Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: CNN en Español El 11 de mayo del 2021 las movilizaciones sociales sacudían el país. Era un estallido, algo que la historia reconocerá como una revolución. Ese día, en la noche, la noticia de que habían disparado ocho veces contra un estudiante que protestaba sobre el viaducto de Pereira. Pocos minutos después todos sabían su nombre, Lucas Villa, su edad, 37 años, sabían que le dedicaba su vida a estudiar ciencias del deporte y la recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira. La esperanza duró 48 horas hasta que el diagnóstico era irreversible, tenía muerte cerebral. Se difundieron por redes las imágenes que mostraban su alegría, su entusiasmo a la hora de salir a marchar. Poco tiempo después nos enteramos que la organización que lo había matado se llamaba La Cordillera. Un año después, en el 2022, mientras aún era candidato presidencial, Gustavo Petro denunció que la banda estaría detrás de un atentado que buscaba matarlo durante una manifestación en la plaza de Soacha. Desde ese momento se ha intentado dilucidar quienes están detrás de este grupo. Unos, como la Revista Raya, descubrieron que la Fiscalía ocultaba un organigrama en donde se constataba que el empresario César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, estaba detrás de esa estructura criminal. Los seguimientos por parte de la inteligencia de la policía venían desde el 2020. En un informe dejaron escrito que alias Diego Pereira, jefe de la banda, habría realizado una fiesta para celebrar su cumpleaños en donde se presentaría como plato fuerte la estrella del reggetón J Balvin según denunció en octubre del 2023 RTVC. Calzones habría pertenecido además a las tropas de Macaco cuando éste era un poderoso paramilitar. Calzones, dueño de una cadena de droguerías, le habría entregado desde el 2020 el poder de la banda criminal a uno de sus subalternos para mantener su bajo perfil. Él es un reconocido uribista. A comienzos de febrero del 2023 Hollman Morris explotó luego de que Fecode denunciara los allanamientos por parte de la Fiscalía, y publicó en su cuenta de X “Mientras allanan Fecode, la organización mafiosa “ La Cordillera”, a pesar de las investigaciones, no tiene un solo allanamiento en el Eje Cafetero, ¿para cuando los allanamientos a las organizaciones mafiosas”. El diario El Tiempo además reconoció en el organigrama de la Cordillera a un reconocido empresario llamado Diego Mauricio Giraldo Gallo, alias Diego Rines, quien tiene cinco sucursales de llantas y artículos de lujo en la ciudad. El empresario dice que su aparición en el organigrama se trata de un montaje. La Cordillera lleva 20 años de funcionamiento. La semilla la pusieron los hermanos Herrera Arrubla, miembros del frente capital de las Autodefensas Unidas de Colombia quienes operaban en el Cartucho en Bogotá pero después trasladaron sus operaciones a Risaralda. El reinado les duraría hasta que Macaco también se mudara a Pereira. Junto con otros desmovilizados fundaron La Cordillera para expandir su dominio en el microtráfico. Uno a uno los líderes de esta organización fueron cayendo y, a pesar de los golpes, la estructura criminal seguía funcionando. Si bien todos supieron de La Cordillera por el asesinato de Lucas Villa, su poder quedó evidenciado cuando decidieron hacer un plan para matar a Petro. La Fiscalía siempre desestimó esta denuncia del hoy presidente. “Tal y como se dijo en su momento sobre la Cordillera, en un artículo del 17 de octubre del 2023, la policía y la Fiscalía deberían estar encima de sus actividades: que se ha visto envuelta en polémicas debido a las constantes tensiones que parecen tener un carácter político con el Gobierno Nacional, y ha desestimado las serias acusaciones que han hecho contra “La Cordillera” y sus presuntos miembros, mientras esta se posiciona como una problemática compleja para la seguridad de la ciudad y su área metropolitana, y que, como se ha visto, puede llegar a tener repercusiones de alcance Nacional”. Ya hace más de una semana salió de la Fiscalía Francisco Barbosa y en su lugar está alguien de su riñón, Martha Mancera, y sin embargo aún se ve lejos el día que intenten atacar de plano la estructura de la banda criminal que controla el microtráfico en el eje cafetero.

Por: Laura Bonilla Colombia, en comparación con el resto de América Latina, tiene una gran ventaja en la producción de cifras sobre seguridad y violencia. No es que seamos los mejores, pero décadas de esfuerzos por salir de la guerra y el conflicto nos han proporcionado varios marcos de análisis útiles para la sociedad y los gobiernos. Sin embargo, surge un problema en la interpretación de estos datos. En primer lugar, la mayoría proviene de la misma fuente oficial, lo que limita la diversidad de perspectivas. Además, el procesamiento y la interpretación de estos datos recaen principalmente en la sociedad civil, dado que hace más de diez años el Estado desmanteló una de las mejores oficinas asesoras de derechos humanos y uno de los mejores observatorios que se tenían. Estas instituciones proporcionaban información pública, veraz y eficaz sobre la situación de violaciones, así como sobre el contexto regional y la presencia de actores armados, siendo sumamente relevante para el país. En medio de todo esto, la lucha se centra en la disputa por los datos, lo cual es lamentable. No hay nada más desafortunado que pelear por un dato pequeño para ver si respalda a un gobierno u otro. Mucho más cuando, por muy experto que uno sea y por muchas variables que se monitoreen, la realidad siempre será mucho más compleja, requiriendo generosidad por parte de todos los actores del sistema, incluyéndonos a nosotros, como sociedad civil. ¿Y dónde está el problema? En que si uno tiene un montón de variables, el análisis de estas puede funcionar para un lado o para otro. En medio de la tensión política actual, hay quienes utilizan un paquete de datos para desacreditar al gobierno y a los esfuerzos de paz, y otros que lo hacen para aplaudirlos y decir que todo va por buen camino. No hace falta ser un genio para saber que ni lo uno ni lo otro aportan; por el contrario, hacen daño. Quienes afirman que la paz y sus "incentivos perversos" han fortalecido a los grupos armados desconocen, al menos, veinte años de las curvas de violencia, pero también ignoran que no toda violencia implica fortalecimiento. Les doy un ejemplo muy sencillo: el hecho de que haya combates y, por lo tanto, desplazamiento forzado no implica que un solo grupo controle el territorio, sus economías y su gente. Por el contrario, sugiere que hay disputa. Si un grupo armado, ya sea guerrilla, GAO, paramilitares, o cualquier otro, controlara todo, no tendría necesidad de realizar grandes aspavientos violentos. La violencia en este caso sería más selectiva. A veces se manifiesta especialmente como asesinato de civiles con liderazgo en sus territorios, lo que llamamos asesinato de líderes y lideresas sociales, pero en ocasiones lo que hay son imponentes desiertos de información y dolorosos silencios. Por ejemplo, silencios como los que hubo durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque. El Clan del Golfo no es lo que es hoy debido a dos años de gobierno de izquierda, sino a más de cuatro gobiernos que le permitieron crecer hasta convertirse en un monstruo con poder y control en 266 municipios. Pero también aquellos que dicen que todo está disminuyendo y no reconocen que hay repertorios de violencia dolorosos que se están incrementando en varias regiones del país, y que la forma en que algunos ceses al fuego se plantearon en sus inicios tuvo consecuencias negativas, y que además se necesita hacer mucho, muchísimo más en este gobierno debido a las altas expectativas generadas en las comunidades y las regiones que esperan un alivio a la violencia, no solo pecan de lo que muchos hicieron en el pasado, sino que también corren un serio riesgo de darle la espalda a la gente que lo necesita. Por supuesto, la gente tiene todo el derecho a tener expectativas más altas en el gobierno que les prometió la paz. Hay problemas con confinamientos, continúan los asesinatos de líderes sociales y las restricciones al acceso de ayudas humanitarias hacen más difícil la vida para la gente que está sufriendo. Pero si hay un sector que durante décadas ha sostenido la necesidad de la paz, el respeto de los derechos humanos y ha hecho visible lo invisible, es la sociedad civil. Este músculo de gente que está auténticamente interesado en disminuir la violencia ha sacado a la luz grandes crímenes que de otro modo habrían quedado impunes y hace su mejor esfuerzo para que sus análisis logren el propósito de proporcionar la mejor información para tomar las mejores decisiones. Si me siento orgullosa de algo, es del trabajo conjunto con mis colegas de Pares, Indepaz, de Crisis Group, de CORE, de FIP. No es este sector el que está vociferando verdades a medias. Por el contrario, aún en tiempos muy difíciles, es el que está haciendo todo lo posible por entender la verdad. No cedamos a la tentación de ir a la disputa espuria por los datos.

