Foto Paz & Reconciliación Don José de los Santos García tiene bien merecido el nombre de caminante, pues debe recorrer seis horas de trochas desde la vereda Mulatos hasta el corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia). Sin embargo este hombre nacido en Tierra Alta, Córdoba, pero habitante desde hace veinte años en la región antioqueña, no detiene sus pasos cuando de movilizar y liderar se trata. Este líder campesino, asistió sin fallar a todos los diálogos que adelantó la Fundación Paz & Reconciliación junto a la Fundación Ideas para la Paz para conocer qué esperan las comunidades en las regiones de cara al postconflicto. José es un hombre que la violencia le arrebató a su padre y a su hijo mayor por cuenta de las Autodefensas y además fue víctima del desplazamiento durante cinco años, pese a ello regresó a la que considera su tierra y donde está su gente como lo define. Para José el primer compromiso que tendrá el Gobierno en una etapa de postconflicto, será llenar todos los vacíos que se tienen en esta región del país. En la vereda Mulatos, no hay vías de comunicación, tampoco educación secundaria para los jóvenes, ni mucho menos accesos a servicios de acueductos y baños, de ahí que la preocupación pasa por el abandono en el que están en esta zona del país. En un fragmento de video, el hombre que es un ejemplo de  las comunidades campesinas de Apartadó nos el sentir de su gente y cómo allí entienden el proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba.

Foto Paz & Reconciliación Con una sonrisa que encanta y que no borra de su rostro, Rosa Bessie encarna el espíritu de más de 250 mujeres que integran la Fundación Macoripaz  del municipio de Riosucio, Chocó, creada en el año 2003 y que siete años más tarde alcanzaría el Premio Nacional de Paz por su incansable trabajo social en este municipio chocoano. A pesar del dolor por el desplazamiento forzado  y la pérdida de amigos a causa del conflicto armado, Rosa creyó que era posible un cambio social en el municipio a través del fomento de la cultura y el deporte. De ahí que la Fundación Macoripaz inició una estrategia de impulso en los jóvenes premiando el buen rendimiento académico, la disciplina y las prácticas de buena convivencia entre las nuevas generaciones. Perdón y una actitud positiva son el complemente con el que según Rosa Bessie la paz se alcanzará en todo el territorio colombiano. Con el grupo de líderes se consideran como unas ‘mujeres bocachica’ al definirse como peces en el agua en su territorio, convirtiéndose a la postre en ese alimento social que necesita esta región colombiana. Madre de ocho hijos y soltera a causa de su trabajo en medio de una cultura machista, Rosa es la voz y la fe de un grupo de madres cabezas de hogar que a pesar de las caídas han encontrado razones para nunca renunciar al trabajo serio y comprometido por su querido Riosucio. https://www.youtube.com/watch?v=7N2F-1Lk9Ic

Foto Paz & Reconciliación Pese a no haber nacido en territorio caqueteño, Arbey Albear es un referente de los líderes sociales en el municipio de San Vicente del Caguán. Fue desplazado a los 14 años de edad junto a su familia de Leiva, Nariño, para luego  llegar al Caquetá con una convicción clara de movilización social. Ahora Arbey tienen 31 años y es el presidente de la red UNIOS (Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán), uno de los colectivos de trabajo social organizado más grandes en el departamento de Caquetá. Las organizaciones que pertenecen a UNIOS entienden la paz como un derecho fundamental y constitucional, que se debe construir colectivamente, y que la única salida al conflicto político, social y armado que vive Colombia, es y debe ser la salida  negociada. Sin embargo está filosofía no les ha servido para fomentar una cultura de paz,  teniendo en cuenta las amenazas que sufren constantemente por parte de Bacrim. Este ganadero del sector Pato Bajo en San Vicente del Caguán, tiene hoy una preocupación importante y es el hecho de que se firme un pacto de paz “mal negociado” en donde no hayan garantías institucionales para la población de esta zona del país y se generen así nuevos focos de grupos insurgentes. “La gente tiene que creer en las instituciones, porque esa debe ser la tarea” afirma,  por esta razón Arbey es un abanderado  del diálogo y no le importa abandonar casi a diario sus vacas para trabajar por el fortalecimiento del tejido social. Sin culminar aun sus estudios de bachillerato, sueña con obtener un título profesional en Filosofía. https://www.youtube.com/watch?v=g2fZIw_9D7I

