Entrevista de Nelson Hernández Peláez Colprensa | LA PATRIA | Bogotá Tras la publicación del informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la situación del conflicto armado en Colombia en 2014, se renovó la preocupación por la eventualidad de que la violencia aumente después de la firma de un acuerdo de paz. Según el informe, debido a que las Farc no son el único actor armado y violento en el país, existe la clara posibilidad de que, una vez esa guerrilla deje los territorios, otros grupos armados ilegales, como bandas criminales, narcotraficantes y el mismo Eln, los tomen para ejercer sus actividades delictivas. En el informe se establece que en el país existen 281 municipios considerados de atención prioritaria en el marco de un posconflicto. De estos, 87 son calificados como de prioridad muy alta, lo que implica que una vez las FARC se retiren, el Estado deberá llegar para brindar apoyo inmediato a los campesinos, con el fin de evitar que la delincuencia resurja. Esos 87 municipios están ubicados en cuatro regiones: en el Pacífico; en los Llanos Orientales y la Amazonía; en el corredor entre el noreste antioqueño, pasando por el Magdalena Medio y llegando al Catatumbo, y en el municipio de Uribia, en La Guajira. Sobre la situación de estos municipios, Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó cuáles son los factores que hacen que sean de mayor prioridad para la intervención temprana del Estado. Niveles – ¿Cómo definieron cuáles son los 281 municipios prioritarios? Hicimos un cálculo de en dónde han estado las Farc y el Eln durante los últimos años, eso nos dio un total de 281 municipios. Esto lo clasificamos en tres niveles: muy alto, medio y bajo. – ¿Bajo qué precepto hicieron esa clasificación? Nos hicimos tres preguntas: ¿cuál es el riesgo de que en estos municipios se levante una nueva ola de violencia, después de firmados los acuerdos de paz? ¿Qué tan preparado está el Estado para aplicar los acuerdos de La Habana? ¿Qué tanto riesgo hay de que llegue otro actor armado a reemplazar a las Farc en esas zonas? Entonces tomamos los 281 municipios y creamos un gran índice, con un indicador estatal, que mide el DNP; un indicador social, que es el Gini de Tierras; otro de vías terciarias y navegabilidad fluvial y el último sobre presencia de economías ilegales. – ¿De todos, cuáles son los más vulnerables? Le puedo dar el ejemplo de Barbacoas, en Nariño. Es un municipio que solo tiene una vía de acceso totalmente destruida, no tiene vías terciarias, no tiene un comercio estable, la Alcaldía no recauda impuestos, hay presencia de coca, hay minería ilegal, presencia de Farc, Eln y bacrim, es un municipio en un riesgo muy alto. – ¿Qué puede hacer el Gobierno en este caso? Lo que le decimos al Gobierno es que realmente el posconflicto va a durar unos 10 años. Esto inicia desde la firma del acuerdo hasta lo que decidimos llamar ‘la normalización’. Pero todo el mundo coincide en que el punto más crítico está entre la firma del acuerdo y los siguientes 12 meses. En esos municipios hay que hacer una intervención, no para solucionarlo todo, no para acabar con todas las desigualdades, en 12 meses eso no va a pasar, pero sí hay que hacer una intervención sustancial para que no lleguen otros actores armados a generar una nueva ola de violencia. Son obras pequeñas, como adecuar y ampliar algunas vías terciarias, drenar ríos, que haya acueducto y alumbrado público 24 horas. Pequeñas obras, que permitan contener esos factores negativos. Por regiones – Al ver el mapa se distinguen cuatro regiones muy claras, hablemos de ellas una por una. La primera es la del Pacífico, que está en rojo de punta a punta… Es de las más complejas, porque abarca dos fronteras, la de Ecuador y la de Panamá. El Pacífico tiene cinco grandes características, está lleno de economías ilegales, coca y minería, pero la que más preocupa es la segunda, porque requiere aparatos criminales más estables, entonces tenemos una amplia presencia de economías ilegales. Otro factor, es que hay presencia de hasta tres o cuatro actores armados. El mejor ejemplo de esto es Buenaventura, donde confluyen las Farc, el Eln, empresas privadas y ‘Los Urabeños’. En ese caso, negociar con las Farc es un pedacito muy pequeño. Tercero, el Pacífico está sumido en la corrupción, en el caso de Buenaventura, hay miles de millones de pesos en inversiones y es la hora en que ese municipio no tiene un buen acueducto. Hay ilegitimidad en autoridades locales. Cuarto, municipios como Riosucio no tienen nada de presupuesto, el año pasado recibieron entre 60 y 70 millones para invertir en seguridad y en víctimas. ¿Con eso qué se hace? Ellos no recaudan impuestos, porque no hay quién los pague. Y el quinto factor es que hay funcionarios públicos que no entienden o no les interesa el tema de los acuerdos de La Habana. En ese tema hace falta mucha pedagogía. – Los Llanos Orientales están en rojo hasta llegar a parte de la Amazonía, en el sur del país… Sí, eso arranca desde Arauca y Vichada, pasando por el Meta y Guaviare hasta Caquetá, Putumayo e incluso una parte del Vaupés. Esa es otra región muy grande del país, donde no hay caminos, no hay vías terciarias, ni navegabilidad en los ríos. Allí predomina la economía de la coca. Esos son municipios muy importantes, porque difícilmente podrán salir de una economía ilegal. – ¿Qué pasa con ese corredor que pasa desde el noreste antioqueño, por el Magdalena Medio y hasta el Norte de Santander llegando a la frontera con Venezuela? Ese es el famoso corredor que hay entre el Catatumbo nortesantandereano y el Golfo de Urabá. Lo más dramático allí son tres cosas. Es una zona de cultivo, procesamiento, transporte y exportación de drogas ilícitas. Hay en promedio entre tres y cuatro actores armados. Mientras tanto, el poder local está tomado por la ilegalidad. A diferencia del Pacífico, la Gobernación de Antioquia tiene recursos y tiene un programa de paz. Santander también tiene recursos y lo mismo Norte de Santander. Pero todo esto está atravesado por corrupción y mucha delincuencia. – Hay una cuarta región que está en rojo y es un solo municipio, Uribia, en La Guajira. ¿Qué pasa allá? Ese es un caso paradigmático; nos hicimos esa misma pregunta. Esa es una zona donde el exgobernador Francisco Kiko Gómez está preso por homicidio y una exalcaldesa de Manaure acaba de ser encarcelada por delitos como peculado y celebración indebida de contratos. Esa es la mejor definición de La Guajira. Llena de todo tipo de contrabando mafioso y esa mafia se vuelve Estado. Ese departamento no está en rojo porque sea pobre, municipios como Riohacha, que es la capital, han recibido suficiente dinero como para financiar la primera fase del Metro en Bogotá dos veces. Y aun así, no hay acueducto. La clase política de la región está vinculada con la ilegalidad y hay mucha población que depende de estas economías ilegales. – Ustedes manifiestan preocupación porque no ven en el Plan de Desarrollo inversión que corrija todos esos problemas… El Gobierno usa su propaganda para vendernos el plan de desarrollo como un plan para la paz. Pero no hay nada de eso. Se dice que se van a intervenir siete mil kilómetros en vías terciarias, pero no priorizan esos municipios que mencionamos. Igual pasa con acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Pareciera que los funcionarios de Bogotá no conocieran el resto del país. – ¿Qué les ha respondido el Gobierno al respecto? Lo que han dicho el Gobierno y Simón Gaviria es que como el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado sigue siendo válido, no se va a poner nada en el Plan de Desarrollo para no darle ventajas a las FARC. Lo otro es que muchos ministerios enviaron sus propuestas y lo que se hizo fue mezclar todo lo que éstos presentaron sin revisar bien. Le decimos al Departamento Nacional de Planeación que con los tres acuerdos que ya se han alcanzado en La Habana, se puede empezar a planear. Lo que falta por negociar son los temas de víctimas y dejación de armas, que no tienen nada que ver con la inversión que mencionamos. Entonces no hay razón para no meterlos. Además, esas cosas hay que hacerlas, se firme la paz o no. Los + críticos * Buenaventura (Valle del Cauca) * El Tambo, López de Micay, Santander de Quilichao y Timbiquí (Cauca) * Barbacoas y Tumaco (Nariño) * Riosucio, El Bajo y Medio Baudó (Chocó) * Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba) * Anorí y Urrao (Antioquia) * Tibú, Sardinata, El Carmen y El Tarra (Norte de Santander) * La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico y Vistahermosa (Meta) * Miraflores, Calamar, El Retorno y San José (Guaviare) * Curillo, La Montañita y Solano (Caquetá) * Orito, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís (Putumayo) * Mitú y Taraira (Vaupés) * Puerto Alegría y La Chorrera (Amazonas)

Foto: www.eluniversal.com.co Dieb Maloof recibe una vez más una orden de captura en su contra, esta vez por cuenta de un nuevo llamado de la Fiscalía General por el  asesinato del  Nelson Mejía, exalcalde del municipio Santo Tomas en el Atlántico. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Mejía fue asesinado por negarse a poner los recursos de la salud del municipio a disposición del exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio. El crimen fue perpetuado por Jaime Rodríguez Hernández, quien confesó antes un fiscal del proceso de Justicia y Paz   haber acribillado de cuatro tiros al alcalde. Este  hecho podría  corresponder a las intenciones del paramilitarismo de capturar los recursos del sistema de salud en los departamentos de la Costa Atlántica, en los que Dieb Maloof no solo servía como actor político dentro de la estructura criminal de alias Don Antonio, sino además habría participado como autor intelectual en muchos de los delitos que contra este bien público se cometieron en esta región. Para lograr tal fin, según la investigación académica “La Economía de los Paramilitares”, personajes locales de la Costa Atlántica, se habrían valido de  los Pactos del Dificil, Pivijay y Chivolo, para armar  una especie de plataforma política  donde los participantes y firmantes se comprometían a apoyar a determinados políticos desde la base, en un comienzo (Juntas de Acción Comunal, Concejos municipales, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones), para luego respaldar a un candidato a la cámara y otro a senado, en este caso José Gamarra quien aspiró a la Cámara de Representantes ,  y  a Dieb Maloof para el Senado. Según los resultados de la investigación sobre la paraeconomía, Dieb Maloof, desde su cargo de Senador de la República, fue  el encargado de cambiar las normas  que permitirían hacerse a los recursos de la salud girados a la Costa Atlántica. Fue entonces cuando  en compañía de su colega en el senado Eduardo Benítez, promovió arreglos desde el Legislativo al sistema de salud a partir del año 2003. A partir de ese entonces, Dieb Maloof y sus amigos  pusieron sus ojos en los recursos de la salud, utilizando  la figura de contratación a través de  cooperativas de trabajo asociado, pero además aprovechando  el reordenamiento territorial que dio el nuevo  Sistema de atención en  Salud, luego de la conversión del Instituto de los Seguros Sociales a Empresa Social del Estado (ESE). Para el caso de la Costa Atlántica,  el cambio que promovió Dieb Maloof desde el Legislativo, fue aprovechado por alias Don Antonio y alias Jorge 40,   para hacerse a los recursos de la salud a través de trece cooperativas de trabajo, gerenciadas por amigos y personas que de una u otra forma le eran  cercanas tanto a ellos, como  al  entonces Senador. De esa manera se desangró la Ese José Prudencio Padilla, la que no demoró en presentar  problemas de liquidez, al punto que obligó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez ordenar su  liquidación a través del Decreto 2505 de 2006. Otras investigaciones para Dieb Maloof José Humberto Torres, abogado defensor de derechos humanos y representante de la familia del desparecido Nelson Mejía,  al ser consultado por los medios de comunicación sobre la situación judicial del exparlamentario barranquillero, aseguró que «Al paso que va Maloof terminara sus días en una cárcel», y no es para menos. Dieb Maloof enfrenta además una investigación ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por  las supuestas relaciones de caciques electorales y políticos de los departamentos de Magdalena, Córdoba y Atlántico. Al parecer también habría dos procesos más en los que la Fiscalía investiga si el ex senador estuvo involucrado como posible determinador. ¿Quién es Dieb Maloof? Dieb Maloof es médico de profesión. Llego al Senado de la República en la lista del movimiento político Colombia Viva para el período 2002 -2006. Se acogió a Sentencia Anticipada, luego de que el Juzgado Único Especializado de Santa Marta, que lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y fraude electoral.  Su nombre aparecía en varios documentos del computador de ‘Jorge 40’, que le fue decomisado a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.  Uno de los documentos que comprometía al ex congresista con los paramilitares en un chat

Foto: AFP Bernie Aronson acompañará el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc. Estados Unidos dio hoy un gran espaldarazo al proceso de paz en Colombia al nombrar a un enviado especial para que ayude en el proceso de negociación que adelantan el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en Cuba, decisión con la que el grupo subversivo se ha mostrado de acuerdo y por lo cual enviaron un comunicado saludando la decisión. El designado para cumplir la tarea es el  exsubsecretario de Estado Bernie Aronson. El siguiente es el comunicado de las Farc: «Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), saludan el anuncio oficial del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre la determinación de designar al señor Bernard Aronson como enviado especial de su país, para atender el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno colombiano y nuestra organización insurgente. Ha dicho el señor Kerry que la designación obedece a una petición que el presidente Juan Manuel Santos le hizo en diciembre pasado para que Estados Unidos tomara “un papel más directo en el proceso de paz”, lo cual consideramos una necesidad, tomando en cuenta la presencia e incidencia permanente que Estados Unidos tiene en la vida política, económica y social de Colombia, pudiendo ahora, entonces, coadyuvar al establecimiento de la justicia social, la democracia verdadera y la superación de la desigualdad y la miseria, que es la manera de ir abriendo el camino cierto hacia la paz. Agradecemos la confianza del gobierno del Presidente Barack Obama y su Secretario Kerry en las posibilidades que, en medio de los obstáculos, tiene la búsqueda de «la paz negociada en Colombia” y reiteramos la compartida convicción de que si alcanzamos un acuerdo, propósito en el que empeñamos todos nuestros esfuerzos, «se va a desatar un enorme potencial para el pueblo colombiano”.