Semana de19 al 23 de febrero El principal hecho de la semana en este proceso de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, fue el paro armado promovido por el Frente de Guerra Occidental del ELN, en los Rios San Juan y Baudó, lo cual fue respondido por el Alto Comisionado de Paz Otty Patiño, con una declaración en la que señaló que este paro es un incumplimiento del compromiso pactado en el VI encuentro, sobre cese bilateral de fuego y hostilidades. En el Chocó se vive una crítica situación humanitaria en varias de sus subregiones: Atrato, El San Juan y El Baudó, donde se mantienen confrontaciones entre el ELN y las AGC, esta continuidad de las violencias la sufren las comunidades negras e indígenas. El paro armado fue levantado, las confrontaciones siguen en varios puntos del Chocó, esta situación ha sido respondida por la delegación de gobierno, con una jornada de trabajo este sábado 17 de febrero, liderada por la jefa de la delegación Vera Grabe, hay que ver que sale de esa jornada de trabajo, como cambios en el Chocó, en una perspectiva de alivios para las comunidades. Esta jornada del sábado 17 de febrero tuvo la presencia de la Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, varios alcaldes y representantes de las organizaciones afro e indígenas. Los hechos del Chocó, evidencian las dificultades que afronta la política de seguridad y la política de Paz Total: la continuidad de las violencias organizadas, en este caso en el Chocó, los vínculos de agentes estatales, trabajando de manera coordinada con las AGC, ya lo hemos mencionado en esta Bitácora en anteriores oportunidades, denuncia hecha por los obispos del Pacifico en reiteradas ocasiones, no es un tema fácil y muestra los enormes retos en los que se mueve este proceso de paz con el ELN. Si las situaciones de violencias en los territorios no mejora, es muy difícil que la política de Paz Total avance, se requiere distensiones y  respeto por las comunidades y allí el desempeño de la fuerza pública es muy importante y debe ser acompañada por acciones que vayan a los temas centrales del territorio, otro punto clave en el cual el gobierno aún no envía señales contundentes: ¿Qué significa asumir la construcción de estado de derecho en los territorios donde permanecen las violencias organizadas, y en este caso donde permanece el ELN? Antonio Garcia y Pablo Beltran, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, han sido enfáticos en que se requieren transformaciones, que construyan una visión compartida de paz, como quedó establecido en la agenda pactada en México en marzo del año pasado, sin transformaciones pactadas entre Gobierno Colombiano y el ELN, en una amplia participación, no hay nada sustancial, lo cual nos lleva a afirmar que este proceso va muy lento, que el tiempo pasa y aún no tenemos en Plan nacional de participación y este solo estará formulado en Mayo, lo cual nos deja la preocupación por las transformaciones y los tiempos y recursos para llevarlas adelante. En el debate público siguen los temas de secuestro y el Fondo Bilateral para financiar el proceso de paz, estos temas requieren mejor comunicación por parte del gobierno y mucha acción pedagógica en los territorios, de allí la importancia de la presencia de la delegación del gobierno en el Chocó, lo cual debe ser norma de acción en el gobierno, ir a las regiones a comunicar y motivar el involucramiento de las sociedades regionales en este propósito de construir un conjunto de transformaciones, que hagan posible la construcción del estado social y de derecho. Declaración del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño Hormaza "Vera Grabe, jefa de la delegación de gobierno en los diálogos de paz con el ELN, hace un balance de la jornada realizada con autoridades locales y comunidades en Quibdó, Chocó". https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/expertos-opinan-sobre-los-pros-y-contras-del-fondo-multidonante/ EXPERTOS OPINAN SOBRE LOS PROS Y CONTRAS DEL FONDO MULTIDONANTE Delegación del Gobierno ante ELN, en Chocó - Noticias Uno Al Aire Negociadores del Gobierno con ƎLИ viajaron a Chocó para revisar efectos del paro ARM4D0 Iván Cepeda, negociador del Gobierno con el ELN, dice que el cese al fuego es “imperfecto” Una región colombiana marcada por la guerrilla y a merced de las bandas del narco Paro armado no quedó incluido como una violación al cese del fuego: José Félix Lafaurie Segundo día de "paro AЯMAD0" de ƎLИ en Chocó. No hay comida | Noticias UNO ELN suspende paro armado en Colombia tras duras críticas del gobierno ¿Es el momento para garantizar fondos para el ELN? Entrevista a Antonio Garcia, Primer comandante del ELN - ENTREVISTA PARA EL MEDIO BERRIA DE EUSKALERRIA - FEBRERO 2024. https://telegra.ph/ENTREVISTA-PARA-EL-MEDIO-BERRIA-DE-EUSKALERRIA---FEBRERO-2024-02-12 Dialogo en la Red X con Pablo Beltrán, desde la Plataforma de Isegoria de la Universidad de Antioquia https://alairenoticias.com/blog/noticias-arauca-ultima-hora/eln-en-arauca-dice-que-si-apoya-proceso-de-paz/ ELN en Arauca dice que sí están representados en la mesa y apoyan el Proceso de Paz https://ultimasnoticiasarauca.com/director-de-pares-insta-a-comunidad-a-presionar-por-dialogos-de-paz-en-arauca/ Director de Pares insta a comunidad a presionar por diálogos de paz en Arauca En este momento en el #ELN hay una sincronización orgánico política en todas las estructuras y ahí está el #FGOELN, nos sentimos representados en la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional https://twitter.com/fgoriental_eln Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El primero de marzo de 2024 se cumplirá un año de continua caída en el nivel de inflación en Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el acumulado anual de crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 13.34%, en marzo del año anterior —el nivel más alto desde 1999—, a uno de 8.35%, en enero de este año. Y según proyecciones optimistas, está reducción continuará dándose todo el periodo. En un comunicado de prensa, el DANE (https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/cp-IPC-ene2024.pdf) mostró que enero de 2024 los sectores que más ayudaron a que el nivel de precios cayera fueron las divisiones de Recreación y cultura, e Información y comunicaciones, que presentaron una caída negativa del -0.21% y -0.12%, respectivamente. Al igual que la Educación, que no varió, y la división de Prendas de vestir y el calzado, que alcanzó la baja cifra del 0.3%. Está es una muy buena noticia para los colombianos. Pues, por un lado, luego del rebrote de la inflación en 2022 y 2023, en este nuevo año el nivel de inflación se sitúa por debajo de los dos dígitos, lo que hace que tengamos una economía cada vez más sana, robusta y mejor manejada monetariamente. Lo que lleva a considerar como muy positivas las acciones de control monetario que viene implementando la Junta Directiva del Banco de la República desde hace un par de años. Y por el otro, el sistema económico le está entregando señales a la ciudadanía de que el tratamiento contra el cáncer de la inflación en Colombia está funcionando. Lo que se considera una la buena noticia para la población, en especial para la más pobre. Pues se le está diciendo que el incremento del IPC no seguirá comiéndose lentamente el poder adquisitivo de compra que obtuvo en enero con el aumento del salario mínimo legal vigente —que fue del 12%—. Resultando un gran respiro en el mejoramiento del nivel de vida en términos reales. Sin embargo, el mismo comunicado de prensa del DANE llama la atención que las divisiones de Transporte, Restaurantes y Bebidas alcohólicas son las que presentan mayor variación mensual, con un cambio positivo en enero de 1.99%, 1.72% y 1.11%, respectivamente. Y con un acumulado anual superior al promedio del IPC en el último año: el Transporte creció el 13.22%, los Restaurantes el 11.70% y las Bebidas del 11.55%. A pesar de que para algunos analistas este comportamiento de los precios por subsectores es normal, quiero dejar planteado que esta variación debe tomarse como una señal de alarma para la economía, en particular para la población de menores ingresos en el país. La variación en el Transporte, los Restaurantes y las Bebidas alcohólicas, al igual que en el rubro de los Alimentos son una señal de que el país este año se