Foto: rcnradio.com El paramilitarismo en Colombia logró convivir territorialmente en compañía de diferentes instituciones del Estado , sin colocarse como meta el destruirlas o perseguir sistemáticamente a sus funcionarios, sino más bien, capturandoles, al punto en que cualquier decisión que estas tomaban, debía ser consultadas con sus jefes. De esta manera, establece un paralelismo institucional, que en diferentes regiones del país ha llevado incluso a que se hayan formado estados de facto. El fenómeno conocido como la Parapolítica hace referencia a este tipo de relaciones que se establecieron entre la clase política local, llegando a escalas nacionales como en Congreso de la República, con el paramilitarismo, que no solo tenía la intención de hacerle frente a las guerrillas de izquierda, sino también el de resistir a los cambios políticos que en el país se venían dando a partir de la década de los 80 como la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991. En el caso Colombiano, no se produjo un cambio de élites políticas con la llegada de grupos armados ilegales, si bien algunas desaparecieron o cayeron en desgracia, la gran mayoría de grupos regionales negociaron y se consolidaron con la llegada paramilitar. Esta alianza, si bien tuvo diferentes orígenes, tal vez tiene en la elección popular de alcaldes y gobernadores una de sus principales fuentes. Este proceso supuestamente democratizador al finalizar la década de los ochentas permitió la creación de espacios políticos para terceras fuerzas, movimientos sociales y políticos y nuevos liderazgos sociales. La resistencia a la democratización local llevó a que sectores políticos tradicionales pidieran ayuda a grupos paramilitares para eliminar la oposición. Así, bajo contexto de presencia de actores armados ilegales, o fragmentación del monopolio de la violencia, se crearon estados mafiosos, además de autoritarios, donde las acciones institucionales no se diferencias de las acciones del crimen organizado. Una de las grandes conclusiones que se ha logrado desarrollar en los últimos años en el país, es que aún bajo contextos de democracia estable, con elecciones periódicas, libertad en la inscripción de candidatos y grados altos de libertad en el voto a nivel nacional, se pueden configurar verdaderos autoritarismos e incluso dictaduras locales y regionales. Este tipo de situaciones tienen mayor probabilidad de desarrollarse en contexto donde existe presencia de grupos armados ilegales, o donde grupos mafiosos tiene presencia permanente. Por ejemplo en Colombia a pesar de que se desarrollaron elecciones nacionales de forma periódica en el año 2002 y 2006, cerca de 40% del congreso fue elegido con votos de grupos paramilitares, llegándose a presentar casos de votaciones en un municipio o departamento por encima del 80% de total de votos emitidos en dicha circunscripción. Para las lecciones locales de 2011 esta práctica nuevamente se presentó, en algo más de 100 municipios se detectaron apoyos de estructuras criminales a estructuras políticas. Una de las conclusiones de la investigación del año 2011 es que aún con la intensificación de la competencia política y por lo tanto, el aumento en la incertidumbre sobre los ganadores, el proceso electoral no transformó los factores que hacen posible la cooptación del Estado, sobre todo a nivel regional y local, por parte de actores armados e ilegales. Los mecanismos de interferencia por parte de organizaciones criminales fueron variados y a diferencia de lo sucedido en 2002 y 2006, el proselitismo armado no fue el común denominador, se utilizaron mecanismos más bien indirectos de interferencia como la financiación de campañas, entrega de dineros a funcionarios públicos para promover la corrupción electoral y en algunos casos la presión a candidatos opositores mediante el homicidio, la intimidación o amenazas, la violación de derechos humanos en las elecciones de 2011 en los departamentos anteriormente mencionados. En la actualidad algo más de 100 parlamentarios y exparlamentarios están siendo investigados por vínculos con estructuras criminales, de los últimos 10 presidentes de senado, 8 han sido detenidos por estos vínculos, en cerca de 300 alcaldías se llevan investigaciones sobre estas relaciones. Sin embargo lo más destacable de este fenómeno es que han sido las estructuras políticas las que han buscado las organizaciones criminales, y no al contrario, además los recursos públicos han sido utilizados como botines tanto para las estructuras políticas como para las estructuras criminales, es decir hoy para las organizaciones criminales la disputa por el poder local es igual de importante al de una renta criminal. Vale la pena tener en cuenta que la proliferación de economías ilegales atrae organizaciones criminales, lo que a su vez, bajo contextos de debilidad institucional hace que la propensión para que se desarrollen alianzas entre estas organizaciones criminales y estructuras políticas o funcionarios públicos sea mayor. Estados Judiciales de los Procesos, ver infografía

Foto tomada de Espectador.com Actualmente Colombia afronta uno de los retos más grandes en materia de construcción de Estado, fortalecimiento de la democracia, y garantía en el ejercicio de los derechos de su población. Luego de un poco más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra muy cerca de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Actualmente este grupo guerrillero opera en 11 regiones del país, en un total de 242 municipios, es decir cerca del 20% del total de municipios del país, de estos, en 111 la influencia del grupo guerrillero es importante. Por su parte la guerrilla del ELN hace presencia de 7 zonas del país, con influencia en 96 municipios, en varios de ellos hay una coincidencia en la presencia de ambos grupos guerrilleros. Los municipios donde estos grupos ejercen influencia mantienen ciertas características comunes, en algunos de ellos más acentuadas que en otros. La primera característica es la debilidad institucional de las administraciones municipales y departamentales, que se manifiestan en ausencia de gobernabilidad en estos territorios, ausencia de funcionarios públicos capacitados para ejercer su labor, en la gran mayoría de casos estos funcionarios no son de carrera burocrática, por el contrario cambian de forma permanente, de acuerdo a cuotas políticas, y principalmente a la ausencia de una planeación estratégica a nivel municipal, además muchos ellos cuentan con presupuestos reducidos, y baja legitimidad ante la población. Una segunda característica es la presencia de economías ilegales, ya sean cultivos de uso ilícito, minería criminal, contrabando de alimentos y licores, o presencia de economías ilegales urbanas, además del tráfico de armas, pertrechos y material utilizado en la fabricación de explosivos. Gran parte de la presencia de estas economías se debe a la ausencia de estructuras económicas legales, es decir, ausencia de circuitos comerciales legales, ausencia de vías de comunicación, y en general baja densidad institucional. Las anteriores realidades nos llevan a hacer una serie de preguntas sobre las dinámicas del postconflicto que se producirán en el país una vez firmada la paz con ambas guerrillas. Ya hace una década Colombia se vio inmersa en una situación paradójica, ya que inició la creación de un andamiaje institucional de postconflictos, en medio del conflicto armado que vivía el país, producto del proceso de desmovilización de estructuras paramilitares. Más de 40 estructuras se desmovilizaron en el país, y cerca de 30 mil combatientes. Sin embargo, el resultado fue agridulce, ya que a excepción del centro del país, en el resto de regiones colombianas la población no sintió un cambio significativo con la desmovilización paramilitar. En varias regiones del país emergieron estructuras criminales que de forma indirecta o directa se relacionaban con las antiguas estructuras paramilitares, inicialmente estas organizaciones surgieron de forma anárquica y con fuertes disputas armadas regionales. El siguiente cuadro muestra la evolución anual de estructuras criminales nacidas posterior a la desmovilización paramilitar. se pasó de 33 estructuras en 2006 a cerca de 6 en 2011, actualmente en 2013 existen 4 grandes organizaciones criminales. Inicialmente se podría pensar que esta reducción de organizaciones criminales se debe a una desaparición de estos agentes criminales, ya sea por la consolidación del Estado en las regiones donde operó el paramilitarismos, o por la efectividad de la fuera pública, pero la realidad ha sido un poco diferentes, lo que se ha presentado es un proceso de cooptación criminal, donde algunas estructuras han cooptado a otras produciendo un fenómeno de consolidación de algunas de estas BACRIM. Uno de los ejemplos clásicos de este fenómeno es lo que sucedió y sucede en el departamento del Magdalena. Allí una vez se produce la desmovilización paramilitar se creó el grupo de Los cuarenta, al mando de Don Antonio, posteriormente esta estructura es cooptada por la banda de los Nevados, al mando de los hermanos Mejía Múnera, luego estos son cooptados por la banda de Los Paisas, y posteriormente estos son cooptados por los Urabeños, quienes actualmente ejercen influencia en todo el departamento. Este proceso de cooptación criminal ha permitido la consolidación y expansión territorial de algunas de estas estructuras criminales, lo que a su vez ha llevado a un aumento de la presencia de estas organizaciones criminales a nivel municipal, pasando de cerca de 200 municipios en 2006 a 280 en 2012. Gran parte de este rearme y surgimiento de organizaciones ligadas al antiguó paramilitarismo fue producto de la alta presencia de economías ilegales y economías de guerra, se podría decir, que entre el año 2003 y 2006 se desmovilizó el aparato militar del paramilitarismo, pero su estructura económica, política y sus lazos de relaciones con agentes institucionales no se desmovilizaron. Aunque los grupos guerrilleros, son agentes contra-estatales y no pro-estatales como fueron los paramilitares, existe un gran temor por lo violento que puede ser es postconflicto. Así por ejemplo, de no concretarse un plan ambicioso de construcción de Estado y recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado en las regiones del sur del país, existe la posibilidad de que el postconflicto sea violento. En regiones como el Putumayo o Nariño las FARC logran regular el negocio del narcotráfico, su dejación de armas, podría llevar a un aumento de la violencia producto de la disputa por el control de las zonas de cultivos de uso ilícito. El interrogante sobre los escenarios del postconflicto, o sobre qué tan intenso será el postconflicto son preguntas que marcaran el desarrollo de las investigaciones sociales en los próximos años. A diferencia de otros procesos de paz que ha vivido el país, al actual tendrá dos características, por un lado, será la primera vez que los combatientes de grupos armados ilegales no se desplazaran hacia las ciudades del país, sino que se quedaran en las zonas donde operaban, además es la primera vez que un proceso de paz tendrá tercera fase de negociación. Adicional a lo descrito anteriormente, queda el interrogante sobre el acuerdo mismo de negociación, ya sea su refrendación, las formas de reparación y las garantías de no repetición.

