Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Caracol Radio y Opinión Caribe Poco antes de que ocupara su curul en la Cámara de Representantes, en abril del 2018, fue detenido Jesús Santrich. Estaba acusado de haber enviado un cargamento de cocaína a los Estados Unidos después de haberse acogido al acuerdo de paz con el Gobierno Santos. Fue llevado a la Picota. Pasó un año encerrado hasta que lo liberaron. Aún están frescas las imágenes del viejo guerrillero saliendo en silla de ruedas de la cárcel y la orden que dio el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez de recapturarlo. Sin embargo, tanto la JEP como la Corte Suprema de Justicia, no encontraron pruebas suficientes para hacerlo. Así que se fue a la ETCR en Tierra Grata Cesar. Se empezó a hablar de un entrampamiento contra Santrich quien no se sintió seguro y un día decidió cruzar la frontera con Venezuela. Su amigo y compañero desde hacía décadas en las FARC, Iván Márquez, firmante del Acuerdo de la Habana, se le unió. En Venezuela se encontraron con otros dos hombres claves dentro de la guerrilla, Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. Ambos comandantes le habían apostado a la paz hasta el punto de participar en proyectos productivos. Pero se levantaron en armas. El 29 de agosto del 2019 en un video publicado en redes sociales, Iván Márquez anunciaba el surgimiento de la Segunda Marquetalia. A su lado estaban Santrich, el Paisa, y Romaña. Uno a uno sus comandantes fueron cayendo en emboscadas. Las razones y detalles de sus muertes nunca se esclarecieron. El último al que le hicieron un atentado fue a Iván Márquez. Su estado de salud y condición siguen siendo una incógnita. Con la llegada de Petro a la presidencia Márquez usó vasos comunicantes con este gobierno, interesado en participar en la Paz Total. Había varios obstáculos para la negociación. Márquez, como el resto de los comandantes que la fundaron, habían firmado el acuerdo de paz con el gobierno Santos y lo habían incumplido. Desde entonces se inició una investigación, por parte de Antonia Urrejola, experta de la ONU, para determinar si hubo un entrampamiento por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez contra Jesús Santrich. En diciembre del 2023 se presentó un informe preliminar sobre el caso y todo apunta a que existió un uso abusivo de la persecución judicial. La totalidad del informe será presentado en marzo. Aún así el gobierno acaba de anunciar la iniciación de los diálogos con esta guerrilla. Así lo anunció en un comunicado emitido este 1 de febrero la oficina del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño: “en la necesidad de llevar a cabo un proceso de paz ordenado, ágil, riguroso y respetuoso, que brinde tranquilidad y certezas a la sociedad colombiana en el compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz”. La Segunda Marquetalia ha sabido instalarse en el sur del país. A diferencia de otras disidencias como el Estado Mayor Central, comandando por Iván Mordisco, cuyas actividades están centradas en el narcotráfico y parece resumir todos los males que le empezaron a quitar credibilidad a las FARC, la Segunda Marquetalia surge de la inconformidad genuina de firmantes de paz por el incumplimiento de los acuerdos. Para Juan Manuel Torres, de la oficina de Pares Pacífico, que se incluya a la SM en la Paz Total es más que positivo: “En buena hora Petro, aún con todos los obstáculos, se sentó a negociar con este grupo. La SM podría pensar en una agenda de país más concreta que el propio Estado Mayor Central. Creo que este proceso puede ser rápido”. No se puede subestimar la influencia y presencia de la SM en Colombia. Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos, hace un paneo de la reconfiguración de este grupo desde su conformación en el 2019:  “Desde el monitoreo realizado por Pares identificamos que para 2023 se encontraba en 55 municipios concentrándose principalmente en el suroccidente del país. En este punto, cabe señalar que su presencia territorial es menor a la de otros grupos armados organizados tales como el EMC, ELN y Clan del Golfo. Esto puede responder tanto al fortalecimiento y expansión de los grupos mencionados como a los golpes que tuvo la SM en la frontera colombo-venezolana con las muertes de “Santrich” “El Paisa” y “Romaña”. La SM se pudo afianzar en el suroccidente del país gracias a muchos disidentes de las estructuras del EMC como del frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente de Orden y son conocidas ahora como Coordinadora Guerrillera del pacífico. ¿Qué debería hacer el gobierno para consolidar este proceso? Francisco Daza lo dice: “si se busca instalar una mesa debe crearse una delegación de gobierno, designar un jefe de delegación y, en clave de emular los otros procesos de negociación curso, buscar establecer un cese al fuego con la SM. A esto se suma la gran incógnita de quienes serán los delegados de la SM para este proceso de negociación”. Una de las grandes preguntas que surgen en este momento es si estará en cabeza de ese proceso por parte de la SM Iván Márquez.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador El 17 de diciembre de 1986 Gabriel García Márquez disfrutaba de una fiesta en La Habana cuando la joven periodista María Jimena Duzán lo encontró. Gabo, al verla con los ojos hundidos, supo que no le tenía buenas noticias. En Colombia un sicario acababa de asesinar a Guillermo Cano al frente de El Espectador mientras esperaba en su auto a que cambiara un semáforo. El Nobel sintió que un hueco se abría en la tierra y se lo tragaba. Desde que el periódico había sacado una vieja foto de Pablo Escobar con una placa policial, el capo le juró la guerra. Era 1984 y Escobar había llegado a la cumbre gracias a sus conexiones políticas y empresariales. Había limpiado de tal manera su reputación que llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes. Su sueño de verse con la franja presidencial no estaba muy lejano. Pero la coherencia de El Espectador, de su director Guillermo Cano, quien fue uno de esos periodistas que no se dejó tentar por la plata del capo, echó por la borda sus intenciones. Escobar era desenmascarado, avergonzado delante de todo el país. Entonces, en una de esas decisiones de sicópata, ordenó quemar todas las ediciones del periódico de ese día. Ocultar la verdad ya le era imposible. Desde entonces se juró venganza. Cano sentía el gélido aliento de la muerte en su nuca. Las amenazas obligaron a irse del país a periodistas de su círculo, como la aguerrida María Jimena Duzán, quien fue la que encontró en un archivo la foto que desenmascaró a Escobar. Su larga mano alcanzaría a Guillermo Cano en diciembre del 86. Los detalles de lo que encontró la policía en el lugar del homicidio se los contó María Jimena a Gabo. Lo que más dolió al escritor fue saber que, en la parte trasera del auto, venían, empacados, los regalos que Don Guillermo había comprado para sus nietos. Nunca se los dio. Gabo, periodista hasta los huesos, reconocía a Cano como uno de sus maestros, al lado de José Salgar. Sus columnas en El Espectador cuando era un muchacho de la Costa, que burlaba el hambre a punta de cigarrillos y café, le empezaron a dar notoriedad. Era una pérdida irreparable. Gabriel García Márquez pensó que este país jamás se iba a levantar de este golpe. La guerra de Escobar al periódico no se detendría allí. Un par de años después mandó a volar la sede. Esa persecución le pasó factura a la familia Cano. Al final de los años noventa, por problemas financieros, El Espectador dejó de ser diario. Se levantaron a pulso y haciendo un periodismo independiente y sólido, dos atributos que no suelen encontrarse en el país. La reparación a los Cano ha sido lenta pero este 8 de febrero se ha dado un paso importantísimo. Según declaró la nieta del periodista, María José Medellín, el Estado colombiano está listo para pedir perdón por el asesinato de Guillermo Cano. Por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconocerá la no protección al derecho de vida del director de El Espectador, la negligencia judicial que hubo en la investigación de este crimen y la no protección a su familia y a los investigadores que indagaron el caso. La familia Cano recibirá una compensación económica que será destinada a fortalecer el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano, que se entrega anualmente. El maestro de Gabo y de tantos grandes periodistas en este país, por fin empezará a descansar en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Universal El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Brian A. Nichols, ha expresado su profunda preocupación frente a la violencia que azota Colombia. A través de sus redes sociales, el alto funcionario denunció el secuestro del líder afrocolombiano John Jairo Jiménez Cuesta, ocurrido el 16 de enero de 2024. Jiménez Cuesta, reconocido líder social y miembro fundador de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), fue secuestrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras mediaba en un conflicto entre una comunidad de mineros desplazados y la guerrilla, en la zona rural del municipio de Morales, ubicado en el sur de Bolívar. Este acto de violencia tuvo lugar