Foto de Confidencial Colombia Uno de los principales resultados del estudio en estos departamentos fue identificar el comportamiento de los actores armados frente a las economías extractivas. En el año 2013 se presentaron 196 ataques a la infraestructura petrolera del país, la cifra más alta alcanzada desde 2001 y se prevé que durante el transcurso de este año las FARC y el ELN continuarán con la estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. En tiempos de negociación de paz ambas guerrillas se apropiaran del tema de la inversión energética y petrolera, ya sea en medio de la negociación con el ELN o una vez firmado el proceso de paz, en el interior del país se tendrá que dar una álgida discusión para clarificar jurídicamente la inversión en materia petróleo-energética. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, realizado por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014 y se enfoca en tres líneas de investigación: mapa de seguridad, minería y petróleo, y movimiento social. Los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio la entrega de algunos bloques para la exploración y explotación de pozos petroleros ha llevado a que se dé un incremento de los conflictos sociales, en gran medida derivado de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra en Nariño, La Guajira y Putumayo. Las comunidades de estas tres regiones – en especial las del sur del país- han comenzado a fortalecer la organización social a partir de tres discursos: Inversión minero-petrolera, distribución de la ganancia generada por la explotación de estos recursos y temas relacionados con la propiedad de la tierra La investigación también demuestra que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. En Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados pero cada vez está mejor organizado, mientras que en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar, lo que conlleva a que los riesgos para los líderes sociales sean mucho mayores. Frente a temas de seguridad, el estudio reveló que durante el año 2013 se presentó un proceso de recuperación de las FARC en el sur del país (Nariño y Putumayo) ya que lograron hacer presencia importante en cabeceras municipales como lo es el caso de Tumaco, situación que se replica en varias zonas de Colombia. En Putumayo, esta guerrilla comenzó a citar población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento, contenidas en un manual. Este es utilizado como preparación para el post conflicto, además se refiere a la conducta que debían de asumir durante los días de la tregua y posteriormente a los largo de todo el 2014, donde por ejemplo es obligatorio la participación en las reuniones de formación política y se establecen criterios para la protesta social y en general para la movilidad en los territorios. Se encontró que el Bloque Sur de las FARC que opera en el sur del país (Huila, Caquetá y Putumayo), no está divido y fue una de las estructuras que mejor cumplió la tregua unilateral el pasado diciembre y enero pese a los pronósticos de algunos analistas que preveían lo contrario. En algunas zonas del sur del país, se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia tradicionalmente de las FARC, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de post conflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en estas zonas en la etapa de postconflicto. En el bajo Putumayo la banda de los “Constructores”, antiguos Rastrojos, ha comenzado a ostentar mayor presencia e influencia. Finalmente, otros dato clave indica que en La Guajira Marcos Figueroa se estaría consolidando en el sur, aliado con la banda de los Urabeños y al mismo tiempo se estaría formando la Oficina del Caribe de la mano de una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, Los Rastrojos y Paisas, la cual estaría avanzando por el Magdalena e incursionarían en La Guajira. INFORME PUTUMAYO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME NARIÑO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME LA GUAJIRA (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN)

