Por: Redacción Pares A pesar de que los colombianos mantienen su apoyo al proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc,  no ven con buenos ojos el  que se acuerden concesiones a quienes se sometan a una desmovilización. El respaldo a que el gobierno trabaje con ellos temas de inclusión de desmovilizados en la fuerza pública, asignación de curules sin elección popular a los líderes guerrilleros con condenas o el no pago de cárcel, es mínimo según los resultados de la encuesta de Cifras y Conceptos presentada a la opinión pública a través de Caracol Radio y Red más Noticias. Una de las  conclusiones de la Encuesta según la Fundación Paz y Reconciliación, es que el gobierno nacional debe iniciar lo más pronto posible, una campaña masiva en todo el territorio nacional, que permita hacerle entender al colombiano de a pie, los beneficios que trae una paz estable y duradera en Colombia y las razones por las que es necesario apoyar lo que se acuerde en la mesa de diálogos. Descargue la Encuesta Encuesta Cifras y Conceptos

Actualmente se habla de  una investigación asumida por la Fiscalía General de la Nación, que pone en descubierto una posible relación entre empresas mineras,  en este caso la multinacional Sicim con miembros del bloque oriental del ELN, hecho que configuraría un nuevo capítulo en este grupo guerrillero y que bien se podría denominar como la “Elenoeconomía”. El Ejército de Liberación Nacional, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, en los congresos III y IV hace mayor énfasis en el discurso de la defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Para esto el grupo guerrillero encuentra en el  cobro de extorsiones a empresas mineras, una fuente de financiación. Los frentes Domingo Laín y José David Suarez, que forman parte del bloque oriental del ELN, con presencia en los municipios de Casanare, Boyacá y Arauca, son quienes se encargan de las vacunas y extorsiones a empresas mineras en estas zonas, según informes de la Fundación Paz y Reconciliación. De esta manera  el Eln se ha dado a la tarea de extorsionar a empresas dedicadas a la extracción minera, en este caso, las dedicadas a la actividad petrolera, lo que las ha obligado a solicitar vigilancia estatal, a través de efectivos del Ejército Nacional, quienes han desplegado sus tropas con el fin de evitar las voladuras del oleoducto. Sin embargo, por lo amplio de este, se entiende que es imposible lograr que los militares cumplan con este objetivo, porque no existe el suficiente número de soldados para tantas extensiones de tuberías, hecho que ha sido aprovechado por el grupo subversivo para atentar contra la red en múltiples ocasiones. Según la reciente publicación de la Revista Semana,  la multinacional Sicim, pasó  de ser  víctima a socio estratégico, al punto de lograr que el ELN y algunos miembros de las Farc, se encargaran de hostigar a las demás empresas que operaban en la misma zona con Sicim, hasta que estas declinaran y abandonaran el lugar, dejándole el camino libre para operar. Por esta labor, los guerrilleros obtenían un pago que se camuflaba bajo una supuesta vacuna. Estudios de la Fundación Paz y Reconciliación calculan que el ELN y las Farc pueden  alcanzar a recaudar cantidades aproximadas a los mil millones de pesos al mes por vacunas y extorsiones a empresas mineras, hecho que tiene bastante preocupadas a las autoridades, al punto en que el mismo presidente Juan Manuel Santos lanzó la advertencia en 2012,  de que las empresas que pagaran extorsiones o vacunas serían expulsadas del país. De lo anterior se recuerda lo sucedido con la multinacional Mannesmann, contratada junto con la Sicim para construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que fue aprovechado por el ELN para secuestrar a cuatro de sus ingenieros y exigir la suma de 8 millones de dólares, dinero que le sirvió al grupo guerrillero para su supervivencia y desatar  una ofensiva en la cual dejó por fuera las actividades de la empresa alemana. Durante ese tiempo volaron en más de 20 oportunidades  el oleoducto Caño Limón-Coveñas La multinacional Sicim es una sociedad fundada en 1962 con sede principal en Italia. Su actividad económica está fundamentada en las instalaciones de oleoductos e instalaciones auxiliares para el transporte de petróleo, gas y agua y en Colombia.  Ha realizado trabajos en varios países del mundo con problemas de orden público como el Congo, Camerún, Angola, Kazajistan, Émiratos Árabes Turquía, etc., En Colombia es la encargada de construir  el oleoducto Bicentenario y podría correr con la misma suerte de la Mannesmann, en la eventualidad de que las investigaciones que hacen curso en la Fiscalía General de la Nación terminen en su contra.

