Por: Andrés Paternostro enlace territorial de Bajo Cauca. Línea de Paz, Posconflicto y DDHH. Foto tomada de: El Tiempo Tras combate entre el Clan del Golfo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), Antioquia vuelve a estar en el ojo del huracán, debido al aumento de hechos violentos en el departamento. En medio de los enfrentamientos, ocurridos el pasado 9 de febrero[1] en zona rural del municipio de El Bagre, al menos 12 familias tuvieron que desplazarse, dejando serios cuestionamientos frente al avance de la política de Paz Total en la región. Los desafíos que suscitan preocupación para la actual vigencia tienen su génesis en los enfrentamientos armados entre distintos grupos organizados que operan en el departamento de Antioquia. Según el último reporte de presencia de actores en Antioquia, realizado por PARES, en el año 2023, el actor más preponderante la región es el Clan del Golfo, el cual se encuentra en 59 municipios, seguido por el ELN en 31 municipios y el EMC en 19 municipios. Tales enfrentamientos son motivados principalmente por la disputa por el control territorial, una contienda que se intensificó después de los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, así como entre el Gobierno y el EMC; pues el Clan del Golfo ha venido aprovechando los ceses bilaterales como una oportunidad para expandir su influencia en áreas que históricamente estuvieron bajo el control de grupos guerrilleros como el ELN y el EMC. Estas disputas territoriales han desencadenado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos (DDHH). Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran el desplazamiento forzado, situaciones de confinamiento y el asesinato de varios líderes sociales en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Según las cifras reportadas por la Unidad de Victimas, para el año 2023, se reportaron 15.207 víctimas por ocurrencia en el departamento, siendo los municipios de Cáceres, Segovia, Caucasia, El Bagre y Turbo, los que cuentan con más afectaciones. El asesinato de cinco líderes sociales en los primeros dos meses del 2024 ha generado una creciente preocupación en el departamento, ante el aumento significativo de la violencia que afecta a esta población. Al comparar estos eventos con los datos proporcionados por el seguimiento de asesinato a lideres y lideresas sociales, realizada por la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de PARES, para los meses de enero y febrero en 2023 y 2022, se registraron dos asesinatos de líderes sociales por año, la situación actual es motivo de alarma. La escalada de homicidios en tan corto periodo de tiempo ha suscitado inquietudes sobre la seguridad y la protección de la vida de defensores de derechos en la región. Esta problemática se refleja también en un incremento no insignificante en las cifras totales de líderes asesinados, según los registros de PARES. En el año 2022, se reportaron 17 líderes sociales asesinados, y para el 2023, esta cifra aumentó a 21 personas, evidenciando un crecimiento en dos dígitos. La persistencia y magnitud de este fenómeno plantean serios desafíos para la seguridad y la protección de los líderes sociales en el departamento de Antioquia. Así bien, la consolidación de la política de Paz Total tiene de cara al 2024 grandes retos y desafíos en el departamento de Antioquia. El aumento de la violencia, los enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y el EMC, así como el alarmante incremento en el asesinato de líderes sociales, crean un escenario preocupante que pone a prueba la capacidad del gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad y protección de la población. La disputa por el control territorial ha intensificado las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, manifestándose en desplazamientos forzados, confinamientos, además de la pérdida de vidas de líderes sociales en diversas subregiones. Estos hechos evidencian la complejidad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para abordar las causas subyacentes de la violencia y promover un entorno seguro para la construcción de la paz. En este contexto, la persistencia de la tendencia al alza en el asesinato de líderes sociales, como se refleja en las cifras de PARES, subraya la urgencia de acciones concretas y coordinadas para contrarrestar esta problemática. La comunidad internacional y los actores locales e incluso las organizaciones armadas que se encuentran en búsqueda de una salida negociada al conflicto, deben unir esfuerzos para abordar las raíces de estos problemas, fortaleciendo estrategias de prevención y protección, y trabajando en la construcción de un tejido social resiliente que permita a las comunidades tener condiciones de vida digna en los territorios. [1] https://caracol.com.co/2024/02/09/reportan-nuevos-desplazamientos-por-combates-entre-ilegales-en-el-bagre/

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Caracol Radio En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó la importancia crucial de elegir pronto al próximo Fiscal General de la Nación. Destacando el papel fundamental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho, la ONU instó a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible. La inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro también recibió elogios por parte de la ONU, que reconoció a las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra como idóneas para el cargo. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se sumó al llamado, advirtiendo que la falta de designación de un Fiscal General podría debilitar el sistema de justicia colombiano. La CIDH instó tanto a la Corte Suprema como al poder Ejecutivo a garantizar un proceso transparente y libre de interferencias. Estos pronunciamientos internacionales se dan en medio de la tensión política en Colombia, especialmente tras el final del periodo del Fiscal General Francisco Barbosa el pasado 12 de febrero. El presidente Petro, quien ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, acogió positivamente el respaldo de la comunidad internacional a la elección del nuevo fiscal, subrayando la importancia de cumplir con la Constitución y los estándares de decencia. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la ONU ha instado a tomar medidas similares a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos del sistema internacional, respecto a la actual situación de tensión en Colombia. Se hace énfasis en la urgencia de elegir rápidamente al nuevo fiscal, considerando que las hojas de vida y las ternas están disponibles desde hace algún tiempo. Pérez mencionó que la Corte ya ha evaluado y aprobado esta terna, por lo que se solicita una elección expedita, dada la creciente tensión en el país. Se insta al Gobierno a llevar a cabo este proceso con calma y respeto por los procedimientos institucionales establecidos. Esta petición es común en otros países y es parte del proceder normal tras la salida del fiscal en turno. Además, también señaló que el término del fiscal es de cuatro años, contados a partir de su posesión. El fiscal Francisco Barbosa cumplió su mandato de cuatro años el pasado lunes. El investigador de Pares explicó que la Corte puede tomarse un tiempo considerable, incluso hasta un año y medio, para evaluar candidatos en múltiples sesiones plenarias. Esto se evidenció en el período de interinidad de 16 meses antes de la elección de Vivian Morales, durante un cambio de Gobierno de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. Aunque este proceso fue prolongado, el promedio suele ser de