La muerte de Nicanor Restrepo sacudió mi memoria. Había hablado con Gilberto Echeverri Mejía en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, a principios de 1998, cuando aún era ministro de Defensa. Me había dicho que estaba muy preocupado con la actitud de un sector importante de las elites antioqueñas, que estaba poniendo los huevos en dos canastos y uno de ellos era el de la ilegalidad. Se refería al apoyo que le estaban dando en algunas regiones y en el propio Medellín a los paramilitares. Me dijo, también, que la salvación eran personas como Nicanor Restrepo que no daban su brazo a torcer. El comentario me llegó al alma. Eran días de zozobra. Carlos Castaño había asesinado en Montería a dos compañeros partícipes del proceso de paz que nos había llevado a la vida civil. Otro de mis compañeros había desaparecido en Medellín y presumíamos que lo tenía secuestrado Castaño en su cuartel general en la zona de Urabá. Estaba buscando afanosamente comprender la situación y frenar la ola de agresiones. Me fui a hablar con Nicanor. Solo para entender, solo para darle sentido a lo que me había dicho Gilberto Echeverri. Me recibió amablemente y por más de dos horas estuvimos conversando de la situación del país, de la paz que habíamos firmado y de la violencia que azotaba a Antioquia. Comprendí el alcance de las palabras de Echeverri. Para Nicanor Restrepo se estaba desarrollando un fenómeno igual o más peligroso que las guerrillas, pero sobre todo más poderoso que ellas. Salí aterrado de la reunión. Al poco tiempo, en compañía de garantes internacionales, una delegación de nuestro grupo de desmovilizados fue a hablar con Castaño para reclamar a la persona secuestrada y parar los asesinatos. Pero Lucho ya había muerto a manos de los paramilitares. Salí del país por cerca de año y medio con un enorme sentimiento de impotencia. Cuando regresé ya estaban en curso las negociaciones con las Farc en el Caguán. Conocí los esfuerzos que hizo Nicanor Restrepo para que estas conversaciones terminaran en un acuerdo de paz. En una larga entrevista para hacer un libro sobre el itinerario del Caguán, me contó con detalles el debate que se generó alrededor de la propuesta de las Farc de hacer un experimento piloto de erradicación de 12.000 hectáreas en Cartagena del Chairá para sustituirlas por cultivos de guayaba caqueteña. Él, que sabía de emprendimientos económicos le dijo a Pastrana que valía la pena intentar este proyecto porque, aunque resultaría muy difícil que los cultivos de guayaba resultaran rentables, era más barato promoverlos que acabar con la coca por la vía de las fumigaciones y de la persecución a los campesinos cocaleros. También Gilberto Echeverri fue un gran animador de las negociaciones de paz con las Farc y con el ELN en tiempos de Pastrana. Lo había sido durante su ministerio de defensa en el gobierno de Samper, en una actitud que a mucha gente le parecía muy extraña. No entendían que un ministro que tenía por oficio hacer la guerra se la pasara hablando de la salida negociada al conflicto armado. La muerte de Echeverri a manos de las Farc en uno de los operativos de rescate más descabellados -pero más aplaudidos- que emprendió Uribe fue una triste y dolorosa ironía de nuestro conflicto armado. Un hombre que se jugó su prestigio en el Ministerio de Defensa y en la vida pública buscando la paz con las Farc es secuestrado por esta guerrilla y muere en sus manos. Pero no deja de ser también irónico y doloroso que una enfermedad se nos lleve a Nicanor Restrepo en un momento en el que su visión y sus ideas tienen una enorme vigencia. Ellos dos vieron el monstruo que había nacido de la mano de sectores de las elites políticas y empresariales. Vieron el paramilitarismo en su cuna de Urabá y Antioquia. Ellos llamaron la atención sobre las oleadas de violencia que desataría este monstruo inatajable y sobre el dolor que causaría a la sociedad antioqueña y al país entero. Ahora las fuerzas políticas y empresariales que promovieron el paramilitarismo y que se lucraron de él viven un mal momento. Por todos lados revientan procesos judiciales y la sociedad empieza poco a poco a tomar distancia de ellos. Ahora la idea de la salida negociada a la confrontación con las guerrillas ha tomado una fuerza inusitada y en las conversaciones de La Habana se ha pactado una política frente al narcotráfico, que tiene la traza que había previsto Nicanor Restrepo. Pero ellos lo vieron primero y me duele en el corazón que no estén en la vida para saber que miraban siempre más lejos que sus pares en el empresariado y en la política. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

Fueron dejados en libertad José Fidalgo Banguero Zapata, comerciante, ex alcalde y líder social del municipio de Apartadó; Adolfo Romero Benítez director de la red Urabá Jóvenes y concejal de esa misma localidad; Iván de la Cruz Macías, contador y propietario de la empresa “Asocontas”, presos por supuesta vinculación al  proyecto político “Urabá grande, unido y en paz”, que lideró el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera Alias  ‘El Alemán’. La Fiscalía 22 de Bogotá les revocó la medida de aseguramiento por concierto para delinquir y ordenó la libertad inmediata. Estas personas hicieron parte de una serie de capturas que lideró una comisión especial del Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía enviada desde Bogotá en agosto de 2014, donde se encontraban además políticos y líderes comunales de distintas poblaciones de la región de Urabá. La orden de libertad de estas personas, coincide con el posible regreso de alias el Alemán a la zona, quien se encuentra próximo a salir de la cárcel al cumplir con el tiempo exigido por la Ley de Justicia y Paz, que contempla la pena alternativa de 8 años de prisión. Alías el Alemán lideró el proyecto Urabá Grande Unido y en Paz, como estrategia para llevar a personas que era de su entera confianza y formaban parte de su red política,   a la Asamblea, la Cámara y el Senado. Se hicieron varias reuniones en Necoclí. “Yo hice la primera en la que le presenté a la gente la propuesta y luego designé a Jorge Pinzón para que coordinara todo e hiciera reuniones individuales”, conto el ex jefe paramilitar en su versión libre el 16 de junio de 2009. De esta forma se da inicio a la creación de una estructura política y financiera que permitiera la toma del poder local en la región del urabá antioqueño, que abarcaría los municipios de Necoclí, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Mutatá, San Juan de Urabá, Chigorodó y Arboletes.  Fue así como entre 2002 y 2006 Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade pasaron por el Congreso y se logró que el poder local en la zona quedara bajo su dominio total. Según ‘El Alemán’, los ‘cuatrillizos’ hicieron llave con el entonces candidato al Senado Rubén Darío Quintero Villada, avalado por el partido Cambio Radical. De esta manera la Fiscalía General de la Nación se da a la tarea de investigar los hechos y en agosto de 2014 realiza las siguientes capturas: “En Apartadó: José Fidalgo Banguero Zapata, comerciante, ex alcalde y líder social; Adolfo Romero Benítez director de la red Urabá Jóvenes y concejal de esa localidad; Iván de la Cruz Macías, contador y propietario de la empresa “Asocontas”;  Uriel de la Ossa Fernández dirigente liberal, quien fue dejado en libertad por que en su momento tenía  79 años de edad. En turbo: William Palacios Valencia alcalde para ese entonces; Escilda Acosta de Julio ex concejal liberal; Evelio Moreno ex candidato a la Cámara y a la Asamblea de Antioquia; Ladislao González abogado, ex personero de Turbo y líder del Movimiento Dignidad Platanera; y Manuel Lucio Portillo ex concejal liberal. En San Pedro de Urabá: Arnulfo Padilla, ex concejal; Hernán Arciniegas, exdirector regional del Incoder; Jorge Pérez exconcejal y varias veces alcalde encargado; Omar Manrique, ex alcalde; Emiro Vergara, ex director de Andisalud; Nelly Banda expresidenta de la Junta de Andisalud; y Eugenio Hoyos, exalcalde. En Necoclí: Édison Yáñez Tirado, ex alcalde; los exconcejales Luis Carlos Yáñez, Fabio Rivero, Pedro Pacheco, David Monroy, Alberto Gómez; Enrique Herrera un profesor; Juan Manuel Ramos ex candidato a la alcaldía; Eva Cartagena empresaria del turismo; Gustavo Gaviria puerta, ex candidato a la alcaldía; y  Lastemio Villalba ex concejal de Pueblo Nuevo, quien no fue conducido por su edad. Chigorodó: Víctor Pacheco, médico y ex alcalde; Elbo Escobar; Omar Ardila, ex concejal y dirigente sindical;  Ignacio Vaca, profesor; y Cecilia Maquillón, profesora. En Mutatá: Leonardo Perea Lenis, ex alcalde. San Juan de Urabá: Arcesio Verdeta, ex alcalde y Roberto Martínez, ex concejal. En Arboletes: Alejandro Verdeta, ex alcalde y en Caucasia Alirio Trujillo, ingeniero electrónico, empresario. También fueron capturado en la ciudad de  Medellín: Julio Cesar Uribe Espitia, Edilberto Antonio Ávila, Luz Miriam Taborada, Efrén Amador Cogollo y Rivelino Garavito Contreras.”  Datos tomados de www.caracol.com.co

Ha fracasado la pretensión de polarizar la campaña por la Alcaldía de Bogotá. A principios del año 2014, cuando el uribismo obtuvo una gran victoria en las elecciones parlamentarias en la ciudad y el alcalde Gustavo Petro afrontaba su destitución, cundió la idea de que la disputa por la Alcaldía tendría como protagonistas a un candidato del Centro Democrático y a uno de la coalición del gobierno Santos. Se decía que la mala gestión de Petro sacaría de la contienda a la izquierda. Después, cuando Clara López, en la primera vuelta presidencial, se alzó con una gran votación y en las encuestas apareció en la punta de favorabilidad para Bogotá, David Luna prendió las alarmas y propuso una coalición de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, para atajar a la izquierda. Todos contra la izquierda era la consigna. Había allí un dejo odioso de estigmatización y exclusión. Las pretensiones se han venido al suelo. Todo indica que la campaña por la principal plaza electoral del país tendrá no dos, sino varios protagonistas, representativos de distintas corrientes políticas y de diversas franjas de la población. Será una campaña reñida y apasionante. Una contienda que hará honor al electorado bogotano tan rebelde, tan libre, tan de opinión, que fue capaz de dar un apoyo ferviente a Gaitán, a la Anapo en sus buenos tiempos, al M-19, a independientes como Mockus y Peñalosa y a diversos candidatos de la izquierda. Es cierto, Clara López ha tenido un gran arranque en las encuestas y tiene en su haber a una masa de activistas y funcionarios públicos que se han beneficiado de las últimas administraciones de la ciudad; pero Rafael Pardo está organizando una campaña consistente y cuenta, para empezar, con el respaldo de La U y el Partido Liberal; Francisco Santos no ha tenido, hasta el momento, una gran aceptación en los sondeos de opinión, pero sería un error de los demás candidatos subvalorar el arrastre electoral del Centro Democrático y la imaginación de este sector político para producir sorpresas electorales. La alianza entre Enrique Peñalosa y Cambio Radical no es para nada desdeñable, en la pasada campaña electoral Peñalosa, Galán y Luna pusieron más de 900.000 votos; tampoco se puede descartar la irrupción en la disputa de Marta Lucía Ramirez quien sacudiría el tablero político de la capital. Es seguro también que el Partido Verde escogerá entre Carlos Vicente de Roux y Antonio Sanguino su candidato, y que Hollman Morris persistirá en su propósito de representar a sectores del progresismo en la campaña. Seguramente, hasta la inscripción de candidatos, habrá