Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: La Republica y Radio Nacional de Colombia En lo que va corrido del siglo XXI el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 documentos en donde se advertía sobre los riesgos que podría correr la comunidad araucana ante la presencia de grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares. Pocas veces se hizo algo. Impotentes se tuvo que aceptar masacres como la ocurrida en el 2019 donde fueron asesinadas 27 personas en una de las disputas entre grupos guerrilleros en este departamento. El olvido ha sido una constante en estos llanos. En 1963 el entonces presidente Guillermo León Valencia, quien pasaría a la historia no sólo por sus poemas sino por decisiones discutidas como bombardear a mansalva a las guerrillas liberales asentadas en Marquetalia, ordena, a través del INCORA y financiado por el Banco Mundial, ubicar a 5 mil familias de varios departamentos en cien mil hectáreas del Sarare. Esta es una zona selvática que unió a los llanos con Norte de Santander. El Estado volvió a brillar por su ausencia. La reubicación no estuvo sostenida por una adecuada infraestructura. Los campesinos venían de Norte de Santander, sobre todo, y de otros departamentos como el Valle, Tolima y Cundinamarca y fueron dejados en este lugar a su propio arbitrio. Eran campesinos que venían huyendo de la violencia bipartidista, tal y como lo explican en su libro Los retos del posconflicto: justicia, seguridad y mercados ilegales, los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Con el tiempo el gobierno sólo les aseguraría la reubicación y poco a poco los fue soltando de la cuerda. “Entre los colonos se encontraban los hombres que crearían el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln”. Los campesinos esperaban rehacer sus vidas. Recibieron préstamos de la Caja Agraria y herramientas para defenderse y levantar sus casas en este lugar inhóspito. Eran préstamos leoninos, en donde les descontaban plata a los campesinos de entrada. Las familias tenían que abrirse paso en esas tierras a punta de machete, incluso, como narra el artículo Fronteras calientes, Arauca y el frente Domingo Laín escrito por la fundación Nuevo Arco Iris, estas familias tenían que pagarle a los Cadeneros, baquianos expertos en abrir trocha quienes los guiaban 80, 90 kilómetros selva adentro, desafiando ríos crecidos, derrumbes que cobraron la vida de muchos colonos, para poder disfrutar de los que el Estado “les había regalado”. Cuando llegaban al lugar sentían la desazón de los campesinos del cuento de Rulfo Nos han dado la tierra. Tanto desgaste, tanto esfuerzo para nada. La cercanía con la frontera y la riqueza de esta tierra han hecho que las guerrillas de las FARC y el ELN pasten en Arauca desde la década del setenta. Sin embargo fue la presencia del Domingo Laín la que afincaría y aseguraría el terreno para el Ejercito de Liberación Nacional en este departamento. La primera vez que se escuchó sobre las acciones de este frente fue en 1980 cuando hicieron la toma en el corregimiento de Beyotes, en zona rural de Tame. Mataron en esa acción armada a cinco policías. El Domingo Laín estaba integrado por campesinos como Raymundo Cruz, quien llegó al Sarare en 1965 con la experiencia de estar durante dos años en Cuba, allí conoció a los líderes que después conformarían el ELN. Les fue fácil organizarse en ese lugar a donde los envió un gobierno que buscaba olvidarse de ellos. Sesenta años después el ELN y las FARC azotan al departamento de Arauca valiéndose de sus corredores fronterizos por donde pasan coca, fusiles y contrabando, además de gasolina. Ninguna de las respuestas que ha tenido gobierno alguno han sido efectivas. Uno de los periodistas con más experiencia en ese departamento, Nelson Freddy Padilla, cuenta que en 1989, mientras era corresponsal de Colprensa, cuenta el vacuo entusiasmo de un coronel del Ejército Nacional llamado Fernando González Muñoz, mostrando los “resultados operacionales” que indicaban, según el oficial, una intendencia “que ha sido garantía de estabilidad y seguridad gracias al respaldo de la comunidad araucana”. Este optimismo no se reflejaba en la realidad. En las ciudades podría mandar el ejército pero los elenos eran los dueños de las zonas rurales. Arauca es uno de los lugares más ricos del país. Según la revista Cambio Arauca ha recibido, entre los años 1986 y el 2021, 4.2 billones de pesos sólo en renta petrolera. Pero la corrupción no puede ser más galopante. Las calles de pueblos como Tame y Saravena están destapadas. No hay esperanza entre sus habitantes. La clase dirigente ha saqueado hasta eso. El 8 de noviembre del 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a una pena de seis años de cárcel por la mala ejecución de un contrato. También en el 2023 la Fiscalía acusó por presunta corrupción a otro ex gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Según la W Radio el mandatario “al parecer influyó para beneficiar a una sola empresa con un contrato de 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era hacer la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”. A pesar de las regalías del petróleo Arauca no ha contado con servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas que viven en la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos. El saqueo del Programa de Alimentación Escolar ha