aproximadamente 5 o 6 sesiones plenarias. Ya se han realizado dos sesiones plenarias, y la próxima está programada para el 22 de febrero. Es de esperar que durante alguna de estas sesiones la Corte tome una decisión respecto a la elección del nuevo fiscal. La selección del Fiscal General de la Nación en Colombia es un proceso de gran relevancia, crucial para el funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento de la democracia en el país. La figura del Fiscal General desempeña un papel fundamental en la garantía del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. El Fiscal General es el máximo representante del Ministerio Público en Colombia y tiene la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación, una institución clave en el sistema de administración de justicia del país. Entre las principales funciones del Fiscal General se encuentran las siguientes: Investigación y persecución del delito: Una de las responsabilidades más importantes del Fiscal  es dirigir las investigaciones y la persecución penal de los delitos cometidos en Colombia. Esto incluye desde delitos menores hasta crímenes graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Fiscalización de la legalidad: El Fiscal General tiene la facultad de ejercer el control de la legalidad en el sistema de justicia colombiano. Esto implica supervisar el cumplimiento de las leyes y garantizar que los procedimientos judiciales se realicen de acuerdo con los principios del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas. Protección de los derechos humanos: Como máximo representante del Ministerio Público, el Fiscal General tiene la responsabilidad de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en Colombia. Esto incluye investigar y sancionar los casos de violaciones de derechos humanos, así como promover acciones para prevenir su comisión. Cooperación internacional: El Fiscal también juega un papel importante en la cooperación judicial internacional, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional. Esto implica colaborar con otros países en la investigación y persecución de delitos que trascienden las fronteras nacionales. La elección del Fiscal General de la Nación es un proceso que debe llevarse a cabo con total transparencia, garantizando la independencia y la imparcialidad del candidato seleccionado. La persona designada para este cargo debe tener una sólida formación jurídica, experiencia en el campo de la justicia y un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En el contexto actual de Colombia, la elección del nuevo Fiscal General cobra una importancia especial, ya que se espera que desempeñe un papel clave en la consolidación de la paz, la reconciliación y la justicia transicional en el país. Por lo tanto, es fundamental que el proceso de selección se realice de manera diligente y respetando los más altos estándares de integridad y transparencia. Tanto la ONU como la CIDH enfatizan la necesidad urgente de elegir al próximo Fiscal General de manera transparente, garantizando la independencia y la integridad del proceso, para fortalecer así el Estado de Derecho y la democracia en Colombia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Portafolio Aún hoy existe un desprecio absoluto hacia las tribus indígenas del Amazonas. La periodista Eliane Blum cuenta que, hasta hace unos años, los grandes señores del Brasil arrojaban desde los aviones ropa y juguetes infectados de viruela para exterminar tribus y quedarse con sus tierras. Porque el Amazonas está más amenazado que nunca. Se estima que cerca del 47% ya está intervenido por el hombre. El ataque al pulmón del mundo arrancó en 1881, al menos en Colombia. Fue la fiebre por el líquido que contenía un árbol bautizado como Hevea lo que trajo a los primeros hombres de empresa. Los echados pa’lante. El líquido que contenía el Hevea era el caucho, y de caucho estaba hecha la Revolución Industrial. Las llantas de los vehículos, de las bicicletas, de algunas casas, el mundo se movía gracias al caucho. Las grandes potencias querían plástico. Lo necesitaban. La demanda era altísima y un empresario y senador peruano, Julio César Arana, lo escuchó. El Amazonas ya había sentido el bramido de la bestia con la explotación de quina de mediados del siglo XIX pero nadie estaba preparado para lo que vendría con el caucho. El epicentro fue la localidad de La Chorrera, al pie del rio Igaraparanay. En este lugar, hace 120 años, en plena explosión cauchera, habitaban sesenta mil personas. Hoy, apenas llegan a cuatro mil. El lugar donde sucedió todo se llamó la Casa Arana. Su belleza confunde al que la visita. No hay que dejarse engañar por sus formas exuberantes. Acá todavía se escucha la agonía del esclavo, porque en eso se convirtieron los indígenas que la habitaron, en esclavos. Los indígenas creyeron que eso era el progreso. Perder su libertad a cambio de un paraíso que nunca existió. Arana contrató a capataces poderosos, despiadados y contó además con el apoyo del ejército peruano. La casa arrancó operaciones en 1901. Les exigían a los indios una cuota mínima del líquido que botaban los árboles. Nunca era suficiente. Desprotegidos les soltaban machetazos, les quitaban orejas, los encerraban en cuartos minúsculos hasta que morían de desesperación. De física desesperación. Los rumores de que acá se mataba indígenas a mansalva llegaron hasta Bogotá. Al entonces presidente de Colombia, Rafael Reyes, le pareció un detalle menor. Lo que le impresionó fue la organización que tuvo Arana para conectar una red de caminos y sacar la materia prima. Nadie contó los árboles que este hombre asesinó. Muchos años después alguien muy parecido a él, Jair Bolsonaro, taló dos mil millones de árboles en su cuatrenio. A él le parecía un muy buen negocio que las empresas de los países industrializados vinieran a “violar” la selva brasilera. La Casa Arana prosperó hasta convertirse en una empresa poderosa, la Peruvian Amazon Company. Un ingeniero norteamericano, llamado Walter Hardenburg, presenció el infierno y denunció todo en un artículo publicado en un periódico llamado The Truth. El cónsul inglés en Perú Roger Casement, quien hizo una inspección al lugar publicó un informe llamado El paraíso del diablo. Sin embargo la denuncia más poderosa y que más ha perdurado en el tiempo la escribió un huilense. José Eustasio Rivera vivía en Nueva York cuando publicó La vorágine. Al ser impuesta en el colegio como lectura obligatoria la prohíben. Pocas veces se ha escrito una aventura más potente y también más infernal como ésta odisea que cumple 100 años. La fiebre que da perderse en la selva está descrita como uno de los círculos del infierno de Dante, hombres que le disparan a simios imaginarios colgado de árboles de 20 metros, hormigas que arrasan todo a su paso y que hacen temblar la tierra antes de ir a morir al río, el calor, la sed, las sanguijuelas de las aguas estancadas. Pero entre todos los horrores que azotan al protagonista de la historia, Arturo Cova, y a sus acompañantes, ninguno es peor que el que desata Arana con su empresa. No fueron las denuncias sobre el exterminio de los indígenas sino el crack de Nueva York lo que acabó con la Casa Arana en 1932. Su creador, Julio César Arana del Águila, murió a los noventa años lejos del oprobio. Fue enterrado con los honores de un padre fundador. En Iquitos aún se le recuerda con respeto. Al fin y al cabo ¿Qué son cincuenta mil indios asesinados si lograste formar una empresa tan próspera como Peruvian Amazon Company? El exterminio cultural y físico, nunca se ha detenido en el Amazonas.