justo antes del inicio del sexto ciclo de conversaciones entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, en el cual se acordó prorrogar por seis meses más el cese al fuego y renunciar a la práctica del secuestro. Sin embargo, el secuestro de Jiménez Cuesta ha desatado una ola de indignación en la región. El subsecretario Nichols hizo un llamado urgente a los responsables del secuestro para que liberen al líder afrocolombiano y a todos los secuestrados que se encuentran en manos del ELN. Además, instó a respetar los derechos humanos como un requisito fundamental para avanzar en el proceso de paz en Colombia. Organizaciones internacionales también han reaccionado con repudio ante este acto de violencia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Witness For Peace, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, entre otras, han exigido la liberación inmediata de Jiménez Cuesta y han pedido garantías para la integridad física y psicológica de todos los secuestrados. Además, estas organizaciones han llamado tanto al ELN como al Gobierno colombiano a priorizar el caso de Jiménez Cuesta en las negociaciones de paz, recordando el compromiso de ambas partes en erradicar la práctica del secuestro. La Defensoría del Pueblo de Colombia también ha instado al ELN a informar sobre el número de personas que tienen en su poder y ha ofrecido su colaboración para facilitar la liberación de los secuestrados. Según cifras de esta entidad, durante el 2023 se reportaron alrededor de 110 personas secuestradas en el país, y en 2024 se han registrado 12 casos, siete de los cuales ocurrieron en Arauca y se atribuyen al ELN y a facciones disidentes de las FARC. Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que el ELN ha llevado a cabo al menos 59 acciones violentas desde el inicio del cese al fuego en agosto de 2023, incluyendo 33 ataques directos a la población civil. Ante este panorama, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado urgente a todas las partes involucradas para que redoblen sus esfuerzos en busca de una paz duradera en Colombia, donde se respeten los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. La situación de violencia en Colombia, especialmente los secuestros perpetrados por grupos armados como el ELN, representa un obstáculo significativo para el proceso de paz en el país. El secuestro de líderes sociales como John Jairo Jiménez Cuesta no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza en las negociaciones de paz. Es fundamental que todas las partes involucradas en el conflicto colombiano cumplan con sus compromisos de respetar los derechos humanos y buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación. El secuestro y la violencia solo perpetúan el ciclo de sufrimiento y conflicto en el país, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para poner fin a esta tragedia. En medio de esta difícil situación, la comunidad internacional sigue comprometida a apoyar los esfuerzos de Colombia para alcanzar una paz duradera y sostenible. Es hora de que el ELN y otros grupos armados renuncien a la violencia y se comprometan sinceramente con el proceso de paz, respetando los derechos humanos y buscando soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación.

Por: Redacción Pares Fotos Tomadas de: El Espectador y Momento24 Desde hace por lo menos 14 años reposaban en la Fiscalía procesos judiciales contra Juan Carlos Abadía, ex gobernador del Valle. Éste, por el que lo detuvieron el pasado martes 6 de febrero, es por irregularidades en un contrato de 1.072 millones de pesos con el que buscaban dotar a cuarenta establecimientos educativos en 10 municipios de ese departamento. El proceso no se había desarrollado porque, tal y como lo acusó la Fiscalía, Abadía le habría entregado cerca de 400 millones de pesos al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para archivarle su caso. Palabras más, palabras menos, pertenecía, al parecer, al escándalo que se conoció como “El cartel de la toga”. Abadía estaba campante en su casa, en el momento de su captura. Ahora deberán probar si esto es o no cierto. Abadía es hijo de Carlos Herney Abadía, ex senador, condenado por el proceso 8000 a 50 meses de cárcel por haber recibido dineros del Cartel de Cali y quien creó a monstruos de la política regional como Juan Carlos Martínez y su propio hijo Juan Carlos. Carlos Herney era un experto creador de partidos. El PIN, por ejemplo, fue obra suya. Pasó de ser de exconvicto a “Titiritero” como lo llamó en su momento en una columna Daniel Coronell. Le encanta mandar en cuerpo ajeno. En el año 2010 el Partido de Integración Nacional, el PIN, que cobijaba a Juan Carlos Abadía, entonces gobernador del Valle, tuvo casi un millón de votos. En esas elecciones sacó ocho senadores y doce Representantes a la Cámara. Este partido estaba hecho de los retazos de los movimientos que en las elecciones del 2002 y el 2006 hicieron temblar al país con el escándalo de la parapolítica. El PIN tenía la piel de Colombia Viva, grupo político creado en el 2003 y cuyo presidente era Dieb Maloof, un médico barranquillero que obtuvo apoyo de Jorge 40 para llegar al congreso. En el año 2007 fue condenado a siete años por los delitos de los delitos de concierto para delinquir agravado, organizar grupos armados ilegales, fraude electoral y constreñimiento al elector. Acá también estaba el partido Colombia Democrática, que tenía como una de sus cabezas más visibles a Mario Uribe Escobar, condenado en el 2011 por el apoyo que recibió de los paramilitares para llegar al Congreso. Otro de los retazos con los que se había tejido el PIN era Apertura Liberal. El PIN había surgido después de que su primera piel, Alianza Democrática Nacional, se hubiera deshecho al perder la personería jurídica por tener adentro personajes como Vicente Blel y Habib Merheg y Juan Carlos Martínez congresistas condenados por alianzas con paras. No importaba que sobre la hora de las elecciones el ADN no pudiera participar en política, de la nada surgió el PIN y todas las calles de Cali resultaron empapelada con sus candidatos. ¿De dónde habían salido los recursos para tan espontánea campaña publicitaria? El Pin tenía a candidatos al senado como Juan Carlos Martínez, nacido en Timbiquí y cuyos nexos con el Bloque Calima de las AUC le dio votos en Buenaventura. Fue condenado por este hecho. Se rumoraba sobre la participación en política del entonces gobernador del Valle. Nunca pagó por este delito. Nunca se le pudo comprobar nada aunque el país sabía. En el 2010el analista León Valencia afirmó sobre Juan Carlos Abadía: "la parapolítica lleva diez años de evolución. Ya no son los mismos politiqueros sin mayor formación ni carisma, hay personas como Juan Carlos Abadía que es un joven inteligente, carismático, con formación académica, muy audaz políticamente, con discurso y capacidad de producir publicidad". Juan Carlos Abadía no escondía su relación con el “Negro” Martínez quien era cercano a Olmes Durán Ibarguen, el Señor del Puerto, narco extraditado a los Estados Unidos. El entonces senador Rodrigo Lara dijo sobre él: "la gobernación del Valle personifica, tal vez, la penetración más clara del narcotráfico en la política y de un grupo mafioso en todos los municipios costeros del Pacífico, en sus corporaciones autónomas". Quien fuera hasta el 2022 director de El País de Calí, Diego Martínez Lloreda, intentó comprobarle sus presuntos vínculos con la mafia pero jamás pudo. En un perfil que aparece en la revista Don Juan dijo sobre esto: "demostrarle irregularidades a Abadía es muy difícil porque está muy bien asesorado, es la primera vez que en la gobernación del Valle el jefe jurídico, Raymundo Tello, no es administrativo sino penal. Y jurídicamente es impecable". En ese momento Abadía tenía 32 años y su imagen aparecía en todas partes de Cali y el Valle. Tenía un 81% por ciento de aprobación pero, en parte, se lo debía a su afán de estar saliendo en medios. Decía cosas que eran profundamente aplaudidas como que “Mi papá es un gran papá, a cada hijo le tiene una madre”. Desde que Carlos Herney Abadía fue detenido decidió no mostrarse en público. En un artículo publicado en La Silla Vacía en el 2010, hacen un reconteo de todos los cuerpos ajenos en los que hizo política “En el 98 puso a su esposa, Esperanza Muñoz, a reemplazarlo en la curul del Senado. En el 2000 consolidó el Movimiento Popular Unido, MPU. Su f Dilian Franciscaamilia Toro, fue candidata a la gobernación del Valle, pero finalmente se decidió a apoyar a German Villegas, quien ganó esa elección. En el 2000 eligió a su hijo de sangre, Juan Carlos Abadía, y a su hijo político, Juan Carlos Martínez, como diputados de la Asamblea del Valle.” El MPU fue el infausto partido que promovió la candidatura de Eleonora Pineda, uno de los bastiones de la parapolítica. A estos desafueros se suma el que protagonizó en el 2009 cuando su familia recibió 800 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro. Según el portal la Silla Vacía con estos recursos financió una parte de su campaña a la gobernación. El haber sido detenido por un contrato de 1.000 millones de pesos durante su gobernación es apenas la punta del iceberg. ¿se animarán a descubrilo?

