Para 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179; esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otros. Para los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires, Cauca, que fue el detonante para reiniciar el escalonamiento de la confrontación. Ahora bien, desde el 22 de mayo, momento del rompimiento del cese unilateral, hasta el 8 de julio del presente año se han producido un total de 289 acciones armadas, es decir, en mes y medio se produjeron un 300 por ciento más de acciones armadas que durante los cinco meses del cese unilateral de las FARC. Estos datos permiten concluir que efectivamente, a pesar de muchas opiniones de sectores no afectos al proceso de paz, el cese unilateral funcionó y en muchas zonas del país la población rural bebió los primeros sorbos de la paz. En las encuestas las negociaciones ganaron un apoyo importante. Pero con la reanudación de la confrontación armada, el apoyo que se había ganado el proceso de paz en zonas rurales se evaporó en cuestión de días y la sensación de crisis y de pesimismo se apoderó del país. Ahora, ante la presión de la opinión pública y el llamado de los países garantes del acuerdo de paz, las FARC han anunciado un cese unilateral de hostilidades por un mes a partir del 20 de julio. Es una decisión afortunada para aliviar la presión que hay sobre la Mesa de La Habana. Pero no basta. Es necesario aprovechar ese mes para dar un salto en los temas espinosos que tienen atascada la Mesa: acordar por fin el tipo de justicia transicional que regirá el proceso, definir el detalle de la protección a la vida de los guerrilleros que dejan las armas, concertar su participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sobre el avance en esos puntos, volver a desescalar el conflicto hasta llegar a un cese bilateral definitivo de las hostilidades como antesala de la dejación de las armas y del ingreso a la vida civil. El cese bilateral tendría tres objetivos: mostrarle a la población del país los beneficios de la firma de los acuerdos. Iniciar el proceso de concentración de las FARC en distintos sitios del país y poner en marcha los protocolos para la dejación de las armas. Por último, restituiría la confianza en la Mesa sobre la voluntad de paz de las partes. Resolver las diferencias y desescalar y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino. Ponerle plazos perentorios a las negociaciones no ayuda en nada. En contraste con el alivio que significa el anuncio del cese unilateral de las FARC, el ELN se empeña en intensificar sus acciones y realizar atentados urbanos con gran repercusión en la opinión pública. Presumo que las bombas de Bogotá son de esta organización porque en una declaración del jueves pasado decían que no conocían a ninguno de las personas acusadas, pero por ningún lado negaban la autoría de las acciones. He leído en las conclusiones del quinto congreso del ELN que el objetivo principal de esta guerrilla es fortalecer el movimiento político y social. También oí en estos días el mensaje de Gabino, comandante general de esa guerrilla, conmemorando los 51 años de existencia, y allí dice que el gobierno miente, que no es verdad que ellos estén poniendo como obstáculo para avanzar hacia una mesa de negociaciones el tema de la dejación de armas. Es muy contradictorio y absurdo lo que está haciendo el ELN, pero también tengo la impresión de que la respuesta del gobierno tiene las mismas características. El accionar del ELN por el momento ha suscitado una cacería de brujas que perjudica de manera brutal al movimiento civil Congreso de los Pueblos, 11 de sus principales activistas han sido detenidos. No tienen ninguna disculpa los jefes del ELN. Están muy viejos para no saber que este tipo de acciones en Colombia la pagan los dirigentes sociales. Tampoco tiene ninguna lógica que reconociendo públicamente que es obligatorio hablar de la dejación de las armas no accedan a una fórmula concreta para dar paso a las negociaciones formales. Pero es muy torpe lo que hacen la Policía y la Fiscalía al abalanzarse sobre un conjunto de líderes sociales para conjurar los atentados de la guerrilla y también me ha sorprendido la falta de creatividad del gobierno en la etapa exploratoria al querer aplicar el mismo modelo de negociación de La Habana sabiendo que son organizaciones bastante distintas. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