De los 1.100 municipios colombianos, cerca del 85% destina más del 50% de sus ingresos corrientes para cubrir sus gastos de funcionamiento. Además una porción importantes de estos enfrentan contextos en los cuales hacen presencia organizaciones armadas al margen de la ley con probada capacidad para perturbar el orden público local. Ante este tipo de amenazas, las autoridades locales se enfrentan a necesidades tales como la organización de procesos de “desminado humanitario” (remoción de minas anti-personales plantadas por grupos armados ilegales) así como la protección de la población civil frente a violaciones del derecho humanitario como el reclutamiento forzado, las desapariciones, las ejecuciones arbitrarias, los “falsos positivos”, el secuestro y la extorsión. Igualmente deben propiciar condiciones para apoyar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a víctimas directas e indirectas de la confrontación armada, entre estas, tanto los hogares en situación de desplazamiento forzado como aquellos de excombatientes desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil. En algunos casos, adicional a las amenazas y los factores asociados al conflicto armado interno, las autoridades locales deben enfrentar estructuras ilegales vinculadas con la explotación y regulación de mercados ilegales, como lo son la violencia homicida, el tráfico de drogas, armas de fuego y personas, así como el reclutamiento para actividades tales como el contrabando, la extorsión, el sicariato, la prostitución infantil y otros delitos. Por consiguiente, corresponde además a las autoridades locales brindar protección a las mencionadas poblaciones vulnerables frente a las amenazas planteadas por las estructuras criminales que operan dentro de sus jurisdicciones, así como coadyuvar en la persecución administrativa y judicial de los “aparatos de protección” que benefician con impunidad a la acción de estos grupos y que operan a través de la infiltración y penetración de organismos del Estado y otras redes de poder. Principales retos y actores estratégicos. Ciertamente no todas las autoridades locales en municipios pequeños y medianos enfrentan situaciones de inseguridad como las descritas arriba. Pero en su mayoría sí deben lidiar con amenazas a asociadas a la delincuencia “predadora”, es decir, a la acción de delincuentes responsables de hurtos de menor cuantía, con frecuencia mediante el atraco, al igual que de actos de vandalismo, extorsiones, lesiones personales, delitos sexuales e incluso algunos homicidios registrados en espacios públicos. Aparte de apoyar la vigilancia policial y el control judicial de los responsables de estos hechos, las autoridades locales tienen a su cargo la ejecución de medidas de prevención situacional como el mejoramiento de la iluminación del espacio público urbano, el diseño de redes de movilidad peatonal bien definidas y la conformación de paramentos regulares para evitar “trampas” que favorecen la actividad predadora de los delincuentes, el control y prevención de usos del suelo urbano que generen conflictos, el diseño y construcción de espacios públicos que faciliten la “vigilancia natural” y ofrezcan refugio físico de fácil acceso e incorpore su manejo y administración por parte de los vecinos para evitar la acumulación de basura o la formación de “orinales públicos”, entre otras acciones. Finalmente, en la mayoría de los municipios pequeños y medianos también están generalizados fenómenos como la violencia intrafamiliar al igual que comportamientos de riesgo, incivilidades y consecuencias de la exclusión social que atentan contra la convivencia, tales como el abuso del alcohol y las drogas, la inobservancia de normas de tránsito, las riñas, el abandono infantil, el uso abusivo del espacio público, los prejuicios sociales, la tolerancia de la “justicia privada”, el ruido excesivo, y la indebida disposición de residuos sólidos, entre otros. Para controlar esta gran cantidad de factores perturbadores de la convivencia, las autoridades municipales deben recurrir a estrategias promoción y organización de “territorios protectores” para todas y todos, en los cuales se prevean acciones para garantizar protección efectiva a los más vulnerables en los hogares, ámbitos instituciones (lugares de trabajo, instituciones educativas, hospitales, jardines infantiles, ancianatos, cárceles), espacios públicos (parques, calles y vías públicas, medios de transporte, escenarios para eventos masivos). También corresponde a las autoridades locales integrar redes territoriales de respuestas para la provisión de servicios de prevención social y situacional que articulen la oferta gubernamental y de organizaciones sociales, a partir de la lectura de necesidades desde las perspectivas y lógicas de las comunidades y territorios locales. De igual manera es de su resorte contribuir a restaurar la autonomía a quienes se les haya vulnerado el derecho a la seguridad, sus familias y sus entornos sociales, y también prever la sanción y rehabilitación de los responsables o victimarios. Es evidente que la mayoría de los municipios pequeños y medianos en Colombia no disponen del instrumental técnico requerido para gestionar la compleja agenda requerida para el manejo de situaciones de seguridad pública que enfrentan. Muchos tampoco tienen la capacidad organizacional ni financiera para hacerlo. Colombia es un país de régimen unitario donde desde hace cerca de 25 años está vigente un sistema descentralizado de gestión política, administrativa y fiscal. A través de este régimen se ha avanzado en el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales con mayor peso poblacional y económico, pero no así a los municipios pequeños y medianos. Naturalmente en el contexto del conflicto armado interno que vive el país, estos han sido un objetivo principal de los grupos armados al margen de la ley como vía para apropiarse de transferencias de rentas descentralizadas. En consecuencia, la gestión de la seguridad pública ha sido uno de los principales frentes de acción de las autoridades que se ha visto debilitado en municipios de mediana y baja capacidad fiscal, tanto en cuanto se refiere a la transferencia de recursos como en el desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de las administraciones locales. El actual marco institucional y normativo de gestión descentralizada en Colombia es contemporáneo con la promulgación de la Constitución Política de 1991 –C.P.–, que estableció en nuestro país un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (C.P., art.1). En el marco de los Estados federados la prevención, disuasión, persecución y sanción de diferentes tipos de infracciones a la ley corresponde a distintos niveles administrativos de gobierno. Es así como, por ejemplo, el control del tránsito y las contravenciones suele estar a cargo de los gobiernos municipales, mientras los gobiernos estatales se ocupan de delitos como hurtos, homicidios comunes, secuestros, y el gobierno federal a su vez lo hace con delitos asociados a organizaciones criminales interestatales o transnacionales como narcotráfico, tráfico de armas y la trata de personas, y delitos contra el medio ambiente, entre otros. En el caso colombiano, el carácter unitario del Estado entraña por disposición constitucional que tanto la protección como la gestión de las necesidades y demandas en relación con los derechos y libertades individuales y públicos se deben atender por medio de un régimen en el cual cohabitan una autoridad central, a cargo de la realización de un orden político, económico y social justo, y autoridades territoriales que gozan de autonomía para gobernar los asuntos políticos, fiscales y administrativos de interés dentro de sus correspondientes jurisdicciones. Particularmente, la función política de garantizar los derechos y libertades de las personas reside en cabeza del Presidente de la República, quien cumple además la función de máxima autoridad en materia de orden público a cargo de la dirección de la Fuerza Pública como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Constitución Política de Colombia –C.P.–, art. 189). De manera concordante, el texto constitucional restringe la autonomía de las entidades territoriales para el manejo del orden público, al designar a los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente en esta materia (C.P., arts. 296, 303 y 315). En cuanto a la asignación y distribución de recursos públicos, la Constitución establece que cada nueva administración territorial tiene la obligación de elaborar y adoptar su plan de desarrollo de manera concertada con el plan de desarrollo nacional, en los cuales se deberán contemplar presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública de las entidad territorial y especificar los recursos financieros requeridos para su ejecución (C.P., art. 339). También establece los Consejos Territoriales de Planeación como instancias de carácter consultivo para la discusión de los planes de desarrollo, integrados por representantes de las entidades territoriales y sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales (C. P., art.340). El análisis de la situación de seguridad urbana en el país permite apreciar las dificultades asociadas con el cumplimiento de la función pública de garantizar los derechos y libertades públicas con equidad, aún en circunstancias en las cuales las entidades territoriales disponen de amplios recursos financieros y fiscales. Una dificultad inicial radica en que para dar respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas de seguridad y convivencia urbana, las capacidades técnicas, administrativas y financieras del gobierno de escala más local no son homogéneas en todo el territorio bajo su jurisdicción. Por lo tanto normalmente la situación de partida para el nivel local de gobierno consiste en convocar el apoyo técnico, administrativo y fiscal de instancias de orden distrital (o regional) y nacional para responder con planes de acción integrada que involucren a todas las entidades y dependencias con responsabilidades misionales en relación con la seguridad y la convivencia ciudadana. En este marco la