Foto Paz & Reconciliación Muchas historias se escriben en las regiones de Colombia sobre sus  líderes sociales, aquellos hombres y mujeres que desde la experiencia y el conocimiento de sus propios territorios se convierten en referentes de sus comunidades en labores de emprendimiento y cambio social. La Fundación Paz & Reconciliación en asocio con la Fundación Ideas para la Paz y con el apoyo del Ministerio del Interior, desarrollaron el proyecto Gestión institucional en el marco del posconflicto, que sirvió para entablar un diálogo directo con los habitantes de parte de las regiones que han sufrido los ecos de la violencia colombiana. En este proceso que tardó once meses, le permitió al equipo de investigación conocer  parte de las percepciones, expectativas y sueños que tienen estos colombianos frente a la posibilidad de llegar al fin del conflicto armado y al inicio de un periodo posterior a la firma de los acuerdos de paz en La Habana entre Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. León Valencia, director ejecutivo de la Fundación Paz & Reconciliación, junto a un grupo de líderes sociales Una de estas personas es Azael Imbache Lasso, un campesino de 54 años habitante de la vereda El Placer del municipio conocido como la capital maicera de Colombia, Mercaderes en el Cauca. Azael es un conocedor como nadie de su territorio, siempre ha vivido allí, por eso entiende que la variedad de sus suelos y pisos térmicos es fuente de riqueza en una tierra que ha visto como los cultivos ilícitos han desplazado las cosechas de maíz que fueron famosas en la década de los 60. Este hombre no ha sido ajeno a la violencia, el conflicto le arrebató  un sobrino y un primo y en alguna época su casa fue habitada por hombres de la AUC. Aproximadamente 60 paramilitares llegaron a convivir junto a Azael, su esposa y  los tres hijos, a ellos les tocó presenciar los crímenes y vejámenes cometidos por los ilegales, cavar huecos donde serían sepultados sus propios vecinos. Azael Imbache pasa el tiempo entre el trabajo social y la agricultura Actualmente Azael es líder social y  secretario de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Placer. Él como nadie cree en la paz, pero sabe que hay obstáculos que se deben saltar con la presencia constante del Gobierno. Sólo cursó seis meses de primaria, que por ahora son suficientes para movilizar a toda su gente hacia un camino de sana convivencia. Su gran sueño es aprender a manejar un computador que le permita conectarse con otros espacios y poder seguir contando su historia. https://www.youtube.com/watch?v=_YjEAz7yaKo

En estos días se desató una tormenta cuando el presidente Santos afirmó que para propiciar el acuerdo de paz de La Habana y la futura participación política de los miembros de las Farc era necesario ampliar “el concepto de delito político y de los delitos conexos” puso como ejemplo “el narcotráfico o los beneficios del narcotráfico”. El senador Álvaro Uribe dijo inmediatamente que la bancada del Centro Democrático se opondría a esta idea en la discusión sobre la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. También el procurador, Alejandro Ordóñez, emitió un comunicado de diez puntos criticando de manera frontal la iniciativa.  Incluso algunos dirigentes políticos que respaldan las negociaciones de paz se apartaron de las declaraciones de Santos. En las críticas a esta proposición hay una falta total de lógica y de sentido común. Todo lo hecho hasta ahora en las negociaciones de paz conduce a la redefinición del delito político. La oposición no quiere aceptar que el ambiente político y los lineamientos jurídicos están cambiando radicalmente para facilitar la reconciliación del país. Todo empezó con el reconocimiento explícito del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y siguió con la apertura de las negociaciones de paz con las Farc rodeadas de garantes internacionales. Esto significa simple y llanamente la concesión precisa y clara del estatus político para la guerrilla y por consiguiente la definición de que el tipo penal que la cobija es la rebelión, la sedición y la asonada. Ahora bien, basta con echar una mirada a la agenda y a la marcha de las conversaciones en La Habana para saber en qué ha consistido la rebelión de las Farc, qué actividades ha realizado esta guerrilla en su alzamiento armado contra el Estado y también qué delitos han cometido los agentes del Estado o los paramilitares en el curso de la confrontación. El narcotráfico fue objeto de una larga e intensa discusión y de un acuerdo preciso y detallado. No hay mejor prueba de que este es un delito ligado indisolublemente al conflicto armado. Pero los delitos del conflicto no se agotan ahí. La presencia de las víctimas en La Habana reveló la naturaleza de la guerra colombiana. Estuvieron familiares o víctimas de extorsión, secuestro y desaparición; de asesinatos, masacres y ejecuciones extrajudiciales; de violencia sexual, torturas y desplazamiento forzado. En uno o en varios de estos delitos incurrieron los agentes del Estado o los guerrilleros o los paramilitares. Esto ya nadie lo puede