varios intentos por establecer acuerdos y disminuir el número de contendientes, pero es improbable que estas tentativas fructifiquen. Hacerse contar en un potencial de más de 4 millones de votantes es muy importante para cualquier partido político; además, dada la dispersión de la votación, un candidato que pueda reunir el 30 por ciento de los sufragantes tiene grandes posibilidades de ganar. A Cambio Radical le interesa tener candidato en Bogotá pensando en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018; lo mismo le sucede al Partido Liberal que ha dicho que tendrá a alguien de sus filas en el certamen presidencial; el Partido Conservador sabe que tendría un chance muy importante de ganar si logra convencer a Marta Lucía; al Centro Democrático no le resultaría fácil desmontar a Francisco Santos aun si entra al juego la candidata conservadora; y a la izquierda siempre le es muy difícil concurrir unificada a las contiendas electorales. En estas condiciones no habrá menos de cinco candidatos con buena votación en esta campaña por Bogotá. En los primeros meses la campaña girará alrededor de la evaluación de la gestión de Petro. No menos de tres candidatos pondrán allí el acento para minar la credibilidad de los candidatos de la izquierda. Pero pronto se darán cuenta de que el electorado se fija más en las personas y en las propuestas que en la corriente política que representan; se percatarán también de que Petro, a pesar de sus graves errores en la administración, ha consolidado el electorado de la izquierda en los estratos uno, dos y tres de la población con sus apuestas de inclusión social. Al final los candidatos tendrán que meterse de lleno al debate sobre la movilidad, la seguridad y el papel de la ciudad en el posconflicto; la equidad, la inclusión y la educación; el medioambiente y el modelo de ciudad, que son los temas que angustian a un electorado que no traga entero y que, precisamente por ello, no se presta para polarizaciones artificiales y para perversas maniobras electorales. Nota: Feliz con el desescalamiento del conflicto. Cese unilateral del fuego de la guerrilla y cese de los bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, era lo que venía pregonando desde hace meses. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

En días pasados el presidente Juan Manuel Santos les ordenó a las Fuerzas Militares suspender todo bombardeo contra los campamentos de las Farc, como una medida más en el desescalamiento gradual del conflicto armado. Tal decisión abrió el debate, entre otras porque los golpes más certeros que han dado las fuerzas militares sobre la guerrilla de las Farc, han sido mediante ataques aéreos, todos con el actual mandatario como ministro de Defensa y más adelante como Jefe de Estado. A continuación  mencionaremos los más importantes Tomas Medina Caracas, alias “El Negro Acacio” En septiembre de 2007, bajo la operación Sol Naciente, llevada a cabo conjuntamente por el  Ejército, la Armada nacional, la Fuerza Área, la Policía y el Das,  en jurisdicción del municipio de Barranco de Minas en el departamento del Guainía, se dio de baja a Tomas Medina Caracas, alias “El Negro Acacio”. Aunque no se trataba de un miembro del Secretariado de las Farc, sin duda alguna esta fue el primer golpe que las Fuerzas Militares daban a esta guerrilla, por la visibilidad e importancia que tenía el Negro Acacio dentro de la organización subversiva. Acacio fue nombrado comandante del Frente 16, tras la muerte de Josué Eliseo Prieto, alias «Esteban González» en combates con el Ejército colombiano en el departamento del Vichada. Era el responsable de las operaciones de narcotráfico en las que de una u otra manera estaban involucradas las FARC, llegando a controlar buena parte de los recursos que obtenían proveniente de esta actividad ilícita, lo mismo que  del tráfico de armas. Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes El 29 de febrero de 2008 cerca de las 0 horas del 1 de marzo,   dos aviones Supertucanos, cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, ingresan a territorio ecuatoriano a la  zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, para bombardear el campamento donde se encontraba Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, quien pertenecía al secretariado de las Farc. Raúl Reyes adquirió notoriedad pública al participar como portavoz de las FARC en el proceso de negociación de este grupo armado y el gobierno colombiano de Andrés Pastrana en San Vicente del Cagüan, en aquel momento presidido por Andrés Pastrana. Raúl Reyes operaba en la frontera sur de Colombia, especialmente en Putumayo, Huila y Caquetá, a lo largo de la frontera con Ecuador. La incursión de tropas colombianas al territorio vecino y el posterior ataque sorpresivo al campamento donde este se encontrabas, generó un fuerte roce diplomático entre Colombia y Ecuador, que terminó cuando el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo como primer mandatario. Víctor Julio Suárez Rojas, alias el “Mono Jojoy” En septiembre de 2010 con Rodrigo Rivera como ministro de Defensa y Juan Manuel Santos como Presidente de la República, helicópteros de cerca de 400 de los mejores combatientes del Ejército, la Armada y la Policía, dan de baja a Víctor Julio Suárez alias el Mono Jojoy en las selvas de la Macarena mediante la Operación Sodoma. La operación se llevó a cabo mediante una oleada de tres bombardeos con al menos 30 ‘bombas inteligentes’ de más de 500 libras cada una. Hasta ese momento, este fue el golpe más duro a la guerrilla de las Farc, por encima del que acabó con la vida de ‘Raúl Reyes’ en la frontera con Ecuador, porque con el  desaparecía el hombre que se ufanaba de haber «llevado la guerra a las ciudades» y el que estuvo detrás de varios de los peores crímenes de esa guerrilla y también el mito de que los grandes jefes de la insurgencia en Colombia eran intocables. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano En noviembre de 2011, en zona rural del municipio de Suárez (Cauca), miembros  de las Fuerzas Militares y agentes del CTI confirmaron la plena identidad del hombre que reemplazó en mayo de 2008 en la comandancia de las Farc a Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. En una carrera contra reloj, se da inicio a la Operación Odiseo en la que participan oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional, pilotos de la Fuerza Aérea y expertos en inteligencia electrónica que venían rastreando el punto exacto de su campamento y los anillos de seguridad que lo rodeaban entre Tolima y Cauca. Se presenta entonces una serie de bombardeos en la zona del Cañón de las Hermosas en donde Cano estableció su centro de operaciones, una geografía escarpada repleta de corredores fluviales y trochas en el corazón del Tolima, donde se   da de baja al máximo comandante de las Farc. Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”,  fue Comandante del Bloque Central, Comandante en Jefe y miembro del Secretariado de las FARC.

Foto: www.eluniversal.com.co A pesar de que a esta fecha no se ha definido del todo el abanico de candaditos  a elecciones para gobernaciones y alcaldías, desde ya se comienzan a barajar los nombres de quienes podrían estar en la contienda, algunos de estos con cuestionamientos que hacen ver sus posibles candidaturas como la continuidad de un fenómeno de mafias políticas que de una u otra manera llegaron al poder, conformando redes de corrupción política que se resisten a desaparecer. Uno de estos personajes es la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro, quien tiene en su trasegar político investigaciones en su contra,  una  por Parapolítica y otra por Lavado de Activos. Lo anterior sumado a una serie de cuestionamientos que se le hace desde la opinión pública porque su entorno, resulta ser un tanto oscuro, por encontrarse junto a personas que de una u otra forma han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca. Es así como el primero de todos los cuestionamientos que se le hace a esta política oriunda de Guacarí en el Valle del Cauca, corre por cuenta de Carlos Herney Abadía su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000 y el segundo es por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y  Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía General de la Nación, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro. Uno de esos donde da cuenta del pago en un cheque por $289 millones que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 afronta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos. La transacción se habría hecho a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la senadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras. Narcotraficantes como Diego Montoya, alias don Diego; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que  habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República. Según el libro Herederos del Mal, “la red política que lidera la exsenadora Dilian Francisca Toro, ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, para aumentar el poder de su casa política, gracias a que esta alcaldía estuvo en poder de Raúl Alfredo Arboleda del grupo político liderado por Dilian Francisca Toro, que a través de este, logró suprimir la planta de cargos y crear una nueva que llenara sus cuotas, especialmente para los candidatos de su casa a alcaldías que fracasaron en 2007, motivo por el cual el alcalde Arboleda fue sancionado por la Procuraduría Regional del Valle por esas actuaciones realizadas en 2008. De esta forma el grupo de Dilian reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”. El texto Herederos del Mal describe la manera de como Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”. Todo este aparato político de Dilian Francisca, desde donde maneja su red política en el Valle del Cauca, sería utilizado para una posible candidatura a la gobernación. Esto indicaría que las denuncias y los estudios que han realizado la Fundación Paz y Reconciliación, sobre redes de corrupción política, más las alertas que emite la Misión de Observación Electoral, no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso el Consejo Nacional Electoral para que evite que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible Lavado de Activos y vínculos con el paramilitarismo, aparezca  en el escenario para aspirar a manejar los destinos de una ciudad capital o todo un departamento. Ya sucedió con Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias,  y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical. Resultaría bastante delicado que la excongresista Dilian Francisca Toro, quien no ha podido resolver del todo su situación judicial, y sobre la cual versan señalamientos delicados de posibles apoyos en el pasado  de parte del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, aspire a manejar los destinos de un departamento que como el Valle del Cauca, sufre una situación de orden público por cuenta de bandas del narcotráfico que se han apoderado de municipios como Tuluá y Buenaventura, que hacen presencia en la ciudad de Cali, y que en el caso de resultar ciertas estas denuncias, su mandato no tendría la autoridad necesaria para ponerle remedio a este problema que afecta a los vallecaucanos. El país debería aprovechar que se encuentra en curso el Proyecto de Reforma Política conocido con el nombre de “Equilibrio de Poderes”, para insistir una vez más en el congelamiento de los derechos políticos de personajes como Dilian Francisca Toro, que tienen  en su contra investigación judicial de manera formal, por vínculos con el narcotráfico y  grupos ilegales.