atentado directamente contra los niños de Arauca. El ELN ha sido un tormento. Entre sus crímenes se encuentran el asesinato el 2 de octubre de 1989 del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en una zanja en el camino que comunica al municipio de Arauquita. Sus continuos atentados al oleoducto Cañó Limón Coveñas -descubierto en 1983- , ha dejado incalculables daños ambientales. El ELN ha sido un tormento, pero por supuesto que no ha sido el único. Tal y como lo cuenta Nelson Freddy Padilla en un artículo publicado en El Espectador “Aparte de los crímenes de las guerrillas, incluidos permanentes asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de pobladores, estos teatros de guerra han causado catástrofes como la ocurrida el 13 de diciembre de 1998 a raíz de combates entre las Farc y las Fuerzas Militares en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, que causaron la muerte de 17 personas, incluidos seis niños, por acción de seis bombas que cayeron sobre la población civil. El resultado de una operación aerotransportada en la que participaron militares estadounidenses con el respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano ante violaciones al derecho internacional humanitario”. La llegada de los paramilitares a comienzos de este siglo disparó aún más la violencia. Las masacres se cuentan por racimos. La situación es más compleja con la cercanía de Venezuela. Sus fronteras difusas se han prestado para que las guerrillas se replieguen a esta zona, sin que necesariamente haya contado con apoyo explícito de un gobierno en particular. El olvido en que el estado colombiano ha sumergido a Arauca es una de las razones por las que la guerra en ese departamento sea eterna. Por eso se hace tan imperioso una salida negociada, una paz total que garantice los principales derechos a esta martirizada población. A mediados de febrero la Fundación Paz y reconciliación, a través de su línea de Paz Territorial y Derechos Humanos publicará un informe sobre este departamento.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Colombia Pural y Infobae El 2 de octubre del 2022 Shottas y Espartanos, las dos bandas que controlan la extorsión, el microtráfico y la delincuencia en el puerto de Buenaventura, sellaron su intento de tregua dándose la mano en un partido de fútbol. Desde que La Local, la temible banda que azotó al Puerto se dispersó en el 2020, Shottas y Espartanos, cabezas de la hidra, fueron tomando fuerza de manera independiente. En los dos últimos años en los que Iván Duque fue presidente, se encarnizaron en una guerra que modificó incluso los horarios de ir a estudiar de los muchachos. Tenían que pensar muy bien hasta en qué ropa se podían poner. Como si hicieran parte de equipos plenamente definidos, un color mal escogido en una calle equivocada podría provocar la muerte. Uno de los barrios que más ha vivido el horror es Miramar en plena comuna 5. El estrés de una bala, de un atraco, de la muerte en la calle lo cambió todo. No se necesitaba pertenecer a una de las dos bandas sino estar, vivir, vestir. Y ellos no tienen nada de qué avergonzarse, los palafitos donde viven fueron construidos por sus propias manos. En estas casas los Espartanos, quienes querían quedarse con todo el negocio, se empezó a torturar gente. ¿Recuerdan que en los noticieros del país se empezó a hablar de Casas de Pique? Miramar las tenía. Miramar era un territorio de los Espartanos, quienes convertían en un objetivo de muerte a todo aquel sospechoso de ayudar a los odiados Shottas. La traición de Fidel y Julito, bastiones de los Espartanos, quienes decidieron dar el bandazo y pasarse a la pandilla rival, abrió heridas en una guerra demencial.  El único camino para curarse era sentarse a dialogar. No era fácil. Las buenas intenciones no bastan. Una tierra arrasada por capos como Diego Optra, Mapaya, y el mismo olvido de un país, no daba espacio para la esperanza. Al gobierno Petro y algunas autoridades de la zona como el obispo de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo -quien, ahogado por la guerra en el puerto sugirió en el 2019 hacer llover agua bendita sobre esa ciudad- hicieron que ese 2 de octubre del 2022 la pasión del fútbol y algunas promesas de ayudas sociales y económicas para atajar el desastre, podrían dar algún espacio a la esperanza. Buenaventura, que en el año 2021 alcanzó los 61 homicidios por cada 100 mil habitantes, duró 37 días sin un muerto. Pero el proceso vivió una crisis. En abril del 2023 la oficina de la Fundación Paz y Reconciliación en el Pacífico alertó sobre este problema. La desaparición, tortura y asesinato de alias Súper, quien formaba parte de los voceros de los Shottas para sentarse a hablar con el gobierno, recrudeció la violencia. En un reporte de la oficina Pares se afirmaba: “Los habitantes de las comunas 7, 10 y 12 han reportado balaceras tanto en la noche como a plena luz del día. En medio de esta zozobra, se han completado ya cinco días y se han reportado un par de homicidios. Además, se han conocido videos compartidos en redes sociales de sujetos patrullando las calles con armas de fuego de alto alcance, como fusiles y subametralladoras.” Pero en agosto del 2023 se volvió a la tregua. Gracias a esto se ha descendido en un 70% los hechos de violencia en el puerto. La buena noticia es que la tregua entre las dos bandas se extendió hasta el 5 de mayo.  Alejandro Ocampo, Representante a la Cámara y jefe de la delegación nacional en la mesa de diálogo “Las estructuras Shottas y Espartanos han demostrado su voluntad de paz, su capacidad y compromiso para reducir esas violencias. Muestra de ello son las cifras oficiales”. Los tres ejes temáticos de la conversación serán: Protección de la vida, las condiciones del tránsito al Estado social de derecho a los miembros de las estructuras, la superación de las causas de la violencia y las garantías de no repetición. Eventos como el torneo de Microfútbol “Fútbol en paz”, del que participan 113 equipos, ayudan a que las heridas en el puerto por fin se cierren. Darse la mano en una cancha de fútbol puede ser el camino a una paz total.