Por: Redacción Pares Bandas como Los Rastrojos costeños hace varios años se financian no con la droga ni los atracos sino directamente con la extorsión a comerciantes del área metropolitana de Barranquilla. Si se tiene una panadería o una tienda cualquiera en la capital del Atlántico es exponerse a que un día cualquiera aparezca un hombre, con un casco en la cabeza, pidiéndole una mensualidad a cambio de mantenerlo con vida. Los Rastrojos Costeños son los que mandan. Aparecieron con toda su fuerza en el 2013 cuando ordenaron durante 24 horas cerrar los establecimientos públicos para hacerse sentir. Ese año mataron a conductores de buses y taxis para demostrarle a sus dueños cómo iba la mano si no cedían a sus extorsiones. La Fundación Paz y Reconciliación ha investigado de cerca este fenómeno y ha identificado a los cabecillas que se lucran con él. En los próximos días lanzará un informe minucioso en donde se abordará el tema desde la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El 4 de abril del 2023 Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, fue capturado en Cúcuta y trasladado inmediatamente a la Cárcel de Palmira. A sus 43 años ya había pasada largas temporadas en prisiones como La Picota en Bogotá, la cárcel Doña Juana en La Dorada, e intentaba afincarse al otro lado de la frontera para escapar del brazo de la justicia. Su historial era extenso. Había ayudado a crear en el 2012 la banda Los Costeños, un remanente de los Rastrojos. Los Rastrojos Costeños es una división de los Rastrojos Vallunos, creados en el 2002 por Wilber Varela, alias Jabón, uno de los líderes del cartel del Norte del Valle. Él le dio la responsabilidad de armar y formar a esos hombres a Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Tenía como fin cuidar las rutas y los laboratorios de coca del capo. Intentaron desmovilizarse como Autodefensa pero el gobierno Uribe en el 2006 los bajó de ese bus. “Jabón” poco a poco fue perdiendo poder en este grupo. Terminaría asesinado por dos de sus hombres, Javier Antonio Calle Serna alias “Comba” y el propio Diego Rastrojo. Se fueron expandiendo hasta la frontera con Venezuela, Nariño y La Guajira. Bastaron unos años para que ellos, según Insight Crime, operaran en un tercio de los 32 departamentos de Colombia y contaran con 1.500 hombres. Entre los delitos de “Castor” o de “Dientes” como lo llamaban, estaba el de instrumentalizar a niños para cobrar extorsiones a transportadores y comerciantes informantes, traficar drogas y armas. Además, según la Fiscalía, era un asesino consumado. Tres crímenes pesaban sobre él. Uno había ocurrido en el 2018 y fue el desmembramiento de un integrante de los Costeños, acaso una retaliación, en donde incluso usaron una casa en Galapa Atlántico para picar y abandonar el cuerpo. El 18 de abril del 2019 habría dispuesto de un grupo de sicarios para efectuar un ataque armado en el barrio Villa María en Soledad. Su traslado a una cárcel, en donde está hace un año, no habría atajado sus crímenes. Díaz Collazos continuaría extorsionando a comerciantes desde la cárcel de Barranquilla. Él es considerado un cabecilla mayor dentro de la banda de Los Costeños. Sin embargo, el más temido de todos es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, mejor conocido como el Negro Ober. Su nombre ha estado en el ojo de la opinión pública después de que en el 2023 amenazara con asesinar a los comerciantes de Barranquilla a través de un video hecho desde el lugar donde estaba recluido. Era una retaliación a la detención de su pareja sentimental por parte de la policía. Esto provocó un escándalo en el que se ordenó su traslado a la cárcel El Barne en Cómbita. El actual presidente del Senado, Iván Name, fue asociado a la banda Los Rastrojos Costeños después de que otro de sus miembros confesara que le habrían dado apoyo para llegar al Congreso a él y a su primo José David Name. Se trata de Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón. En el año 2015 a él y a su hermano Brayan Eduardo le imputaron 145 delitos. Pistón hizo parte del Bloque Córdoba de las AUC. Se desmovilizó en el 2008 y desde entonces ha pasado por varios grupos hasta formar parte de los Rastrojos Costeños en el 2013 a pesar de estar preso. Un año después en una declaración libre afirmó, sobre los primos Name , “pusimos a que la gente votara por ellos”. Borré Barreto permanece en la cárcel La Picaleña de Ibagué. En el año 2023 se comprobó que de desde ese lugar sigue extorsionando comerciantes después de que se descubriera una grabación intimidando a uno del área metropolitana de Barranquilla. En ellos el cabecilla de los Rastrojos Costeños le va diciendo a su víctima: “Buenos días, te voy a hablar a calzón pelado, te habla Borré mi hermano, vea, ahí me hiciste que me capturaran los pelaos, también me mandaste un recibo falso, ahí no refleja nada mi hermano, te estoy buscando…” Señalado como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico y Córdoba, Omar Alexander Ladino Vargas, conocido como Portafolio, fue puesto tras las rejas en diciembre del 2023. Para quedarse con tierras tenía un equipo de abogados expertos en procesos de pertenencia y posesión. Además se acompañaba de grupos armados que terminaban la misión de dejar sin tierras a los campesinos. Alias Portafolio está involucrado en el despojo de la Finca Aroyo León en Puerto Colombia, Atlántico, y de la hacienda El Altillo en Baranoa, también Atlántico. Además es sindicado de participar en actividades derivadas de la extorsión. La lista que ha identificado PARES que siguen extorsionando desde las cárceles es Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias “cachetes”, quien se ha centrado en la extorsión a gasolineras de Barranquilla, William Stiven Oyaga Campo, Sebastian Adrian Perez, ambos recluidos en la cárcel de El Bosque. A toda esta lista que siguen detenidos se suman Tio Guillo, quien fue puesto en libertad en el 2020, Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como La Mona, quien se encuentra libre, al igual que Roberto Carlos Vega Daza. En el informe de la Fundación que se publicará en los próximos días se verá que de poco o nada sirve que los miembros de esta organización criminal estén tras las rejas. Con un celular basta para que sigan extorsionando. Las cárceles del Atlántico se han convertido en centros dinamizadores de extorsión

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Voz de América Justo en el cierre del VI ciclo de negociaciones con el ELN, cuando se presentan avances importantes como la prórroga al cese al fuego durante seis meses más y, en contraste, golpes a la credibilidad de los diálogos como el paro armado decretado en Chocó, aparece el informe de inteligencia de la Policía Nacional en donde se ponen a rodar rumores que le podrían hacer daño a los diálogos de cara a la opinión pública. Una de las afirmaciones más graves que trae el informe es el manto de duda que le ponen a la implementación de un Fondo Multidonante anunciado justo la semana pasada: “Según nuestras fuentes de inteligencia, el grupo terrorista ELN está planeando generar una estrategia de financiamiento utilizando recursos del Estado”. El informe plantea que esta guerrilla, con el beneplácito del gobierno, va a utilizar el Fondo Multidonante para la causa armada. La Fundación Paz y Reconciliación explicó en su momento que este es un mecanismo “compuesto por el gobierno, las Naciones Unidas y la cooperación internacional, con la participación de la sociedad civil, con reglas y destinado únicamente a financiar actividades para