Clara López Hija de Álvaro López Holguín, primo del expresidente Alfonso López Michelsen, y de Cecilia Obregón, prima del artista Alejandro Obregón. Estudió economía en la Universidad de Harvard. Esposa del exconcejal  y líder de izquierda Carlos Romero. Clara López es la actual presidenta del Polo Democrático Alternativo, partido por el que aspira actualmente a ocupar el cargo de alcaldesa mayor de Bogotá en las próximas elecciones para mandatarios locales. Fue una de las más fuertes aspirantes para la Presidencia de la República para el período 2014 -2018, donde ocupó el cuarto lugar en votación en los resultados de la primera vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral apoyó la candidatura por la reelección de Juan Manuel Santos, como respaldo  al proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc. Antanas Mockus El exalcalde de Bogotá Antanas Mockus Sivickas, es Licenciado en Matématicas de la Universidad de Dijón. Hijo de Alfonsas Mockus y la escultora y ceramista Nijole Šivickas de Mockus, inmigrantes originarios de Lituania. Fue Rector de la Universidad Nacional de Colombia a partir del año de 1990,  de donde se retira en para aspirar a la alcaldía mayor de Bogotá. Durante el período como burgomaestre ( 1995-1997), les enseñó a los bogotanos normas de convivencia ciudadana y  respeto hacia el otro,  a través de campañas  de Cultura Ciudadana. Repite en el cargo en el año 2002. Antanas Mockus aspiró a la Presidencia de la República en los años de 1998 , 2006  y 2010. Actualmente dirige la Corporación Visionarios por Colombia, desde donde promovió la pasada Marcha por la Vida. Monseñor Rubén Salazar Ordenado sacerdote bajo la orden de los Diocesanos. Cardenal colombiano. Gobernó las sedes episcopales de Cúcuta, Barranquilla y actualmente es el arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. También presidió la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) durante los años  2008-2011 y fue reelegido para el periodo 2012-2014. Es filósofo y  teólogo. Julio Roberto Gómez Presidente de la Central General de Trabajadores . Nació en 1951 en Cachipay, Cundinamarca. Líder sindical con más de treinta años de experiencia, que llegó al movimiento obrero a través de la influencia de la teología de la liberación. Ha sido una de las figuras más importantes en las discusiones sobre el incremento salarial y ha hecho parte de las mesas anuales de concertación salarial y laboral. También ocupó  la presidencia de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores, organización que representaba cerca de 20 millones de trabajadores y que en 2006 fue absorbida por la Confederación Sindical Internacional, y en 2008 fue elegido presidente adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CSA. Marta Lucía Ramírez Excandidata Presidencial del Partido Conservador Abogada de la Universidad Javeriana. Fue directora de Incomex en los años de 1990 -1991, de donde pasó al viceministerio de Comercio Exterior con Juan Manuel Santos como ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Cesar Gaviria. Más adelante sería la titular de esa misma cartera en la presidencia de Andrés Pastrana, de donde se retira para ocupar el cargo de ministra de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe, siendo la primera mujer en realizar esa labor. Marta Lucía Ramírez aspira al Senado de la República por el Partido de la U para el período 2006-2010, de donde sale para iniciar la carrera por la Presidencia de la República, aspirando en el 2010 a la candidatura Conservadora y en 2014 logra la aspiración oficial de su partido, ocupando el tercer lugar en votación durante los comicios presidenciales. Andrés Pastrana Expresidente de la República Hijo del expresidente fallecido Misael Pastrana Borrero. Primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular en 1988; senador de la República y candidato presidencial en 1994, tiempo en el que fue derrotado por Ernesto Samper. Pastrana declara la oposición al gobierno de entonces y revela los narcocassettes que produjeron el escándalo conocido como el Proceso 8.000. Logra la Presidencia de la República en 1998 en donde le da apertura al Proceso de Paz con la guerrilla de las Farc, para lo cual despeja 45.000 km en el municipio de San Vicente del Caguán. Pastrana puso fin a los diálogos de Paz, luego de que las Farc secuestraran un avión de Aires, en donde viajaba el   senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. Fue nombrado embajador de Estados Unidos durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, de donde renuncia tras discutir con el presidente Uribe, tras el posible nombramiento de su rival político Ernesto Samper en la Embajada de Francia. Paula Moreno Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Colombia. Ministra de Cultura durante el gobierno de Álvaro Uribe. Trabajó en varios campos de investigación entre los que se cuenta: Investigadora asociada del Centro de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Cambridge sobre biodiversidad y comunidades locales en el Pacífico Colombiano; docente y asesora de las Universidades Autónoma de Colombia y la Universidad de los Andes; miembro de la junta directiva de la Asociación de Estudios de la Diáspora Africana (ASWAD). Ha sido gerente de proyectos y asesora de organismos de cooperación como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo entre otras organizaciones. En 2004, Paula fue promotora y fundadora del programa de becas Martin Luther King creado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y desde  2005 viene  acompañando procesos con organizaciones de base como la Red de Mujeres Afrocolombiana KAMBIRI, los consejos comunitarios de Guapi y Timbiquí y redes de jóvenes. En su carrera ha recibido varios reconocimientos como “Unita Black Well Award” de la Asociación de Alcaldes Negros de Estados Unidos, como una de las líderes afrodescendientes más influyentes en el mundo; la Cruz de Boyacá, la máxima distinción del gobierno colombiano; la Orden del Águila Azteca, la máxima distinción del gobierno de México. Recientemente, fue reconocida por la BBC como una de las mujeres más importantes del mundo 100 Women 2014. En la actualidad, Paula Moreno preside la Corporación Manos Visibles. Ati Quigua Exconcejal de Bogotá del Polo Democrático Alternativo. Líder indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vera Grabe Vera Grabe fue una de los veinte congresistas que resultaron elegidos por el movimiento político Alianza Democrática M-19, surgido tras la desmovilización del grupo guerrillero M-19. Senadora y líder de la bancada. Candidata a la vicepresidencia como fórmula de  Luis Eduardo Garzón en el año 2002. También fue invitado el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, quien rechazó el llamado.

Foto: Archivo diario La Opinión También el M-19 y las guerrillas que han negociado la paz se han rehusado a usar la palabra entrega porque la consideran –tal vez con un exagerado rigor semántico– símbolo de rendición. Así rezaba el titular de El Tiempo el lunes 5 de marzo de 1990. El encabezado de la noticia traía estos detalles: “Llegaron a Bogotá los delegados de la comisión técnica de la Internacional Socialista (IS), encargados de recibir este viernes las armas que entregará el M-19. La comisión irá a Santodomingo (Cauca) y a Vergel (Huila), para hacer el inventario y decidir el destino del armamento”. Después se supo que cargaron las armas en camiones y las llevaron a hornos de fundición, y se supo también que Antonio Navarro se fue detrás de los camiones para comprobar la destrucción completa de fusiles y pistolas. Mis amigos del M-19 celebran este lunes 9 el día en que les dijeron adiós a las armas y, quizás, algunos medios de comunicación y muchas personas, que vivieron la odisea de esta guerrilla, recuerden este hecho que dio paso a otros acontecimientos de honda repercusión en el país: la reforma constitucional, la ruptura del bipartidismo, la emergencia de nuevas fuerzas políticas, la gestación de la esperanza, la suprema esperanza de la paz, que alentó el espíritu de los colombianos por un instante. Entre 1990 y 1994 cayeron todos los indicadores de violencia, las Farc y el ELN se sentaron a negociar, y los carteles de las drogas sufrieron golpes impresionantes. El país tuvo un gran respiro que se esfumó en 1995 cuando empezó otro ciclo de violencias. Ahora estamos tejiendo un nuevo desarme que ojalá sea el definitivo. Los uribistas han envenenado la discusión diciendo que la palabra dejación esconde el interés perverso de mantener las armas. Con estas mentiras han hecho política a lo largo de estos tres años de negociaciones de paz y han conseguido que mucha gente les crea. Se aprovechan de la fugaz memoria de los colombianos. También el M-19 y todas las guerrillas que en Colombia han negociado la paz se han rehusado a utilizar la palabra entrega porque la consideran –tal vez en un exagerado rigor semántico– símbolo de rendición. Los guerrilleros nunca han querido ‘entregar’ sus armas a la contraparte. Si los lectores examinan en detalle la noticia de hace 25 años sabrán que el verbo dejar preside el título y se habla de entrega a una fuerza internacional. Se percatarán igualmente del celo con el que vigilan el destino final del armamento. Con esa misma obstinación han cumplido los acuerdos. El M-19 se mantuvo firme en la decisión de la paz aun en el momento más doloroso de su historia, cuando un mes y medio después de la firma del acuerdo fue asesinado Carlos Pizarro ya entonces candidato presidencial. Sería muy bueno que, con ocasión del aniversario, se le reconociera por parte de las autoridades del país al M-19 la valentía y la generosidad con la que enfrentó el sacrificio de su líder. La discusión que ahora se adelanta en La Habana y la que libran el gobierno y el ELN en la etapa exploratoria de la negociación en Quito, Ecuador, tiene que ver exactamente con estas realidades. El equipo negociador del gobierno, ahora compuesto también por militares activos, tiene que asegurar que las guerrillas dejan por completo sus armas, que no abrigan la menor intención de esconder alguna porción de sus recursos bélicos. Pero los plenipotenciarios de las Farc y del ELN están obligados por sus militantes a conquistar protocolos de dejación de armas para fuerzas no vencidas; están empujados por la historia a pactar hasta el último detalle de la protección de sus vidas después del desarme y la desmovilización. La guerra es un amasijo de miedos, incertidumbres y desconfianzas. Es así para todos los implicados en la confrontación. Pero la paz no es menos azarosa. Lo sé porque viví el feroz conflicto de los ochenta y las negociaciones de los noventa. Cada bando tiende a ocuparse de sus angustias. Pero llega un momento en el que los contendientes deben intentar ponerse en los zapatos del otro. Creo que ese momento ha llegado. Las Farc en muchos de sus discursos dejan dudas sobre la disposición al desarme completo y con esto le dan pretextos a la oposición para seguir mintiendo. También en el ELN abundan los subterfugios. Pero el gobierno tampoco ha logrado espantar el fantasma de las desconfianzas y enviar señales de que asegurará un ingreso tranquillo de las guerrillas a la vida civil. La fotografía de esta semana, de los militares sentados a la mesa con los guerrilleros de las Farc, en un ambiente de conversación atenta, puede ser el comienzo de una etapa en la que las partes se ocupan seriamente de las incertidumbres del otro. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Como resultado del ciclo 33 de las conversaciones de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se acordó el inicio de un proceso de desminado en los territorios donde el grupo subversivo ha instalado estos artefactos y que en ocasiones ha cobrado la vida de de civiles y militares que han caído en estas trampas mortales y en la mayoría de casos los ha dejado sin alguna parte de sus cuerpos. Según el comunicado  conjunto que emitieron las partes, este acuerdo se da “en el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar garantías de no repetición a las comunidades”. Para lograr tal fin las partes acordaron que trabajarían en conjunto con la organización Ayuda Popular Noruega (APN) quien  coordinara la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación. Colombia es uno de los países en el mundo con mayor presencia de minas antipersona en su territorio, donde las Farc y el ELN han sido quienes las han utilizado para evitar el avance de la tropa hacia los lugares de concentración de sus campamentos. Según estudios y seguimientos que ha realizado la Fundación Paz y Reconciliación, la siembra de minas hace parte de una las tres tácticas militares que trazaron las Farc en el año 2002. Las otras dos consistían en aumentar el número de francotiradores y hostigamientos a las fuerzas militares, instituciones en las regiones y voladuras de oleoductos. A partir de agosto de 2002 los campos minados se incrementaron en 250%, pero si se los contabiliza desde el año de 1997, el crecimiento sería de un 1000%, según documentos de investigación de Ariel Ávila, Subdirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación. Según datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, entre febrero y abril del mismo año en el sur del Tolima, las minas antipersonas pusieron fuera de combate entre muertos y heridos a 45 miembros de la Fuerza Pública, además de afectar también a la población cercana a las zonas en donde estaban instaladas. Las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, contabilizaron en 1997 un total de 25 campos minados en el territorio nacional, y  en el año 2008 el número de zonas con estos artefactos llegó a los 221. Con este tipo de armas las Farc evitaron el fácil ingreso del Ejército Nacional a los territorios donde se encontraban sus campamentos, lo mismo que la erradicación de cultivos de uso ilícito. En los últimos cinco años, las Farc utilizaron estos artefactos, con cargas que se activaban  a control remoto, cuando los guerrilleros detectaban la cercanía de los miembros de la Fuerza Pública. La mayoría de estas minas fueron elaboradas de manera artesanal. Los departamentos con mayor número de minas antipersonas son Meta, Putumayo y Antioquia. Según el comunicado conjunto la manera como se procederá a trabajar el desminado será  la siguiente forma: Selección de sitios: El Gobierno Nacional y las FARC-EP seleccionarán un número inicial de sitios que serán objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación en el marco del desescalamiento. La desconotaminación priorizará aquellos sitios donde la población tenga mayor riesgo de ser afectada por la presencia de MAP, AEI y MUSE o REG, sobre la base de la información de que dispongan el Gobierno Nacional, y las FARC-EP, y teniendo en cuenta la información que provean organizaciones especializadas y las comunidades. Recopilación de información utilizando los equipos de Estudio No Técnico (ENT). Un equipo de APN llevará a cabo el ENT dentro de las áreas seleccionadas con la participación en cada equipo de ENT de los miembros representantes de las FARC-EP y técnicos del Gobierno Nacional, que se requieran. El ENT debe identificar exactamente las áreas realmente contaminadas por MAP, AEI y MUSE o REG, apoyándose también en las comunidades locales próximas a las áreas contaminadas. Los ENT se realizarán de una manera tradicional con un cuestionario que presentarán previamente al Gobierno Nacional y las FARC-EP (el cual incluye datos de impacto socioeconómico). El cuestionario debe ser desarrollado específicamente para Colombia. El equipo evaluará toda la información disponible, consultará fuentes de información claves y también hablará con hombres y mujeres que habiten en las áreas afectadas. Los resultados del ENT serán la base para el desarrollo de un plan de limpieza y descontaminación. Limpieza y descontaminación utilizando equipos multi-tareas. La APN, conformará equipos multi-tareas con el propósito de liberar áreas peligrosas confirmadas, de la amenaza de MAP, AEI y MUSE o REG, marcar las áreas que no se despejarán durante el proyecto piloto y asegurarse que las comunidades locales entienden los riesgos asociados con las MAP, AEI y MUSE o REG (a través de educación en el riesgo). En una fase inicial cada equipo multi-tareas estará integrado por un líder coordinador y verificador de la APN y los técnicos del Gobierno. El Gobierno designará para el desminado al BIDES. Todo el proceso de limpieza y descontaminación estará acompañado de los dos miembros del Gobierno, de las FARC-EP y de las comunidades. El Gobierno agilizará el proceso de certificación de la APN para avanzar en otras fases de este proyecto, que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y contar también con el apoyo de equipos civiles de desminado. La limpieza y descontaminación de las áreas peligrosas confirmadas se hará de conformidad con los estándares internacionales y nacionales. Diálogo con las comunidades. Durante la implementación del proceso de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y estrecho entre la APN y las comunidades, para crear confianza en la calidad de las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, y se promocionará el intercambio de información relacionada con MAP, AEI y MUSE o REG por parte de las comunidades a los equipos multi-tarea. Verificación. Para asegurar que las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, cumplan con los estándares necesarios y asegurarse que el territorio está libre de sospecha de MAP, AEI y MUSE o REG, la APN realizará la verificación de una manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. La verificación y todo el proceso que comprende operaciones de limpieza y descontaminación, será acompañado por dos delegados del Gobierno Nacional, dos miembros representantes designados para ello por las FARC-EP y dos representantes de las comunidades. Entrega formal a autoridades nacionales, locales y a las comunidades. El equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC-EP, harán entrega formal de las tierras descontaminadas a los representantes y autoridades comunitarias locales.

Foto: Movimiento de Mujeres en el municipio de Barbacoas – Nariño. Revista Semana El informe de la Fundación Paz y Reconciliación “Lo que Hemos Ganado”, en el capítulo “Retos Territoriales para el Posconflicto”, describe a los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, Magui, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Cumbitara, Samaniego, El Charco, Policarpa, El Rosario, Linares, Mosquera y la Tola, como de alto riesgo por la presencia de las Farc, el ELN y las Bacrim,  grupos armados ilegales que en primer lugar han librado una batalla por la disputa territorial por controlar actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, hasta tejer alianzas entre ellos para compartir las ganancias que esta deja. La anterior situación le plantea un reto bastante alto, no solo al departamento como tal, sino también a la nación en materia de seguridad, convivencia e inversión  social,  en lo que a la implementación de una eventual etapa de posconflicto se refiere. Mucho más si se tiene en cuenta que en este departamento cohabitan los tres actores armados, en ocasiones compartiendo el mismo territorio, lo que dificultaría cualquier intento por reforzar la presencia estatal y sanear las instituciones públicas capturadas en principio por el narcotráfico y el paramilitarismo. El factor presencial de los tres actores armados en un mismo territorio, le genera al Estado un desafío enorme en el momento de traer a la paz a los guerrilleros de las Farc en el departamento de Nariño, porque el riesgo del rearme en el otro grupo subversivo (ELN) que cohabita en la zona, o el traspaso hacia las Bacrim, será latente. Por lo tanto la oferta para lograr una desmovilización total y perdurable en el largo tiempo debe ser lo suficientemente atractiva, para que no exista la tentación de que este sea atraído nuevamente por la ilegalidad. Esta oferta que se debe hacer desde el Estado para que los desmovilizados no caigan nuevamente en los tentáculos de la ilegalidad, debe ir acompañada de acciones que ayuden a combatir la minería ilegal, que hace presencia en el departamento de Nariño, donde no solamente las Farc, sino también el ELN y  los Rastrojos, son sus principales protagonistas. Esta actividad es desarrollada en minas ubicadas en zonas selváticas de difícil acceso, lo que dificulta que exista un control por parte de las autoridades. A esto  se le suma que los químicos utilizados en la extracción no tiene ningún tipo de restricción en el mercado. Este es el caso del mercurio o el cianuro, que solo puede ser decomisado cuando no se transporta de manera correcta. Estos químicos representa una amenaza para la población porque son los principales agentes  contaminantes  en  las fuentes hídricas de la región, lo que a su vez genera un riesgo en la salud de quienes consumen esas aguas para su diario vivir. A lo anterior se suma la cadena de criminalidad que llega a la zona como consecuencia de la actividad minera ilegal: prostitución, maltrato infantil, porque hay niños en las minas que trabajan; desplazamientos,  invasión a la cultura de una región, crímenes, amenazas,  etc. Un ejemplo de lo anterior, es lo sucedido en noviembre de 2012, en los municipios de Samaniego, La Unión y Ricaurte, donde familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus tierras por las constantes amenazas de las Bacrim y las Farc, quienes se encontraban detrás de la extracción  mineral ilegal en la zona. Por lo anterior preocupan los municipios ubicados  en la llanura del pacifico nariñense integrada por los municipios de: Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payan, donde ha tomado mayor fuerza esta actividad y donde además la intensificación del conflicto armado por el control territorial,  ha desplazado en forma considerable la economía tradicional campesina, dando paso al cultivo, cosecha, procesamiento y transporte de la coca a mercados internacionales. El cultivo de la cadena de valor de la economía ilícita creció tanto  en la llanura del pacífico nariñense, que de acuerdo con el informe que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2010,  Nariño tenía el 26% de las 57.000 hectáreas sembradas con coca en el país, es decir 14.671 hectáreas, seguido del Guaviare con 5.434 hectáreas y Cauca con 5.427 hectáreas (UNIDOC, 2010). Según la Oficina de Naciones Unidas, “los resultados que reportan las autoridades en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos en el Departamento se agudizan en algunas subregiones, específicamente en la Costa Pacífica,  en donde entre los años  2008  y  2011, las subregiones de Telembí, Pacifico Sur y Sanquianga ocuparon los 3 primeros lugares respectivamente, sumando  un porcentaje mayor al 97% del total de área de erradicación por aspersión en Nariño, derivándose de ello, diferentes problemas sociales, económicos, etc., que obstaculizan el libre desarrollo y crecimiento económico de la población”. Es por esto que los problemas propios de la región como la pobreza que se vive en municipios como Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, la Unión, etc., debe ser tratados de manera estructural, porque en gran parte son los mismos vacíos institucionales, económicos y sociales que originaron el conflicto, y  mientras estas condiciones no cambien, será difícil llegar a un proceso de estabilización de un posconflicto en el territorio, porque mientras no se persiga al peligro que representan las bandas criminales y no se lleve al ELN a una mesa de negociación, este territorio, siempre se estará sujeto a oleadas de violencia, con todas las aristas que esto conlleva.

Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’, arrestado por seis homicidios en octubre de 2013, cuando ejercía el cargo de Gobernador del departamento de La Guajira, inició su carrera criminal a comienzos de los años 90, cuando se incorporó a las primeras bandas paramilitares que llegaron a esa zona del país en alianza con traficantes de armas, drogas ilícitas y gasolina venezolana. Al mismo tiempo, emprendió su carrera política en el municipio de Barrancas, sur de La Guajira, donde nació, y desde entonces ha combinado la corrupción oficial y el crimen organizado para apoderarse del manejo de los presupuestos, las regalías y las rutas ilícitas de su departamento, así como de los del vecino Cesar, en donde el mismo tipo de dominio lo ejercen parientes suyos. Desde sus orígenes criminales ‘Kiko’ ha estado aliado con su pariente político y criminal de vieja data Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’, hoy preso en Brasil por efecto de tres pedidos de extradición de Colombia. ‘Kiko’ Gómez hoy se encuentra preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y ha sido llamado a juicio, en dos casos judiciales diferentes. Uno es por los homicidios de Henry Ustáriz y su escolta Wilfredo Fonseca Peñaranda, así como de la esposa del primero de estos, la  ex alcaldesa de Barrancas Yandra Brito Carrillo. En el segundo enjuiciamiento al que han sido sometidos ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ están acusados por los asesinatos del concejal de Barrancas Luis López Peralta y los campesinos Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. En este caso también se los acusa de conformar grupos armados al margen de la ley. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación consultados durante el año y medio que tomó la elaboración de esta lista de 131 homicidios, explicaron a este periodista que será muy difícil que el Estado logre justicia en todos esos casos y advirtieron que, sin embargo, con una sola condena deberá pagar la misma cantidad de cárcel (unos 50 años) a la que sería confinado por los 131 asesinatos debido a que el sistema penal colombiano no permite la acumulación de penas. En algunos de esos crímenes, sin embargo, figuran como posibles coautores o determinadores directos, la propia esposa de ‘Kiko’, Bibiana Bacci; un hijo de ambos, Fernando Gómez Bacci; el actual gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, alias ‘Chemita’,  Ángel Daza Caicedo, alias ‘La Bruja’, jefe de finanzas de la organización, un alto funcionario de la Universidad de La Guajira y un delincuente identificado como Juan Carlos Bonilla, entre muchos otros. La siguiente lista es el fruto de un año y medio de una investigación en la que se consultaron fuentes judiciales, políticas, criminales, migratorias, bancarias, sobrevivientes, parientes de víctimas, archivos de prensa y autoridades judiciales de otros países, entre otras. En seis casos solamente se sabe el nombre de las víctimas, suministrados por atemorizados parientes, debido a que los correspondientes registros desaparecieron de los archivos judiciales en La Guajira, donde ya han sido arrestados algunos de los funcionarios y policías que trabajaban para la organización de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa. Esta es, pues, la lista, que el autor, además, acaba de entregar a la Fiscalía General de la Nación. 1) Wilson Martínez Romero, ex secretario de Gobierno del municipio de Fonseca y periodista, asesinado en abril de 2001 en acción criminal que encabezó el paramilitar Jesús Albeiro Guisado Arias, alias ‘Brayan’ o ‘Jonatan’, preso en la cárcel de Montería y vinculado a Justicia y Paz. Este asesino vivió en la propia casa de Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’, en Barrancas y a petición suya cometió al menos otros 15 homicidios, de acuerdo con información judicial. Martínez Romero había denunciado que los fondos públicos del municipio de Barrancas, La Guajira, eran destinados para el uso de gastos personales de ‘Kiko’ Gómez . El 6 de abril de 2001 fue sacado de su casa por cuatro sicarios, comandados por ‘Brayan’, que lo asesinaron minutos más tarde y arrojaron su cadáver a un lado de la vía que une a Barrancas con Fonseca. La Fiscalía Segunda de Riohacha se negó a abrir investigación contra ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa a pesar del acervo probatorio existente. 2) Norberto Campo Jiménez, de 45 años, ex alcalde de Villanueva, asesinado en 1999. Fue eliminado a balazos cerca de su casa por cuatro sicarios que permanecieron en una tienda esperando a que pasara frente a ella para eliminarlo. 3) Raúl Jiménez y tres amigos suyos, desaparecidos en la vía a Hatonuevo, La Guajira. 4) Laurence Medina, alias ‘LAO’, apareció muerto en la vía a Riohacha. 5) Sectura García, Albert Martínez, Luis Daza López y el profesor Pedro Amado, asesinados. 6) Con la ayuda del coronel del Ejército Nacional Byron Carvajal (condenado por masacre de diez policías y un civil cometida el 22 de mayo de 2006 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca) fueron asesinadas en Guajira las siguientes siete personas, en coordinación con la organización de ´Kiko’Gómez y Marcos Figueroa: Álvaro Díaz,  Cecilio Bolívar, Luis lucho Suárez, Orlando Ureche, José soto, Gundo Figueroa y Menandro Bolívar. 7) Masacre de nueve personas en Lagunita, jurisdicción de Barrancas, en junio de 2000. Entre los muertos fueron identificados Augusto López Epiayú, Ugues Segundo Figueroa Brito, Orlando Ureche Figueroa y Eulises Córdoba Aguaslimpias. 8) masacre de seis personas en el corregimiento de San Pedro (Barrancas), cometida el 7 de enero de 2003 por cerca de 40 sicarios de la facción paramilitar Contrainsurgencia Wayúu, del Bloque Norte de las AUC en coordinación con ´Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa. Fueron identificados Euclides Martínez, Wilmer Duarte y Víctor Castellanos, reconocidos comerciantes de la zona, así como los campesinos Janier Fonseca y María del Carmen Arias. El sexto muerto de esta masacre no fue identificado. 10) Víctor Ojeda, comerciante y esposo de Martha Hernández Sierra, asesinado en 2002. Versiones de un testigo indican que Ojeda fue acribillado por no haberle pagado una deuda a ‘Kiko’ Gómez. La esposa de Ojeda denunció públicamente que ‘Kiko’ era el asesino de su marido y advirtió que también se disponía a matarla a ella. La madre de esta última, la líder indígena Francisca Sierra Pana, conocida como ‘Mama Franca’, también denunció judicialmente y de manera pública que Ojeda había sido asesinado por ‘Kiko’ Gómez, quien también se disponía a eliminar a su hija Martha Hernández sierra, lo que, en efecto, ocurrió. Las autoridades competentes no hicieron nada para impedirlo. 11) Martha Hernández Sierra, alias ‘Chachi’, asesinada por sicarios al lado de una estación de la Policía Nacional el 20 de noviembre de 2012, en Santa Marta. La reconocida líder wayúu Francisca Sierra, de 81 años de edad y madre de Martha, denunció de manera pública y judicial que el autor del asesinato de su hija es ‘Kiko’ Gómez y aportó evidencias y testimonios, hoy en poder de la Fiscalía General de la Nación. 12) Dilger Becerra Ramírez (abogado y asesor del Ministerio de Transporte), Iván Martínez Aroca, comerciante, y Germán Bonivento, arquitecto. masacre cometida por el propio Marcos Figueroa con un grupo de sus sicarios el 9 de agosto de 2011, en Riohacha, al pie del comando departamental de la Policía Nacional, que no reaccionó. Las víctimas se movilizaban en una camioneta Toyota Runner. Los asesinos estaban provistos de fusiles AK-47 y pistolas 9 milímetros. El propio Marcos Figueroa manejó el fusil AK-47 con el que se encaramó al carro de las víctimas y les disparó la carga completa del arma a través del vidrio blindado y el techo. Al caer al piso de un salto desde el capó de la Toyota Runner, Marcos Figueroa se luxó un tobillo. El carro utilizado por los asesinos en esta masacre apareció horas más tarde incinerado, marca recurrente en muchos de los crímenes de Figueroa y ‘Kiko’ Gómez. 13) Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas, La Guajira. Fue asesinado el 22 de febrero de 1997, en ese municipio. López Peralta anunció públicamente que se disponía a denunciar a ‘Kiko’ Gómez, para entonces alcalde de Barrancas, quien incendió la oficina jurídica de la Alcaldía con el objeto de eliminar la mayor parte de las pruebas que demostraban las irregularidades cometidas con la contratación pública. La Fiscalía General de la Nación sostiene que el asesino fue el entonces sicario de cabecera de ‘Kiko’ Gómez, alias ‘Brayan’. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Gómez fue el determinador de los homicidios agravados de Luis Gregorio López Peralta, Luis Alejandro Rodríguez Frías Y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, estos dos últimos campesinos asesinados en Fonseca, La Guajira, por sicarios al mando de Marcos Figueroa, apoyados por Gómez Cerchar, quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicación. 14) Henry Ustariz y su escolta personal, Wilfredo Fonseca Peñaranda, asesinados el 2 de abril de 2008. Resultó herido el agente de Policía Luis Mario Vega Mejía. Fueron atacados por cuatro sicarios de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa, provistos de fusiles. Un primer escrito de la Fiscalía General de la Nación, determinó: “El jefe paramilitar conocido con el alias ‘Marquitos’, otro hombre identificado con el alias ‘Perrañata’ y dos sicarios más perpetraron el asesinato de Henry Ustariz y su escolta, Wilfrido Fonseca Peñaranda, luego huyeron en una camioneta que más tarde incineraron”. 15) Yandra Brito Carrillo, ex alcaldesa de Barrancas, La Guajira, asesinada, en Valledupar, el 28 agosto de 2012. Cuatro sicarios que se movilizaban en dos motocicletas la atacaron en pleno centro de Valledupar, al medio día. Los asesinos principales identificados por testigos y la Fiscalía General de la Nación, son ‘Kiko’ Gómez y su jefe de sicarios Marcos Figueroa. 16) William Hurtado Salamanca, alias ‘Pirri’, asesinado por sicarios en Barranquilla el 9 de noviembre de 2014. Era considerado por la Fiscalía General testigo clave en el proceso judicial que se le sigue a ‘Kiko’ Gómez  por el asesinato de la ex alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito. De acuerdo con la Fiscalía General, ‘Pirri’, miembro de la red de sicarios de Marcos Figueroa, manejó una de las dos motos utilizadas en el asesinato de la ex alcaldesa. Un sicario más que manejó la segunda motocicleta, Richard Salazar Utria fue asesinado el 22 de octubre de 2014, en Barranquilla. En septiembre de 2014, desapareció Rafael Arroyo Genes, también considerado testigo estelar de cargo contra ‘Kiko’ Gómez en el mismo caso. Además, era colaborador de la Fiscalía General de la Nación en la investigación sobre el asesinato del concejal de La Paz, Cesar, Efraín Ovalle. 