Foto tomada de www.vanguardia.com ¿Qué tipo de refrendación ciudadana le conviene a los acuerdos de La Habana? ¿Cómo se enfrentan algunos retos de seguridad en el posconflicto? Otra vez se ha puesto a prueba la sensibilidad del país ante los temas de paz y otra vez estamos librando una apasionada discusión. Al contrario de lo que piensan algunos de mis colegas columnistas estos son debates muy oportunos y necesarios. En Cuba se están negociando en subcomisiones y de manera simultánea los puntos que faltan para el acuerdo final. Esto exige que acá también les entremos a esos temas. La refrendación ha sido un compromiso de las partes estipulado en la agenda de negociación. Veo muy difícil, si no imposible, que el gobierno y las Farc se bajen de esa promesa. El país espera esa oportunidad y la oposición la exige con la esperanza de que allí puede hacer valer sus objeciones a lo pactado. El gobierno había señalado que su figura preferida era el referendo tal como está establecido en la Constitución Nacional; pero en los últimos días muchos expertos le han advertido que el mecanismo exige trámites que demorarán aún más el cierre del conflicto, y le han hecho ver que entraña el riesgo de despedazar el acuerdo si los ciudadanos no aprueban uno u otro punto de lo convenido con las guerrillas, cuestión que implicaría romper la lógica de que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Las Farc en cambio habían mostrado preferencia por una constituyente. Pero también a la insurgencia, algunas personas con mucho sentido político, le están diciendo que este escenario se parece mucho a lo planteado por el uribismo y conduce de manera obligatoria a una renegociación de la paz con las fuerzas opositoras. Así las cosas, se está abriendo la posibilidad de una consulta popular. Este mecanismo tiene tres virtudes: les hace una pregunta general a los ciudadanos, es convocada por el presidente con la firma de los ministros –previo consentimiento del Senado– y tiene carácter obligatorio. La coalición de gobierno y las guerrillas debían considerar este escenario que tiene un sentido eminentemente político y facilitaría una gran movilización ciudadana, que no podría ser ignorada por la comunidad internacional y por las instancias jurídicas del país. La posibilidad de una policía rural o de otro tipo de organismos para reforzar la seguridad en las vastas zonas campesinas donde ha tenido lugar este largo y doloroso conflicto armado, no está en la agenda de La Habana y no tiene que ser parte de los acuerdos con las guerrillas, pero es una necesidad inapelable. En los últimos meses, y con ocasión de una investigación que adelantan la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación sobre las condiciones locales para el posconflicto, he tenido la oportunidad de examinar las demandas de seguridad y de justicia que expresarán las comunidades campesinas una vez se firme el acuerdo final y se inicie en firme el posconflicto. En esto no podemos decirnos mentiras, las Farc han hecho alguna presencia en 242 municipios en los últimos 30 años y en muchos de esos territorios –al lado de sus acciones depredadoras y violentas– han cumplido funciones de Policía y han alentado mecanismos para la resolución de conflictos, especialmente en las acciones comunales y otras organizaciones sociales. ¿Quién llenará este vacío en territorios lejanos? ¿Y quién velará porque otras organizaciones ilegales no se tomen otra vez esos lugares y gesten nuevas violencias? Las mismas preguntas hay que hacer para las zonas del ELN y de las bandas criminales, al momento en que haya luz en las conversaciones con esta guerrilla o se encuentre una salida de sometimiento a la Justicia de los herederos de los paramilitares. Bien sé que cualquier insinuación de reformas a la fuerza pública suscita malestar en las filas policiales y militares y también en sectores de la opinión, pero en este momento no podemos meter la cabeza en la arena y hacer caso omiso de los retos que en cuestión de meses se nos vendrán encima. Esto es de vida o muerte. Una vez empiece la desmovilización y el desarme de las guerrillas tenemos que tener listo el dispositivo de seguridad para esas zonas. La idea de la policía rural se volvió más polémica por la declaración de que a ese cuerpo podrían llegar algunos miembros de las Farc. Esta es apenas una posibilidad que no necesariamente aceptarían las guerrillas, pero tampoco hay que tenerle miedo al asunto, mi experiencia es que en un proceso de paz bien llevado los guerrilleros desmovilizados tienden a ser más apegados a la ley y a la Constitución que muchos ciudadanos o dirigentes políticos tradicionales. Columna publicada en Revista Semana

La siguiente es la columna de María Elvira Samper, publicada en el diario El Espectador. 10 de enero 2015. Preguntas a ‘Gabino’ María Elvira Samper El Eln se encargó de desinflar las expectativas que había creado sobre el mensaje que daría a conocer el miércoles 7 de enero, aniversario 50 de la toma de Simacota, la primera de su largo historial violento. Por: María Elvira Samper Lo hizo público su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, Gabino, y fue una decepción. No pasó de ser un saludo a la bandera, una manifestación más y sin mayor sustancia de que el Eln está dispuesto al diálogo y a pensar en la posibilidad de dejar las armas como parte de una negociación de paz. La coletilla de la ‘Declaración política’ de su V Congreso, sin señales ciertas de que la fase exploratoria que comenzó con el Gobierno en enero de 2014 haya logrado avances en la definición de una agenda y en el cómo de un posible proceso de negociación. Y, además, dejó la pelota en la cancha del Gobierno, como si el Eln no fuera parte de una guerra a la que se quiere poner fin y que sólo ha dejado muerte y destrucción. Con el Eln han naufragado ya cuatro intentos de negociación, sin incluir la oferta de entrega de armas a cambio de una amnistía en el gobierno de López Michelsen, a comienzos de 1975, saboteada por los militares. Fracasaron los intentos de paz con los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y el segundo de la seguridad democrática. El expresidente Uribe, que hoy fustiga al Gobierno porque negocia con terroristas, el 9 de junio de 2005, al comienzo de la campaña reeleccionista, le hizo al Eln una generosa