” para su exploración y explotación; quienes no lo hicieran así estarían en riesgo de perder toda clase de derechos sobre sus yacimientos. Como es natural, dicha disposición generó debates interminables acerca de si el derecho sobre minas puede extinguirse por su “no uso”, y si este derecho sería susceptible a la confiscación. Con la ley 20 de 1969 el gobierno de Lleras Restrepo buscó zanjar este escollo, estableciendo que el objeto de los derechos otorgados sobre depósitos mineros es “obtener mediante la explotación técnica y sistemática el aprovechamiento total de los respectivos yacimientos”. En consecuencia, creó un mecanismo de extinción de derechos constituidos sobre las minas por los particulares, declaró la industria minera de utilidad pública e interés social, y estableció que podrían decretarse expropiaciones allí donde fuese indispensable para habilitar la actividad normal de la minería. Hay razones de peso en favor de una política de propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovable en cabeza de Estado. El sector extractivo es una fuente de ingresos considerable para los gobiernos: hay países mineros donde entre el 25 a 30 por ciento de los ingresos fiscales dependen directamente del sector minero. En América Latina países como Venezuela, Chile, Perú y Colombia dependen del sector extractivo para generar más de la mitad del valor de sus exportaciones. Pero a la vez, la gestión pública de los ingresos que perciben los gobiernos del sector extractivo supone retos importantes. ¿Cómo manejar sus impactos en los indicadores macroeconómicos y la distribución equitativa de sus beneficios entre la población, particularmente los más pobres? ¿Cómo controlar y mitigar los efectos generados por los proyectos extractivos sobre el sistema político-institucional, los sistemas naturales de soporte y las comunidades y economías locales donde estos se asientan? Más aún, ¿cómo controlar la corrupción asociada a las decisiones públicas en relación con el otorgamiento de los derechos mineros por parte del Estado? Como ya se vio, los plazos perentorios que fija la ley cada vez que se pretende limitar los derechos de los particulares sobre las minas que han descubierto o están explotando datan de 1887, y desde entonces se han reiterado en numerosas oportunidades, la más reciente con la ley 685 de 2001 que estableció plazo hasta el 31 de diciembre de 2004 para formalizar las explotaciones mineras de hecho en el país.[1] Para muchos, se trata de un mecanismo para legalizar la extinción del derecho de prelación de mineros pobres y abrir el camino para la entrega de títulos a intereses poderosos, muchas veces encarnados en inversionistas extranjeros, tal como sucedió en el país a partir del 1 de enero de 2005 en nuestro país. Al residir los derechos sobre las riquezas naturales no renovables en cabeza del Estado, el control a su acceso se centraliza en agencias públicas del orden nacional lo cual genera incentivos perversos para que la industria busque obtener el favor de los funcionarios del más alto nivel con el propósito de mejorar condiciones de seguridad y rentabilidad de sus inversiones directas en la actividad, incluyendo beneficios y exenciones tributarias. A cambio, ofrecen a esos mismos funcionarios prebendas y privilegios dispensados a través de transferencias de dinero a “empresas fachada” constituidas en paraísos fiscales u ofertas de cargos directivos en las mismas empresas una vez esos funcionarios se retiren del gobierno. Por consiguiente, es frecuente que en esas circunstancias los funcionarios de más alto rango otorguen baja prioridad al fortalecimiento de las capacidades institucionales para regular y controlar las actividades del sector extractivo. Así, es natural que las comunidades cuestionen la conveniencia de desmembrar la propiedad superficiaria de la del subsuelo en los inmuebles que les han sido otorgados en calidad de resguardos o territorios de propiedad colectiva, sobre todo cuando las actividades mineras –y en particular, los proyectos de minería de gran escala– , no se materializan en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y las políticas públicas e instrumentos de ordenamiento y regulación territorial y ambiental tampoco logran controlar ni mitigar los efectos indeseables generados por esas actividades. No es de extrañar por lo tanto que en el presente haya cambiado la percepción positiva del objetivo de “obtener el aprovechamiento total de los yacimientos mineros del país”, que a mediados del siglo XX fuera visto como desarrollo lógico de la “función social” de la propiedad. Hoy, a principios de del siglo XXI, este mismo objetivo se considera como un atentado contra la integridad cultural de las comunidades indígenas y negras; algunas de ellas reclaman por la vía judicial que su derecho a la prelación en la explotación de los recursos mineros que se encuentran en sus territorios no debe estar subordinado al objetivo maximalista de “obtener su aprovechamiento total”; además, se niegan a aceptar que sus derechos sobre esos recursos sean susceptibles de extinción en el tiempo. En ese caso, ¿recurrirá el gobierno a decretar expropiaciones de terrenos pertenecientes a comunidades étnico-territoriales, invocando la utilidad pública e interés general de la industria minera en cabeza de empresas extranjeras a las cuales ha otorgado títulos mineros en dichos territorios? [1] El proceso de “legalización” generalmente reserva una perspectiva draconiana para la minería artesanal, pequeña y mediana. De acuerdo con la Red Colombiana de Acción Contra el Libre Comercio RECALCA, entre 2002 y 2007 se presentaron casi seis mil solicitudes de legalización de minería de hecho, y tan solo se resolvieron favorablemente cerca de cuarenta. Foto: www.eltiempo.com