El diario El Espectador en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación  Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia – FESCOL, celebraron el primer debate temático con los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá, donde la seguridad ciudadana fue  motivo de discusión entre los aspirantes que se dieron cita en las  instalaciones del Complejo Caracol (Caracol Tv, El Espectador y Blu Radio). El evento contó con la moderación del jefe de redacción del diario El Espectador Elber Gutiérrez y las preguntas elaboradas por el subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. Evocando la frase que tanto repitió el expresidente Álvaro Uribe durante la campaña presidencial del año 2002, “de ser el primer soldado en Colombia”, el candidato del Centro Democrático Francisco Santos, prometió ser el primer policía en la ciudad de Bogotá, donde según él, se debe recuperar la autoridad de gobierno, que a su modo de ver, ha permitido que el caos reine en la capital y permita que a través de este, se filtre la delincuencia. Para Santos es evidente el delicado estado de la seguridad en Bogotá. Según el, “a una madre de familia le da bastante miedo llevar a su niño al parque del barrio, porque con toda seguridad se va encontrar con el hampa rondando en el sector”. Contrario a lo anterior Maria Mercedes Maldonado opinó que aunque es evidente la inseguridad en Bogotá, no resulta para nada responsable el tratar de sembrar pánico ciudadano para ganar adeptos en la campaña política. La precandidata del movimiento Progresista considera necesario, buscar un equilibrio en la lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia común, perseguirla, y abogar al gobierno nacional para que implemente una reforma a la justicia que corrija las falencias que permiten que un criminal sea capturado y al otro día sea dejado en libertad. Enrique Peñalosa considera que el desorden que reina en la ciudad es la cuna para la delincuencia en Bogotá, por eso cree necesario retomar el rumbo perdido en materia de urbanismo que permita recuperar el espacio público en primer lugar, para que no se conformen esas zonas de miedo que generan inseguridad en la ciudad, que son manejadas por empresas del crimen, que es necesario perseguir. Para Clara López, candidata del Polo Democrático Alternativo,  “es iluso pensar que en Bogotá no existe actividad de bandas criminales, aquí está centrado el poder y la compra de armas más grande del país. Sin lugar a dudas el microtráfico responde a esas lógicas, lo mismo que el delito del contrabando de armas. Hay un problema delicado de fronteras que corresponde al Gobierno. En el concejo de seguridad de Bogotá están sentadas las autoridades nacionales y distritales y si vamos a dar al traste con microtráfico que afecta a Bogotá y aumenta la inseguridad hay que darle un viraje a instituciones que se reúnen para la lucha antisubversiva y dedicar grandes esfuerzos a desmantelar las organizaciones en las calles”. Carlos Vicente de Roux, candidato de la Alianza Verde,  coincidió con sus rivales en afirmar que en Bogotá  hay bandas criminales y que es deber del  Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares”, ayudar al Distrito Capital a desmantelarlas. De Roux propone la creación de la Secretaría de Seguridad. “Se tiene que enfrentar con modalidades de acción diferentes, la macrodelincuencia que va por debajo tiene que ser enfrentada por policía bajo la dirección del Gobierno y el delito en calle que afecta a la gente ante todo es responsabilidad de autoridades locales, los dos mundo están interconectados”. En el debate no fue posible escuchar las propuestas e ideas de  los candaditos del Partido Liberal Rafael Pardo y el precandidato del Movimiento Progresistas Hollman Morris, quienes con anterioridad se habían excusado por no poder asistir. Se espera contar con todos los aspirantes a la alcaldía mayor de Bogotá en una próxima cita.

Por: Ariel Ávila Martínez Los tráficos de drogas, gasolina y mercancías son los principales motores de la banda criminal los ‘Urabeños’, que ahora cuenta con una verdadera federación en el norte del país. En dos reuniones realizadas en marzo y julio del año 2014, obligaron a cerca de 19 bandas locales a unirse a su federación. Algunos opositores de esta organización se agruparon en la denominada oficina del Caribe, la cual se prepara para expandirse por la costa. La Fundación Paz y Reconciliación documentó, a través de un trabajo de investigación in situ en qué consiste el complicado entramado de relaciones de estos grupos criminales y en cuáles son las zonas de operación. El crimen organizado en Colombia vive una etapa de reacomodo. Todo parece indicar que la ruta de salida de droga por el mar Caribe se encuentra en uno de sus picos más altos de uso, y es desde hace un año la zona de mayor salida de droga hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014 las mayores incautaciones fueron en los puertos Cartagena, Santa Marta y Barranquilla 6.910, 2.012 y 1.988 kilos de coca en cada incautación respectivamente. La Fundación Paz y Reconciliación indagó sobre una posible explicación y encontró que la banda criminal los ‘Urabeños’ habría creado una federación criminal con organizaciones de toda la costa atlántica en dos reuniones realizadas en Barranquilla, una en marzo del 2014 y la otra en julio del mismo año. De hecho, algunas fuentes de la región explican que la captura de Marcos Figueroa en Brasil en octubre del año pasado obedeció a la delación de los ‘Urabeños’ ante su negativa a someterse o trabajar para dicha organización criminal. Algunas disidencias de