la paz”. Francisco Daza, coordinador de la línea Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación, sobre este informe presentado por la policía, afirma que el Fondo Multidonante lo que busca es “Potenciar el proceso de paz con el ELN. No se habla de financiación para dejar de secuestrar o extorsionar ni nada de eso”. Otra de las graves aseveraciones que vienen en el informe es el de señalar una campaña del ELN que busca acabar con la confianza que se tiene en las instituciones del Estado. “Mediante el uso de propaganda, desinformación y campañas de difamación, el grupo terrorista busca sembrar la incertidumbre en la sociedad, cuestionando la actuación de las fuerzas de seguridad generando descontento hacia el Gobierno”. Colombia tiene una historia de más de sesenta años de guerrillas. Desde su creación las operaciones de información contra las instituciones han estado en la agenda de todos los grupos armados para ganarse a la población que está en los territorios en donde estos tienen influencia. En la actualidad grupos como el Estado Mayor Central y el propio Clan del Golfo también lo hacen. Sin embargo, en el marco de los avances que se han tenido en la mesa de negociación sería un error que el ELN adelante este tipo de acciones. El gobierno debería, desde ya, implementar un proceso pedagógico para contrarrestar la información que hace circular esta guerrilla en los territorios que controlan. La estigmatización a líderes sociales ha sido una constante de la Fuerza Pública. Además de no proporcionarle la protección que necesitan ante las amenazas que los rodean, están los señalamientos y la calumnia que caen sobre ellos. En el 2023 asesinaron en todo el país a 188 líderes. Un punto del informe presentado por la policía es particularmente peligroso: " Es importante destacar que el ELN está invirtiendo recursos del Estado para ejercer influencia y manipulación sobre líderes sociales en diferentes regiones, con el fin de utilizarlos como instrumentos para sus actividades terroristas y minar el tejido social”. Sobre este punto la línea de Paz territorial y derechos humanos de Pares advierte que en el informe en ningún momento se aclara de qué forma se están adquiriendo estos recursos para ejercer influencia en líderes sociales “de alguna forma se estigmatiza a los liderazgos sociales que conviven en las áreas de influencia del ELN”. Otro punto álgido del informe es el de la infiltración en instituciones gubernamentales para buscar información privilegiada que les permita perpetrar sus golpes militares. El informe no viene respaldado con la información que evidencia este punto tan grave. Lo que si es cierto es que el ELN está usando el cese al fuego para fortalecerse militarmente. Es que al no haber confrontación directa con el Ejército esto se aprovecha para una reorganización. La publicación de este informe, justo en este momento, según Francisco Daza “pone un manto de duda sobre el proceso de negociación con el ELN, este informe, antes de ser publicado, debería estar avalado por el Ministerio de Defensa para llamar la atención sobre los riesgos que puede tener la negociación”. En las próximas horas se espera una reacción del propio ELN a través de un comunicado. La línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la fundación Paz y Reconciliación presentará un informe sobre el ELN en Arauca. *Nota aclaratoria: La delegación del gobierno en la mesa de negociación, negó la veracidad de este informe y lo llamó apócrifo. Este es el trino donde se hace la aclaración

Por: Katerin Erazo, Periodista El próximo 26 de febrero, la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila, será el epicentro de un encuentro crucial para evaluar las medidas y acciones tomadas por diversas entidades estatales, departamentales y locales frente al continuo flagelo del asesinato de excombatientes de las FARC. La convocatoria, realizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca examinar los resultados y avances de las investigaciones judiciales relacionadas con hechos victimizantes cometidos contra ex miembros de las FARC en la región del Sur, abarcando los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Asimismo, se pretende conocer las acciones emprendidas para desmantelar las organizaciones criminales responsables de estas agresiones. En un auto de 24 páginas que cita a esta trascendental diligencia, se destaca la necesidad de poner en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) como una estrategia interinstitucional. Este plan tiene como objetivo primordial garantizar una protección integral a aquellos individuos que han renunciado a las armas y están inmersos en su proceso de reincorporación a la sociedad. Diversas entidades han sido citadas para rendir cuentas sobre la implementación del PESP, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las alcaldías de los municipios más afectados por esta problemática, como Florencia, La Montañita y San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Asís y Mocoa (Putumayo); Neiva y Pitalito (Huila); e Ibagué, Planadas e Icononzo (Tolima). Asimismo, se espera la participación de los gobernadores de Tolima, Caquetá, Putumayo y Huila, así como de representantes de la sociedad civil. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según la misión de verificación de la ONU, más de 400 excombatientes han sido víctimas de asesinato, subrayando la urgencia de acciones concretas para proteger a este grupo vulnerable. Además de evaluar el estado de implementación del PESP, la JEP indagará sobre la ejecución de la Política Pública y Plan de Acción para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, así como sobre los compromisos de grupos ilegales en el marco de la Paz Total para proteger a los excombatientes. Para ello, se ha citado al Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a diversas figuras clave como el Fiscal General de la Nación, el Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre otros. La presencia de instituciones como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Directora de la ARN, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIPRAT), entre otros actores relevantes, garantiza un enfoque integral en la búsqueda de soluciones efectivas para esta problemática. Este encuentro representa una oportunidad única para evaluar, coordinar y fortalecer las medidas encaminadas a proteger la vida y la integridad de quienes han optado por el camino de la paz. La sociedad civil también tendrá un papel fundamental en este proceso, participando activamente en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la construcción de un país más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Corillos En la madrugada de este martes 13 de febrero el Ejército y la estructura Ismael Ruiz del Estado Mayor Central sostuvieron un combate en Santamaria Huila. En las imágenes difundidas se puede ver como los uniformados prestan ayuda médica a los insurgentes respetando sus vidas. Mientras esto sucedía el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, estalló contra el ELN y el paro armado en Chocó. Al final del Sexto Ciclo de negociaciones con esa guerrilla se había acordado la ampliación del cese al fuego por seis meses más. Considera una deslealtad que el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional se alzara en el Chocó. Mientras tanto el Estado Mayor Central ha producido ataques en las últimas horas en Jamundí y en Nariño lo que ha generado desplazamientos masivos de personas. Lo más grave que sucedió fue un ataque del EMC a un