Foto de Mauro González La historia política del departamento de La Guajira no es sencilla de explicar, pero en términos generales se puede hablar de tres grandes estructuras políticas, que han gobernado el departamento en las últimas décadas. Por un lado se encuentra el Movimiento Nueva Guajira, el cual nace durante el primer mandato del ex gobernador Jorge Pérez Bernier, en 1995. El objetivo inicial de este movimiento político era crear una alianza y coalición política que permitiera mantener la gobernación durante 15 años y con ello controlaban los recursos públicos. Entre los principales miembros de esta alianza estaban  Álvaro Cuello, John Jairo Iguaran, Jaime Espeleta, Hernando Deluque, Raúl Fragoso, Jorge Magdaniel, Miguel Pinedo Vidal luego se les une Jorge Saltaren, Moisés Freile, Vladimiro Cuello, más recientemente se integraron  Gervasio Valdeblanquez, Jimmy Sierra y Ovidio Mejía Marulanda. En pocos años Jorge Pérez logró hacerse con un control político casi monopólico en La Guajira. Igualmente comenzó  a recibir en su grupo político a diferentes liderazgos “grises”. Por un lado recibe a Dilger Becerra quien era uno de los principales lavadores de dinero de los Rastrojos en el norte del país. La cercanía entre Becerra y Pérez Bernier llegó a ser tan estrecha que Bernier nombró a la esposa de Becerra, Claudia Mesa, como secretaria de salud en su segunda administración. En 2011 Becerra muere acribillado a manos de hombre armados bajo el mando de  Marcos Figueroa. Diferentes versiones en terreno indican que Dilger Becerra era el intermediario entre alias Pablo, quien fuera jefe de la BACRIM de la alta Guajira luego de la desmovilización paramilitar y la estructura política de Pérez Bernier. Por medio de Becerra, Nueva Guajira recibía importante financiación.  Con este dinero Pérez Bernier logró posicionar los dos representantes a la cámara por este departamento; Hernando Deluque y Jimmy Sierra, ambos aspiran a relegirse en las próximas elecciones del 9 de marzo de 2014. Otro de los apoyos cuestionados de Nueva Guajira es la ex alcaldesa de Uribia Cielo Redondo quien se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alías Pablo, dentro de esta línea estaba también la Chachi Hernández, esta última fue socia de Jorge 40 en el proceso de blanqueo de dinero. Al ex gobernador de La Guajira  Francisco Gómez Cerchar se le acusa del asesinato de la Chachi Hernández. La otra estructura política importante en el departamento es la liderada por Francisco Gómez Cerchar quien fue varias veces alcalde del municipio de Barrancas. Kiko Gómez era un líder regional que mantenía negocios y una fuerte amistad con su familiar y socio Mario Cotes. Mario Cotes lideraba una importante estructura de contrabando en La Guajira y fue asesinado por orden de Víctor Ojeda o ‘Vitico’ quien fue el primer esposo de  la Chachi Hernández, esto llevó a que la red política de Kiko Gómez comenzara una guerra  con la red de la Chachi Hernández. Esta estructura se fortalece luego de la desmovilización paramilitar, a Kiko Gómez  se le suma el apoyo de Marcos Figueroa o Marquitos, importante narcotraficante y contrabandista de gasolina en La Guajira. Esta alianza los llevó a ganar la gobernación de La Guajira en 2011, poco antes de estas elecciones la estructura de Kiko Gómez y Marcos Figueroa desató una ola de violencia en todo el departamento. Enemigos de Kiko Gómez como La Chachi, Dilger Becerra cayeron rápidamente a manos de los sicarios de Marquitos. Esta alianza convirtió La Guajira en uno de los principales centros criminales del narcotráfico el país. La última estructura política del departamento es la que lidera el actual senador Jorge Ballesteros, quien fue electo por el Partido de la U.  Jorge Ballesteros mantenía una relación estrecha con el extraditado Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro. La oposición de La Nueva Guajira, está conformada por los políticos locales como Jorge Ballesteros Bernier, Antenor Duran y Amílcar Acosta quienes en la actualidad hicieron coalición con el ex gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar más conocido como Kiko. Tanto la alianza que lidera Jorge Pérez Bernier, como la de Kiko Gómez aspiran a consolidarse en las próximas elecciones del 9 de marzo. Nueva Guajira apoya a Hernando Deluque  y Kiko Gómez a Antenor Durán. La parapolítica en La Guajira que ha estado invisible y la captura de Kiko Gómez, es solo un parte de la historia. Tres departamentos en el país han estado en la total impunidad en lo referente a la unión entre fuerzas ilegales y estructuras política, La Guajira, Norte de Santander y Nariño aún tienen historias por contar.