A pesar de la escala de violencia de las últimas semanas, nunca antes en la historia de Colombia las Farc y el Gobierno Nacional habían avanzado tanto en un proceso de paz como lo han hecho en La Habana.De hecho, la tregua unilateral decretada por las Farc el 20 de diciembre de 2014 y que alcanzó a llegar hasta el 22 de mayo pasado mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada al pasar de 179 acciones mensuales en promedio durante 2011, antes del inicio de las negociaciones de paz, a 98 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua, lo que da como resultado un promedio  de 18.2 acciones por mes. Desde que las Farc dieron por finalizada la tregua unilateral se han presentado 281 acciones armadas, es decir que en algo más de un mes de reactivación del conflicto se superó el número de acciones que se presentaron durante toda la tregua. La mayoría de estas acciones se han concentrado en afectar la infraestructura energética y de hidrocarburos del país. Hay que decir que la tregua repercutió en la generación de un ambiente más favorable para la negociación, conllevó a la disminución del número de víctimas, al tiempo que permitió vislumbrar en los territorios el efecto inmediato de que las Farc no hicieran uso de las armas. Así, las labores de las organizaciones  de la sociedad  civil que  trabajan en la construcción de paz en las regiones también se facilitó y se dio un respiro para pensar en que un país distinto es posible. Al día de hoy, todo eso está en riesgo. Cuando en diciembre las Farc decretaron el cese de hostilidades y luego lo extendieron por tiempo indefinido  muy pocos sectores de la opinión pública incluido el Gobierno valoraron este gesto. También varios medios tradicionales enfocaron sus informaciones en dar cuenta de las violaciones de la tregua –que la Fundación Paz y Reconciliación cuenta en 12- para recalcar en estas y evaluar las verdaderas intenciones de la guerrilla. Así mismo, sectores políticos del país decidieron hacer sus propias mediciones para exhibirlas a la opinión pública y mostrar que la tregua no había tenido ningún efecto. La situación actual pone en peligro los avances concretos de la negociación en La Habana y pueden mantener al país en el ostracismo en el que se ha detenido los últimos 60 años. Por eso es importante el anuncio realizado hoy por las Farc en el sentido de que retomarán el cese del fuego unilateral el próximo 20 de julio. Ojalá como sociedad aprendamos a valorar los momentos de silencio de los fusiles para que esto que aún es un sueño, pueda ser en un futuro cercano una realidad. Columna de opinión publicada en Revista Reconciliación Colombia

Por: Ariel Ávila Martínez En los últimos días, en redes sociales han circulado alrededor de 22 vídeos donde grupos de personas de diferentes ciudades golpean presuntos ladrones, personas acusadas de violación o personas que debido a su comportamiento trasgreden ciertas normas sociales, como el consumo de licor. En todos estos vídeos tres cosas parecen comunes. Por un lado, los ciudadanos se alientan unos a otros para golpear a los presuntos ladrones o agresores, como si se tratara de una competencia de quién es el más fuerte. Lo segundo, es que las autoridades policiales parecen impotentes ante las agresiones de la comunidad y en muchas ocasiones deben proteger al ladrón o agresor. En varios de estos vídeos parece que la policía se ha convertido en un cuerpo para evitar linchamientos. Por último, en la conducta de los ciudadanos parece existir una cierto sentimiento de desespero. Son comunes las frases como “para que no lo vuelva a hacer”, “denle para que coja escarmiento”, “la policía nunca hace nada” entre otras. Todos estos comportamientos no son un problema únicamente de una emoción que invade a personas durante un corto periodo de tiempo, o de falta de cultura ciudadana. El tema parece ser más complejo, y gran parte de la responsabilidad de este tipo de comportamientos estaría del lado institucional. Varios datos indicarían esta situación.La más reciente encuesta de Gallup, más allá de la imagen del Presidente, o de alcaldes y candidatos a alcaldías y gobernaciones, entrega varios datos interesantes. Por ejemplo, la ciudadanía en un 83% percibe que el tema de corrupción está empeorando en el país, mientras que solo el 9% percibe que mejora. A largo plazo se ve una tendencia sostenida de crecimiento de la percepción negativa. Otro de los datos interesantes se refiere a la sensación de inseguridad, ya que el 84% de los ciudadanos cree que está empeorando y solo el 10% considera que mejora. La encuesta se realizó en las grandes ciudades, por lo que los resultados de la percepción de inseguridad se refieren a temas de delincuencia urbana y crimen organizado y no tanto a la presencia de grupos armados ilegales. Al igual que en el caso de corrupción se viene presentado un incremento constante en los últimos años. Luego se dan otra serie de datos interesantes y en cierto sentido dramáticos. Por ejemplo, el 46% de los encuestados estarían de acuerdo en perder libertades para mejorar la seguridad. Igualmente para el 79% de los encuestados la imagen del sistema judicial es desfavorable. Los datos anteriormente expuestos no solo permiten concluir la gran desconfianza de la ciudadanía hacia ciertas instituciones estatales, sino que además se percibe la ineficacia del Estado para contrarrestar la inseguridad o la corrupción. Así las cosas estos linchamientos no necesariamente significan una descomposición social, aunque podrían llevar a ello si se suman otros ingredientes. Este tipo de comportamientos por el contrario tendrían cuatro explicaciones Por un lado, todo parece indicar que el