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto tomada de: Radio Nacional Joe Broderick se ríe cuando la gente le pregunta sobre su amistad con Camilo Torres. El biógrafo más notable que tiene el cura guerrillero jamás lo conoció personalmente. Esto fue lo mejor, piensa Joe, por eso tuvo la distancia requerida para que su libro no se convirtiera en una hagiografía, en la vida de un santo. La primera vez que escuchó hablar de Camilo fue en Melbourne, el lugar donde nació. Había regresado de un largo viaje que lo llevó desde Karachi, en Pakistán, hasta Santo Domingo pasando por las barriadas de Lima, acompañando, como secretario personal, a un Nuncio apostólico. En 1966, a sus 31 años, este joven sacerdote australiano había vuelto a la casa paterna, un lugar amplio, que tenía abetos en el jardín y canchas de tenis, comprado por su papá a principios de esa década gracias a su negocio, la venta de comida para animales. Camilo acababa de morir abatido por el ejército en el área rural del municipio de San Vicente del Chucurri en Santander. La noticia la escuchó por radio. Le interesó saber más de ese niño bien, hijo de Calixto Torres, el primer pediatra que había tenido Colombia, y de una mujer tan cosmopolita como Isabel Restrepo. Camilo estaba lejos de ser un curita loco que se había metido de guerrillero afiebrado por la teología de la liberación. Era un intelectual, un sociólogo. La pregunta que rondó a Broderick fue ¿Cómo se pudo haber metido en esta aventura quijotesca, suicida? Inquieto volvió a Latinoamérica. Se fue primero a Cuernavaca, a un monasterio en un monte, al lado de un obispo de pensamiento libre que lo miró a los ojos y le dijo que buscara su camino, que no confundiera el amor a ayudar a los demás con el amor a Cristo. Así que emprendió la aventura. Recorrió el continente hasta que llegó, en un barquito que surcaba el Magdalena, a Bogotá. El mito de Camilo se agitaba en el mundo y hervía en Colombia. Los estudiantes de la Nacional, poseídos por el espíritu de la revolución, flipaban con el ELN. Admiraban no sólo a Camilo sino a su creador, Fabio Vásquez. Vásquez se hacía llamar con el alias de Alejandro, por eso de parecerse, según él, a Alejandro Magno. Así que las universitarias bautizaban a sus hijos con el nombre de Alejandro o Alejandra. Desconocían el carácter despótico, la paranoia que lo impulsaba a fusilar a todos los que supieran más que él, a todos los que constituyeran una amenaza para imponer su autoridad. Nada de eso sabían de Vásquez ni de su régimen dentro del ELN. Era inevitable que Broderick no terminara empapado de Camilo. En Sasaima conocería al grupo de sacerdotes que le cambió la vida. Se hacían llamar Golconda, por el nombre de la finca donde se reunían. En un principio su objetivo era estudiar y profundizar la encíclica Populorum Progresum que en 1967 había publicado el papa Pablo VI. Con el tiempo fueron conocidos como Los curas rojos y se fueron radicalizando hasta el punto que varios de sus integrantes, como Domingo Laín o Manuel Pérez, terminaron siendo comandantes en el ELN. Walter Joe Broderick tenía un alma demasiado libre como para abrazarse a un dogma. En 1969 viajó a México. Se quedó en la casa de Iván Illich, un célebre revolucionario, un pensador de izquierdas hoy parcialmente olvidado. Allí también estaba hospedado un editor de New York bastante conocido en ese tiempo, Walter Bradbury. Representaba al sello Doubleday que estaba esperando encontrar un escritor que se le midiera a la biografía de Camilo Torres. En esos años convulsos los jóvenes en Estados Unidos y en Europa esperaban leer la historia del nuevo Salvador. Broderick dudó pero Illich le aconsejó sentarse a escribir el libro “Vas de un lado a otro, tu vida está vacía, es hora de ponerle un objetivo”. Duró cinco años escribiéndolo. Habló con todas las fuentes que pudo, incluso con los soldados que mataron en la fallida emboscada a Camilo. Uno de ellos le contó que los uniformados iban caminando cuando vieron un plátano en el suelo. Tenían hambre, le pidieron permiso al oficial al mando para recogerlo cuando sintió “la quemazón”. La guerrilla del ELN los había emboscado. La confrontación duró tres cuartos de hora. Cuando fueron a reconocer los muertos vieron a uno que no se parecía al resto. Era alto y blanco, tenía sus años y una barba incipiente. Al esculcarle los bolsillos descubrieron una pipa, tabaco, una carta en inglés y otra en español que iba dirigida a su mamá, Isabel Restrepo. Era Camilo. El general Álvaro Valencia Tovar, que comandaba la operación, le describió en un croquis a Broderick cómo habían ocurrido los hechos. Habló con estudiantes de la Nacional, con los compañeros del sacerdote en la ESAP, con su media hermana quien le dio incluso un diario en donde relataba el momento en el que Camilo Torres llegó al mundo. Habló con todos menos con el ELN. Si, el ejército desconfiaba de él. Incluso le pusieron un espía del DAS que le seguía los pasos. Era común verlo leer el periódico mientras, con disimulo, escuchaba las conversaciones de Broderick en un café en el centro de Bogotá. Pero era peor la desconfianza del ELN. ¿Qué hacía ese gringo preguntando por Camilo Torres? ¿Era de la CIA? Muchos años después supo que incluso intentaron matarlo. El libro fue un suceso y cincuenta años después lo sigue siendo. Ya lleva 10 ediciones. Se vende bien en Argentina y Chile. A sus 89 años Walter Broderick se siente justificado al ver que son cada vez más los jóvenes que le piden una foto. Con el tiempo aceptó hacer otra biografía de un insurgente, Manuel Pérez. Al contrario de Camilo este personaje no lo movía. Pero las finanzas estaban mal y aceptó. Ahora cree que el Guerrillero invisible, nombre que le puso a esta biografía, es el mejor de sus libros. Broderick ha vivido como ha querido. Es un anarquista, un tipo al que su dios no es Marx sino James Joyce. Sus cursos sobre el Ulises son uno de los sucesos de alta estima en la Candelaria. Se mantiene erguido y claro, y con un sentido del humor que raya en lo diabólico. Gracias a este australiano el mito de Camilo Torres se convirtió en algo eterno.