oferta durante reunión con desmovilizados de las Auc. “Si el Eln acepta el cese de hostilidades, el Gobierno acepta no continuar con operaciones militares en su contra, mientras que el cese sea mantenido —dijo entonces Uribe—. El Eln no tiene que desmovilizarse, tampoco se tiene que desarmar (…) La desmovilización y el desarme son puntos de llegada”. Fue la semilla de nueve rondas de conversaciones en La Habana y Caracas, que duraron casi dos años y que en medio de tensiones y mutuas desconfianzas llegaron hasta la redacción de un borrador de ‘Acuerdo Marco’. Nunca antes se había llegado tan lejos: el Eln aceptaba suspender todo tipo de acciones militares, dejar el secuestro, liberar a los secuestrados y participar en los programas de desminado, y el Gobierno se comprometía a suspender las actividades ofensivas en su contra. El proceso fracasó finalmente, luego de superar varios obstáculos, cuando el presidente Uribe suspendió la misión de buenos oficios del presidente Chávez para la liberación de secuestrados de la guerrilla. El Eln se solidarizó con el mandatario venezolano y las conversaciones se suspendieron. Hoy se abre una nueva oportunidad. Me gustaría preguntarle a Gabino, único sobreviviente de ese pequeño grupo de campesinos y estudiantes que en julio de 1964 debutaron como embrión del Eln en una marcha en San Vicente de Chucurí, y protagonista en la sombra de los intentos fallidos de negociación, si es consciente de que la lucha armada como vía para llegar al poder fracasó, qué cree que el Eln ha logrado en 50 años de guerra, a quiénes ha liberado y de qué. Por qué la sordera al rechazo generalizado de sus métodos violentos, por qué no ven en la deserción de tantos hombres de sus filas una señal de que muchos están cansados de pelear una guerra ya perdida. Por qué no están dispuestos a reconocer sus propios errores. Y también me gustaría preguntarle si no cree que la firma de un acuerdo con las Farc —blanco principal de la ofensiva militar en los últimos 15 años—, convierte al Eln en prioridad y pone en grave riesgo su supervivencia, y si en el fondo lo que hay es miedo de dejar las armas porque no saben cómo hacer política sin un fusil al hombro. Una quinta oportunidad, tal vez la última, está abierta. ¿La van a dejar pasar? La siguiente es la respuesta de Nicolás Rodriguez Bautista, alias Gabino en http://www.eln-voces.com/ He estudiado sus preguntas formuladas en días pasados en un artículo de prensa, le manifiesto con sinceridad que me causaron alegría porque muestran su interés por indagar en asuntos que preocupan al país y que solamente mediante un diálogo franco e incluyente, construiremos caminos de entendimiento. Las circunstancias difíciles que hemos tenido que vivir los colombianos y colombianas, han roto el diálogo directo y se ha reemplazado por interpretaciones, algunas veces amañadas, se ha creado estereotipos que distorsionan la realidad y como decía un ex magistrado, no es equilibrado ni sensato clasificarnos entre buenos y malos, porque la insurgencia no es tan mala como la pintan los medios, ni el Estado es tan bueno como se cree, sin que se pretenda por ello, eximir a nadie que tenga responsabilidades en este grave conflicto que vive Colombia. Yendo a sus puntos de vista y preguntas, debo decirle que la notoria variedad de opiniones políticas existentes hoy en nuestro país, hace que por ejemplo, el anuncio hecho por el ELN el pasado 7 de enero en su 50 aniversario, haya sido visto de manera diversa por quienes se interesan por la política Colombiana. Toda esa diversidad nos merece respeto y el solo hecho de que se retomen los intercambios, aporta a los consensos y disensos que enriquecen la dinámica política nacional, por ello bien venido el diálogo multilateral que necesita esta Colombia de exclusiones. Como lo señaló recientemente Antonio García, “Ojalá fuera mañana el momento de firmar los acuerdos”, pero este conflicto es muy complejo y las soluciones debemos construirlas entre todos. Desde hace más de 20 años el ELN inició diálogos en búsqueda de la paz, que es nuestro máximo objetivo y sueño; sin que estemos satisfechos con los resultados, no consideramos que hayan fracasado como usted lo afirma. Dichas experiencias son parte del difícil camino recorrido y hoy es sobre tales experiencias que asistimos al actual proceso, buscando poner fin a casi 70 años de conflicto ininterrumpido. Una de las mayores enseñanzas de los diálogos anteriores es que hoy, sólo si se logra la participación activa de la sociedad, sobre todo la excluida de los destinos del país, el diálogo tendrá éxito, nadie puede reemplazarla. No voy a entrar a polemizar en las causas de las interrupciones o escasos avances en los procesos anteriores, sólo decir que se han conocido las «verdades del gobierno» y se desconocen las valoraciones de la insurgencia, esa unilateralidad hace perder objetividad de lo ocurrido, es necesario resolverlo para que el actual proceso de paz sea conocido con realismo por la opinión nacional, ese es un deber de los medios de comunicación, si se actúa con objetividad gana la paz. Los guerrilleros somos de los más interesados en que no siga siendo necesario estar alzados en armas, ejerciendo el derecho a la rebeldía para resistir y luchar, es mucho mejor hacerlo legalmente en las plazas públicas, barrios o veredas. Sin embargo en ese esfuerzo asesinaron a Gaitán, se produjo el genocidio de la Unión Patriótica, además fueron aniquiladas otras organizaciones, A Luchar y El Frente Popular, solo para nombrar las más sobresalientes. Hoy la intensidad del terrorismo del Estado y la Guerra Sucia, que produjeron esos luctuosos acontecimientos ha disminuido, pero nadie con sensatez puede decir que ese monstruo haya desaparecido, siguen los asesinatos selectivos de dirigentes y luchadores populares, las masacres, las amenazas son permanentes, el uso del exilio es obligatorio y no son ni capturados ni identificados en la “exhaustivas investigaciones” las Águilas Negras y demás bandas que siembran el terror. Con el anterior panorama, el ELN no coincide con su afirmación de que la lucha armada ha fracasado, o que perdió su validez, por el hecho de no haber llegado el triunfo revolucionario. Las luchas y sus formas no se invalidan por el tiempo transcurrido o por el resultado que logren en un tiempo