problema central se encuentra en la ausencia de respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, en diferentes entrevistas realizadas, las habitantes de Bogotá manifiestan que la Policía no llega cuando se llama al 123 o NUSE o al número telefónico del cuadrante. Igualmente existe una queja constante en que los trámites para interponer una denuncia son complicados y dispendiosos, además los casos generalmente nunca se cierran y la ciudanía no recibe una respuesta rápida. Esto lleva a una sensación de abandono e impotencia de la ciudadanía. Adicionalmente en muchos casos la respuesta rápida no pasa más allá de una notificación. Según estadísticas del NUSE el hombre que llega borracho a su casa y agrede a su esposa o hijos generalmente lo repite en promedio seis veces en el año. Las seis veces, los vecinos o familiares llaman a la policía y esta puede llegar pero más allá de molestar al agresor, o trasladarlo a la UPJ, no pasa nada, de hecho la esposa o compañera del agresor generalmente no interpone denuncia, y al otro día el agresor queda en libertad. En segundo lugar, en muchos casos la ciudadanía no entiende cómo funciona el Estado de derecho, por ejemplo una persona que consume marihuana no es un delincuente o algunas contravenciones no necesariamente significan cárcel. Para una buena parte de la ciudadanía esto se trata de corrupción o de indiferencia institucional, ya que no se entienden los principios de garantías al debido proceso, la presunción de inocencia entre otros. Además la población percibe que la ley es bastante laxa a la hora de combatir el crimen, lo que causa una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institucionalidad. En tercer lugar, se comprueban casos de corrupción delicada en la institucionalidad. En diciembre pasado fueron capturados 46 personas en Antioquia, 19 de los cuales eran policías que al parecer pertenecían a una banda dedicada al narcomenudeo, el mes pasado (mayo), otros nueve policías fueron capturados esta vez en Ibagué que trabajaban para una banda conocida como La Mina. Esta situación hace aún más complejo la intención de que la ciudadanía acuda a la institucionalidad en caso de algún delito. Por último, existe una crisis del sistema judicial en todo el país, malos procedimientos, colapso del sistema carcelario, ausencia de investigación en los casos y escándalos de corrupción han hecho que sencillamente la ciudadanía no crea en el sistema judicial. *Ariel Ávila: Politólogo, Master en Sociología. Coordinador del Observatorio Paz y Reconciliación y consultor internacional

Foto tomada de Blueradio.com Cuando se habla de los clanes de familiares del departamento del Atlántico los más nombrados son los Name y los Char, y en algunas ocasiones se habla de los Gerlein, muy a pesar de que para nadie es un secreto que gran parte de las decisiones en materia de contratación y manejo de cargos públicos pasa por sus manos. Del grupo familiar de los Gerlein, el personaje más visible es el actual Senador de la República y próxima cabeza de lista del Partido Conservador, Roberto Víctor Gerlein Echeverría, quien lleva más de 40 años en el congreso, en donde ha sido autor de proyectos como el que buscaba establecer procedimientos abreviados para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble, por ejemplo. También ha sido protagonistas de grandes polémicas, la última de ellas, en la que aseguró con frases poco amables en medio de un debate en la Comisión Primea de Senado, no estar de acuerdo con el matrimonio para parejas del mismo sexo. Los Gerlein combinan la actividad política con la económica, razón por la que aprovechan su gran influencia en la vida pública nacional para jalonar contratos de concesión vial a la firma Valorcon. En la línea empresarial de esta familia se encuentran los nombres de Julio y Enrique (este último papá de Roberto). El primero de ellos fue el fundador de la zona franca de Barranquilla y gerente. Además, fue miembro del Comité Olímpico internacional. Un hombre con grandes conexiones, según publicación del diario El Tiempo en octubre de 2013. Ambos son hijos de Julio Gerlein Guell, abuelo de Roberto y comerciante destacado en su época en Barranquilla. En la actualidad el ala política de los Gerlein es liderada por el senador Roberto Gerlein, quien ha venido participando en la vida pública desde el gobierno del expresidente Alfonso López Michelsen en 1974, quien lo nombra en el cargo de gobernador del Atlántico. Desde ese momento su nombre se proyecta al interior del Partido Conservador, en donde ha hecho política junto con su familia y por el cual es elegido en diferentes corporaciones de elección popular como el Concejo de Barranquilla (1964); Representante a la Cámara (1968) y Senador de la República (1974 hasta la fecha). Roberto Gerlein hizo parte del gabinete ministerial de Belisario Betancur, quien le nombra al frente de la cartera de Desarrollo y en el gobierno de Ernesto Samper. A pesar de estar en el Partido Conservador, quien oficialmente le hizo oposición a la