Por: Redacción Pares Fotos Tomadas de: América Economía y Control Ciudadano Hasta el 12 de marzo del 2004 Rocío San Miguel trabajó para el gobierno de Hugo Chávez. El haber firmado, un año antes, el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, le costó su salida del Consejo Nacional de Fronteras. En ese momento el chavismo apretaba clavijas después de lo que se conocería como el golpe petrolero, el paro de abril del 2002 en donde Hugo Chávez salió por 48 horas de la presidencia, siendo reemplazado por la cabeza de Fedecamaras Pedro Carmona. En el 2003 se realizó un referendo revocatorio contra Chávez. Luis Tascón, diputado chavista, hizo pública una lista donde aparecían lo funcionarios que habían votado a favor de la salida de Chávez. El castigo fue despedirlos inmediatamente de sus cargos. San Miguel fue una de ellas. Desde entonces se ha dedicado a luchar contra el régimen a través de Control Ciudadano, la ONG que fundó. Le ha ganado varios pulsos a Maduro, algo que él no olvida. En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en la demanda que interpuso por su despido injustificado.  El Estado venezolano tenía hasta el 6 de mayo del 2024 para presentar el informe donde constatara que le había cumplido a San Miguel su reparación. A sus 57 años Rocío San Miguel ya sentía el cerco. Por eso, el pasado 9 de febrero, decidió irse al extranjero. Estaba lista para partir en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas cuando fue apresada. Se le acusaba de pertenecer a la operación Brazalete Blanco. Según la narrativa del gobierno bolivariano, el plan era organizar un ataque a una base militar en Táchira, estado limítrofe con Colombia, tomar armas y asesinar a dirigentes chavistas. Su objetivo principal era asesinar a Nicolás Maduro. En las últimas horas el gobierno de Maduro ya ha detenido a 36 personas, implicadas en su magnicidio, 12 de ellas supuestamente implicadas en dicha operación que lideraría San Miguel. La paranoia es una de las características del régimen. Ella es experta en temas militares y de seguridad nacional por eso el régimen le colgó el letrero de conspiradora sin tener pruebas. Desde ese día no se sabe nada de la activista. Su paradero es desconocido, lo que ha causado la denuncia de Amnistía Internacional. El panorama se agrava con el correr de las horas. Su abogado, Juan González, ha hecho un recorrido por centros carcelarios intentando encontrarla, pero ha sido imposible. Lo único que se sabe es que fue llevada por funcionarios del SEBIN a una cárcel. Ya se refieren a su caso como de “desaparición forzada”. El mismo abogado confirmó que Miranda Díaz, la hija de Rocío, también está desaparecida. “Ella es quien informa, aparentemente habló del Sebin que se acercaban, ella nos ratifica la situación; hace más de 48 horas que no sabemos nada de ella, aquí detienen a una persona y a su entorno, tenemos más de 48 horas que no sabemos nada, sabemos que le llegan los mensajes, pero no contestan”. Además de su hija cuatro de sus hermanos también han desaparecido. Los ojos del mundo están preocupados por la situación de Roció San Miguel y su familia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 9 de febrero de 2024 —en un comunicado que tiene como fecha del primero de febrero— el Consejero Comisionado de Paz Otty Patiño informó a la opinión pública que a partir de esta fecha, el Gobierno Nacional retomará los diálogos y la negociación con la organización armada rebelde Segunda Marquetalia; una de las disidencia que quedó en el país luego del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Este anuncio es una decisión esperada y coherente del gobierno Petro. Pues en su política pública de seguridad ha quedado claro que este buscará mejorar el orden público recurriendo a los acercamientos y negociaciones con los diversos actores del conflicto interno armado. Siendo la Segunda Marquetalia un grupo independiente que, aunque pequeño, opera en el país y afecta la seguridad en varios territorios, en especial, los de frontera. La Segunda Marquetalia, como recordarán, tiene su origen en agosto de 2019, cuando el exjefe negociador de la desmovilizada guerrilla de las antiguas Farc-ep, Iván Márquez, tomó la decisión  de retomar el uso de las armas junto a otros compañeros de lucha —El Paisa, Romaña y Jesús Santrich, entre otros—. Una decisión que se explica por los problemas que se tenían algunos de estos exjefes con el sistema de justicia transicional y ante el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Dado que la Ley 2272 de 2022 de Paz Total abrió las posibilidades de negociar con todos los actores armados del conflicto interno, en febrero de 2023 el Gobierno colombiano firmó con Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia unos acuerdos donde se comprometía a iniciar formalmente un proceso de diálogos sociopolíticos conducentes a la firma de un acuerdo de paz. Proceso en el que se avanzó poco debido a muchas razones, entre ellas el estado de salud de su principal líder alias Iván Márquez. En la nueva declaración conjunta, compuesta por 11 puntos, las partes reafirman su intención de negociar la paz, como lo hicieron el año pasado, a desescalar el conflicto armado y a buscar los buenos oficios de otros países —como Cuba, Noruega y Venezuela— y otros actores —como la Conferencia Episcopal de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas— para desarrollar apropiada el proceso (punto 3). La novedad en este nuevo acuerdo está, primero, en los elementos iniciales que presenta para la construcción de una agenda. Allí se ponen varios temas en discusión: como los de dignificar la vida, contribuir a resolver problemas que afectan la existencia, mitigar impactos del cambio climático y la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Lo que significa que se buscará avanzar en otros temas que no se discutieron en La Habana. Adicionalmente, insisten en “impulsar la conformación de zonas fronterizas de paz” con las que se buscará “garantizar los derechos de la población” que habitan en las fronteras (punto 5). Es decir, se buscará fortalecer el componente étnico de la paz y además atender los problemas de frontera, como las economías ilegales, las migraciones y el abandono estatal de estos territorios. Segundo, el énfasis que tienen de involucrar a otros actores en el proceso. En el comunicado se habla de “priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y demás gente pudiente del país” (punto 6). Lo que significa que se desea tener una mesa amplia, donde, además de representantes del Gobierno y del grupo rebelde, puedan hacer presencia otros actores, y que como se anota, hacen parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Y la tercera novedad, es que se comprometen a construir un proceso de paz “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”. Desean las partes firmantes que el país tenga “la tranquilidad y la seguridad” de que este será un proceso que cuente con un “compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz” (punto 7). Promesa que significa todo un reto para las partes, pues la desconfianza de la ciudadanía frente a esta agrupación es evidente, sobre todo por el escándalo que rodea a su líder Iván Márquez. A pesar de las dudas que se puedan tener con este componente de la paz total, el proceso con la Segunda Marquetalia podría dar resultados positivos. Pues, por un lado, se cuenta con la experiencia de un proceso de paz exitoso —el que vivimos en el gobierno de Juan Manuel Santos