Por: Ghina Castrillón Torres - Politóloga feminista La gravedad de las denuncias por presunta agresión sexual en contra del abogado Juan Camilo Castilla Ospina, ahora exasesor del alcalde de Cali Alejandro Éder, deben abordarse con seriedad y demanda una reflexión sobre la ética periodística en la exposición de estos casos. La falta de un tratamiento apropiado pone en riesgo la integridad de las personas involucradas. Y esto es lo que, de forma irresponsable, hace Camilo Chará, el periodista que publica las denuncias, quien revictimiza a las mujeres, instrumentalizando su dolor. Esta situación es delicada y el periodista Chará debió actuar con mayor rigurosidad, profesionalismo, respeto y empatía por las que serían las víctimas. Como lo he comentado en columnas anteriores, es necesario que periodistas y medios de comunicación se especialicen en estos temas, y esta importancia radica en su papel fundamental en la formación de la opinión pública. O que, al menos, previamente identifiquen actores relevantes para consultar sobre el abordaje adecuado de los mismos. Durante la semana pasada, desde su cuenta de X, el periodista Chará hizo varias publicaciones en dónde expone al abogado Castilla por varias razones, una de las cuales corresponde a las denuncias en su contra que reposan en la Fiscalía por presuntamente haber cometido agresiones sexuales. Para este caso específicamente, si bien el periodista Chará no comparte los nombres de las presuntas víctimas, sí expone sus relatos y las somete a posibles represalias, dado que, a las fuentes y víctimas, en estos casos, no sólo se les protege omitiendo sus nombres. Además, revictimiza a las mujeres al negarse ante la petición explícita de no hablar de uno de los casos, y de eliminar parte de la publicación, adicionalmente la juzga, desafía e infantiliza, como se muestra en los pantallazos de la conversación, relacionados a continuación: Según me comparte la mujer, esta es la primera vez que se comunicaba con el periodista y le manifiesta que la publicación que él hace es confusa, se presta para malas interpretaciones, a lo que ella insiste en que no está autorizando el uso de su historia. Si bien Chará le dice a la mujer que va a editar la publicación, veo que esa edición no se ha llevado a cabo; por el contrario, y como se muestra en la conversación, él decide priorizar la publicación por encima de la petición de ella, tratando de desviar la atención y culpabilizarla posando de aliado, llevando a cabo una clara acción con daño. Es supremamente delicado la forma cómo el periodista se enuncia como un colaborador y un apoyo, pero al mismo tiempo la trata de esta forma tan indiferente y egoísta, y más cuando ella insiste en que varios fragmentos de su publicación no corresponden a la verdad. Según ella me cuenta, después de su insistencia para que Chará editara parte de la publicación por no ser autorizada por ella, finalmente el periodista optó por bloquearla del whatsapp. La negativa del periodista a respetar esta solicitud, una vez más demuestra cómo las víctimas, o presuntas víctimas, lejos de ser tratadas con la sensibilidad que merecen, son instrumentalizadas demostrando que no le interesa respetarla, como él dice. Dejando en evidencia su nulo conocimiento en el tratamiento de casos de esta magnitud. Es clave resaltar que se debe respetar la decisión de las víctimas en cada uno de sus casos. Las denuncias públicas y señalamientos deben hacerse con su consentimiento, respetando su dolor y forma de tramitar la situación por la que están pasando, acompañarlas y brindar las garantías para que se sientan seguras. Exponer públicamente a presuntos agresores debe ser un acto consentido. Por otro lado, quiero resaltar que: Además de la revictimización cometida por el periodista hacia las mujeres en su tratamiento de la denuncia, quiero abordar otras dos razones que motivan esta columna: Primero, tiene que ver con las declaraciones del abogado Castilla en la W Radio, cuando anunció la renuncia al cargo de asesor del alcalde Éder después de que se publicaran las primeras denuncias en su contra. Castilla dice que no tiene conocimiento del proceso, dado que no ha sido llamado a comparecer por parte de las instituciones encargadas, y que esto parece ser una intensión de dañar el buen nombre del alcalde, no obstante, y sin conocer las intenciones del periodista Chará, me parece importante recalcar que según me comunican la presunta víctima y otras personas cercanas, Castilla sí conocía de las denuncias en su contra. De hecho, ya había sido confrontado fuertemente en eventos políticos públicos. La segunda razón, es el silencio de varias y varios dirigentes y colectivos políticos locales, dado que, como líderes, su responsabilidad es mayor. En este punto, quiero destacar que varias personas de los sectores alternativos de Cali estábamos al tanto de las denuncias contra Castilla. Algunas guardamos silencio en correspondencia con el respeto a la privacidad de las mujeres y su derecho a tramitar la situación como mejor se sintieran, mientras que otros optaron por el silencio en conformidad con el pacto patriarcal, intentando proteger sus organizaciones, evadiendo tener las conversaciones incómodas pero importantes que debieron dar. Aunque las presuntas víctimas optaron por presentar la denuncia ante la Fiscalía sin hacerla pública, los colectivos políticos las ignoraron internamente, evidenciando la falta de atención a un tema para el cual, en sus organizaciones, deberían existir protocolos establecidos. La atención a los casos de violencias basadas en género no solo debe centrarse en las víctimas, sino también abordar la situación de los presuntos agresores, especialmente cuando son ellos los que pertenecen a dichas organizaciones. Finalmente, frente a todo lo anterior, aprovecho para pedirles: A la Fiscalía que a realice una investigación exhaustiva de las denuncias contra el abogado Juan Camilo Castilla Ospina, porque hasta el momento se ha caracterizado por su lentitud y negligencia. Al periodista Camilo Chará que reconozca sus errores, se disculpe y mejore su enfoque al tratar con presuntas víctimas de violencia basada en género, considerando el trato perjudicial que les ha dado en este caso. A los liderazgos y organizaciones políticas de Cali, especialmente las organizaciones alternativas de las cuales Castilla hizo o hace parte, elaboren y/o mejoren sus protocolos para atender los casos de violencias basadas en género, porque han fallado terriblemente. Finalmente, y aún más importante, a todas las presuntas y/o confirmadas víctimas de violencias basadas en género, recuerden que: NO ESTÁN SOLAS. *La información compartida en esta columna cuenta con la autorización la mujer vinculada al caso, con quien tuve comunicación. Reitero: a ella y a todas las mujeres relacionadas a este caso es fundamental que se les proteja tanto en su identidad como en su historia.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Hace 50 años Altamira era un tranquilo y pequeño poblado del Amazonas brasilero. La mayoría de sus habitantes no conocía la pobreza. Si tenían hambre comían lo que les ofrecía la naturaleza. Si querían bañarse en el río que los surca, el Xingú, lo hacían. Ese concepto occidental del tiempo no era problema de ellos. Entonces los alcanzó la frontera económica y con ellos llegaron los desforestadores, los caucheros, los constructores de carreteras, los que buscaban fortuna torturando montañas en busca de oro. Su población se ha engordado hasta los 100 mil habitantes y la violencia ha aparecido con toda su furia. Hasta acá se han trasladado miembros del Comando Vermelho, traídos por los grandes hacendados que, atraídos por las proclamas de Jair Bolsonaro  mientras fue presidente, eso de que había que “tomar” la selva virgen para llegar al progreso, se han apropiado de miles de hectáreas de la Amazonía brasilera. Pero lo que más duele en Altamira es que el rio Xingú cada vez pierde más vida. La construcción de la represa de Belo Monte, en el 2010, aprobado durante el gobierno de Lula Da Silva, inundó islas y condenó a tribus indígenas completas a vivir en la ciudad, a