vehículo de transporte escolar en el municipio de Piamonte, Cauca, que dejó heridas a dos personas entre los que se cuenta un menor de edad. Las extorsiones por parte de este grupo armado no cesan. En Cauca la incursión armada provocó desplazamientos masivos. La furia del Comisionado de Paz también tiene que ver con el incumplimiento del Pacto Territorial Por la Vida y por la paz, una apuesta en la que también está comprometido el gobernador Luis Alfonso Escobar. Con respecto a lo ocurrido en Piamonte, no hay consenso sobre el grupo armado que realizó el ataque a la ruta escolar, a pesar de que el Alto Comisionado de Paz lo adjudicó al EMC. Pues días antes del ataque, siete familias fueron desplazadas forzadamente de este municipio de la Baja Bota Caucana y aseguraron que los Comandos de Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia, fueron responsables. Este grupo tiene presencia en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas y el norte de Nariño. Informes de la Defensoría afirman que estarían detrás de desapariciones y homicidios de líderes sociales en sus zonas de influencia. Su origen es de noviembre de 2017, un año después de que las FARC firmaran los Acuerdos de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Entre sus líderes estaban Pedro Oberman Goyes, mejor conocido por su alias de “Sinaloa”. Sus propios hombres lo habrían asesinado en el año 2019. Son 80 hombres comandados en la actualidad por Giovanny Rojas, alias “Araña”. En el 2020 se habrían adherido a la Segunda Marquetalia, el grupo que conformó Iván Márquez, Jesús Santrich, alias “Romaña” y el “Paisa” en el 2019. Cabe señalar que hay fuentes que cuestionan la seguridad con la que Otty Patiño le adscribe el ataque al EMC. El grupo armado con el que se disputan el territorio, La Segunda Marquetalia, anunció a finales de la semana pasada su intención de sentarse a dialogar con el Gobierno de Petro. Un gran obstáculo persigue a la Segunda Marquetalia y es el haber sido conformada por comandantes guerrilleros que le faltaron al Acuerdo de Paz suscrito con el Gobierno Santos. Una delegada de la ONU está detrás de la investigación que permita aclarar si existió un entrampamiento por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez contra algunos de sus miembros como fue el caso de Jesús Santrich. En caso de que se compruebe la persecución judicial contra ellos la Segunda Marquetalia tendría luz verde para arrancar un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

Por:Redacción Pares Foto tomada de: Infobae La influencia de los paramilitares en Valledupar empezó a sentirse con fuerza en 1996. El auge de las AUC en el César tuvo como excusa los continuos secuestros, chantajes y asesinatos que las FARC les perpetraba a los ganaderos del departamento. Pronto la causa antisubversiva se degeneró en otra cosa. Los abusos de comandantes de las AUC, despojo de tierras, masacres, narcotráfico, expuso los dientes del monstruo. Los paras, además, aspiraron al poder político haciendo elegir sus fichas en el congreso durante las elecciones del 2002. El hombre fuerte de los paras en Valledupar era Jorge Tovar Puppo, mejor conocido como Jorge 40. Hijo de la distinguida señora de la ciudad, Cecilia Puppo, en su primera juventud se caracterizó por su espíritu parrandero. En ningún momento dejó escapar alguna inquietud política. Su personalidad quedó plasmada en la novela de Alfonso Sánchez Baute, Líbranos del mal. En uno de sus capítulos muestra la perplejidad de los amigos de papa -apodo con el que lo conocían desde que era niño al comandante de las AUC- vestido de camuflado y diciendo ante una cámara de televisión un discurso complejo “¿Y desde cuándo a este le gusta la política?” se preguntaban. Niño bien del colegio Nacional Loperena y del Club Social de Valledupar cultivó, entre sus más disímiles amistades, la de Ricardo Palmera, a quien los años lo pondrían al otro lado de la guerra, siendo el comandante de las FARC Simón Trinidad, quien hoy continúa encerrado en una cárcel en los Estados Unidos. Jorge 40 fue el temible comandante del Bloque Norte de las AUC. A todos sus crímenes, masacres, extorsiones, desapariciones, se suma la de la paraeconomía y la parapolítica. El computador de su mano derecha, Don Antonio, ayudó a quitarle la máscara a fichas claves del uribismo como el ex director del DAS, Jorge Noguera, implicado en asesinatos tan atroces como el del profesor Jorge Correa de Andreis. Ese festín de sangre y corrupción no le quitó las ganas de la parranda. A Jorge 40 le gustaba el vallenato. Según rumores que circulan en Valledupar llegó a ser cercano de Poncho Zuleta. Declaraciones de un exparamilitar, publicadas en Verdad Abierta, afirmaban que hombres pertenecientes a los gaitanistas, adeptos a Jorge 40, habrían hecho varias reuniones con ganaderos y comerciantes para fortalecer el apoyo a su causa  en la finca de este ídolo del vallenato. “Por estas declaraciones, la Fiscalía expidió una orden de captura contra el músico el 9 de enero de 2010, pero que fue suspendida porque Zuleta aseguró que estaba dispuesto a colaborar con la justicia para desvirtuar todos estos señalamientos”. Poncho incluso ha sido asociado con el temible sicario de Kiko Gómez, Marquitos Figueroa. Zuleta siempre se ha defendido de estas acusaciones. Sin embargo hay una grabación que podría ser la prueba de su afinidad con los paramilitares. En el año 2003, durante un concierto en Astrea, César, se escuchan tres ráfagas de ametralladora y en seguida la voz de Zuleta que dice "Nojoda, viva la tierra paramilitar, vivan los paracos". Poncho siempre dijo que esa no era su voz, que se trataba de un montaje. Jorge 40 amaba a Diomedes Díaz. Cuando éste fue condenado a doce años por la muerte de Doris Adriana Niño un juez le dio casa por cárcel por haber sido diagnosticado con la enfermedad de Guillan-Barré. La fiesta le duró a Diomedes sólo dos meses ya que otro juez revocó la decisión. Pero el ídolo quería seguir fuera de la cárcel de Valledupar así que le pidió ayuda al comandante del Bloque Norte de las AUC. Uno de sus hombres de confianza, David Hernández Rojas, alias 39, lo sacó a escondidas de su casa y desde entonces un grupo armado, a las ordenes de Jorge 40, cuidó a Diomedes y lo mantuvo lejos de la cárcel. El comandante paramilitar por esos años le dio una hacienda a su ídolo llamada Las Nubes, 351 hectáreas arrebatadas a sus verdaderos dueños, la familia González Hinojosa, en donde gozó de una inmerecida libertad. Después de la muerte de Diomedes, en diciembre del 2013, empezó una pelea entre los 18 hijos reconocidos del cantante por el terreno. Cinco años después la Unidad de Restitución de Tierras dejó viendo un chispero a los herederos ya que les devolvió la tierra a sus legítimos dueños. La relación de los vallenateros con la delincuencia a quedado plasmada en varios saludos en sus canciones. En El gavilán mayor, Diomedes saluda a Santander Lopezsierra, mejor conocido como el Hombre Marlboro. Jean Carlos Centeno y Silvestre Dangond estaban dando un concierto en el matrimonio de alias “Fritanga” cuando éste fue sorprendido por la policía. En la canción Descarga de besos, Jorge Oñate nombra al temible Marquitos Figueroa. A Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira, señalado de ordenar el asesinato de más de cincuenta personas, el cantante Beto Zabaleta le dedica una canción. Una relación complicada la que tienen criminales como Jorge 40 con el vallenato, a quienes no pueden juzgarse por esto, ya que no está estipulado como delito por la ley colombiana.