administración de aquel entonces, este parlamentario hizo una férrea defensa del primer mandatario en el legislativo durante el Proceso 8.000, por lo que se ganó el calificativo de “Lentejo”. Su hermano Jorge le acompañó en el legislativo como fórmula a la Cámara de Representantes, a pesar de que su profesión de odontólogo no tiene nada que ver con las actividades políticas, ni se relaciona con las ciencias políticas. Actualmente Roberto Gerlein aspira a la reelección como Senador de la República, encabezando la lista del Partido Conservador, quien le postula al ser la única figura fuerte que le garantice un amplio números de votos a los azules en la próxima contienda legislativa, donde deben pelearle los votos a la lista del expresidente Álvaro Uribe Vélez con quien comparten electores. A pesar de que Gerlein hizo parte de la coalición de la seguridad democrática del gobierno de Uribe en el Congreso de la República, hoy día es un férreo defensor de Juan Manuel Santos y es de los conservadores que se inclinan por continuar dándole su apoyo y no irse a la oposición. Tan incrustados se encuentran los Gerlein en la vida pública y económica en el departamento del Atlántico, que en la actualidad hacen parte del Carnaval de Barranquilla, en donde han elegido cinco soberanas incluyendo a la actual, dando una clara muestra de que los reinados de belleza, no están libres de la política. Ver infografía de los líderes del Clan Gerlein

Hace 25 días las FARC anunciaron que daban por finalizado el cese unilateral indefinido que habían declarado el 20 de diciembre de 2014, decisión que tomaban después de un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en Guapi, en el departamento de Cauca, el 21 de mayo de 2015, acción  que terminó con la vida de 27 guerrilleros, dos de los cuales habían actuado como negociadores. Los datos del cese unilateral mostraron resultados importantes en lo que a reducción del conflicto se refiere, de hecho a pesar de que algunos sectores políticos intentan minimizar dicha situación, los resultados en los municipios históricamente afectados por el conflicto eran incuestionables. Así por ejemplo, el año anterior a que se abrieran las negociaciones, es decir, en el año 2011, se produjeron un total de 2148 acciones en el año, para un promedio de 179 acciones es por mes. Estas 179 acciones hacen referencia a cualquier tipo de actividad armada que involucra estructuras de las FARC y de la Fuerza Pública. La siguiente gráfica muestra la evolución anual de acciones armadas entre la Fuerza Pública y las FARC. Ver gráfica  Acciones Armadas de las FARC. 1997-2014. Para el año 2014  se presentaron un total de 1186 acciones, se debe recordar que durante dicho año se produjeron varias treguas unilaterales por parte de las FARC, en total 45 días de tregua. El promedio de acciones armadas fue de 98 por mes. Durante el cese unilateral indefinido declarado por las FARC en diciembre de 2014 y que se prolongó hasta el 22 de mayo de 2015 (5 meses en total), se presentaron 91 acciones armadas que involucraban estructuras de la Fuerza Pública y estructuras de las FARC, de ellas 12 fueron violatorias de la tregua entre ellas la de Buenos Aires Cauca que dejó 11 militares muertos. Así las cosas el promedio mensual de acciones armadas fue de 18,2. La cifra más baja durante los últimos 30 años de conflicto. La siguiente gráfica muestra la distribución de acciones armadas durante el cese unilateral declarado por las FARC. Las acciones militares se refieren a aquellas que fueron iniciadas por la Fuerza Pública, mientras que las violatorias abarcan todas las acciones iniciadas por las FARC. Ver Gráfica comparativo de acciones Una vez finalizado el cese unilateral el número de acciones armadas comenzó a aumentar de forma significativa, en su gran mayoría eran ofensivas de las FARC. Entre el 23 de mayo y el 16 de junio se presentaron un total de 147 acciones armadas, es decir, en 25 días se superó el total de acciones realizadas durante los cinco meses de cese unilateral, de hecho hubo un aumento del 60%.  La siguiente gráfica muestra discriminada por tipo de acción la actividad armada de los 25 días. Ver gráfica tipo de acciones El siguiente cuadro muestra los promedios mensuales para los períodos mencionados previamente y el total de acciones armadas durante los 25 días después del cese.AñoAcciones x Mes2011179201498201518,22015147 Con los datos mencionados anteriormente surgen cinco conclusiones. En primer lugar, es que efectivamente el cese unilateral de las FARC,  sí mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada, es decir, si estaba funcionando en lo que a desescalamiento del conflicto se refiere. La segunda conclusión, es que las acciones armadas en los 25 días luego del levantamiento del cese unilateral no necesariamente significan una ofensiva de las FARC. Sí las acciones se comparan con los primeros cinco meses el año 2015 o con el año 2014, es posible concluir que si existe una ofensiva, pero a largo plazo lo que se ve es que se regresaría a los promedios mensuales del año 2011 y 2010. Es decir, los promedios antes de la negociación. En tercer lugar, como lo Fundación paz y Reconciliación lo había advertido luego de múltiples investigaciones, el saboteo a la infraestructura energética es la estrategia militar de las FARC desde el año 2008.  