enfrentará a una situación de aumento significativo en el costo de los alimentos en general. Como dije, para el Gobierno Nacional —tanto para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como el de Minas y Energía— la variación de la división de Transporte es normal. Para ellos es recurrente que en enero suben los peajes, los sistemas integrados de transporte urbano en las grandes ciudades, la gasolina y los aceites para vehículos, entre otros factores de esta división. Pero lo cierto es que el incremento que viene dándose en la división del transporte es inusual. Durante todo el año 2023 vimos como la gasolina subió su costo, al punto de casi duplicar el precio, debido a la disminución programada del Estado de reducir el subsidio al consumo de este bien y como estrategia para atacar el déficit creciente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Para este año la tarea será similar, pero ahora con el precio del Aceite Combustible Para Motores (ACPM). Este combustible tiene un subsidio similar y, al igual que la gasolina, viene dejando diariamente un hueco fiscal cercano a los 50 mil millones diarios. El Gobierno sabe que debe comenzar de manera urgente con un programa de incremento mensual del precio de este combustible, similar al usado en 2022-2023 con la gasolina, con el objetivo de acabar el subsidio a los transportadores. Como se ha advertido, esta decisión gubernamental causará algunos problemas en el país, entre ellos, el aumento de protestas por parte del sector de los camioneros. Pero el mayor efecto lo tendremos en el aumento del costo de los alimentos. Los camioneros querrán trasladar la disminución del subsidio al ACPM —o el aumento en el precio del combustible— al sistema de costo de su servicio, que en la mayoría de casos es la división de Alimentos y con ello de nuevo a los Restaurantes y Bebidas. Otro componente detonante del aumento del costo de los alimentos en Colombia en 2024 será el que está provocando el fenómeno climático de El Niño. Todos hemos visto y sentido como el calor aumenta cada día más. A pesar de las cortas lluvias en algunos lugares del país, lo cierto es que el fenómeno atmosférico se ha expandido y está afectando los sembrados y plantaciones de las que obtenemos los alimentos que se compran en el mercado. En este sentido, este año asistiremos a una escasez de productos provenientes del campo. El mismo DANE ya reporta alza en el precio de los mangos, las habichuelas y las carnes de aves. Todos ellos productos agropecuarios que utilizamos tanto en los hogares como en los restaurantes y espacios comerciales donde se venden alimentos. En conclusión, el costo de los alimentos que consumimos en Colombia aumentará este año más de lo habitual. Tanto para los que preparamos en casa como para los que se ingieren en los establecimientos comerciales. Veremos este 2024 subir los costos a productos como las frutas frescas, la leche, la mantequilla de vaca, las carnes de res y de aves; y tubérculos como la arracacha o el ñame. Todos ellos reportaron incrementos superiores al nivel de inflación. Este incremento afectará al IPC —aunque lo más seguro es que siga cayendo debido a otros componentes que presionaran su caída—. Pero, sobre todo, reducirá el bienestar y el nivel de vida de la población. Tendremos un año en que la pobreza y el hambre aumentarán. Somos un país donde la mayoría de la población gasta un porcentaje mayor de sus salarios en comida —en promedio un 40%— y, por tanto, el aumento en el precio de los alimentos afecta de forma desproporcionada a la población de menores ingresos. *Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El País El primer cara a cara entre Andrés Julián Rendón y el presidente fue el 12 de diciembre del 2023. En ese momento el político de la entraña del uribismo aún no se había posesionado como gobernador de Antioquia. Acudía al Palacio de Nariño a una reunión con los 18 gobernador que aún no se habían alineado al gobierno. Ante los micrófonos a Rendón no le tembló la voz para criticar la Paz Total. Buena parte de los grupos delincuenciales con los que el presidente se quiere sentar a dialogar operan en Antioquia. Rendón descalificó el intento de diálogo por parte del gobierno con esas bandas como una imposición: “El imperio de la paz” lo llamó. Este no era más que el prólogo de una pelea que hoy se extiende a otros campos, como la Universidad de Antioquia y el presupuesto vial. A comienzos de febrero, ya posesionado como gobernador, Rendón criticó a esos estudiantes que duran más de 13 semestres haciendo sus carreras en la Universidad de Antioquia. Incluso dejó entrever que estas personas irían al campus universitario a hacer algo más que estudiar. Esto reveló el interés que tiene Rendón en la elección del próximo rector. Petro también estaría interesado en conservar influencia en el campus. Según La Silla Vacía, “ambos mandatarios tiene silla en el Consejo Superior Universitario, pero sus votos no son suficientes para elegir a un rector amigo. La universidad de Antioquia es la segunda más importante del país y este año moverá un presupuesto de 1.6 billones de pesos. El actual rector es John Jairo Arboleda quien busca conseguir por tercera vez la elección. En el 2018 derrotó a una de las fichas claves de Rendón, Mauricio Alviar, quien hoy es el secretario de educación de la gobernación. Arboleda ha sido criticado duramente por el hoy gobernador por lo que él supone posiciones laxas a la hora de combatir el microtráfico que históricamente se ha movido dentro del campus de la universidad. Pero el campus universitario es apenas uno de los terrenos donde se mueve la batalla entre presidente y gobernación. Antioquia necesita cuatro billones de pesos para terminar de construir las vías 4G pero para Petro, después de ver un mapa que le entregó el ministerio de Transporte, estas vías beneficiaría a los más poderosos en Medellín. En una intervención que realizó en la Universidad Industrial de Santander “las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado, Medellín, y Rionegro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas.En el tramo referenciado por el presidente viven personalidades de la farándula nacional e influyentes políticos, entre Álvaro Uribe y J Balvin, por mencionar un par de ejemplos”. En una entrevista en la revista Semana Rendón le contestó al presidente: “Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el centro y occidente del país con la Costa caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia”. Una de las iniciativas que más preocupa al gobierno es la del gobernador Rendón de realizar un referendo para que las regiones puedan tener autonomía fiscal y no depender del gobierno nacional para obtener recursos. Rendón ha afirmado que el gobierno Petro estaría castigando a Antioquia. En las últimas horas Rendón anunció un refuerzo de lujo en su equipo para realizar esta iniciativa: Jorge Iván González, ex director del DNP, se sumará a sus filas. Este referendo le ha traído críticas al actual gobernador. Hay voces que afirman que se trataría de un intento de federalización, de independencia de Antioquia de Colombia, una propuesta controversial que han esgrimido personajes tan cuestionables en el pasado. En una entrevista realizada por El Tiempo se le pregunta sobre esto y Rendón responde: “A mi me gusta el Federalismo, pero no estoy embarcado en eso. Es una discusión que ha sostenido el país en los últimos 200 años. Incluso en una discusión, hemos tenido guerras y ha habido violencia. Estamos hablando sólo de inducir un cambio en el artículo 298”. Para hacer este referendo Rendón debe recoger dos millones de firmas pero para asegurarlo, el actual gobernador afirma que recaudará el doble, cuatro millones. Otra de las propuestas de Rendón choca de lleno con la ideología de Petro, la de crear frentes ciudadanos de seguridad, algo que realizó mientras fue alcalde de Rionegro. Sus detractores afirman que esto es sólo un intento para revivir las CONVIVIR, los grupos ciudadanos creados durante la gobernación de Alvaro Uribe a mediados de los noventa. Mientras fue alcalde de Rionegro la Procuraduría le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Rionegro (Sitirio). En su equipo de campaña cuenta con pesos pesados del uribismo como la senadora Paola Holguín y el representante Hernán Cadavid.