esta federación estarían reorganizándose en otra federación criminal denominada La Oficina del Caribe. La puja por el control de alimentos El surgimiento de diferentes mercados ilegales como el de gasolina, narcotráfico y más recientemente el contrabando de alimentos, son otros de los fenómenos que han provocado una feroz competencia de grupos delincuenciales por el control de la costa atlántica y, principalmente, por la frontera entre Colombia y Venezuela. La porosidad de esta zona limítrofe y la oprotunidad derivada de la diferencia cambiaria ha alentado a las organizaciones criminales (y a ciudadanos del común de manera espontánea) a aprovechar la oportunidad que da el tráfico de alimentos. Este fenómeno ha llevado consigo la cooptación de agentes institucionales, quienes piden dinero a cambio de permitir la entrada ilegal de mercancías. Recientemente el Diario del Nortemostraba una foto donde una serie de personas dedicadas al contrabando de gasolina bloqueaban una vía en Albania municipio de La Guajira, protestando por los cobros altos de extorsión que debían pagar a la Policía colombiana para que les dejara pasar gasolina de contrabando. Un documental emitido hace una semana en la cadena estatal de televisión española, de la serie Fronteras al Límite, demostró con imágenes cómo la Policía permitía el ingreso de mercancías (muchas escasas en Venezuela) a Colombia a cambio de que esta se quedara con una parte de la incautación. La Fundación Paz y Reconciliación ha corroborado a través de testimonios en la región la descripción de este fenómeno. Este contrabando de alimentos se puede clasificar en dos grupos: Primero, el que hace cualquier ciudadano que compra una serie de productos del lado venezolano y luego los pasa a territorio colombiano, que generalmente este es el tipo de contrabando que incautan las autoridades de ambos países. En segundo lugar, un contrabando más especializado, llevado a cabo por organizaciones criminales locales que se encargan del paso de alimentos en vehículos hurtados o de modelos antiguos de cualquiera de los dos países. El paso de estos vehículos escoltados por las propias organizaciones criminales de la zona es lo que se conoce como caravanas de la muerte. Un ‘dato’ preocupante Otro tipo de contrabando, que la Fundación Paz y Reconciliación ha documentado ampliamente en otras investigaciones, es el de la gasolina y de alimentos a gran escala. En este también hay organizaciones criminales que median la compra y la distribución de esta mercancía. No obstante, la Fundación corroboró que las organizaciones criminales en connivencia con el SENIAT (el equivalente a la DIAN colombiana) entran al país camiones cisterna o tractomulas con gasolina y alimentos. Los camiones salen de SENIAT custodiados o vigilados por las redes de corrupción de la policía local y una vez salen del centro urbano son custodiados por la Guardia Nacional (venezolana). Hay varios pagos de ‘vacuna’ que deben hacer los grupos ilegales. Uno directamente a las autoridades venezolanas, que se hace antes de la salida del camión cisterna o en la alcabala, que es el mismo retén en Colombia. Una vez pasa la frontera, pagan a agentes de la Policía Colombiana en los retenes. A veces, pueden hacer entre tres o cuatro pagos. Las mercancías y la gasolina entran por las vías principales de la frontera entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Los productos llegan a las ciudades de Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y principalmente a Barraquilla. Los precios de los alimentos, entre otras mercancías, son entre entre 15 % y 20 % más baratos que los productos vendidos en condiciones legales. La leche en polvo, entre otros productos subsiados por el gobierno de Venezuela, entra al país 40 % más barata. Pequeñas tiendas, grandes supermercados y ventas ambulantes se lucran de este mercado ilegal. En Barranquilla los productos de la canasta familiar venezolana se venden en grandes súpermercados. La Fundación Paz y Reconciliación recorrió algunos lugares como el Mercado Público de Miami, el supermercado el Poleo y el supermercado el Titán, donde encontró varios de estos productos de fabricación venezolana, que incluso tienen sus precios en bolívares. En un momento en el que el estado fronterizo venezolano padece desabastecimiento, los grupos ilegales (principalmente los Urabeños) han encontrado una manera de financiarse a través del contrabando de alimentos lo que agrava la situación del país vecino. Este contrabando, además, impacta a los pequeños productores de alimentos colombianos y en últimas el Estado colombiano pierde dinero. Como si fuera poco, la corrupción está devorando la institucionalidad fronteriza colombiana. Finalmente, estas rutas de contrabando de alimentos y gasolina también allanan el camino a otros tráficos de mercancías ilegales como drogas y armas (de los que la Fundación se ha ocupado en otros trabajos) que engruesan las arcas de los delincuentes y, lo que es peor, atentan contra la seguridad de personas que viven a los dos lados de la frontera. Foto: noticias.univisión.com Nota publicada en www.semana.com