Será muy difícil que el Estado Colombiano logre poner un soldado cada 10 metros de un oleoducto o en todas y cada una de las torres de energía en las zonas de conflicto. En cuarto lugar, no se puede hablar de una crisis de seguridad en el país producto de los ataques recientes de las FARC. Como lo muestra el siguiente mapa  las 147 acciones armadas se han registrado en 45 municipios. Si bien preocupan casos como los del municipio de Medina departamento de Cundinamarca las zonas afectadas por las FARC,  no son nuevas comparadas con lo que venía sucediendo los últimos años. Por último, se logra establecer que las FARC aún tienen una capacidad de daño importante, así como de adaptación militar en el terreno. Si bien se podría hablar de una derrota estratégica de las FARC en la medida que el objetivo de la toma del poder es inviable, aún falta mucho para una derrota militar. Ver mapa de Reanudación de acciones de las Fa

Una vez más se abre el debate nacional por cuenta de las candidaturas a cargos de elección popular, que comienzan a ser señaladas por la opinión pública, por sus posibles vínculos directos con actores ilegales,  mafias de corrupción política y relaciones con organizaciones político económicas que se han tomado la contratación pública en los niveles departamental y municipal. Estas tres modalidades de captura del poder local, logró incrustarse de tal forma en la gobernabilidad territorial, que difícilmente Colombia la podrá superar, si desde el poder nacional no se hace lo necesario en materia de normatividad, vigilancia y control para que esto no siga sucediendo. De nada entonces han de servir las veedurías ciudadanas que desde la sociedad civil se hacen, si no se cuenta con entidades lo suficientemente fuertes, que hagan respetar las elecciones  de este tipo de organizaciones que encontraron en lo local el multivitamínico que les fortalece período tras período. Si nuestro país desea en realidad superar temas de corrupción política como la Parapolítica y sus herederos, Carrusel de la Contratación, vínculos con narcotraficantes, etc., lo primero que debe hacer es fortalecer la entidad que oficialmente vigila y controla las elecciones, es decir al Consejo Nacional Electoral (CNE). Inexplicablemente una posible reforma  al Consejo Nacional Electoral es un tema  que no se ha tocado en las discusiones que se han dado en los últimos años que tienen que ver con Reforma Política, Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes, donde se ha discutido sobre la manera de arreglar las falencias en los partidos políticos,  órganos de control y las altas cortes, que no permiten una mayor transparencia y eficacia en la aplicación de la justicia, lo mismo que en la vigilancia e inspección en la función pública, sin siquiera mencionar lo que tiene que ver con el CNE. El CNE es un órgano que ejerce control y vigilancia en los distintos períodos electorales que hay en Colombia, donde debe inspeccionar con ojo de lupa la financiación de campaña y las posibles inhabilidades que puede tener determinado aspirante a elección por voto popular. Para cumplir con esta tarea, esta entidad cuenta con 9 magistrados, que son elegidos por la plenaria del Congreso de la República (Cámara y Senado), entre un grupo de candidatos sugeridos por cada partido político. Esta elección de naturaleza política, hace que sea difícil que el CNE logre ejercer control y vigilancia a los candidatos a elecciones, porque deben hacerlo sobre los organismos que en primer lugar candidatizaron y dispusieron a sus miembros en senado y cámara para que los eligieran. Este ejercicio terminó por desatar una práctica malévola de “Yo te elijo, tú me cuidas”. De esta manera es como el CNE comienza a quedar maniatado porque en lugar de blindar las elecciones de las mafias de corrupción políticas, lo mismo que de los grupos ilegales, termina secundando este tipo de vínculos que en ocasiones se tejen desde las redes que cada político tiene en las regiones, y que son avaladas por los partidos políticos en su afán por ganar mayorías. Es necesario entonces que se piense en corregir estos errores en el sistema electoral colombiano, en donde en primer lugar un órgano como el CNE que maneja un presupuesto de 7 mil millones al año, no pueda ejercer su labor principal, porque la labor de sus magistrados se encuentran hipotecada al partido que lo postuló y le eligió para el cargo, y en segundo lugar porque gran parte de sus funcionarios son nombrados no por su dirección administrativa, sino por la Registraduría Nacional y por los políticos que le son cercanos, conformando así una red, que en lugar de evitar que la corrupción se filtre en las elecciones, más bien permite que esta pueda acceder a ellas, sin ningún tropiezo.