determinado, son parte de la historia de los pueblos a quienes no se les ha permitido expresarse de manera eficaz por las vías democráticas, se les mata, violan sus derechos y conquistas y se les excluye; cuando la lucha armada revolucionaria sea inválida, no se encontrarán contingentes juveniles que la asuman y nosotros mismos los más veteranos en ella, seremos los primeros en asimilar la lección. Precisamente, explorar si el gobierno Santos y la clase en el poder tienen disposición de permitir los caminos democráticos, es tarea urgente en los diálogos actuales entre el ELN y el gobierno, si así fuera, los logros de la paz serian satisfactorios para todos, así se lo planteó nuestro V Congreso. En estas cuartillas, doña Maria Elvira, sería muy ambicioso resumir el aporte del ELN en sus 50 años de existencia, la invito a conocer los logros de las comunidades en el departamento de Arauca, en cuanto a sustitución de Cultivos ilícitos, en donde hemos dado nuestro respaldo a la población, para convertir esa región en importante despensa agrícola del país, sin ningún aporte de los sucesivos gobiernos. Buena parte del oro que aún duerme en las cordilleras del Sur de Bolívar conservando su hermosa bio diversidad, no ha sido pasto de la voracidad de las transaccionales, debido a la resistencia de sus comunidades y a la presencia insurgente, este logro no ha sido fácil, ha costado millares de muertos entre campesinos, paramilitares, militares y guerrilleros para que siga allí esa riqueza como patrimonio de las y los colombianos. En todas las regiones del país donde operamos en este medio siglo, le hemos aportado a las comunidades, para no dejarse matar ni desplazar de sus territorios, durante las operaciones contraguerrilleras de tierra arrasada, conjuntamente desarrolladas por militares y paramilitares. En los territorios donde operamos hemos construido junto a las comunidades una legislación de convivencia, así como proyectos de vida en armonía con la naturaleza. Éstas y muchas otras construcciones, permanece en la conciencia de esa población como un secreto, cuando sea conocido por la opinión nacional podrá evaluarse el papel histórico, político y social de la insurgencia colombiana, de lo tanto que se han magnificado sus errores y demonizado su conducta. Esto ocurre en extensas zonas donde la acción del Estado, brilla por su ausencia o sólo aparece para bombardear, restringir el tránsito de la población reprimirla y desplazarla. Cuando abrazamos el concepto de una lucha de liberación nacional nos referimos a la urgencia de la autodeterminación y soberanía de una Colombia a la que se le impusieron los designios imperialistas desde los tiempos en que el Libertador Simón Bolívar se lo advirtió a los pueblos del continente en su premonitoria advertencia, “Los EU parecen destinados por la providencia a cubrir de miseria los pueblos de nuestra América”. Negar que somos una neocolonia, no es sensato, así tengamos todos y todas, una manera diferente de mirarlo y resolverlo, bienvenida una amplia discusión de la sociedad colombiana al respecto cuando se abra la mesa pública con el ELN. Debo aclarar que nunca nos hemos considerado liberadores, somos humildes luchadores que entendemos que los pueblos se liberan de sus dominadores y de los imperios así mismos y los individuos y organizaciones de revolucionarios hacemos en ello un modesto aporte, esta América es hoy ejemplo de los esfuerzos de los pueblos, sus organizaciones y gobernantes por la independencia y la soberanía. Nuestra persistencia en la lucha guerrillera no es sordera, como no lo son las luchas populares centenarias, son realidades históricas reconocidas por respetables y estudiosos analista, soy uno de los convencidos que si hoy, a pesar de los enormes retos que tiene la lucha guerrillera, una organización se desmoviliza sin lograr cambios estructurales del Estado, otros hombres y mujeres se alzarán en armas, eso será así mientras se persiga y asesine a los luchadores populares. Las guerrillas en Colombia son la respuesta a la violencia oficial, sin duda si esta desaparece, las guerrillas no tendrán razón de ser, eso es lo que queremos y los señores del poder deben entenderlo. Cuando Camilo Torres murió en nuestras filas nos anunciaron la derrota, también en 1973 después de la operación Anorí, donde el ELN perdió las tres cuartas partes de su fuerza; si por los generadores de opinión fuera, hace muchos años hubiésemos desaparecido. Según las cuentas de los organismos militares, las bajas a las guerrillas son mayores al número de sus hombres. Según ellos, ya deberíamos haber desaparecido. La “inteligencia” militar no puede entender que la guerrilla es un fenómeno social y político. El grueso de los hombres y mujeres del ELN no tienen el arma encima, lo que no indica que no estén listos a tomarlas si fuere necesario, muchos de ellos estamos en las fábricas, las universidades, los colegios, las iglesias, las veredas, los barrios; somos maestros, taxistas, artistas, obreros, comerciantes, campesinos, etc. Yo que soy uno de los más veteranos guerrilleros como usted lo reconoce, he permanecido más tiempo en labores, políticas, académicas y productivas, que en la actividad militar, se lo digo con mucha franqueza porque para nosotros la política no es un cuento para ganar adeptos o barnizar la realidad, sino una expresión de nuestra vivencia cotidiana. “Las causas justas que se pierden son las que no se luchan” y tenga la seguridad doña María Elvira que las guerrillas existen por el apoyo que reciben del pueblo, si así no fuera, hubiésemos desaparecido. Hemos hecho un cuidadoso seguimiento al proceso de paz que desarrolla el gobierno y los compañeros de las FARC, con estos últimos hemos desarrollado importantes intercambios, concluyendo en la importancia de dos mesas con miras a un solo proceso, ello no niega que al final pueda haber una sola mesa, dejémosle eso a la realidad que siempre es más interesante y sorpresiva que nuestras propias intenciones. Sin duda que quedan varios temas sin desarrollar en este primer intercambio, pero cuente siempre con este servidor para compartir con franqueza y espíritu dialogante, los temas más complejos que aporten a las claridades de la opinión nacional y apostémosle a la paz de Colombia donde ganemos todos. Compatriota: Nicolás Rodríguez Bautista.