Por: El Espectador La campaña electoral ya empezó. ¿Qué lo preocupa? Que vuelven las mismas casas políticas ligadas a la parapolítica, que surgen nuevas casas financiadas con recursos enormes e ilegales, que aparecen unos personajes vinculados a la corrupción administrativa y tienen posibilidades de llegar al poder. ¿En estas elecciones también van a presentar la lista negra? Sí, en julio saldrá. Vamos a hacer una radiografía de los herederos de la parapolítica. A denunciar a quienes vienen a competir electoralmente con el apoyo de las maquinarias ilegales. Y aunque en muchos casos ellos directamente no tienen cuentas pendientes con la justicia ni impedimentos legales, vamos a demostrar que detrás hay intereses ilegales. Vamos a investigar también a gente que no es muy conocida, pero que al parecer está recibiendo dineros ilegales. Y vamos a señalar a los aspirantes que hayan tenido relaciones con la corrupción. Presentaremos también un informe sobre el comportamiento electoral de los 281 municipios con presencia de las Farc. Ya han empezado a surgir denuncias. ¿Qué ha visto? En Antioquia vuelve a competir gente de casas ligadas a la parapolítica. El caso de Luis Pérez es problemático, pues en las elecciones de 2011 lo frenaron las denuncias por sus relaciones, y ahora vuelve por la Gobernación de Antioquia, con una paradoja: lo apoya el Partido Liberal. Está Lilian Rendón, ligada a la casa de Luis Alfredo Ramos, juzgado por parapolítica. También hay un hecho escandaloso con la alianza de Angelino Garzón y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. La mafia del Valle la señala como beneficiaria suya. ¿Qué otros casos han identificado? En los departamentos de la Costa hay unos clanes disputándose el poder. En La Guajira está la gente de Kiko Gómez contra los de Redondo; en Magdalena, la tía de los Cote va por la Gobernación; suena un Araújo para la Alcaldía de Valledupar; en Meta y Casanare también hay personajes cuestionables. Y el problema es que allí se condena a uno y surge otro. Mire en el Huila: el hermano de Cielo González está en la disputa también. El panorama es preocupante porque son las regiones más fuertes… Con excepción de Bogotá, en todas las regiones los actores vinculados a las mafias disputan la política. En muchas partes han ganado y han consolidado un poder considerable. Hay gente con muchos cuestionamientos pero mucho poder. Le pongo el ejemplo de Yahir Acuña en Sucre; ahora vamos a ver si se lanza o lo hace su esposa. Parece imbatible. La acumulación de poder de este personaje, que fue aliado de la Gata y del exgobernador Salvador Arana, es mucha. Construyó un poder muy rápido, con mucha habilidad. Tiene partidos, candidatos y mucha financiación. Pero lo peor es que van a ganar… Es que en Colombia todavía no hay una sanción social o política. La gente sigue votando por ellos. Pero cómo no, si las redes económicas de estos personajes son muy grandes. La Gata ponía tantos votos porque tenía miles de empleados del chance. Controlan grandes redes sociales, dándole empleo a la gente. El otro factor es la connivencia de los directores de los partidos. Uno va a donde ellos y les dice que tal o cual es sospechoso, y la respuesta es que no están condenados. Como si el único argumento que le vale a un partido para retirar un aval es que esté condenado. Los partidos debían reservarse el derecho de admisión. Son tan descarados que le dicen a uno: no está condenado, tiene muchos votos y mucha plata. ¿Será que es por falta de controles? En Colombia no hay investigación seria sobre la financiación de las campañas. Cómo será que los candidatos mandan un informe electoral que muestra que ni siquiera reportaron los gastos más conocidos. Uno se aterra de ver gente que gasta miles de millones y reporta cifras irrisorias. Y el Concejo Nacional Electoral, que es el encargado de investigar, es un organismo nombrado por los partidos. Así que representa a los políticos que tiene que vigilar. Allí nunca ha prosperado una investigación, es un tribunal inocuo. ¿Qué costo ha tenido para ustedes hacer estas denuncias? Terminamos viviendo unas confrontaciones públicas muy grandes y con amenazas. Con la última investigación, en la que alertamos sobre Kiko Gómez, terminamos obligados a salir del país Claudia López, Ariel Ávila y yo. Y es curioso, porque alertamos sobre Kiko Gómez antes de que llegara a la Gobernación; sin embargo le dieron el aval y ganó. De los 130 aspirantes cuestionados en 2011, seis gobernadores y 30 alcaldes fueron destituidos o judicializados. Pero, en general, cuando hacemos una investigación recibimos una presión muy grande. A pesar de las denuncias, los partidos los avalan y la gente los elige. ¿Cómo enfrentar eso? Hay muchos caminos. Uno es la reforma de los órganos electorales. Ampliar el espectro de estos delitos, darle unidades especiales a la Fiscalía, a la Unidad de Delitos Financieros. Construir un entramado desde el Estado. Y en la opinión pública crear una masa crítica. Pero también tiene que haber responsabilidad de los partidos. ¿Cómo definiría el panorama electoral? Lo que se ve es que otra vez los candidatos de las mafias van a tener protagonismo en las elecciones. Segundo, que en el tema de paz va a haber una disputa muy dura por las zonas donde en los últimos años se ha vivido el conflicto armado. Y lo tercero es que en este momento el Estado y los partidos no están preparados para enfrentar esta problemática. Por la importancia de estas elecciones para el proceso de paz, ¿cree que va a haber participación electoral de las Farc? Si para las elecciones del año pasado hubo tanto movimiento, respecto a los territorios donde se concentra el conflicto, me imagino que en estas se va a incrementar. Las Farc siempre habían tenido una política de sabotear las elecciones, pero en las pasadas se vio un incremento en las votaciones del 25% en los territorios de su influencia. Lo que indica que el hecho de que las Farc estén en proceso de paz aumentó la votación. También hemos detectado las zonas de disputa por la ilegalidad, que son: la región Pacífica, las fronteras y las zona antioqueña del Bajo Cauca.

