Foto de ADN La Fiscalía empieza a mirar hacia el otro lado de la violencia organizada, hacia el lado de las bandas criminales. Está buscando la reforma al Código de Procedimiento Penal para poder negociar la entrega de estas organizaciones delincuenciales. Quiere establecer la figura del ‘fiscal negociador’ para adelantar contactos con los jefes de las bandas y desatar un proceso de sometimiento a la Justicia. La noticia apareció en El Tiempo este jueves. Era algo muy esperado por las personas que nos ocupamos de temas de paz y seguridad. La historia reciente del país nos ha enseñado que no es posible detener la escalada de violencias que han azotado al país en los últimos 50 años sin una estrategia integral del Estado para encarar todas las expresiones del delito. Fracasó el intento de paz de los años noventa del siglo pasado porque se dirigió a una parte de las guerrillas, dejó por fuera a las más viejas y avezadas y no tuvo una estrategia certera frente a los paramilitares. Fracasó el gran intento de pacificación del país del presidente Uribe porque mezcló de manera torpe o mal intencionada el sometimiento a la Justicia con la negociación política en el proceso con los paramilitares; y, porque, a pesar del esfuerzo realizado, ni acabó con las guerrillas por la vía militar ni fue capaz de obligarlas a ir a una mesa de conversaciones para pactar la paz. La negociación política con las guerrillas y el sometimiento a la Justicia de las bandas criminales son las dos caras de la paz. Ahora bien, frente al crimen organizado de las últimas décadas no basta una política de sometimiento a la Justicia. Se necesita más. Se necesita un proyecto de reintegración a la sociedad de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que han empezado a salir de las cárceles después de cumplir las penas establecidas en la Ley de Justicia y Paz. Se necesita además un plan especial de seguridad para las zonas donde se va a producir la desmovilización y el desarme de las guerrillas, un cerco de protección para impedir que nuevas organizaciones criminales entren a golpear a los desmovilizados y a ocupar sus territorios y sus actividades. Sé que mi propuesta es ambiciosa y compleja, pero no veo otra manera de complementar y proteger el proceso de paz y reconciliación que se ha iniciado con la insurgencia. Se trata de un gran programa diseñado y coordinado por una instancia del más alto nivel en la que tengan presencia la Presidencia de la República en cabeza del ministro consejero para el posconflicto, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la fuerza pública y, quizás, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. Está muy bien que el fiscal general advierta que no habrá reconocimiento político ni asomo de justicia transicional. Eso fue lo que enredó el proceso con las autodefensas. No puede haber la menor confusión en esto. Pero a la vez es necesario comprender la historia profunda de las bandas criminales y la grave trama de narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la fuerza pública y con políticos, control de territorios e influencia social que tienen estas organizaciones. Buena parte de sus actuales jefes pasaron por las guerrillas, por los grandes carteles y por la experiencia paramilitar. Arrancamos muy mal si reducimos el fenómeno a unos simples bandidos, no más de 4.000, vinculados al narcotráfico como los presenta el Centro Integrado de Inteligencia de las Fuerzas Militares. El sometimiento a la Justicia no puede eludir los incentivos de rebaja de penas y procesos judiciales garantistas y transparentes para llevar a estas organizaciones a su entrega y a su desmovilización, pero tiene que demandar el compromiso de disolver todos los negocios ilegales, entregar bienes, develar los nexos con empresarios, políticos y agentes del Estado y contribuir a la reconciliación del país. Para empezar con pie derecho una nueva política frente al crimen organizado es menester trazar una estrategia de reintegración a la sociedad de los jefes paramilitares que han cumplido ya los ocho años de cárcel ordenados por la Ley de Justicia y Paz. El Estado no puede hacerles ‘conejo’ ordenando su extradición o manteniéndolos presos. Tiene que concertar con ellos un plan que implique un respeto pleno a sus víctimas, un compromiso solemne de no volver a delinquir y una protección a sus vidas. En otro momento me ocuparé de la necesidad de prevenir la intervención de bandas criminales o grupos disidentes de las guerrillas en los territorios donde se realizará el posconflicto. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto El Universal Fue bueno que Santos aceptara la petición de las Farc de conformar una comisión histórica. Los colombianos necesitamos un relato de nuestra desgracia. Necesitamos saber por qué nos metimos en una guerra que ha durado más de 50 años. Necesitamos saber de los responsables políticos y sociales de esta larga y dolorosa confrontación. Solo así podremos doblar esta borrosa página de nuestra historia. Solo así podremos  volver a mirarnos a los ojos y caminar seguros hacia la reconciliación. No he escuchado ninguna objeción a los 12 nombres de la comisión y tampoco a sus dos relatores. No es para menos. Tienen, todos, una larga trayectoria en la investigación del conflicto y la virtud de representar distintas escuelas y distintas visiones. Nadie ha alzado la voz para expresar el temor de que harán un relato amañado, sesgado o incriminatorio. Entiendo que cada uno de los miembros de la comisión  entregará su versión y los relatores harán una síntesis de las afinidades y de las diferencias. Esa manera de trabajar es, quizá, la más adecuada, dado que tienen apenas cuatro meses para presentar el informe y resulta muy difícil que se concentren en un lugar y se dediquen todo el tiempo a una reflexión colectiva. Pero corren el riesgo de que los puntos comunes sean demasiado generales y las diferencias demasiado notorias.Vi, en todo caso, que al anunciar los principios que rigen la comisión, ponen en un lugar central a las víctimas y destacan como punto de partida de la reflexión los efectos que ha causado el conflicto en la población. Esa puede ser la clave para escapar a las generalidades y a los lugares comunes. En las víctimas están todos los secretos de este conflicto. Es la lección que he sacado en 20 años de investigar y escribir sobre la guerra después de haber participado en ella por algún tiempo. Siguiendo la huella de la victimización de la población indefensa uno puede saber por qué han peleado los  protagonistas del conflicto; cuál es la naturaleza política de estos; qué repertorios de crueldad han utilizado y quiénes son los mayores responsables de las masacres o de los secuestros  o de las desapariciones o del desplazamiento forzado o de las ejecuciones extrajudiciales; saber en qué lugares y en qué tiempos se ha intensificado la confrontación. Todo está pintado en el rostro de las víctimas. Todo está en su dolor, todo en sus reclamos. Hubo un tiempo en que intenté comprender la guerra a partir del discurso de las guerrillas, de las elites políticas y empresariales, de los paramilitares  y de miembros ilustrados de la fuerza pública. Muy poco saqué de allí. Había en ese universo más carga ideológica que realidad. Más simulación que verdad. Más justificación de acciones vergonzosas que sustento ético de conductas. En estos días examinamos las 500 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución de tierras. En ellas se les devuelven, a más de 1.000 familias, 28.582 hectáreas. El universo calculado por el gobierno es de 360.000 reclamantes para 6.100.000 hectáreas abandonadas o despojadas.  