Por: Katerin Erazo La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) anunció con entusiasmo hace unas semanas a los ganadores del codiciado Premio WOLA de Derechos Humanos 2024, destacando su dedicación ejemplar en la promoción de los derechos humanos en todo el continente americano. La entrega de estos premios se llevará a cabo durante la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos en el 50 Aniversario de WOLA, programada para el 9 de mayo en la capital estadounidense, Washington D.C. Este evento conmemora cinco décadas de incansable activismo en pro de la justicia y la democracia en la región. Entre los distinguidos galardonados figura el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización no gubernamental que se describe a sí misma como un ejemplo de coraje sobresaliente en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela. Reconocida por su firme compromiso con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos en su país, Provea se alza como un faro de esperanza en medio de desafíos y adversidades. Desde su fundación en Caracas el 15 de octubre de 1988, Provea ha sido un pilar fundamental en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Con sus fundadores, Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas, a la cabeza, la organización ha enfrentado valientemente la represión y la injusticia, abogando incansablemente por la igualdad y la justicia para todos los venezolanos. La misión de Provea va más allá de la mera defensa de los derechos humanos; se trata de una pasión ardiente por construir una sociedad justa y equitativa. A través de la documentación, la investigación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela, Provea ha desafiado a los poderes establecidos y ha dado voz a los más vulnerables. Con objetivos claros y determinación inquebrantable, Provea se ha convertido en un bastión de esperanza para miles de venezolanos que luchan por un futuro mejor. Su alianza estratégica con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desde el año 2021, cuando se comprometieron a crear en Venezuela el Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA), que actuaría en conjunto con observatorios similares en Colombia y Perú, ha fortalecido aún más su capacidad para abordar las injusticias y los abusos en el país, trabajando en conjunto para crear el Observatorio en Defensa de la Vida en Venezuela. Raúl Cubas, coordinador del Observatorio en Defensa para la Vida en Venezuela, resalta la importancia de esta alianza y el impacto positivo que ha tenido en la protección de los derechos humanos en el país. Desde la capacitación de líderes indígenas de cuatro estados del país (Zulia, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) hasta la creación de una red de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales, Provea y PARES han demostrado su capacidad para generar un cambio real y duradero. Según Raúl Cubas, la perspectiva más destacada de este proyecto radica en su capacidad para generar un impacto a nivel internacional sobre la situación en los tres países de la región. Actualmente, tienen planificado para este año 2024 la elaboración de informes sobre la Amazonía en Venezuela, Colombia y Perú. Esto busca resaltar la problemática que afecta a estos países, cada uno con sus particularidades. En Colombia y Perú, los principales infractores de los derechos humanos y ambientales suelen ser empresas transnacionales que operan en la región amazónica, mientras que en Venezuela, es el propio Estado venezolano, a través de su Gobierno, el que ha implementado políticas extractivistas en el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas, llevadas a cabo de manera ilegal. Es importante destacar que, en el caso venezolano, todas estas actividades son realizadas por el Estado en colaboración o con la aquiescencia de grupos irregulares armados de origen colombiano, que tienen una presencia fundamental en la práctica de la minería extractivista en los estados Amazonas y Bolívar. En cuanto a las estrategias a futuro, Raúl Cubas mencionó que, según lo discutido y acordado en la reunión donde se elaboró el Plan de Acción del año 2024, Pares también está interesado en que Provea participe en otros proyectos además del Día de Vida. Estos podrían incluir temas relacionados con el monitoreo de procesos electorales. Cabe recordar que, en Venezuela, este año se llevará a cabo un proceso electoral que, como es de conocimiento general, se prevé que sea complicado debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, se está considerando un proyecto para monitorear la presencia de lo que se denomina "economías criminales" en los tres países, donde Venezuela tiene mucho que aportar. Este tema también está siendo debatido. Además, se está considerando la posibilidad de asociarse en un trabajo binacional para monitorear los problemas fronterizos en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas en Venezuela, así como en La Guajira, Norte de Santander, Arauca y la región fronteriza con Amazonas en Venezuela. Por esta razón, el reconocimiento de Provea con el Premio WOLA de Derechos Humanos 2024 es un testimonio de su dedicación y sacrificio en la búsqueda de un mundo más justo y humano. En la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos del 50 Aniversario de WOLA, se celebrará la valentía y el compromiso de Provea, reafirmando el compromiso compartido con la justicia y la igualdad en las Américas. Para obtener más información sobre los informes, notas y el Observatorio para la Defensa de la Vida en Venezuela, visite la página web de Pares www.pares.com.co  y seleccione la pestaña ODEVIDA.