17) Efraín Ovalle, ganadero y líder político, asesinado en febrero de 2012 en La Paz, Cesar. En este homicidio también es acusado por la Fiscalía General el cantor folclórico Jorge Oñate. Como determinador es señalado Armando Gnecco, alias ‘Mandarino’, hoy preso en Valledupar, lo mismo que Orlando Mendoza, alias ‘Guanábano’ o ‘Profesor’ y Victoria Mendoza, alias ‘Toya’. 18) Dina Luz López Oñate (esposa del delincuente Jesualdo Gnecco, alias ‘Mocho Gnecco’) su hija Lila Lucía Paz López y sus dos escoltas: Deibis Correa Villazón y Fabio Sandoval Galvis. asesinados en la vía que va de Valledupar a La Paz (Cesar), el 18 de noviembre de 2010. 19) Luis Fernando González, alias ‘Nando’, ganadero guajiro asesinado en Valledupar en enero de 2009. Los responsables de la muerte fueron identificados como  José Arbey Melán Quiñónez y Belluis Jesús Villadiego Gómez, criminales subalternos de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa. 20) Armando Pavón López, médico, asesinado en Barrancas por Marcos Figueroa en 1984. 21) Julián Manjarrés, asesinado 22) Elías Plata Mendoza, de 27 años, escolta del médico Edwin José Menjumea,  de 25 años. Ambos fueron asesinados en Maicao el 22 de agosto de 2000,  a las 8:55 de la mañana, frente al almacén J y B. 23) Rosa Mercedes Cabrera, campesina Asesinada en Fonseca, La Guajira, en febrero del 2000. Fuentes judiciales indicaron que fue eliminada por “hombres al mando de Marcos Figueroa, apoyado por Gómez Cerchar, quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones”. 24) José María Benjumea, profesor y su hijo Edwin Benjumea, odontólogo, asesinados el 26 de agosto de 2000. Fueron abatidos por sicarios un mes y 18 días después de que el primero de ellos hubiera declarado ante la Fiscalía General contra Marcos Figueroa. Ambos eran parientes de los también asesinados, en hechos diferentes, por orden de ‘Kiko’ Gómez, Luis Alejandro Rodríguez  Frías y Rosa Mercedes Cabrera. Testigos e información judicial indican que el crimen fue cometido por el propio Marcos Figueroa. 25) Elías Plata Mendoza, asesinado el 26 de agosto de 2000 en hechos relacionados con el caso anterior. Testigos e información judicial indican que el crimen fue cometido por el propio Marcos Figueroa. 26) Luis Alejandro Rodríguez Frías, campesino asesinado en febrero del 2000. De acuerdo con la Fiscalía General, el crimen fue cometido “por sicarios de  Marcos Figueroa, apoyados por Gómez Cerchar, quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones”. 27) Wilson Medina Mendoza, profesor asesinado. 28) Felix Castro Mendoza, asesinado. 29) Eduar Bolaño Pinto, asesinado. 30) Juan Carlos Orozco, asesinado por marcos figueroa en Maracaibo. 31) Ego Orozco, asesinado por Marcos Figueroa en Maracaibo, hermano del anterior. 32) Ezequías Parodi, asesinado en Sitio Nuevo, caserío de Fonseca. 33) Milo Ariza, asesinado. 34) Federico Diaz Mendoza, asesinado, es hermano de Elías Plata Mendoza (ver numeral 25), también eliminado por Marcos Figueroa  en hechos diferentes. 35) Francisco Plata Mendoza, asesinado por Marcos Figueroa en Fonseca, en 1998. 36) Fabio Díaz Mendoza, asesinado por Marcos Figueroa en Fonseca. 37) Antonio Díaz Martínez, Asesinado. 38) Lucas Gómez Van Grieken, comerciante y ganadero wayúu asesinado en Riohacha en noviembre de 2011. Era hermano de la ex alcaldesa de Riohacha Eira Gómez. 39) Ildebrando Ariño Guerrero, de 37 años; Manuel José Martínez Ariño, 30 años; Miguel José Guerrero Ariño, de 28 años y Adolfo Amariz, de 30 años, asesinados el 5 de enero de 1999 en el municipio de Fonseca por paramilitares de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa que llegaron a la finca Las Isabelas, corregimiento de Conejo. 40) Algemiro Martínez, asesinado. 41) Freddy Guerra Ariño, asesinado. 42) Yasith Restrepo Ariño, asesinado. 43) Antonio Solano, asesinado. 44) Cruci Antonio González, alias ‘Crucito’, comerciante guajiro y Rangel Navarro Pérez, propietario de la discoteca “Champagne vallenato”, de Barranquilla y su hermana Natalí González Pérez, asesinados en 1998 con el empleo de un fusil R-15. También murieron los porteros de la discoteca. En este atentado participaron Carlos Araque y Marcos Figueroa. 45) Tres investigadores encubiertos de la DEA asesinados  en la Troncar del Caribe, en 2001, por sicarios al mando de Marcos Figueroa. El crimen múltiple fue ordenado por el confeso genocida Hernán Giraldo Serna. 46) Gonzalo Solano, asesinado. 47) Efraín Solano, asesinado. 48) Luis Esteban Mendoza, asesinado 49) Wiston Araújo, Procurador Judicial ante el Tribunal Superior de Riohacha, asesinado en Valledupar en 2006. La Policía Nacional quiso imponer la tesis de que se trató de un simple atraco pero la Fiscalía General sostiene que el crimen se debió a que Araújo le exigió al Tribunal Superior investigar a ‘Kiko’ Gómez y ordenar allanamientos a sus propiedades debido a múltiples denuncias penales instauradas contra él que nunca prosperaban y los fiscales locales se negaban abiertamente a actuar. 50) Vicentino Saltarén, asesinado. 51) Salomón Damires y su hijo (Suegro y cuñado, respectivamente, del ex alcalde de Villanueva, La Guajira, Jorge Juan Orozco) asesinados. 52) José Alberto Pareja, personero de Villanueva, asesinado en septiembre de 1997. 53) Manuel Atencio, asesinado. 54) Jorge Luis Carrillo, alias ‘coca’; Emilse De Levette, Carlos Alberto Monsalve Núñez y José Jaime Abdala Celedón, asesinados en masacre cometida en Barrancas, La Guajira, el 1 de julio de 2001, por paramilitares de ‘KIKO’ GÓMEZ y Marcos Figueroa provistos de fusiles AK-47. Monzalve Núñez (cédula de ciudadanía número 79392505), junto con Yamile Luz Ucrós Escalante, había recibido del Gobierno Nacional la adjudicación de un terreno de 93 hectáreas denominado La Hacienda, en jurisdicción de la vereda Sierra Azul, municipio de Barrancas. 55) “Negrito Mejía”, Asesinado 56) José Ojeda, alias ‘Pastobiche’, asesinado. Fue amigo de ‘Kiko’ Gómez a quien le prestaba dinero pero se enemistaron porque el segundo se negó a pagarle. Tras ser eliminado, testigos aseguran que ‘Kiko’ lucía con frecuencia un reloj Rolex de Ojeda. 57) Víctor Alejandro Figueroa, anciano campesino de Barrancas, asesinado. Tras su muerte, las tierras que le pertenecieron pasaron a ser propiedad de ‘Kiko’ Gómez, de acuerdo con testigos. 58) Juan Bautista Pérez y su cuñado Darwin, asesinados 59) Rodrigo Oñate Brugués, empresario y ganadero de Valledupar, de 47 años, asesinado el 29 de enero de 2011 en Maracaibo, Venezuela, ciudad a la que había viajado cuatro días antes. 60) Fabio Gutiérrez Pacheco, alias ‘Cañarete’, narcotraficante, asesinado en República Dominicana. ‘Cañarete’ tuvo su base de operaciones en el Cabo de la Vela y había decidido negociar cocaína y transportarla por su propia cuenta en rutas que pasaban por países del Caribe rumbo a Europa. Sus ex socios, ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa, para castigarlo por dejar de obedecer su órdenes, le delataron un cargamento de 200 kilogramos de cocaína que iba hacia República Dominicana. Además, fueron asesinados los operarios que manejaban la embarcación dentro de la que iba la droga, lo mismo que quienes estaban listos para recibirla. Por último, fueron asesinados en Riohacha y Maicao la mayor parte de miembros de la red de ‘Cañarete’. 61) Moisés Barros, ex concejal de Riohacha, asesinado en Barranquilla, el 8 de noviembre de 2010. Era el esposo de la ex alcaldesa de Riohacha y ex directora del Instituto Nacional de Vías en La Guajira, Eira Gómez Van Grieken. 62) Sergio Tovar Pupo (hermano de Rodrigo Tovar Pupo, el temible líder paramilitar  ‘Jorge 40’)  y Senón Rodríguez, asesinados en Valledupar en 2009. Las autoridades le atribuyen este doble homicidio principalmente a Marcos Figueroa. 63) Edison Pitre Guerra, alias ‘Encho Pitre’ o ‘Gavilán Mayor’, asesinado en Venezuela. Un hijo de este, tary  pitre, así como la señora Jackeline Barreneche, por su parte, fueron asesinados en Santa Marta. 64) masacre  de cuatro personas en el barrio Los Fundadores, de Valledupar, ocurrida el 7 de abril de 2010, en el estadero “Nueva Ola”. Murieron  Jesús Andrés Torres Viloria, de 24 años, Hernán Parra Molina, de 33 años, Shirley Patricia Idárraga Ospino, de 22 años, y Camilo Andrés Ochoa Rojas, de 19 años. Resultó herida Yeini Tatiana Torres Pérez. De acuerdo con las autoridades, los sicarios a quienes ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa les encomendaron la comisión de este hecho criminal fueron alias ‘Maldición’ y ‘Lery’ o ‘Caracortada’, este último conocido evangelizador de la Zona Bananera, Magdalena. 65) Mary Cadena Olivero, líder comunal y ex candidata al Concejo de Maicao, ASESINADA el 13 de febrero de 2012. De acuerdo con el comandante de la Policía en Guajira, coronel Elbert Velasco, esta mujer tenía trato con quienes supuestamente le hicieron un atentado a ‘Kiko’ Gómez. El oficial, que no identificó a los agresores, primero exaltó las condiciones de líder comunal de Cadena Olivero pero poco después la describió como alias ‘La Mona’, supuesta miembro de la banda criminal de Los Rastrojos (enemiga de la organización criminal de ‘KIKO’, de la cual Velasco ha sido señalado como reconocido protector). 66) Yanglibeth Patricia Mendoza Carrillo, de 26 años, asesinada el 30 de septiembre de 2012, en Riohacha. Fue atacada por sicarios que entraron a su casa, situada en la carrera 9 con calle 41A, barrio Los Almendros, de Riohacha. El mismo día, en el corregimiento de Camarones (Riohacha) fueron asesinados Jazmín María De Los Reyes y su pareja, José Guzmán Pacheco. De acuerdo con testigos  e investigadores de la Fiscalía, estas tres muertes están relacionadas por ser familiares de personas supuestamente involucradas en un atentado a ‘Kiko’ Gómez. 67) El narcotraficante Norberto Henríquez Iguarán, alias ‘El Chueco’, Luis Portillo Pérez, alias ‘El Mono’, y Jhonny Arias Arévalo, masacrados la zona de El Portón, Riohacha, el 26 enero de 2012. Henríquez Iguarán acababa de salir de la cárcel de Cómbita, Boyacá, por vencimiento de términos y el día que fue asesinado se movilizaba con sus dos acompañantes en un Chevrolet color plata de placas AGS59. Se había declarado en guerra contra el narcotraficante y paramilitar Arnulfo Sánchez, alias ‘pablo’ (hoy preso en Estados Unidos tras ser extraditado), caracterizado aliado de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa 68) Raduén Manneh, secuestrado en febrero de 2012, empresario de Maicao. 