ser pobres. Preocupada por lo que es una hecatombe -en donde el hombre será el primer afectado- la periodista Eliane Brum dejó su vida confortable en la siempre complicada Sao Paulo y se fue a vivir a Altamira en el año 2017. Este municipio tiene 159.533 kilómetros cuadrados, el equivalente al área conjunto de Irlanda y Portugal. En pleno Amazonas las casas de esta ciudad no tienen patio. Para sus habitantes el progreso significa paletadas de arena. Así que para ellos es un orgullo extirpar cualquier vestigio de verdor. Hay niños que viven a 500 metros de la orilla del Xingú y no conocen el río. La tasa de asesinatos es diez veces más terrible que las que se viven en las favelas de Rio de Janeiro: 133 por cada 100 mil habitantes. Los jóvenes, desesperanzados, se están suicidando. La única riqueza a la que se puede aspirar es acabando con el pulmón del planeta, dedicarse a la minería, a la caza de animales, a talar árboles. En los últimos cuarenta años el 47% del Amazonas ha sido afectada por la actividad humana. Sin embargo en estos últimos años, tal vez desde el 2018, cuando Jair Bolsonaro es elegido presidente del Brasil, se aceleró el apocalipsis: se estima que desde ese año han sido destruidos 2.000 millones de árboles, son incalculables el número de monos, aves y otros animales que han sido arrasados. Altamira se hizo famosa en todo el mundo por ser el centro de los incendios que devoraron una parte del Amazonas brasilero en agosto del 2019. Se ubicaron cerca de 10 mil puntos de fuegos, se sospechaba que fueran provocados por los hacendados que esperan convertir el pulmón del mundo en una fábrica inmensa. Elaine Blum vive en Altamira con su pareja, el también periodista Jonathan Watts, autor de un artículo maravilloso en donde señalaba que la gran batalla de este siglo XXI va a ser recuperar el Amazonas. Ambos han adelantado iniciativas como plantar miles de árboles y crear una plataforma iniciativa enfocada al cuidado de la selva. Se han enfrentado a los grandes terratenientes que ven en el enemigo a cualquiera que denuncie la hecatombe. Ha señalado a Bolsonaro y a sus seguidores como los grandes devastadores de vida. El ex presidente -que está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2030- celebró la deforestación del Amazonas con una frase que aún crispa los nervios “cada vez más los indios se están volviendo seres humanos como nosotros”. Altamira es el epicentro del apocalipsis, una ciudad monstruosa en donde las camionetas 4x4 acostumbraban hasta hace muy pocos años atropellar indios en la calle por gusto. Un lugar en donde el hacinamiento carcelario dejó 67 muertos en una tarde del 2017. Blum afirma que el coronavirus es apenas uno de los efectos que está causando la desforestación en el Amazonas. El regreso de Lula y el nombramiento de Marina Silva, la mundialmente famosa líder ambiental, como ministra del medio ambiente y cambio climático, es positivo pero no decisivo. Hay que tomar medidas radicales como la que hizo ella, Amazonisarse, irse a vivir a la selva, ser parte de ella, porque es el centro del mundo. En este momento el Amazonas tiene la importancia de Nueva York, Shanghái, Berlín. Su libro, recién publicado en Colombia por Penguin Random House, es un grito desesperado que alerta sobre un problema que nos afecta a todos. Porque el apocalipsis ha comenzado y, al parecer, no nos hemos dado cuenta.

Por: Redacción Pares Semana del 5 al 9 de febrero Este martes 6 de febrero ha concluido en La Habana el VI ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, las dos partes han anunciado la prórroga por seis meses del cese bilateral vigente desde el pasado 3 de agosto, este cese irá hasta la primera semana de agosto de este 2024, con lo cual completaremos un año sin hostilidades, con un ELN, que el proximo 4 de julio cumplira seis decadas de existencia y en ninguna de los 59 años anteriores hemos tenido esta distención que se cuenta en vidas humanas. Otros puntos trabajados en este VI ciclo tienen que ver con dinámicas humanitarias ya acordadas y que aún están por ser implementadas para proteger comunidades que siguen sufriendo los rigores de múltiples violencias, el crucial tema de la participación y el delicado tema de la financiación del proceso de paz, todos temas claves para que esta negociación vaya hacia adelante. Hecho trascendental es el compromiso unilateral del ELN, de suspender la práctica del secuestro, tema reclamado durante décadas por la sociedad colombiana. Sin duda que son buenas noticias las que han presentado hoy Gobierno colombiano y el ELN, ahora el reto está en implementar los acuerdos y utilizar de manera eficiente el tiempo que corre. No hay información pública sobre el próximo ciclo, el VII y su lugar de realización. * "Conoce el listado de documentos del Sexto Ciclo de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional" –#ELN *  "La Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN han acordado prorrogar el cese al fuego bilateral, nacional y temporal durante 180 días. Consulta el documento": https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-prorroga-Cese-al-Fuego-Bilateral-Nacional-Temporal-con-el-ELN-240206.aspx Gobierno prorroga Cese al Fuego Bilateral, Nacional Temporal con el ELN El ELN pacta cese al fuego y fin de secuestros con fines económicos por 6 meses | Canal 1 Balance del cese al fuego en el último año no evidencia verdaderos gestos de paz | El Tiempo https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-se-comprometio-a-dejar-el-secuestro-extorsivo-AA23675757 Tras extensión al cese al fuego, ELN se comprometió a dejar el secuestro extorsivo https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-y-eln-acordaron-crear-un-fondo-multidonante-para-su-proceso-de-paz/ Gobierno y ELN acordaron crear un fondo multidonante para su proceso de paz https://razonpublica.com/va-proceso-paz-eln-retos-oportunidades-2024/ ¿En qué va el proceso de paz con el ELN? Retos y oportunidades para el 2024 https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/dialogos-con-el-eln-ojala-se-prolongue-el-cese-DB23667664 Diálogos con el ELN: ojalá se prolongue el cese - Columna de Alejo Vargas Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Ghina Castrillón Torres - Investigadora Oficina Pares Pacífico Foto tomada de: Cámara de Representantes El día 05 de febrero 2024, en una rueda de prensa se anunció la continuación de la tregua entre los grupos Shottas y Espartanos en Buenaventura la cual iría hasta el 5 de mayo 2024. Con el objetivo de profundizar en los avances del espacio de diálogo socio-jurídico, desde la Oficina Pares – Pacífico tuvimos una conversación con Alejandro Ocampo, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, que también es uno de los delegados en este proceso. Esta entrevista nos brindó detalles de los logros obtenidos y las expectativas que hay en este espacio clave, el cual es clave para la construcción de la paz urbana. Cabe resaltar que la rueda de prensa contó con la presencia de Alejandro Ocampo,Representante a la Cámara; Karolina Guerrero, Directora de la Oficina Gestora de Paz de la Alcaldía de Buenaventura; Luis Fernando Bolaños, asesor de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación Departamental del Valle; Lucila Martinez, exconcejala y lideresa social de Buenaventura; Felix, vocero de los Espartanos; Jimmy y Jerónimo, voceros de los Shottas; además de los garantes internacionales de la MAPP OEA, y Orlando Castillo, Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Víctimas. Recordemos que, desde finales del año 2022, Buenaventura se convirtió en el escenario piloto para la Paz Total. Desde esta iniciativa se ha impulsado el Espacio de Diálogo Socio-jurídico con los grupos Shottas y Espartanos. A pesar de momentos críticos de la tregua, como la desaparición de alias “Super” en abril del 2023 y el atentado a alias “Gordo Lindo” en junio del mismo año, la tregua ha logrado reducir considerablemente los homicidios y enfrentamientos, y como lo acaban de anunciar, se ha extendido. Estado actual del Espacio Socio-jurídico: El congresista Alejandro Ocampo explica cuál es el estado