y que tuvo resultado la firma de un acuerdo final en noviembre de 2016—. Sin duda en esta nueva mesa se buscará aprovechar los conocimientos acumulados para no repetir problemas y ser más eficiente. Por el otro, al ser un grupo rebelde bastante golpeado por la guerra y donde la mayoría de sus líderes han desaparecido. Esta situación hace que se cuente con una madurez del conflicto que permitirá avanzar con rapidez en un acuerdo de paz, tal como lo advierten en el comunicado conjunto —ordenado y ágil—. Además, tienen a favor la disposición de un gobierno que quiere la salida negociada y la premura de negociar y mostrar resultados en menos de dos años, antes de agosto de 2026. De allí que sea necesario avanzar, con prontitud, en definir una agenda clara, acotada y en la que se logre avanzar y llegar a acuerdos con celeridad. En establecer unos protocolos de negociación que le den seguridad a los negociadores, donde se les respete su integridad. Finalmente, en que se instale una Mesa de Diálogos de Paz en los territorios fronterizos para vincular a países amigos y que también protejan en proceso. En conclusión, estamos frente a una nueva oportunidad de sacar del conflicto interno a un número importante de actores armados. Una organización rebelde con la que tenemos muchas prevenciones, pero que está dispuesta a negociar la paz y promete ser seria en esta ocasión. Un grupo que es consciente que la guerra ha madurado las condiciones para que se dé un proceso exitoso y que se está comprometiendo con reducir la confrontación armada y discutir unos temas que aportarán al desarrollo del país. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Espectador El sábado 10 de febrero quedó claro en Tuluá el poder de la banda sicarial La Inmaculada. Imágenes de guerra quedaron en la retina del país esa noche. Siete taxis, dos carros particulares quemados, dos ataques a agentes de tránsito y un supermercado puesto en llamas fue un balance terrorífico para una ciudad sitiada por la violencia. El origen de la asonada fue la detención el pasado 9 de febrero de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, capturado un día antes, el 9 de febrero. Nacho, era el segundo de la banda, enfocado en la extorsión de comerciantes en esa ciudad desde el año 2021. Así como en Barranquilla y la Costa Atlántica deben soportar el acoso de los Rastrojos Costeños, buena parte del comercio de Tuluá son azotados económicamente por La Inmaculada. La primera vez que escuchamos hablar sobre La Inmaculada fue en el 2015. Ese año Faustino Asprilla, el famoso ex futbolista, denunció públicamente a alias Pipe y alias Porrón, dos de sus líderes, de haber ido hasta su casa y pedirle dinero a cambio de respetarle la vida a él y a sus familiares. Desde entonces las autoridades empezaron a indagar sobre la banda. Descubrieron que otros dos elementos, conocidos por los alias de Oscar y Quiceno, cobraban entre $100 y $300 millones de pesos a contratistas de la alcaldía de Tuluá para poder hacer su trabaio. El actual alcalde de esta ciudad, Gustavo AdolfoVélez, también estaba amenazado por la banda. Parte de la molestia de La Inmaculada con el mandatario es que, según fuentes cercanas a la oficina de Pares Pacífico “ellos manejaban tres secretarías en la administración pasada, entre ellos la de Tránsito”. Ésta sería una secretaría muy útil para ellos porque desde allí “ejercían vigilancia y control permanente a las movidas de la ciudad”. Otras de las secretarías que estarían bajo control serían Planeación y Hacienda. “En Hacienda obtenían la información de los propietarios de casas, fincas, lotes, etc, además de los comerciantes que movían más plata”. Uno a uno los golpes contra La Inmaculada se fueron sucediendo. En noviembre del 2023 cayeron “Oscar” y “Quiceno” tras varios meses de seguimiento. Pero el golpe que sacudió a la ciudad fue la reciente captura de Nacho. Él es hermano de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien, según El Espectador “se encuentra en la cárcel por los delitos de homicidio y concierto para delinquir”.  Nacho era buscado desde el año 2019. Incluso fue detenido pero dejado en libertad en diciembre del 2022. La captura de este delincuente se dio en torno a la estrategia “90 días contra el homicidio” desarrollado por la policía. La del pasado sábado no es la primera noche en donde Nacho ordenó la quema de vehículos. En marzo del 2023 La Inmaculada incineró un taxi, un furgón y varios carros partilares. El horror desatado el 10 de febrero venía acompañado de un panfleto que decía: “a partir del día de hoy tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno con nuestros líderes, los cuales piden sean escuchados y en un buen gesto de paz se les hizo entrega del mortero para mostrar la disposición que se tiene para llegar a fin con toda la problemática y llevar una tranquilidad en paz". La violencia en Tuluá no es cosa de ayer. En el año 2021, en artículo publicado por la oficina de Pares Pacífico llamado El crimen organizado se toma el Valle del Cauca, hacía referencia a la oleada de masacres que teñían de rojo municipios como Cartago y Tuluá. La violencia en el Valle tuvo su origen en el 2018 cuando viejos capos del narcotráfico de inicios de siglo cumplieron sus condenas en los Estados Unidos y retornaron al país, algunos de ellos, con la intención de retomar el control criminal en el departamento. No obstante, se encontraron con un férreo obstáculo: los ‘baby narcos’, herederos de las grandes estructuras del narcotráfico que hoy controlan bandas y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) en las ciudades”. Esto desencadenó una guerra que aún continúa. Los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro para sentar en la mesa a dos de las bandas que más terror causaban en el puerto de Buenaventura, Los Shottas y los Espartanos, han hecho que las cifras de violencia hayan bajado el año pasado. En Tuluá, en el 2021, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes llegó a ser de 57.26. La Inmaculada arrancó siendo el brazo armado de los Rastrojos y los Comba. A la hora de enfrentarse a sus enemigos territoriales, grupos como La Cruz, La Canosa y Los Séptimo, pueden llegar a ser implacables como la noche en la que ordenaron quemar a 56 reclusos en la cárcel de Tulua que pertenecían a la banda Los Caleños. Su pecado fue vender droga dentro de la Cárcel sin permiso de La Inmaculada. Según Dennis Harley Huffington, de la oficina de Paz y Reconciliación Pacífico, su principal ingreso no es el microtráfico sino las extorsiones: “Instauraron lo que las autoridades han denominado el ‘cartel del huevo’, que consisten en extorsionar a finqueros, grandes comerciantes y empresas avícolas de la zona, quienes deben pagar una renta por la producción, distribución y comercialización de este producto, lo que ha llevado a un costo exagerado del huevo, llegando a costar hasta $20.000 pesos el panal”. Además se han fijado en los vendedores de cebolla larga, cilantro y tubérculos. En Tuluá impera la ley del silencio. Por eso el país se aterró ante las imágenes dantescas del pasado sábado 10 de febrero pero en la ciudad todos saben quien manda. Pero esto probablemente cambiará en las próximas semanas debido a la visibilidad que ya tiene el flagelo de la extorsión en el Valle del Cauca. La Fundación Paz y Reconciliación, a través de su línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, hará aún más visible el problema con la próxima entrega de su informe sobre Extorsión.