Por: Guillermo Linero Buena parte de la ciudadanía no comprende la demora de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la elección del remplazo legal del ex fiscal Francisco Barbosa; y es natural que así sea, pues tal demora se escapa del sentido común. En efecto, el sentido común es una virtud compartida por la especie humana, fundada en la capacidad de observar al mundo, y a los hechos que ocurren en él, de similar manera; pero, especialmente, es una virtud fundada en la capacidad de visualizar nuestros problemas (como que no hayan elegido a un fiscal en propiedad y en su remplazo hayan puesto a una persona señalada de graves delitos) y fundada también en la capacidad para visualizar la solución inmediata, cuando esta es obvia (como en este caso que nos ocupa, donde elementalmente se trata de elegir en calidad de fiscal a una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro, pues no de otra manera lo dicta la Constitución Política de Colombia). No obstante, más allá del sentido común, los magistrados tampoco son entendibles desde el sentido lógico, que es precisamente el encargado de dar respuesta a los problemas advertidos por el sentido común. De hecho, el sentido lógico es la capacidad de las personas para solucionar problemas activando su cognición; es decir, contrastando hechos (como los indicios delincuenciales que afectan a la fiscal general encargada, con las inmaculadas trayectorias laborales de las ternadas); pero igualmente confrontando ideas (como las ideas guerreristas de los presidentes que gobernaron hasta 2022 y las ideas pacifistas del presidente Gustavo Petro). La dinámica intelectual que exige el sentido lógico es tan simple, y tan corriente en la media cognitiva de los políticos y de los funcionarios estatales, que resulta difícil imaginar a un magistrado rompiéndose los sesos para llevarla a cabo. Lo cierto es que esos ciudadanos perplejos que manifiestan no entender bien la falta de eficiencia de los magistrados, todos comprenden por cuenta del sentido común que la Constitución, al determinar el periodo de un fiscal está determinando implícitamente que al llegar a su término, en ese mismo momento, comienza el periodo de su sucesor y no de un poderhabiente que lo perpetúe. El artículo 249 de la constitución señala que: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido”. Lo rector de ese dictamen constitucional, aunque en él nada se diga de ello –pues las normas y las leyes son igualmente para interpretarlas- es que debemos acoger el artículo 249 al pie de la letra, por una estricta razón: la fiscalía es una institución encargada de perseguir a los criminales y no puede haber en ella pausas de interinidad sólo porque los magistrados de la Corte no hayan sido capaces de escoger un nuevo fiscal, pues esta interinidad podría ser una suerte de tregua para los delincuentes. En efecto, se escapa del sentido común que luego de haber examinado las hojas de vida de las ternadas, que luego de entrevistarlas y haberlas validado como integrantes de la terna, ahora se contradigan invalidándolas; y se escapa del sentido común porque lo han podido haber previsto y evitarse la inútil figura del voto en blanco. De hecho, votar en blanco significa que ninguna de las ternadas estaba facultada para el cargo cuando las examinaron, y apenas ahora, tal vez por pruebas sobrevinientes que desconocemos, advierten que no son dignas o aptas para la conducción de los asuntos de la fiscalía. En medio de todo, y como no podría faltar, llama la atención que los periodistas y los políticos que consienten las malas maneras de los magistrados, de la fiscal y de la procuradora, se pongan de acuerdo en profesar que la Corte es intocable, como lo eran en los tiempos monárquicos los séquitos del rey. Por tal razón, tal vez los magistrados piensen que pueden ocuparse el tiempo que les venga en ganas para tomar sus decisiones. Empero, lo único verdadero es la falsedad del criterio propagado acerca de que es irrespetuoso, o que constituye un signo de expresión indebida contra la Corte, pedirles a los magistrados plegarse al sentido común, obedeciendo lo que la constitución implícitamente establece, o plegarse al sentido lógico, reflexionando acerca de que las consecuencias en materia de persecución al crimen, por su alta peligrosidad no resisten tregua alguna; sobre todo en un país que ha sido gobernado, o al menos eso es lo que cada vez se nos hace más claro, por una narcocracia inescrupulosa y manipuladora de los gobernantes.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Nacional El viernes 9 de febrero la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel estaba a punto de dejar Venezuela, se disponía a tomar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas cuando fue detenida por el régimen de Maduro. Durante 72 horas no se supo de ella. Estuvo incomunicada. Sin demasiadas pruebas fue acusada de encabezar un golpe que buscaba asesinar a Nicolás Maduro. Su familia también fue detenida por unas horas. Este atropello levantó las voces de Aminstía Internacional y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La respuesta del régimen no pudo ser más violenta. A través del canciller Yvan Gil, se anunció que el gobierno venezolano suspendería las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Venezuela. Esta oficina estaba desde el 2019 en el país, arrancó con dos funcionarios y ahora ya tenía trece. Era una oficina con muy bajo perfil, con limitaciones en cuanto a trabajo en terreno y en la efectividad que podría tener a la hora de resolverle los problemas a las víctimas. Y con las uñas igual trabajaban. Se hizo un recorrido por varias cárceles del país ya que el hacinamiento en ellas es otro de los males en materia de derechos humanos que tiene ahora Venezuela. Se mantenía un contacto directo con funcionarios, voceros y representantes de las Instituciones Públicas. Oscar Murillo, nuevo coordinador general de Provea, da su opinión sobre este nuevo golpe a las libertades en el vecino país: “Esta salida abrupta profundiza la desprotección de las victimas en el país y genera un corto circuito de mediación con el sistema de desprotección con derechos humanos. Evidentemente es un retroceso, más allá de las diferencias y el desempeño de la oficina”. Para el canciller Gil esta oficina “es una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”. Y además se refirió a la ONU como una institución “colonialista”. Mientras tanto esta oficina contestó ante esta nueva afrenta: “Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”. La persecución hacia la oposición política y civil a lo que ellos llaman Revolución Bolivaria es una constante en Venezuela. El caso de la detención arbitraria de Rocío Sanmiguel y la posterior expulsión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, es una muestra de su talante autoritario y déspota.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País y Caracol Radio La primera cachetada que recibió Iván Cepeda por parte de Álvaro Uribe ocurrió en julio del 2004. Las puertas del congreso se abrieron de par en par para recibir y aplaudir a los tres hombres más importantes del paramilitarismo: Salvatore Mancuso, rey de Córdoba, Ramón Isaza, amo y señor del Magdalena Medio y Ernesto Baez, el gran ideólogo de las AUC. Senadores tan populares en ese momento como Carlos Moreno de Caro se levantaron solícitos para abrazarlos y felicitarlos. ¡Habían limpiado al país de la plaga subversiva! Mientras los tres asesinos soltaban sus discursos ante la mirada hechizada de los padres de la patria, afuera, en la Plaza de Bolívar, cientos de personas que habían sido arrastradas en ese vendaval de despojos, masacres, desapariciones y asesinatos, protestaban contra este atentado a las instituciones. Una de las voces que más alto se escuchaba era Iván Cepeda. Diez años atrás, el 9 de agosto de 1994, su papá, el senador Manuel Cepeda, director del Semanario Voz y cabeza visible de la martirizada Unión Patriótica, dejó su casa en el barrio Ciudad Banderas, acompañado por un conductor y su escolta. En medio del camino una camioneta Luv, de color blanca, les cerró el paso. Dispararon. “Nos dieron” alcanzó a decir el conductor antes de que el cuerpo de Manuel Cepeda se desplomara. Al otro día el diario El Tiempo, el de mayor circulación en el país, tituló “Asesinado Senador Comunista”. Nunca le he preguntado a su hijo Iván, a los que quedaron, ¿Qué pensaron ante esta línea tan fría, casi que tan justificativa que sacaba el periódico de mayor circulación del país? Era, sólo, uno más de los dirigentes de izquierda que caían en el país. Ya se sumaban 4.000 miembros de la UP asesinados. Era un genocidio. Las investigaciones no tardaron en descubrir la verdad: Manuel Cepeda habría sido asesinado por un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y los paramilitares de Córdoba. Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño tenían en la mira al político y lo mataron. Unos pocos meses después de la tragedia el joven Iván Cepeda le dijo a uno de los amigos de confianza de Manuel, Alirio Uribe, esta frase “Alirio, vengo a hablar contigo porque mi papá me dijo que si le pasaba algo, tú sabías quiénes me iban a matar”. Uribe le dio la voz de alarma, lo único que tenía que hacer era irse del país. Iván Cepeda, a sus 32 años, ya estaba comprometido con la causa. Según la Silla Vacía había ingresado a las filas de la JUCO a los 13 años, estudió en Sofía en los años ochenta, cuando aún Bulgaria estaba tras el telón de acero y, a su regreso a Colombia, se había entusiasmado con el proceso de paz del M-19. Y entonces se fue para Lyon, en Francia, y desde ahí no descansó hasta que se descubrió que agentes del Estado habían estado detrás del asesinato de su padre. Y entonces tenía que aguantarse que a los que masacraron a Manuel Cepeda los vitorearan en el Congreso durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el principio de la sesión Iván Cepeda, quien en ese momento era más reconocido por haber creado el MOVICE y por su vigorosa columna en El Espectador que por su labor política, estaba en la tribuna de prensa del Congreso. Cuando Mancuso iba a tomar la palabra, Cepeda sacó una foto de su papá, las cámaras de televisión lo enfocaron. La fuerza pública lo sacó del recinto. Su voz no se cayó y se unió a los que protestaban con furia por la humillación. Años después las máscaras caerían y gracias a la investigación de la Fundación Arco Iris se descubrió el fenómeno de la parapolítica. Cepeda siempre fue un crítico del gobierno Uribe y, sobre todo, del proceso de paz con las AUC. Ha visitado, incluso en sus celdas en Estados Unidos,  a comandantes paracos que quieren contar su versión de lo que pasó, pero que fueron extraditados para callarlos. Entonces Cepeda le descubrió los pies de barro al ídolo de Uribe. Se lanzó a la Cámara en el 2009, armaba los debates en el congreso más documentados y sacó investigaciones como el libro A las puertas del Uberrimo capaz de mostrar el pasado de Uribe que él guardaba con celo y descubre cómo empieza a volverse poderoso a partir de todas las irregularidades de lo que sucedía en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por el fenómeno paramilitar. El despojo, la usurpación de tierras, las desapariciones rodeaban el Ubérrimo. Incluso en el centro de la ciudad de Montería, como le recordó en una conversación Iván Cepeda a María Jimena Duzán, había una escultura en honor a los paramilitares. Entre sus descubrimientos estuvo la de que se habían hecho reformas arquitectónicas en el Ubérrimo con platas públicas, algo que siempre negó Uribe. En su investigación Cepeda descubrió, en la sección de sociales del periódico El meridiano de Córdoba, fotos de los hijos de Uribe con mafiosos. Incluso en su investigación Cepeda les pidió a las directivas del periódico las fotos para publicarlas en el libro pero no lo permitieron. A pesar de todas las revelaciones contra el hoy expresidente, jamás le llegó una denuncia por calumnia. Desde entonces Uribe lo ha tenido en la mira. Cepeda no se calla. Hace debates memorables sobre la relación de Alvaro y Santiago Uribe con el Bloque Metro de las AUC. Pone en el ojo público la palabra Guacharacas, propiedad de los Uribe. Fue en ese lugar en donde el papá de ellos fue asesinado en 1983. Cepeda se adentra en la investigación de cómo se había legalizado la tierra que fue despojada a sangre y fuego por parte de los paramilitares en Montes de María, en Antioquia. En su investigación hace correrías por las cárceles y conoce a dos presos, dos exparas, Juan Guillermo Monsalve y el Tuso Sierra, quienes le cuentan el surgimiento del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, una investigación que además complementó la periodista Olga Behar en su libro Los doce apóstoles. La memoria es frágil, pero pocos recuerdan lo difícil que fue para Cepeda hacerle un debate a Uribe quien acaso cometiera un error al haberse lanzado en el año 2014 como senador. Lo protegían. Después de formularlo Cepeda incluso perdió la investidura. Uribe lo demanda en el 2014 por injuria y calumnia. La Corte le da la razón y empieza una investigación contra el senador de izquierda por presunta manipulación de testigos. Alvaro Uribe afirma que Cepeda le dio dádivas a los paras para que hablaran contra él. Monsalve y Sierra se desdicen. El viejo luchador comunista empieza a darse cuenta de la magnitud del monstruo que se debe enfrentar. Vienen años duros, cruzados incluso por una enfermedad a la que pocos sobreviven. En el 2018 el efecto boomerang termina afectando a Uribe. Se le devuelve la denuncia. La Corte le cerró la investigación a Cepeda y anuncia que le abrirá uno a Uribe por presentar falsos testigos. El 20 de agosto del 2020, en plena pandemia, Álvaro Uribe Vélez es detenido. La Corte encontró pruebas suficientes para demostrar que Diego Cadena, el extravagante abogado del expresidente, había intentado sobornar a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión e incriminara al senador de izquierda. Varios testigos también hicieron la misma acusación contra Cadena. Este reconoció haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como "ayuda humanitaria". Cadena fue detenido en el 2022 acusado de fraude procesal. Uribe ha intentado reencaucharse políticamente, pero el triunfo de Gustavo Petro fue una muestra más de su decadencia. Ha intentado por todos los medios buscar la preclusión de su caso pero éste continúa. Incluso está llamado a juicio. Con una Fiscalía no tan cercana a él como es la de Barbosa la suerte del expresidente podría asemejarse a otros líderes de la región que ostentaron poderes y popularidad insospechados y que terminaron tras las rejas como Alberto Fuijimori. Mientras tanto Cepeda es conocido como el arquitecto de la Paz Total y, a sus 64 años, está viviendo una segunda juventud. Los males han quedado atrás. Algunos enemigos, como Uribe, pierden relevancia con el pasar de los días. Hay motivos para seguir sonriendo.