actual del espacio socio-jurídico: “Estamos en la etapa de implementación de actividades sociales de una agenda social que corresponda a eliminar o a combatir las causas del conflicto, es decir, educación, generación de ingresos, oportunidades de recreación, de deporte, cultura que le permita a la gente otras herramientas para tener sueños en la vida, para entender que muchos chicos van a entender que no necesariamente el crimen tiene que ser su mayor vinculación”. Añade Ocampo que hay una fuerte intensión de implementar una agenda social para mostrarle a los jóvenes bonaverenses que es posible construir herramientas de paz, diálogo, interacción entre la comunidad. Estructura del Espacio Socio-Jurídico: Asimismo, Ocampo explica que la mesa socio-jurídica tiene tres comisiones: La primera se encarga de temas de paz barrial, es decir que logra una interacción entre las comunidades, porque como señala Ocampo, es central “el contacto con la comunidad, actividades, desarrollos, identificar con ellos problemas, identificar salidas”; este punto es importante dado que se ha insistido, desde varios sectores sociales, en que debe haber participación comunitaria en el proceso, dado que, esto permitirá reflejar en mayor medida las distintas voces que trabajan por la paz, y además puede fortalecer los ejercicios de control social en pro de la transparencia del proceso. La segunda se encarga de la interacción entre las diversas entidades del gobierno, es decir, consiste en una “coordinación interinstitucional entre la mesa, el Estado central, el Estado local, regional, entre distintas instituciones y fuerza pública, con el fin de lograr acciones concretas a mantener la paz, eliminar causas del conflicto, a garantizar seguridad” según señala Ocampo. Y, por último, la tercera comisión encargada de abordar los temas de seguridad, donde la delegación va a la cárcel, dialoga y escucha a los voceros de los Shottas y Espartanos; y se establecen protocolos, en función de la disminución de los actos delictivos. Al respecto Ocampo señala que con estos protocolos se busca “disminuir homicidios, disminuir extorsiones, robos, seguir eliminando fronteras y solucionar problemas”. También indica que en este momento se están implementando acciones concretas de verificación, para lograr identificar las razones y posibles victimarios cuando se presentan casos de homicidios, dado que es importante reconocer cuándo estos casos están relacionados con la disputa entre estos grupos y cuándo corresponden a otras causas y/o actores, porque como cualquier otra ciudad, Buenaventura no escapa de vivir muertes violentas por otras razones como ajustes de cuentas, intolerancia, entre otros. Desafíos para lograr la paz urbana en Buenaventura: Uno de los principales desafíos es poder lograr puntos de acuerdo, para eso, según resalta el congresista Ocampo “hoy estamos en esa etapa de poder seguir tomándonos confianza”. No obstante, también está el desafío de retomar las discusiones en el Congreso sobre el marco jurídico “con la finalidad de que podamos tener una propuesta que permita que ellos puedan reincorporarse a una vida civil, una vida legal, una economía legalidad” señala Ocampo. Otro de desafío que enuncia el congresista es “poder eliminar la corrupción que existe en Buenaventura, que pasa por la fuerza pública, por distintos actores del Estado, que es brindar seguridad, que pasa por el saboteo de la Fiscalía, las noticias sobre actores de la Fiscalía que están involucrados como grupos armados en Buenaventura y que enlodan el trabajo de policías o de otros fiscales que son buenos y persiguen el crimen en verdad”. Adicionalmente, Ocampo señala el desafío que implica que, en Buenaventura, más que todo en zonas rurales, existan otros actores armados, como las disidencias de las extintas Farc, el ELN y grupos posparamilitares. Y esto es un desafío porque “necesitamos también de una fuerza pública preparada pero también en la cantidad necesaria para prevenir, a futuro, que otros grupos estén en Buenaventura, porque se lo han tomado en distintas comunas, en distintas partes, en los esteros, y demás”. Relaciones con el nuevo gobierno local: Ante el hecho de que recientemente se inició con un nuevo periodo en los gobiernos local y regional, se le consultó al congresista sobre cómo la mesa de diálogo socio-jurídico percibe dicho cambio, a lo que él responde con gran apertura y disposición resaltando que “lograr paz en Buenaventura nos compromete a todos los sectores, nosotros, yo estoy dispuesto a trabajar con el sector político que considere que debería ser la paz una obligación de todos. Yo espero y confío en que la alcaldesa va a estar vinculada con eso que pueda corresponder, puedan ayudar y puedan participar de la manera que hay que hacerlo”. Aquí vale la pena resaltar que de la mano con la mesa de diálogo socio-jurídico, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación Departamental del Valle, la Oficina Gestora de Paz de Buenaventura, han acompañado las actividades de bienestar que han surgido en el marco de dicho espacio. Una de ellas, es el actual torneo de fútbol “Buenaventura en Paz” que inició el pasado 3 de febrero y que involucra mas de 150 equipos rurales y urbanos. Asimismo, el gobierno local y departamental, junto con el congresista Ocampo, acompañaron la misión humanitaria que hizo la Defensoría del Pueblo, liderada por el defensor regional pacífico David Torres, el día 05 de febrero 2024, en la comunidad de La Plata – Bahía Málaga, donde hace unas semanas hubo una incursión armada, poniendo en riesgo a la comunidad. Dicha misión humanitaria tuvo como objetivo llevar la presencia institucional, hacer acompañamiento y dialogar con la comunidad para identificar las acciones futuras para su protección. Aprendizajes de Buenaventura como Laboratorio de Paz: Para el congresista Ocampo es de gran importancia recordar que este es el único proceso de paz urbana que existe en el continente, y que esto debe traernos a la reflexión sobre lo significativo que es para el mundo que desde Buenaventura se le apueste a la paz. Adicionalmente implica reconocer las particularidades del territorio “en la zona urbana están los Shottas y los Espartanos, en las periferias está la Jaime Martínez, está el ELN y otros, es el puerto más importante del país, y uno de los más importantes de Sur América, pero también de los que más mueven narcotráfico, entonces los aprendizajes y este modelo de paz en un sitio tan codiciado y tan peleado, implica reconocer distintas realidades” explica Ocampo. El congresista también resalta la importancia de abordar los aprendizajes porque en un contexto de tanta pobreza y conflictividad “el aprendizaje más importante es cómo poder coordinar, juntar distintas instituciones y actores para poder desescalar un elemento como la violencia, aprender a seguir desescalando el conflicto, muertos, homicidios, extorsiones, luego tener posibilidades sociales y ahora un marco jurídico, es decir, creo que la etapa metodológica hasta donde va, va bien, es un gran avance importante”. Avances y comunicación con la ciudadanía. Si bien desde que se inició el proceso del espacio de diálogo socio-jurídico entre los Shottas y los Espartanos se han presentado varios hitos importantes, uno de ellos es la disminución significativa en temas como los homicidios, pasando de 45 homicidios en el primer trimestre de 2021 y 45 en el mismo periodo en 2022, a 12 en el primer trimestre del 2023. Igualmente, Buenaventura ha estado registrada, por la organización World Population Review, en el ranking de las 50 ciudades mas violentas del mundo, ocupando el puesto número 13 en 2021, pasando al lugar 43 en el 2022 y logrando salir de dicho listado en el año 2023. Pese a los logros identificados, surge una preocupación que desde diversos sectores sociales se ha venido señalando, que está relacionada con la falta de comunicación o el difícil acceso a la información sobre los avances del espacio socio-jurídico. Frente a esto, el congresista considera importante no generar falsas expectativas, aun cuando se está haciendo todo lo posible por lograr la paz, y explica que “no es prudente ir hablando sobre lo que se hace, porque tiene sentido si llega a un buen fin, pero generar expectativas falsas o cosas mal hechas pueden entorpecer la confianza que tenemos. Nuestros procesos son procesos que tienen mucho hermetismo de informaciones que circulan allí, de cómo lograr los acuerdos porque, mientras nosotros estamos acordando con dos grupos, hay otros grupos y actores que esperan volver a tomar Buenaventura entonces no podemos decir cómo va a ser, de qué manera” Pero así mismo reconoce que la comunicación es importante para que la comunidad se sienta tranquila y que para eso van a empezar una nueva etapa de hacer que la ciudadanía “entre a la conversa. Ahora vamos a hacer que la conversa de la paz esté en los barrios, esté en los territorios y cualquier persona pueda participar. Estamos apenas construyendo esa etapa”.