Ver informe completo El reciente análisis realizado por la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuro, concluye que no es cierta la versión que ha corrido en la opinión pública y el panorama nacional, que ha hecho creer que existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras. Este informe señala que de un total de mil sentencias analizadas, el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces. El 2% restante no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este, fuera consecuencia del conflicto armado. En contraste, el estudio señala que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios y que la versión de existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras, lo que ha provocado es que conforme una cortina de humo que solo favorece a las empresas ocupantes, despojadores y opositores del proceso. El informe menciona dentro del grupo de empresas opositoras a Continental Gold Limited Sucursal Colombia Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria Palmas de Bajira S.A, Inversiones Futuro Verde S.A., Palmagan S.A.S y A. Palacios S.A.S. Finalmente el documento concluye que el mayor obstáculo en el Proceso de Restitución de Tierras, sigue siendo la microfocalización y que de no abolir el decreto que la permitió, Colombia tardará 529 años en finalizar esta deuda con los colombianos despojados de sus fincas y parcelas.

Foto: diarioadn.co El desplazamiento intraurbano que se ha venido presentando en la ciudad de Santa Marta en los últimos cuatro años, no ha sido mayoritariamente registrado en las bases de datos en las instituciones públicas territoriales.  Se podría concluir que  se le resta atención y sus víctimas estarían siendo ignoradas, aunque esto no le resta la responsabilidad que le cabe a la persona  desplazada, por no  acudir a las oficinas de los entidades que manejan el tema,  para que estas le den la categoría de víctima del desplazamiento, en este caso, intraurbano. Para el 2012 en Santa Marta hubo una escalada de violencia por la disputa territorial  entre el clan Giraldo y los Urabeños, que  se dio  en primer lugar  en la  zona rural,  a enfrentamientos en los que la  población civil quedó en medio del fuego cruzado. Para esto los armados ilegales se dieron a la utilización de inmuebles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como medios de transporte, escuelas, etc. Para esta época se presentaron  desapariciones forzadas, homicidios selectivos y  una masacre en Pericoaguao. De esta situación se declaró un desplazamiento masivo desde Guachaca hasta Santa Marta de cerca de 300 personas. Para atender la urgencia humaniaria, se  contó con todo el acompañamiento de rigor tomando  medidas para retomar el orden público y  militarizando la zona, etc. En   la zona periférica de Santa Marta, más exactamente  en las comunas 6, 8 y 5  ocurrieron  hechos similares que dispararon los homicidios selectivos, por sicariato y atentados con artefactos explosivos, el ataque con granadas de fragmentación contra bienes civiles se registró en varias oportunidades. En 2012 ocurrieron 6 de estos atentados,  que se presentaron en los barrios La Florida, Los Ángeles, Curinca, Avenida del Ferrocarril, Ensenada de Santa Mónica. De igual modo, se registraron varios atentados en La Gaira, El Pantano, San Francisco, San Pedro Alejandrino y dos establecimientos comerciales, uno en el centro y otro en el mercado. En algunos casos este tipo de hechos  han ocasionado la muerte de pobladores. El 23 de octubre de 2012, la granada lanzada contra el supermercado Rapimercar, ubicado en el sector del mercado público, dejó tres personas muertas, entre ellas una niña de 6 años. En enero y febrero de 2013 se presentaron dos atentados con granadas en el barrio Timayui. El último de ellos estaba dirigido al parecer contra el comandante de los Urabeños en el sector y otros miembros del grupo ilegal. Este atentado dejó como resultado tres personas heridas. En la disputa territorial por el control de zonas en Santa Marta se registraron enfrentamientos que dejaron víctimas mortales. En los barrios Pescadito, Ondas del Caribe, Los Fundadores y Timayui, entre otros, se  presentaron  cruces de disparos. En diciembre se reportaron dos episodios de este tipo entre los grupos ilegales que operan entre los barrios Timayui y María Cecilia. Este último habitado en su mayoría por desplazados por la violencia, donde presuntos miembros de los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas Colombianas,  transitan armados con fusil y disponen de una red de informantes (campaneros)  que advierten la presencia de la policía. Este escenario llevo a que el Distrito Turístico  registrara  225 muertos en el año 2012. Las personas que se vieron afectadas con estos hechos se cambiaron de barrio. Algunas de esas personas denunciaron  atentados en su contra, donde según ellos,  les habían arrojado una granada o porque les habían desaparecido un familiar. Sin embargo, esto no significó el éxodo  de la ciudad, sino más bien el traslado de zona.  