Foto: www.larepublica.co La más reciente captura por  parapolítica se dio sobre la persona del excongresista conservador Julio Manzur Abdala oriundo del municipio de Cereté, hecho que dejó claro que el proceso judicial que se abrió en el 2006 por vínculos de la política nacional con el paramilitarismo, ocho años después sigue vivo. Manzur fue capturado por presuntos nexos con las autodefensas, cuando se desempeñaba como senador de la República y su aprehensión deja el interrogante de  si es posible  que  la justicia en Colombia pueda cerrar el capítulo de la parapolítica en el mediano plazo y de  cuantas personas más faltan por investigar. Los más de sesenta casos en que se han fallado en contra de políticos nacionales y regionales demuestra que la parapolítica  no fue un fenómeno aislado y la reciente captura de Julio Manzur deja claro que nuestro país está muy lejos de llegar a superarlo. Julio Manzur Abdala es un político cordobés  que inició su proceso de liderazgo como presidente de las juntas de acción comunal en su natal Cereté, para más adelante ser nombrado en el cargo de Gerente de distintas asociaciones de agricultores de su región e inicia su carrera como político, siendo elegido para el cargo de  diputado de la Asamblea del departamento de Córdoba, para luego aspirar  a la Cámara de Representante y posteriormente ascender a Senador de la República. Su caudal de votación lo logra en el departamento de  Córdoba, donde  la actividad ganadera es bastante fuerte, llegando a tener según datos del Banco de la República,  el 10% del inventario ganadero nacional y el 30% del regional. Algunos ganaderos de esta región, apoyaron el proyecto paramilitar dirigido por Carlos Castaño, que a su vez contó con el beneplácito de políticos de la zona, por lo que estos últimos han sido llamados por los organismos de investigación judicial. Por lo anterior las autoridades judiciales tomaron la decisión de dictar orden de captura contra este político cordobés, quien según las declaraciones de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Freddy Rendón Herrera, Manzur Abdala de habría recibido apoyo del grupo armado ilegal, señalándolo de ser un colaborador y aliado político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Foto: Colprensa. Gustavo Petro y Humberto Guatibonza, Comandante Policía de Bogotá. El año 2015 comenzó con un debate en torno a los indicadores de seguridad en Bogotá, medidos por los delitos de alto impacto, en total diez, también se ha presentado una discusión en torno a la percepción de seguridad. La mayoría de los indicadores de alto impacto mostraban comportamientos negativos, aunque varios de ellos estables cuando se analizan tendencias a largo plazo. Por ejemplo, la tasa de homicidio en Bogotá pasó de 16,7 por 100.000 habitantes en 2013 a 17,4 en el 2014, al quitar los decimales y acercar, la cifra permanece estable en 17 puntos porcentuales por 100.000 habitantes. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio en Bogotá entre 1990 y el año 2014.  Ver Gráfico Procesado por la Fundación Paz y Reconciliación. Dentro de este aumento del homicidio en Bogotá, preocupa que se pasó de 94 casos de homicidios por encargo o sicariato en el 2013, a 215 en el 2014, es decir, un aumento superior al 100 %. Este sicariato, está relacionado con la planificación del hecho y una estructura criminal que ejecuta el homicidio. Se diferencia del resto de homicidios por la especialización del mismo. Otro caso interesante de analizar es el hurto de motos, los datos indican que el número de hurtos aumentó en el año 2014 con respecto al 2013, pero al analizarlo por tasa, la cifra muestra una disminución, al pasar de 72,2 a 69,5. Esta situación se explica debido al aumento del número de motos en circulación en las calles de Bogotá. El hurto a personas, tal vez es el caso más complejo de victimización de la ciudad. La cifra entre el 2014 y el 2013 aumentó marginalmente, pero en el histórico es evidente un deterioro sostenido desde el año 2012, como lo muestra la siguiente gráfica.  Ver Gráfico En asuntos de sensación o percepción de inseguridad, la situación es igualmente compleja, según la Cámara de Comercio de Bogotá, para el primer semestre del 2014, el 43 % de los bogotanos manifestaba que la inseguridad había aumentado, el 47 % manifestaba que seguía igual al semestre anterior y sólo el 9 % consideró que la inseguridad había disminuido. Para el 2013 las cifras eran 52 %, 36 % y 12 %, respectivamente. Lo que actualmente pasa en la capital colombiana se pueden agrupar en cuatro grandes conclusiones. Por un lado, existe una trasformación de la criminalidad, además de un desplazamiento territorial de confrontaciones entre estructuras mafiosas. Por ejemplo, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa se vive una expansión de los denominados ganchos o marcas de droga. Estas casas criminales se están haciendo al control de estas “ollas” por medio de la contratación de grupos delincuenciales juveniles y pandillas barriales. Este fenómeno explica la muerte de varios “jibaros” o expendedores de drogas en estas localidades. Otro de los temas complejos se refiere a la vendetta entre los herederos de la estructura de Víctor Carranza y en general la guerra entre mafias esmeralderas. En el año 2014, cerca de seis esmeralderos sufrieron atentados en Bogotá, varios de sus abogados y testaferros, incluso en el municipio de  Arbeláez, Cundinamarca, cerca a la capital, fue asesinado alías el Pequinés, hombre que fue cercano a Carranza. También preocupan los niveles de “profesionalización” de la criminalidad especializada, como los fleteros y la piratería terrestre, al igual que las bandas de apartamenteros. Aquí el tema es que dicha transformación de la criminalidad no ha significado una transformación de la operatividad de la Policía y tampoco un cambio de política pública. La segunda explicación es institucional; en términos estrictos la Policía no se ha profesionalizado en Bogotá, es una policía preparada para tratar temas de contravencionales o convivenciales, al