policía es apenas un elemento entre varios de los requeridos para garantizar el acceso de la población a servicios y bienes de calidad homologable y comparable a aquellos provistos en cualquier otro lugar del territorio. Con este propósito los gobiernos con frecuencia recurren a especificar en detalle las competencias legales a cargo de cada uno de los niveles administrativos de gobierno en relación con la seguridad y convivencia urbana, y sobre esa base estipulan la participación fiscal que corresponde a cada nivel para cumplir las respectivas funciones. Tal arreglo puede ser obligatorio o de carácter optativo, incorporando incentivos para que los esfuerzos de coordinación y articulación de gobiernos locales con los demás niveles administrativos de gobierno resulten recompensados. No obstante, una rígida distribución de competencias por nivel administrativo de gobierno puede restar flexibilidad a los mecanismos concurrentes a través de los cuales operan la mayoría de los arreglos descentralizados que generalmente operan sobre la base del principio que diferencia el “órgano competente” del “órgano ejecutor” en las gestión de políticas públicas. Por consiguiente en relación con la gestión descentralizada de políticas públicas, la experiencia internacional señala la conveniencia de visualizar la gestión de política pública como una “cadena de valor” que involucra a actores públicos de diversos niveles administrativos de gobierno, en la cual con anticipación se fijan tramos de competencia y tramos de ejecución a través de los cuales se garantiza la entrega a la población de bienes y la prestación de servicios de seguridad y convivencia urbana de acuerdo con parámetros homologables y comparables con aquellos establecidos para todo el territorio. La gestión de la política pública considerada como una cadena de valor se puede razonar como un proceso de concertaciones detalladas y específicas a través de las cuales se definen los acuerdos necesarios para garantizar que en cualquier ámbito territorial se brindará a la población local servicios y bienes de calidad similar, independientemente de la situación fiscal o capacidad técnica y financiera de la respectiva autoridad local de gobierno. Es decir, las cadenas de valor de seguridad y convivencia así concebidas operan con base en acuerdos instrumentales con arreglo a resultados y no a medios. Dada la posición asimétrica en la cual usualmente se encuentran las autoridades locales frente a los demás niveles de gobierno en términos de capacidades técnicas, administrativas y fiscales, conviene que de antemano se establezcan prerrogativas tasadas de acuerdo con las capacidades específicas del gobierno local, para así asegurar que los tramos de ejecución a cargo de los demás niveles administrativos de gobierno estén conectados y bajo el control del gobierno local como “órgano competente” para la entrega local de bienes y servicios con calidad y oportunidad homologables. Este marco operacional además contribuye al fortalecimiento de la autonomía local, en el entendimiento de que su propósito central consiste en desarrollar progresivamente las capacidades institucionales y organizacionales del gobierno local hasta cualificarlo para constituirse en un asociado eficaz de los demás niveles de gobierno y así aportar en el ámbito territorial de su jurisdicción a garantizar la seguridad, los derechos y las libertades públicas de conformidad con parámetros de calidad y oportunidad estandarizados. La sostenibilidad del funcionamiento y gestión de las cadenas de valor en materia de seguridad y convivencia depende entonces de desarrollar el marco normativo necesario para promover la concertación de decenas de acuerdos instrumentales y convenios entre los gobiernos locales y los demás niveles administrativos de gobierno, con base en los cuales deben regularse las condiciones específicas de cumplimiento de los distintos tramos de ejecución requeridos para la entrega de bienes y servicios acordes con parámetros estandarizados en cada jurisdicción territorial. En el caso de los municipios colombianos más pequeños cuya capacidad técnica, administrativa y fiscal para cumplir con las funciones públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana evidentemente requiere de mayor apoyo de parte de los demás niveles de gobierno, conviene explorar alternativas para robustecer el sistema de fondos territoriales de seguridad y convivencia y su articulación con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El marco de competencias y recursos con los cuales opera este sistema en la actualidad es claramente insuficiente, dada el exiguo potencial financiero de las fuentes de recursos otorgadas a dichos fondos y la restricción que esta deficiencia impone a la integración de “cadenas de valor” cuyo alcance requiere contemplar desde acciones sociales y de mejoramiento físico urbanístico integradas en estrategias de prevención social y situacional hasta servicios judiciales, penitenciarios y de supervisión pos-penal. Mecanismos complementarios como los “acuerdos instrumentales de tramos de ejecución” descritos anteriormente, también podrían contribuir a fortalecer las capacidades de gobiernos locales en el cumplimiento de su papel como “órganos competentes” ejerciendo el control activo de las condiciones operacionales observadas sobre el terreno por parte de los “órganos ejecutores”, aportando así a la consolidación de la funcionalidad y sostenibilidad los fondos territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana. Así mismo, conviene revisar las experiencias de países como Brasil y México en el desarrollo de sus sistemas de transferencia de recursos del nivel federal o nacional hacia municipios con base en convenios estructurados sobre objetivos e indicadores de estado, gestión e impacto específicos relacionados con la seguridad y convivencia, como también el régimen de acuerdos instrumentales desarrollado en Cataluña entre 1994 y 2008 en el marco del proceso de transferencia de competencias en materia del seguridad y convivencia a los gobiernos territoriales de distinto nivel. Asuntos como la reestructuración de las rentas territoriales destinadas a la financiación de la gestión de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los gobiernos locales para cumplir sus funciones como “órgano competente” en esta materia con el apoyo de los demás niveles de gobierno como “órganos ejecutores”, son recomendaciones relevantes para ser consideradas en el proceso de formulación de la política o estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana en curso. Otro aspecto clave para asegurar la fluidez tanto para la actualización de los diagnósticos y apreciaciones de situación como para la coordinación de la ejecución y supervisión de acciones definidas en los acuerdos instrumentales, es que todas las agencias y dependencias, sin que importe el nivel administrativo al cual pertenezcan, hagan uso de un mismo sistema de información y comunicación. Este es un asunto crítico para facilitar la planificación, programación, seguimiento y evaluación de la acción integrada, al igual que para el arbitramiento de recursos y responsabilidades cuando las circunstancias así lo ameriten. Otro tema a considerar es la necesidad de remediar la ausencia del poder judicial en las estructuras a través de la cual opera la coordinación de gestión de la seguridad local, principalmente en los Consejos Territoriales de Seguridad y Convivencia. La experiencia internacional señala cada vez con mayor insistencia la necesidad de involucrar en la gestión de la cadena de valor de la seguridad y convivencia a todos los actores que tengan responsabilidades misionales relacionadas con la materia. Por lo tanto en la práctica se ha vuelto convencional que en las instancias locales de seguridad convocadas por los alcaldes se reúnan jefes locales de policía y demás organismos de seguridad, así como representantes órganos judiciales como fiscales y jueces, entre otros. En el caso colombiano es evidente la ausencia de estos últimos en las instancias locales de gestión de la seguridad lo cual se convierte en un serio impedimento para la identificación y manejo de las dificultades asociadas con el funcionamiento local de la justicia y los procesos penitenciarios y pos-penal. Uno de los desafíos inmediatos que enfrentan las autoridades en el ámbito de la gestión de la seguridad urbana radica en identificar y desarrollar indicadores tanto de gestión como de resultado para hacer seguimiento y evaluar de la aplicación de las numerosas respuestas de política pública descritas en el apartado anterior, pues no todas las intervenciones descritas han sido eficaces ni han dado los mismos resultados en distintas ciudades. Igualmente es importante desarrollar indicadores para valorar la calidad de la inversión pública que destinan las autoridades locales al tema de la seguridad urbana. Esto se hace imperativo principalmente en las ciudades más grandes y con mayor capacidad fiscal, pues es allí donde por lo general se han incrementado los presupuestos destinados a programas y proyectos inversión en seguridad urbana, los cuales ameritan ser evaluados en términos de su racionalidad, efectividad y eficiencia. La información de seguimiento y evaluación que se genere al respecto será de gran utilidad para robustecer el marco local de gobernabilidad de la seguridad urbana, pues dará transparencia al manejo de recursos y robustecerá la confianza entre autoridades locales y nacionales para la coordinación de iniciativas conjuntas así como con el sector privado y las organizaciones sociales comprometidas con iniciativas público-privadas. Otra área de intervención crítica en el marco de la gobernabilidad de la seguridad urbana es el desarrollo de estrategias de comunicación pública por parte de las administraciones locales en relación con la situación de seguridad urbana y la gestión de la misma. En general las autoridades locales encuentran que el tema les representa una fuente permanente de desgaste político ante la ciudadanía, particularmente cuando suceden hechos que amenazan la tranquilidad y la estabilidad. La situación