69) Mary Luz Acosta, secuestrada y asesinada, en agosto de 2012. Era esposa del ganadero y comerciante Ángel Ramón Rodríguez Mindiola, quien fue atado por el cuello para ser ahorcado, luego fue introducido a la laguna Karazua, de Manaure y, por último, le dispararon a la cabeza, pero se salvó. Los esposos Rodríguez Acosta fueron secuestrados por seis delincuentes el 19 de agosto de 2012 cuando llegaron a su finca Chubasquito, en zona rural de Riohacha. Por su rescate pidieron mil 500 millones y permanecieron tres meses en poder de los delincuentes. 70) Herson Andrés Bautista Costa (ingeniero de El Cesar e hijo del empresario Mario Bautista), secuestrado en julio de 2012. La familia fue obligada a pagar 800 millones de pesos por el rescate, dinero que recibieron alias “Memito” Daza Y Milton Alejandro Figueroa, alias “Norte”, quien fue apresado en Brasil el 22 de octubre de 2014, junto con Marcos Figueroa y luego puesto en libertad a pesar de existir en su contra una circular de búsqueda de INTERPOL y ser uno de los delincuentes más buscados por la Policía en el norte de Colombia, de acuerdo con un cartel profusamente distribuido en el que también figuran: Ignacio Pana Jusayú, alias ‘Nacho Pana’; José Carlos García Cataño, alias ‘Penca’; Arles Johan Amaya Brito, alias ‘Johan’; Juan Carlos Vega Figueroa, alias ‘Pirin’ y Pedro Enrique Ospina Cobo, alias ‘Balacho’. Las recompensas ofrecidas por estos delincuentes van de los 20 a los 120 millones de pesos. Alias “Norte” ya está de regreso en La Guajira, al mando de un grupo de sicarios de la organización de su pariente Marcos Figueroa y, de acuerdo con testigos, goza de la protección de la Policía Nacional. 71) Moisés Henríquez Gómez, ganadero y empresario de Riohacha,  secuestrado el 1 de octubre en 2012 cuando se encontraba en su finca, situada en La Punta de los Remedios, jurisdicción de Dibulla, La Guajira. 72) Cecilia Redondo Mindiola, hermana de la alcaldesa de Uribia Cielo Redondo, secuestrada en noviembre de 2011. Tras ser liberada, declaró que fue interceptada por dos hombres que dijeron ser  del CTI y de la SIJIN y se la llevaron en una camioneta Cherokee alegando que iban a interrogarla. 73) Alexánder Redondo Bermúdez, comerciante guajiro asesinado el 7 de febrero de 2011, en Lérida, Tolima. Redondo Bermúdez, de acuerdo con versiones entregadas a la Fiscalía General, al parecer, se disponía a denunciar hechos de corrupción en los que estaría involucrada la esposa de ‘Kiko’ Gómez, Bibiaba Bacci, junto con el entonces secretario de educación de Barrancas, La Guajira, Alfredo Ospino Duarte. 74) Asesinato de los policías subintendente Calixto Niño Monrroy y los patrulleros Jesús Ricardo Osorio y Andrés Quintero Forero, de la división de Policía Fiscal y Aduanera. Cayeron durante un atentado en la vía Maicao-Carraipía, el 1 de febrero de 2013, que se le atribuye a la banda de Kiko Gómez y Marcos Figueroa, de acuerdo con informaciones llegadas a la Fiscalía General. Las primeras versiones le atribuyeron el crimen a delincuentes de las FARC. Versiones judiciales indican que en este crimen también participó un delincuente identificado como Juan Carlos Bonilla. En su condición de gobernador en funciones, ‘Kiko’ Gómez le atribuyó a las FARC la masacre de los tres policías. 75) Juan Carlos Gutiérrez Criales, abogado tolimense, director de Migración en La Guajira, asesinado el 2 de junio de 2013 durante una emboscada en la que también MURIERON la funcionaria Isabel Oñate y los agentes de Policía de Carreteras (división de la Policía Nacional) Sergio Herrera Waldrón Y Domingo Laiton Mendoza Maya. Los asesinos, cuyo número todavía se desconoce, utilizaron fusiles e incendiaron los vehículos y los cuerpos de las víctimas. Versiones recogidas por este periodista en La Guajira y en fuentes judiciales de Bogotá indican que la muerte de estos servidores públicos fue virtualmente ordenada por ‘Kiko’ Gómez, Marcos Figueroa y un delincuente identificado como Juan Carlos Bonilla, quienes habrían vengado de esa manera el hecho que Gutiérez Criales negó la entrada legal a Colombia de un narcotraficante venezolano no identificado que había sido herido durante un enfrentamiento a bala en la Alta Guajira e intentaba llegar hasta el hospital de Maicao, lo que, en efecto, consiguió después de la masacre, cometida en el peaje de la vía que va de Maicao a Paraguachón. En su condición de gobernador en funciones, ‘Kiko’ Gómez le atribuyó la masacre al frente 59 de las FARC. 76) Jorge Daza Barriga, reconocido médico neurólogo, asesinado el 24 de enero de 2014, en Barranquilla, cuando llegaba a su casa. Natural de Distracción (La Guajira), era hermano del político conservador Bladimiro Cuello Daza, a quien la banda criminal de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa buscaban afanosamente para matarlo. Al día siguiente del crimen, la Policía encontró incinerado en el barrio Las Flores, de Barranquilla el automóvil que usaron los homicidas. Por este crimen, la Fiscalía General capturó al soldado profesional Apolinar Betancur Ramírez en calidad de autor material. Versiones llegadas a la Fiscalía General indican que detrás de este asesinato, que conmocionó a la costa norte de Colombia, se encuentran, al parecer, la esposa de ‘Kiko’ Gómez, Bibiana Bacci y el hijo de ambos Fernando Gómez Bacci, quien se encuentra fuera de Colombia, así como el feje de finanzas de la organización de ‘Kiko’ Gómez, Angel Daza Caicedo, alias ‘La Bruja’, quien, por otra parte, es procesado por desplazamiento forzado de campesinos y otros delitos. Fuentes de la Unidad Nacional de Protección dijeron que durante los servicios funerarios del doctor Daza Bariga detectaron señales de que iba a ser asesinado su hermano Bladimiro Cuello y debieron recomendarle que se retirara. 77) Gabriel Alesama, trabajador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica –UMATA- de La Guajira, asesinado. La Fiscalía señala a ‘Kiko’ Gómez como autor de este y otros 15 homicidios relacionados. “La Fiscalía General tiene sendos indicios de que [‘Kiko’ Gómez] es el determinador de estas muertes”, declaró el fiscal General, Eduardo Montealegre. 78) Wilson Zárate y Ricardo Duarte Ustate, asesinados en 1998. 79) Efauzi Yebara, empresario de origen libanés, de 56 años, secuestrado frente a su almacén de Maicao (Tierra Santa) el 8 de noviembre de 2012. 80) Darío Moisés Freyle Mengual, principal líder conservador de Manaure, La Guajira, de 52 años, asesinado en Riohacha el 5 de octubre de 2014. Fuentes cercanas al caso sostienen que fue el último homicidio cometido por Marcos Figueroa antes de viajar a Brasil, donde fue capturado el 22 de octubre siguiente. La Cancillería colombiana radicó tres pedidos de extradición solicitados por la Fiscalía General. El día del crimen no funcionaron, inexplicablemente, las cámaras de seguridad instaladas frente a la casa de Freyle Mengual, donde fue abatido; tampoco asistió a trabajar el escolta que tenía asignado por la Unidad Nacional de Protección. Fuentes judiciales sostienen que este crimen fue cometido por Henry Mejía Cuadrado, hermano de Francisco Mejía Cuadrado, alias ‘Borroncho’, este último reconocido como uno de los sicarios de confianza de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa. 81) Consuelo Araújo Noguera, ex ministra de Cultura, conocida como ‘La Cacica’. De acuerdo con versiones llegadas a la Fiscalía General y fuentes judiciales y particulares consultadas en La Guajira, fue secuestrada el 24 de septiembre de 2001 por una banda de criminales al mando de Marcos Figueroa, quien la vendió a las FARC, organización que la asesinó en la Sierra Nevada de Santa Marta, el 29 de septiembre siguiente, durante un intento de rescate lanzado por el Ejército Nacional. 82) María Marlaska Sedano, de 43 años, y Ángel Sánchez Fernández, de 49, turistas españoles secuestrados en la Alta  Guajira el 14 de junio de 2013, por  sicarios de la facción conocida como “Los Curicheros”, fuerza delincuencial encargada de la seguridad de Marcos Figueroa. Salieron a la libertad cuando la Policía colombiana, bajo presión de la española, dijo haberlos encontrado solos en una casa indígena de bahareque. La banda de ‘Kiko’ Gómez y Marcos Figueroa pidió un rescate de 500 mil euros y la Policía Española capturó a dos delincuentes que acudieron a cobrarlos en una ciudad de España no especificada. Nota publicada en www.las2orillas.co, (Con la colaboración de los investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila)

Entrevista de Nelson Hernández Peláez Colprensa | LA PATRIA | Bogotá Tras la publicación del informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la situación del conflicto armado en Colombia en 2014, se renovó la preocupación por la eventualidad de que la violencia aumente después de la firma de un acuerdo de paz. Según el informe, debido a que las Farc no son el único actor armado y violento en el país, existe la clara posibilidad de que, una vez esa guerrilla deje los territorios, otros grupos armados ilegales, como bandas criminales, narcotraficantes y el mismo Eln, los tomen para ejercer sus actividades delictivas. En el informe se establece que en el país existen 281 municipios considerados de atención prioritaria en el marco de un posconflicto. De estos, 87 son calificados como de prioridad muy alta, lo que implica que una vez las FARC se retiren, el Estado deberá llegar para brindar apoyo inmediato a los campesinos, con el fin de evitar que la delincuencia resurja. Esos 87 municipios están ubicados en cuatro regiones: en el Pacífico; en los Llanos Orientales y la Amazonía; en el corredor entre el noreste antioqueño, pasando por el Magdalena Medio y llegando al Catatumbo, y en el municipio de Uribia, en La Guajira. Sobre la situación de estos municipios, Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó cuáles son los factores que hacen que sean de mayor prioridad para la intervención temprana del Estado. Niveles – ¿Cómo definieron cuáles son los 281 municipios prioritarios? Hicimos un cálculo de en dónde han estado las Farc y el Eln durante los últimos años, eso nos dio un total de 281 municipios. Esto lo clasificamos en tres niveles: muy alto, medio y bajo. – ¿Bajo qué precepto hicieron esa clasificación? Nos hicimos tres preguntas: ¿cuál es el riesgo de que en estos municipios se levante una nueva ola de violencia, después de firmados los acuerdos de paz? ¿Qué tan preparado está el Estado para aplicar los acuerdos de La Habana? ¿Qué tanto riesgo hay de que llegue otro actor armado a reemplazar a las Farc en esas zonas? Entonces tomamos los 281 municipios y creamos un gran índice, con un indicador estatal, que mide el DNP; un indicador social, que es el Gini de Tierras; otro de vías terciarias y navegabilidad fluvial y el último sobre presencia de economías ilegales. – ¿De todos, cuáles son los más vulnerables? Le puedo dar el ejemplo de Barbacoas, en Nariño. Es un municipio