tapar. Esto no se puede obviar. La guerra ha quedado al desnudo. Y la discusión de la reglamentación del marco jurídico tendrá que girar alrededor de esta realidad dolorosa. La transparencia duele, la transparencia de estos 50 años de conflicto nos abruma y nos destroza el corazón. Pero esto es preferible a la opacidad y al engaño. En las negociaciones entre el gobierno del presidente Uribe y los paramilitares y en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz no se incluyó el narcotráfico. Incluso la ley tiene un parágrafo asombroso, dice que: “No podrán acceder a los beneficios de la ley quienes se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Fue una mentira del tamaño de una catedral. El precepto no se aplicó. Si se hubiera aplicado ni uno de los paramilitares hubiese accedido a esa ley. Después de la desmovilización se ha aplicado de manera selectiva para extraditar o para excluir a varios de los beneficios de la ley. En Santa Fe de Ralito tampoco estuvieron las víctimas para mostrar la diversidad de delitos en que habían incurrido los paramilitares. Fue después de la firma del acuerdo que el país supo el horror. Ahora el proceso de paz ha ganado una transparencia que la ley de justicia transicional tiene que reflejar. Lo más sensato es ampliar la conexidad a todos estos delitos con excepción de los que puedan ser calificados de crímenes de lesa humanidad. El problema es inmenso. Según el Comité de Presos Políticos hay 22.000 procesos abiertos por rebelión y las Farc y el ELN tienen 2.020 presos en 138 cárceles del país. A la vez, en las fuentes de la Fiscalía y de la justicia penal militar, dicen que hay 14.000 miembros de la fuerza pública investigados.  De ellos 4.000 están presos. La mayoría por delitos que tienen que ver con el conflicto. Ahí están los primeros sujetos de la justicia transicional. Después vendrán los miles y miles de desmovilizados. Para todos ellos tienen que estar claras las reglas de juego y una de ellas es que el narcotráfico tiene una conexidad indiscutible con la rebelión de las guerrillas. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de EFE La liberación del general Álzate, el cabo Rodríguez y la abogada Urrego, así como la liberación de los dos soldados hace unos días en Arauca, marcan el fin de lo que se podría considerar la crisis más fuerte que ha vivido el proceso de paz en los últimos dos años. No se debe olvidar que en la primera parte de la negociación, cuando estas eran confidenciales, hubo una crisis similar que llevó a que la delegación de las FARC amenazara con levantarse de la mesa. En todo caso, después de estas crisis quedan al menos cuatro grandes conclusiones. En primer lugar, las FARC logran demostrar que aquel rumor y aquella versión de algunos analistas sobre una supuesta división, o insubordinación de algunas estructuras, quedan totalmente descartados. De hecho, lo que logran demostrar es que tienen mando y control sobre sus estructuras. Incluso, las treguas unilaterales declaradas por la guerrilla durante el año 2014 vienen a confirmar esta situación. De lo anterior se puede hacer una segunda conclusión, la cual tiene una doble realidad: Por un lado, las FARC salen muy debilitadas ante la opinión pública, ya que el secuestro del general no hizo otra cosa que aumentar el rechazo al grupo guerrillero por parte de la ciudadanía, pero a la vez, salen fortalecidas en la mesa de negociación, ya que no sólo muestran que no están divididas, sino que además sacarán ventaja de la suspensión de la negociación de La Habana realizada por el gobierno nacional luego del secuestro del general Álzate. La negociación de La Habana se basa en tres grandes principios. El primero se refiere a “lo que suceda en Colombia se resuelve en Colombia y lo que sucede en La Habana se resuelve en La Habana”, el segundo principio es que se negociaba en medio del conflicto y el tercero es el de la confidencialidad. El primero de ellos fue violado por el presidente Santos, cuando anunció la suspensión de los diálogos. Si bien el presidente no tenía otra alternativa, debido a la presión social y política, lo cierto es que tal decisión fue una violación de uno de los principios del acuerdo. De este hecho, las FARC intentarán sacar ventaja y lo cobrarán en la mesa. Por su parte, el gobierno nacional sale con la situación contraria a las FARC, es decir, fortalecido ante la opinión pública, la cual le venía exigiendo mano dura y además le manda un mensaje a la posición que lo acusaba de ser demasiado laxo. Pero sale debilitado ante la mesa. Una tercera conclusión es que se demuestra que la guerra de micrófonos entre las FARC y el gobierno nacional ha hecho mucho daño al proceso y a la imagen del mismo. Se comprueba que es mejor solucionar las diferencias con la participación de Noruega como país garante, o Venezuela, Chile y