En estas sentencias la responsabilidad recae en los paramilitares en un 62 por ciento, en un 16 por ciento en la guerrilla y el resto en otros. Esa es la realidad de la disputa por la tierra. Para entender la disputa política, el sacrificio de la Unión Patriótica, la muerte de 2.800 sindicalistas y la cadena de masacres de campesinos entre 1995 y 2005 en la costa Atlántica y en otros lugares del país, es necesario estudiar uno por uno los expedientes de los 61 parlamentarios condenados por parapolítica. Allí se ve claramente que las elites locales se aliaron con fuerzas ilegales y se abalanzaron contra la democratización de los años ochenta y noventa y produjeron un genocidio y una verdadera catástrofe humanitaria. Y si se estudian en detalle los más de 2.500 secuestros a empresarios y políticos, las graves amenazas de las Farc y del ELN  a más de 400 alcaldes entre 1995 y 2005 y los múltiples casos de desplazamiento forzado de personas en el sur y en el oriente colombiano, entraremos de lleno en la otra cara del forcejeo político y de la feroz lucha por el poder local y por el territorio. No menos importante es estudiar los magnicidios de la década de los ochenta y luego los ‘falsos positivos’. Los primeros para ver la resistencia de las mafias a la extradición y la grave alianza que pactaron con sectores de la clase política, y los segundos para mirar la degradación de sectores de la Fuerza Pública. Me perdonan amigos de la Comisión Histórica la intromisión en sus labores. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Francisco Santos La frase es de Francisco Santos miembro de la familia más influyente de Colombia a lo largo del siglo XX, vicepresidente de la República durante ocho años, aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Vean otra declaración. “Si el presidente Santos y Uribe se distancian del todo el país puede vivir una época de violencia partidista  similar a la de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado”. Es de Fabio Echeverry, quizás  el más importante dirigente  que ha tenido la Andi en su historia, en una entrevista a Cecilia Orozco, cuando apenas empezaba el primer mandato de Santos. Hay más. “Se podría generar un enorme enfrentamiento entre los sectores sociales colombianos y podría generar digamos un rompimiento del sentimiento nacional a unos niveles nunca antes vistos”. Es de Paloma Valencia, Senadora de la República y  nieta de un expresidente, en interrogatorio para las2orillas, realizado por Abelardo de la Espriella, cuando le preguntan sobre la posibilidad de que lleven a Uribe a los tribunales.  Y para rematar. El hacker Andrés Sepúlveda, en entrevista reciente a SEMANA, dice que un grupo de militares encabezado por el general Rito Alejo del Rio, persona del corazón de Uribe, ha pensado en organizar un grupo armado ilegal para responder al proceso de paz. Son frases que asustan, son frases que aterran, porque en Colombia nunca ha sido difícil organizar una nueva guerra y el expresidente Uribe es una persona con un gran  poder y una influencia enorme en la sociedad. Yo creo que estas cosas pueden ocurrir. Creo, además, que no pocos dirigentes políticos y formadores de opinión y miembros de las altas cortes y líderes empresariales, sienten lo mismo. Por eso, porque hay miles de personas que lo siguen y otros muchos miles que le temen, es que hay tanta consideración con el doctor Uribe. Eso explica por qué no avanzan los cientos de procesos judiciales que hay en su contra aquí y en el exterior; las facilidades que se dieron para que Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias se fueran al exterior huyendo de la Justicia; la decisión de no indagar más por las actividades de sus hijos inmersos como están en 12 grandes escándalos públicos; la atención especial que le prestan todos los medios de comunicación; el generoso apoyo que le dan grandes empresarios del campo y  la ciudad; y la  inmensa nube de escoltas que le prestan seguridad. Está muy  bien que así sea. Lo digo de todo corazón. Es necesario cuidar la vida del expresidente.  No me parece que el destino de Uribe sea la cárcel. No lo podemos empujar a que inspire o lidere un nuevo ciclo de violencias. El expresidente es indispensable para la reconciliación del país. Es probable que Santos pueda firmar la paz con las guerrillas en contra de la voluntad de Uribe, incluso es muy posible que el referendo que aprobará los acuerdos de La Habana salga adelante sin el apoyo del exmandatario. Pero para la reconciliación del país necesitamos a Uribe y a sus seguidores. Ahora bien,  el doctor Uribe no debe abusar demasiado de su influencia y de su poder y del temor que suscita. No puede meterse en una cruzada para dividir a la Fuerza Pública estableciendo relaciones extrainstitucionales con sectores del Ejército y la Policía descontentos con el proceso de paz. No puede montar o prohijar campañas contra las negociaciones de La Habana acudiendo a informaciones falsas o a métodos ilegales. No se puede burlar de la Justicia una y otra vez, como lo hizo cuando el fiscal general de la Nación le exigió  presentar las pruebas sobre los millones de dólares de la mafia que habían entrado a la campaña de Santos, como lo hace cada vez que incita a sus amigos a la fuga o al desacato, como lo está haciendo al calificar de montaje político el grave caso de las acciones ilegales  que ha revelado el hacker Sepúlveda. No se puede burlar del Congreso de la República como lo hizo en el debate del pasado miércoles.  Aunque a muchos comentaristas les parezca de suma habilidad y hasta gracioso que Uribe salga del recinto cuando se está examinando su vida y entre solo a echarse un largo e ininterrumpido discurso para enlodar el presidente, al vicepresidente, al ministro del Interior, a varios parlamentarios, a medios de comunicación y a diversas organizaciones no gubernamentales, a mí eso me parece un  completo bochorno, un desafuero mayor.  Ni los seguidores de Uribe deberían amenazar tanto con la violencia, ni el exmandatario debería abusar tanto del miedo que desata esa posibilidad. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Ejército Nacional A propósito de la delegación de oficiales de alto nivel de las Fuerzas Militares de Colombia que participó recientemente en las mesas de negociación en La Habana,Cuba, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) desarrolló un foros cuya temática fue las ‘Reformas a las Fuerzas Armadas en escenarios de Postguerra y Posconflicto. En este evento representantes del Gobierno Nacional, analistas políticos, agentes internacionales e investigadores expertos discutieron sobre el futuro de las fuerzas de seguridad del Estado, el proceso de paz y los desafíos que deberá afrontar Colombia, ad portas de un posible acuerdo con las FARC. Durante la actividad el director ejecutivo de la Fundación Paz & Reconciliación León Valencia, indicó que la división al interior de las FFMM es uno de los mayores obstáculos que presenta el actual proceso de paz que avanza en Cuba. Sin embargo afirmó que es importante abrir el debate en espacios públicos, para que no se presenten dudas en las tropas ante una eventual firma de acuerdos. A continuación se presentan las memorias del evento, que abre el diálogo público a uno de los temas más sensibles de la negociación de La Habana, Cuba.