se acentúa con el tratamiento descontextualizado que con frecuencia hacen los medios de comunicación de hechos que no necesariamente representan amenazas generalizadas a la seguridad de las personas pero que en términos noticiosos resultan atractivos y justifican el despliegue desproporcionado a incidentes aislados como el de un conductor alterado que disparó su arma de fuego contra un vehículo de transporte escolar. En contraste llama la atención que delitos mucho más frecuentes como aquellos que afectan la seguridad de la familia, entre ellos, la violencia y el abuso sexual intrafamiliar, reciben escasa atención de los medios de comunicación y permanecen invisibles en las agendas públicas de gestión de la seguridad ciudadana. Lo mismo sucede con delitos operados por organizaciones criminales, como es el caso de los delitos contra la salud pública (tráfico de estupefacientes), la seguridad pública (tráfico de armas de fuego) y contra la seguridad económica (contrabando), ante los cuales las autoridades se concentran en perseguir y sancionar a los eslabones más visibles como sucede con los “jibaros” y los “sicarios”, dejando desapercibidos los eslabones más “estratégicos” como ocurre con las redes de transporte y corrupción que garantizan el abastecimiento continuado de estos mercados ilícitos. Dada las complejidades de la comunicación sobre la agenda pública de seguridad urbana y la necesidad de visibilizar factores que hasta ahora se han mantenido al margen de ésta –como es el caso de los equipamientos de donde funcionan las centrales mayoristas de abasto y su alta sensibilidad para el funcionamiento lucrativo de muchas actividades criminales urbanas en grandes ciudades– conviene desarrollar lineamientos e instrumentos de política de comunicación pública para lograr un mayor compromiso de autoridades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanía en general con el fin de dificultar la actividad criminal en contextos urbanos. En cuanto a la atención de los grupos más vulnerables a daños y subordinación por parte la criminalidad en contextos urbanos, es visible que en las principales ciudades ésta es un área de intervención central de la política de seguridad urbana, particularmente en cuanto se refiere a población desplazada, mujeres y adultos mayores víctimas de la violencia intrafamiliar y jóvenes en riesgo. Los mejores resultados en esta área se han obtenido en aquellas ciudades donde hay avances en la activación de procesos transectoriales explícitamente diseñados para proporcionar intervenciones con respuestas integrales de servicio sensibles a las demandas y necesidades específicas de cada persona y comunidad local. A la vez hay que destacar la importancia de crear condiciones propicias para la seguridad y la convivencia ciudadana a través de intervenciones de tipo situacional (como el mejoramiento del alumbrado público y del estado de aseo y conservación del espacio público), al igual que por medio de una adecuada planificación y ejecución de sistemas eficientes de transporte público, y mejora física espacios públicos y redes viales peatonales y urbanas que ofrezcan rutas bien definidas para el movimiento práctico sin comprometer la seguridad. Los centros urbanos nacionales tienen referentes importantes para ello en los programas integrales de mejoramiento de barrios basados en procesos participativos de planificación y gestión el Proyecto Sur de Convivencia en Bogotá (1998-2006) y los Programas Urbanos Integrales –PUI– en Medellín (2004 -2012). Cada una de estas experiencias representa un modelo de intervención en el cual se integran las agendas locales de seguridad urbana dentro del proceso de consolidación de vecindarios con el aporte activo de la población allí asentada por medio de proyectos específicos, los cuales han demostrado ser estrategias eficaces para disuadir la delincuencia, reducir la segregación urbana y, a la vez, facilitar el acceso a los bienes educativos, culturales, económicos y servicios de apoyo a la inclusión social. En la base de estos modelos de intervención se encuentra además la adecuada planificación y regulación de las normas de uso del suelo, instrumento que resulta clave para prevenir y mitigar los conflictos causados por usos y actividades incompatibles que, a la vez, contribuyen a reducir la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad. Ello implica fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales tanto para la planificación de intervenciones urbanas integrales como para la asignación y control de la ejecución eficiente de recursos de inversión. Dichas intervenciones también requieren incorporar el desarrollo de capacidades institucionales para promover empoderamiento comunitario y facilitar la interacción fructífera entre las organizaciones de base y las redes locales de agencias gubernamentales en torno a cuestiones como la mejora de la capacidad de los grupos y las comunidades para participar de manera significativa en la planificación, diseño, gestión, seguimiento, apropiación y conservación del producto de dichas intervenciones. Ello vigorizará la capacidad de control social informal por parte de las comunidades en los entornos urbanos y contribuirá al mejoramiento general de las relaciones comunitarias con las agencias locales de vigilancia y seguridad, entre otros. Foto tomada de www.elespectador.com

El político caldense Francisco Ferney Tapasco González, el mismo que hoy se encuentra en el centro de la polémica por cuenta del fallo judicial de un Juez Especializado de Pereira, quien le absolvió de las acusaciones que contra el cursaban por el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández, se encuentra vinculado a la actividad proselitista en su departamento desde 1973, llegando a ser uno de los jefes más importantes del liberalismo desde 1998, tanto que sus copartidarios manifestaron durante la investigación judicial que se le sigue por parapolítica, que por encima de él, sólo se reconocía la “jefatura natural” del exsenador fallecido Víctor Renán Barco. Ferney Tapasco, padre del hoy detenido exrepresentante liberal Dixon Ferney Tapasco, según las investigaciones judiciales que en su contra realizaron la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica, “fue un hombre muy cercano al frente paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en esa región. Sus nexos con la organización, dijo la Corte, eran tan antiguos que incluso fue acusado por ex miembros de las autodefensas de haber sido autor intelectual del homicidio del líder indígena y candidato a la alcaldía de Riosucio, Gabriel Ángel Cartagena, ocurrido el 8 de junio de 2003, tras una reunión que sostuvo en Medellín con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y su lugarteniente Pablo Sierra García, alias Alberto Guerrero”. Según la providencia judicial del político caldense, cuatro testigos lo señalaron como autor intelectual del homicidio del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra Hernández, ocurrido el 30 de enero de 2002, luego de que este le denunciara en sus editoriales de tener vínculos con los paramilitares de la región Pablo Hernán Sierra y alias Ernesto Báez. En una de sus declaraciones, Ernesto Báez aseguró a la Corte Suprema de Justicia que “con el asesinato del representante a la Cámara Óscar González Grisales el 18 de marzo de 2005, Ferney Tapasco debía asumir la dirección del movimiento del fallecido líder, porque así lo ordenó Víctor Renán Barco, hecho que terminaría por reordenar el mapa político de Caldas.” Según el testimonio de Báez, “en una de las reuniones que sostuvieron, el movimiento quedaría en cabeza de Enrique Emilio Ángel Barco —también condenado por sus vínculos con las Auc–. Sin embargo, el 4 de febrero de 2006, en área rural del municipio de La Merced, Tapasco se reunió con Báez y Alberto Guerrero con el fin de interceder para que los jefes “paras” le permitieran a su hijo Dixon Ferney Tapasco, hacer política en Pácora.” El exjefe paramilitar en su declaración ante el máximo tribunal de la justicia en Colombia agregó diciendo que “Entonces me dice Ferney ese día: ‘Yo no sé cómo se va a resolver este problema, porque los dirigentes liberales de Pácora acompañan es a mi hijo, no a Enrique Emilio’”; ‘Yo no quiero entrar en controversias, entonces cedo lo de Pácora’. A lo anterior se suma lo relatado por Euridice Cortés Velasco, alias Diana, quien aseguró que al impedir que la línea oficial del Partido Liberal absorbiera el ala de González Grisales, a través de Tapasco González, Ernesto Báez mantenía el control con el que aspiraba llegar al Congreso después de terminar el proceso de Justicia y Paz. En la misma declaración Báez aseguró que Francisco Ferney Tapasco le propuso que este usara su influencia para impedir que en municipios como La Dorada y Supía siguiera haciendo proselitismo Enrique Emilio Ángel, a lo cual él respondió que en esos lugares no tenía influencia, ni tampoco en Riosucio, ni en Anserma, y mucho menos en el occidente del departamento. Finalmente el excongresista fue absuelto por la justicia en fallo de primera instancia, al considerar que no existían elementos de prueba que lo responsabilizaran con el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández. La decisión judicial provocó declaraciones en contra como la de la Fundación para la Libertad de Prensa y personas cercanas al subdirector del diario La Patria, quienes se han mostrado desacuerdo con el fallo del Juez Especializado de Pereira, argumentando que en el proceso se han desconocido testimonios como los de Luis Miguel Tabares Hernández, alias Tilín jefe de sicarios de la banda la Galería, quien confesó a la Fiscalía que uno de sus hombres habían aceptado el trabajo de asesinar a Orlando Sierra y que supuestamente la persona que estaba detrás del crimen del periodista, era el exrepresentante a la Cámara Ferney Tapasco. Se espera entonces la apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Pereira para que sea el quien tome una nueva decisión, que evite según los familiares y personas cercanas a Sierra Hernández, “se abra una puerta a la impunidad”