Por: Laura Bonilla - Subdirectora de Pares En un acto supremo de machismo, Jaime Arrubla comentó sobre la terna de candidatas a Fiscal presentada por el presidente, insinuando que el problema de su preparación radicaba en que solo sabían "llevar expedientes". Prácticamente dio a entender que les faltaba mundo, finura y habilidad política. Esto representa una mezcla impresentable de machismo y clasismo. Cuando hombres como Arrubla expresan que a una mujer le falta mundo, en realidad están indicando que no están dispuestos a abrir espacio a mujeres que no "sigan órdenes". El temor a tener una Fiscal independiente está presente en la Corte. Por supuesto, rechazo firmemente cualquier forma de presión violenta o desmedida contra ella, pero me niego a callar frente a un asunto vital para el país. La presentación de una terna de candidatas fue un acto disruptivo por parte de Gustavo Petro. Pero también lo fue presentar mujeres que no se han caracterizado por ser de su misma línea política o sus amigas personales, como sí lo hizo Iván Duque con Francisco Barbosa. Esto es doblemente disruptivo. Me atrevería a decir que, a diferencia de otros nombramientos, en este caso Petro privilegió la experiencia y la trayectoria, no solo en papel, sino también con resultados concretos, que es lo que se necesita en los desafíos actuales para la lucha contra el crimen organizado. Pero volvamos al machismo en la corte. Once votos en blanco entre tres mujeres sumamente capaces y preparadas. Según algunas fuentes cercanas a la justicia, una de las razones es que ellas carecen de contacto político o experiencia parlamentaria. La verdad es que esta explicación no me sorprendió. En Colombia, donde en los altos cargos se utiliza la expresión "manejo político" para disfrazar el clientelismo arraigado, parece que algunos magistrados están más preocupados por mantener sus relaciones y cuotas con los congresistas y políticos a los que deben su elección, que por ofrecer una buena opción al país. No es solo machismo, me dirán varios. Es también clasismo, clientelismo o cualquier otro "ismo". Pero también es cierto que hay rechazo a que estas tres mujeres ocupen roles que históricamente han sido ocupados casi exclusivamente por hombres. La gente entiende erróneamente que la equidad de género consiste en igualar numéricamente hombres y mujeres en los cargos, pero no es así. Tiene mucho más que ver con incorporar a las mujeres en roles diferentes y romper los techos de cristal que parecen de titanio. Si las mujeres que están nominadas se caracterizaran por tener personalidades más sumisas o una fuerte recomendación masculina, o si su trayectoria no fuera tan "sólida", sería más probable que obtuvieran los votos. Lo que molesta es precisamente su tono y su carácter. Otro aspecto es el mal llamado capital social y político. Una mujer, por más capaz y preparada que sea, no tiene el mismo acceso a dicho capital que normalmente se reproduce en espacios muy masculinos, entre cócteles y reuniones políticas. A menudo, cuando se permite a las mujeres ingresar a estos escenarios, o bien debe haber mediación masculina o se les exigen ciertos códigos de conducta que no se aplican a los hombres. Es perfectamente normal que las mejores y más preparadas mujeres en la rama judicial, con todos los estudios y credenciales, se encuentren bloqueadas cuando se trata de obtener el respaldo de los parlamentarios, congresistas y políticos. Por eso, a pesar de que a nivel municipal y local la rama judicial está llena de mujeres capaces y competentes, la paridad en la rama judicial colombiana es escasa. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ostentan los peores indicadores en este sentido. De hecho, según un estudio detallado de la Corporación Excelencia en la Justicia, desde 1991 hasta 2021, solo el 15% de los magistrados que se han posesionado en la CSJ han sido mujeres. En un país con una impunidad rampante, donde muy pocos delitos, especialmente aquellos que afectan a la ciudadanía común, son castigados, la eficacia de la justicia depende en gran medida de una lucha efectiva contra la corrupción. En una Fiscalía permeada por las peores prácticas de nuestro sistema político, donde el Fiscal saliente ha utilizado los recursos públicos para inflar su ego, sería importante avanzar en el combate de las prácticas políticas que la han convertido en un fortín del clientelismo y no en una entidad al servicio del país. Cualquiera de las mujeres candidatas tiene las mejores credenciales para avanzar en este aspecto. Un poco de generosidad y menos machismo les ayudaría, señores magistrados.

Por Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto Tomada por: Isabela Puyana Fidelia Gonzalez bajó desde El Paraíso, el barrio donde vive en Ciudad Bolívar, hasta la calle 24 con carrera 52, sede del búnker de la Fiscalía, a las cuatro de la mañana. Entre las pocas cosas que llevó estaba un megáfono, el mismo que ha usado desde hace dos décadas. Pertenece a una asociación de mujeres y está acostumbrada a la lucha en las calles. A sus 62 años no hay cansancio que la supere. Así que se plantó contra el granito de la Fiscalía y ante unos funcionarios que se reían socarrones empezó a gritar “Barbosa, mafioso, tu tiempo ha terminado”. Con la rabia saliéndole a trompicones intentó gritar el viejo coro creado por Quilapayún “El pueblo, unido, jamás será vencido” pero la emoción la traicionó y aunque arrancó la frase la terminó con un ininteligible hijueputazo. Si, Fecode convocó al plantón frente al edificio de la Fiscalía este 8 de febrero. Los señalamientos sobre una posible financiación por parte del sindicato de los profesores a la campaña Petro han avivado aún más la hoguera contra el Fiscal. Un allanamiento, ordenado por la Fiscalía, en los últimos días exasperó aún más los ánimos. Si, Fecode convocó, pero entre los asistentes al plantón había gente de otros sindicatos, o ciudadanos común y corrientes que han entendido la situación y han explotado contra el Fiscal. Desde que fue elegido, a comienzos del 2020, se le ha cuestionado. Entre sus pocos méritos está el de haber sido compañero de clase en la Universidad Sergio Arboleda de su amigo y escudero, el expresidente Iván Duque. Eso no le toca el ego, ni el ánimo de reconocerse como el mejor Fiscal desde que este organismo fue creado en 1992, por orden de la nueva Constitución que ayudó a forjar Gustavo Petro, su principal enemigo. Su viaje a San Andrés en marzo del 2020, usando el avión de la institución, junto con su hija y una amiga, violó las más elementales reglas de la cuarentena. Y él salió con la cabeza alta, a decir que, antes que Fiscal, era el mejor padre. Parece un mal chiste, pero, como denunció Yohir Akerman en una de sus columnas en Cambio, Barbosa estima más a los funcionarios que le sacan el perrito al parque que a los valientes que persiguen criminales en lugares tan complicados como el puerto de Buenaventura. Le gusta que se refieran a él como Señor Fiscal, sus escoltas se prestan para hacerle fila en un banco a su papá y ha puesto placas en la Fiscalía hasta para inaugurar baños. Como está empeñado en pasar a la Historia pagó 180 millones para imprimir 5.500 libros donde queda inmortalizada su gestión. Todo eso lo sabían las más de 700 personas que se plantaron frente al búnker. Gente que llevaba banderas del Maís, del M-19, de decenas de sindicatos, o personas como Fidelia que está cansada de que funcionarios con viejas mañas como Barbosa quieran eternizarse en sus cargos. Los ánimos se caldearon aún más sobre el mediodía cuando la Corte Suprema rechazó una vez más la terna que presentó el presidente, tres candidatas cuya trayectoria ha sido aprobada por especialistas, Angela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Arango, pero que para los 23 magistrados que conforman la Corte no reúnen las cualidades que debería tener el sucesor de Francisco Barbosa. Si la Corte sigue rechazando la terna el reemplazo de Barbosa sería Martha Mancera, su vicefiscal. Entre los cánticos que proponían desde una tribuna la plana mayor de FECODE, estaba el de “Mancera mafiosa”. La gente se había esmerado. Habían creado carteles, pancartas, cánticos contra la Vicefiscal. En los últimos días su nombre ha sido tendencia. Según un artículo publicado en la Revista Raya, Mancera, íntima de Barbosa, habría engavetado una investigación donde estaba salpicado el director del CTI de Buenaventura, quien, a su vez, habría encubierto las actividades del quien es considerado el zar del contrabando en ese puerto, Diego Marín. Con Mancera de Fiscal, Barbosa seguirá mandando, esta vez en cuerpo ajeno. Furtivamente salían a la terraza del búnker de la Fiscalía funcionarios. Traje, corbata y peinado perfectamente marcado. Algunos salían con un café, con la tranquilidad de los que ven desde su balcón el mar. Se reían, desafiantes. Se reían de los saltimbanquis que estaban al frente de la tarima, de las mamás que llevaban los retratos de sus hijos desaparecidos, de las banderas de Palestina que llevó el sindicato. De las arengas. Lo que no saben es que adentro, en la Fiscalía, hay gente que está harta de Barbosa y su ineficiencia. Los medios que acompañan a Barbosa han sido el altavoz de sus supuestos logros. Uno de ellos es haber resuelto, en tiempo record, el asesinado del estilista Mauricio Leal. Sin embargo, en temas como el de Odebrecht, que está engavetado, o el del asesinato de firmantes del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos, que registra un 95% de impunidad, ha mostrado una vez más su ineficiencia. Las nubes se cernían amenazantes sobre Bogotá. Una rapera ensamblaba en versos una diatriba contra Barbosa. Su apellido es un deleite para los trovadores. La gente la tenía clara, en un país donde un tipo como Andrés Escobar, quien salió a disparar a una marcha pacífica durante el estallido social en Cali, consigue los votos para llegar al consejo de su ciudad, alguien tan ladino con el poder como Barbosa puede llegar a ser presidente. Así lo quieren los más distinguidos cacaos, quienes lo invitan constantemente a cenas donde él es la estrella. Con la oposición desarticulada, Barbosa puede ser una alternativa. “Por eso quiere que Mancera sea su sucesora, una de las ternadas con Petro podría investigarlo y meterlo preso” afirma un sindicalista de Fecode que prefiere guardar su nombre. Al otro lado de la ciudad, frente al palacio de Justicia y en la plaza de Bolívar, otra multitud presionaba a la Corte Suprema para que acelerara su decisión de nombrar algunas de las ternadas por el presidente. Pero la estrategia no había cambiado, y la espera se alargaba aún más. Mientras tanto, al frente de la Fiscalía, Fecode y espontáneos que no tienen nada que ver con sindicato alguno, se cruzaban de brazos, decididos a no moverse de ahí hasta que Barbosa se fuera completamente, sin dejar títeres. Las nubes y la lluvia inminente no desanimaban a gente como Fidelia. Bastante calle tenía como para dejarse amedrentar por un aguacero más. Es que el pueblo no se rinde carajo. Y eso lo tiene que empezar a saber Barbosa.