Foto tomada de www.elespectador.com Si los diálogos de paz que se desarrollan en la Habana – Cuba entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias – farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, llegasen a la firma de un acuerdo que permita el fin de la confrontación armada entre el grupo guerrillero y las fuerzas del Estado, el Estado debe tener listo el paquete de medidas que permitan la implementación de los acuerdos con enfoque diferencial teniendo en cuenta el territorio sobre el cual se vaya a trabajar. En el departamento del Chocó por ejemplo,  se haría necesario la implementación de estos acuerdos teniendo en cuenta el aspecto étnico y ancestral que tiene la región y que hacen que para aplicar esas medidas, se tenga en cuenta a la población que durante años habita en ella. Esto hace que por ejemplo, en el Alto Andagueda  territorio de los indígenas Embera – Katíos que ha sido afectado no solo por el cruce de balas de los actores armados, sino además por las acciones que han emprendido empresarios,  pobladores y mineros locales con las multinacionales, en el intento por hacerse a la explotación extractiva, pisoteando  los derechos de las comunidades indígenas sobre estas tierras, se emprenda un intenso trabajo que convine acciones del Incoder, ministerio de Agricultura, ministerio de Minas, ministerio de Medio Ambiente, Súper Intendencia de Notario y Registro y la Unidad de Restitución de Tierras,  que en el momento de otorgar la debida restitución de tierras, permita además la titulación colectiva a favor de las comunidades indígenas y ancestrales, respetándoles su derecho a ejercer la economía típica de la región de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, cuidando también la seguridad alimentaria y la no extranjerización de la tierra. No es claro si el gobierno nacional tendría que reversar los  13 mil títulos mineros aprobados en octubre de 2012 por la Agencia Nacional  Minera a cinco empresas con vigencia hasta los años 2038 y 2040 para explotar 13 mil hectáreas en el Andagueda o si se haría necesario una nueva concesión que no afecte las 50 mil hectáreas que componen el resguardo Embera – Katío, en aras de darle cumplimiento a la recomposición del tejido social roto por las acciones de los distintos grupos armados al margen de la ley (Eln, la columna móvil Aurelio Rodríguez de las Farc y Bloque Elmer Cardenas,) que han hecho presencia en el territorio provocando desplazamiento masivo hacia ciudades del departamento de Risaralda, Antioquia y Bogotá, donde algunos han terminado en condiciones de mendicidad. El reto que se viene para el Estado en este caso, hace necesario un diálogo permanente y un intenso trabajo que involucre a las autoridades locales (Departamento y municipio), nacionales,   comunidades, en este caso líderes Embera – Katíos y empresarios mineros, para darle paso no solo a la restitución colectiva de los territorios indígenas, sino además la explotación de economías extractivas, sin que estas afecten el normal desarrollo de la vida en la región.

Foto tomada de: www.vanguardia.com El ‘castigo’, del cual no se tiene fecha exacta, fue ideado por el paramilitar Alcifeder Altamiranda Machado, porque estaba cansado del ‘chismorreo’ en el lugar y por eso dio la orden a alias ‘Pelo de Gato’, luego de poner a las mujeres a barrer las calles del pueblo. La humillación fue confesada por el propio paramilitar, apodado ‘El Burro’, integrante del Bloque Mineros de las Auc, que operó en el bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, y quedó consignada en las 2.550 páginas del fallo que condenó a 8 años de prisión al exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’. El fallo que fue renombrado porque compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto apoyo de la Gobernación de Antioquia para la realización de la masacre de ‘El Aro’, contiene un enfoque de la violencia de género perpetrada por los paramilitares en la zona, consignada en vejámenes a mujeres, esterilizaciones a población discapacitada y violencia en contra de la comunidad Lgtbi, entre otros. El análisis del Tribunal Superior de Medellín, en su Sala de Justicia y Paz, da cuenta cómo la mujer se convirtió en un instrumento tanto sexual como para realizar las labores domésticas que los paramilitares necesitaban con el miedo que un arma produce en una zona patriarcal, en donde la mujer tenía “roles específicos”. Ni las embarazadas se salvaron. A Berta Inés Céspedes, por ejemplo, quien tenía seis meses de gestación, la asesinaron las tropas de Luis Alberto Chavarría Mendoza, alias ‘Lucho Mico’: “Le abrieron el abdomen, le sacaron el producto de la gestación y la enterraron de manera superficial, dejándolo encima del cadáver. En ese mismo episodio asesinaron a uno de sus hijos de 16 años”. Este hecho, fue calificado por el Tribunal, como un “flagrante atentado” a la mujer, como una “de las más aberrantes manifestaciones de la violencia de género” perpetrada por el Bloque Mineros entre 1994 y 2006, que dejó solo en Caucasia 1.487 hombres y 849 mujeres muertas, según los datos recolectados por las cuatro parroquias del municipio. De acuerdo con la Fiscalía, al menos hay 7 mil víctimas por violencia de género, aunque solo hay 26 casos de violencia sexual denunciados, por lo que el Tribunal sentó la alarma sobre la dimensión real de lo que pasó por cuenta de los paramilitares. Las burlas eran constantes. Se trataba de exhibir a las mujeres con letreros por todo el pueblo. En Uré, un testimonio señaló que a una mujer que no quiso prestar unas mulas, la amarraron a un palo lejos de la comunidad durante más de tres días, mientras le pegaban. Este tipo de ‘sanciones’ incluso derivaron en torturas. A las mujeres discapacitadas las asesinaban y a algunas las violaban. Incluso por orden de ‘Cuco Vanoy’, en Tarazá, hubo un caso de esterilización forzada para esta población. La llegada de los paras: Aunque varios desmovilizados declararon que no se permitían los abusos contra las mujeres y que se ordenaba un trato digno para con ellas, lo cierto es que los hechos dicen otra cosa. Con la llegada de las Autodefensas a la zona, las condiciones cambiaron por completo. Las mataban por chismosas, por infieles y por ladronas, por se trabajadoras sexuales ‘auxiliadoras de la guerrilla’. También empezaron a vigilarlas, a restringirles su movilidad después de las 6:00 de la tarde, a decirles qué debían vestir, a ordenar que llevaran el pelo recogido. “Las mujeres no salíamos solas porque nos daba mucho miedo de ser víctimas de violación, ya que estos sujetos que hubo en la época del comandante ‘Richard’ eran muy abusivos con las mujeres y con todo el mundo, inclusive en una ocasión el sujeto alias ‘Pastrana’ intentó violarme por los lados de la casa azul que comenté. Pastrana tocó la puerta, yo le abrí, me cogió y me dijo, usted no ha