igual que temas vecinales, pero no está preparada para los temas de crimen organizado, delincuencia semiestructurada. Por tanto sus respuestas siempre son la restricción de comportamientos a los ciudadanos, como toques de queda o temas de traslado a las UPJ. Este tema es particularmente importante, pues apunta a la necesidad de una reestructuración de la concepción misma sobre cómo se entiende el papel de la Policía en las ciudades colombianas. Una tercera explicación a estos fenómenos apunta a lo que ya es una crisis nacional, el colapso del sistema judicial. La inoperancia judicial ha llevado a que personas capturadas en reiteradas ocasiones, por delitos como hurtos, queden en libertad horas después, a restricciones para que la ciudadanía denuncie, a una demora exagerada en las investigaciones, y sumado a esto a un sistema penitenciario que más que resocializar, termina mejorando las destrezas criminales de las personas condenadas. Colombia debe ir pensando en un debate importante sobre los protocolos de investigación criminal, la profesionalización en materia de investigación y un debate profundo sobre la capacidad administrativa del sistema judicial. La justicia no está contribuyendo a la seguridad ciudadana. Un último tema que ha influido en el comportamiento negativo de algunos indicadores de victimización se refiere a la gestión territorial de la seguridad. En términos generales no hay un lenguaje común, ni directrices únicas en materia de seguridad y convivencia. Por un lado, la Alcaldía de Bogotá tiene un Plan Integral de Seguridad que no coincide del todo con las metas y estrategias de la Policía; las alcaldías locales igualmente confunden la seguridad con la defensa, allí los programas de prevención son bastante insuficientes y no hay indicadores de seguimiento ni evaluación a este tipo de programas y proyectos. También estos fenómenos muestran la necesidad  de generar acciones de coordinación con la Policía de carreteras, la Alcaldía de Soacha, y en general una coordinación con los municipios circundantes de Bogotá. Fuente de gráficos: Ceacs y Observatorio de Seguridad Ciudadana – Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. Fundación paz y reconciliación. Análisis publicado en www.semana.com

Una vez más el manejo del  chance en la Costa Atlántica se encuentra en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de la adjudicación que hizo la gobernación del Magdalena a Aposmar, empresa del Clan de Enilce López, alias la Gata y la reciente declaración de la Sociedad de Activos Especiales – SAE, quien aseguró que la firma debe continuar con la concesión. Una investigación realizada por periodistas del diario El Heraldo, informó sobre las coincidencias entre la licitación del chance en el departamento del Magdalena y la que se realizó en el departamento de Sucre, que le costó una investigación disciplinaria a Julio Cesar Guerra Tulena, su actual gobernador. La adjudicación le permitirá a Aposmar S. A., manejar el negocio del chance hasta el año 2018. Según el diario El Heraldo “pocos meses antes de que estallara en Sucre el escándalo por la concesión del chance que ganó Aposucre,  en el Magdalena la Gobernación de Luis Miguel Cotes, de manera silenciosa, había renovado la respectiva concesión de los juegos de apuestas permanentes a Aposmar”. Dicha adjudicación no contó con el seguimiento y vigilancia de la Procuraduría y la Controlaría, y las veedurías ciudadanas que para el caso se llevan a cabo no dieron las alertas necesarias. En el momento en que se conoció el trabajo periodístico del diario El Heraldo, la Procuraduría se pronunció al respecto, pidiendo  a la Gobernación del Magdalena que, “teniendo en cuenta que Aposmar fue sometida a un operativo de extinción de dominio por presunto lavado de activos provenientes del paramilitarismo, debe evaluarse si es posible terminar unilateralmente esa concesión”. Por lo anterior el gobernador del Magdalena Luis Miguel Cote se encuentra en la mira de funcionarios de la Procuraduría,  quienes evalúan la posibilidad de abrir una investigación disciplinaria por la adjudicación de la administración del chance en el departamento, estableciendo una serie de condiciones que favorecían a Aposmar, y estudian también la manera de buscar una actuación administrativa que les permita  terminar el contrato. La firma Aposmar se encuentra  en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien tiene la facultad de administrar los bienes que le sean incautados al narcotráfico, rindiéndole cuentas al ministerio de Justicia,  tras la desaparición de  la  Dirección Nacional de Estupefacientes.  La firma hace parte del grupo empresarial de Enilce López en la costa Atlántica a través de la cual realizó operaciones de lavado de activos, según expedientes judiciales. El interés de la Gata por el manejo del chance: El interés de Enilce López por el manejo del chance en la costa Atlántica, radica en el alto volumen de dinero que mueve este negocio, que según cálculos de las autoridades, alcanza a dejar un valor aproximado a los mil millones de ganancias al año, hablando de lo legalmente recaudado a su favor. Según la investigación de Paraeconomía desarrollada por la Corporación Nuevo Arco Iris, Enilse López alcanzó a recaudar una cifra cercana a los tres billones de pesos para 2005, dividido en tres partes iguales (1,5 billones de ventas legítimas y otro tanto de ventas ilegales, equivalentes las dos al 1,5 del PIB, según un informe de la Defensoría del Pueblo). El documento revela además que,  “solamente el 12% de la parte legal financia al sector de la salud pública, equivalente a unos 170.000 millones de pesos. El 40% se destinaba al pago de premios, gastos administrativos y comisiones a los distribuidores. Los empresarios del Chance se quedan con el 48% restante, es decir unos 700.000 millones de pesos”. De esta manera se abre un nuevo capítulo por tratar de restablecerle la legalidad total al negocio del chance y las loterías en la costa Atlántica, al que parece aferrarse Enilce López, alias “la Gata”.