Por: Redacción Pares Semana del 12 al 16 de febrero 2024. Terminado el VI Ciclo de diálogos y negociaciones y hechos públicos los acuerdos, hay debate público e interrogantes por resolver del curso de este proceso. Dos puntos han concentrado el debate público: el acuerdo sobre suspensión del secuestro, lo que esto implica, la situación de las personas secuestradas, su liberación, el por que es solamente por seis meses, estos son algunas de las aristas del debate público y el segundo tema, quizás el de mayor controversia es lo acordado como "Fondo Multidonante", para que es este fondo, quien lo maneja, para que, como se nutre, estos son los dos temas que siguen siendo centrales en el debate que genera este proceso y sobre el cual el gobierno nacional desde la delegación de que lidera el proceso de paz con el ELN, debe realizar pedagogía, precisar los puntos y aclarar las dudas que ante temas tan delicados se manifiestan desde una diversidad de actores sociales y posturas políticas, asumir que es importante precisar, informar, ampliar donde sea pertinente. Vera Grabe, como jefa de la delegación del Gobierno, ha dicho que el "Fondo Multidonante", es para financiar el proceso de paz, que no es para financiar el alzamiento armado del ELN, este es un punto central, la financiación es para la construcción de paz, no para la guerra, sobre este punto se requiere más ampliaciones, pedagogía y comunicación desde el gobierno, es un punto clave, donde hay mucho por precisar. El haber logrado una suspensión del secuestro de manera unilateral por parte del ELN, es un importante logro de este proceso, es un punto sobre el cual no se ha hecho una adecuada comunicación, la suspensión del secuestro no es un acuerdo entre Gobierno y el ELN, es una decisión unilateral del ELN, que se da por supuesto en el marco de un proceso de diálogos y negociaciones con el gobierno colombiano, pero no fue un punto sometido a negociaciones, fue un reclamo social y del gobierno, ante el cual el ELN asume una decisión. Sin duda que el VI ciclo muestra un proceso dinámico, con logros importantes: prórroga del cese bilateral por seis meses, suspensión del secuestro, definición del "Fondo Multidonante", reactivación del proceso de formulación del Plan Nacional de Participación, reafirmación del proceso territorial en las "Zonas críticas", el importante acuerdo de agrupación de trescientos prisioneros y prisioneras del ELN en ocho puntos, una medida de confianza que se pudo tomar hace meses, ya acordado, es importante ponerlo en marcha, como viene sucediendo. Pareciera ser una constante en este proceso que ante cada acuerdo y finalización de los ciclos de diálogos y negociaciones, el Frente de Guerra Occidental del ELN, toma la decisión de adelantar paros armados y este ciclo no es la excepción, hay en desarrollo un "paro armado" en las regiones del San Juan y el Baudó, en el departamento del Chocó, lo cual trae zozobra, sufrimiento en las comunidades que ven limitada su movilidad y  el subsiguiente debate sobre la voluntad del ELN, de comprometerse con procesos de distensión y respeto a los derechos de las comunidades y la contra argumentación del ELN, de la continuidad de los conflictos y las violencias en los territorios y la acción coordinada entre AGC y agentes estatales, misma situación se presenta en el Sur de Bolívar. Si bien hay un proceso andando, hay dudas de fondo: el manejo de los tiempos, pasa el tiempo y de fondo no se avanza, se requiere darle mayor ritmo al proceso, desarrollar la participación y acordar las transformaciones, iniciando por las de corto plazo, para llevarlas adelante en este 2024 o sino cuando?. Sin plan nacional de participación, construido y acordado en la mesa Gobierno-ELN, no podremos tener proceso de concertación de transformaciones y esto será luego de mayo y nuevamente viene la preocupación por el tiempo, que es una variable finita para el gobierno, tema muy delicado. Si bien hay un proceso andando, los desafíos para un proceso de paz con ritmo y eficacia, sigue siendo un reto presente, la delegación de gobierno tiene enormes retos, en tanto que es el gobierno el que tiene más recursos y mandato para avanzar en un acuerdo de paz, en el marco de la política de Paz Total. https://cambiocolombia.com/poder/ivan-cepeda-explica-avances-negociacion-eln El senador Iván Cepeda explica los avances de la negociación con el ELN Vera Grabe: fondo multidonante “no financiará la actividad armada del ELN” Gobierno y ELN acordaron crear fondo multidonante para proceso de paz https://razonpublica.com/va-proceso-paz-eln-retos-oportunidades-2024/?s=09 ¿En qué va el proceso de paz con el ELN? Retos y oportunidades para el 2024 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-decreto-paro-armado-en-tres-rios-del-choco-gobernadora-pide-medidas-del-gobierno-853655 Gobernadora del Chocó pide ayuda al Gobierno tras paro armado del Eln en tres ríos. https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/los-inconvenientes-en-el-proceso-de-paz-con-el-eln-IH23710686 Los inconvenientes en el proceso de paz. https://www.elpais.com.co/colombia/paro-armado-del-eln-tiene-a-30000-personas-confinadas-en-el-choco-1038.html Paro armado del ELN tiene a 30.000 personas confinadas en el Chocó. José Felix Lafaurie: "El #ELN debe decir cuántos y quiénes son los secuestrados. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias". ¿Qué dicen en mesa de negociación sobre el paro armado del ELN que tiene confinadas a comunidades?. https://www.elnuevosiglo.com.co/columnistas/eln-cediendo Eln, ¿cediendo? - Columna de Fernando Cepeda Ulloa. Entrevista CM& El excomandante del ELN, Carlos Arturo Velandia

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: France24 y Revista Diners Desde el 2019 el gobierno del entonces presidente Iván Duque le dio vía libre a construir un muelle de 132 metros para darle accesibilidad al parque natural de Gorgona. Los materiales para levantarlo estaban en un hangar en Buenaventura desde el 2022, el costo del arriendo por cuidar estos materiales era de diez mil dólares mensuales. Ante las críticas de ambientalistas, preocupados por lo que le podría suceder a este paraíso natural, a sus corales, y su vida marítima, además de los coletazos que ésta decisión podría traerle a las comunidades que viven cerca de la isla, el gobierno actual, el de Gustavo Petro, mantenía congelada la obra. Sin embargo, el pasado 12 de febrero, en una rueda de prensa en donde estaban los ministros de defensa, Iván Velásquez, la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, el de comercio Germán Umaña y el director de Parques Nacionales, Luis Olmedo, se anunció que el proyecto ya no tenía reversa. Además de la construcción del muelle se instalará en este lugar del Pacífico un radar para frenar las cada vez más crecientes rutas del narco que pasan por esta zona. En el 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se otorgó una licencia ambiental para construir un muelle. Estas obras ayudarían a promover la investigación científica con varias universidades, se instalará una estación fotovoltaica para proveer a la isla de energía 