Cuba como veedores. La intermediación de estos gobiernos permitió que el general, sus acompañantes y los dos soldados de Arauca fueran liberados rápidamente. Una última conclusión se refiere a que el gobierno del presidente Santos no ha logrado desarrollar una estrategia o una pedagogía para la paz. Por ejemplo, explicarle a la población por qué se negocia en medio de combates, emboscadas o ataques guerrilleros; explicarle a la población los beneficios que traerá la firma de la paz, o al menos explicar lo que se está negociando que ha sido imposible para el Gobierno. Esto a su vez ha llevado a que la comunicación del proceso esté en manos de la oposición, es decir, del uribismo, que ha logrado que varios de sus mensajes, en muchos casos falsos, tengan réplica en la población civil, como aquel mensaje de que en La Habana se está negociando la propiedad privada. Incluso se podría hacer una conclusión adicional, y es que la entrega del general de forma rápida por las FARC y sin mucho show mediático, así como la voluntad del gobierno Santos de enviar rápidamente la comisión negociadora a La Habana, muestra la voluntad de ambas partes por retomar el diálogo y llegar a la firma de los acuerdos. Publicado también en Semana.com

Foto de PGN Después de Uribe el procurador Alejandro Ordóñez ha sido el mayor crítico de las negociaciones de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC. Incisivo. Punzante. Cada semana carga contra las conversaciones de La Habana. Acudió incluso a La Haya, a la Corte Penal Internacional, para advertir de un posible pacto de impunidad en esas negociaciones. Lo ha hecho desde la alta investidura de jefe del Ministerio Público. Lo ha hecho a sabiendas del gran impacto de sus palabras en importantes sectores de la opinión nacional. Por eso acepté sin pensarlo la invitación a su despacho para hablar de un ‘pacto para la paz’. Una idea que ha expuesto en varios foros en las últimas semanas. Quería saber los detalles de la propuesta. Quería comprender el cambio de actitud del procurador. Quería mirar la posibilidad de ayudar para que este ‘pacto’ salga adelante. Me dijo cosas muy interesantes y valiosas, les cuento algunas a los lectores: –La firma del acuerdo con las FARC es ahora irreversible. –Pero firmar un acuerdo de terminación del conflicto es menos difícil que lograr la reconciliación. ¿Cuántas veces en nuestros 200 años de vida republicana se ha convenido el final de las hostilidades? Muchas veces y muchas veces se han vuelto a tomar las armas para reanudar la violencia. –Si se va a firmar un acuerdo con las FARC se debe aprender de las experiencias del pasado. –Se requiere que lo que se acuerde se cumpla. –Se necesita además que la paz quede bien hecha, esto es, que sea sostenible en el plano jurídico y en lo político. Solo así será una paz estable y duradera. –Lo que le dará sostenibilidad política al acuerdo que se llegue con las FARC es que los diferentes sectores sociales y políticos concurran libre y conscientemente a un gran Pacto para la Paz. –El presidente Santos no puede arrasar a los críticos del proceso de paz, no puede tacharlos de enemigos de la paz, eso era entendible en la campaña electoral, ahora no, ahora él es el mandatario de todos los colombianos. –Pero quienes critican las negociaciones con las FARC deben abrirse a estudiar los acuerdos, a valorar lo convenido de manera racional. –La convergencia en un Pacto para la Paz de críticos y partidarios de las conversaciones de La Habana será lo que convierta la paz en una verdadera política de Estado. –El Pacto por la Paz implica en primer lugar el acercamiento y el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es la hora de hacer a un lado las pasiones y actuar de manera racional y ponderada. Escuché con atención todo lo que dijo el procurador, especialmente su preocupación por una reglamentación del marco jurídico para la paz que le cierre las puertas a la impunidad y un plan de desarme y desmovilización que garantice el fin de la violencia de las guerrillas. Comprendí que en esos puntos hay diferencias muy grandes pero no insalvables con el gobierno y con la marcha de las conversaciones. Vi al jefe del Ministerio Público en una nueva actitud. Lo vi en la posición de ir hacia adentro del proceso de paz para influir desde allí en el resultado final, para trabajar en la reconciliación. Lo vi en la disposición de buscar el acercamiento del expresidente Uribe a las negociaciones de La Habana y a unas eventuales negociaciones con el ELN. También en la decisión de conversar con otros sectores críticos para allanar el camino hacia el Pacto para la Paz. No será fácil. La polarización ha sido severa. Tejer el acuerdo será un trabajo largo y paciente. Pero es una magnífica oportunidad, dada la persona que ha tomado la iniciativa. El procurador Ordóñez tiene una alta