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, junto al investigador Juan Diego Castro analizan en el siguiente documento “Los retos en convivencia, administración de justicia y seguridad rural en el posconflicto” publicado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia – FESCOL, las distintas variables que se presentan en los departamentos y municipios donde se libra la guerra con las Farc y el ELN , elevando recomendaciones en materia de aplicación de políticas públicas encaminadas a garantizar una paz territorial en nuestro país. Según el análisis del texto, una posible etapa de postconflicto en Colombia supone una “normalización” que se medirá en transformaciones institucionales, en desarrollo social, en inclusión, en garantías para el ejercicio de los derechos, en reconciliación y en una nueva cultura política democrática.

Por: El Espectador Si personajes como Yahir Acuña o Dilián Francisca Toro a pesar de tener investigaciones por supuestos vínculos con ilegales, desean aspirar a cargos de elección popular, es porque la norma lo permite. Es por esto que se requiere de una reforma política que ajuste el régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos y que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con el lavado de activos, continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional. En las últimas cuatro jornadas electorales que ha habido en Colombia, han salido a relucir supuestos vínculos de políticos con ilegales, por lo que se han dado pequeños pasos para tratar de remediar este mal que, sin embargo, aún persiste, al punto que hoy, cuando el país  se prepara para dar inicio a la campaña electoral que permitirá escoger alcaldes y gobernadores, comienzan a sonar nombres de personas cuestionadas por tener en curso investigaciones judiciales. Son los casos de Yair Acuña, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para aspirar a la Gobernación de Sucre, y Dilian Francisca Toro, quien a pesar de no haber confirmado su deseo de manejar los destinos del departamento del Valle del Cauca, empezó a aparecer dentro de la lista de posibles candidatos. Estos dos personajes enfrentan problemas judiciales, Acuña por parapolítica y Dilian Francisca por lavado de activos. Legalmente no hay nada que les impida aspirar, porque la Ley 617 del año 2000, que es la norma que habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador en sus artículos 30 y 36, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”. Esta laxitud en la norma es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas sigan aspirando, sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y posteriormente sentenciadas a pagar años de cárcel, porque su mayor interés de llegar a esos cargos es el de fortalecer sus redes de apoyo para más adelante, a través de ellas, continuar manejando los hilos del poder. Puede el partido político negarle el aval, y de nada va a servir, porque inmediatamente se dará a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizar la personería de uno más pequeño al anterior, que le permita mantener viva su candidatura. Es decir, haciéndole ‘conejo a la ley’. La discusión que se presentó durante el primer período del expresidente Álvaro Uribe, que permitió dar inicio al orden en las bancadas de los partidos bajo la Ley 974 de 2005, dejó por fuera esta discusión. Lo mismo pasaría con el Acto Legislativo de 01 de 2009, que creó  una serie de responsabilidades a los partidos y movimientos políticos que avalen a personas que siendo elegidas, judicialmente se les establezca vínculos con actores ilegales y el narcotráfico. Por lo anterior, aprovechando la discusión del acto legislativo denominado como “Equilibrio de Poderes”, debió también  pensarse en la posibilidad de discutir en un ajuste en la norma, donde queden congelados los derechos políticos de personas que enfrenten problemas judiciales por vínculos con actores ilegales o por hechos relacionados con el lavado de activos, hasta tanto su situación no se haya definido en los tribunales. De lo contrario no será posible que el país logre superar la presencia de las mafias al interior de la función pública, porque la norma está hecha para que las cosas no cambien, por más que se quiera. Dilian Francisca Toro, las más opcionada y la más cuestionada Si las elecciones fueran mañana, el 30.4% de los vallecaucanos aseguran que votarían por Dilian Francisca Toro, según la última encuesta realizada por la firma JPG-Investigación de Mercados. Toro enfrenta investigaciones judiciales por posibles vínculos con grupos ilegales y por lavado de activos, pero aun así podría aspirar a la Gobernación de su departamento. Además de dichas investigaciones en su contra,  la excongresista tiene también una serie de cuestionamientos que se le hacen desde la opinión pública por su entorno, en donde se encuentran  personas que de una u otra forma han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca. Es así como el primero de todos los cuestionamientos corre por cuenta de Carlos Herney Abadía, su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000 y el segundo por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo, con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro. Uno de ellos da cuenta del pago en un cheque por $289 millones, que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 enfrenta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos. La transacción se habría hecho a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la exsenadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras. Narcotraficantes como Diego Montoya, alias ‘Don Diego’; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que  habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República. Según el libro ‘Herederos del Mal’, “la red política que lidera la exsenadora ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, lo que le ha permitido aumentar el poder de su casa política,  suprimiendo  la planta de cargos que existía en ese momento y creando  una nueva para llenar sus cuotas, especialmente para sus candidatos que perdieron las elecciones en 2007. De esta forma reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”. El texto ‘Herederos del Mal’ describe la manera de como Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”. Todo este aparato político, desde donde maneja su red política en el Valle del Cauca, sería utilizado para una posible candidatura a la Gobernación. Esto indicaría que las denuncias y los estudios que han realizado la Fundación Paz y Reconciliación sobre redes de corrupción política, más las alertas que emite la Misión de Observación Electoral (MOE), no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso por el Consejo Nacional Electoral, para que evite que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible lavado de activos y vínculos con el paramilitarismo, aparezca  en el escenario para aspirar a manejar los destinos de una ciudad capital o todo un departamento. Ya sucedió con Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias,  y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical. Yahir Acuña en cuerpo ajeno A pesar de todo lo que se ha dicho de Yahir Acuña y de tener investigaciones en su contra, él insiste en su idea de expandirse políticamente. Si algo le ha sobrado al político sucreño desde que se hizo conocer en la política nacional, son motivos para ser nombrado en cada escándalo que hay,  bien sea por posibles vínculos con actores ilegales o por presunta participación en manejos indebidos en la función pública, y que bien le podrían dar el título de ser el “más grande heredero del mal”. Es tanta la prevención que  genera su nombre en los altos círculos de la política nacional, que muchos prefieren darle el trato de “la amante escondida”, aquella persona, bien sea hombre o mujer, que se conoce de puertas para adentro únicamente por las noches en un lugar donde nadie les pueda ver juntos. Por esta razón, y ante el temor de que en cualquier momento las investigaciones que cursan en su contra puedan dar al traste con sus planes,  prefirió abandonar su aspiración personal a la Gobernación de Sucre y dejar que Milena Jaraba Díaz, su esposa, sea quien busque llegar a este cargo,  con su apoyo y el de toda la estructura política que ha logrado acumular en su natal departamento. Es claro que de llegar Milena Jaraba al cargo, el poder detrás de la silla será su esposo, Yahir Acuña, quien seguirá el mismo procedimiento de Iván Moreno durante el tiempo en que Samuel Moreno, su hermano, estuvo ocupando la Alcaldía Mayor de Bogotá: ser el determinador de los puestos y contratos, y quien recibía un porcentaje sobre el monto total de la firma. Es así como Yahir Acuña piensa ir esta vez por el botín de oro, es decir, la Gobernación de Sucre, territorio que en tan solo regalías mueve un capital cercano a los 300 mil millones de pesos, por los cuales se mueven grandes recursos para contratos de inversión pública en sus municipios, que hoy por hoy no se ven, y que según denuncias de distintos medios de comunicación, como la Silla Vacía,  habrían sido apropiados por contratistas cercanos a  este excongresista. Ejemplo de esto es el contrato firmado por el consorcio llamado ‘Playas Coveñas-Tolú’, mediante el cual se pretende invertir 14 mil millones de pesos en Coveñas (Sucre), para hacer obras de protección y control de la erosión costera, de los cuales le fueron girados el 50% para el inicio de estas, hecho que hasta el momento no se ha dado. Acuña no sólo es el padrino político de los alcaldes de Tolú y Coveñas, municipios donde se pretende ejecutar estas obras, sino que además la empresa contratista está integrada por  Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que Acuña encabezó al Congreso, José Carlos Mizger Pacheco, quien hoy es representante en la Comisión Segunda, en reemplazo de Yahir, e incluso conservó la misma asesora que éste tenía en su oficina. Es decir, que aquí todos los caminos conducen al excongresista. Yahir Acuña aparece en la lista de políticos cuestionados en el texto ‘Herederos del Mal’, de autoría del director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia y el investigador de la misma Ariel Ávila. Según el libro, el político sucreño logra llegar al Congreso de la República en medio de la disputa que sostienen  los clanes políticos por mantener o hacerse al poder de Sucre, luego de la condena de Álvaro García Romero. Todas las denuncias que en su contra se han hecho coinciden en asegurar que Acuña se ha hecho famoso en su natal departamento repartiendo whisky y plata en las calles de sus municipios, sin explicar o justificar la procedencia de estos  dineros. También ha crecido el rumor en los pueblos de la región por  la manera como el excongresista  ha logrado capturar gran parte de la política y función pública en el territorio, que según ellos, consiste en  prestarles  en efectivo para cuando estos se encuentren supremamente endeudados, comprometerlos con su causa. De esta manera es como según el texto, ha logrado hacerse a la administración pública en los municipios de Sincelejo, San Onofre, Chalán, Betulia, Since, Buenavista, Galeras, El Roble, San Benito, San Marcos, Guaranda, Majagual, Tolú y Coveñas. Nota Publicada en el diario El Espectador

Por: León Valencia Nunca el Polo Democrático ha llegado a un congreso o evento nacional unificado. Siempre hay un argumento para la división interna y siempre hay una dura puja por la conducción. Esta vez el argumento es la posición frente a la paz y las alianzas, y los esfuerzos de un sector importante del partido se orientan a desplazar a Clara López del liderazgo. Es una extraña vocación suicida. La nueva pugna viene de la segunda vuelta presidencial. Clara, Iván Cepeda y otros dirigentes de la izquierda decidieron apoyar a Santos convencidos de que si no lo hacían podía ganar el uribismo y echar abajo el proceso de paz. En cambio, Jorge Enrique Robledo y algunos miembros de la dirección del Polo llamaron a votar en blanco con la idea de que las diferencias alrededor de los temas económicos y sociales con Santos eran más importantes que la paz. Los hechos mostraron la certeza de Iván y Clara. El voto de la izquierda fue decisivo para Santos y con esto siguieron vivas las negociaciones en La Habana. Pero las aguas en el Polo no se calmaron. El cuarto congreso, que se realizará próximamente, será el escenario de la nueva controversia. Ya se eligieron los delegados mediante la consulta interna del pasado domingo. Al parecer la tendencia de Iván y Clara obtuvo mayoría. Pero en el Polo nunca se sabe, porque en el juego de alianzas de los múltiples grupitos que componen este partido todo puede ocurrir. Ojalá no desperdicien el liderazgo que Clara López logró en este último año y tomen decisiones que le sirvan a la izquierda para avanzar y sembrar esperanzas de cambios para el país. En algunas capas de la población son visibles las expectativas de reformas. Se reflejan en las movilizaciones populares, en las redes sociales y en el escepticismo en los sondeos de opinión. Las votaciones obtenidas por el Polo muestran las debilidades y fortalezas de esta fuerza política. Los delegados al congreso deberían fijarse en esta situación para definir un qué hacer más allá de las diferencias coyunturales entre los grupos internos. En la consulta votaron 418.532 personas; en las parlamentarias