Se llegó a conocer casos de núcleos familiares que tuvieron que cambiar de residencia en varias ocasiones,  por la ola de violencia que para ese entonces se tomó a Santa Marta. En esta disputa territorial, al interior de  la comuna 6,  lugar desde donde operó  de ex comandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, territorio estratégico que conecta a Santa Marta con tres de sus corregimientos (Minca, Guachaca y Bonda) y  la vía alterna que va a la Troncal de Oriente. Los Urabeños entraron a irrumpir en la zona, instalando  puestos de control, extorsionado a los pobladores. También delimitaron territorios con fronteras invisibles, restringiendo la movilidad e imponiendo toques de queda. Además de lo anterior,   se apoderaron de las plazas de vicio, con lo que se puede concluir que se  instauró un nuevo orden. Este nuevo orden conllevo a desplazamientos intraurbanos, los paramilitares, ahora reencauchados en las Bacrim,  se instalaron en las casas que quedaron desocupadas. En barrios como María Cecilia, a los hombres jóvenes, sus padres los sacaron primero, pensando que así no serían reclutados y de esta manera  sus familias serían golpeadas en menor medida. Sin embargo la lección fue otra,  las mujeres fueron hostigadas, maltratadas, abusadas, utilizadas en tareas domésticas.  Sus padres tardíamente optaron por sacarlas y enviarlas a casas de familiares en otras comunas de la ciudad, o entregarlas a los pastores de otras zonas para que cuidaran de ellas (en su mayoría venía de familias cristianas y/o evangélicas). En esta comuna las jóvenes eran sacadas de sus casas utilizando la violencia física. Luego eran regresadas por su victimario a su familia (Un delito en la impunidad total) las familias no denunciaron estos hechos y algunos de esos simplemente aceptaban su dolor como una pena impuesta. El desplazamiento intraurbano en este territorio afectó de manera directa a los y las adolescentes y jóvenes quienes fueron obligados a dejar sus familias, su cotidianidad, sus amigos y tuvieron que desplazarse a otros lugares. La Defensoría del Pueblo es tal vez la institución que puede dar cuenta de este fenómeno, pues recibe las declaraciones en mayor medida que las personerías. El registro de estas denuncias son importantes para diagnosticar el contexto de este desplazamiento en los barrios de la ciudad.   La Defensoría del Pueblo  plasma el fenómeno en documentos serios, verificables, con metodología clara y constatación directa a las fuentes y en el territorio. Estos documentos poseen  tres características, la primera de ellas es  el riesgo de inminencia; segundo,  el  riesgo coyuntural  y un tercero,  la periodicidad.  Estos no tienen la posibilidad del monitoreo permanente, solo se recurre a él cuándo en la ciudad se suman escenarios que comprometen graves violaciones al DIH, el último documento fue escrito en abril del 2013 y los que lo antecedieron en septiembre  del 2012 y septiembre de 2009. Con ocasión al escenario plasmado, fue una necesidad para el distrito crear un Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia -ODSC- construido  en alianza  con la Fundación Paz y Reconciliación, para monitorear las dinámicas de seguridad urbana y crimen organizado en el territorio, sin dejar de hacer seguimiento a la zona rural por la estrecha relación que se comparte por la supervivencia del conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales. El  ODSC  brinda herramientas prácticas al Alcalde Distrital para la toma de decisiones en tiempo real, coordinando estrategias con los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, en pro de la estabilización del territorio e identificando esos silencios que terminan siendo un secreto a voces en el territorio como lo es el  desplazamiento intraurbano.

Por: Ariel Ávila Martínez Al secuestro de dos agentes del CTI durante ocho horas, en el pleno centro de la ciudad, en el sector conocido como el ‘Bronx’, se suma el aumento de las zonas de venta y expendido de droga. Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, en Bogotá se han detectado en total 618 zonas de venta de estupefacientes. Para el 2010 eran 425, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, Bogotá tiene una tasa de homicidios que se incrementó marginalmente comparando los años 2013 y 2014. Pasó de 16,7 por cada 100.000 habitantes a 17,4. Algo que llama la atención es que el incremento del 0,7 por ciento fue producto del sicariato. En el 2013 se produjeron 94 casos, mientras que en el 2014 fueron 215. El mapa muestra los sitios de mayor concentración de los homicidios en la capital. Todo parece indicar que dicho aumento fue producto al menos de dos circunstancias. Por un lado, la guerra por la herencia de los negocios de Víctor Carranza, y, por el otro, una guerra subterránea por las zonas de venta de drogas en diferentes puntos de la ciudad, que pocos perciben. Hasta el 2009, el negocio de la droga en la capital se manejaba por medio de una concentración de la distribución. Existía un total de 26 ‘ollas madres’, es decir, grandes zonas de consumo y venta de