querido por las buenas, ahora le toca por las malas”, narró una mujer que logró evitar que el hombre finalizara el abuso luego de recordarle que tenía un comandante. Se prohibieron incluso las reuniones en corregimientos de La Caucana y El Guáimaro, en Tarazá, a las mujeres afrodescendientes, por considerarlas infiltradas, hecho que, de acuerdo con el Tribunal, restringió la participación que las mujeres tenían en otros ámbitos, pues temían ser tachadas como subversivas y sufrir las consecuencias de ello. En cambio, en Tarazá por ejemplo, los paramilitares lograron ubicar como concejal a Martha Uvenis Yépez Galeano, alias ‘Marta Millón’, esposa del comandante del Frente Anorí, entre 2001 y 2003; así como a Griselda de Jesús González como primera dama por decreto en la Alcaldía de Reinaldo Pozo, quien era soltero. De forma generalizada, se creía que había una posesión sobre la mujer. El Tribunal destacó, por ejemplo, que los integrantes de las AUC “pensaban” que las mujeres iban a los mismos bares, que ellas “estaban disponibles” para seducirlas. Hay un caso de una señora que rechazó a alias ‘W’ y luego fue intimidada y sometida a esclavitud sexual. Ese control también se extendía a las llamadas de mujeres o hacia la familia de la mujer que les gustaba. “Ellos creían tener propiedad hacia las mujeres. Usted es la mujer de fulano, y ellos ponían un control, si llegaban ellos y les gustaba una pelada la conquistaban y ejercían control, le decían al papá ‘yo soy el novio de su hija, soy fulanito de tal, me controla que no ande con tal persona’. Si la mujer tenía novio, tenía que dejarlo y si el hombre se (sublevaba) lo mataban”, indicó otra mujer. En Cáceres, por ejemplo, los paramilitares obligaban a las mujeres a ir vestidas de una manera determinada a la iglesia, de no hacerlo, les llamaban la atención. Y en el corregimiento Charcón, por ejemplo, se indicó que las mujeres no podían andar con ropa muy ligera pero “si iban a recibir a los paramilitares, se les obligaba a estar vestidas con blusita y short”. El trato incluía estereotipos. Un paramilitar raso ordenaba a una señora a hacer 10 platos de comida así no tuviera con qué, o a lavar la ropa. También se llevaban las ollas, los fogones, los animales. Violencia sexual: A los ‘paras’ les gustaban las niñas entre 12 y 13 años y a veces sostenían relaciones ‘consentidas’ con mujeres de los pueblos. Alias ‘Danilo Chiquito’, el propio ‘Cuco Vanoy’, José Álvarez Pineda, alias ‘Robin 05’, Luis Alberto Chavarría Mendoza, alias ‘Lucho Mico’, Joaquín Jaramillo Mazo, alias ‘Gañote’, alias ‘Richard’; alias ‘Rambo’ y alias ‘Javier’, tuvieron hijos que al comienzo eran denominados ‘paraquito’ o con el diminutivo del alias del padre. Con el tiempo, esta práctica cesó. También había mujeres que se le ofrecían a los paramilitares de forma aparentemente voluntaria. No obstante, el Tribunal afirmó que nada era realmente voluntario, que los consentimientos de ellas estaban viciados, porque desde pequeñas “se les enseñó a encontrar el mejor proveedor”. Los rechazos de ellas a los ‘paras’ terminaban generalmente en desapariciones o desplazamientos forzados. No respetaban lazos familiares o si estaban solteras o casadas e, incluso, muchos hombres fueron asesinados por sospecha de que estaba saliendo con una mujer que era de interés de uno de ellos. Hubo discriminación también para con las viudas que establecieron una relación con un victimario y también discriminación hacia las mujeres que militaban en las AUC, a las cuales se les prohibió sostener relaciones sentimentales con ‘civiles’. Las mujeres de los comandantes eran golpeadas. Si un comandante tenía varias mujeres y había enfrentamiento entre ellas las mandaba a matar. Si ella tenía relaciones con otro la desaparecía, declaró un paramilitar. Y los comandantes paramilitares a veces recibían niñas por parte de mujeres que se las ofrecían. En Tarazá, una vendedora de chance entregó a su hija de 15 años y alias ‘Cuco Vanoy’ recibió vírgenes, aunque lo negó ante Justicia y Paz. “(…) repitiéndose así el modelo hacendatario, del ‘Derecho de Pernada’, en el cual Vanoy Murillo era un hombre que ostentaba poder, un símil de patrón al que los trabajadores le entregaban sus hijas, convirtiéndose la virginidad de las mujeres en un bien con el que se trató de hacer manifestaciones de lealtad al poderoso, esperando de su parte protección y manutención”, señaló el Tribunal. “En Tarazá se tiene una entrevista donde una señora manifiesta que los paramilitares, entre ellos alias ‘Cuco Vanoy’, ‘Víctor Caparrapo’, Virgilio Peralta Arenas -ya fallecido-, y Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’ , pagaban entre dos y tres millones de pesos por una niña virgen y en muchas ocasiones las amigas las llevaban o en otras eran abusadas a la fuerza. Escuchó que las fiestas se realizaban en la finca Casa Verde, ubicada en los Altos de La Caucana, donde llevaban a las menores entre 10 y 15 años y, en otras ocasiones, ellas acudían por si mismas movidas por el interés del dinero”. En esta situación del cuerpo de la mujer como mercadeo, se presentaron casos de esclavitud sexual en manos de Alexander Bustos Beltrán, alias W’, que se “apropió” de una niña de 14 años que acabó siendo parte de las AUC. Los constantes abusos se presentaron a pesar de la supuesta orden paramilitar de no agredir a las mujeres so pena de ser asesinados. Aunque sí hubo muertes de ‘paras’ por hacerlo, en otros casos era permitido sin reparo alguno. Incluso hubo torturas. Luis Adrián Palacios Londoño, alias ‘Diomedes’, señaló que utilizaban cables eléctricos y que en una ocasión fueron puestos a una mujer en los senos por horas hasta que murió tras ser acusada de ser “escandalosa”. “A otra mujer de 20 años, asesinada en Tarazá, le mutilaron los pezones a mordiscos, le arrancaron mechones de pelo y luego la arrojaron de la altura de un segundo piso, encontrándola luego con semen en la boca”. El Tribunal señaló que los casos de mutilación genital son claramente delitos de género, ya que al atacarse los caracteres sexuales secundarios de las mujeres, se evidencia que son cometidos, precisamente, por dicha condición, conllevando la negación de su dignidad, la violación de sus derechos humanos y manifestándose de manera palmaria una discriminación hacia el sexo. En la región donde operó el Bloque Mineros, además, en las fincas de los comandantes ‘Cuco’, ‘Puma’, ‘Navarrete’ y ‘Picapiedra’, a las jóvenes las sometían a prácticas tales como hacerlas correr desnudas por el predio, para luego ser perseguidas por los hombres y sostener relaciones sexuales con ellas, hacer striptease, a tocamientos libidinosos, consumo de drogas y licor. También fue perpetrada la violencia sexual durante las masacres que cometían. En la masacre de ‘El Aro’, los paramilitares tomaron la ropa interior de las mujeres y la tiraban al aire, haciendo