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: Mundo Eléctrico Democratizar la energía es el propósito central de la figura de las Comunidades Energéticas, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y reglamentada desde el pasado 22 de diciembre, cuando el Ministerio de Minas y Energía (MME) expidió el Decreto 2236 de 2023. La norma define la posibilidad para la participación de los usuarios en la generación, almacenamiento y consumo de energía eléctrica en los territorios. Según Maria Victoria Ramírez, directora de energías del Ministerio, esta es una oportunidad desde lo social y lo ambiental para el aprovechamiento eficiente y responsable de los potenciales energéticos renovables en cada región, en el marco de la transición energética justa. Ya son más de 7.000 grupos organizados que se han postulado en poco más de un mes para ser reconocidas como comunidades energéticas, principalmente en las regiones Andina, el Caribe y el Pacífico, que buscan aprovechar los beneficios de este nuevo modelo orientado a reconfigurar la matriz energética en el país a partir de sus proyectos de generación a través de fuentes de energía renovables. El PND estableció que “los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. Por su parte, el Ministerio de Minas reglamentó con el decreto que estas comunidades “están constituidas por personas naturales o jurídicas que cooperan entre sí, a través de un contrato de derecho privado. Su objetivo fundamental es la generación, comercialización y uso eficiente de la energía”. El Ministerio definió que actuarán como agentes autogeneradores colectivos —concepto que se refiere a producir energía para las necesidades de la comunidad y poder vender electricidad si se genera más de lo que se consume— o como generadores distribuidos colectivos —dedicados a la producción de energía eléctrica para vender mediante la conexión a un sistema de distribución local o una microrred—. Esta figura, que convoca a la postulación de comunidades organizadas, asociaciones de derecho, en contraposición a la búsqueda de ganancias económicas, apunta a proyectos de generación a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa o la proveniente de las mareas, según el potencial local. El camino para las comunidades energéticas La postulación para constituir comunidades energéticas es el primer paso para la participación de los usuarios en la cadena de la energía eléctrica. Según el esquema trazado por el MME, durante el primer trimestre de 2024 se definirá quiénes pueden recibir recursos, los criterios de priorización de los proyectos y de focalización, el mecanismo para recibir los recursos y un modelo de incubadora, que hará parte de la siguiente fase del proceso, a través del fortalecimiento de las comunidades energéticas y el desarrollo de sus proyectos de generación, antes de su operación efectiva. Sin embargo, el proceso requerirá todavía acciones del Ministerio, así como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). “La definición de criterios de focalización para la asignación de recursos públicos es un paso crítico”, señala  el Centro de Pensamiento Polen Transiciones Justas. “Es imperativo que el MME defina estos criterios con transparencia y sin ambigüedades, priorizando de manera efectiva (no solo formal) a las comunidades vulnerables”. La definición precisa de los "combustibles renovables" y la reglamentación del Registro de Comunidades Energéticas son otros aspectos entre las observaciones de la entidad, que tiene entre sus líneas de trabajo la descarbonización del sector eléctrico, la democratización energética, la reconversión laboral y reorientación económica y la eliminación progresiva de los extractivismos fósiles. “Es importante que el MME, la CREG y la UPME (cada una en lo de sus competencias) tomen medidas tendientes a evitar que los propósitos de las Comunidades Energéticas se desdibujen, y/o que el esquema sea utilizado para disfrazar esquemas de negocio de empresas y agentes con mero ánimo de lucro”, advierte Polen. Las primeras comunidades energéticas En noviembre de 2023, nuestro coordinador de la línea Gobernanza, Transición Energética y Paz, Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, explicó en un artículo que ya desde ese año el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) priorizó las primeras Comunidades Energéticas en los departamentos de La Guajira, Nariño y Valle del Cauca para desarrollar proyectos que aportarán al Sistema Interconectado Nacional, y en los que las comunidades participarán de toda la cadena de generación con energías limpias. Destacó que en Medellín ya existe un trabajo de comunidad energética, apoyado por EPM y el Reino Unido. En el barrio El Salvador y que 24 familias participan en la generación de energía a través de 43 paneles solares que generan aproximadamente 3.000 kWh por mes, según la Alcaldía de Medellín. Las familias involucradas tienen la posibilidad de autogestionar su consumo y acumular puntos que representan incentivos económicos, además de consolidar un tejido social alrededor de la energía: “Este caso se convierte en un referente para los desafíos que se tienen en la implementación de las comunidades energéticas en Colombia. Retos que pasan por barreras de conocimiento técnico, normatividades claras, los incentivos económicos y ayudas; y el cómo entran a participar las grandes empresas generadoras de energía”, subrayó Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, para quien las desigualdades socioeconómicas, sobre todo en las comunidades rurales y marginadas que tienen poco acceso a la energía plantean otro importante desafío en el camino de la democratización energética propuesta por el Gobierno.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: AS Colombia y El Espectador La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se volvió a reunir para votar por quién será la próxima Fiscal General de la Nación. El resultado fue el esperado ya que en esta segunda ronda  ninguna de las tres ternadas (Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez) logró los 16 de los 23 votos que se requieren para ser elegida. Francisco Barbosa Delgado es, según su hoja de vida, abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Graduado en el 2000, desde esta época ha sido amigo personal de Iván Duque, pues estudiaron juntos. Barbosa se graduó de la universidad haciendo un manual de derecho civil. Posterior a ello, hizo una especialización en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Relaciones Internacionales, entre febrero y diciembre del año 2000. Realizó dos maestrías: la primera, en historia, en la Pontificia Universidad Javeriana; la segunda, en derecho público, en la Universidad Externado de Colombia. Cabe aclarar que en la hoja de vida de Barbosa se indica que ambas maestrías se realizaron al mismo tiempo, graduándose primero de la Javeriana y luego del Externado. Se graduó del doctorado en Derecho Público en la Universidad de Nantes. Su tesis doctoral giró alrededor de la libertad de expresión a nivel comparado entre el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Junto a ello, ha estado en múltiples seminarios, conferencias y tiene amplia experiencia como investigador en temas de derechos humanos, que es su principal campo de trabajo a nivel académico. En su hoja de vida sólo aparece reseñado que fue fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación durante un año, entre septiembre de 2003 y agosto de 2004. Ha sido su único paso por la Fiscalía. Según su hoja de vida, no posee experiencia dentro de alguna de las corporaciones de la rama judicial. Tiene 19 años y 7 meses de experiencia profesional. La mayoría de esta experiencia ha estado relacionada con asesoría jurídica en diferentes ministerios y entidades distritales y nacionales, siendo reseñable los 5 años y medio de experiencia que tuvo en la Personería de Bogotá cómo asesor legal externo entre 2012 y 2018, del mismo modo que su paso como asesor legal dentro del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del distrito entre 2016 y 2017, y cómo asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones entre 2004 y 2007. Barbosa tiene una profusa cantidad de literatura tanto en libros cómo en capítulos de libros publicados. Publicó, de hecho, su tesis doctoral con la Universidad Externado en 2012, mismo que su manual de derecho civil, enfocado en bienes, que fue su tesis de grado en la Sergio Arboleda en 2003. Ha publicado un manual de derecho internacional humanitario con la Universidad de los Andes en 2004, y su último libro fue sobre derecho humanitario y acción discrecional del Estado en 2013, publicado por la Universidad Externado. También tiene una amplia producción de artículos académicos en revistas, siendo sus temas principales el derecho humanitario y la historia del derecho. El que será Fiscal General hasta el 12 de febrero ha sido docente universitario desde el 2000, cuando ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a dictar clases sobre derecho y litigio internacional. También ha sido docente en la Universidad de los Andes (2002; 2005 - 2007), docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar (2012), docente invitado de la Universidad Internacional de Quito (2013 - 2018), docente en la maestría de derecho constitucional de la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo, de Guayaquil (Ecuador) (2013- 2018), y profesor invitado de la Universidad de Nantes sobre derecho público (2010 - 2018). La mayoría de su trayectoria docente la ha desarrollado en la Universidad Externado, donde ha dictado en varias áreas del derecho, desde 2010 hasta 2018. Para cuando Barbosa fue electo Fiscal General, había sido nombrado por Iván Duque como Alto Consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde agosto de 2018. ¿Contra quiénes competía en ese momento Francisco Barbosa? Barbosa competía contra otros dos perfiles: Clara María González, secretaria jurídica de presidencia para ese momento de Iván Duque y figura cercana a Álvaro Uribe Vélez. Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado para el momento en que fue ternado, figura del expresidente Andrés Pastrana. Según su hoja de vida, Gómez fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá en 1990, superintendente de sociedades entre 1992 y 1994 y alto comisionado de paz, miembro del equipo negociador del gobierno Pastrana con las FARC y secretario privado del presidente entre 1998 y 2002. Posterior a ello, se dedicó de lleno al sector privado y a la docencia universitaria. En el sector privado se ha dedicado al derecho corporativo, tiene un bufete de abogados desde 2006 y hace parte de varias mesas directivas de empresas y organizaciones privadas, siendo la más reciente la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, AGREMGAS. En la docencia fue profesor invitado de la Universidad de Salamanca entre 2002 y 2004. Amelia Perez Parra: Según su hoja de vida es abogada de la Universidad Libre de Colombia, cuenta con una especialización en Criminología y derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, su trayectoria en la Fiscalía comienza  Fiscal Seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito en 1992, Fiscal Regional en  1992- 1995,  Fiscal Especializado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1995-2002 y Fiscal Especializada en la Unidad de Terrorismo 2002-2003 Dentro de la Rama judicial se ha desempeñado como Juez Promiscuo de Municipal en 1983, Juez Promiscuo de menores en 1984 , Juez Penal Municipal entre 1985 - 1986 y Juez de Instrucción Criminal entre 1987-1992. Ha investigado casos insignia de la guerra paramilitar y sus presuntos nexos con el Ejército Nacional en los años noventa. Por ejemplo, las masacres del Aro y Trujillo, además de los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra, y es su despacho el que abrió la investigación contra el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán. Su esposo es Gregorio Oviedo, abogado que en la década de los noventa trabajó con el ministro Iván Velásquez, pues este último fungía como director regional de la Fiscalía de Antioquia. Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido vínculos con relevantes funcionarios de la rama judicial como el ex jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Virgilio Hernández; y el actual magistrado de la JEP, Pedro Diaz. Luz Adriana Camargo: Según su hoja de vida es abogada  de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal y  Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Se ha desempeñado como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en 2003, Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia en 1996, Fiscal Delegada ante los Jueces penales de Circuito en 1995. Dentro de la Rama Judicial se ha desempeñado como Juez 106 de Instrucción Criminal en 1988 y Oficial Mayor Juzgado 19 Superior de Bogotá en 1987. Asimismo, en el sector de Justicia ha sido Directora Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá, D.C. Cundinamarca en la Fiscalía General de la Nación en 1992, Asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, D.C. en 1991 y litigante en asuntos penales. Ha peritado en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como fue el caso de “Leguizamón” contra la República de Paraguay en el 2022, caso “Herminio Deras García” contra la República de Honduras en el 2022 y el caso “Digna  Ochoa y  Plácido y  Familia” contra México. Luz Adriana ha sido consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos, como fue en Consucol S.A.S, en el proyecto “Incidencia para la reforma de la Policía Nacional”,  líder de un equipo interdisciplinario en el análisis de los distintos casos violentos para la identificación de patrones, desde la firma del acuerdo de paz Estado-FARC y consultora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en el 2021. En 2005 se conoció con el ministro de defensa, Ivan Velasquez, pues los dos asumen el cargo de magistrados auxiliares en la Corte Suprema de Justicia; de allí radica su estrecha cercanía, pese a las afirmaciones de Camargo de ser independiente. De hecho, fue Velásquez quien la convirtió en investigadora de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Precisamente este podría ser un factor que reduzca las posibilidades de Camargo para ser elegida. Ángela María Buitrago Ruiz: Según su hoja de vida, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas de la misma universidad, Especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca (España), Doctora en Derecho y sociología jurídica en la Universidad Externado, ha sido docente de pregrado en las materias de Derecho Penal, Procesal Penal y Penal Especial, y de posgrado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos y Sociología Jurídica en esta misma universidad. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca del cual recibió distinción especial en 2002. Profesora invitada de la Universidad de Nariño, Universidad Libre de Cartagena y la Universidad de Cúcuta. Como parte de su quehacer académico cuenta con varias publicaciones como: Lecciones de Derecho Penal en 2019; Compendio de Derecho Procesal Civil en 2017; Lecciones de Derecho Penal: Parte Especial en 2015 y La Acusación en Colombia en 2011, La reforma a la Fiscalía. Aspectos procesales en 2003, entre muchas otras. En su carrera profesional, resalta experiencia específica en la fiscalía como ex fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (2005-2010) investigando la toma y retoma al Palacio de Justicia, dando como resultado la resolución de acusación contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada. Experiencia internacionalista en cargos como experta internacional en medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015-2016) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa - México en 2014. Consultora de la OEA (2019 – 2020), consultora de la Oficina de Naciones Unidas Honduras (ONU) (2019 – 2020), experta para el mecanismo de Nicaragua por las Naciones Unidas desde 2022, además de su experiencia como abogada penalista litigante en firmas privadas. Trayectoria en la Rama de Justicia Colombiana, cuenta con sus prácticas penales realizadas en el año 1989 en el juzgado 107 de Instrucción criminal de Bogotá. Tiempos de interinidad Las demoras en los procesos de elección de Fiscal no es asunto de ahora, pues la tardanza en la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia los amplios tiempos de interinidad ha sido una constante al menos en la última década. De hecho, para el año 2012 el entonces presidente Juan Manuel Santos tuvo que cambiar la terna que había presentado previamente Alvaro Uribe. Así las cosas, fue evidente que no era del agrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior significó que, Guillermo Mendoza estuviera encargado del órgano por más de 15 meses. Tras la nueva propuesta presentada por Santos, compuesta por la exministra de Justicia, Mónica de Greiff; la abogada María Luisa Mesa y el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, siendo este último el finalmente elegido (2012-2016). Posterior a la salida de Montealegre, la situación se repitió. Durante 5 meses el vicefiscal Jorge Perdomo asumió la dirección de la Fiscalía de manera interina, hasta que resultó electo Nestor Humberto Martinez. A él lo prosiguió, el saliente fiscal Fransisco Barbosa, pero su elección tampoco fue inmediata, en tanto que Fabio Espitia estuvo provisionalmente al frente del órgano fiscal por al menos 8 meses.