droga, como el ‘Bronx’, o en su momento El Cartucho o cinco huecos. Después de la intervención en El Cartucho, y más recientemente en el ‘Bronx’, el negocio de la droga comenzó un proceso de descentralización en el que las localidades empezaron a llenarse de pequeñas zonas de venta y consumo. Ese negocio en la ciudad se maneja por medio de ‘marcas’, llamadas popularmente ganchos. En total son 28; gancho rojo, blanco y azul son las más conocidas. Los ganchos desde las ‘ollas madre’ distribuían droga a los jíbaros barriales. Desde el 2009, estos se expanden hacia los barrios cooptando o eliminando los jíbaros y apoderándose de las pequeñas ollas. Esta expansión ha aumentado el sicariato en varias zonas de la ciudad. Por ejemplo, el homicidio aumentó significativamente en el centro, en localidades como Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal, La Candelaria y Antonio Nariño. En la actualidad, quedan seis ‘ollas madre’ –entre ellas el ‘Bronx’– que son custodiadas por estructuras ilegales de seguridad privada, conocidas como ‘Sayayines’. Estas estructuras de seguridad habrían sido las responsables del secuestro de esos dos agentes del CTI. Son grupos de entre 30 y 50 personas que controlan dónde funcionan los grandes sitios de venta de droga. Solo en los últimos meses, 30 habitantes de calle han sido asesinados en la zona. Nota publicada en el tiempo.com

Por: Confidencial Colombia El agarrón entre Oneida Pinto y Carlos Fernando Galán confirma que hay serias diferencias al interior de Cambio Radical. Ciertamente, Galán no se ‘tragó el sapo’ de aceptar que su partido le entregara el aval para la gobernación de La Guajira a Pinto, señalada de ser la ‘heredera’ del exgobernador del departamento, Francisco ‘Kiko’ Gómez. El senador ya había alertado que si el cuestionado aval seguía en pie, él abandonaría la dirección del partido pues, según explicó, hubo irregularidades en la entrega del documento. La advertencia surtió efecto y en la mañana de este jueves Galán dejó la jefatura, argumentando que su renuncia puede servir como un “campanazo de alerta para quienes creen todavía en el partido y en su potencial para transformar al país”. Por su parte Pinto aseguró que no es ‘heredera’ del exgobernador Gómez, que tampoco sostuvo vínculos con él y retó al senador Galán a que presente las pruebas que sustenten su denuncia. A pesar de que el ‘acto la buena fe’ de Galán da señales de que en el partido rige la honestidad y la transparencia, el pulso que hoy en día protagoniza con Pinto deja aún más vulnerable a Cambio Radical, ya que cada vez coge más fuerza el enunciado de que están avalando a candidatos corruptos, aunque existe la posibilidad de que haya  injusticia en el caso de Pinto. Cualquiera de estos dos escenarios deja mal parados a los dirigidos de Vargas Lleras y más cuando en La Guajira ya han tenido complicaciones luego del escándalo de ‘Kiko’ Gómez, hoy detenido y sindicado de homicidio. Pero aparte de Pinto, otros candidatos de Cambio Radical figuran en la lista negra. De acuerdo con Ariel Ávila, coordinador del observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación, existen “casos dramáticos”. Por un lado está Luis Pérez Jiménez, quien en las elecciones del año pasado habría tenido el respaldo de los combos de la ‘oficina de envigado’. Menciona Ávila que ellos le hicieron campaña a Pérez y no dejaron entrar a otros candidatos a su territorio. El candidato ya no va por firmas sino que tiene el aval del Partido Liberal y también tuvo el respaldo de Cambio Radical, según investigaciones de Paz y Reconciliación. Luego está Rosa Cotes de Zúñiga, candidata a la gobernación del Magdalena por Cambio Radical. Su esposo es José Francisco Zúñiga, elegido alcalde de Santa Marta en 2004 y hoy condenado por parapolítica. Según Ávila, Cotes de Zúñiga cuenta con el apoyo de ‘Poncho Campos’, Jorge Caballero y Trino Luna, los tres vinculados con ‘paras’. Ella es tía del actual gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, quien recientemente fue absuelto por la Procuraduría tras una serie de presuntas irregularidades en la contratación de la Vía de La Prosperidad. Respecto a Oneida Pinto, Ávila asegura que ella es la socia histórica de ‘Kiko’ Gómez. De hecho, cuenta que tienen un video donde ella aparece junto al exsenador y figura de Cambio Radical, Miguel Pinedo Vidal, hijo del exgobernador de La Guajira  Miguel Pinedo Barros, quien, según Ávila, era el protector de las mafias del departamento. Pinto contiende por la gobernación con el guajiro Ovidio Mejía, quien a pesar de no ser de Cambio Radical, es apoyado por Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribía, acusada de ser socia política de la estructura criminal de alias ‘Pablo’, jefe de la ‘bacrim’ de la alta guajira. “Las investigaciones de la parapolítica funcionaron en algunos departamentos pero por extrañas circunstancias no lo hicieron en La Guajira, ni en el Casanare y el Meta. De ahí es que hoy en día se den este tipo de casos de corrupción y por eso Oneida Pinto representa a esa mafia”, concluye.