Foto tomada de CableNoticias Me desconcertó la actitud de Álvaro Uribe y sus seguidores ante la designación de una comisión de militares activos para intervenir en el punto de desmovilización y desarme en las negociaciones de La Habana.  Había dicho Uribe que se estaba negociando con las Farc a espaldas de la fuerza pública. Había dicho una y otra vez que en La Habana se le estaba tendiendo una trampa a las Fuerzas Militares. Pero, en el momento en que Santos toma la determinación de enviar a La Habana al general Javier Flórez a la cabeza de un grupo de oficiales, el uribismo levanta la voz para señalar que se está igualando a los militares con los guerrilleros, que se está mancillando el honor del Ejército, que se está desmoralizando a la tropa.  Ni siquiera se detienen a mirar quién es Flórez. Pasan por alto el hecho de que este general ha liderado en los últimos años grandes operaciones contra la guerrilla y ha sido un duro crítico de algunas condiciones de la negociación. No hay el más mínimo peligro de que un militar de estas características haga concesiones indebidas a la insurgencia. Quiero terciar en el debate mostrando la necesidad, la legitimidad y la importancia que tiene esta comisión de militares. Empiezo por contar un hecho especialmente doloroso para mí y creo que también para la fuerza pública. El 23 de septiembre de 1993 fueron asesinados los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) Enrique Buendía y Ricardo González. Eran mis amigos y compañeros.  Por acuerdo entre el gobierno del presidente César Gaviria y la CRS estos jefes guerrilleros habían ido en helicópteros oficiales a buscar y trasladar a los miembros del frente guerrillero que operaba en Urabá para trasladarlos al sitio de concentración y negociación en Flor del Monte, Sucre. Llegaron al corregimiento de Blanquicet, en Turbo, y cuando se disponían a reunirse con los guerrilleros irrumpieron cinco camiones del comando operativo del Ejército en la zona. Los soldados empezaron disparar. Buendía y González se rindieron y aun así fueron acribillados. Por ese hecho fueron procesados y condenados 11 militares y en las audiencias judiciales estos soldados decían en su defensa que no habían sido informados por la parte civil de la mesa de negociaciones de los compromisos para respetar la vida y trasladar a estos guerrilleros al lugar de las conversaciones. Así, en medio de la tragedia, nos dimos cuenta de que la presencia de militares activos en una mesa de negociaciones hace más fácil la coordinación de este tipo de actividades y reduce los riesgos de violar acuerdos y dañar de manera grave los acercamientos.  La posibilidad de incidentes de esta naturaleza en el proceso de paz con las Farc y ELN será mayor por la extensión de estas guerrillas y por las venganzas y prevenciones que ha dejado esta larga guerra. Mi alegría fue grande cuando supe que en importantes sectores de las Fuerzas Militares había plena conciencia de la importancia de su participación en las negociaciones de paz. Ocurrió hace año y medio.  La cúpula militar le pidió a Jennifer Schirmer, profesora de la Universidad de Oslo y orientadora de un proyecto de preparación para la paz de la fuerza pública, patrocinado por el gobierno noruego, que buscara expertos internacionales para hablar del papel de las Fuerzas Militares en la mesa de conversaciones, en el cese de hostilidades, en el desarme, la desmovilización y el posconflicto. Vinieron protagonistas o expertos de Nepal, de Suiza, de Noruega y de Centroamérica. El general salvadoreño Mauricio Vargas, protagonista de las jornadas de reflexión, habló de los acuerdos del 16 de enero de 1992 que sellaron el final de la guerra entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. Fue uno de los firmantes y participó en las negociaciones en la condición de militar activo.  Contó que salía de las operaciones contra la guerrilla, se quitaba el uniforme y se iba a las sesiones donde se discutían los acuerdos. Dijo que ni el gobierno, ni el FMLN, ni la sociedad civil, veían algo ilegítimo o anormal en esta situación. Recordó que para ese entonces se negociaban otros conflictos en la región y en el mundo y la presencia de los militares en las conversaciones era la regla. Valdría la pena que Uribe y sus seguidores le echaran una mirada a las experiencias internacionales y se percataran también de que los militares colombianos se han preparado con antelación para este momento y están lejos de improvisar sobre temas tan serios y decisivos para el país. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de Confidencial Colombia No fue bien recibida en la Federación Colombiana de Educadores –Fecode– la designación de Gina Parody como ministra de Educación. Gina había tenido una relación bastante conflictiva con los directivos sindicales del Sena y eso despertaba graves prevenciones en los líderes del magisterio. Consideraban además que no tenía suficientes conocimientos sobre la educación en este momento crucial para las transformaciones del aparato educativo del país. En los días en que Gina sonaba para el ministerio, la dirección de Fecode le envió una carta al presidente Santos sugiriéndole otro perfil para la cabeza de la educación en Colombia y por diversos medios le hicieron saber la desaprobación con esta candidata a ministra. Han decidido además recibirla con jornadas de protesta a partir del próximo miércoles. Esta vez la dirección de Fecode se sentía con todo el derecho a intervenir en la definición del ministro. Había declinado un paro en el momento definitivo de la campaña electoral y había accedido a un acuerdo sobre su pliego de peticiones para no perturbar aún más las aspiraciones de Santos a la reelección. Con el argumento de respaldar las negociaciones de paz había hecho campaña para la reelección en el amplio sector de los maestros y no es difícil constatar que la gran mayoría de los educadores le votaron a Santos. Aun así no pudieron evitar este nombramiento. Pero Gina es una mujer muy inteligente, le gustan los grandes desafíos y ha recibido del presidente Santos la expresa orientación de iniciar un proceso de concertación con la Federación Colombiana de Educadores para atender los reclamos justos de los maestros y acometer con ellos las grandes reformas que requiere la educación en Colombia. Creo que después de algunas tensiones, después de la medida de aceite, las cosas tenderán a ir mejor y abrigo la esperanza de que Gina y la Fecode sean protagonistas de la revolución educativa que Santos anunció en su discurso de posesión. En los últimos meses he tenido diversas reuniones con Luis Alberto Grubert y Rafael Cuello, presidente y secretario general de la Fecode, también