Las ciudades habitualmente albergan diversidad de problemas incluyendo deficiencias en sus sistemas urbanos funcionales (movilidad, flujos de abastecimiento, conectividad del espacio público, etc), y en la provisión de servicios sociales (salud, educación, vivienda, servicios públicos adecuados), así como asuntos relacionados con la inseguridad y la convivencia ciudadana. Otra clase de problemas son los que los psicólogos refieren con el término “patología social urbana”, que comprenden el estrés asociado con un ritmo acelerado de la vida, la depresión, el aislamiento y la pérdida de identidad. Además de todos estos problemas, y al mismo tiempo influyendo sobre ellos, están los conflictos sociales que en los entornos urbanos alcanza niveles elevados en cantidad, diversidad y complejidad. (Gilis, 2010) Los conflictos sociales urbanos se experimentan de manera asimétrica y heterogénea porque las ciudades son altamente diferenciadas. Es decir, lo que puede sumar como una oportunidad para algunos representa con frecuencia el origen de conflictos colectivos para otros. De hecho, las ciudades y áreas metropolitanas de hoy se han convertido en importantes centros de interacción colectiva entre las clases subordinadas debido a la facilidad con la que circulan la información y los contactos en contextos urbanos, lo cual favorece la formación de nuevos «actores políticos» en representación de numerosos y diversos grupos sociales “excluidos”. En síntesis, las dinámicas urbanas de hoy no están marcados por los conflictos sociales simétricos y estructurales que caracterizan la sociedad industrial, sino por las contradicciones transversales que afectan de distintas maneras a diferentes a grupos sociales con diversos valores e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final. (Borja, 2003) En muchos casos, la violencia urbana es una situación endémica impulsada por distintos factores sociales, económicos y políticos. Comprende un amplio espectro de expresiones y formas de violencia que van desde la violencia de género, pasando por aquella basada ​​en pandillas y hasta los conflictos étnico-religiosos y el terrorismo. A diario los residentes urbanos tienen que lidiar de manera directa con asuntos como la violencia intrafamiliar, la expansión del consumo de sustancia psicoactiva, la extorsión, en ocasiones con protestas sociales y disturbios debido al hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos o fuentes legales de ingreso, así como la falta de voz para incidir sobre los asuntos públicos que los afectan al e igual que por la subordinación a “poderes de hecho” que se ejercen por medio de oscuras alianzas entre actores armados extralegales y oficiales. Por otra parte, hay ejemplos notables de conflicto armado interno o internacional, pasando por las fases agudas «guerra urbana», como en Beirut, en el Líbano, Mogadiscio, Somalia, Bagdad, en Irak, en Marjah, Afganistán, Misrata y Trípoli, en Libia, y Homs y Damasco en Siria , para nombrar sólo muestra una de casos recientes. (Moser y Horn, 2011; Koonings,2012) Muchas grandes ciudades que no son escenarios de guerra urbana sin embargo registran muertes causadas por los diferentes tipos de violencia mencionados anteriormente por encima de 1.000 víctimas mortales anuales que comúnmente se acepta como establecido como el umbral para clasificar procesos sostenidos de violencia como “conflictos armados internos de baja intensidad», tal como es el caso ciudades como Ciudad Juárez, en México, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en Honduras, en Caracas Venezuela, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Río de Janeiro, en Brasil y Cali, Medellín y Bogotá en Colombia. La verdad es que hay otros atributos además del umbral de muertes violentas que deben estar presentes para poder clasificar un episodio prolongado de violencia colectiva como un conflicto armado interno, que incluyen su ubicación en el territorio de un Estado, la participación de fuerzas armadas “oficiales” y los grupos rebeldes o disidentes al mando de la estructuras de mando responsables y estables con suficiente control sobre un territorio para permitir operaciones militares organizadas y sostenidas, al igual que el compromiso de observar y aplicar las leyes internacionales pertinentes a este tipo de conflictos. (Verri, 1998; Koonings de 2012) Sin embargo, el hecho es que en las grandes ciudades donde el alto nivel de violencia es endémico hay actores armados urbanos que buscan explotar las oportunidades económicas ilícitas y controlar el espacio físico urbano y social, mientras que las fuerzas oficiales de seguridad emplean la violencia para contrarrestar esto. Si bien esta configuración de eventos no se ajusta completamente a los atributos de un «conflicto armado interno», no puede ignorarse que tal estado de cosas puede llegar a tener efectos similares sobre los residentes urbanos en las áreas afectadas. (Koonings, 2012). A medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano, el conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de «poder difuso» en el que actores no estatales y privados juegan un papel progresivamente más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se resquebraja y se debilita. Por consiguiente, las diversas formas de violencia colectiva en entornos urbanos serán cada vez más frecuentes en el futuro debido a la creciente concentración de conflictos colectivos en las ciudades. Ver documento completo Conflictos urbanos y violencia colectiva (1)

Ver informe completo Los hechos violentos atribuidos a las bacrim en el último año en las principales ciudades del país ofrecen indicios acerca de la naturaleza de los negocios de interés para estas estructuras criminales en contextos urbanos. De igual manera, el control de áreas de cultivo ilícito y minería ilegal, así como de corredores estratégicos para el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, dinero ilícito y otras formas de contrabando, se reflejan en la lógica detrás de sus acciones violentas en zonas rurales del país. Ver documento completo Informe 2013 Bacrim Foto www.confidencialcolombia.com

Ver informe completo Se dice insistentemente por parte del gobierno nacional y del ELN que muy pronto se abrirá una mesa de negociaciones de paz. El presente texto busca dar respuesta a cuál es el estado del ELN en el 2013 ¿dónde está? ¿Cuantas acciones tuvo durante el año? ¿Ha crecido su operatividad o ha disminuido? ¿Cuál es su estructura interna? ¿Cuáles son sus fuentes de financiación? Cuál es la agenda que llevan a la mesa de conversaciones? Estas son algunas de las preguntas que trata de responderse el informe 2013 de la Fundación Paz y Reconciliación que da continuidad a los informes que año tras año realizaba la Corporación Nuevo Arco Iris. Ver documento completo Informe ELN 2013

En el convulsionado panorama minero colombiano, uno de los temas más controvertidos por las comunidades que se oponen al modelo de enclave extractivo trasnacional institucionalizado por el Código Minero vigente (Ley 685 de 2001), es el de la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado nacional. La Constitución de 1991 lo establece así en su artículo 332. La formulación no es novedosa, pues reitera el contenido básico del artículo 202 de la Constitución anterior. Ya desde 1887 la ley 38 había establecido que los propietarios de depósitos mineros de su propiedad contaban con un año para ejercer el “derecho preferente” para su exploración y explotación; quienes no lo hicieran así estarían en riesgo de perder toda clase de derechos sobre sus yacimientos. Como es natural, dicha disposición generó debates interminables acerca de si el derecho sobre minas puede extinguirse por su “no uso”, y si este derecho sería susceptible a la confiscación. Con la ley 20 de 1969 el gobierno de Lleras Restrepo buscó zanjar este escollo, estableciendo que el objeto de los derechos otorgados sobre depósitos mineros es “obtener mediante la explotación técnica y sistemática el aprovechamiento total de los respectivos yacimientos”. En consecuencia, creó un mecanismo de extinción de derechos constituidos sobre las minas por los particulares, declaró la industria minera de utilidad pública e interés social, y estableció que podrían decretarse expropiaciones allí donde fuese indispensable para habilitar la actividad normal de la minería. Hay razones de peso en favor de una política de propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovable en cabeza de Estado. El sector extractivo es una fuente de ingresos considerable para los gobiernos: hay países mineros donde entre el 25 a 30 por ciento de los ingresos fiscales dependen directamente del sector minero. En América Latina países como Venezuela, Chile, Perú y Colombia dependen del sector extractivo para generar más de la mitad del valor de sus exportaciones. Pero a la vez, la gestión pública de los ingresos que perciben los gobiernos del sector extractivo supone retos importantes. ¿Cómo manejar sus impactos en los indicadores macroeconómicos y la distribución equitativa de sus beneficios entre la población, particularmente los más pobres? ¿Cómo controlar y mitigar los efectos generados por los proyectos extractivos sobre el sistema político-institucional, los sistemas naturales de soporte y las comunidades y economías locales donde estos se asientan? Más aún, ¿cómo controlar la corrupción asociada a las decisiones públicas en relación con el otorgamiento de los derechos mineros por parte del Estado? Como ya se vio, los plazos perentorios que fija la ley cada vez que se pretende limitar los derechos de los particulares sobre las minas que han descubierto o están explotando datan de 1887, y desde entonces se han reiterado en numerosas oportunidades, la más reciente con la ley 685 de 2001 que estableció plazo hasta el 31 de diciembre de 2004 para formalizar las explotaciones mineras de hecho en el país.