Por: Redacción-Pares Fotos tomadas de: El Diario y Voz de América La barba no dejaba ninguna duda. Existía un interés marcado por parte de Jaime Andrés Beltrán, el pastor de la iglesia Ministerio Evangelístico Camino de la Libertad que se convirtió en el nuevo alcalde de Bucaramanga, por parecerse a su ídolo, Nayib Bukele. Su campaña se basó en eso, en repetir los preceptos que, según la derecha colombiana, catapultó al salvadoreño como el presidente a seguir en América Latina. Beltrán, aunque llegó a la alcaldía coavalado por Dilian Francisca Toro y su partido de la U, además del partido cristiano Colombia Justa y Libre, tenía el apoyo soterrado del clan Aguilar, tan poderoso en Santander a pesar de los escándalos y de Álvaro Uribe Vélez. Son cada vez más los uribistas que abrazan la causa de Bukele con fervor, sin tapujos, a los gritos. En su campaña Beltrán propuso la creación de un centro carcelario para la gente que no haya sido condenada, además de hacer consejos de seguridad constantemente. Su político antidrogas es tajante. Hasta el 15 de enero la administración del Pastor-Alcalde había puesto 350 multas por consumo de marihuana en los parques de la ciudad. Dentro del Centro Democrático no se esconde el entusiasmo que despierta un presidente que fue reelegido con el 85% de la votación, que ha reducido la delincuencia a sus mínimas proporciones pero que sus maneras han llevado a ese país a una verdadera crisis en materia de derechos humanos, tanto es así que el gobierno alemán este lunes 5 de febrero, un día después de las elecciones, felicitó a Bukele pero le recordó en un comunicado las continuas quejas que se presentan por los abusos a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha recogido en un documental los testimonios de víctimas de este gobierno. Según Amnistía Internacional se reemplazó en el Salvador la violencia de los Maras, las temibles pandillas callejeras por una violencia estatal. Grupos LGBTIQ+, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres, la prensa libre y los críticos del presidente han vivido en carne propia la represión. Se habla que las condiciones en las cárceles son de tortura, inhumanas. Las imágenes de presos humillados, arrodillados, casi desnudos ha sido una razón para que el uribismo en pleno pida replicar el modelo en Colombia. En marzo del 2023 el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui viajó a El Salvador, habló personalmente con Bukele y lo invitó al país a pesar de la relación tirante que este mandatario tiene con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Uscátegui invitó a Bukele a un evento que se realizó en octubre del año pasado y que llamó Cumbre de Patriotas. Desde el 2019, fecha en que Bukele arrancó como presidente, se han realizado en El Salvador 76.000 detenciones lo que ha disparado el número de encarcelados en ese país a 102.000 personas. La tasa de hacinamiento subió al 236%. Es decir, con estos números el 2% de los habitantes de El Salvador está en la cárcel. Sin embargo los salvadoreños han dejado aún lado estos datos para abrazar una causa que les promete vivir en un país sin la violencia de las pandillas. En Colombia, en una encuesta realizada en julio del 2023 por Datexco, el 53% afirmó querer un presidente como Bukele. El estridente congresista Jota Pe Hernández, afirmó en su cuenta de X, pocas horas después de la reelección del salvadoreño que Colombia “necesita un presidente como Bukele, alguien con pantalones, que no tenga piedad con los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los derechos de los delincuentes”. Para Isaac Morales, Coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Bukele “es un dictadorzuelo moderno”. La razón de su éxito en El Salvador y la admiración que despierta en una parte de Colombia es su modelo “Securitista” El costo de querer resultados inmediatos en materia de seguridad ha sido alto “Ser reelegido es cuestionable, hay que tener en cuenta que ha modificado sin escrúpulos la constitución”.  Lo que no se cuenta en la prensa del Salvador es la investigación que se le seguía a los hermanos de Bukele. Sus nombres figuran en un expediente llamado “Catedral”, como sospechosos de ejecutar el pacto con pandillas MS13 y Barrio 18. La investigación fue desactivada por el propio Bukele. Según Morales se ha olvidado que el presidente del Salvador “pertenece a un clan”. La influencia que tiene Nayib Bukele en todo el continente alerta sobre un posible sunami de la derecha. Las violaciones de derechos humanos, para sus admiradores, importan poco.