con otros dirigentes del magisterio y con expertos en la educación. He sentido un nuevo aire en el sector. Hay una verdadera preocupación por mejorar la calidad de la educación en Colombia y por transformar la escuela de cara a la reconciliación y a la modernización del país. A los directivos sindicales se les ha criticado siempre la poca preocupación por la idoneidad de los maestros en aras de defender su estabilidad; se les acusa de prohijar la mediocridad de los educadores y de la educación en aras de mantener la cohesión del gremio y la continuidad de un gran espacio sindical ligado a la protesta por reivindicaciones económicas y dispuesto a votar por los mismos directivos en las elecciones sindicales y en las campañas políticas. No es ese el espíritu que he percibido en las conversaciones de estos meses con los dirigentes del magisterio. Defienden con los dientes la nivelación salarial y el incremento de los salarios; exigen que se desmonte la Evaluación de Competencias como único criterio válido para el ascenso; se duelen de la infame agresión que todos los actores armados han perpetrado contra los activistas del magisterio y contra la escuela con la suma atroz de 999 muertos; se la juegan por el fortalecimiento de la educación pública y desconfían de la ola privatizadora que acosa a la educación en los últimos 15 años. Pero dicen a boca llena que su misión ahora es sacar a la educación de la grave crisis en que se encuentra y empeñar todos sus esfuerzos en la construcción de una nueva escuela, de una escuela para el posconflicto. Están dispuestos a negociar un nuevo y exigente modelo de evaluación de los maestros para dar un salto en la calidad de la educación. Señalan que la jornada única y una ampliación significativa de la cobertura en la educación superior supone una gran inversión en nuevos maestros y en infraestructura educativa en todo el país y aspiran a que en pocos años la financiación salte del 4,2 por ciento del PIB al 7,5 por ciento para que se pueda hablar en serio de “Colombia la más educada”. Quieren convertir el inmenso aparato educativo, es decir, las 12.000 instituciones, 50.000 sedes, 332.000 educadores y 10.500.0000 alumnos, en un espacio y una fuerza para promover la reforma educativa, el referendo de apoyo a los acuerdos de La Habana y las inmensas tareas del posconflito. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Marcha Patriótica Hace pocos días recibí un informe especial sobre la Marcha Patriótica y sentí la misma tristeza y la misma preocupación de los días en que recibía a diario noticias sobre la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en los ya lejanos años ochenta del siglo pasado. Este movimiento social y político está en grave riesgo. La investigación fue realizada por la Fundación Paz y Reconciliación y recoge testimonios y documentos de los miembros de Marcha Patriótica en cuatro departamentos. La investigación va más allá de los riesgos de seguridad y explora los propósitos, las ideas y las acciones de esta organización, pero esta columna se limita a demandar del gobierno nacional y de la sociedad una protección especial a la vida de sus militantes y unas garantías plenas para sus actividades. La Fiscalía registra el asesinato de 29 militantes y la desaparición de tres. Pero en la lista de Marcha figuran cuatro personas más asesinadas. Es espantoso. Ahí no para la cosa. La persecución, las amenazas y el encarcelamiento a los simpatizantes y miembros del movimiento es una constante en todo el país, especialmente en Norte de Santander, en Cauca, en Caquetá y en Meta. Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto ocurra, pero ocurre. Otra vez altos funcionarios del gobierno nacional lanzan acusaciones públicas y otra vez alguien abajo se siente autorizado para segar la vida de civiles desarmados que están impulsando protestas sociales y políticas legítimas. Porque la persecución se volvió más intensa después de estas palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012, en una entrevista en Caracol Radio: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”. Solo si el Estado y la sociedad cambian radicalmente la mirada sobre estos fenómenos podemos evitar la violencia. La Marcha tiene asiento en territorios de guerrilla y comparte consignas sociales y políticas con ella, pero es una suma de organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de víctimas, de minorías étnicas y sexuales –2.000 dicen los directivos del movimiento– que tienen como propósito fundamental impulsar las negociaciones de paz y conseguir la terminación del conflicto. Eso es una virtud no un defecto. Eso es contribución a la democracia no a la guerra. En apenas tres años de existencia ha participado activamente en las grandes movilizaciones del estudiantado a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha sido protagonista de los paros agrarios, se ha convertido en el sustento principal de todas las consultas y eventos que la mesa de La Habana ha realizado con la sociedad civil en asuntos agrarios, de participación política, de tratamiento a los cultivos ilícitos y de reivindicación de las víctimas. En la investigación realizada hay una cosa muy novedosa. En muchos municipios donde tiene presencia y fuerza este movimiento la participación electoral ha dado un salto impresionante. Se ha roto una abstención que en algunos casos llegaba al 85 por ciento. Si la paz se firma y la democracia adquiere un nuevo vigor en muchas regiones será en parte por la contribución de este importante grupo de dirigentes sociales, muchos de ellos bastante jóvenes, que han tenido la valentía de lanzarse a hacer política en medio de las balas. La protección de Marcha tiene que ser inmediata porque los efectos de la amenaza y de la muerte ya se empiezan a sentir. En Norte de Santander y en el Meta algunas organizaciones y varios activistas han empezado a retirarse del movimiento para evitar la agresión. Fue lo que ocurrió en otro tiempo con la Unión Patriótica a la que hoy el Estado y la sociedad le está empezando a pedir perdón por el genocidio. Mi propuesta es que Óscar Naranjo, ministro de la Seguridad y el posconflicto, empiece a desarrollar unos puntos específicos de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el acuerdo de participación política reza: “Se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Más adelante afirma: “Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”. Columna de opinión públicada en Semana.com #UniónPatriótica #FederacióndeEstudiantesUniversitarios #ÓscarNaranjo #Participaciónpolítica #JuanCarlosPinzón #MarchaPatriotica #posc