[1] Para muchos, se trata de un mecanismo para legalizar la extinción del derecho de prelación de mineros pobres y abrir el camino para la entrega de títulos a intereses poderosos, muchas veces encarnados en inversionistas extranjeros, tal como sucedió en el país a partir del 1 de enero de 2005 en nuestro país. Al residir los derechos sobre las riquezas naturales no renovables en cabeza del Estado, el control a su acceso se centraliza en agencias públicas del orden nacional lo cual genera incentivos perversos para que la industria busque obtener el favor de los funcionarios del más alto nivel con el propósito de mejorar condiciones de seguridad y rentabilidad de sus inversiones directas en la actividad, incluyendo beneficios y exenciones tributarias. A cambio, ofrecen a esos mismos funcionarios prebendas y privilegios dispensados a través de transferencias de dinero a “empresas fachada” constituidas en paraísos fiscales u ofertas de cargos directivos en las mismas empresas una vez esos funcionarios se retiren del gobierno. Por consiguiente, es frecuente que en esas circunstancias los funcionarios de más alto rango otorguen baja prioridad al fortalecimiento de las capacidades institucionales para regular y controlar las actividades del sector extractivo. Así, es natural que las comunidades cuestionen la conveniencia de desmembrar la propiedad superficiaria de la del subsuelo en los inmuebles que les han sido otorgados en calidad de resguardos o territorios de propiedad colectiva, sobre todo cuando las actividades mineras –y en particular, los proyectos de minería de gran escala– , no se materializan en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y las políticas públicas e instrumentos de ordenamiento y regulación territorial y ambiental tampoco logran controlar ni mitigar los efectos indeseables generados por esas actividades. No es de extrañar por lo tanto que en el presente haya cambiado la percepción positiva del objetivo de “obtener el aprovechamiento total de los yacimientos mineros del país”, que a mediados del siglo XX fuera visto como desarrollo lógico de la “función social” de la propiedad. Hoy, a principios de del siglo XXI, este mismo objetivo se considera como un atentado contra la integridad cultural de las comunidades indígenas y negras; algunas de ellas reclaman por la vía judicial que su derecho a la prelación en la explotación de los recursos mineros que se encuentran en sus territorios no debe estar subordinado al objetivo maximalista de “obtener su aprovechamiento total”; además, se niegan a aceptar que sus derechos sobre esos recursos sean susceptibles de extinción en el tiempo. En ese caso, ¿recurrirá el gobierno a decretar expropiaciones de terrenos pertenecientes a comunidades étnico-territoriales, invocando la utilidad pública e interés general de la industria minera en cabeza de empresas extranjeras a las cuales ha otorgado títulos mineros en dichos territorios? [1] El proceso de “legalización” generalmente reserva una perspectiva draconiana para la minería artesanal, pequeña y mediana. De acuerdo con la Red Colombiana de Acción Contra el Libre Comercio RECALCA, entre 2002 y 2007 se presentaron casi seis mil solicitudes de legalización de minería de hecho, y tan solo se resolvieron favorablemente cerca de cuarenta. Foto: www.eltiempo.com

Por: Redacción Pares 1 de agosto de 2012 El presidente del Congreso, Roy Barreras, le recordó al expresidente Uribe sus intentos de conversar con grupos guerrilleros en el exterior 23 de agosto de 2012 El cardenal Pedro Rubiano se pronunció sobre el hipotético proceso de paz que estaría adelantando el Gobierno con la guerrilla de las FARC y aseguró que la Iglesia Católica estaría dispuesta a colaborar. 26 de agosto de 2012 Una publicación del diario El Espectador, reveló que Sergio Jaramillo, Alto Consejero para la Seguridad Nacional, sería el encargado de empezar las negociaciones de un futuro acuerdo de paz. Según el artículo, poco después de un atentado terrorista, la guerrilla envió unos emisarios para preguntar por el tema de la paz y el mensaje del gobierno fue receptivo. “Fue entonces cuando las Farc ubicaron en La Habana al primero de sus voceros: Jaime Alberto Parra, más conocido como Mauricio Jaramillo o ‘El Médico’, educado en Cuba”. Allí se asegura que también que el ministro de Ambiente Frank Pearl está al frente de la mediación. 27 de agosto de 2012 Fuentes de alto gobierno indicaron a Caracol Radio que desde el mes de mayo, el presidente Juan Manual Santos viene dialogando con generales y coroneles de las Fuerzas Armadas, al manifestarles que por primera vez en Colombia se puede decir que hay un camino claro para terminar la guerra y construir la paz. 29 de agosto de 2012 El país entero conoce el texto del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. 4 de septiembre de 2012 Se revela el documento final firmado por el gobierno y las Farc, en donde se consignan los acuerdos sobre los puntos que se han de negociar. 4 de septiembre de 2012 En medio de un discurso ante los medios de comunicación, el Presidente Juan Manuel Santos asegura que ‘Hay una oportunidad real de terminar el conflicto armado’. 4 de Septiembre de 2012 A través de un video divulgado en rueda de prensa ante los medios de comunicación, el Comandante Supremo de las Farc alias Timochenko, confirma que el grupo armado ha tomado la decisión de dialogar con el Gobierno y asegura que «Este proceso de paz atiende al clamor de la población colombiana y que llegaran a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancia» 4 de septiembre de 2012 El presidente Juan Manuel Santos agradeció a los gobiernos de Venezuela y a Chile, por la decisión de acompañar al proceso de paz y reveló la agenda a seguir en la mesa de diálogos, dejando en claro que esta tendrá tres fases: 1. Fase exploratoria: donde se definió una agenda cerrada y unas reglas y procedimientos para evacuarla. 2. Fase de sesiones de trabajo reservadas y directas: «Será una discusión, sin interrupciones y sin intermediarios, sobre los puntos acordados para llegar al Acuerdo Final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto», afirmó el primer mandatario. 3. Implementación simultánea de todo lo acordado: con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y participación ciudadana. Durante las discusiones en la mesa diálogos se tratarían cinco puntos: 1. El desarrollo rural 2. Las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana 3. El fin mismo del conflicto armado 4. El narcotráfico 5. Los derechos de las víctimas 5 de septiembre de 2012 El presidente Santos incluye a Luis Carlos Villegas, para entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, en la mesa de negociaciones con la guerrilla de las Farc. 5 de septiembre de 2012 Los generales en retiro del Ejército Jorge Enrique Mora y de la Policía Óscar Naranjo; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Luis Carlos Villegas; el asesor en seguridad nacional Sergio Jaramillo y el ex alto comisionado de paz Frank Pearl y el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana, fueron escogidos por Juan Manuel Santos como miembros negociadores del gobierno en el proceso de paz con las Farc. 6 de septiembre de 2012 Las Farc confirman que Iván Márquez y Jairo Santrich estarán en la nómina de quienes integrarían la comisión del grupo armado en la mesa de diálogo. 23 de septiembre de 2012 La Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que Maduro confirmó la participación de su país, como acompañante, en el diálogo que iniciarían el Gobierno colombiano y las Farc el 8 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega. 27 de septiembre de 2012 Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, a través de audiencia virtual ante el Juzgado Único Penal Especializado en Valledupar dijo que respalda el proceso de paz en Colombia y que colaboraría a través de buenas propuestas para que cese la violencia en el país. 18 de octubre de 2012 Las Farc y el gobierno nacional dan inicio a las conversaciones en un acto público en la ciudad de Oslo. En medio del evento el negociador del grupo guerrillero Iván Márquez pronunció un fuerte discurso, que distaba de lo que se había acordado en el documento inicial firmado por ambas partes. 19 de noviembre de 2012 Las Farc anuncian una tregua unilateral que iría desde el martes de 20 de noviembre hasta el 20 de enero de 2013. El gobierno por su parte aseguró que no dejaría de combatirles. 23 de noviembre de 2012 A través de un comunicado las Farc pidieron al presidente de los Estados Unidos Barack Obama que indulte a ‘Simón Trinidad’ para que integre la mesa de negociaciones. Según el grupo guerrillero, un indulto a Trinidad’ sería un «innmenso aporte» del Gobierno de Estados Unidos a la paz de Colombia y un «acto de humanidad». 2 de diciembre de 2012 En entrevista para el diario cubano ‘Juventud Rebelde’, la guerrillera de las Farc Sandra Ramírez asegura que el grupo guerrillero tiene «prisioneros de guerra», por lo que mantiene la propuesta al Gobierno colombiano de canjearlos. «Sí, nosotros tenemos prisioneros de guerra y los vamos a entregar, pero que el Estado nos devuelva a los nuestros que están allí, en las prisiones» 3 de diciembre de 2012 El presidente Juan Manuel Santos fijó el mes de noviembre del 2013 como plazo máximo para que se lleve a buen término la negociación de paz con las Farc. “Esto no puede ser un proceso de años, sino de meses. Es decir, esto no debe durar más allá del año entrante, noviembre del año entrante a más tardar, diría que antes” 7 de diciembre de 2012 Las comisiones de paz de Senado y Cámara de Representantes recibieron de manos del Programa de la ONU para el Desarrollo (Pnud) las relatorías con las propuestas que ciudadanos de 9 regiones hicieron para la mesa de diálogos del Gobierno y las Farc. El documento contiene los siguientes puntos: Propuestas para el campo – Pasa por una reforma agraria que trate de manera particular a las mujeres cabeza de familia. – Seguridad y protección para las comunidades a las que les sean adjudicadas tierras. – Devolución de territorios despojados a los indígenas. – Que las explotaciones mineras no sean realizadas en su totalidad por extranjeros. – Que los campesinos tengan asistencia técnica y sean capacitados en competitividad. – Un campo con ferias agroalimentarias. – Incremento del presupuesto para el desarrollo rural y disminuir de recursos para la guerra. – Que todos los grupos armados al margen de la ley entreguen los territorios despojados. Propuesta para la erradicación de cultivos ilícitos – Crear organizaciones y agremiaciones para el cultivo de productos lícitos y así sustituir los ilícitos. – Fortalecer los productos nativos. – Poner límites al uso de químicos para el exterminio de cultivos ilícitos. – Presencia del Estado en todo el territorio con políticas económicas, sociales y culturales. – Consolidar las zonas de reserva campesina y las reservas agroalimentarias, como un mecanismo de defensa del territorio. – Creación de centros regionales de atención a drogadictos. – Acompañamiento a los jóvenes y a las familias en la construcción de alternativas laborales. – Garantizar la asistencia técnica para la producción campesina. Propuesta para la Participación Política – Prohibir que la oposición se haga por medio de las armas. – Desarrollar procesos de perdón y reconciliación con toda la población. – Derechos y garantías políticas para los desmovilizados, sin estigmatización. – Todas las mesas exigen la participación de la mujer en la mesa de La Habana. – Que se descriminalice la protesta y que el Código de Policía tenga un énfasis ciudadano y no punitivo. – Reconocimiento del campesino y las campesinas como sujeto político. – No olvidar el genocidio de la Unión Patriótica y los crímenes de Estado. 