Por: Sebastián Solano – Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La reciente incursión del expresidente Iván Duque en el mundo de la música bajo su nuevo nombre artístico "DJ Duq" y su lanzamiento del programa "Dreamers & Makers" a través de su Fundación I+D han sido tendencia en últimos días en la opinión pública. Estos intentos por presentarse como un líder político y empresarial cercano a la juventud pretenden eclipsar su legado como presidente, caracterizado por la represión sistemática y la falta de respuesta a las demandas sociales de los jóvenes. Los videos que se han hecho virales en los que Duque se encuentra mezclando en una consola de DJ en un evento con jóvenes empresarios en Cartagena, han abierto el debate sobre la autenticidad de sus esfuerzos por conectar con la juventud colombiana. Este evento, parte del congreso organizado por Global Leadership Community, reunió a aproximadamente 35,000 jóvenes empresarios de diversas partes del mundo, ofreciendo a Duque una plataforma para exhibir una faceta hasta ahora forzada de su personalidad pública. Sin embargo, la pregunta que surge de manera inevitable es si estos gestos son suficientes para redimir su historial de represión y violencia contra la juventud durante su mandato presidencial. El lanzamiento reciente del programa "Dreamers & Makers" a través de su Fundación I+D: Innovación para el Desarrollo, que tiene como objetivo apoyar a jóvenes emprendedores colombianos, añade una capa adicional a esta compleja narrativa. Si bien es necesario proporcionar oportunidades de desarrollo a la juventud, no se puede ignorar el contexto político y social en el que surgen estos esfuerzos. ¿Son estos programas genuinos intentos de apoyar a la juventud, o simplemente estrategias de relaciones públicas diseñadas para suavizar la imagen pública de un exmandatario cuestionado? Para comprender plenamente la paradoja de Duque, es crucial examinar su legado durante su gobierno. El año 2019 fue testigo de un Estallido Social sin precedentes en Colombia, motivado por la exacerbación de problemas sistémicos como la corrupción, la desigualdad y la violencia durante su administración. La juventud desempeñó un papel central en estas protestas, alzando sus voces en demanda de justicia y cambio. Sin embargo, en lugar de escuchar y responder a las preocupaciones legítimas de la juventud, el gobierno de Duque optó por una estrategia de estigmatización, criminalización, represión y persecución. Los informes de organizaciones de derechos humanos como Temblores ONG revelan un panorama desgarrador de abusos de poder y violaciones de derechos humanos perpetrados por la fuerza pública durante el gobierno de Duque. Las cifras son alarmantes: “Durante el 2021, registramos un total de 5808 casos de violencia policial, de los cuales 5048 ocurrieron en el Paro Nacional. Del total registrado, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1991 a violencia física.” Temblores ONG, 2021 Casos como el de Dilan Cruz, Lucas Villa, Héctor Fabio Morales, Brian Rojas o la joven de 17 años que se quitó la vida luego de haber sido abusada sexualmente por miembros de la policía en Popayán en el marco de las manifestaciones, sucedieron en el gobierno de Iván Duque, quien dio la orden de tener “mano dura contra los manifestantes”. Muchos de estos casos quedaron impunes. En un intento desesperado y fallido por "conectar" con la juventud durante el Estallido Social, el gobierno de Duque lanzó lo que denominó la "Gran Conversación Nacional". Esta iniciativa pretendía ser un espacio inclusivo donde diversos sectores de la sociedad pudieran expresar sus preocupaciones y visiones para el futuro del país. Sin embargo, la realidad distó mucho de la retórica oficial. La mesa de conversación dedicada a los jóvenes fue un reflejo de la desconexión y la falta de representatividad que caracterizó a toda la iniciativa. A pesar de la retórica de inclusión, la composición de los participantes no reflejaba la diversidad y la amplitud de las voces juveniles presentes en las calles durante las protestas. Las voces de los manifestantes, que representaban la vanguardia del movimiento social, quedaron marginadas en favor de figuras menos contestatarias y más afines al gobierno. Además, la falta de compromiso real por parte del gobierno para abordar las demandas y preocupaciones planteadas por los jóvenes socavó aún más la credibilidad de la "Gran Conversación Nacional". En lugar de ser un espacio de diálogo genuino, se convirtió en un ejercicio superficial donde las voces disidentes fueron silenciadas o ignoradas. No podemos obviar el trágico episodio del 7 de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Duque pronunció la controvertida frase "¿De qué me hablas, viejo?" en respuesta a una pregunta del periodista Jesús Blanquicet sobre el bombardeo en el Caguán, donde perdieron la vida ocho niños inocentes. Este incidente marcó un punto de inflexión en la percepción pública del gobierno de Duque y sus acciones en materia de seguridad y derechos humanos. El bombardeo en el Caguán fue el resultado de una operación militar contra uno de los campamentos de las FARC, llevada a cabo bajo la orden del exministro de Defensa, Guillermo Botero. La posterior destitución del exministro de Defensa, Guillermo Botero, por ocultar la verdad sobre la muerte de los menores, solo confirmó las fallas sistémicas y la falta de transparencia dentro del gobierno de Duque. La paradoja que encarna Iván Duque refleja las complejidades y ambigüedades inherentes a la política contemporánea. Su intento de proyectarse como un líder juvenil y emprendedor, con gestos como su participación en eventos con jóvenes empresarios y el lanzamiento de programas de apoyo a emprendedores, contrasta de manera llamativa con su historial de represión y violencia durante su mandato presidencial. Esta dicotomía pone de relieve las tensiones entre la imagen pública y la realidad política, entre la retórica de inclusión y la práctica autoritaria, que son cada vez más comunes en el escenario político global. Mientras Duque continúe buscando redimir su imagen sin abordar de manera significativa las injusticias del pasado, su credibilidad seguirá en entredicho y su legado permanecerá marcado por la sombra de la represión y el sufrimiento de la juventud colombiana.