El estudio y seguimiento que sobre la Tregua Unilateral decretada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, que realiza la Fundación Paz y Reconciliación desde el momento en que esta fue anunciada confirma que el grupo armado ilegal, cumplió a cabalidad con el cese de acciones armadas. La Fundación Paz y Reconciliación se dio a la tarea de realizar un seguimiento minucioso al grupo armado, teniendo en cuenta las acciones de las Fuerza Pública y el estudio y vigilancia que sobre el conflicto armado, realizan sus investigadores académicos en el terreno, logrando establecer  que no son ciertas las versiones que dan cuenta de  una supuesta división al interior de las Farc, y que esta  guerrilla responde a una unidad de mando. También fue posible establecer un  total de   17 acciones armadas que involucraron estructuras de la Fuerza Pública y estructuras guerrilleras. La mayoría de estas, fueron bombardeos y campos minados sembrados, previo al establecimiento de la tregua. Todas estas acciones son ofensivas de la fuerza pública y defensivas de las FARC. Esto significa que la fuerza pública ha continuado su accionar militar. En todo caso se registra una disminución de acciones armadas por parte de la Fuerza Pública. Ver informe completo: BALANCE quinta TREGUA FARC 20 DIC DE 2014

No es un secreto. Fueron las Fuerzas Militares las que al comienzo de las negociaciones de paz de La Habana insistieron en que no hubiese cese bilateral de hostilidades hasta tanto no se firmara el acuerdo de paz. Decían que estaban a la ofensiva y que podían golpear y disminuir a las Farc para obligarlas a una posición más flexible en la Mesa de conversaciones. Era un argumento poderoso. A medida que pasó el tiempo se supo también que en el interior de los militares había sectores nada de acuerdo con la salida negociada, y estos sectores se atrevieron a establecer relaciones fluidas con el expresidente Uribe y cumplieron tareas de obstrucción de los diálogos. Pensaban que estaba cerca la derrota militar de la guerrilla y eso derivaría en una situación más cómoda y tranquila para el futuro de los militares. Ese argumento tenía, sin duda, menos realidad y sentido. Ahora los militares y policías colombianos se enfrentan a uno de los retos más grandes de su historia. Acompañar al gobierno de Santos de manera leal y transparente en una tregua bilateral aun antes del acuerdo final de paz y como antesala del mismo. Esto implica un cambio de actitud en quienes de buena fe pensaban en que lo mejor era ir hasta la firma y más allá, hasta la desmovilización completa, en una posición ofensiva sobre las guerrillas. Implica también una subordinación completa de quienes ponían sus esperanzas en el triunfo militar y se prestaron para acciones contra el proceso de paz a lo largo de estos cuatro años de contactos y negociaciones. Algunas personas muy cercanas a las Fuerzas Militares me han dicho que no debo tener dudas sobre el profesionalismo de la fuerza pública y sobre su compromiso con el proceso de paz. Me han asegurado que acompañarán la negociación de la tregua bilateral y la cumplirán a cabalidad. Les creo. Llevo muchos años en eventos y discusiones con los altos mandos y he comprobado que la gran mayoría de los oficiales tienen la inteligencia suficiente para percibir las variaciones del conflicto armado y adaptarse a las circunstancias. Y los cambios de la realidad son evidentes. Las Farc han decretado un cese unilateral de hostilidades y lo han cumplido, al tiempo han concentrado su dirección en La Habana. De ahí que tengan un interés primordial en acelerar la firma de los acuerdos y realizar este último tramo de las conversaciones en un ambiente tranquilo en las regiones. Al tiempo, el ELN ha insistido en un cese bilateral y ha dicho que no hará gestos unilaterales, con lo cual el anuncio del gobierno se convierte en un guiño insoslayable para esta guerrilla que apenas está culminando su etapa exploratoria, y podría pasar a la etapa pública de las negociaciones en el ambiente del cese bilateral que han pedido a lo largo de estos meses y que su quinto congreso reclamó con insistencia. Desde la oposición se han oído voces muy duras contra la posibilidad del cese bilateral. Incluso han dicho que será una medida inconstitucional. Quieren hacerle creer a la gente que se trataría de una claudicación de las Fuerzas Armadas, de una orden presidencial para cesar la protección de la población y dejar a la ciudadanía al arbitrio de los violentos. Nada de eso. Se trata, simplemente, de que Santos, en un acto de reciprocidad, responda al cese unilateral indefinido decretado por las Farc con un cese de acciones ofensivas sobre esta guerrilla de parte de la fuerza pública. No hay por qué abandonar los territorios. Es más, si unidades de la guerrilla, por algún motivo, realizan acciones hostiles contra la población o intentan golpes a las Fuerzas Armadas, la obligación de estas es actuar en defensa de la población y del Estado. Ahora bien, este cese bilateral de hostilidades tiene que ser parte integral del proceso de desmovilización y desarme. Es el primer paso. Por eso toma el nombre de cese definitivo. La verificación que se conforme para entregar informes periódicos del cumplimiento del compromiso será también el anticipo de la comisión o comisiones que se establecerán, a la hora de vigilar la desmovilización y el desar-me completo de las guerrillas y el tránsito de estas a la vida civil. La participación decisiva de las Fuerzas Militares y de Policía garantizará un buen diseño e implementación del cese bilateral definitivo de las hostilidades. También contribuirá a un posconflicto más seguro y generará un clima propicio para que los sectores de las Fuerzas Armadas, cuestionados por acciones dentro la guerra, tengan un tratamiento generoso y digno por parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una de las deudas que tiene el legislativo en materia de Reforma Política, es ajustar el régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos, que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con el Lavado de Activos, continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional. Colombia se prepara para dar inicio a la campaña electoral que permitirá escoger alcaldes y gobernadores y desde ya comienzan a sonar nombres de personas cuestionadas por tener en curso investigaciones judiciales como son los casos de Yair Acuña, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para aspirar a la gobernación de Sucre, y Dilian Francisca Toro, quien a pesar de no haber confirmado su deseo de manejar los destinos del departamento del Valle del Cauca, empezó a aparecer dentro de la lista de posibles candidatos. Estos dos personajes