7 de diciembre de 2012 El subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Mike Hammer, en una rueda de prensa dio respuesta negativa a la solicitud hecha por las Farc de otorgar indulto a Simón Trinidad, preso en cárcel de Estados Unidos. «Simón Trinidad cometió crímenes y va a seguir encarcelado», aseguró el funcionario norteamericano. 18 de diciembre de 2012 Con el ánimo de discutir el modelo agrario en Colombia, se planea foro sobre tierras al que el sector ganadero se niega a asistir. 21 de diciembre de 2012 Conversaciones de Paz en la Habana – Cuba entran en receso por festividades de fin de año. Las partes acuerdan retomar agenda el 14 de enero de 2013. 28 de diciembre de 2012 Información del Ejército Nacional y la Policía da cuenta de ataques de las Farc durante el período en que duraría la tregua unilateral que días atrás había anunciado el grupo armado. Según las cuentas de estas dos instituciones murieron 4 soldados y 33 más han resultaron heridos producto de ataques con campos minados y francotiradores. Sin embargo, un balance elaborado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, destacó que los ataques de la guerrilla se han redujeron en un 70 por ciento desde el anuncio de cese de fuegos unilateral hasta el 20 de enero. 14 de enero de 2013 Mediante un comunicado las Farc dan a conocer un documento con diez propuestas para un eventual modelo de desarrollo rural, en donde insisten en la redistribución de la propiedad y no hablan de la erradicación del latifundio per se, sino del que sea «improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso». 15 de enero de 2013 El entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo defendió la ley de tierras del gobierno nacional y la intención de presentar un proyecto de desarrollo rural a consideración del legislativo, evitando pronunciarse evitó pronunciarse sobre la propuesta de las Farc de una reforma para el campo compuesta por 10 puntos y que dieron a conocer desde La Habana. 27 de enero de 2013 Policía responsabiliza a la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc del secuestro de dos policías en inmediaciones de las poblaciones de Florida y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca. 31 de enero de 2013 Las Farc en La Habana negaron tener información sobre dos policías secuestrados en el Valle del Cauca. «No tenemos hasta ahora ningún reporte oficial en torno al hecho, si son o no son las Farc», declaró a la prensa el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, momentos antes de retomar las negociaciones luego de un receso de seis días. 31 de enero de 2013 En una operación de la Policía y de las Fuerzas Militares en el Nudo del Paramillo entre Antioquia y Córdoba, cayó muerto alias ‘Jacobo Arango’, por quien el Gobierno ofrecía una recompensa de 400 millones de pesos. ‘Arango’, quien es identificado como Luis Carlos Durango, lleva 37 años en esta guerrilla y es considerado uno de los hombres más cercanos de ‘Iván Márquez’. 31 de enero de 2013 Enrique Santos, hermano del primer mandatario se mostró preocupado y dijo que «Llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto (el agrícola). La sensación de que esto es algo distinto, se podría evaporar. Se podría pasar de la indiferencia a la hostilidad, y si no hay progreso eso podría asfixiar el proceso». 1 de febrero de 2013 Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno al reiniciar los diálogos de paz en La Habana, fue enfático al señalar que no se van a dejar presionar. 4 de febrero de 2013 El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que un eventual acuerdo de paz con las Farc no se puede sacrificar la justicia y agregó que, “quienes tengan condenas no pueden participar en política”. 6 de febrero de 2013 Las Farc presentaron e un documento con su propuesta de ocho puntos para el uso de la tierra, donde proponen legalizar la marihuana, amapola y la coca. 3 de marzo de 2013 Un grupo de congresistas, Roy Barreras, Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, Alfonso Prada y Guillermo Rivera viaja a La Habana para reunirse con los líderes de las Farc. 11 de marzo de 2013 Inicia el ciclo número siete de diálogos en La Habana, Cuba. 18 de marzo de 2013 El presidente Juan Manuel Santos reitera la fecha del fin del proceso de paz con las Farc. 25 de marzo de 2013 El presidente de Venezuela Nicolás Maduro reitera el apoyo de su país al proceso de paz entre el gobierno y las Farc. 5 de abril de 2013 Humberto de la Calle anuncia que las Farc tendrán que reparar a las familias de las víctimas de las minas antipersonal. 7 de abril de 2013 Al grupo de negociadores de las Farc se unen ‘Victoria Sandino Palmera’, ‘Freddy González’ y ‘Lucas Carvajal’. 3 de mayo de 2013 Termina el octavo ciclo de negociaciones en La Habana y el presidente Santos invita a las Farc a cambiar las balas por votos, a lo que las Farc responden asegurando que 3 de mayo de 2013. Las Farc dicen que, “el que debe pedir perdón es el Estado.” 26 de mayo de 2013 El Gobierno y las Farc logran llegar a un acuerdo sobre política agraria integral… los países garantes opinan sobre el proceso. 28 de mayo de 2013 El presidente Santos explicó los cuatro pilares de la reforma rural integral. El senador Juan Fernando Cristo dice que la paz se podría firmar entre septiembre y octubre. 22 de junio de 2013 Gobierno y Farc entregaron el primer informe tras siete meses de diálogos. 2 julio de 2013 Se inicia discusión del segundo punto de la agenda “Participación política”. 3 de julio de 2013 Las Farc piden al Gobierno iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN 6 de julio de 2013 El ELN responde a las Farc ratificando sus intenciones de estar en diálogo de paz con el gobierno. 18 de julio de 2013 Comienza el ciclo número 12 de las conversaciones de paz que terminaría el 12 de agosto. 9 agosto de 2013 Las Farc proponen curules directas para la guerrilla una vez se firme el proceso de paz. 20 de agosto de 2013 Los negociadores de las Farc en Cuba admiten que han dejado dolor y víctimas en medio de la confrontación armada. 22 de agosto de 2013 El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno nacional presentaría una ley estatutaria con mensaje de urgencia al Congreso de la república, para que en el caso de ser aprobado un acuerdo de paz, se pueda consultar a los ciudadanos si están o no de acuerdo. 23 de agosto de 2013 Las Farc se levantan temporalmente de la mesa de diálogos para estudiar referendo. El mismo día el presidente Juan Manuel Santos le ordena a los negociadores de paz del gobierno volver a Colombia. 26 de agosto de 2013 Las delegaciones de paz vuelven a la mesa para continuar con el diálogo. 4 de septiembre de 2013 Las Farc pidieron que una comisión del Congreso se traslade a Cuba para evaluar los distintos mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz, diferentes al referendo. 8 de septiembre de 2013 Se reanudan diálogos con meta de tomar decisiones en el ciclo número catorce de los diálogos de paz que finalizaría el 19 de septiembre. 10 de septiembre de 2013 Las Farc presentaron nueve propuestas sobre participación política, mientras que la Procuraduría abrió una investigación preliminar por viajes de congresistas a La Habana sin permiso del gobierno nacional. 24 de septiembre de 2013 El presidente Juan Manuel Santos en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas hace un llamado a las Farc. 25 de septiembre de 2013 El jefe máximo de las Farc alías “Timochenko” a través de un comunicado amenaza con romper la confidencialidad del proceso de paz. 26 de septiembre de 2013 El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle le responde a alías “Timochenko” sobre su amenaza de romper con la confidencialidad de los diálogos de paz. 27 de septiembre de 2013 «Alias «Timochenko» reconsideró revelar las negociaciones confidenciales, mientras que el presidente Juan Manuel Santos indicó que “no se le debe parar bolas”. 3 de octubre de 2013 Se inicia el ciclo número quince de negociaciones entre el gobierno y las Farc. 12 de octubre de 2013 El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hace un llamado para que las Farc agilicen el trámite de los acuerdos. 13 de octubre de 2013 Durante la presentación del balance del cierre del ciclo, la guerrilla, a la cabeza de Iván Márquez, arremetió contra el pronunciamiento que hizo el jefe negociador del gobierno, Humberto De la Calle el día anterior. 20 de octubre de 2013 En el marco de la cumbre iberoamericana en Panamá el presidente Juan Manuel Santos admitió que el proceso de paz no terminaría en el mes de noviembre. ​23 de octubre de 2013 Alias “Timochenko” culpó al presidente y a su intensión de reelegirse por entorpecer el proceso. 31 de octubre de 2013 Humberto de la Calle anunció que el ciclo se prolongaría hasta el lunes 4 de noviembre para lograr concretar acuerdos. 4 de noviembre de 2013 El director del Centro de Pensamiento Colombia Primero revela fotos de los delegados de las Farc descansando en un yate, provocando una polémica en el escenario político nacional. 4 de noviembre de 2013 Las Farc confirman las fotos de sus delegados descansando en un yate, y su negociador Rodrigo Granda, asegura que «un guerrillero tiene derecho a descansar». 6 de noviembre de 2013 Las delegaciones de las Farc y el gobierno dan a conocer el acuerdo al que se llegó en la mesa de negociaciones. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, asegura que el acuerdo busca que la política quede libre de la violencia. 26 de noviembre de 2013 Tras la salida de Luis Carlos Villegas del equipo negociador en La Habana, Cuba, el presidente Juan Manuel Santos incluye en el equipo negociador a Nigeria Rentería y María Paulina Riveras. 28 de noviembre de 2013 Comienza un nuevo ciclo de negociaciones en Cuba. A partir de este punto se analizará el fenómeno del narcotráfico como tercer punto de la agenda negociadora. La delegación oficial no hizo declaraciones en esta jornada, pero su jefe, Humberto de la Calle, dijo en Bogotá que el gobierno de Juan Manuel Santos aspira a poner fin al cultivo de la coca. 8 de diciembre de 2013 Las FARC anunciaron una tregua unilateral que se extendería durante la temporada navideña