la lista al Senado recibió 541.145; y en la primera vuelta de las presidenciales Clara sacó 1.958.414. Eso quiere decir que el Polo tiene un arrastre muy limitado por fuera de sus filas. Solo Clara logra romper un poco el encerramiento. Así lo muestran también las encuestas para la Alcaldía de Bogotá donde esta candidata toma hasta el momento el primer lugar con un 25 por ciento de la intención de voto. Un partido sensato, un partido con vocación de poder haría todo lo que estuviera a su alcance para que la persona con más penetración en la opinión continuara avanzando. Esas condiciones no son cosas del otro mundo. Se trata apenas de reafirmar su presidencia y su liderazgo interno al tiempo que se le facilita un margen de maniobra para buscar alianzas de cara a la Alcaldía de la capital. En un ambiente así es muy probable que Clara tienda a comportarse de manera cabal con su partido. A consultarlo más. A darle una mayor participación en las decisiones de gobierno. A respetar y darles espacio a los grupos minoritarios y a las posiciones críticas. Jorge Enrique Robledo, un congresista excepcional, que tiene una gran influencia dentro y fuera del Polo y funge ahora como principal rival de Clara López, debería pensar un poco en lo que ha sido la historia de la izquierda y del Polo en particular. La disposición a controlar, fustigar y limitar la acción de los líderes de izquierda que logran votaciones importantes y tienen éxito político es, quizás, la principal talanquera para que esta corriente salga de la marginalidad y se convierta en alternativa de poder. La fila de los que salieron del Polo en distintos momentos es larga. Menciono algunos: Lucho Garzón, Antonio Navarro, Gustavo Petro, María Emma Mejía, Antonio Sanguino, Carlos Vicente de Roux. Carlos Gaviria se mantuvo allí, pero perdió toda influencia y decisión. Un partido que genera estas divisiones de manera reiterada tiene que hacer un alto y reflexionar sobre las causas. Seguramente las personas y grupos que se han marchado tienen su cuota de responsabilidad en la división, pero la mayor responsabilidad reside en el colectivo, en el pesado ambiente que se respira en estos grupos de la izquierda. Robledo debería pensarlo dos veces. Es muy probable que en el día de mañana esté en la misma situación. Cuando se quede solo, como el gran líder del Polo, vendrán los demonios creados por él para atormentarlo. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto: El Universal.com.co Si algo le ha sobrado al político sucreño Yahir Acuña desde que se hizo conocer en la política nacional, son motivos para ser nombrado en cada escándalo que hay,  bien sea por posibles vínculos con actores ilegales o por presunta participación en manejos indebidos en la función pública, y que bien le podrían dar el título de ser el “más grande heredero del mal” Es tanta la prevención que  genera su nombre en los altos círculos de la política nacional, que muchos prefieren darle el trato de “La amante escondida”, aquella persona bien sea hombre o mujer, que se conoce de puertas para adentro únicamente por las noches en un lugar donde nadie les pueda ver juntos. Por esta razón, y ante el temor de que en cualquier momento las investigaciones que cursan en su contra puedan dar al traste con sus planes,  prefirió abandonar su aspiración personal a la gobernación de Sucre y dejar que Milena Jaraba Díaz su esposa, sea quien busque llegar a este cargo,  con su apoyo y el de toda la estructura política que ha logrado acumular en su natal departamento. Es claro que de llegar Milena Jaraba al cargo de gobernadora del departamento de Sucre,  el poder detrás de la silla, será su esposo Yahir Acuña, quien seguirá el mismo procedimiento de Iván Moreno durante el tiempo en que Samuel Moreno su hermano, estuvo ocupando la Alcaldía Mayor de Bogotá, ser el determinador de los puestos y contratos, y quien recibía un porcentaje sobre el monto total de la firma. Es así como Yahir Acuña piensa ir esta vez por el botín de oro, es decir, la gobernación del departamento de Sucre, territorio que en tan solo regalías mueve un capital cercano a los 300 mil millones de pesos, por los cuales se mueven grandes recursos para contratos de inversión pública en sus municipios, que hoy por hoy no se ven, y que según denuncias de distintos medios de comunicación como la Silla Vacía, estos habrían sido apropiados por contratistas cercanos a  este excongresista. Ejemplo de esto es el contrato firmado por el consorcio, llamado Playas Coveñas-Tolú, mediante el cual se pretende invertir 14 mil millones de pesos en Coveñas (Sucre) para hacer obras de protección y control de la erosión costera, de los cuales le fueron girados el 50% para el inicio de estas, hecho que hasta el momento no se ha dado. Acuña no sólo es el padrino político de los alcaldes de Tolú y Coveñas, municipios donde se pretende ejecutar estas obras, sino que además la empresa contratista está integrada por  Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que encabezó al Congreso Acuña.  José Carlos Mizger Pacheco hoy es representante en la Comisión Segunda, en reemplazo de Yahir e incluso conservó la misma asesora que éste tenía en su oficina. Es decir, que aquí todos los caminos conducen al excongresista. Yahir Acuña, aparece en la lista de políticos cuestionados en el texto “Herederos del Mal”, de autoría del director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia y el investigador de la misma Ariel Ávila. Según el libro, el político sucreño logra llegar al Congreso de la República en medio de la disputa que sostienen  los clanes políticos por mantener o hacerse al poder de Sucre, luego de la condena de Álvaro García Romero. Todas las denuncias que en su contra se han hecho coinciden en asegurar que Acuña se ha hecho famoso en su natal departamento, repartiendo whisky y plata en las calles de los municipios de Sucre, sin explicar o justificar la procedencia de estos  dineros. También ha crecido el rumor en los pueblos de la región por  la manera como el excongresista  ha logrado capturar gran parte de la política y función pública en el territorio, que según ellos, consiste en  prestarles  en efectivo,  para cuando estos se encuentren supremamente endeudados, comprometerlos con su causa. De esta manera es como según el texto, ha logrado hacerse a la administración pública en los municipios de Sincelejo, San Onofre, Chalán, Betulia, Since, Buenavista, Galeras, El Roble, San Benito, San Marcos, Guaranda, Majagual, Tolú y Coveñas. El libro Herederos del Mal, será presentado en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá, el próximo lunes 27 de abril a las 6 pm, en el auditorio Manuel Mejía Vallejo de Corferias.