representatividad en la sociedad y en el Estado y se ha ganado la confianza plena de los críticos del proceso. Tiene ascendencia en el Partido Conservador y en el Centro Democrático. Es el depositario de muchas de las inquietudes de Uribe. Tampoco será fácil vender la idea del Pacto para la Paz entre la variada gama de fuerzas que son protagonistas de las negociaciones o que respaldan el proceso. En el gobierno, en los partidos de la Unidad Nacional, en las guerrillas, en la izquierda y en las organizaciones de derechos humanos. Porque al hablar de reconciliación nacional y de paz duradera es obligatorio pensar en los militares, en los políticos y en los empresarios implicados en temas graves del conflicto. Ellos son la otra cara de la moneda. Ellos necesitan una salida digna en la justicia transicional y en el pacto político. En todo caso el procurador cuenta con mi modesto apoyo en esta tarea. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de Ecuavisa Nuevamente las Farc propusieron pactar un cese bilateral de hostilidades como antesala a la firma del acuerdo de paz y otra vez Santos les dijo que esto no estaba en los planes del gobierno. La crisis de la mesa de La Habana empujaba en esa dirección. La guerrilla tenía en sus manos por primera vez en su historia a un general de la República y Pablo Catatumbo aprovechó para señalar que, cosas como esta, y aún más graves, podían pasar de nuevo si se seguía negociando en medio del conflicto. Era un argumento potente. Pero el presidente no se detuvo siquiera a considerar la propuesta. Apareció en cambio, en el discurso de las dos partes, esta frase: desescalar la confrontación. La dijo Santos y la dijo Catatumbo. Es una buena alternativa. Se trata, en realidad, de un cese parcial de hostilidades. Desde muchos lados habíamos sugerido esta posibilidad. Acordar en La Habana, sin mucho bombo, sin comisiones especiales de verificación; sin que la discusión y tramitación de este tema prolongue la negociación de los demás aspectos de la agenda; una limitación de las acciones de las partes, una disminución de la confrontación. Podrían encargar de esta tarea a la subcomisión que está trabajando en los protocolos para la dejación de armas y la desmovilización. El cese parcial de hostilidades tiene un profundo sentido humanitario porque se dirige esencialmente a proteger a la población civil. Puede llevar a restringir operaciones en zonas especiales como los resguardos indígenas; o en las comunidades negras tan golpeadas en los últimos meses; o en lugares de gran población campesina. A cesar los ataques a la infraestructura energética y minera del país por los graves daños económicos, sociales y ambientales que están produciendo. A inhibir temporalmente los bombardeos y las fumigaciones sobre zonas claves del territorio. Medidas de esta naturaleza generarán una confianza mayor en las negociaciones de paz y contribuirán a preparar el terreno para el cese definitivo de los fuegos y las hostilidades y para el proceso de desmovilización y desarme. Al momento de escribir esta columna está en curso la liberación del general Rubén Darío Alzate, de sus dos acompañantes y de los soldados retenidos en Arauca. Todo dice que la crisis se solucionará y las negociaciones se reanudarán este lunes. Pero el proceso de paz mostró una vez más su fragilidad y los graves riesgos que lo acechan. Con mucha frecuencia se le han cuestionado a las Farc las dificultades para comunicarse con sus estructuras y controlar sus acciones. Pero lo que vimos en el lado del Estado no es menor. El domingo, después de que el senador Uribe pusiera a circular los pormenores de la acción sobre el general Alzate, el presidente Santos le preguntó en su cuenta de Twitter al ministro de Defensa qué hacía un general de civil, sin escoltas, en un territorio de guerrillas. Para sorpresa de todos, Juan Carlos Pinzón contestó que tampoco él sabía. Ni el jefe supremo de las Fuerzas Armadas ni su segundo al mando tenían idea de la actividad de un general de la importancia de Alzate. Situaciones como esta son comunes en una guerra irregular que se libra en un territorio extenso y especialmente complejo donde se alzan tres cordilleras y campean selvas profundas. Una guerra en la que intervienen fuerzas ilegales de la más diversa condición. Este solo botón de muestra es bastante revelador. El domingo en la tarde y el lunes todo el día asistimos a una angustiosa incertidumbre. Nadie daba razón de la suerte del general y de sus acompañantes. No se sabía si en realidad estaban en manos de las Farc o de otros grupos que han operado en la zona. La angustia creció el martes en la mañana cuando la guerrilla no confirmó la acción en su primer comunicado desde La Habana. Por un momento se pensó lo peor. Un desenlace fatal no solo golpearía de manera brutal a varias familias sino que podría dar al traste con los anhelos de paz de los colombianos. Un pacto para desescalar la confrontación no eliminará del todo los riesgos en la negociación, pero los reducirá de manera importante. Y una nota final. Me causó una muy triste impresión la perturbación que en el alma puede producir una causa política llevada a sus extremos. Sentí en algunos críticos del proceso de paz cierto beneplácito con la situación que estaban viviendo el general Alzate y sus acompañantes. Veían en este hecho doloroso una oportunidad para que se cumplieran sus deseos de liquidar estas negociaciones. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto El Universal No quería escribir sobre las 68 críticas de Uribe y su partido a los acuerdos de La Habana. Ya hay suficientes pronunciamientos y columnas sobre el asunto, me decía. Pero he visto que la mayoría de los analistas se detienen en las mentiras y exageraciones del texto. No se fijan en la doctrina que lo alimenta. No advierten el tipo de propiedad que defiende, la democracia que protege y la lucha contra el narcotráfico que alienta. Ahí está la verdad de esa corriente política. Tiene razón Uribe. No deberíamos estar discutiendo con la guerrilla sobre una reforma agraria integral. Esa tarea la hicieron los capitalistas visionarios de manera gradual o las revoluciones triunfantes a la largo del siglo XX en muchos países. Aquí la intentaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y no pudieron. La resistencia de los grandes terratenientes se los impidió. Por eso a estas alturas del siglo XXI los ganaderos poseen 39,5 millones de hectáreas, es decir, el 35 por ciento del territorio nacional y allí pastan 25 millones de reses, ni siquiera una res por hectárea, según los datos del informe de Naciones Unidas para el desarrollo de 2011 dedicado a la Colombia rural. Dice también que tenemos una de las más altas concentraciones de tierra del mundo. Dice igualmente que el 64,3 por ciento de la población campesina vive en la pobreza. Es un feudalismo tardío que ahoga al campo colombiano. La Mesa de La Habana se convirtió en un pretexto para volver a hablar de un tema que no se tocaba desde 1971 cuando el gobierno de Misael Pastrana Borrero suscribió en Chicoral, Tolima, un pacto con los terratenientes para echar abajo el intento de reforma de Lleras. Es así de triste el asunto. Uribe entonces levanta la voz contra algunas medidas que anuncian tímidamente que se expropiarán, si es necesario, con indemnización, tierras que no están cumpliendo una función social para entregar en forma gratuita a los campesinos. Porque dice su documento: “Lo que exige la agricultura son grandes inversiones en extensas plantaciones… No desconcentrar y repartir la propiedad”. El mismo argumento del 71. La misma treta para defender el gran latifundio que nunca ha aceptado la modernización, porque se le hace más rentable no pagar impuestos y mantener en condiciones laborales lamentables a miles de campesinos. En el terreno político la desfachatez es mayor. Dice el documento: “Colombia es una democracia amplia, pluralista y participativa” y agrega: “En Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos”. Pues bien, este tipo de democracia permitió el genocidio de un partido político entero, la Unión Patriótica; y los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, candidatos presidenciales de diversos partidos. Facilitó el acceso al Congreso de 61 candidatos condenados hoy por vínculos con paramilitares y 67 más que han sido investigados por el mismo delito. También, claro, ha posibilitado la persistencia de unas guerrillas que han golpeado sin misericordia a la población civil y a la institucionalidad. Es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. Les irrita que el acuerdo acepte que, “en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista y no hay garantías para la participación y la inclusión política”. En la lucha contra las drogas ilícitas el uribismo hizo una jugada magistral en 2003. Ligó el narcotráfico principalmente a las Farc. Logró que Estados Unidos enfocara su guerra contra las drogas hacia la guerrilla. Acuñó la frase: “Las Farc son el más grande cartel de drogas del mundo”. Partía de algo innegable, la subversión armada tenía como fuente principal de finanzas al narcotráfico. Pero el grueso del negocio seguía estando en manos de los narcotraficantes comunes y silvestres que se habían refugiado en el paramilitarismo. Con este ardid Uribe negoció con los paramilitares y no puso en la Mesa de conversaciones el narcotráfico. Ahora, con descaro, impugna que Santos, en una jugada certera, meta el tema en la Mesa y acuerde con las Farc un plan para atacar el negocio. Termino esta columna diciendo que no me gusta que la respuesta de Santos a las críticas de Uribe sea que no están concediendo nada, que todo está en el Estado de Derecho vigente. Una paz verdadera exige cambios en la realidad y cambios en el derecho. Eso hay que decirlo de frente para que el país lo entienda. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto El Universal En el departamento de Sucre hay apuestas sobre el destino de Yahir Acuña. Algunos lo dan como seguro gobernador y otros piensan que muy pronto irá a la cárcel. Las dos cosas son posibles. El poder acumulado por Acuña lo puede llevar fácilmente a presidir los destinos de las tierras sucreñas; pero la impresionante trama de relaciones y acuerdos con personas procesadas y condenadas por delitos que van desde corrupción y narcotráfico hasta desplazamiento forzado y masacres pueden llevarlo a la prisión. La acusación más directa ha venido del jefe de las autodefensas Edward Felipe Cobos, alias Diego Vecino, quien, en una de las audiencias de Justicia y Paz, lo señaló como su aliado. Yahir Acuña es un caso especial, muy especial. De familia pobre y de raza negra, en uno de los departamentos más clasistas y discriminadores, a sus 34 años, ha realizado una carrera política meteórica. Si las virtudes fueran una inteligencia excepcional, un notorio carisma y un repertorio de ideas para resolver los problemas de la región y el país, su vida sería digna de los mayores elogios, digna de un verdadero pedestal en la política colombiana. Pero desafortunadamente no han sido esas las habilidades y esos los méritos. Sus armas han sido la astucia y la completa falta de escrúpulos. Se hizo líder estudiantil con el auspicio de Salvador Arana, un gobernador que terminó condenado por el asesinato del exalcalde de El Roble Eudaldo León Díaz. Saltó a concejal de Sincelejo y a diputado con el aval de Apertura Liberal, uno de los partidos de la parapolítica y de la mano de Álvaro García Romero, el senador que recibió la condena de 40 años como determinador de la masacre de Macayepo. No se quedó ahí. A mitad de periodo en la Asamblea Departamental renunció para lanzarse a la Cámara de Representantes en el periodo 2010 a 2014 con el apoyo de Enilse López, alias la Gata, de quien había sido su férreo defensor en tiempos en que fungía como diputado. Su cobijo en ese momento era el Partido de Integración Nacional (PIN), liderado por Carlos Martínez Sinisterra y Luis Alberto Gil, pero debido a los graves escándalos que acosaban a este agrupamiento decidió a última hora utilizar la organización Afrovides y presentarse como candidato de las negritudes obteniendo 40.000 votos en su elección. Había aprovechado todas esas relaciones teñidas de ilegalidad para mover grandes sumas de dinero y para hacerse elegir y luego aprovechó su presencia en el Congreso para entrar a saco en las regalías de varios municipios costeros y en los cupos indicativos. En cuentas rápidas tuvo acceso a más de 90.000 millones de pesos de regalías y mermelada. Con estas relaciones y estos dineros logró su mayor hazaña en las pasadas elecciones a Congreso. Cambió el nombre de Afrovides por el de Cien por Ciento Colombia y conquistó, bajo esa sigla, 126.097 votos en Sucre y dos representantes a la Cámara. También obtuvo representación en Casanare. A la vez estuvo detrás de la elección de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco a nombre de la Fundación Ébano Colombia y en representación de las comunidades negras. Para coronar el éxito les puso votos numerosos a siete candidatos al Senado que salieron elegidos. El récord es impresionante. Doce parlamentarios tendrían compromisos con este jefe político que acaba de renunciar a su curul para aspirar a la Gobernación del departamento de Sucre. No es menor la deuda del presidente Santos por los votos que recibió en esa incierta y compleja segunda vuelta. ¡Pobre Sucre! En las elecciones de 2011 se vio forzado a votar por Julio César Guerra Tulena, reputado clientelista, anciano de 80 años, afectado por el mal de Alzheimer, para impedir que llegara un candidato directamente vinculado a las mafias. Resultó que no había tal independencia de Guerra Tulena y ahora este gobernador cumple una sanción de ocho meses y está siendo indagado por la concesión irregular del juego del chance a una empresa de la Gata. Pues bien, el reto en las elecciones de 2015 será mayor. Al momento parece un imposible derrotar a Acuña por la gran bolsa de dineros que mueve y por los apoyos decisivos que tiene. Si la Justicia no actúa, solo una masiva rebelión electoral de la población puede detener a este candidato y en eso cumplirán un papel clave los medios de comunicación del país. Columna de opinión publicada en Semana.com