Foto Diario El Universal La cifra es espantosa. 131 candidatos de 23 departamentos herederos de la parapolítica o con nexos con fuerzas ilegales están compitiendo para llegar al Congreso de la República. 48 aspiran al Senado y 83 a la Cámara de representantes. Muchos de ellos tienen una gran probabilidad de salir elegidos. En Bolívar, Santander, Guajira, Sucre, Cesar, Casanare, Magdalena y Norte de Santander las casas de la parapolítica se van a quedar con el mayor número de parlamentarios. Llevo 12 años investigando los nexos de fuerzas ilegales con líderes políticos. En cada elección tengo la ilusión de que el fenómeno va a ceder, la justicia va a lograr el desmantelamiento de los agrupamientos electorales mafiosos o los directores de los partidos van a expulsar a estas organizaciones de sus filas o por lo menos le van a negar el aval a los candidatos que surgen de allí. Pero al culminar las indagaciones mi desengaño es total. Cambian los nombres de los candidatos pero los apellidos son los mismos, hay relevo en algunas candidaturas pero las fuerzas que lo respaldan y controlan son las mismas. La maldición de Salvatore Mancuso sigue viva. Dijo: “Tenemos el 35 por ciento del Congreso”. Se fueron los jefes paramilitares extraditados, pero los jefes políticos ligados a ellos se quedaron y han mantenido su influencia. Nuevos capos de bandas criminales, del contrabando y de la minería ilegal han surgido y están metiendo la mano en la política. Hay cosas realmente impresionantes. Ahora se llama Opción Ciudadana. Primero fue Convergencia Ciudadana. Luego fue PIN. En cada elección cambia de nombre. Los mentores van a la cárcel, algunos son investigados y condenados, cuando salen vuelven a la plaza pública a acompañar a sus candidatos, otros escapan a la acción de la justicia. Es posible que en esta oportunidad superen el umbral y vuelvan con una bancada a Cámara y a Senado. Es un partido de la parapolítica de pies a cabeza. Pero los grandes partidos, los tradicionales, los que han gobernado al país en dos siglos de historia republicana, no han querido romper los vínculos con la parapolítica. El Partido Liberal tiene 28 candidatos vinculados a este fenómeno. El Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional tienen 27 cada uno. Cambio Radical 19. Uribe Centro Democrático 8. Ahí está la clave de todo. Ahí reside el grave problema. La Corte Suprema de Justicia ha realizado una gran tarea. Condenó a 61 parlamentarios y les abrió investigaciones a 67 más. Es un hecho sin precedentes en el mundo. Pero ni los partidos, ni el poder ejecutivo, ni la justicia regional han hecho la tarea. La labor de los directores de los grandes partidos y de los altos funcionarios del gobierno se ha limitado a separar de sus filas o a cerrarles las puertas del gobierno a quienes han sido condenados por la justicia. Pero mantienen los lazos y les confieren todo el protagonismo a los hijos, a los hermanos, a los sobrinos, a las esposas o a sus más fieles operadores políticos. Justifican esta actitud con un argumento falaz y descarado. Dicen que no hay delitos de sangre. Pero les hemos demostrado hasta la saciedad que nunca hemos denunciado a nadie por consanguinidad. En las investigaciones salta a la vista que los allegados hacen política con base en el poder económico y en las redes sociales y políticas acumuladas por su mentor en las andanzas con los ilegales. Montados en esa herencia llegan al Congreso, a las alcaldías y a las gobernaciones. Es una herencia ilegítima. Los herederos de la parapolítica y los aliados de poderosas fuerzas ilegales han contaminado toda la política colombiana. Con sus ríos de dinero elevaron el costo de las campañas de manera tal que los competidores tienen que apelar a la corrupción simple y llana, a la captura de cuantiosos contratos del Estado, para ganar elecciones. Se dice ahora que para asegurar una elección al Senado son necesarios 3.000 millones de pesos y para la Cámara se necesitan 900 millones. Eso sobrepasa con creces el salario de cuatro años de un congresista. Columna de Opinión Tomada de Semana.com

“Muchas personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno y el propio presidente Álvaro Uribe, me han pedido que cuente la verdad. Me exigen que le diga al país lo que hice en la guerrilla y quiénes fueron mis amigos. Se han molestado bastante por mi participación en las investigaciones académicas sobre la parapolítica y porque, desde mis columnas, he adelantado un debate sobre el grave daño que le ha hecho a la democracia colombiana la utilización de la violencia en la competencia política”. De esta manera, León Valencia Agudelo, actual Director de la Fundación Paz y Reconciliación, inicia “Mis años de guerra”, un libro publicado por primera vez en el 2008 y que en esta nueva edición bajo el sello Aguilar revisada por el propio autor, se convierte en una ventana que deja ver una Colombia después de la guerra. El autor revela en esta obra los detalles de su vida como integrante del ELN, las motivaciones que lo llevaron a ser parte de este grupo insurgente, su paso por el comando central y su posterior decisión de dejar las armas.Escrito en primera persona y dividido en cuatro capítulos: La traición y la vergüenza, Ilusión, Miedo y Desencanto, León Valencia narra en un estilo único la historia violenta de un país de la cual ha sido protagonista. En sus 286 páginas, intenta reconocer su parte de responsabilidad en la guerra colombiana y expone por qué optó por la paz. “Quiero ofrecer la memoria de mi pasado por la guerrilla. Contar esa historia como la vieron mis ojos. Como la vivió mi corazón. Contar cómo llegué hasta allí y cómo salí. Será, seguramente también una memoria controversial. Aspiro, eso sí, a que sea honesta conmigo mismo y con los demás”, señala el escritor.