burla de ello. En los retenes las manoseaban. Había calabozos donde eran sometidas a ‘retalaciones’ por emborracharse, transportar cocaína sin la autorización de los paramilitares, robar, pelear entre ellas, quejas de la comunidad, entre otros. Allí eran confinadas, golpeadas, torturadas con agua fría y a veces asesinadas y desaparecidas. En una incursión en la vereda El Socorro, ubicada al norte del municipio de Ituango, cerca al Nudo del Paramillo, sector Conguital, los ‘paras’ hicieron una incursión y allí “violaron un poco de mujeres, violaron dos hijas de la abuela, le echaron en la piel un polvo blanco que sacaron de unas caletas para ver si quemaba. Sacaron una crema de una caja, untaban una aguja y con eso le chuzaban en las uñas a la muchacha, a la mamá y al hermanito”. “(…) Los paramilitares cogieron la ropa y la tiraron al suelo, las tangas se las metían a la boca y decían esta es mía, esta es mía. Cogieron para el baño donde las tiraban al suelo sucias llenas de semen…los mandos no nos violaron, pero estaban viendo lo que nos hacían, ellos iban con mujeres que se quedaron viendo también lo que nos hacían”, señala un testimonio. Los casos de prostitución no fueron menores. No solo iban a bares, sino que estas mujeres tenían que entregar parte de su dinero a los comandantes, además de estar con ellos como ‘retribución’ por dejar que trabajaran. También se llevaban grupos de mujeres a los campamentos o fincas, algunas eran estudiantes, otras eran modelos cotizadas. “El referido Hader Armando Cuesta, indicó que para los patrulleros llevaban trabajadoras sexuales de los bares, pero para los comandantes se llevaban mujeres de la farándula”. Podían estar hasta 15 días y no podían decir que estaban cansadas. Una vez, una lo hizo, y Álvaro Antonio Pino, alias ‘Carro Loco’, la golpeó brutalmente. A veces las llevaban como ‘premio’ cuando una operación era exitosa. De acuerdo con el Tribunal, era una “política del Bloque” llevar mujeres a campamentos. Se les obligaba a tomar licor, usar drogas, tener relaciones sexuales en las carpas con varios hombres, a la vista de toda la tropa. Esto acarreó un control médico posterior para evitar enfermedades, se dispusieron días para los chequeos y se impuso hacer la prueba del VIH cada tres meses. Las mujeres infectadas de VIH fueron estigmatizadas y algunas asesinadas. “Adicionalmente, que para el año 2003, se hizo a las tropas exámenes de SIDA y otros diagnósticos de enfermedades de trasmisión sexual, obteniéndose un resultado alarmante, ya que para ese momento entre cuarenta y cincuenta miembros resultaron infectados de SIDA, sin embargo, ante un segundo examen, se concluyó que el número no era tan alto, pero los infectados, fueron enviados a la Finca Missouri en La Caucana”, señaló el Tribunal. Violencia contra la población LGBTI: Las personas con identidad diversa pertenecientes a la comunidad Lgtbi también fueron objeto del horror paramilitar. En Caucasia, por ejemplo, entre los años 1996 a 1998, fueron asesinados ocho hombres de quienes se creía homosexuales por Horacio De Jesús Mejía Cuello, alias ‘Caldo Frío’ , quien indicó que no eran permitidos los homosexuales en las tropas, pues si así ocurría, eran asesinados. Por eso, repartían panfletos para alejarlos. También se refirió el caso de una mujer lesbiana “con un temperamento muy fuerte” que fue aceptada en el Bloque Mineros y, posteriormente, fue asesinada porque desobedeció una orden que le fue impartida. Se tiene información que en alguna ocasión, alias ‘Sangre’, siendo comandante de la Caucana, encerró a siete hombres que eran homosexuales en un calabozo y los obligó a que se hicieran la prueba del Sida. Dato: El Tribunal Superior de Medellín solicitó a la Fiscalía que investigue las agresiones sexuales cometidas por el Bloque Mineros durante la llamada masacre de ‘El Aro’, así como otros cientos de casos de actos de tortura, lesiones personales, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, entre otras. Nota publicada en: www.vanguardia.com

En el momento en que se dé la implementación de los Acuerdos de Paz en la Habana, el gobierno nacional deberá hacer un esfuerzo monumental por dar inicio a los programas de estímulos de  la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa en el departamento de Chocó, puntos incluidos en los primeros acuerdos establecidos entre las Farc y el gobierno nacional. Este territorio, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en junio de 2014 “Crisis Humanitaria en el Chocó”, posee terrenos con baja fertilidad, lo que impide que la agricultura se convierta en un factor que incentive la economía de la región por encima de la actividad minera. El documento elaborado por el ente de   control revela que “el 30% de los suelos del departamento tiene una fertilidad estimada en un 38%; el 21% moderada y únicamente el 11% alta. Esto obliga a que se busquen alternativas económicas en el sector de la minería. Lo anterior se refleja en que la producción agrícola del departamento del Chocó frente al consolidado nacional ha representado el  0,0591%, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del DANE para 2011, lo que quiere decir, que el Producto Interno Bruto, PIB, departamental refleja 364 mil millones de pesos en el año y se obtienen sumando los valores de las cuentas de cultivo de café, cultivo de otros productos agrícolas, producción pecuaria y caza, silvicultura, extracción de madera, pesca, producción de peces en criadero y granjas piscícolas. En este orden de ideas, el departamento del Chocó se convertiría en una especie de “laboratorio”, donde el Estado tendría que poner a trabajar a toda máquina su capacidad para convertir la región en modelo de desarrollo próspero y sostenible en el tiempo, que no solo incentive el empleo digno a sus habitantes, sino que además permita superar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que según informes del  DANE (2012),  “el 79% de la población chocoana carece de alguna de ellas (vivienda, servicios públicos, educación, hacinamiento y dependencia económica). Los planes a realizar en el departamento del Chocó  en una posible etapa de posconflicto, tendrían que realizarse en acuerdo con las comunidades propias de la región  evitando que se repitan hechos relacionados con  presiones legales e ilegales que han promovido  patrones de productividad correspondientes al modelo económico mayoritario, que a su vez   desconoce modelos de producción propios, y que han terminado por  convertir la región  en escenario de guerra, que imposibilita, restringe y vulneran los derechos colectivos de las  comunidades afro e indígena, sometiéndolos al confinamiento e  imposición de normas de conducta ajenas a sus tradiciones, lo que hoy por hoy se traduce en pérdida de sus creencias y lengua, llevándolas a un fuerte desarraigo y perdida de conocimientos ancestrales.