Por: Katerin Erazo, periodista Fotos tomadas de: El Tiempo y Radio Nacional En un fallo sin precedentes que ha conmocionado a la sociedad santandereana, un juez penal especializado de Bucaramanga dictaminó una condena de 20 años y nueve meses de prisión para Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander. La sentencia, derivada de su participación en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, quienes eran entregados a grupos paramilitares, marca, tal vez, el cierre de un oscuro capítulo en la educación y la violencia en Colombia. Los hechos, que se remontan a los años 2001-2003, revelan una realidad aberrante en la que la educación se entrelaza con la violencia armada. Gutiérrez de Moreno fue declarada culpable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Estos crímenes atroces se perpetraron en connivencia con cabecillas del frente Comunero Cacique Guanentá de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). acreditó en juicio que Gutiérrez de Moreno no solo permitió, sino que facilitó el abuso sexual sistemático de estudiantes. Entre 2001 y 2003, algunas de las jóvenes que estudiaban bajo su dirección fueron víctimas de los cabecillas paramilitares. Los testimonios de exparamilitares ante un fiscal de Justicia y Paz llevaron a la acusación, revelando que la exrectora propició el reclutamiento forzado y colaboró para que las niñas fueran sometidas sexualmente por los miembros del frente Comunero Cacique Guanentá. La investigación también desentrañó detalles impactantes. Los estudiantes, al finalizar las clases, eran obligados a prestar guardia o patrullar en el corregimiento de Riachuelos, en Santander. La exrectora permitió que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio. Su casa se utilizaba para encuentros, ya que solo un muro separaba la vivienda del plantel educativo. La Fiscalía identificó al menos dos víctimas que permanecieron encerradas durante prolongados periodos, soportando los vejámenes de los jefes paramilitares conocidos como Víctor, Carlos, Nariz, Chirrete, Silvestre y Shuster. "Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias debido a que la población era muy pequeña y temía por su vida", indicó la Fiscalía. José Danilo Moreno Camelo, conocido como ‘Alfonso’, desempeñó el cargo de comandante general del Frente Comuneros Cacique Guanentá desde su inicio en el año 2000 hasta su desmovilización a mediados de 2003 en el nordeste de Antioquia. Sin embargo, fue bajo la dirección de Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, el segundo comandante militar de esta agrupación que operó en Riachuelo, cuando su subordinado William Parra Arroyave, alias ‘Diego Armando o Chuster’, jefe de la escuela de formación, se involucró en actos abusivos contra menores en colaboración con ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, responsables de su reclutamiento y abuso. Estos hechos han sido confirmados por varios exmiembros de las autodefensas que se han sometido a procesos judiciales bajo la ley de Justicia y Paz. ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, aparentemente asesinados por seguidores de ‘Víctor’, quien fue capturado en 2003 y falleció en 2005, mantenían su presencia en la escuela ubicada cerca de la finca El Cuadro, en Riachuelo. En este sombrío panorama, también figura ‘Rodrigo’, el tercer y último comandante militar y financiero del Comuneros Cacique Guanentá en la zona. Gerardo Alejandro Mateus Aceros, conocido como ‘Rodrigo’, ha afirmado en sus declaraciones durante el proceso de Justicia y Paz que, a pesar de la orden de ‘Julián Bolívar’ de no reclutar menores, cada frente manejaba la situación de manera independiente, resultando en el reclutamiento de jóvenes. Según esta perspectiva, los menores que ingresaban al campo de entrenamiento tenían más de 15 años y lo hacían de manera voluntaria. No obstante, algunos jóvenes reintegrados a la sociedad civil sostienen que fueron seducidos por la falta de recursos económicos y educativos, y que los reclutadores obtenían información sobre sus familias, utilizando coerción en algunos casos. En agosto de 2003, ‘Rodrigo’ fue capturado y actualmente cumple condena en una prisión de Bucaramanga, proporcionando declaraciones como postulado a Justicia y Paz sobre sus acciones y víctimas. Tras la desarticulación de este grupo delictivo, el Frente Comunero Cacique Guanentá fue trasladado a Puerto Berrío. A pesar de la percepción de que no hay más paramilitares en la zona, algunos afectados señalan que la justicia aún no ha alcanzado a quienes respaldaban sus acciones. Las víctimas de este conflicto afirman que Parra Arroyave o ‘Chuster’ también tenía un prostíbulo en San Gil, cuyas mujeres trasladaba hasta fincas de las distintas veredas de Charalá durante las celebraciones. “Traían a ‘doctoras’ de San Gil que hacían musarañas desnudas, a las que les prendían velas sobre el cuerpo y bebían whisky. Al mismo tiempo, llevaban muchachas de Riachuelo para que aprendieran lo que ellas hacían. Mi marido decía que eran mujeres de la vida alegre”, recuerda una de las sobrevivientes de estos hechos. El caso no solo involucra a Gutiérrez de Moreno; también se dictó condena contra José William Parra Arroyave, quien fungía como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá. Este particular, según la acusación, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias demostraron que Parra engañó a 23 adolescentes, entregándolos al grupo armado