Muchos colombianos se están preguntando por las verdaderas razones que pueda tener la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, para iniciar una mesa de diálogos con el gobierno nacional que permita ponerle fin a la confrontación armada, sin entender además que puede estar pasando al interior de la misma, que pueda impedir que el grupo armado ilegal, tome una decisión en firme, para comenzar un proceso de paz. Al respecto la Fundación Paz y Reconciliación resume algunos hechos que han ocurrido al interior del grupo insurgente: Incremento de las acciones armadas en un 43,2% con respecto a 2012 y 14,8% a 2013. Además de un notablemente crecimiento de la estructura militar de la  guerrilla del ELN, este fenómeno tiene dos explicaciones: la primera tiene que ver con la intención de este grupo por mostrar su capacidad militar con el propósito de presionar el inicio de una negociación formal con el gobierno. La otra explicación está en el reacomodamiento táctico iniciado por el ELN en el año 2009, luego de  la confrontación con las FARC,  lo que  le permitió que estructuras que se encontraban inactivas como las del Chocó, se reactivaran y  ahora  tengan altos niveles de operatividad. Ver Gráfico Regreso del ELN a territorios donde no tenían operatividad desde los 90s. Este es el caso de algunas zonas de los departamentos de Caldas, Boyacá, Huila, de donde fueron expulsados o replegados tras disputas territoriales con otros actores armados. El regreso a estas zonas estas directamente ligado al fortalecimiento militar de las estructuras que están cerca a esos departamentos, particularmente el Frente Oriental y el Occidental, sin embargo se destaca que la presencia se ha manifestado a través de acciones de carácter político y no militar, teniendo en cuenta que su prioridad se halla en la recomposición de su ala social. Ver Gráfico V Congreso En diciembre de 2014 el ELN celebró su V Congreso, máximo escenario de toma de decisiones para esta guerrilla y que se realiza, aproximadamente, cada 10 años. El tema central fue el de la paz, que para ellos trasciende del establecimiento formal de una mesa de negociación. Ingreso de alias Pablito al COCE Una de las decisiones más relevantes es el ingreso alias Pablito al Comando Central (COCE), máximo órgano de dirección de la guerrilla. Alias Pablito estaba a cargo del Frente de Guerra Oriental, la estructura más fuerte  financiera y militarmente de esta  guerrilla, lo que le permitió por muchos años mantener una alta independencia frente a las instancias nacionales de dirección. Esto es  muestra de cohesión interna lo cual se puede traducir en mayor agilidad en la toma de decisiones, factor de gran relevancia a la hora de una mesa de negociaciones. Búsqueda de una mayor capacidad de presión El ELN llega a una eventual mesa de negociaciones  con mayor capacidad de acción que en anteriores experiencias de paz, esto lleva a que espere imponer una agenda que el gobierno difícilmente podrá aceptar. En el V Congreso también se definió la postura alrededor del tema de paz, la  cual se asemeja mucho a la postura que esta guerrilla tenía cuando se intentó negociar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que consiste en afirmar que la paz es la solución a los problemas que originaron el conflicto armado, incluyendo la exclusión de los sectores sociales de la política. Así, con una visión tan amplia de la paz y un fortalecimiento militar, es mucho más fácil entender por qué la apertura de una mesa de negociación con el ELN ha tardado tanto.