Durante tres meses el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación realizó un trabajo en diez departamentos del territorio nacional, para identificar dentro de  la lista  de candidatos al Congreso de la República para  las elecciones del 09 de marzo, quienes de ellos representan riesgo electoral a través de posibles vínculos con fuerzas ilegales o por relaciones con políticos procesados judicialmente. Foto Colprensa El resultado de la investigación arrojó que 131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul en el  legislativo estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales, clasificadas en dos categorías. La primera como herederos del escándalo de la parapolítica (elecciones 2002- 2006, elecciones 2006- 2010 y elecciones 2010-2014), es decir familiares, amigos cercanos y aliados políticos de quienes están investigados y fueron condenados por relaciones con grupos paramilitares y un segundo tipo de relación, caracterizada por presuntos apoyos de actores armados como BACRIM, narcos, guerrillas y contratistas bandidos. En el mapa nacional la investigación se centró en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, César, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Córdoba. El departamento de Bolívar agrupa a 16 políticos como la mayor cantidad de elegibles con posibles vínculos con fuerzas ilegales. En segundo y tercer lugar se ubicaron Magdalena y César. Si bien la investigación tuvo como eje principal diez departamentos, la Fundación identificó la existencia de este tipo de relaciones en otros trece departamentos del país. Los resultados arrojaron tres niveles de riesgo por relaciones de candidatos con ilegales: alto, medio y bajo. El departamento que presentó el mayor número de aspirantes con alta advertencia fue nuevamente Bolívar. El estudio estableció que los candidatos cuestionados se encuentran en las listas de ocho partidos políticos (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Unidad Nacional, Centro Democrático, Cien por Ciento Colombia, AICO y la Fundación EBANO). Los partidos Conservador y Liberal, tradicionales en la política nacional, son los que mayor número de candidatos cuestionados tienen en sus listas. Con 28 candidatos, 18 de ellos para la Cámara y otros 10 al Senado, el Partido Liberal fue la fuerza política que registró el mayor elegible con riesgo. Descargue aquí el informe completo MAPA NACIONAL DE RIESGO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS CÁMARA- EDICIÓN 09 DE MARZO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS SENADO- EDICIÓN 09 DE MARZO

Imagen de Hightimes El bloque Sur de las Farc, que opera en los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño, y que según las autoridades hoy está bajo el mando de alias Joaquín Gómez y alias Fabián Ramírez, no está divido y no es cierto que se oponga a las negociaciones de paz de La Habana, como advierten algunos analistas. De hecho, fue una de las estructuras que mejor cumplieron la tregua unilateral ordenada por el grupo guerrillero entre diciembre y enero pasados; en ella no se encuentran signos o intentos de disidencias e incluso ya se está preparando para el posconflicto. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, presentado ayer por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, y los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio, durante 2013 se presentó un proceso de recuperación de las Farc en el sur del país (Nariño y Putumayo) y ya se ve una presencia importante en cabeceras municipales, como Tumaco. Es lo que en los últimos meses se ha dicho en el sentido de que la guerrilla estaría citando a la población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento. En otras palabras, un “manual de convivencia” como preparación para el posconflicto, situación que se ha repetido en varias zonas del país. En ese documento se establece, por ejemplo, que es obligatoria la participación en las reuniones de formación política y se fijan criterios para la protesta social e incluso para la movilidad en los territorios. Según los analistas, las Farc apuntan a reconstruir su base social. Al mismo tiempo, el estudio revela que en algunas zonas del sur del país se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia que tradicionalmente han pertenecido a la guerrilla, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de posconflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en tales zonas una vez se firme un acuerdo de paz. “Existe una incapacidad del aparato estatal para tramitar conflictos sociales en las tres regiones objeto de investigación, lo anterior debido a: debilidad institucional en los municipios, a que la mayoría de la presencia de la Fuerza Pública en estas regiones está destinada a cuidar la infraestructura petrolera y energética, y a fenómenos de corrupción institucional”. En cuanto a La Guajira, se pudo establecer que en las zonas de frontera con Venezuela se han formado ejércitos privados (conocidos como Criollos y Curicheros) que trafican alimentos y gasolina. “De la mano de Marcos Figueroa, alias Marquitos, la banda de los Urabeños ha irrumpido en municipios del sur de La Guajira. Por otra parte, una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, los Rastrojos y los Paisas, estarían formando la Oficina del Caribe, que estaría avanzando por el Magdalena e incursionaría en La Guajira”, detalla la investigación. Sobre las conclusiones de la actual situación del movimiento social en estas regiones, el informe plantea que existe una gran expectativa e incremento de la protesta debido a temas de minería, petróleo y megaproyectos. En este sentido, se concluye que hay rechazo a la gran minería, pero una mayor tolerancia al petróleo, mientras sigue latente una gran inseguridad jurídica: “En Putumayo, en las zonas aledañas a proyectos petroleros, no se puede titular. En el caso de La Guajira existe una gran presión hacia los agricultores para vender sus tierras o cambiar a monocultivos. Un ejemplo es que allá los bancos ofrecen