El ventilador que se prenderá  tras la captura de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’, podría despejar muchas incógnitas que han puesto en el ojo del huracán en los últimos años a algunos integrantes de la clase política de la región caribe colombiana. Las dudas más importantes son aquellas  que se ciernen sobre  Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, quien afronta procesos por homicidio y vínculos con bandas criminales. Pero al mencionado Gómez Cerchar, podría sumárseles el Senador del Partido de la U José Alfredo Gnecco Zuleta y el representante a la Cámara Antenor Durán, cuestionados por la cercanía de sus relaciones políticas y familiares con alias ´Marquitos’ y ‘Kiko’ Gómez. El elegido senador José Alfredo Gnecco Zuleta es hijo del ex gobernador Lucas Gnecco, quien recibió una condena de 24 años de prisión por corrupción cuando estuvo en la gobernación del César. En las pasadas elecciones de marzo Gnecco Zuleta obtuvo 114.125 votos, lo que representó un aumento del 680% en referencia de los 16.783 sufragios obtenidos en 2010 cuando obtuvo una curul en la Cámara de Representantes. El significativo aumento de la votación del joven político costeño tiene como origen el amplio poder que ejerce su tía Cielo Gnecco, hermana de Lucas Gnecco y madre del actual gobernador del César Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien fue una de las principales aportantes de dinero a la campaña al senado. Según fuentes consultadas por el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación, el costo de la campaña de Gnecco Zuleta alcanzó los 20 mil millones de pesos, superando los topes establecidos por las autoridades electorales. La Sra. Gnecco es también prima hermana del detenido ‘Kiko’ Gómez y aunque no haya obtenido jamás un cargo por elección popular, es considerada la ‘matrona’ del clan Gnecco en la actualidad, teniendo injerencia en cualquier tema que tenga repercusión pública en el denominado ‘Magdalena Grande’. Los departamentos de César y La Guajira fueron los principales fortines electorales de José Alfredo Gnecco. En César, departamento gobernado por su primo Luis Alberto Monsalvo, ganó en 23 de los 25 municipios cesarenses, que representaron casi 68 mil votos, es decir casi un 55% del total de su votación nacional. Entre tanto en la Guajira obtuvo14.595 votos, que en su mayoría fueron alcanzados por el apoyo de la casa política Ballesteros y toda su estructura, que incluyen al hoy detenido exgobernador Francisco Gómez, quien es acusado de ser aliado de Marcos Figueroa. En la  investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada) afirma que el comando central o  sede de campaña  de Gnecco Zuleta en Riohacha durante las pasadas elecciones legislativas era en el parqueadero de un reconocido exnarcotraficante que lo apoyo públicamente en varios actos de su campaña. Por su parte Antenor Durán, fue la fórmula a la Cámara de José Alfredo Gnecco Zuleta en el departamento de la Guajira con aval del movimiento AICO. El hoy representante apoyo públicamente los intereses de Francisco ‘Kiko’ Gómez durante su campaña al congreso. Durán Carrillo obtuvo 47 mil votos en marzo pasado. Su familia está asociada con actividades ilícitas desde la época de la Bonanza Marimbera, entre los años setenta y principios de los años ochenta. Su tío, Calixto Carrillo, hermano de la madre de Antenor, era conocido popularmente como Caito Carrillo, contrabandista y marimbero muy reconocido que ostentaba la fama de ser uno de los más ricos de la época de los setenta y de quien fuentes de la regio aseguraron que estuvo preso. El representante Durán Carrillo, es conocido por ser  uno  de los férreos  escuderos de Kiko Gómez, con quien tiene una relación estrecha por más de una década. Fue este vínculo lo que le costó el aval del Partido Liberal y varias peleas con figuras de esa colectividad como Simón Gaviria, y en especial con su antiguo compañero de lista Jimmy Sierra, quien dijo haber recibido amenazas en parte por recomendar no avalar a Antenor Duran en el liberalismo. Antenor Duran junto con el  ex senador Jorge Eliecer Ballesteros, son los denominados padrinos políticos de Kiko Gómez, quienes lo acompañaron hasta el final de su gestión como gobernador, antes de ser capturado por la fiscalía en octubre de 2013. Durán Carillo fue jefe de debate para la campaña que llevo a Gómez Cerchar a la gobernación y gestor de un grupo de alianzas políticas para acompañar a Kiko en su candidatura contra Bladimiro Cuello Daza. Hasta su esposa Astrid Ariza de Duran, decidió hacer campaña junto a ‘Kiko’ cuando ella aspiraba a la asamblea de La Guajira, al tiempo que Gómez Cerchar a la gobernación. Tras la captura de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’, no se ha hecho esperar el pedido  de quienes fueron víctimas de sus amenazas, para que las autoridades establezcan quiénes se beneficiaron de las actividades criminales del detenido narcotraficante. Las declaraciones de ‘Marquitos’ a la justicia marcarán el camino de importantes decisiones judiciales para el país en los próximos días.