Foto Starmedia Otra vez la guerrilla, otra vez la paz o la guerra, fue el centro del discurso de posesión del presidente de Colombia. Belisario Betancur inició la tradición con una oración dramática  “No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados, ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más de sangre!”. La frase de Juan Manuel Santos tampoco escatimó el drama “Mientras el mundo se incendia en diversos escenarios… Colombia puede y debe ser la buena noticia que necesita la Humanidad  ¡La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental!”. En otro aparte del discurso dijo “Una paz total no es posible si no hay equidad. Y la única forma de lograr la equidad a largo plazo es tener una población bien educada”. Con este enunciado resumió y articuló los pilares de su segundo mandato: paz, equidad y educación. En Colombia las palabras de los políticos han perdido mucho valor, demasiado valor diría yo. A fuerza de incumplir, a fuerza de mentir, los políticos han deslucido el lenguaje, le han restado brillo y convocatoria, han hundido la palabra en el laberinto de la incredulidad. Pero pensemos por un momento en que el presidente dice esto con entera convicción, pensemos en que hará todo lo que está a su alcance para llevar a cabo este ambicioso programa de gobierno. En ese caso las batallas que lo esperan son descomunales y los resultados tendrían una cara muy parecida a una verdadera revolución. De las negociaciones de paz viene lo más duro. Planear el desarme y la desmovilización de una guerrilla afincada en territorios profundos del país y pactar el cese bilateral al fuego como antesala obligatoria a esta dejación de las armas. Encontrar la medida exacta de verdad, justicia y reparación para satisfacer los derechos de las víctimas, contener a los enemigos de la negociación y facilitar, a la vez, la reinserción política de una guerrilla que puede avanzar hacia el reconocimiento pleno de sus responsabilidades y avenirse a penas alternativas, pero difícilmente aceptará cárcel o exclusión política para sus miembros. Y, para rematar, ganar en la opinión y en las urnas el apoyo para los acuerdos de La Habana en medio del escepticismo de la ciudadanía y de la oposición feroz del uribismo. ¡Qué tareas las de los próximos meses! Y vamos a la equidad. Hablar de equidad en un país escandinavo o, incluso, en Uruguay y Costa Rica, países cercanos, tiene el sentido de acercar grupos humanos con una y otra medida de redistribución, pero hablar de equidad en Colombia significa reducir distancias siderales. Si alguien tiene duda de esta realidad vea la sentencia de Juan Ricardo Ortega, el director saliente de la Dian: “Estamos ante una sociedad brutalmente desigual, el 25 por ciento de la riqueza está en el 1 por ciento de la población”; o recuerde que tenemos una de las concentraciones más altas de la tierra en el mundo con 0,85 de Gini; o mire la diferencia que hay entre un estudiante formado en un colegio de un lejano municipio o de un barrio pobre con uno graduado en las grandes ciudades y en los colegios de los estratos más altos de la población; o póngase a pensar en la brecha que existe entre Bogotá y Chocó a la hora de comparar lo urbano y lo rural o el centro y la periferia. Cambiar esto significa darle un vuelco al país en tributación, en transformación del campo, en reordenamiento del territorio. Anunciar que la meta es hacer de Colombia la más educada de América Latina en la propia cara de la delegación de Brasil fue una audacia impresionante. Eso significaría que estaríamos dispuestos a hacer saltar de inmediato la inversión en educación de un 4,2 del PIB a 7,5 por ciento, cifra que ya tiene el país vecino. Son cosas que se están haciendo en la región. No son cosas imposibles. ¿Pero podrá llevarlas a cabo Santos? Sí –y solo sí– se apoya en los innumerables grupos de presión que están exigiendo las reformas.  Sí –y solo sí– logra forjar una masa crítica en los partidos que lo acompañan y en el Congreso de la República para adelantar estos cambios. Sí –y solo sí–  se enfrenta a quienes ya  le ganaron el pulso a Juan Ricardo Ortega en la pasada reforma tributaria y a los grandes dueños de la tierra que les han ganado siempre el pulso a los reformadores del campo. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Pares Herederos del mal, cómo llegaron algunos parlamentarios al Congreso La estudio de la Fundación Paz & Reconciliación realizado en el marco de las elecciones legislativas 2014 en Colombia y que es presentado en el libro Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada da a conocer cómo varios integrantes del Congreso de los que se posesionaron el pasado 20 de julio para el periodo legislativo 2014 -2018 son herederos de estructuras regionales vinculadas con el escándalo de la parapolítica y a su vez cómo fue repartida la famosa ´mermelada’ o cupos indicativos para convertirse en una nueva forma de concentrar altas votaciones con recursos otorgados por el Estado. La investigación se realizó en diez zonas del territorio nacional, teniendo en cuenta antecedentes arrojados por similares estudios en las elecciones regionales del año 2011, donde los departamentos de Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Magdalena y César alcanzaron una categoría de riesgo extremo. Una frase resume buena parte de las conclusiones: en buena parte del país existen problemas serios de democracia local, donde no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Un ejemplo claro es el departamento de Bolívar donde las cuatro principales casas políticas tenían a sus máximos jefes en prisión. Los García Romero tienen a la exsenadora Piedad Zucardi en la cárcel; por su parte Vicente Blel y Javier Cáceres fueron condenados por parapolítica y ni que hablar de los múltiples cuestionamientos que le hacen las autoridades a Enilce López y su círculo familiar más cercanos. Por ello el mecanismo más utilizado por estas élites políticas para mantenerse en el poder del Estado es la llamada participación en ´cuerpo ajeno’, donde hay decenas de ejemplos para citar y hacer el respectivo análisis. Tal situación ocurre con el senador Andrés Felipe García Zucardi, quien es el heredero del viejo clan García Romero en Bolívar, y donde resaltan los problemas de con la justicia de sus padres: Juan José García Romero y Piedad Zucardi, ambos acusados de tener vínculos con ilegales. Los sobrecostos en los gastos de las campañas también quedan evidenciados en los resultados que arroja la investigación, lo que permite determinar una verdadera feria de dinero por parte de los contratistas de las obras públicas. Un ejemplo de ello se dio en Sucre, donde el candidato a la Cámara Pedro León Sierra, quien iba en un principio como fórmula de