100% renovable. Las obras se suspenderán entre los meses de julio y diciembre, temporada en donde llegan las ballenas jorobadas, para no causarles ningún tipo de perturbación. Los radares y la estación de guardacostas que se instalarán en el cerro de la Trinidad, además de atajar las lanchas rápidas del clan del golfo cargadas de cocaína, servirán para ponerle freno a la caza de tiburones y delfines. Figuras cercanas al gobierno como el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, han divulgado estos puntos a través de sus redes sociales. Igual la preocupación existe. A pesar de la narrativa antimperialista implícita en este gobierno, el muelle no deja de ser una iniciativa norteamericana para poner una base militar en este lugar. Dicha instalación podría violar uno de los bastiones de este gobierno, el Acuerdo de Escazú. La ministra de Medio Ambiente afirmó que ya se había instalado mesas de diálogo con comunidades negras del Pacífico que serían las directamente afectadas por esta decisión. Desde noviembre se han realizado 36 reuniones, casi todas en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Las voces que están en contra del proyecto afirman que este muelle podría afectar los arrecifes coralinos, los litorales rocosos, y especies marinas y terrestres que viven en Gorgona. La isla, bautizada así por Diego de Almagro en 1525, el aventurero que la descubrió, deslumbrado por la cantidad de serpientes que la poblaban, fue durante décadas refugio de piratas hasta que Simón Bolívar se la cedió, a principios del siglo XIX, a un inglés que apoyó las guerras de Independencia. El Estado la expropio a comienzos del siglo XX. Con sus islas cercanas, las imponentes Malpelo y Galapagos, forma un corredor para la vida marina único en el mundo. Fue, como muchos saben, durante dos décadas, una cárcel inexpugnable. La intervención de Cecilia Castillo de Robledo fue fundamental para que este presidio terrorífico se cerrara. Ella escuchó los testimonios de algunos reclusos que le contaban de las torturas que tenían que sobrellevar desde que la isla fue transformada en cárcel en 1960. Eran tan terrible el trato que muchos de los reclusos se suicidaron. Se estima que el número de muertos que tuvo la cárcel, en los 24 años que estuvo abierta, ascendió a 220. Una de las causas de muerte también era la picadura de serpientes. En 1985 el entonces presidente Belisario Betancur escuchó los ruegos de Doña Cecilia -madre del ex senador Jorge Enrique Robledo- y cerró el presidio. Siete años después fue César Gaviria Trujillo quien decidió convertirla en un parque natural. Uno de los argumentos de lo que apoyan la iniciativa del gobierno de construir el muelle es la licencia ambiental que fue otorgada en el 2015. Sin embargo, según declaró a Infobae el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez, dicha licencia “tiene una cantidad de vacíos y aberraciones, porque no se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”. Sólo el tiempo dirá si un gobierno tan comprometido con el cuidado del medio ambiente como el Gustavo Petro tomó a la ligera las recomendaciones de decenas de expertos que afirman que el paraíso natural de Gorgona no debe ser intervenido por las obras de los hombres.

Por: Katerin Erazo Foto tomada de: Minciencias En un esfuerzo por impulsar el desarrollo tecnológico y garantizar una adopción ética y sostenible de la Inteligencia Artificial (IA) en Colombia, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, presentó el día de hoy la 'Hoja de Ruta para garantizar la adopción ética y sostenible de la Inteligencia Artificial en Colombia'. Este documento, elaborado en colaboración con diversos actores del ámbito gubernamental, académico y empresarial, establece los lineamientos para avanzar hacia políticas y estrategias que potencien el uso de esta tecnología en beneficio del país. El lanzamiento de la hoja de ruta tuvo lugar en el Foro denominado "Lanzamiento de la hoja de ruta en inteligencia artificial: una apuesta de país", celebrado en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. El evento reunió a representantes del Gobierno Nacional, expertos en el campo de la IA, académicos, investigadores científicos y líderes del sector productivo. La hoja de ruta se estructura en torno a cinco ejes temáticos fundamentales: Ética y gobernanza de la IA; Educación e innovación en IA; Industria 4.0 y el futuro de la IA; Datos y empresa en IA; y Seguridad ciudadana y defensa en IA. Estos ejes proporcionan un marco integral para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la IA en diversos ámbitos de la sociedad colombiana. El compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el desarrollo tecnológico y la inclusión ha sido fundamental para impulsar esta iniciativa. Colombia ha sido seleccionada por la Unesco para participar en un proyecto sobre ética de la IA, en colaboración con la Comisión Europea, lo que demuestra el reconocimiento internacional del potencial del país en este campo. Además, se está trabajando en la creación del primer Comité de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, que asesorará al Gobierno Nacional en la formulación de políticas y estrategias para impulsar la investigación científica y el avance tecnológico en este ámbito. En el ámbito práctico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha anunciado el Programa ColombIA Inteligente, que tiene como objetivo fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA para contribuir al desarrollo social y económico de las regiones del país. Durante el evento de lanzamiento, la ministra Yesenia Olaya destacó el potencial transformador de la IA para Colombia: "La IA puede ser un elemento catalizador para la transformación de Colombia. Nos motiva el poder de la innovación y la tecnología para abordar los desafíos estructurales a los que se enfrenta el país, desde la reducción de la brecha digital hasta la adaptación al cambio climático". Por su parte, representantes de la Universidad Nacional enfatizaron la importancia de enfrentar los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial, incluida la necesidad de invertir en formación y proyectos de investigación, así como garantizar la equidad y el respeto de los derechos humanos en el uso de la IA. El lanzamiento de la hoja de ruta también estuvo marcado por acuerdos internacionales para promover el desarrollo de la IA en Colombia. El ministro TIC, Mauricio Lizcano, firmó dos Memorandos de Entendimiento con el ministro de Estado para Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de convertir a Colombia en un Hub de Inteligencia Artificial para América Latina. Estos acuerdos promoverán la cooperación en investigación, educación digital y desarrollo de capacidades en el campo de la IA. Según Diana Herrera, líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la integración de la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar significativamente la realidad de Colombia en diversos aspectos: En el ámbito económico, la adopción de la IA puede impulsar la productividad y la competitividad de las empresas colombianas, permitiéndoles optimizar procesos, reducir costos y desarrollar productos y servicios innovadores. Esto, a su vez, podría contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en el país. En el sector de la salud, la IA podría mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos en Colombia. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden asistir en el diagnóstico médico, la gestión de registros electrónicos de pacientes, la logística hospitalaria y la personalización de tratamientos, mejorando así la atención médica. En educación, la implementación de la IA puede elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en Colombia. Mediante herramientas de IA, es posible adaptar los contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, brindar retroalimentación personalizada y facilitar el acceso a recursos educativos en línea. En el sector agrícola, puede aumentar la productividad y la eficiencia. Por ejemplo, sistemas de IA pueden ayudar en el monitoreo de cultivos, la predicción de cosechas, la gestión de recursos hídricos y la optimización de la distribución de insumos agrícolas. En cuanto a la seguridad ciudadana, Diana Herrera explica que la IA puede jugar un papel importante mediante la implementación de sistemas de vigilancia inteligente, análisis de datos para la prevención del delito y detección de comportamientos sospechosos. Sin embargo, es crucial considerar que la implementación de la IA también presenta desafíos, como la necesidad de establecer políticas y regulaciones adecuadas para garantizar su uso ético y responsable, así como asegurar que beneficie a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos los más vulnerables. Herrera mencionó que Colombia ha estado trabajando en la implementación de la inteligencia artificial (IA) en varios sectores, aunque el nivel de adopción y aplicación puede variar. Algunas formas en las que Colombia ha implementado la IA son: En el sector de la salud, se han desarrollado proyectos y aplicaciones de IA para mejorar el diagnóstico médico, la gestión de historias clínicas electrónicas y la optimización de los servicios de salud en general. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de IA para ayudar en la detección temprana de enfermedades como el cáncer y en la interpretación de imágenes médicas. En educación, se han implementado sistemas de IA para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Esto puede incluir plataformas de aprendizaje en línea que utilizan algoritmos de IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes. En el sector financiero, las instituciones financieras en Colombia están utilizando la IA para mejorar la seguridad de las transacciones, prevenir el fraude y personalizar las recomendaciones de productos financieros para los clientes. En agricultura, se han desarrollado soluciones de IA para ayudar a los agricultores colombianos a aumentar la productividad y la eficiencia en la gestión de sus cultivos. Esto puede incluir sistemas de monitoreo de cultivos basados en imágenes satelitales y análisis de datos para predecir cosechas y optimizar el uso de recursos agrícolas. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno colombiano está explorando formas de utilizar la IA para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la toma de decisiones gubernamentales. Un ejemplo sobre esto es que se están implementando sistemas de IA para analizar grandes volúmenes de datos y generar insights que puedan utilizarse para mejorar la planificación urbana, la gestión de tráfico y otros aspectos de la vida urbana. Por tal motivo que el lanzamiento de la Hoja de Ruta para la Inteligencia Artificial en Colombia marca un paso crucial hacia el futuro digital del país. Con un enfoque en la ética, la innovación y la colaboración internacional, Colombia está posicionándose como un actor clave en el escenario global de la IA, con el potencial de generar beneficios significativos para la sociedad y la economía. Vea el lanzamiento completo aquí

Por: Redacción Pares Fotos Tomadas de: América Economía y Control Ciudadano Hasta el 12 de marzo del 2004 Rocío San Miguel trabajó para el gobierno de Hugo Chávez. El haber firmado, un año antes, el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, le costó su salida del Consejo Nacional de Fronteras. En ese momento el chavismo apretaba clavijas después de lo que se conocería como el golpe petrolero, el paro de abril del 2002 en donde Hugo Chávez salió por 48 horas de la presidencia, siendo reemplazado por la cabeza de Fedecamaras Pedro Carmona. En el 2003 se realizó un referendo revocatorio contra Chávez. Luis Tascón, diputado chavista, hizo pública una lista donde aparecían lo funcionarios que habían votado a favor de la salida de Chávez. El castigo fue despedirlos inmediatamente de sus cargos. San Miguel fue una de ellas. Desde entonces se ha dedicado a luchar contra el régimen a través de Control Ciudadano, la ONG que fundó. Le ha ganado varios pulsos a Maduro, algo que él no olvida. En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en la demanda que interpuso por su despido injustificado.  El Estado venezolano tenía hasta el 6 de mayo del 2024 para presentar el informe donde constatara que le había cumplido a San Miguel su reparación. A sus 57 años Rocío San Miguel ya sentía el cerco. Por eso, el pasado 9 de febrero, decidió irse al extranjero. Estaba lista para partir en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas cuando fue apresada. Se le acusaba de pertenecer a la operación Brazalete Blanco. Según la narrativa del gobierno bolivariano, el plan era organizar un ataque a una base militar en Táchira, estado limítrofe con Colombia, tomar armas y asesinar a dirigentes chavistas. Su objetivo principal era asesinar a Nicolás Maduro. En las últimas horas el gobierno de Maduro ya ha detenido a 36 personas, implicadas en su magnicidio, 12 de ellas supuestamente implicadas en dicha operación que lideraría San Miguel. La paranoia es una de las características del régimen. Ella es experta en temas militares y de seguridad nacional por eso el régimen le colgó el letrero de conspiradora sin tener pruebas. Desde ese día no se sabe nada de la activista. Su paradero es desconocido, lo que ha causado la denuncia de Amnistía Internacional. El panorama se agrava con el correr de las horas. Su abogado, Juan González, ha hecho un recorrido por centros carcelarios intentando encontrarla, pero ha sido imposible. Lo único que se sabe es que fue llevada por funcionarios del SEBIN a una cárcel. Ya se refieren a su caso como de “desaparición forzada”. El mismo abogado confirmó que Miranda Díaz, la hija de Rocío, también está desaparecida. “Ella es quien informa, aparentemente habló del Sebin que se acercaban, ella nos ratifica la situación; hace más de 48 horas que no sabemos nada de ella, aquí detienen a una persona y a su entorno, tenemos más de 48 horas que no sabemos nada, sabemos que le llegan los mensajes, pero no contestan”. Además de su hija cuatro de sus hermanos también han desaparecido. Los ojos del mundo están preocupados por la situación de Roció San Miguel y su familia.