Los casos judiciales  de Justicia y Paz, proceso mediante el cual se desmovilizaron algunos bloques paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tienen en vilo a las víctimas de las AUC, que esperan su debida reparación y que se cumpla con el parámetro de verdad que permita esclarecer los hechos por los cuales se vieron afectados. En primer lugar la posible extradición de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar ex jefe del Bloque Central Bolívar, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera el aval para que en cualquier momento pueda ser enviado a responder ante los tribunales americanos, tiene a los representantes de sus víctimas pensando en cómo hacer para que las reparaciones que solicitan no se les embolaten. Según el alto tribunal, los delitos `por narcotráfico por los que Julián Bolívar fue condenado en Justicia y Paz estuvieron relacionados «únicamente al hecho de que la estructura paramilitar que conformó se financió y nutrió de esa actividad» y los delitos de narcotráfico por lo que los pide Estados Unidos, «son diferentes». «Así, los hechos fijados en el proceso de Justicia y Paz, en fallos que hicieron tránsito a cosa juzgada material, aluden a que la única relación del acusado con el narcotráfico,  estuvo dada por permitir que en los territorios bajo su dominio, terceros realizaran esas actividades, brindándoles seguridad, por lo cual cobraba un porcentaje», dice el concepto. Alzate bajo el mando del Bloque Central Bolívar, uno de los jefes paramilitares más poderosos. Fue socio de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, extraditado desde el 2008 a Estados Unidos. Está preso desde el 2006 y a punto de completar la pena máxima de 8 años en Justicia y Paz. Rodrigo Pérez Alzate o ‘Julián Bolívar’, tiene varias de las verdades de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años: la de la banda de ‘los 12 Apóstoles’. Este grupo operó en Yarumal y otros municipios de Antioquia, y fue la base de los posteriores grupos paramilitares que delinquieron en la zona. La verdad sobres estos hechos, no se conoce del todo. Juancho Prada conmociona al Sur del Cesar: El exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, quedará en  libertad en los próximos días, luego de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia le concediera  la sustitución de medida de aseguramiento. La Corte Suprema de Justicia consideró que el exparamilitar contribuyó al esclarecimiento de la verdad y que los señalamientos que se le hacían, de continuar en su actividad delictiva no fue probada. El alto tribunal le ordenó seguir contribuyendo con los llamados judiciales para conocer los hechos en que se considere necesaria sus declaraciones, por lo que deberá presentarse ante los jueces de justicia y paz, cada vez que estos lo requieran. En el fallo, elaborado con ponencia de la magistrada Léster González, se le ordenó pedirles perdón a las víctimas en una ceremonia pública; recibir y aprobar una capacitación de dos años en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, justicia transicional y formas de reparación, y “someterse a valoración y tratamiento psicológico que conduzca a su plena readaptación”. En las poblaciones  donde Juancho Prada ejerció  dominio temen por su regreso, porque según lo han dicho algunos habitantes que piden reserva de su nombre, que con su llegada va a ser muy difícil la reparación de sus bienes y la restitución de sus tierras, porque creen que el exparamilitar hará resistencia usando sus propios medios o uniéndose a grupos antirestitución. Alias ‘Juancho Prada’ fue comandante del Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar que sembró el pánico en las poblaciones de  Aguachica, San Alberto y San Martín en el Sur del Cesar y Ocaña en Norte de Santander. Según ha documentado la Fiscalía, este grupo paramilitar cometió más de 800 homicidios y exterminó movimientos políticos y sociales en la zona.

Foto tomada de www.caracol.com.co En el debate de Hora 20 sobre el informe de la Comisión Histórica del Conflicto que fue presentado en la Habana por 12 expertos, el director de Semana, Alejandro Santos destacó la variedad de conceptos sobre las causas del conflicto. Tras sostener que la violencia en Colombia es un problema de falta de Estado, puso de presente que este informe refleja que hay visiones distintas, lo cual debe llevar a la sociedad a entender que hay diferentes posiciones y que no por ello hay que descalificar al contrario. Salud Hernández – Mora, por su parte, sostuvo que esa Comisión Histórica es un triunfo para las Farc porque valida su acción y les da vestidura política. Para el investigador Ariel Ávila, se sabía que no había nada nuevo en el documento y hay que verlo como la visión de unos narradores del conflicto y como un insumo para el futuro del proceso. Destacó que hay coincidencias en el documento como la economía de la guerra y qué hacer con ella. “La guerra creó una economía que la alimenta y el reto es desmontarla hacia al futuro”, dijo. Desde la óptica de la periodista Juanita León, la comisión para las Farc tiene una importancia especial y dijo que hay que destacar que no hay una lectura única, sino que recoge varias visiones y narrativas. Nota tomada de www.caracol.com.co

La delegación de las Farc en la Habana anunció  que a partir de la fecha  no incorporarán en  sus filas a menores de 17 años, lo que hace ver que el grupo guerrillero se empieza a comprometer con las normas del DIH, que deja a esta edad como la mínima para el reclutamiento a de menores a grupos armados incluido las Fuerzas Militares.  La decisión fue dada a conocer en La Habana por el jefe negociador de la guerrilla, «Iván Márquez», en un comunicado en el que las FARC acusaron al Ejército de llevar a cabo las llamadas «batidas» por las que reclutan a «menores y jóvenes» de «sectores populares empobrecidos». Según la guerrilla,  la decisión responde a la necesidad de brindar, de manera sostenible, medidas de desescalamiento del conflicto que aceleren el fin de la confrontación y den  inicio a la etapa de postconflicto. «Es un hecho notorio que no es posible mantener en reclutamiento forzoso a ningún guerrillero, y además existe la figura de la separación de la organización en aquellos casos en que por razones de orden físico, psicológico o disciplinario, no sea pertinente o conveniente la presencia de determinada persona en las filas», dijo el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez al leer el comunicado. En el  comunicado las  Farc precisan  que las normas de reclutamiento de las FARC «no permiten el alistamiento de menores de 15 años» y han establecido puntualmente que el ingreso a la guerrilla «es personal, voluntario y consciente entre los 15 y 30 años». La decisión fue aplaudida por el jefe negociador del Gobierno Nacional Humberto de la Calle, porque según él, “Es un paso en la dirección correcta. No debemos perder de vista que el objetivo final es la terminación del conflicto», dijo De la Calle al cierre del ciclo 32 de los diálogos en La Habana, quien además hizo la invitación a la guerrilla a  prescindir de los menores que actualmente integran sus filas. «Insistimos en la necesidad de extender esta decisión a los menores que hoy hacen parte de las filas de las FARC», indicó De la Calle y aseveró que si bien este «es un gesto importante, no debemos olvidar que el propósito central es la terminación del conflicto». Las FARC hacen el anuncio horas antes de que el ministerio de Defensa entregue las cifras sobre reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes. El anuncio de las FARC,  fue resaltado por la Procuraduría, quien advirtió además que es insuficiente. Para el Ministerio Público, las FARC deben poner fin a lo que califican como  “Crimen de Guerra”.