Teresita García, termino retirándose de su lado para adherirse a la campaña de Yahir Acuña. Dentro de los círculos cercanos a estos políticos se habló de que hubo un pago a León Sierra por parte de Acuña cercano a los 2 mil millones de pesos. La apuesta del libro también apuntó a determinar cómo fue repartida la ´mermelada’ o cupos indicativos en la última contienda legislativa. El análisis recogió el total de parlamentarios que les fueron asignados cupos y la participación de ellos en la construcción de vías terciarias. Por ejemplo se observó el famoso caso del  senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien la opinión lo puso en jaque por ser uno de los mayores beneficiados con ´mermelada’. Se destaca que buena parte de los cupos indicativos en los que intermedió el congresista ‘Ñoño’ Elías fueron destinados hacia inversiones en el municipio de La Uribia, en el norte de La Guajira, en donde el incremento en los dominios electorales representó un aumento del 40%, que en votos, significó de tener 782 en el año 2010 a 4807 sufragios en las elecciones 2014. Otro de los casos significativos es el del político y senador cordobés Musa Besaile Fayad, quien tuvo participación con ´mermelada’ en 19 municipios repartidos en seis departamentos, de los cuales en 10 municipalidades su crecimiento en el dominio electoral superó el 10%. Incluso en Pueblo Nuevo, Córdoba, consolidó el 40% de la votación municipal. A través de estos indicadores el estudio pretende  mostrar efectivamente la forma como la asignación de recursos estatales se materializan en movilizaciones y consecución de votos para redes electorales, las cuales se sustentan en el clientelismo. Una cadena de alianzas y dudas sobre los orígenes de los recursos que se destinaron para financiar las campañas de muchos de los integrantes del  actual Congreso, en el cual el país deposita buena parte de la confianza para alcanzar los acuerdos de paz, están recopilados en Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada. Ficha del Libro Título:  Herederos del mal clanes, mafias y mermelada congreso 2014-2018 Autores: León Valencia & Ariel Ávila Editorial: Ediciones B Venta: Librería Nacional y Panamericana Precio: $36.000

Foto de Pulzo Un Tribunal Nacional Pro Témpore para la fuerza pública y un Fuero Militar Integral figuran como proyectos claves en la agenda legislativa del Centro Democrático. En el primero se trata de revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública desde 1980. En el segundo se propone darle una interpretación amplia y laxa a los delitos relacionados con el servicio y llevar el conocimiento y el juzgamiento de estos hechos a la Justicia Penal Militar. Es una jugada aviesa para halagar a los militares y a los policías con una impunidad total apartándolos de la justicia transicional que se está abriendo paso en Colombia con motivo del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc y el ELN. Desde cuando se iniciaron los contactos y los diálogos con las guerrillas las Fuerzas Armadas se convirtieron en un apasionado campo de disputa. Se sabe que sin ellas no habrá paz negociada. Se sabe que sin su concurso no habrá reconciliación nacional. Eso lo comprenden por igual quienes apoyan las negociaciones de La Habana y las conversaciones con el ELN y quienes las cuestionan. Ambas corrientes tiran de la manga a los militares. Es una apuesta dura, quizá la apuesta política más dura de la vida nacional. Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la tendencia siempre mayoritaria de los generales a respetar finalmente las decisiones del presidente en ejercicio. Pero tienen a su favor la incertidumbre y el miedo que despiertan al final de una larga guerra irregular y degradada que ha golpeado de manera atroz a la población civil. Hay muchas preguntas en la oficialidad sobre el cambio de roles que vendrá en el posconflicto para militares y policías y sobre las garantías jurídicas que tendrán quienes, en algún momento, se han desviado de sus funciones. Son graves interrogantes sobre el futuro de ellos y sus familias cuando se apague el fuego de la confrontación. Uribe ha explotado a fondo el miedo. No descansa un minuto en esta tarea. Los dos proyectos de ley son piezas maestras del juego. La justicia transicional que impulsan el presidente Santos y el fiscal general Eduardo Montealegre busca darle a la verdad un valor político, establecer beneficios judiciales iguales para todas las fuerzas involucradas en el conflicto y ofrecer penas alternativas para los máximos responsables que vayan a juicio. En contravía Uribe y su grupo, a la vez que exigen cárcel para los jefes guerrilleros que vengan a la vida civil, proponen la excarcelación masiva de los militares involucrados en delitos ligados al conflicto y unos mecanismos especiales de justicia con la misión expresa de exonerar a quienes se han desviado de sus funciones constitucionales y legales. Es un regalo envenenado para la fuerza pública. Ese doble rasero no cabe en un proceso de reconciliación. Eso no tiene ninguna posibilidad jurídica, no tiene ninguna legitimidad política, tiene muy pocas posibilidades de pasar en el Congreso y menos posibilidades de sobrevivir al control de la Corte Constitucional, tampoco será aceptado por los organismos internacionales. Solo le servirá al uribismo para mantener la agitación en los cuarteles y para retrasar y enlodar la reflexión necesaria y urgente que debe hacer la fuerza pública sobre la justicia transicional. Lo dicho por el presidente Santos hace pocos días –aún en medio de la demencial arremetida de las Farc contra la población civil– hace parte de los nuevos vientos que soplan en este país adolorido. Dijo Santos: “Lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores reconozcan su propia responsabilidad: las guerrillas, los exjefes paramilitares y los agentes del Estado. Pero no solo ellos. También deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en general”. Hablaba en el Foro de Cultura de Paz y Justicia Transicional. Con estos vientos debe ir la fuerza pública. Todos los militares y policías de Colombia que han participado en el conflicto tienen derecho a que la sociedad les reconozca su sacrificio. Deben ser tratados con dignidad y respeto. De eso no puede haber duda. Solo así avanzaremos hacia la reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas que tienen acusaciones y reclamos justos sobre las actuaciones de la fuerza pública están obligadas, no obstante, a tomar nota de esta realidad. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas que han incurrido en delitos ligados al conflicto deben saber que solo la ola de la justicia transicional les puede ofrecer un camino para su reivindicación. Columna de opinión publicada en Semana.com