ilegal. Fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado. Los hallazgos de la Fiscalía sugieren que el objetivo de los paramilitares era claro: crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, operando posiblemente en la frontera con Venezuela. Durante los casi cuatro años en que operó en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio, se reclutaron al menos 214 menores de edad en Santander, siendo 70 de ellos provenientes del corregimiento de Riachuelo. Este oscuro episodio, aunque documentado por la revista SEMANA en abril de 2016, tomó más de siete años de intensas investigaciones para finalmente obtener las pruebas necesarias y llevar a juicio a los responsables. La Fiscalía General de la Nación logró evidenciar que la exrectora del colegio Nuestra Señora del Rosario en Charalá, Santander, entregó a varios menores de edad a los paramilitares entre 2001 y 2003. La mujer fue detenida en 2017, pero quedó en libertad semanas después debido a la falta de pruebas en ese momento. Sin embargo, ahora, el juez penal especializado de Bucaramanga emitió la condena, dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en un establecimiento carcelario. Sebastián Solano, coordinador de la Línea Jóvenes en Riesgo en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta diciembre de 2023, un total de 9,707 niños, niñas y adolescentes se vieron afectados por su vinculación a actividades relacionadas con grupos armados en Colombia. Este preocupante panorama se presenta en medio de un cese al fuego con el ELN que concluye hoy, 5 de febrero, y el programa "Jóvenes en Paz", el cual busca prevenir y abordar el reclutamiento forzado de menores y jóvenes. No obstante, Solano subraya que este último programa avanza a un ritmo notablemente lento. Solano destacó que, en este sexto ciclo de diálogos de paz, se espera un nuevo cese al fuego que incluya compromisos renovados entre el Gobierno Nacional y el ELN. Se anhela que acciones como el secuestro y el reclutamiento de menores queden terminantemente prohibidas. Este oscuro capítulo en la historia de Santander y Colombia, que involucra a la educación como escenario de atrocidades, deja una cicatriz imborrable en la memoria colectiva y resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en el ámbito educativo para prevenir futuros abusos.

Por: Sebastián Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Foto tomada de: Tour Colombia El Departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, ha sido históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales y dinámicas de conflicto. La situación se ha agravado en los últimos días, según las denuncias recibidas por la Fundación Pares por parte diferentes jóvenes y líderes sociales en el departamento. Estas denuncias expresan la profunda preocupación por los riesgos que enfrenta la juventud caucana, riesgos que se han intensificado debido a las dinámicas del conflicto armado y las violencias generadas por grupos al margen de la ley. Esta crisis de seguridad se agrava al evidenciar un aumento exponencial en la vinculación de jóvenes a estos grupos, así como su participación activa en cultivos ilícitos y bandas delictivas. Es aún más inquietante observar la normalización y voluntariedad de esta participación ante la falta de oportunidades, sumado al reclutamiento forzado que representa una seria amenaza para la integridad de la juventud caucana. La escalada de homicidios colectivos o muertes sistemáticas contra jóvenes y líderes sociales enciende las alertas del departamento. En este contexto, dos pilares fundamentales afectan de manera significativa a la juventud del Cauca: el narcotráfico y el conflicto armado. Además, es esencial destacar la falta de organización territorial que afecta negativamente los esfuerzos por lograr una paz sostenible en la región. Según los denunciantes, se indica un incremento del 50% en la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley en los últimos años. En la actualidad, se estima que más de 2.000 jóvenes están involucrados en actividades relacionadas con el conflicto armado en el Cauca. La distribución geográfica de esta problemática se concentra en municipios estratégicos como Guachené, Puerto Tejada, Buenos Aires, Corinto, Suárez, Guapi, Jambaló, y Caloto. ¿Cuál es la presencia de grupos al margen de la ley en el Cauca? Según investigaciones de la Línea de Paz Territorial de la Fundación Pares, revelan la presencia de tres grandes grupos guerrilleros en el Cauca: ELN, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. Estas estructuras no solo participan en el conflicto armado, sino que controlan significativas economías ilegales en la región. Estado Mayor Central El EMC, con una presencia significativa en todas las subregiones del Cauca, se fragmenta en varias estructuras que controlan extensos territorios. El Frente Carlos Patiño, ubicado en el sur, abarca Patía, Balboa, Argelia y el sur del Tambo. Por su parte, el Frente Rafael Aguilera se despliega en Guapi y Timbiquí, influyendo directamente en el Pacífico caucano. La Columna Móvil Dagoberto Ramos concentra sus acciones en el norte y oriente del departamento, abarcando municipios como Corinto, Miranda, Caloto, Toribio, Caldono, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Silvia, Totoró, Inzá y Páez. Mientras tanto, la Columna Jaime Martínez se posiciona en el noroccidente, extendiéndose por Buenos