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: El Colombiano En una movida estratégica que ha desatado tanto elogios como críticas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado a conocer este 5 de febrero, la promulgación de un decreto que establece la creación de nueve embajadas adicionales, marcando así un hito significativo en el panorama diplomático colombiano. El decreto, fechado el 7 de noviembre de 2023 y firmado por el presidente Petro, el canciller Álvaro Leyva, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el director administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, busca, según sus promotores, modernizar y fortalecer la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de posicionamiento global y regional de Colombia en el escenario internacional. Una de las designaciones más destacadas es la del exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien asumirá el cargo de embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma. Esta nominación ha suscitado tanto interés como controversia debido a la previa salida de Benedetti del Gobierno y las tensiones públicas en las que estuvo envuelto. El documento también contempla la creación de otros cargos, incluyendo asesores y profesionales especializados para el despacho de la Cancillería, así como cargos diplomáticos adicionales que suman un total de 116 nuevas posiciones. Según Alejandro Alvarado, coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la apertura de nuevas representaciones diplomáticas siempre es una buena noticia para el país, ya que constituyen espacios de participación y representación nacional. Sin embargo, lo que sorprende es la insistencia del presidente en nombrar a Armando Benedetti en cargos públicos en el exterior, sin que este último haya terminado de explicar al país las afirmaciones que se conocieron a través de las filtraciones de sus audios, ni haya proporcionado ninguna explicación sobre su participación en el financiamiento de la campaña del actual presidente. Además, Alvarado menciona que este nombramiento envía un mensaje negativo tanto para la carrera diplomática como para los funcionarios públicos que participan en concursos de mérito. Les indica nuevamente que el mérito no es recompensado, y que lo que importa realmente es la cercanía con el presidente de turno para obtener nombramientos en el extranjero, en lugar de dedicar una vida entera al servicio público colombiano. El coordinador de la Línea Democracia de Pares explicó que Armando Benedetti estará a cargo de la embajada principalmente como resultado de un favor político, y no necesariamente debido a sus cualidades diplomáticas o su conocimiento profundo sobre temas como la alimentación, la sostenibilidad y el desarrollo humano, que serán las agendas tratadas en la FAO. Simplemente se trata de un favor otorgado por una persona que dentro del Gobierno Nacional reclama espacios de participación que considera propios, como si se tratara de su propiedad personal o un negocio familiar. Por esta razón, la decisión no ha estado exenta de críticas. La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, manifestó su desaprobación en redes sociales, cuestionando la necesidad de abrir nuevas embajadas en un momento donde se exige austeridad en el gasto público. En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, denunció lo que considera un derroche por parte del Gobierno en el ámbito diplomático, exigiendo transparencia en la selección de los nuevos embajadores. La controversia generada por esta medida refleja las tensiones políticas y económicas en el país, así como las distintas visiones sobre la proyección internacional de Colombia y el manejo de sus recursos diplomáticos. A medida que se desarrollen los acontecimientos, se espera un debate más amplio sobre las prioridades y estrategias del Gobierno en materia de relaciones exteriores.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: La Republica y Radio Nacional de Colombia En lo que va corrido del siglo XXI el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 documentos en donde se advertía sobre los riesgos que podría correr la comunidad araucana ante la presencia de grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares. Pocas veces se hizo algo. Impotentes se tuvo que aceptar masacres como la ocurrida en el 2019 donde fueron asesinadas 27 personas en una de las disputas entre grupos guerrilleros en este departamento. El olvido ha sido una constante en estos llanos. En 1963 el entonces presidente Guillermo León Valencia, quien pasaría a la historia no sólo por sus poemas sino por decisiones discutidas como bombardear a mansalva a las guerrillas liberales asentadas en Marquetalia, ordena, a través del INCORA y financiado por el Banco Mundial, ubicar a 5 mil familias de varios departamentos en cien mil hectáreas del Sarare. Esta es una zona selvática que unió a los llanos con Norte de Santander. El Estado volvió a brillar por su ausencia. La reubicación no estuvo sostenida por una adecuada infraestructura. Los campesinos venían de Norte de Santander, sobre todo, y de otros departamentos como el Valle, Tolima y Cundinamarca y fueron dejados en este lugar a su propio arbitrio. Eran campesinos que venían huyendo de la violencia bipartidista, tal y como lo explican en su libro Los retos del posconflicto: justicia, seguridad y mercados ilegales, los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Con el tiempo el gobierno sólo les aseguraría la reubicación y poco a poco los fue soltando de la cuerda. “Entre los colonos se encontraban los hombres que crearían el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln”. Los campesinos esperaban rehacer sus vidas. Recibieron préstamos de la Caja Agraria y herramientas para defenderse y levantar sus casas en este lugar inhóspito. Eran préstamos leoninos, en donde les descontaban plata a los campesinos de entrada. Las familias tenían que abrirse paso en esas tierras a punta de machete, incluso, como narra el artículo Fronteras calientes, Arauca y el frente Domingo Laín escrito por la fundación Nuevo Arco Iris, estas familias tenían que pagarle a los Cadeneros, baquianos expertos en abrir trocha quienes los guiaban 80, 90 kilómetros selva adentro, desafiando ríos crecidos, derrumbes que cobraron la vida de muchos colonos, para poder disfrutar de los que el Estado “les había regalado”. Cuando llegaban al lugar sentían la desazón de los campesinos del cuento de Rulfo Nos han dado la tierra. Tanto desgaste, tanto esfuerzo para nada. La cercanía con la frontera y la riqueza de esta tierra han hecho que las guerrillas de las FARC y el ELN pasten en Arauca desde la década del setenta. Sin embargo fue la presencia del Domingo Laín la que afincaría y aseguraría el terreno para el Ejercito de Liberación Nacional en este departamento. La primera vez que se escuchó sobre las acciones de este frente fue en 1980 cuando hicieron la toma en el corregimiento de Beyotes, en zona rural de Tame. Mataron en esa acción armada a cinco policías. El Domingo Laín estaba integrado por campesinos como Raymundo Cruz, quien llegó al Sarare en 1965 con la experiencia de estar durante dos años en Cuba, allí conoció a los líderes que después conformarían el ELN. Les fue fácil