El documento Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos recoge la historia política reciente de ocho municipios de cuatro departamentos: Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca; San Vicente del Caguán y La Montañita, Caquetá; Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta; y El Tarra y Teorama, Norte de Santander. Los municipios se escogieron por su pertenencia a las zonas en las que se ejecuta la política de Consolidación[1] e históricamente han sido azotados por las distintas violencias. El estudio de las relaciones entre los concejos y alcaldías es clave para determinar la fortaleza institucional del Estado local, la pertinencia de sus actuaciones en el territorio y, en el caso de la investigación sobre las garantías para la participación política de la Marcha Patriótica, para identificar oportunidades de incursión e injerencia en la vida política local del movimiento. El documento también analiza la participación política de estos municipios desde las elecciones locales de 2003 hasta la fecha. En todos los municipios se observa una reducción significativa de la abstención; lo que supondría una mayor legitimidad de los gobiernos locales. Sin embargo, esa aparente fortaleza de estas instituciones no se traduce en una mejor calidad de la democracia local en términos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. De hecho, en todos los municipios, los temas de la agenda política que preocupa a los políticos dista mucho de lo que preocupa a las comunidades que han tenido que crear mesas paralelas para tramitar sus demandas sobre el territorio. Los dos municipios del Meta fueron los que registraron tendencias más positivas en el aumento de los niveles de participación. Vista Hermosa, por ejemplo, que en 1997 no pudo celebrar elecciones debido a la presión de las FARC, pasó de un porcentaje de participación en las elecciones de 2002 del 14,39 por ciento, al 57.83 por ciento en las de 2011. En 2003, el municipio de Puerto Rico registró una participación electoral del 32.58 por ciento y en 2011, del 61,20 por ciento. Algo similar ocurrió en los municipios de Norte de Santander, que pertenecen a la región del Catatumbo. El Tarra, que vivió un período de inestabilidad política debido a la agresión paramilitar a finales de los noventa y comienzos del nuevo milenio, pasó de una participación electoral del 24.60 por ciento al 59.72 por ciento en la más reciente elección. Y Teorama pasó de una participación electoral del 46.77 por ciento al 63.19 por ciento. Los municipios de Caquetá estudiados también tuvieron un incremento de la participación significativo. En 2003, en San Vicente del Caguán, que hizo parte de la Zona de Distensión, la participación fue del 23,01 por ciento, y en 2011, del 47.29 por ciento. En La Montañita, la participación pasó del 19.29 por ciento en 2003 p al 58,5 por ciento. Esta caída de la abstención progresiva coincide con el debilitamiento de las FARC, debido a la acción del Ejército, y la desmovilización de los grupos paramilitares. Sin embargo, esto no significa que en estos municipios se haya presentado una reducción en los hechos de violencia contra políticos, luego no se podría afirmar que el aumento o reducción de la participación política solo está ligada a la variable del conflicto. En estos municipios se observó que fue clave la ubicación de nuevas mesas de votación en las veredas apartadas, entre otras medidas. También aumenta la participación en los lugares donde hay ofertas alternativas a los partidos tradicionales. No tan pronunciado fue el aumento de la participación en los municipios del Cauca, sin embargo, conservan la misma tendencia. En Buenos Aires, por ejemplo, para las elecciones de 2003 la participación fue del 46.6 por ciento y en 2011, del 57.1 por ciento. Algo similar ocurrió en Santander de Quilichao, donde la participación en el primer certamen electoral estudiado fue del 53 por ciento y en el 2011 del 61.74 por ciento. En todo caso, se puede afirmar que los municipios estudiados registran niveles de participación históricos. Otra cosa muy distinta es afirmar que la cultura política está cambiando, lo cual, según la evidencia que arroja el análisis de las relaciones políticas de cada municipio a partir de los encuentros y desencuentros entre alcaldías y concejos, no es cierto. Es común, en la mayor parte de los municipios estudiados, la elección de cargos como el del Personero en cumplimiento de las componendas políticas tradicionales. Pero más preocupante es el nivel de desconocimiento sobre el funcionamiento de la administración y la falta de aptitud para ejercer los cargos, evidenciados en algunos de estos municipios. En La Montañita, Caquetá, por ejemplo, la mayoría del Concejo eligió una personera que no cumplía con los requisitos elementales para ejercer el cargo y hasta la fecha no había podido ejercer sus funciones. En los municipios del Meta las relaciones la alcaldía y el concejo pasan de un extremo a otro: de ser simples espectadores de las decisiones del burgomaestre, como en el caso de Vista Hermosa, a la confrontación inamistosa y sin ningún fruto de Puerto Rico. En los dos casos, las demandas más urgentes de la comunidad, como el impacto social y económico de la minería, se tramitan por otras vías distintas a los partidos, como las plataformas de las organizaciones sociales o las Juntas de Acción Comunal. Llama la atención que en Puerto Rico, pese a que el Concejo y el alcalde no tienen ningún trato, este último aprueba los proyectos y el cabildo funciona como invitado de piedra. También hay un claro desconocimiento (o falta de recursos) de la rendición de cuentas e información clara sobre la actividad administrativa y del cabildo. En los municipios elegidos para el estudio en el Caquetá se registró un fenómeno interesante: la llegada de proyectos políticos de izquierda, a pesar de que el departamento en las últimas elecciones ha profesado una tendencia a votar por proyectos de derechas. Allí los críticos, que pertenecen a los partidos políticos tradicionales, le endilgan incapacidad administrativa, fruto de la inexperiencia, a estos gobiernos. En ambos casos los burgomaestres cuentan con mayorías y logran aprobar los proyectos de acuerdo sin problema. Sin embargo, los talantes de los alcaldes difieren; lo que se nota a la hora de que los concejales evalúen su gestión. El alcalde de San Vicente del Caguán es más hosco, mientras que el alcalde de La Montañita, quien es un líder reconocido de La UP y tuvo experiencia política en el pasado, incluso celebra que sus opositores hagan debates de control político. Los