Foto: Alejandro Ordoñez, Marta Lucía Ramírez, Clara López, Carlos Holmes Trujillo y León Valencia. En las instalaciones de la  Asociación de oficiales en Retiro – Acore, tuvo lugar el conversatorio donde se discutió las maneras de cómo se podría llevar a cabo un Pacto por la Paz en Colombia. El evento contó con la participación de  distintos actores de la política y de opinión nacional, entre ellos el director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia. En medio de la  discusión el director de la Fundación Paz y Reconciliación, dio a conocer su satisfacción porque las condiciones para que se lleven a cabo unos diálogos de paz, aún con todas las inconvenientes que tiene, han sido satisfactorias y celebra que el cese al fuego unilateral indefinido de parte de las Farc se haya cumplido hasta el día de hoy. Valencia recordó que al igual que el senador Antonio Navarro, Gustavo Petro, y que el mismo Rosemberg Pabón, militante político del Uribismo, el también hizo parte de un movimiento armado, y que al igual que ellos buscó su reinserción en la sociedad civil, y que desde ese  momento le ha apostado a la solución  pacífica del conflicto. El director de Paz y Reconciliación recordó que hoy no es posible la desmovilización con indulto y amnistía, que por tanto es necesario buscar mecanismos de justicia transicional, no solo para los guerrilleros de las Farc o el ELN, sino también para los militares y policías  que tengan investigación judicial por actuaciones relacionadas con el conflicto armado. Finalmente León Valencia aseguró que quien tiene el mandato y la dirección de la paz en Colombia, es el Presidente de la República ratificado en las pasadas elecciones. Que por tanto no es posible hacer la paz como lo piden los integrantes del Centro Democrático, porque fueron los perdedores en las justas electorales. En el conversatorio se escucharon las opiniones al respecto del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, quien aseguro que “para buscar la paz no es necesario acabar con la justicia”, que por tanto  sería bueno explorar la posibilidad de una cárcel en el exterior a los jefes de las Farc  y que en el caso de otorgar beneficios a los  guerrilleros desmovilizados, “estos no pueden ser menos severos que los que se les entreguen a los militares”. En el evento se encontraba también la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, quien opina que los Crímenes Transnacionales, Delitos de Lesa Humanidad y Desaparición Forzada,  “no pueden hacer parte de la justicia transicional”. Clara López presidenta del Polo Democrático, cree necesaria una refrendación de los acuerdos que se firmen en la Habana, a lo que el excomisionado de Paz Carlos Holmes Trujillo replicó diciendo que de darse ese escenario, tendrían que diseñarse los mecanismos para este,  porque según él, “estos no existen”. Finalmente el Senador liberal Luís Fernando Velasco aseguró que la salida jurídica del conflicto armado, no se pueden diseñar con “la toga de un juez, sino con la de un político”. El evento es uno de los primeros que se llevarán a cabo en distintos escenarios del país, donde se discutirá la posibilidad de firmar un Pacto por la Paz, entre los distintos actores de la sociedad civil, políticos y de opinión nacional.

Pintan apasionantes, conflictivas, decisivas, las elecciones de octubre, especialmente en las ciudades medianas y en las zonas campesinas ligadas al conflicto. La guerra está diciendo adiós y vendrán las angustias de la paz, que son menos trágicas, pero no menos intensas. Elecciones de transición donde algunas fuerzas aferradas al pasado intensificarán sus críticas a las negociaciones de La Habana y apelarán al miedo para capturar electores y otras venderán la esperanza de la paz e intentarán hacer soñar a la ciudadanía con un final definitivo de la confrontación armada. Elecciones que empezarán a dibujar un nuevo mapa político del país. Otra vez habrá una candente disputa entre la coalición de gobierno y el uribismo en los 242 municipios donde se ha desarrollado la confrontación con las Farc en los últimos 30 años y donde, por tanto, estará el epicentro del posconflicto. Pero allí también entrarán en la contienda electoral fuerzas sociales y políticas que comparten reivindicaciones con las guerrillas y que se encargarán de anunciar lo que acontecerá después de la desmovilización y el desarme de la insurgencia. El debate tendrá visos dramáticos en esas regiones. Un triunfo electoral de la oposición uribista –nada descartable– hará más difícil y traumático el posconflicto; o, incluso, pondrá en tela de juicio la firma del acuerdo si es que aún no se ha logrado. Para afrontar la campaña en estas zonas los partidos de la coalición de gobierno y las fuerzas de izquierda tendrían que organizar un dispositivo especial con eventos de preparación de los candidatos para asumir la paz territorial y convencer a la ciudadanía de la importancia de los acuerdos con las guerrillas y también para intentar coaliciones triunfantes. No obstante, las negociaciones de paz no serán el único ingrediente de esta campaña. En las grandes ciudades se librará la verdadera batalla por el predominio político nacional. Allí el arranque de la derecha uribista no ha sido bueno. Las primeras encuestas no le dan mucho chance en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Pero las elecciones presidenciales mostraron que esta fuerza tiene una enorme capacidad de maniobra y puede dar sorpresas de un día para otro. Mención aparte merece Bogotá. Las elecciones parlamentarias y la primera vuelta de las presidenciales habían dejado muy bien parado al uribismo. Esto no se ha reflejado en las primeras encuestas. Francisco Santos aparece relegado a un tercero o cuarto lugar. La contienda, al parecer, se librará entre los diversos candidatos de la izquierda y los de la Unidad Nacional; con una ventaja para Clara López, quien puede lograr, incluso, el apoyo de sectores del gobierno de Santos que quieran pagarle su enorme contribución en el debate presidencial. En el interior de la Unidad Nacional no habrá tranquilidad y armonía en esta campaña. Ya Horacio Serpa anunció que el Partido Liberal irá con candidato propio a las elecciones presidenciales de 2018 y los demás partidos de esta coalición tendrán aspiraciones parecidas, razón por la cual, será muy intenso el forcejeo para tomar posiciones clave en departamentos y municipios. Corren el riesgo entonces de darle ventajas al uribismo, sea porque se dividan y postulen varios candidatos, o porque intenten alianzas con el Centro Democrático para defender intereses particulares o locales. No serán menores los retos de la izquierda. Ahora cuando el fantasma de la guerra se aleja y las preocupaciones sociales de la ciudadanía saltan a primer lugar, cuando la reconciliación es una aspiración, no hay disculpa para los grupos que toda la vida han enarbolado el discurso de la equidad y el compromiso con la paz.  Están obligados por la historia a tener un gran desempeño. Pero no llegan en buenas condiciones a este desafío. Están dispersos en el Partido Verde, el Polo, los Progresistas, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica, el Congreso de los Pueblos y diversas organizaciones sociales y no se nota aún un gran esfuerzo por buscar acuerdos y generar candidatos de convergencia. Una vez más los medios de comunicación, los investigadores sociales, las organizaciones sociales y las instituciones, tendrán el reto de escudriñar a los herederos de la parapolítica y a los candidatos y grupos que reciben el apoyo del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, de los dineros recolectados en la extorsión generalizada que sacude al país, de los ingentes recursos que se mueven en los juegos de azar no debidamente controlados por el Estado. Desde las elecciones de 2003, donde estas fuerzas conquistaron 251 alcaldías y 12 gobernaciones, el fenómeno es recurrente y se ha convertido en un verdadero cáncer para la democracia colombiana y en un ingrediente insoslayable de las violencias. Columna publicada en Revista Semana