organizarse en ese lugar a donde los envió un gobierno que buscaba olvidarse de ellos. Sesenta años después el ELN y las FARC azotan al departamento de Arauca valiéndose de sus corredores fronterizos por donde pasan coca, fusiles y contrabando, además de gasolina. Ninguna de las respuestas que ha tenido gobierno alguno han sido efectivas. Uno de los periodistas con más experiencia en ese departamento, Nelson Freddy Padilla, cuenta que en 1989, mientras era corresponsal de Colprensa, cuenta el vacuo entusiasmo de un coronel del Ejército Nacional llamado Fernando González Muñoz, mostrando los “resultados operacionales” que indicaban, según el oficial, una intendencia “que ha sido garantía de estabilidad y seguridad gracias al respaldo de la comunidad araucana”. Este optimismo no se reflejaba en la realidad. En las ciudades podría mandar el ejército pero los elenos eran los dueños de las zonas rurales. Arauca es uno de los lugares más ricos del país. Según la revista Cambio Arauca ha recibido, entre los años 1986 y el 2021, 4.2 billones de pesos sólo en renta petrolera. Pero la corrupción no puede ser más galopante. Las calles de pueblos como Tame y Saravena están destapadas. No hay esperanza entre sus habitantes. La clase dirigente ha saqueado hasta eso. El 8 de noviembre del 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a una pena de seis años de cárcel por la mala ejecución de un contrato. También en el 2023 la Fiscalía acusó por presunta corrupción a otro ex gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Según la W Radio el mandatario “al parecer influyó para beneficiar a una sola empresa con un contrato de 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era hacer la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”. A pesar de las regalías del petróleo Arauca no ha contado con servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas que viven en la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos. El saqueo del Programa de Alimentación Escolar ha atentado directamente contra los niños de Arauca. El ELN ha sido un tormento. Entre sus crímenes se encuentran el asesinato el 2 de octubre de 1989 del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en una zanja en el camino que comunica al municipio de Arauquita. Sus continuos atentados al oleoducto Cañó Limón Coveñas -descubierto en 1983- , ha dejado incalculables daños ambientales. El ELN ha sido un tormento, pero por supuesto que no ha sido el único. Tal y como lo cuenta Nelson Freddy Padilla en un artículo publicado en El Espectador “Aparte de los crímenes de las guerrillas, incluidos permanentes asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de pobladores, estos teatros de guerra han causado catástrofes como la ocurrida el 13 de diciembre de 1998 a raíz de combates entre las Farc y las Fuerzas Militares en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, que causaron la muerte de 17 personas, incluidos seis niños, por acción de seis bombas que cayeron sobre la población civil. El resultado de una operación aerotransportada en la que participaron militares estadounidenses con el respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano ante violaciones al derecho internacional humanitario”. La llegada de los paramilitares a comienzos de este siglo disparó aún más la violencia. Las masacres se cuentan por racimos. La situación es más compleja con la cercanía de Venezuela. Sus fronteras difusas se han prestado para que las guerrillas se replieguen a esta zona, sin que necesariamente haya contado con apoyo explícito de un gobierno en particular. El olvido en que el estado colombiano ha sumergido a Arauca es una de las razones por las que la guerra en ese departamento sea eterna. Por eso se hace tan imperioso una salida negociada, una paz total que garantice los principales derechos a esta martirizada población. A mediados de febrero la Fundación Paz y reconciliación, a través de su línea de Paz Territorial y Derechos Humanos publicará un informe sobre este departamento.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Colombia Pural y Infobae El 2 de octubre del 2022 Shottas y Espartanos, las dos bandas que controlan la extorsión, el microtráfico y la delincuencia en el puerto de Buenaventura, sellaron su intento de tregua dándose la mano en un partido de fútbol. Desde que La Local, la temible banda que azotó al Puerto se dispersó en el 2020, Shottas y Espartanos, cabezas de la hidra, fueron tomando fuerza de manera independiente. En los dos últimos años en los que Iván Duque fue presidente, se encarnizaron en una guerra que modificó incluso los horarios de ir a estudiar de los muchachos. Tenían que pensar muy bien hasta en qué ropa se podían poner. Como si hicieran parte de equipos plenamente definidos, un color mal escogido en una calle equivocada podría provocar la muerte. Uno de los barrios que más ha vivido el horror es Miramar en plena comuna 5. El estrés de una bala, de un atraco, de la muerte en la calle lo cambió todo. No se necesitaba pertenecer a una de las dos bandas sino estar, vivir, vestir. Y ellos no tienen nada de qué avergonzarse, los palafitos donde viven fueron construidos por sus propias manos. En estas casas los Espartanos, quienes querían quedarse con todo el negocio, se empezó a torturar gente. ¿Recuerdan que en los noticieros del país se empezó a hablar de Casas de Pique? Miramar las tenía. Miramar era un territorio de los Espartanos, quienes convertían en un objetivo de muerte a todo aquel sospechoso de ayudar a los odiados Shottas. La traición de Fidel y Julito, bastiones de los Espartanos, quienes decidieron dar el bandazo y pasarse a la pandilla rival, abrió heridas en una guerra demencial.  El único camino para curarse era sentarse a dialogar. No era fácil. Las buenas intenciones no bastan. Una tierra arrasada por capos como Diego Optra, Mapaya, y el mismo olvido de un país, no daba espacio para la esperanza. Al gobierno Petro y algunas autoridades de la zona como el obispo de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo -quien, ahogado por la guerra en el puerto sugirió en el 2019 hacer llover agua bendita sobre esa ciudad- hicieron que ese 2 de octubre del 2022 la pasión del fútbol y algunas promesas de ayudas sociales y económicas para atajar el desastre, podrían dar algún espacio a la esperanza. Buenaventura, que en el año 2021 alcanzó los 61 homicidios por cada 100 mil habitantes, duró 37 días sin un muerto. Pero el proceso vivió una crisis. En abril del 2023 la oficina de la Fundación Paz y Reconciliación en el Pacífico alertó sobre este problema. La desaparición, tortura y asesinato de alias Súper, quien formaba parte de los voceros de los Shottas para sentarse a hablar con el gobierno, recrudeció la violencia. En un reporte de la oficina Pares se afirmaba: “Los habitantes de las comunas 7, 10 y 12 han reportado balaceras tanto en la noche como a plena luz del día. En medio de esta zozobra, se han completado ya cinco días y se han reportado un par de homicidios. Además, se han conocido videos compartidos en redes sociales de sujetos patrullando las calles con armas de fuego de alto alcance, como fusiles y subametralladoras.” Pero en agosto del 2023 se volvió a la tregua. Gracias a esto se ha descendido en un 70% los hechos de violencia en el puerto. La buena noticia es que la tregua entre las dos bandas se extendió hasta el 5 de mayo.  Alejandro Ocampo, Representante a la Cámara y jefe de la delegación nacional en la mesa de diálogo “Las estructuras Shottas y Espartanos han demostrado su voluntad de paz, su capacidad y compromiso para reducir esas violencias. Muestra de ello son las cifras oficiales”. Los tres ejes temáticos de la conversación serán: Protección de la vida, las condiciones del tránsito al Estado social de derecho a los miembros de las estructuras, la superación de las causas de la violencia y las garantías de no repetición. Eventos como el torneo de Microfútbol “Fútbol en paz”, del que participan 113 equipos, ayudan a que las heridas en el puerto por fin se cierren. Darse la mano en una cancha de fútbol puede ser el camino a una paz total.