dos temen a la estigmatización política, pues gobiernan en territorios donde las FARC ha estado presente históricamente. Los municipios de Norte de Santander y el Cauca elegidos para la investigación tienen algunas semejanzas. Por estar ubicados en territorios donde las organizaciones sociales son fuertes y tienen niveles de incidencia en la agenda pública, en los cabildos se escucha con más frecuencia el reclamo de las comunidades, al menos de manera marginal. En los municipios, algunos cabildantes de oposición dan cuenta de un papel importante de control político de los gobernantes. Sin embargo, advierten que la institucionalidad local tiene pocos dientes para abordar los problemas de los territorios donde se cruzan intereses del orden nacional. Así por ejemplo, en El Tarra y Teorama, Norte de Santander, las organizaciones agrarias echan de menos la capacidad de los dos alcaldes de poner en la agenda política el interés de crear una Zona de Reserva Campesina que cobije varios municipios. En Buenos Aires, Cauca, pese a que el Concejo ha puesto de presente el problema que significa la minería ilegal y artesanal, una de las fuentes advierte que las instituciones locales no tienen como controlarlas. Al final de cada caracterización de los municipios, el documento incluye un acápite que describe grosso modo cómo es percibida la Marcha Patriótica en esos municipios. En todos hay presencia de las organizaciones que la integran. Sin embargo, su fortaleza o aceptación tiene distintos grados. De estas variables y su combinación también dependen los niveles de riesgo, pues donde tienen una mayor aceptación disminuyen y viceversa: En los municipios de Norte de Santander, por ejemplo, debido a la capacidad organizativa de Ascamcat, al pasado de municipios como El Tarra, ligado a procesos participativos de la izquierda, la Marcha Patriótica (MP) cuenta con un nivel de reconocimiento y aceptación alto. Incluso, dirigentes políticos y funcionarios de otras organizaciones políticas consideran que en los municipios en cuestión, la MP podría participar en procesos electorales y obtendría buenos resultados. Aunque persiste el miedo derivado de las amenazas (que también las hay en el territorio para sus militantes), este es menor si se compara con lo que sucede en otras partes del territorio. En los dos municipios estudiados ha habido una reconfiguración partidista, en la que han comenzado a tener más simpatía proyectos alternativos. Sin embargo, al examinar en detalle, esta reconfiguración solo obedece a un recambio en las etiquetas, pues las estructuras tradicionales de políticos siguen dominando el territorio. Sin embargo, el hecho de que las marcas electorales se tienen que reinventar para poder acceder al poder es muestra de que hay una necesidad de cambio, que según varios observadores de la política local, podría ser aprovechado por la MP. En los municipios del Cauca, la actividad de la MP es bien vista entre los actores políticos locales consultados. Sin embargo, su agenda política enfocada en las reivindicaciones agrarias compite con procesos organizativos de indígenas y población afro que también los hay en los territorios. En estos municipios no hay organizaciones fuertes de la MP y en caso de que decidan entrar en un escenario electoral se enfrentarían a proyectos políticos como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) que en las pasadas elecciones conquistó una curul en el Senado o con la Alianza Social Independiente (ASI) que tiene un caudal importante en el departamento. En estos municipios, la incidencia de MP lo que hace es complementar y enriquecer la mirada de la izquierda sobre el territorio en un escenario en el que se traslapan intereses y propuestas de distinto orden y en donde las comunidades tienen, pese al conflicto o debido a este, una alta capacidad organizativa. En los municipios del Caquetá y el Meta la MP aglutina organizaciones de base que prefieren usar sus nombres tradicionales y no el del proyecto político. Esto se explica por tres razones: el miedo a la estigmatización, la devolución que hizo el Consejo de Estado de la personería jurídica a la Unión Patriótica y porque aún la MP no ha decidido salir a la competencia electoral. En primer lugar, las organizaciones campesinas de base que integran la MP temen que los relacionen con la guerrilla, como ya ha sucedido en el pasado, y prefieren defender su agenda política a nombre de las Juntas de Acción Comunal o de plataformas integradas por grupos de juntas. En esos territorios la amenaza de reductos del paramilitarismo aún está presente así como el recuerdo de las matanzas contra las organizaciones y líderes de izquierda en el pasado. En segundo lugar, la devolución de la personería jurídica a la UP supuso la resurrección de una marca política, que podría servir de paraguas a proyectos de izquierda, en caso de que haya quienes quieran entrar en el juego electoral. Y en tercer lugar, la MP mantiene una posición ambigua frente a la posibilidad de entrar a competir electoralmente. Hasta ahora, sus dirigentes han decidido dejar en libertad a sus militantes, lo cual permite un amplio margen de maniobra a la hora de decidir a quien apoyar, según las necesidades e interpretaciones de la política en el territorio. Las organizaciones de la MP en los municipios de Caquetá y Meta, fundamentalmente tienen dos prioridades en su agenda: la agraria y la defensa de los derechos humanos. Ellas prefieren defender principalmente sus intereses inherentes a esas preocupaciones, que son de orden económico y social, pero dejar lo político para después. [1] Esta política nació en 2007 como parte del Plan Nacional de Consolidación Territorial diseñado por el Gobierno de Álvaro Uribe para la recuperación militar de los territorios con presencia guerrillera. Sus zonas de priorización han ido cambiando según las prioridades militares, en la mayoría dirigida contra el grupo de las FARC-EP. Desde 2011, bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos su nombre cambió a Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. [2] Desde 2003 hasta la fecha se han celebrado tres certámenes electorales: 2003, 2007 y 2011. En algunos municipios como en el municipio de Vista Hermosa (Meta) se celebraron elecciones atípicas debido a la atípicas debido a un ajuste institucional que debió hacer el gobierno para homologar los períodos de los alcaldes. En otros casos como el de El Tarra (Norte de Santander) en 2003, a causa de las amenazas, no se celebraron elecciones. Descargue aquí: Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos parte I Informe de análisis sobre las relaciones políticas entre alcaldías y concejos parte II