Aires, Suárez, Morales, Santander de Quilichao, Cajibío y el Tambo. Desde agosto, esta estructura ha emprendido acciones de desplazamiento en Suárez y Morales, llegando incluso hasta López de Micay en la región Pacífica. Ejército de Liberación Nacional (ELN): El ELN, con su compleja estructura, despliega fuerzas en el Cauca a través del Frente José María Becerra, que se manifiesta en el Tambo, Timbiquí, Argelia, López de Micay y Guapi. El Frente Manuel Vásquez Castaño, históricamente arraigado en el sur y macizo colombiano, abarca Bolívar, La Vega, Almaguer, Mercaderes, San Sebastián, Florencia, Santa Rosa y Sucre. La Compañía Milton Hernández, creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC, busca consolidar su presencia en Caldono, Santander, Buenos Aires y Toribío. Segunda Marquetalia: Este grupo, aunque cuenta solo con un frente, ejerce influencia en varios municipios, destacándose en Argelia, Balboa, Timbiquí y Guapi. Sin embargo, su presencia se extiende a Caldono, Buenos Aires, Páez y Suárez. El análisis revela que más del 80% del territorio del Cauca está bajo la influencia de al menos una de estas estructuras armadas, siendo el EMC el grupo dominante con presencia en 22 de los 42 municipios. ¿Qué ha pasado con el cese al fuego? A pesar del cese al fuego bilateral iniciado el 3 de agosto entre la fuerza pública y el ELN, el reclutamiento forzado y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos al margen de la ley no han cesado. Según la Unidad de Victimas, el 2023 registró un total de 32 víctimas por reclutamiento forzado, siendo el EMC y otros grupos no identificados los principales responsables. En municipios clave como Argelia y Caldono, donde convergen las tres estructuras armadas, se vivieron intensos enfrentamientos durante el 2023. En Argelia, el foco estuvo en el corregimiento del Plateado, un centro de control en Cañón del Micay utilizado para el tránsito de drogas y cultivos ilícitos. En Caldono, los enfrentamientos involucraron al EMC, la Segunda Marquetalia y el ELN, específicamente en zonas limítrofes con Silvia. Estas áreas estratégicas facilitan la movilidad de grupos armados hacia el oriente del departamento y otros territorios clave para el tráfico de drogas y cultivos ilícitos. Aunque se logró reducir los enfrentamientos en el último trimestre del año gracias a la implementación de los ceses al fuego, el norte del Cauca, con gran influencia del EMC, experimentó afectaciones a la vida e integridad de comuneros indígenas. ¿Qué ha pasado con el programa "Jóvenes en Paz"? El Programa Nacional Jóvenes en Paz, presentado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2023, busca proporcionar alternativas y oportunidades a jóvenes vinculados a grupos al margen de la ley. Criticado por ser denominado como "pagar para no matar", el programa enfrenta desafíos significativos, especialmente dada la situación crítica en el Cauca y otras regiones del país. La vicepresidenta Francia Márquez, durante su recorrido por el Pacífico colombiano, anunció que 7.000 jóvenes serán beneficiados con el subsidio monetario en el litoral Pacífico. La primera fase del programa se centrará en los municipios de Guachené y Puerto Tejada. Aunque la iniciativa parece ser una respuesta a la problemática, avanza lentamente en comparación con el crecimiento exponencial de las amenazas de seguridad que enfrentan los jóvenes. ¿Qué ha pasado con el gobierno en su paso por el Pacífico, especialmente por el Cauca? La semana de gobierno del presidente Gustavo Petro por el Pacífico colombiano dejó expectativas sobre los compromisos adquiridos con la región. En su visita a López de Micay en el Cauca, la Agencia Nacional de Tierras otorgó la titulación colectiva de 28.417 hectáreas al Consejo Comunitario del Afrorenacer del Micay, cuyo territorio está ubicado entre los municipios de El Tambo y Timbiquí. Además, se anunciaron detalles del Programa Jóvenes en Paz, con un enfoque inicial en Guachené y Puerto Tejada. Aunque estos eventos marcaron un precedente positivo en el departamento, la incertidumbre persiste entre la sociedad civil y, en particular, los jóvenes respecto a su seguridad e integridad en el territorio. La demanda por garantías de derechos y protección para los jóvenes en riesgo sigue siendo un tema crucial. Hacemos un llamado La lenta y, en ocasiones, insuficiente respuesta institucional del gobierno nacional y los gobiernos locales genera preocupación por el futuro de la juventud en el Cauca y otras regiones gravemente afectadas por la violencia. Es por esto que hacemos un llamado urgente para que las autoridades competentes brinden seguridad y protección a los jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado y otras acciones victimizantes. Se insta a los gobiernos locales de los municipios mencionados a fortalecer la inversión social en programas que generen oportunidades y prevengan la vinculación voluntaria de los jóvenes a grupos armados. Al Gobierno Nacional, se le hace un llamado a velar por el cumplimiento estricto de los decretos que reglamentan los ceses al fuego con el EMC y el ELN. Es necesario llegar a acuerdos con el EMC para reducir los reclutamientos de menores y las acciones de control territorial. Además, se proponemos avanzar en la pedagogía de la normativa con las nuevas autoridades locales, Consejos Municipales de Paz y la articulación con la Oficina del Alto Comisionado de Paz para monitorear su implementación en los territorios. Continuar avanzando en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz sería una medida crucial, ya que permitiría abordar uno de los factores persistentes del conflicto armado en el país. Finalmente, se hace un llamado al Gobierno Nacional para que no pierda de vista las necesidades expresadas por la región del Pacífico, en particular el Cauca, durante su reciente visita. La atención y acción sostenida son esenciales para abordar la compleja realidad que enfrentan los jóvenes y la sociedad en general en esta parte del país.