créditos por $7 millones por hectárea para cultivos tradicionales y $28 millones para cultivo de palma”. Otros datos claves señalan que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. Por ejemplo, en Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados, pero cada vez está mejor organizado, mientras en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar. Asimismo se encontró que, en general, los movimientos indígenas y campesinos están organizados, pero las comunidades afro no, y que en Nariño y Putumayo ha aumentado la fuerza de la Marcha Patriótica, pero de igual forma lo han hecho las amenazas y asesinatos a sus miembros y persiste un rechazo a este movimiento por parte de la industria petrolera. También hay un aumento sustancial de los conflictos de propiedad horizontal entre indígenas, campesinos, consejos de comunidades negras, grandes hacendados y grandes empresas. Artículo tomado El Espectador.com

Fotografía de Infomil El discurso de despedida del general Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares, es una pieza clave para entender lo que ocurre en el interior de la fuerza pública. Refleja una brutal inconsciencia sobre la suprema gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos; refleja también el profundo temor y la desconfianza de los militares con los acuerdos de paz de La Habana. Dice el general Barrero: “Mi retiro, que obedece a una decisión política, se produce por un infortunado episodio, relacionado con una conversación privada de hace dos años, con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas, por lo cual reitero mis disculpas al ente investigador”. No es un simple homicidio. Es la ejecución pavorosa de dos campesinos como parte de la inmensa cadena de falsos positivos, quizás el acontecimiento más vergonzoso en toda la historia de las Fuerzas Militares. No son simples “expresiones inapropiadas”. Es un llamado a atacar a la Fiscalía y una exhortación a delinquir: “No dejarse joder de esos hp fiscales y armarse como una mafia para denunciarlos”. No es una decisión política. Es un acto obligado del presidente de la República. Era imposible que el primer mandatario pasara por alto este hecho. Ahora bien, que un oficial del que no se tienen noticias de grandes desafueros y transgresiones a la ley, que un oficial de gran reputación, se atreva a tener este tipo de conversaciones con un subalterno acusado de cosas tan horrendas, muestra que en la cúpula militar y policial no hay plena conciencia del daño que le han hecho a la fuerza pública los más de 1.000 casos de falsos positivos. Los altos oficiales no han comprendido que es obligatoria una actitud drástica, vertical, preventiva, contra cualquier militar implicado en estos crímenes. No entienden que contemporizar con estas conductas promueve la impunidad y estimula a los subalternos a que continúen golpeando a la población inerme. Dice Barrero: “Tengo la esperanza de que, con la unión de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia”. Y agregó: “Invito a los soldados de tierra, mar, aire y río de las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia a continuar acompañando la valiosa gestión del señor general de la reserva activa Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana, quien con dignidad y carácter afronta un reto que exige pleno compromiso institucional”. No es una voz aislada. Se sabe que en las filas, en todas, en sus principales mandos y en los subalternos, hay miedo, mucho miedo, a que en La Habana negocien su futuro, a que la paz implique un severo juicio a las conductas de la fuerza pública. No tienen confianza en Santos. No confían en los negociadores civiles de la paz. Solo en Mora Rangel, al que consideran su representante, no un designado del presidente para llevar la voz de todos los colombianos. El discurso es una campanada de alerta para el gobierno, para todos los dirigentes políticos, para la opinión pública. Tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que sienten los militares en esta coyuntura histórica. Tenemos el deber de condenar actitudes o palabras que insinúen la insubordinación o el ataque embozado al sueño de paz de los colombianos. Pero, sobre todo, tenemos la obligación de comprender sus angustias y responder sus inquietudes. Los militares tienen un temor legítimo a que miles de soldados y policías acusados de delitos en medio del conflicto armado sean drásticamente castigados mientras los guerrilleros reciben generosos beneficios jurídicos. El presidente Santos, en el acto de posesión de la nueva cúpula, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que los beneficios judiciales serán iguales para militares y guerrilleros y que cualquier reforma a las instituciones militares y policiales será concertada con los generales del país y por fuera de las negociaciones de La Habana. No basta con esto. Es necesario abrir un debate público para mostrar que la verdad, la Justicia y la reparación tendrán una connotación eminentemente política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un proceso de retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto. Columna de Opinión tomada de Semana.com