enfrentan problemas judiciales, Acuña por Parapolítica y Dilian Francisca por Lavado de Activos. Legalmente no hay nada que les impida aspirar, porque la Ley 617 del año 2000, que es la norma que habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador en sus artículos 30 y 36, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”. Esta laxitud en la norma es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas, sigan aspirando sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y posteriormente sentenciadas a pagar años de cárcel, porque su mayor interés de llegar a esos cargos, es el de fortalecer sus redes de apoyo para más adelante, a través de ellas, continuar manejando los hilos del poder. Puede el partido político negarle el aval, y de nada va a servir, porque inmediatamente se dará a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizar la personería de uno más pequeño al anterior, que le permita mantener viva su candidatura. Es decir, haciéndole conejo a la ley. La discusión que se presentó durante el primer período del expresidente Uribe que permitió dar inicio al orden en las bancadas de los partidos bajo la Ley 974 de 2005, dejó por fuera esta discusión. Lo mismo pasaría con el Acto Legislativo de 01 de 2009, que creó  una serie de responsabilidades a los partidos y movimientos políticos que avalen a personas que siendo elegidas, judicialmente se les establezca vínculos con actores ilegales y el narcotráfico. Ahora cuando se encuentra vigente la discusión del Acto Legislativo denominado como “Equilibrio de Poderes”, debería pensarse en la posibilidad de discutir también en un ajuste en la norma, donde queden congelados los derechos políticos de personas que enfrenten problemas judiciales por vínculos con actores ilegales o por hechos relacionados con el Lavado de Activos, hasta tanto su situación no se haya definido en los tribunales, porque de lo contrario no será posible que el país logre superar la presencia de las mafias al interior de la función pública, porque la norma está hecha para que las cosas no cambien, por más que se quiera.

La situación actual en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC; en donde existen avances significativos en  la agenda de diálogos;  la declaratoria de cese al fuego unilateral por parte de las FARC y la concentración de su dirigencia en La Habana,  permiten vislumbrar un escenario positivo para la consolidación de los acuerdos. El ELN en sus últimos comunicados,  demuestra  que tienen la certeza de que la solución política es el mecanismo por el que ha optado el grupo insurgente para superar 50 años de confrontación armada. La negociación con las guerrillas garantizaría un proceso integral con el propósito de prevenir la disputa en los territorios que antes se encontraban bajo su dominio, asunto que debe estar acompañado por un proceso de sometimiento a la justicia por parte de las BACRIM. Sin embargo, el hecho de que exista certeza en el ELN,  sobre la salida negociada al conflicto,  no debe entenderse como unanimidad frente a un eventual proceso de paz. El modelo federal de dirección así como el desarrollo desigual de sus estructuras a nivel regional, llevará  a que se promuevan discusiones al interior de este grupo, que serán tramitadas en el Comando Central. La llegada de alias Pablito a este escenario podría generar celeridad y solidez  en  la toma de decisiones en relación al proceso de paz. A la hora de analizar un escenario de negociación con el ELN, se debe tener en cuenta su surgimiento  y  desarrollo.  Es importante saber que el ELN es una organización política en armas, a diferencia de las FARC,  que es una organización militar con un proyecto político. Por lo anterior no es posible equiparar el accionar del ELN con el de las  FARC, sin antes tener en cuenta la preponderancia que le da este grupo armado al trabajo de masas y a la conformación de redes de apoyo.  Si no se considera este hecho en el momento de analizar las actuaciones de la organización subversiva, se pueden generar errores en el momento de interpretarle. Al interior del  ELN se  percibe, que desde el gobierno nacional y la opinión pública se les  ha dado «un tratamiento de segunda» en comparación con las FARC, tanto en la formulación de las políticas de seguridad del Estado, como en las negociaciones de paz. El establecimiento de una mesa de negociaciones con el ELN tendrá que garantizar por parte del Gobierno una interlocución en la que esta insurgencia no se  sienta tratada como un actor de segunda, para lo cual se debe partir del hecho de que el ELN llega a la mesa de negociación con capacidad táctica, sin estar derrotado, con presencia en al menos 89 municipios y siete regiones del país. Este trato en la interlocución generará confianza, además de garantizar a los colombianos un proceso integral con las guerrillas. Consideraciones del pasado A diferencia de los procesos de paz anteriores, este proceso de negociaciones con las guerrillas de las FARC y del ELN, tendrá una tercera fase, la implementación de los acuerdos en los territorios. En el pasado los procesos se han dedicado más a discutir cambios estructurales en abstracto que en concretar el fin del conflicto armado, en este sentido, este proceso ya tiene un saldo positivo al proyectar la implementación de los acuerdos en los territorios donde se desarrolla el conflicto, donde  se deberá avanzar en el postconflicto  en la construcción de consensos entre los pobladores, las autoridades locales, los excombatientes y los sectores productivos que garanticen los cambios que se requieren para prevenir que el conflicto se recicle. En cuanto a la agenda de la negociación, es de esperarse que un punto central e inamovible para el ELN sea la participación social ,que buscará desarrollar a través de la convocatoria y realización de una convención nacional,  que según el  Acuerdo de Puerta del Cielo se describe como: “Un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de los representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen.(…) y tiene como propósitos  …  elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales con miras a la democratización del Estado y la sociedad.  Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente”. Sera importante que rápidamente se llegue a un acuerdo sobre los que significa para cada una de las partes lo que tiene que ver con   la participación social. Temas  que han sido del interés del grupo insurgente como el minero energético y el de educación, podrían ser abordados en la Convención Nacional o en el espacio deliberativo que se acuerde con el gobierno,  y no en la mesa de negociación, ya que el ELN  consideraría que son del resorte de las comunidades.