Po: Guillermo Linero A propósito de las manifestaciones realizadas este pasado 8 de febrero en apoyo al presidente Gustavo Petro y como respuesta a la ruptura institucional que vienen provocando con sus burdas maneras, tanto la procuradora Cabello como el fiscal Barbosa y, por qué no decirlo, también los magistrados de la Corte Suprema, es pertinente precisar cuál de esas fuerzas -ahora en una suerte de choque de trenes- detenta en verdad el poder supremo del estado, si la rama ejecutiva o si la judicial. No obstante, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 115, dice con mucha concreción y elementalidad comunicativa que: “El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Como vemos, según nuestra carta constitucional, el presidente  es el jefe del “conjunto –así define la RAE al Estado- de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y de los órganos de gobierno de un país soberano”. En consecuencia lógica, el presidente es el jefe de las tres ramas del poder, por mucha autonomía que tengan cada una de ellas y sus dependencias institucionales. Es precisamente por esa concentración de poder en la rama ejecutiva, que a nuestro régimen de gobierno se le denomina “presidencialismo” y no fiscalismo. Aun así, a muchos ciudadanos y ciudadanas, les cuesta entender que el presidente ejerza plenamente su jefatura de estado. Es algo tan inocente como no comprender, por ejemplo, que el dueño de un carro al entregarle las llaves a su conductor para que lo lleve a una dirección determinada, no puede interrumpirle durante el trayecto su autonomía con el timón; pues esa potestad le permite a su chofer resolver problemas con la inmediatez que no tendría de preguntarle a su jefe cómo y hacia dónde girar ante una eventualidad que exija un acto reflejo. Con todo, pese a dicha autonomía inviolable, tampoco el conductor puede negarle a su jefe, su calidad de dueño del carro, como al presidente no puede negársele, por ejemplo, su jefatura sobre el fiscal, la procuradora y los magistrados de la Corte Suprema, así estos jerarcas actúen con plena autonomía. De manera que las discusiones entre las ramas del poder, realmente casi siempre resultan innecesarias, cuando no maquiavélicas, porque el verdadero y único poder –y eso deben saberlo sus representantes legales- lo tiene estrictamente el pueblo. Los historiadores, los filósofos y los estudiosos e investigadores de la política, le llaman poder popular, que es un poder preexistente al orden social. El origen del poder popular es el caos, y gracias a los contratos sociales, gracias a la creación de unas instituciones para que trabajen en armonía y conduzcan el carro del estado, ese poder popular no sólo ha creado las constituciones para garantizar la organización política, sino además elige a los gobernantes y, especialmente, es el único control sobre todas las ramas del poder; porque el pueblo es el directo benefactor de sus aciertos y la única víctima de sus desaciertos. La interrelación entre el poder popular -que no es un ente abstracto sino un grupo grande de personas- y su gobernante elegido, se desdibuja cuando la democracia funciona bien, cuando los entes de control hacen su tarea con decencia; pero, si ello no es así, como la misma historia nos lo ha demostrado, el pueblo se manifiesta, y lo hace bien con los mecanismos democráticos de presión, o lo hace mal, con violencia de turba multa, cuando dichos mecanismos han fracasado. A esto último, a la violencia de turba multa causada por pugnas políticas irresolubles por las vías del derecho, hemos estado acostumbrados los seres humanos, La historia está llena de dictadores y de opresores de muchas pelambres, frente a los cuales los pueblos se han visto en la obligación de levantarse, una y otra vez, para exigirles que cumplan con lo prometido en sus programas de gobierno. Esa ha sido la historia corriente, y por eso les cuesta a muchos opositores del gobierno de Gustavo Petro, entender que en su caso, las manifestaciones de ese poder popular -no los plantones de grupos minúsculos anti petristas- se levanten para demostrarle su incondicional apoyo, como lo hicieron el pasado 8 de febrero luego de que el presidente -en un acto de singularidad apreciable- haya advertido una ruptura institucional que no le permite cumplir debidamente con el mandato del pueblo, o lo que es lo mismo, con la aplicación y buen desarrollo de su programa de gobierno.

Por: Álvaro Martínez Foto tomada de: La Republica En el marco de la coyuntura del Día sin Carro en Bogotá, los altos niveles de temperatura registrados y los incendios forestales de las últimas semanas producidos por causa de El Fenómeno de El Niño, Ecopetrol reportó resultados favorables para hacer frente al cambio climático y a diferentes problemáticas ambientales. A través de un comunicado, Ecopetrol anunció al país los resultados de cierre para el año 2023, entre los cuales se destaca: Un ahorro energético de 3,89 petajulios durante 2023 (el mejor resultado obtenido desde el año 2018) Una reducción de 274 mil toneladas de CO2 en el año 2023 Un ahorro energético acumulado de 10,86 petajulios entre 2018 y 2023 Una reducción en emisión de gases acumulada (2018-2023) de 708 mil toneladas Un compromiso con la optimización de consumos de energía eléctrica, gas natural y energía térmica Es de resaltar que, con los resultados obtenidos, 2023 puede considerarse como el año con mayor ahorro de energía en la historia reciente, lo cual (de acuerdo con la empresa) es atribuible a la ejecución rigurosa del programa de eficiencia energética por parte del Grupo Ecopetrol. Como marco de referencia, se indica que el ahorro energético acumulado es equivalente al 4% de la demanda anual de energía del país en el último quinquenio y que la reducción de emisiones registrada es similar al efecto de captura de carbono que producirían 4,5 millones de árboles o 197 días sin carro en Bogotá. El reporte de resultados estaría directamente relacionado con acciones de impacto para el cumplimiento de objetivos de descarbonización, la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la mitigación del calentamiento global. Ecopetrol, la empresa más importante del país en materia económica, evidenciar así un giro hacia el cumplimiento de objetivos no sólo económicos, sino también medioambientales. El reporte de resultados reafirma el compromiso de la empresa con la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía renovables y no convencionales. En palabras del presidente de Ecopetrol, "La eficiencia energética y las energías renovables son las mayores impulsoras de la reducción de emisiones en el mundo, y Ecopetrol está comprometida con seguir avanzando en estas iniciativas con metas retadoras a 2030".

Por: Katerin Erazo Foto tomada de: Radio y Central dede información PDET El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un paro armado en el departamento de Chocó, sumiendo a la región en una preocupante tensión y planteando un desafío directo a los acuerdos de extensión del cese al fuego recientemente firmados entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana, Cuba. La declaración fue hecha por el frente de Guerra Occidental Omar Gómez a través de un comunicado fechado el 8 de febrero. En este comunicado, el ELN argumenta que el paro, que entrará en vigor a partir de la medianoche del sábado 10 de febrero en el Medio San Juan, es una respuesta a lo que denominan "la presencia del paramilitarismo que arrecia contra la población humilde de este territorio". Según el ELN, la región de Chocó ha sido azotada por la violencia perpetrada por grupos paramilitares, lo que ha generado una situación humanitaria precaria. Alegan que estos grupos han establecido retenes ilegales en varios ríos de la región, incluyendo el San Juan, Sipí, Cajón, Baudó y Bojayá, lo que impide la libre circulación de las personas y restringe el acceso a alimentos. Además, acusan a los paramilitares de utilizar a los habitantes como escudos humanos para protegerse de las acciones de la guerrilla. En vista de esta situación, el ELN anunció el paro armado con el supuesto objetivo de salvaguardar la vida e integridad de la población no combatiente. Sin embargo, esta medida representa un desafío directo al reciente acuerdo de extensión del cese al fuego, el cual se había prolongado por 180 días y había incluido el compromiso del ELN de suspender el secuestro. La declaración del paro armado ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de que los enfrentamientos del ELN en la región no son directamente con el Ejército. Este anuncio llega poco después de la prórroga del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN por seis meses más, en un intento por avanzar hacia la paz en el país. Sin embargo, la persistente presencia de grupos armados ilegales en la región, incluyendo el Clan del Golfo y los Autodefensas Gaitanistas, complica significativamente los esfuerzos por establecer la estabilidad y seguridad necesarias para consolidar la paz. Según Camila Fernández, investigadora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este no es el primer paro armado que el ELN decreta durante las negociaciones con el