Fotografía de Vanguardia Ni las Farc ni el ELN han dicho cómo se comportarán en las elecciones de 2014. En los últimos 20 años su estrategia ha sido el sabotaje. Después del sacrificio de la Unión Patriótica y del ascenso del paramilitarismo y la guerrilla, con muy contadas excepciones, promovió la abstención, se dedicó a las amenazas y a los atentados contra los candidatos y contra los funcionarios electos, realizó campañas militares en medio de la competencia electoral y buscó a toda costa impedir que funcionaran las instituciones locales. Ahora, al parecer, en medio de las negociaciones de paz, están cambiando de estrategia. Sin decir que harán un cese de hostilidades, sin declinar el uso de las armas y la presión indebida e ilegal sobre las comunidades, las guerrillas están dedicadas a una intensa labor política y social en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales donde tienen presencia. Las acciones armadas contra las elecciones se han reducido, así lo refleja el informe de la Misión de Observación Electoral. Dice que el riesgo general y el riesgo extremo por violencia  han bajado. También en las visitas a terrenos que hemos hecho desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha sentido que la labor principal de la guerrilla en estos meses es la organización  social de la población. En una de las visitas a Putumayo encontramos el ‘Manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades’ que impulsa el Frente Arturo Medina de las Farc. Es la guía que utilizan los guerrilleros, los miembros del Partido Comunista Clandestino, los activistas del Movimiento Bolivariano y los milicianos de las Farc  para controlar a la población civil, es la cartilla que están utilizando intensamente en esta coyuntura. Es bueno que el Estado y la sociedad estudien este tipo de documentos. Muestran con claridad el tipo de relación que las guerrillas tienen con los pobladores en sus zonas de influencia.  Es indispensable conocerlos a la hora de pensar en la transición y el posconflicto en los 242 municipios donde la guerrilla ha  tenido alguna injerencia. Se meten en todo. Obligan a cada uno de los habitantes mayores de 15 años a participar en las acciones comunales. Regulan las transacciones comerciales, las fiestas, las relaciones laborales, las familiares y la educación; castigan a las familias que tienen miembros en la fuerza pública con la expulsión de las veredas, señalan dónde  y cuándo los sacerdotes y pastores deben realizar sus oficios religiosos, establecen permisos para salir a las cabeceras municipales, especifican los cultivos de pancoger que deben impulsar las familias, ordenan la reparación y el buen uso de las vías de comunicación. Nada se escapa. El ‘manual’ muestra que allí, en la Colombia profunda, se ha ido generando una verdadera subcultura, un país distinto, atravesado por una guerra, cerrado en sí mismo, para impedir el acceso del otro país, del país enemigo. Visto desde una óptica conservadora diríamos que es un manual de buenas costumbres, una guía zanahoria de vida. Proscribe el alcoholismo y el uso de drogas alucinógenas y psicoactivas; ataca a los ladrones y a los tramposos; les pone límites al horario de las fiestas y los bares; obliga a los pobladores a realizar trabajo comunitario; incluso ordena una higiene especial para el sacrificio del ganado con el fin de prevenir enfermedades. Es un manual que envidiaría Alejandro Ordóñez. Pero visto desde una óptica de libertad, de derechos y democracia es un verdadero desastre. La guerrilla, con mucha razón, reclama cambios en las costumbres políticas y sociales  en el país de acá, en la democracia precaria que nos rige; pero no es menor el cambio que tendrá que hacer ella para adecuarse a las exigencias democráticas del mundo de hoy; para ayudar de verdad a  construir una Colombia pluralista, comprometida con la libertad y los derechos humanos. No basta con declinar el sabotaje y la acción militar contra las elecciones. Es obligatorio promover el voto libre en sus territorios. Columna de opinión tomada de Semana.com

Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba de una fachada legal en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave, lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país. Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y estaban autorizados para actividades de inteligencia. Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique en su denuncia. Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud. Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para matar al expresidente. La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba autorizada por el alto mando. Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición, entonces, ¿quiénes son, dónde están? Columna de Opinión publicada en Revista Semana

En los últimos días las Farc dieron a conocer a las comunidades de los departamentos de Caquetá y Putumayo, un manual de instrucciones donde les piden a los habitantes de estas regiones en un documento de 46 puntos, la manera de estar activos en las actividades sociales y económicas integrando las juntas de acción de comunal de sus zonas. El documento fue descubierto a través de las investigaciones y seguimiento al conflicto armado, realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación para analizar la última tregua anunciada por las FARC, en donde el Bloque Sur de la guerrilla avanza estratégicamente para preparar a las comunidades ante una eventual etapa de posconflicto en esta zona del país. Las imagines obtenidas por los investigadores revelan una avanzada de los hombres de las FARC en una amplia zona del Putumayo para consolidar procesos políticos. Descargar imágenes

Foto  www.eltiempo.com Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80,   fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El  proyecto fue  liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente. Tal reforma permitió que se diera paso a la descentralización administrativa en en el anterior régimen constituyente, el que permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo. Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador),  quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros  la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro,   embajador, gobernador y alcalde,  y al tiempo ser elegido concejal y diputado. Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental,  tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes. En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia,  que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y  que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones. Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados. En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad. La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz  promovido por la administración del expresidente Belisario Betancourt y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista. Los resultados  que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político. La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y  tampoco superó, ni mucho menos cumplió con  las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo. Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política: Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban   de forma paralela   desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador. A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad  de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta. La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo de 1988. Aunque en términos globales,  la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron  víctimas de esta especie  de guerra sucia». El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal.  En el mes marzo del mismo año  se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP,  con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988. El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía. Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político  se encontraba la  Unión Patriótica (UP)  a quien Iván Cepeda en su documento “ Genocidio Poliítico: El Caso de la Unión Patriótica en Colombia”,  define como  una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980,  entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras. Surgimiento de la Unión Patriótica: En 1984,   como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron  varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad,  consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles. Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos  han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz: “HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y  pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. El exterminio, www.revistacambio.com. http://www.cambio.com.co/paiscambio/750/3814991-pag-2_2.html El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con   que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80  se tomara el poder en Colombia. En su momento cumbre, como  partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. ¿Porque atentar contra miembros de la UP?: La incapacidad del estado para  combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que buscaba “detener el creciente accionar de la guerrilla”, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde  la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro,  Armas y urnas – Historia de un genocidio político,  señala que los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP,  ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos. En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP. Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían  las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP. El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el  grupo de “Los Tangueros”, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras. En 1987, los paramilitares financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de un considerable número de  militantes de la UP. A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la  policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión. Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena, liderado por Iván Duque, quien más tarde se convertiría en el jefe paramilitar Ernesto Báez. En 1987 se registró el asesinato de 111 militantes de la UP, según estudios del CINEP;  en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales. Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC. Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, según el Portal de Internet Verdad Abierta, “el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final  Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño”. En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna. El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país. ¿Vuelve el exterminio?: El 10 de agosto de 2013 el Consejo de Estado, falla a favor de la Unión Patriótica y devuelve la personería jurídica al movimiento político al señalar que, “en este caso no se cumple con la causal establecida por la Ley, que señala que se pierde la personería si en las últimas elecciones no se obtenga un mínimo de 50 mil votos o una curul en el Congreso debido a que la UP fue víctima de una campaña de exterminio”. Para tomar esa decisión, el Consejo de Estado tuvo en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo de octubre de 1992, en el que además se cita un informe de la ONU de 1989, que señalaban que ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio “que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos. Así las cosas la Unión Patriótica elige a líder Aída Abello como su candidata a la Presidencia de la República e inicia la reconstrucción de sus cuadros a nivel nacional. Al tiempo en que el movimiento político la Unión Patriótica da inicio a la labor de difundir sus ideas, ganar nuevos adeptos y motivar a quienes se encontraban intimidados en sus casas, nuevas intimidaciones aparecen en la vida de sus militantes, esta vez firmado por el grupo ilegal Los Rastrojos, quienes al parecer serían los autores de las amenazas denunciadas en días pasados por la candidata Aída Abello, quien pidió al gobierno nacional mayores garantías para que miembros de la UP puedan ejercer el trabajo proselitista con plena libertad y sin el temor de ser asesinados una vez más. El panfleto con que el se amenaza a los militantes de la UP circula por los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Santander, amenazan directamente a líderes de la Unión Patriótica, con lo que queda la duda de si fuerzas oscuras de extrema derecha se estarían reagrupando para conspirar una vez más contra una nueva fuerza política de izquierda, y de paso echar por la borda los posibles acuerdos en la Habana que se lograrían, en el caso de que el gobierno de Juan Manuel Santos  firme la paz con las Farc.