Agente alemán ayuda al gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 -1998) Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el agente alemán Werner Mauss fue llamado  por su país de origen para recibir una nueva misión. Esta  consistía en ayudar en la facilitación  con la cúpula del Eln para  unas posibles negociaciones de paz. Es entonces cuando el 8 de noviembre de 1995, Mauss se reúne con los comandantes guerrilleros del Eln, alias «Antonio García» y Nicolás Bautista alias «Gabino». Luego de  terminar su tarea en Colombia, el agente regresa  a Alemania con documentos en los que los comandantes del Eln pedían coordinar un viaje a Europa para ellos y visitar varios países. A principios de 1996, Antonio García y 18 guerrilleros más del Eln viajaron a Europa con una autorización especial, en un tour que duró  cerca de seis meses y en el que visitaron los países de España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos y Noruega. En Italia, aprovecharon para visitar El Vaticano donde el plan de paz recibió la bendición de la iglesia católica. A mediados de abril de 1996, Wernes Mauss  regresa a Colombia para dar informe al gobierno Samper sobre los avances. El gobierno alemán quería incluir el narcotráfico en la agenda del plan de paz, a lo cual el gobierno estadounidense se opuso. Werner Mauss es arrestado en Colombia Cuando se disponían a abordar una avioneta en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro, Werner Mauss y su esposa Micaela fueron arrestados por el Comando Anti-Extorsión y Secuestro (CAES) de la Policía Nacional. El motivo de la captura fue su regreso  al país  para negociar sin la previa  autorización del Estado,  el rescate de la ciudadana alemana Brigitte Schonne, esposa del presidente de la empresa BASF en Colombia. Los esposos fueron puestos tras las rejas y la negociación con el Eln no progresó. Reunión en España En febrero de 1998, el Eln firmó el borrador de un acuerdo con el gobierno Samper,  en el que detallaban el proceso para la Convención Nacional. El documento nunca fue ratificado por que para ese entonces sucedió un hecho inesperado, la muerte natural de alias «El Cura Pérez» entonces jefe del Eln  una semana después de que esta guerrilla se comprometiera a buscar la paz en un preacuerdo firmado en el Palacio de Viana en Madrid. Reunión en Maguncia Luego de que  Werner Mauss y su esposa Isabel Seidel fueran absueltos por la justicia colombiana por su mediación en la liberación de Brigitte Schoene, se  reiniciaron los  contactos con el Comando Central (COCE)  para discutir las bases del acuerdo de Puerta del Cielo, que se dio en Maguncia – Alemania, el 12 de julio de 1998 con la participación de los comandantes guerrilleros alias Pablo Beltrán y alias Oscar Santos. En estas  reuniones participaron integrantes de una comisión representativa de la sociedad civil colombiana, junto con los miembros del COCE y el equipo negociador del gobierno Samper. Este  acuerdo contemplaba el desarrollo de la propuesta de la Convención Nacional, con los que gran parte de la  opinión pública no estuvo de acuerdo. Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998 -2002) Reunión en Ginebra El 9 de marzo 2000, el Eln congeló los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana. Sin embargo, las conversaciones se reanudaron el 27 de junio del mismo año en Ginebra, Suiza tras el encuentro entre los miembros de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil, algunos de  los altos mandos militares, comandados por los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora en Bogotá. En la  reunión se acordó avanzar en los diálogos de paz, además de un posible encuentro entre el Presidente Andrés Pastrana y el jefe político del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», en donde se tratara la posibilidad de autorizar una “zona de encuentro”. Reunión en Caracas Eln y gobierno sostienen varias  reuniones en Caracas, entre el 24 y el 28 de julio de 2001. En ellas  acordaron no discutir públicamente los temas tratados en la reunión. Zona de Despeje para el Eln Eln logra acordar con el gobierno de Andrés  Pastrana dar  inicio a los  diálogos de paz  en una zona desmilitarizada del sur de Bolívar,  en el territorio comprendido entre  los municipios de San Pablo y Cantagallo, acuerdo que encuentra oposición entre  los pobladores,  líderes de la región,  gobernadores departamentales y  alcaldes municipales, que temían que el Eln llegara a promover la violencia en la zona. Más adelante se sabría qué tal oposición fue fraguada con  los paramilitares de la región. Secuestro de empleados de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) En abril de 2001 el Eln secuestró a 34 trabajadores de la multinacional petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en el departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Días más tarde Alias «Pablo Beltrán» transmitió un comunicado en el que aseguró que el secuestro lo hicieron porque Pastrana no había cumplido con el compromiso de ordenar la desmilitarización de una zona en el sur del departamento de Bolívar y por los conflictos entre las comunidades indígenas y la petrolera Oxy. También reveló que el Eln había decidido «suspender indefinidamente los acercamientos con el gobierno del presidente Andrés Pastrana» que buscaban dar inicio al proceso de paz. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010) Acercamientos El 4 de septiembre de 2002, el Eln emitió un comunicado en el que aseguraba estar «dispuesto a seguir en la búsqueda de un proceso de paz duradero», y critica las  medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe como la conmoción interior. El 30 de septiembre de 2002, el comandante guerrillero del Eln, alias «Ramiro Vargas» confirma que han habido algunos «contactos exploratorios» con el gobierno de  Álvaro Uribe para analizar las posibilidades para  unos diálogo de paz. Más adelante,   el 26 de noviembre del mismo año, el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo se reúne en Itagüí con los voceros del Eln, alias «Francisco Galán» y «Felipe Torres» para buscar una salida negociada al conflicto. Negociaciones en Cuba Durante los primeros meses del gobierno  Uribe, se hicieron  esfuerzos para iniciar un proceso de paz con el Eln, que se desarrollarían inicialmente en Cuba. Propuesta de pago al Eln para No secuestrar El presidente Álvaro Uribe planteó la posibilidad de pagarle al Eln a cambio de no secuestrar. La idea generó polémica en el escenario político nacional. Facilitación mexicana Tras una visita  del presidente Uribe a México en mayo de 2004, se acordó la facilitación con el gobierno del presidente Vicente Fox, exigiéndole al Eln un cese de hostilidades previo al inicio de los diálogos. Declaraciones de Francisco Galán En  junio de 2004, el Gobierno Nacional autorizó  la salida de  Francisco Galán de la cárcel de Itagüí, para que este  participara en el «Foro Internacional sobre Minas Antipersonales y Acuerdos Humanitarios». En el evento, Galán mostró su interés en que se iniciaran  los diálogos de paz  con el gobierno de Uribe, mostrándose a favor  en temas como el «Acuerdo Humanitario», con un «cese al  fuego bilateral», desminar zonas con  minas antipersona y liberación de guerrilleros presos del Eln. Propuesta de negociación formal Sin proponer  fecha alguna para dar  inicio formal a negociaciones con el gobierno nacional, el Eln anuncia su intención  de dialogar. Negociaciones en Caracas (2007) El 15 de noviembre de 2007, el presidente Chávez intercedió en una reunión entre el Segundo jefe del Eln, alias «Antonio García» y el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo. La finalidad de la cita  era allanar caminos para  destrabar los contactos entre el gobierno colombiano y el ELN, suspendidos desde diciembre de 2005 en La Habana – Cuba. Fin de los diálogos Después de un fallido proceso de acercamiento que duró alrededor de  26 meses con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, el Eln se asocia en los departamentos de Cauca y Nariño con miembros de la bacrim, según organismos de inteligencia. Alianzas por conveniencia El 19 de enero de 2009, la Revista Semana, publica unas grabaciones telefónicas interceptadas por la Fiscalía General de la Nación entre altos mandos militares en el departamento del Arauca,  sosteniendo conversaciones con mandos medios guerrilleros de la columna «Marta Elena Barón», del Frente «Domingo Laín» del Eln.  En las conversaciones se escucha a  guerrilleros y militares  intercambiar información para atacar a la guerrilla de las FARC. Las revelaciones generaron un escándalo al interior de las Fuerzas Militares. #procesosdepazconelELN #DiálogosdepazconelELN #ProcesodePaz #ELN #ReuniónenGinebra