Gobierno, incluso en medio del cese al fuego. Estos paros armados tienden a ocurrir con frecuencia en Chocó. Es crucial comprender por qué Chocó es el epicentro de estas acciones. La razón principal radica en la confrontación entre el ELN y otros grupos armados, particularmente el Clan del Golfo. Este último tiene una presencia significativa en el departamento, buscando expandirse desde Lurabá hacia el sur y controlar las rutas del Pacífico Chocuano. Por lo tanto, el ELN se enfrenta especialmente en Chocó a conflictos que implican enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos y paros armados. En los ciclos recientes de negociación, se acordó la apertura de un observatorio para monitorear el paramilitarismo. Se espera que este observatorio permita una respuesta más efectiva a las confrontaciones con grupos armados ilegales, como el paramilitarismo, que representa una de las mayores amenazas para el ELN en la actualidad. Sin embargo, es importante reconocer que simplemente analizar y observar estas dinámicas no es suficiente para reducir el impacto en las comunidades afectadas. Por tanto, es crucial que dentro de los Compromisos Éticos y Comunitarios, como se ha mencionado anteriormente en Pares, se aborde también la confrontación con otros grupos armados ilegales. La decisión de llevar a cabo un paro armado en un territorio tan golpeado como Chocó, justo después de cerrar un ciclo de negociaciones y anunciar la extensión del proceso por otros seis meses, debilita el proceso de paz y socava la credibilidad del cese. Esto afecta especialmente a la población civil, en particular a las comunidades históricamente más afectadas como las del Chocó. La situación en Chocó ha sido durante mucho tiempo una de las más complejas y violentas del país, con una larga historia de conflicto armado y violencia perpetrada por diferentes grupos. El ELN ha sido uno de los actores principales en esta área, enfrentándose tanto a otros grupos armados como al propio Ejército colombiano. El paro armado anunciado por el ELN representa un desafío significativo para el proceso de paz en Colombia. A pesar de los avances logrados en las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, la persistente violencia en regiones como Chocó demuestra que aún queda un largo camino por recorrer hacia la paz verdadera y duradera en el país.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Tiempo y TeleSur En Colombia la participación de menores de edad en el conflicto armado ha sido una constante histórica, llegando a una relevancia tal que, el poeta nadaista Gonzalo Arango escribió respecto a alias Desquite, un bandolero hecho guerrillero a los 17 años en la época conocida como La Violencia, que la sociedad le había negado el derecho a ser un hombre. El reclutamiento de menores ha sido señalado por la costumbre y las normas como contrario a las características del relacionamiento vital que llamamos humanidad. Las normas internacionales vigentes califican el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su asociación (como puede ser por utilización o vinculación) como crimen de guerra, e infracción al derecho internacional humanitario, siendo objeto de penalización para los responsables de tales conductas, sean Estados, Grupos Armados o Autoridades de Facto. Existen muchas maneras en que los niños, niñas y adolescentes pueden verse asociados con fuerzas y grupos armados. Incluyen el secuestro y el reclutamiento, distintas formas de sometimiento, oferta de rutas para escapar de la pobreza, presentación de la vinculación como opción para defender sus familias y comunidades, como posibilidad de defenderse a sí mismos en contextos de abuso, o a partir de sentimientos de venganza. Son múltiples otras razones. Por ello, el espíritu que motiva las normas nacionales e internacionales es el de proteger a las personas menores de edad, frente a cualquier forma de vinculación, reclutamiento o uso, que ponga en riesgo su vida, capacidad de desarrollo y goce pleno de los derechos que les son naturales. En diversos momentos del conflicto colombiano, y en diversas agrupaciones armadas, los niños, niñas y adolescentes participan directamente en combates y hostigamientos como soldados armados. Sin embargo, su papel no se limita a luchar. Muchas niñas y niños también son utilizados en funciones de apoyo que entrañan grandes riesgos y dificultades. Sus tareas pueden variar, incluyendo cocineros, espías, mensajeros e incluso esclavitud sexual. Independientemente de su función, los niños asociados con las partes en conflicto están expuestos a niveles agudos de violencia: como testigos, víctimas directas y participantes forzados. Algunos resultan heridos y tienen que vivir con discapacidades por el resto de sus vidas. Las niñas y mujeres adolescentes reclutadas y utilizadas por fuerzas y grupos armados tienen vulnerabilidades adicionales por su género y lugar en la sociedad y sufren consecuencias que incluyen, entre otras, violación y violencia sexual, embarazo y complicaciones relacionadas con el embarazo, estigma y rechazo por parte de familias y comunidades. El Gobierno Colombiano, el pasado 6 de febrero, firmó en el marco de los acuerdos del cese al fuego, un documento que indica que el Ejército de Liberación Nacional se compromete a no reclutar niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Esta afirmación es contraria a las normas nacionales e internacionales, y rompe la protección necesaria que merecen las personas menores de 18 años. Como afirma Naciones Unidas en los Principios de París sobre la participación de los niños en los conflictos armados, 2007: “Un niño [niña] asociado con una fuerza o grupo armado” se refiere a cualquier persona menor de 18 años que sea o haya sido reclutada o utilizada por una fuerza o grupo armado en cualquier capacidad, incluidos, entre otros, niños, varones y niñas, utilizadas como luchadoras, cocineras, porteadoras, espías o con fines sexuales. No se refiere únicamente a un niño que participa o ha participado directamente en las hostilidades. Adicionalmente, en 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la participación de menores en conflictos armados para protegerlos del reclutamiento y la utilización en hostilidades. El Protocolo Facultativo es un compromiso que obliga a que: Los estados no reclutarán niños menores de 18 años para enviarlos al campo de batalla. Los estados no reclutarán soldados menores de 18 años. Los Estados deben tomar todas las medidas posibles para prevenir ese reclutamiento, incluida legislación para prohibir y penalizar el reclutamiento de niños menores de 18 años e involucrarlos en hostilidades. Los Estados desmovilizarán a cualquier persona menor de 18 años reclutada o utilizada en hostilidades y proporcionarán servicios de recuperación física y psicológica y ayudarán a su reintegración social. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un país no deben, bajo ninguna circunstancia, reclutar ni utilizar en hostilidades a menores de 18 años. El Protocolo entró en vigor en 2002 y ahora ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo. El Congreso de Colombia, mediante la Ley 833 del 10 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial número 45.248 del 14 de julio de 2003, aprobó el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). La Corte Constitucional, en Sentencia C-172 del 2 de marzo de 2004 declaró exequible la Ley 833 del 10 de julio de 2003 y el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). El 25 de mayo de 2005, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 25 de junio de 2005 de acuerdo a lo previsto en su artículo 10(2). El Decreto 3966 de 2005 completa la incorporación del protocolo a la normatividad colombiana. No solamente resulta incomprensible que el Gobierno Colombiano haya violado las normas internas (incluido el código penal) al firmar como acordado el referido compromiso del día de ayer, sino que incluso si el ELN se declarará en completa ruptura con el Estado Colombiano (y las normas y disposiciones de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), este Grupo Armado está cubierto por la misma prohibición según el derecho internacional. Las leyes de derechos humanos declaran que los 18 años son la edad mínima legal para reclutar y utilizar niños, niñas y adolescentes en hostilidades. Ciertamente, reclutar y utilizar a personas menores de 15 años como soldados está prohibido por el derecho internacional humanitario desarrollado al terminar la década de 1940 y ajustado en la década de 1970, y en el derecho de la costumbre; y la Corte Penal Internacional lo define como crimen de guerra. Pero, tanto el Protocolo Facultativo referido antes, como la visión amplia de derechos que esperamos tenga la paz posible, como lo han indicado la Corte Constitucional y la JEP, indican que los 18 años es el estándar, es el límite y es la línea roja de aquello que consideramos límite donde se disuelve la humanidad. El pasado 6 de febrero  volvimos a los años 1970, en una sociedad que espera que la paz le permita vivir los años actuales, incluyendo los desarrollos nacionales e internacionales de los últimos 50 años, que han corrido desde la fecha.