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Radio Nacional y El Colombiano En una entrevista realizada por Daniel Coronell en noviembre del 2023 la vicefiscal Martha Mancera se molestó por las incisivas preguntas del periodista. Le cuestionó los nombramientos en puestos altos en la Fiscalía de un hermano y una amiga muy cercana a ella. Además, en su espacio en W Radio, le tocó el tema más espinoso. Es que los agentes del CTI Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González dieron a conocer, en octubre de ese año,  una versión en donde supuestamente habían sido objeto de una persecución por parte de la Vicefiscal quien estaría encubriendo los nexos con narcotraficantes que podría tener Francisco Javier Martínez, director del CTI en Buenaventura. Los agentes del CTI buscaban hacer público el entramado.  Coronell aprovechó la entrevista para señalarle el posible engavetamiento de  una investigación contra Walfa Tellez, esposa del fiscal Francisco Barbosa. Martha Mancera trabaja en la Fiscalía hace treinta años y algunos medios como Cuestión Pública han afirmado que se trata del verdadero poder en esa institución. Si el próximo 8 de febrero la Corte Suprema no acepta la terna que aprobó el presidente Petro, Mancera sería el reemplazo de su amigo, Francisco Barbosa. Con el correr de las semanas el escándalo aumentaría de decibeles para Mancera. Este cinco de febrero la revista Raya rebeló que efectivamente la Fiscalía habría ignorado un informe en donde se comprobaría la participación de Martínez en una intrincada red de narcotraficantes. Juan Pablo Barrientos, periodista de Casa Macondo, fue más allá. Dos denuncias que reposan en un expediente judicial radicadas en octubre del 2016 indicarían que la fiscal habría protegido, a cambio de dinero, un cargamento de Diego Marín quien ha sido señalado por los medios desde hace varios años como el zar del contrabando en Buenaventura y que, desde el 2011, viene siendo objeto de investigaciones sobre sobornos a instituciones del Estado. En agosto del 2011 la inteligencia de la policía nacional realizó un allanamiento, con prueba de polígrafo incluida a sus miembros, a las oficinas de la policía Fiscal y Aduanera. La iniciativa había sido tomada por quien era entonces el comandante de la policía, el general Oscar Naranjo. Se podría tener información en la que se constatara un posible soborno en altas instituciones del Estado de quien funge desde esos años como el zar del contrabando en Buenaventura. Es poco lo que se sabe sobre Marín. Afirman que se hace llamar Papá Pitufo por el mando y autoridad con el que se maneja en esa actividad delictiva, que obtuvo a principios de la década pasada la nacionalidad española, que sus empresas se las deja a testaferros, y que tiene caudalosas cuentas en bancos en el extranjero. Según reveló la Revista Semana en el 2011 Marín es caldense pero afincado hace muchos años en el Valle del Cauca, fue gerente de una compañía en Cali, que tenía la razón social de la Agencia Colombiana de Aduanas y fue socio de una compañía de correos llamada Currier on time. Trae mercancía de China y en 1994, lo que se conocía antes como la DIJIN, lo vinculó con el lavado de activos dentro del Cartel de Cali. Luego de la captura de los Rodríguez Orejuela se dedicó a negocios relacionados con el contrabando. En la primera década de este siglo tuvo que convivir con el Bloque Calima de las AUC, amos y señores del Puerto de Buenaventura. Este frente, comandado por Ever Velosa, alias HH, controlaba la entrada y salida de la mercancía. La DIAN ha podido incautarle cerca de 15 millones de dólares en mercancía pero sólo tiene registrado a su nombre una casa. Desde el 2004 Estados Unidos le ha quitado la Visa. Lleva 20 años siendo una obsesión para la justicia de ese país. En Washington tendrían pruebas suficientes para determinar que él es el amo del contrabando de textiles y que movería 5 billones de pesos al año. Marín, de quien no se conoce ni siquiera una foto, le dio una breve entrevista a El Tiempo en donde se quejó de una posible persecución: “No han podido probarme nada. Soy un perseguido de la Dijín desde 1993. No sé por qué, solo quieren ‘positivos’ conmigo”. Pero nunca han podido ponerle un dedo encima. En el año 2015 se adelantó un proceso de extinción de dominio contra él pero se frenó misteriosamente. Agentes antimafias en Estados Unidos se preguntan ¿Quién lo protege? La investigación del acucioso periodista Juan Pablo Barrientos en Casa Macondo podría revelar un entramado insospechado. ¿Tendría algo que ver la vicefiscal? La investigación apenas comienza.