Foto tomada de  www.semana.com Es el año 2000 y una intensa ola de violencia azota Santa Marta.  “El Patrón” como se conoce a Hernán Giraldo, comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira -ACMG- entabla una disputa a sangre y fuego por el control del narcotráfico en la zona contra sus antiguos aliados El Clan de lo Rojas. Estos no contaban con el poder militar necesario para la confrontación armada, la guerra la tenían perdida. Ante esto los Rojas buscan el respaldo de las AUC, a cambio de apoyarlas en su fin: Controlar la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta guerra sin cuartel dejo una estela de civiles muertos y heridos y a causa de ello se llegó a un acuerdo entre Las AUC y las ACMG que da como resultado la creación del Bloque de Resistencia Tayrona –BRT-  adscrito a la las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- con Giraldo como su comandante y Rodrigo Tovar alias “Jorge 40” como jefe máximo del Bloque Norte. Para 2006 Giraldo se desmovilizó junto con su grupo en  la vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca en la ciudad de Santa Marta y en julio de 2008 es extraditado a los Estados Unidos. Han pasado siete años desde la extradición de Giraldo y Santa Marta vive el mayor periodo de calma de su historia reciente, el distrito redujo su tasa de homicidios en un 50%, pasando de 193 homicidios en 2013 a 97 en 2014. Un trabajo intenso de la alcaldía de Santa Marta, un gobierno nacional interesado en doblegar la influencia de los Urabeños y una reconfiguración del crimen en la capital samaria explicaría este descenso. Ver gráfico No se debe olvidar que el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, fue recibido su segundo día de mandato con un paro armado que realizaron los Urabeños, paro que cubrió 7 departamentos del país y más de una veintena de municipios. En todo caso, el panorama favorable de reducción del homicidio durante el año 2014, no está garantizado en el futuro. La pregunta que hoy ronda en el Magdalena se refiere a las consecuencias de la salida de la cárcel de los jefes paramilitares, entre ellos Hernán Giraldo. Según el informe de seguridad y convivencia 2014 elaborado por Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia –ODSC- de la Alcaldía de Santa Marta e integrado por analistas de la Fundación Paz y Reconciliación, existen dos posibles escenarios: El primero está relacionado con La libertad por cumplimiento de pena alternativa que da el beneficio de la Ley de Justicia y Paz Ley 975/05; según fuentes consultadas de la Fiscalía cerca de 67 desmovilizados del BRT recobrarían su libertad este año, estos ex combatientes se encuentran en cárceles de Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Cartagena. Es una preocupación la seguridad de estos hombres y mujeres, en cuanto a posibles ajustes de cuentas, asesinatos selectivos y otros, lo cual podría conllevar a su retorno a la ilegalidad y a las armas, abandonando los compromisos de la desmovilización. El Segundo escenario y tal vez el más complejo es el retorno de Hernán Giraldo Serna. Esta es la mayor preocupación en el territorio de la Troncal del Caribe, tanto para sus pobladores como para la institucionalidad. La situación es aún más compleja debido a alguna información que se ha logrado establecer. Según investigaciones propias del ODSC en las zonas de influencia de Giraldo Serna,  el “clan de Giraldo” tiene nuevamente el control de Guachaca.  En la actualidad, la disputa territorial es de baja intensidad entre lo que queda de “los Urabeños” y “los Giraldos”. Dicha confrontación es diferente a la que se presentó en los año 2012 y 2013 debido a que “Los Giraldos” han ido implementando una estrategia militar que tiene como objetivo reducir el número de hombres de confianza de “los Urabeños” ya sea atrayéndolos nuevamente a la estructura o asesinándolos. En el territorio hay ajustes de cuentas internas que pueden estar asociadas a reposicionamiento del clan, preparando la  llegada de Giraldo Serna. Este control lo han ido consolidando y no sería sólo la llegada del ex comandante paramilitar sino que se estaría produciendo una especie de  “avanzada” antes de la liberación de Giraldo. Entre los integrantes de esta avanzada estarían Martín Peñaranda alias “el Burro” y Jesús María Giraldo alias “el mono Giraldo” quienes llegarían a comandar la zona preparando la llegada de Hernán, luego de haber cumplido su pena en los Estados Unidos y estar listo para regresar al país. Jesús Giraldo fue extraditado en el 2005, no se encuentra entre los postulados de la Ley 975/05 se desconoce por tanto si tiene procesos penales pendientes que al llegar al país lo priven de la libertad y pueden de esta manera retardar su llegada al territorio. El Bloque Resistencia Tayrona, es el que más hombres tiene extraditados por narcotráfico en los Estados Unidos. Algunos de ellos ya han regresado a Colombia, como es el caso de Eduardo Enrique Bengoechea Mola alias “el Flaco” que se encuentra en proceso de Ley 975 del 2005. Con su retorno también se había especulado en el territorio ajustes de cuentas. Hernán Giraldo Serna es un hito para la región, pero actualmente podría considerarse más una figura “decorativa” o de decisiones -sin perder su poder- pero donde su capacidad de acción estaría en manos de sus familiares y allegados cercanos.  Este personaje es pieza clave en procesos de la parapolítica local, así como de la paraeconomía lo que puede “prender las alarmas” entre personas que podrían verse afectadas por su llegada pues aún no han sido vinculadas a procesos judiciales. Los temas claves para la salida de Hernán son: Testaferrato y  deslealtades. Para esto con certeza se realizaran los ajustes de cuentas que sean necesarios. En el territorio se está esperando la llegada de los hijos del ex comandante: alias “Grillo”, alias “Rambo” y otros familiares que completarían el pie de fuerza del clan. Según información recolectada por el ODSC, los dos escenarios plantados podrían generar desestabilización desde lo rural hacia lo urbano, en las zonas de influencia de los grupos armados, así como en zonas periféricas de la ciudad que incluiría la disputa de las plazas de vicios, posibles  reclutamientos, atentados con explosivos, aumento de los homicidios selectivos, desapariciones forzadas, con efectos sobre la población civil que generarían desplazamientos que pueden ser  masivos, a cuenta gotas e intraurbanos.