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: El Heraldo En una ceremonia en la que durante varias ocasiones se habló sobre la llegada de las energías limpias y sobre la Transición energética justa que pone como centro a las comunidades más vulnerables, la compañía energética Enel entregó el Parque Solar La Loma, un proyecto que alberga  más de 400,000 paneles solares que producirán energía por un periodo de 20 años y que, según Enel podrán suplir las necesidades de aproximadamente 600.000 ciudadanos. Sin embargo, durante la jornada de la inauguración del parque, la lideresa de la comunidad de Potrerillo del municipio del paso, Keyla Milena Mesa, aseguró que, aunque esto trajo una revolución positiva en términos de poner una primera piedra hacia el futuro en la transición en la zona, no todo fue bueno para las comunidades. Este proyecto, que inició en el gobierno del presidente Ivan Duque, tuvo en su momento fuertes crîticas por parte de las comunidades, porque, según varias asociaciones como Prodeco y La Red de Mujeres de El Paso, no hubo estudios socioambientales que justificaran el impacto hacia la fauna y flora que habitaba en las 400 hectáreas del actual proyecto: “Líderes y lideresas reconocen que este proyecto es menos impactante que el carbón, que hay que apostarle a las energías limpias y que la empresa Enel generó muchos empleos a corto y mediano plazo, pero muchas personas de la comunidad no han recibido un beneficio directo en términos de las tarifas de energía. Además, mencionan que no conocen a la fecha de hoy cuáles son las acciones o las medidas que la empresa va a tomar para la mitigación o la compensación que han dejado en el medio ambiente del sector, porque existen muchas especies que fueron desplazadas de esas 400 hectáreas”. asegura Amarilis Llanos, lideresa de la Red contra el Fracking del Cesar. En el discurso dado por la lideresa Kayla Milena Mesa durante la inauguración, mencionó que aunque en un inicio del proyecto no se tuvo en cuenta un estudio de impacto ambiental, fue gracias a que el comité de empleabilidad se unió, que lograron conseguir un estudio para iniciar un proyecto avícola en la zona que incluía a parte de la comunidad. También agregó que este proyecto empoderó la mano de obra de mujeres: “hubo mujeres negras, mujeres que antes eran amas de casa y conseguimos que la mayoría de la mano de obra que montó los paneles solares fueran mujeres de la zona”. Enel afirmó que para la construcción de este proyecto habrían contratado 1.700 personas, de las cuales alrededor del 75% pertenecen al departamento del Cesar y 62% a los corregimientos de Potrerillo y La Loma. A su vez han generado hasta 950 empleos en construcción. Respecto a la fauna, responden que han rescatado, valorado y reubicado a más de 2.460 individuos de fauna representados en las cuatro especies taxonómicas y más de 1.700 individuos pertenecientes a siete especies de flora, aunque la lideresa Hilda Arrieta de la Red de Mujeres de El Paso asegura que desplazaron sus conejos, los loros, muchas aves y que si hubo desplazamiento de sus animales no lo saben porque no lo socializaron con ellos. Las expectativas del proyecto para los habitantes de la zona, que se esperaba que se considerara desde una una mirada de la transición energética justa, en la que ellos y ellas fueran también beneficiarios de los costos de las tarifas de la energïa, porque muchos son comunidades vulnerables que habitan cerca de las 400 hectáreas del proyecto, no se encuentran satisfechos con los resultados: “Líderes o residentes de la zona, por un lado celebran el hecho de que en su territorio haya sido elegido, en parte, para desarrollar este proyecto de paneles fotovoltaicos. Sienten orgullo por ser parte de un proyecto para la transición a fuentes de energía no convencionales, pero al lado de eso hay una desilusión o decepción, pues muchos aseguran se sienten engañados, ellos pensaron que por tratarse de un proyecto de generación de energía por fin tendrían algún beneficio de asistencia residual que les permitiera normalizar el servicio de energía, pero siguen pagando lo mismo” asegura Amarilis Llanos Palabras del Presidente Gustavo Petro: En la ceremonia de entrega, el presidente Petro destacó la importancia de invertir en energías renovables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Señaló que el Parque Solar La Loma es un ejemplo concreto de cómo la transición hacia fuentes de energía más limpias no solo es posible, sino esencial para el bienestar de las generaciones futuras. "Este proyecto no solo representa un avance en la generación de energía limpia, sino también en la independencia energética de nuestra nación. Estamos comprometidos con un futuro donde la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental sean pilares fundamentales de nuestro desarrollo", expresó el presidente.

Por: Ivan Gallo Entrevista: Anderson Salinas Foto tomada de: Facebook Carmen García Carmen García nunca había visto un muerto hasta el 21 de agosto de 1999. Ese día, en la madrugada, todo el corregimiento de La Gabarra se levantó. Se había ido la luz. Era el presagio de lo peor. Un escuadrón de las AUC llamado “Los Azules” entró al poblado sin que el ejército hiciera algún tipo de retén. Con lista en mano fue sacando a personas de sus casas, los acostaban boca abajo en el suelo y disparaban. Las cifras oficiales hablaron de 39 muertos aunque en La Gabarra creen que son más. Muchos más. Carmen tenía 14 años y, con su familia, se tuvieron que ir a la brava, como tantas otras personas del Catatumbo. Llegaron a Cúcuta pero jamás se acomodaron al ajetreo de la ciudad. Cuatro años después, en el 2003, los paramilitares seguían reinando en La Gabarra. Ganarle el pulso a las FARC, el ELN y el EPL en el Catatumbo era uno de los objetivos que se habían trazado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso con su Bloque Fronteras. La Gabarra era un punto estratégico, aln lado del Río Catatumbo, un corredor hacia Venezuela en donde se movían millones de dólares del narcotráfico. Nunca quedó un peso para la población civil. Lo único que recibían eran tortura, desapariciones, muerte. A ese territorio tuvo que volver Carmen García y su familia en el 2003. En La Gabarra el máximo comandante era Camilo. Despiadado, atroz, había asesinado a su esposa en su propia casa. Todo el mundo sufría en La Gabarra, pero las mujeres eran tratadas como un botín de guerra. Permanecían casi presas en sus casa. Carmen tenía 19 años y abrió una fuente de soda. Tenía en su sangre la determinación de los líderes. Ella veía como a las muchachas que trabajan en un bar cerca a la cancha central, una a una, iban desapareciendo, como si la manigua las devoraba. Los paras, quienes las sacaban del lugar, las asesinaban después de tener relaciones con ellas. Las AUC decían que estaban allí para sacar del corregimiento a la guerrilla pero no era más que una excusa para despojar, violar, masacrar y traquetear. Carmen se llenó de valor y convocó a un paro en La Gabarra. Convenció al comercio para que cerrara sus establecimientos y frenar los abusos. Duraron ocho días, firmes, a pesar de la amenaza de los fusiles y los gatillos fáciles de los asesinos. Los paras se la tomaron tan en serio que tuvieron que llamar a Salvatore Mancuso quien dejó su finca en Córdoba para hablar con la joven lideresa. Llegaron a acuerdos y Mancuso les dijo a sus hombres que no tocaran ni a Carmen ni a las mujeres que se habían levantado contra ellos pero todo fue mentira. Una a una fueron cayendo y antes de que la mataran Carmen se volvió a ir de su pueblo, esta vez acompañada de quien era su esposo, Javier Leonardo Franco. Llegaron a Yondó, Antioquia, trabajaron la tierra y esperaron. Los paras se fueron de La Gabarra hasta el 2004 y sólo dos años después pudieron regresar a su tierra. La pareja la guerreó. Compraron un carro y con él se pusieron a “piratear” en Cúcuta. Sólo quien ha vivido en Cúcuta o en zonas de frontera saben lo que significa esa palabra tan asociada al rebusque. Llevar y traer personas al otro lado de San Antonio del Táchira o Ureña, los primeros pueblos que están en Venezuela. El comercio, para este municipio, ha suplido durante años el abandono del Estado. En el 2006 Carmen quiere inscribir a sus dos hijos al programa de Familias en Acción. Les piden los registros de nacimientos originales y no los tienen a la mano. Están en Yondó. Javier Leonardo regresa a ese pueblo de Antioquia en su carro. De manera inexplicable el Ejército lo asesina y lo hace pasar como comandante de las FARC. Carmen no tarda mucho en comprobar que los uniformados han cometido un crimen. Ella piensa que su esposo fue el primero de la larga lista de falsos