Las condiciones de desarrollo actual del país exigen a los diferentes niveles de gobierno, al sector privado y comunitario replantear sus formas de actuación y de relación, con miras a alcanzar un posicionamiento estratégico y competitivo de la región a nivel nacional e internacional y un mayor equilibrio en el desarrollo territorial, de tal forma que exista una mayor articulación entre los planes urbanos y de la región circundante, en este caso Bogotá y Cundinamarca. Los territorios relevantes en la economía global se caracterizan por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y rurales, dando lugar a formaciones regionales con capacidad para interactuar competitivamente con las redes mundiales de ciudades región. Es por esto que la integración entre zonas urbanas y rurales busca establecer acuerdos y alianzas en torno a los siguientes aspectos centrales para la competitividad, gobernabilidad territorial y seguridad y convivencia, según el Conpes de diciembre 15 de 2003: De este modo Bogotá venía desarrollando un Plan Integral de Seguridad Ciudadana que articulaba el enfoque preventivo de la cultura y convivencia ciudadana, con el poder coercitivo del Estado. Como resultado de este proceso se redujo los homicidios, los que lograron bajar de 4.352 casos en 1993 a 1.906 en el año 2002. Igual comportamiento presentaron los otros delitos de mayor impacto social (lesiones comunes, hurtos de vehículos y motos y a establecimientos comerciales, bancos, personas y residencias), registrando una importante reducción, al pasar de 25.121 delitos en 1998 a 17.616 en el 2001. Todo esto se logró, muy a pesar de que los avances en los procesos de articulación para la definición de acciones integrales de seguridad y convivencia fueron insuficientes, al igual que la elaboración de diagnósticos conjuntos sobre violencia y delincuencia. Por lo anterior la segunda alcaldía de Antanas Mockus dejó expedido el Plan Maestro de Defensa Seguridad y Justicia mediante el decreto 503 de 2003 que contemplaba las acciones que debía realizar Bogotá y recomendaba las que debía adelantar Cundinamarca junto con sus municipios y los temas que debía ser concertados con el Gobierno Nacional. El documento proponía también la construcción de estaciones de policía en todos los municipios y CAIs y frentes de seguridad en puntos específicos de la región y también comprometía a promover la creación de Unidades de Policía Judicial (UPJ) en Soacha, Girardot, Fusagasugá y Zipaquirá. Este Plan es mejorado por el alcalde Luis Eduardo Garzón mediante el Decreto 563 de 2007, quien lo firma al finalizar su administración, sin embargo la administración de Samuel Moreno, quien debía iniciar su aplicación, hizo algunos cambios en el Plan Maestro de Seguridad Equipamiento, con la idea de solucionar los problemas de seguridad en Ciudad Región y la construcción colectiva de seguridad, cooperación, participación, corresponsabilidad y territorialización, con intervención diferenciada aplicando políticas de géneros en cada una de las localidades. En la práctica esto no arrojó buenos resultados: Los homicidios se elevaron pasando de 1.402 en 2007 a 1.743 en 2010 y el hurto callejero continuó en ascenso al pasar de 12.108 en 2007 a 16.838. Desafortunadamente durante la alcaldía (Samuel Moreno Rojas), los planes en materia de seguridad y convivencia no son aplicados a cabalidad, siendo este el punto de quiebre en la reducción de las cifras de inseguridad ciudadana en Bogotá e inicio de un repunte que hasta el momento ha sido difícil de resolver, sobre todo en lo que tiene que ver con hurto a personas que se incrementó de manera exagerada según las cifras de la Policía Nacional, pasando de 6.769 en 2003 a 27.762 en 2014. La Veeduría Distrital en 2012 se pronunció diciendo que, “los malos resultados en esta materia se dieron porque algunas dependencias dedicadas a la convivencia y la seguridad ciudadana, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la cárcel Distrital, Policía Nacional y Secretaría de Gobierno, comenzaron a trabajar de manera independiente sin atender los lineamientos y requerimientos de la política que intentaba definir el Secretario de turno. De esta manera, poco a poco, instituciones, programas y proyectos se convirtieron en islas independientes que manejaban directores, gerentes y consultores, con recursos y cronograma propios y sin responder a un plan o a una estrategia común definida por el Secretario de Gobierno y el Subsecretario del ramo” En lo que tiene que ver con ciudad-región, la mayor articulación entre Bogotá y Cundinamarca se da en lo que tiene que ver con planes económicos y de lucha contra el contrabando de licor, pero pocos resultados en lo que tiene que ver con acciones conjuntos contra la delincuencia bien sea de tipo común u organizada. Para que esto sea una realidad, debe existir una mayor articulación entre las alcaldías distrital y municipales, junto con las comandancias de policías de Bogotá, Cundinamarca y territorios vecinos a la ciudad capital como Soacha por ejemplo, que permitan desarrollar planes conjuntos que eviten que la criminalidad que habita en estos lugares, tome a la capital como centro de operaciones y viceversa, como por ejemplo el del microtráfico. Este negocio ilegal, va y viene del distrito hacia los municipios vecinos y viceversa, sin mayor control por parte de las autoridades, y ha servido de combustible para casos de sicariato según los últimos estudios del Centro de Análisis y Estadísticas de Convivencia y Seguridad – Ceacs, hecho que podría trasladarse a los municipios vecinos, si no se trabaja conjuntamente entre distrito y Cundinamarca. Por lo anterior uno de los puntos que se debe tener en cuenta para el debate electoral que se avecina en la ciudad para escoger alcalde mayor de Bogotá, es la seguridad ciudadana desde el punto de vista ciudad-región, para que quede clara la necesidad que existe en esta materia y así se logre trabajar este tema conjuntamente entre Bogotá, Cundinamarca, municipios vecinos y las comandancias de policías respectivas, obteniendo resultados en el corto tiempo en esta materia que permitan reducir los índices de violencia urbana en lo que a ciudad – región se refiere.