que solo tiene una vía de acceso totalmente destruida, no tiene vías terciarias, no tiene un comercio estable, la Alcaldía no recauda impuestos, hay presencia de coca, hay minería ilegal, presencia de Farc, Eln y bacrim, es un municipio en un riesgo muy alto. – ¿Qué puede hacer el Gobierno en este caso? Lo que le decimos al Gobierno es que realmente el posconflicto va a durar unos 10 años. Esto inicia desde la firma del acuerdo hasta lo que decidimos llamar ‘la normalización’. Pero todo el mundo coincide en que el punto más crítico está entre la firma del acuerdo y los siguientes 12 meses. En esos municipios hay que hacer una intervención, no para solucionarlo todo, no para acabar con todas las desigualdades, en 12 meses eso no va a pasar, pero sí hay que hacer una intervención sustancial para que no lleguen otros actores armados a generar una nueva ola de violencia. Son obras pequeñas, como adecuar y ampliar algunas vías terciarias, drenar ríos, que haya acueducto y alumbrado público 24 horas. Pequeñas obras, que permitan contener esos factores negativos. Por regiones – Al ver el mapa se distinguen cuatro regiones muy claras, hablemos de ellas una por una. La primera es la del Pacífico, que está en rojo de punta a punta… Es de las más complejas, porque abarca dos fronteras, la de Ecuador y la de Panamá. El Pacífico tiene cinco grandes características, está lleno de economías ilegales, coca y minería, pero la que más preocupa es la segunda, porque requiere aparatos criminales más estables, entonces tenemos una amplia presencia de economías ilegales. Otro factor, es que hay presencia de hasta tres o cuatro actores armados. El mejor ejemplo de esto es Buenaventura, donde confluyen las Farc, el Eln, empresas privadas y ‘Los Urabeños’. En ese caso, negociar con las Farc es un pedacito muy pequeño. Tercero, el Pacífico está sumido en la corrupción, en el caso de Buenaventura, hay miles de millones de pesos en inversiones y es la hora en que ese municipio no tiene un buen acueducto. Hay ilegitimidad en autoridades locales. Cuarto, municipios como Riosucio no tienen nada de presupuesto, el año pasado recibieron entre 60 y 70 millones para invertir en seguridad y en víctimas. ¿Con eso qué se hace? Ellos no recaudan impuestos, porque no hay quién los pague. Y el quinto factor es que hay funcionarios públicos que no entienden o no les interesa el tema de los acuerdos de La Habana. En ese tema hace falta mucha pedagogía. – Los Llanos Orientales están en rojo hasta llegar a parte de la Amazonía, en el sur del país… Sí, eso arranca desde Arauca y Vichada, pasando por el Meta y Guaviare hasta Caquetá, Putumayo e incluso una parte del Vaupés. Esa es otra región muy grande del país, donde no hay caminos, no hay vías terciarias, ni navegabilidad en los ríos. Allí predomina la economía de la coca. Esos son municipios muy importantes, porque difícilmente podrán salir de una economía ilegal. – ¿Qué pasa con ese corredor que pasa desde el noreste antioqueño, por el Magdalena Medio y hasta el Norte de Santander llegando a la frontera con Venezuela? Ese es el famoso corredor que hay entre el Catatumbo nortesantandereano y el Golfo de Urabá. Lo más dramático allí son tres cosas. Es una zona de cultivo, procesamiento, transporte y exportación de drogas ilícitas. Hay en promedio entre tres y cuatro actores armados. Mientras tanto, el poder local está tomado por la ilegalidad. A diferencia del Pacífico, la Gobernación de Antioquia tiene recursos y tiene un programa de paz. Santander también tiene recursos y lo mismo Norte de Santander. Pero todo esto está atravesado por corrupción y mucha delincuencia. – Hay una cuarta región que está en rojo y es un solo municipio, Uribia, en La Guajira. ¿Qué pasa allá? Ese es un caso paradigmático; nos hicimos esa misma pregunta. Esa es una zona donde el exgobernador Francisco Kiko Gómez está preso por homicidio y una exalcaldesa de Manaure acaba de ser encarcelada por delitos como peculado y celebración indebida de contratos. Esa es la mejor definición de La Guajira. Llena de todo tipo de contrabando mafioso y esa mafia se vuelve Estado. Ese departamento no está en rojo porque sea pobre, municipios como Riohacha, que es la capital, han recibido suficiente dinero como para financiar la primera fase del Metro en Bogotá dos veces. Y aun así, no hay acueducto. La clase política de la región está vinculada con la ilegalidad y hay mucha población que depende de estas economías ilegales. – Ustedes manifiestan preocupación porque no ven en el Plan de Desarrollo inversión que corrija todos esos problemas… El Gobierno usa su propaganda para vendernos el plan de desarrollo como un plan para la paz. Pero no hay nada de eso. Se dice que se van a intervenir siete mil kilómetros en vías terciarias, pero no priorizan esos municipios que mencionamos. Igual pasa con acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Pareciera que los funcionarios de Bogotá no conocieran el resto del país. – ¿Qué les ha respondido el Gobierno al respecto? Lo que han dicho el Gobierno y Simón Gaviria es que como el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado sigue siendo válido, no se va a poner nada en el Plan de Desarrollo para no darle ventajas a las FARC. Lo otro es que muchos ministerios enviaron sus propuestas y lo que se hizo fue mezclar todo lo que éstos presentaron sin revisar bien. Le decimos al Departamento Nacional de Planeación que con los tres acuerdos que ya se han alcanzado en La Habana, se puede empezar a planear. Lo que falta por negociar son los temas de víctimas y dejación de armas, que no tienen nada que ver con la inversión que mencionamos. Entonces no hay razón para no meterlos. Además, esas cosas hay que hacerlas, se firme la paz o no. Los + críticos * Buenaventura (Valle del Cauca) * El Tambo, López de Micay, Santander de Quilichao y Timbiquí (Cauca) * Barbacoas y Tumaco (Nariño) * Riosucio, El Bajo y Medio Baudó (Chocó) * Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba) * Anorí y Urrao (Antioquia) * Tibú, Sardinata, El Carmen y El Tarra (Norte de Santander) * La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico y Vistahermosa (Meta) * Miraflores, Calamar, El Retorno y San José (Guaviare) * Curillo, La Montañita y Solano (Caquetá) * Orito, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís (Putumayo) * Mitú y Taraira (Vaupés) * Puerto Alegría y La Chorrera (Amazonas)

Foto: www.eluniversal.com.co Dieb Maloof recibe una vez más una orden de captura en su contra, esta vez por cuenta de un nuevo llamado de la Fiscalía General por el  asesinato del  Nelson Mejía, exalcalde del municipio Santo Tomas en el Atlántico. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Mejía fue asesinado por negarse a poner los recursos de la salud del municipio a disposición del exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio. El crimen fue perpetuado por Jaime Rodríguez Hernández, quien confesó antes un fiscal del proceso de Justicia y Paz   haber acribillado de cuatro tiros al alcalde. Este  hecho podría  corresponder a las intenciones del paramilitarismo de capturar los recursos del sistema de salud en los departamentos de la Costa Atlántica, en los que Dieb Maloof no solo servía como actor político dentro de la estructura criminal de alias Don Antonio, sino además habría participado como autor intelectual en muchos de los delitos que contra este bien público se cometieron en esta región. Para lograr tal fin, según la investigación académica “La Economía de los Paramilitares”, personajes locales de la Costa Atlántica, se habrían valido de  los Pactos del Dificil, Pivijay y Chivolo, para armar  una especie de plataforma política  donde los participantes y firmantes se comprometían a apoyar a determinados políticos desde la base, en un comienzo (Juntas de Acción Comunal, Concejos municipales, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones), para luego respaldar a un candidato a la cámara y otro a senado, en este caso José Gamarra quien aspiró a la Cámara de Representantes ,  y  a Dieb Maloof para el Senado. Según los resultados de la investigación sobre la paraeconomía, Dieb Maloof, desde su cargo de Senador de la República, fue  el encargado de cambiar las normas  que permitirían hacerse a los recursos de la salud girados a la Costa Atlántica. Fue entonces cuando  en compañía de su colega en el senado Eduardo Benítez, promovió arreglos desde el Legislativo al sistema de salud a partir del año 2003. A partir de ese entonces, Dieb Maloof y sus amigos  pusieron sus ojos en los recursos de la salud, utilizando  la figura de contratación a través de  cooperativas de trabajo asociado, pero además aprovechando  el reordenamiento territorial que dio el nuevo  Sistema de atención en  Salud, luego de la conversión del Instituto de los Seguros Sociales a Empresa Social del Estado (ESE). Para el caso de la Costa Atlántica,  el cambio que promovió Dieb Maloof desde el Legislativo, fue aprovechado por alias Don Antonio y alias Jorge 40,   para hacerse a los recursos de la salud a través de trece cooperativas de trabajo, gerenciadas por amigos y personas que de una u otra forma le eran  cercanas tanto a ellos, como  al  entonces Senador. De esa manera se desangró la Ese José Prudencio Padilla, la que no demoró en presentar  problemas de liquidez, al punto que obligó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez ordenar su  liquidación a través del Decreto 2505 de 2006. Otras investigaciones para Dieb Maloof José Humberto Torres, abogado defensor de derechos humanos y representante de la familia del desparecido Nelson Mejía,  al ser consultado por los medios de comunicación sobre la situación judicial del exparlamentario barranquillero, aseguró que «Al paso que va Maloof terminara sus días en una cárcel», y no es para menos. Dieb Maloof enfrenta además una investigación ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por  las supuestas relaciones de caciques electorales y políticos de los departamentos de Magdalena, Córdoba y Atlántico. Al parecer también habría dos procesos más en los que la Fiscalía investiga si el ex senador estuvo involucrado como posible determinador. ¿Quién es Dieb Maloof? Dieb Maloof es médico de profesión. Llego al Senado de la República en la lista del movimiento político Colombia Viva para el período 2002 -2006. Se acogió a Sentencia Anticipada, luego de que el Juzgado Único Especializado de Santa Marta, que lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y fraude electoral.  Su nombre aparecía en varios documentos del computador de ‘Jorge 40’, que le fue decomisado a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.  Uno de los documentos que comprometía al ex congresista con los paramilitares en un chat