positivos que mancharía de sangre la Seguridad Democrática. Lejos de pedirle disculpas, de repararla, la declaran objetivo militar. En el 2008, una vez más, debe huir de La Gabarra. Se interna en una vereda, lejos del casco urbano. Se hace amiga de sus vecinos quienes la esconden cada vez que una tropa pasa cerca de ahí. Sólo hasta el 2011 Carmen puede regresar, una vez más, a su tierra. En ese momento, en pleno gobierno de Juan Manuel Santos, se instalan las mesas de Víctimas y ella poco a poco va contando su historia, su tragedia personal. Tiene tantos recursos interiores que, lejos de la autocompasión, empieza a ayudar a los que necesitan. En el 2018 vuelve a sentir la fría mano de la guerra en el hombro. Un comando del ELN va a la escuela donde estudia su hijo mayor, le mete una pistola en su morral y se lo quiere llevar. El profesor se le para de frente al guerrillero y le dice que no puede, porque es el hijo de Carmen. A ella le avisan y sin pensarlo se le planta a alias “El Abuelo” el comandante responsable del ELN en el Catatumbo. “A mi hijo no se lo va a llevar nadie” y el guerrillero, quien es el que tiene la fuerza de las armas, cede ante la fuerza de la razón que acompaña siempre a Carmen. Ella dimensiona el problema y se da cuenta que las madres están a merced de los caprichos de los grupos armados quienes siempre se llevarán a sus hijos a la guerra. Los breves años de paz que se vivieron después del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC se rompieron en el 2018. Otra vez el ELN, y el EPL, compuesto de pelados de pueblos como La Gabarra, se mataban entre sí. Carmen, harta de tanta muerte, organiza junto con el alcalde de Tibú una marcha. Entre otros gestos simbólicos arman una bandera blanca de 500 metros. Se hace visible. Entonces se le ocurre organizar a las madres del Catatumbo para que nunca más vuelvan a perder un hijo en un combate, para que no los recluten, para que sus hijos tengan una niñez tranquila, sin fusiles. Tuvo que luchar para conseguir los recursos que cimentaron lo que hoy se conoce como la Asociación de madres del Catatumbo. En el 2019 empezaron 250 y ya son 850 los que están en la lucha. Ya sus brazos alcanzan otro de los departamentos más golpeados por la Guerra, Arauca. Allá en este momento hay 22 mujeres capacitándolas. Los resultados que ha obtenido en cinco años son impresionantes, han recuperado 42 niños del brazo armado de las guerrillas, y 814 que estaban en peligro de ser reclutados, además han rescatado a 72 mujeres del Catatumbo que corrían el riesgo de ser asesinadas. Cafam la nombró una de las mujeres del año, una distinción que le ha servido a Carmen García para renovarse. Dice que las atenciones que recibió en Bogotá la hacen sentir “como una reina, como si estuviera en Miss Universo”. Ser distinguida como Mujer Cafam es un premio no sólo para ella sino para un territorio en el que la guerra se ha encarnizado. A sus 40 años Carmen García está lista para devolver a la vida a tantos niños atrapados por los grupos armados. Las amenazas, los atentados que han sufrido, ya no la asustan. Hace rato que ya no lucha por sí misma. Hace rato que su vida le pertenece a las demás. Por eso no tiene tiempo para el miedo. Si quiere seguir salvando vidas debe hacer lo que siempre ha hecho: mirar pa’lante.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La reciente captura de alias "Nacho", hermano menor del líder principal de la banda delictiva "La Inmaculada" o "La Oficina" en Tuluá, Valle, produjo más hechos violentos en el municipio, propios de su accionar en los últimos años, y que recuerdan el estilo de Culiacán durante la captura del hijo del Chapo en México. Frente a esto, es importante reconocer que, a diferencia de lo ocurrido en México, las autoridades nacionales no cedieron ante las presiones criminales. Sin embargo, surge el interrogante: ¿Qué pasa con el Estado que ha permitido que se llegué a este nivel en Tuluá? Tras la detención de Mauricio Marín, alias “Nacho”, uno de los principales líderes de la banda "La Inmaculada", el pasado 10 de febrero, se desataron unos hechos violentos que, según lo registrado por Pares, resultó en "Siete taxis y dos vehículos particulares incendiados, dos ataques dirigidos a agentes de tránsito y un supermercado consumido por las llamas". Estos incidentes fueron advertidos por la dicha banda, quienes declararon que no van a parar hasta conseguir la liberación de sus líderes. Presiones que me llevaron a recordar los hechos violentos que sacudieron Culiacán, Sinaloa, en 2019, cuando la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos, provocó una serie de actos violentos para presionar a las autoridades. Logrando que el presidente de México, Manuel López Obrador, anunciara la liberación de Ovidio con el fin de proteger la vida de los civiles. Lo cual fue un peligroso precedente que atenta contra la autoridad del Estado y que se consolidó como un referente criminal en la región. Pero vale la pena resaltar que, la crisis de seguridad que enfrenta este municipio no es nueva. En los últimos años la crisis institucional ha sido de tal gravedad que se han podido registrar noticias como el asesinato del parapentista que aterrizó con propaganda política, atentados y asesinatos a varios agentes y funcionarias de la secretaría de tránsito, las constantes amenazas candidatos en temporada de campaña, el hallazgo de cuerpos decapitados; además de hechos trágicos como motín en la cárcel en el que, tras un incendio en 2022, murieron 49 privados de la libertad. Si bien en Tuluá no se repitió exactamente el escenario de Culiacán, los hechos recientes sirven como un recordatorio de los desafíos continuos que enfrenta la región en términos de seguridad, especialmente en estas ciudades intermedias, en donde el Estado ha perdido (o cedido) parte del control. Estos eventos resaltan la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Aunque la gobernadora del Valle anunció la militarización del municipio y se produjo una respuesta relativamente rápida, es importante recordar que "Nacho" ya había sido capturado y posteriormente liberado en 2022 debido al vencimiento de términos. Las acusaciones en su contra abarcan desde concierto para delinquir hasta tráfico de estupefacientes y homicidios. Demostrando una falla de grave en el sistema judicial. Frente a lo anterior, el expersonero de Tuluá, Rubén Benitez, resalta que, por un lado, la falta de políticas públicas sociales reales dirigidas a jóvenes de los sectores vulnerables, especialmente en sectores como el Barrio La Inmaculada, profundiza la complejidad de la situación, evidenciada desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC en la región y la creación de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y, por otro lado, en cuanto al gobierno local anterior, Benitez considera que hubo permisividad frente al accionar de ese grupo delincuencial, lo cual facilitó su crecimiento. Aunque la militarización y el refuerzo policial son medidas necesarias, no son suficientes para contener la violencia a mediano y largo plazo. Los últimos hechos demuestran la magnitud de la crisis en el municipio y la incapacidad de las autoridades locales para enfrentarla por sí solas. Es evidente que esta situación requiere una respuesta más ágil por parte del Estado, que incluya medidas tanto de prevención como de contención del delito. Así como también, se fortalezca a las instituciones encargadas de administrar seguridad y justicia, y se atienda la posible corrupción en las cárceles, dado que las denuncias también señalan que desde estos lugares se coordinan acciones delictivas. Además, es central la cooperación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para enfrentar este desafío. Se requiere un enfoque que aborde las causas de la violencia desde una mirada regional, y promueva la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.