Los señalamientos e investigaciones que hoy día vive el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta – Mira, de origen cristiano, por supuestos vínculos con la ilegalidad y lavado de activos, no son nuevos en la política colombiana. Hace cuatro años, Convergencia Ciudadana, grupo político que luego paso a denominarse bajo el nombre de Partido de Integración Nacional y hoy se hace llamar Opción Ciudadana, vivió la misma situación. Convergencia Ciudadana, hoy Opción Ciudadana, fue un movimiento político creado en el año de 1997, venido de menos a más de la mano de Luis Alberto Gil, quien le dio alcance nacional al hacer elegir varios senadores y representantes a la cámara con el aval de este partido, quienes más adelante serían investigados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con el paramilitarismo, mientras La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, se daría a la tarea de indagar el origen de los dineros con los que se desarrollaron empresas, como Solsalud E.P.S, Ganasalud Limitada, Multiproductos Ltda., y el mismo Convergencia Ciudadana, porque en el curso de la investigación se estableció la existencia de una recíproca colaboración y un crecimiento paralelo de las empresas dedicadas a la salud y otros servicios con el citado movimiento político. Hoy el turno le corresponde al movimiento cristiano Mira, quien no solo enfrenta un escándalo por discriminación a las personas discapacitadas y pertenecientes a la comunidad LGBTI, sino que además debe dar la cara por las investigaciones judiciales que en su contra se han abierto por supuesto lavado de activos, hecho que tiene a dos de sus miembros (Carlos Baena y Alexandra Moreno Piraquive), en la mira de las autoridades. El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta «MIRA» es un movimiento político y social de origen cristiano fundado en el año 2000. Sus máximos líderes Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive, son integrantes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, y fueron elegidos como su presidente y vicepresidenta respectivamente. El 20 de junio de ese año solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de su personería jurídica, aprobándose el 26 de julio del mismo año. Desde ese entonces el Mira ha participado en las elecciones regionales y nacionales en donde ha obtenido importantes logros, el más importante de ellos les corresponde a Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive, quienes ocupan curul en el Senado de la República, mientras Gloria Stella Díaz obtiene la propia en la Cámara de Representantes. De esta manera el Mira logra ejecutar un organigrama interno encabezado por la familia de la senadora Moreno Piraquive y el Senador Baena, con una estructura que cualquier organización política envidiaría, por su unidad de mando bastante cohesionada que funcionó hasta hace unos días, cuando los cuestionamientos hacia este movimiento político comenzaron a aparecer en el panorama nacional, sin que hasta el día de hoy hayan cesado. Actualmente la Fiscalía y la Uiaf buscan explicaciones sobre las millonarias consignaciones en las cuentas del partido Mira, que dice el expediente que en su contra se abrió, “no guardan relación con los ingresos declarados ante la Dian”. David Andrés Acevedo Muñoz, quien fue uno de los tres pastores de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fue detenido por agentes antimafias en Argentina por solicitud de un juez de ese país, quien encontró evidencia que lo relacionaba con narcos colombianos a través de la asesoría en el cambio de dólares y en la creación de empresas para el blanqueo de dinero. La financiación de MIRA, es otro de los temas que ha generado polémica luego de que hace unos años el hermano de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, Iván Moreno quien fue expulsado de la iglesia por su condición sexual, denunciara que la iglesia era una plataforma del partido. Así mismo se investiga los orígenes de los bienes de María Luisa Piraquive, madre de la parlamentaria, lo mismo que César Augusto Moreno, quien al parecer tendría propiedades en los barrios Santander, Santa Isabel, en el sur de Bogotá, Villa Claudia, La Ferias, Normandía primer sector, Boyacá Real, Teusaquillo, Usaquén, Toberín, Victoria Norte y Puente Largo. Las autoridades judiciales en los Estados Unidos por su parte rastrean los bienes de la familia Moreno Piraquive por posible operación de lavado de activos en ese país. Es claro que de resultar ciertas los señalamientos judiciales por las que se abrieron investigaciones a Mira y sus máximos dirigentes, las autoridades electorales y naciones deben pensar en ajustar las reglas con las que se crean movimientos y partidos políticos, porque no sería la primera vez que el surgimiento y posterior crecimiento y expansión de estos grupos, se encuentran vinculados a agentes ilegales y operaciones de lavado de activos, como al parecer sucedería no solo con este grupo político de origen cristiano, sino también con Convergencia Ciudadana, antiguo Opción Ciudadana.