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora de Paz y Reconciliación Lo peor que le puede suceder a un líder es cuando la mayor parte de su equipo permanece en silencio. Es como si le pusieran una venda en los ojos. Nadie es infalible y, aunque el ego pese, uno siempre necesita que alguien le señale las cosas que no está haciendo bien. Escuchar y tomar decisiones es, tal vez, una de las tareas más difíciles de la humanidad. El gabinete presidencial está en tensión. Las cosas no avanzan al ritmo que el presidente desea. A él no le gusta que lo tilden de mal ejecutor, especialmente después de un año y medio de gobierno, tiempo en el que soñaba con cambios mucho más contundentes. Además, en Colombia, las expectativas sobre los mandatarios son desmedidas. Es cierto que el presidencialismo es fuerte, pero está muy lejos de ser todopoderoso. En su frustración, llama la atención de su gabinete y prioriza a aquellos que lo defienden a toda costa, como el canciller Leyva o Daniel Rojas de la SAE. Sin embargo, Gustavo Petro no es un líder centrado en el cómo se hacen las cosas, y en un momento de paranoia generalizada, poca gente siente confianza para avanzar con el plan de gobierno. Aunque hay promesas que se han cumplido, otras van muy retrasadas. Aquellos que critican la baja ejecución en agricultura deberían revisar nuevamente las cifras, ya que no es verdad que tenga un mal desempeño. Incluso, a pesar de las trabas burocráticas, se ha avanzado más en un año y medio que en los ocho años anteriores. La prueba está en que, incluso con un aumento en el precio de la gasolina, los alimentos tienden a la baja y la inflación da un respiro. Este alivio es crucial para que el presidente pueda brindar tranquilidad. La macroeconomía va por buen camino, y Colombia se mantiene estable. Entre las promesas retrasadas se encuentran, por supuesto, las reformas y algunos programas que podrían haberse ejecutado mejor o, al menos, con mayor celeridad. La paranoia que rodea al gobierno le impide ver que, muchas veces, puede aumentar su base de aliados entre funcionarios, líderes de opinión y organizaciones populares que llevan décadas esperando atención. No sería complicado poner en marcha el Fondo Colombia en Paz, que registra una de las peores ejecuciones gubernamentales, y así proporcionar alivio inmediato a las comunidades afectadas por la guerra y la violencia organizada. Lo mismo se podría hacer para revitalizar la dignidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, tan necesaria hoy en día para proporcionar tranquilidad y una línea política clara para la disminución de los indicadores de violencia. La posición del presidente no es fácil porque tiene razón. El Ministerio Público, que debería estar orientado a la provisión de justicia y a la protección de los Derechos Humanos, se ha convertido en el refugio de clientelistas que no lograron negociar con el gobierno nacional, lleno de burocracia ineficiente y ejecutando diligentemente el presupuesto de inversión en contratos de prestación de servicios, al mismo tiempo que ejercen su poder como operadores políticos. Francisco Barbosa, Margarita Cabello y Carlos Camargo están hoy muy lejos de su rol original. El problema del presidente no es tener la razón. Es evidente que ningún mandatario, ni siquiera el expresidente Uribe, ha estado bajo una atención tan intensa. Sin embargo, la paranoia lo lleva por un camino que él conoce bien y que no produce resultados positivos. Cuando hay silencio y uno siente que todos le dan la razón, es necesario desconfiar de inmediato, porque se corre el riesgo de conducir un coche de fórmula 1 con los oídos y los ojos tapados. El llamado del presidente es necesario para preservar la institucionalidad, pero en esto necesita mucha gente y el enroque no es una buena estrategia. Quiero aprovechar este último párrafo para despedirme con amor de mis colegas y de Oscar Sevillano, mi editor en Confidencial Colombia, quien generosamente me ha abierto sus puertas. Continuaré con mi espacio de opinión y análisis en mi casa, Pares. Esperen novedades muy pronto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora de Paz y Reconciliación El pasado 1 de febrero un aguacero de rumores inundó las redes sociales. Se decía que, además del paso al costado de Jorge Iván González, director de Planeación Nacional el gabinete en pleno había renunciado. Petro, con sus reformas empantanadas, buscaba cambiar fichas en cargos claves para poder acelerar la gestión. Con el paso de las horas esto fue desmentido desde Palacio. Lo que no podía negar es un secreto a voces: acá hay un gabinete en tensión. La subdirectora de la Fundación Paz y reconciliación analiza la coyuntura de un gobierno con problemas de ejecución y al que la impaciencia por el cambio le podría pasar factura.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene en sus manos la posibilidad de iniciar el camino para ponerle fin al fenómeno del secuestro en Colombia. Si está organización subversiva tomara la decisión sensata este año de no secuestrar más —cualquiera fueran las razones que tuvieran para hacerlo— le estaría entregando a la sociedad uno de los activos más preciados para construir la paz. Durante muchas décadas está organización guerrillera usó el secuestro con fines políticos. Le sirvió, por ejemplo, para que con sus retenidos pudieran presionar al Estado o a las grandes empresas trasnacionales y cambiar algunas políticas o programas; también como estrategia de poder, para demostrarle a los oponentes que, a pesar de tener en sus manos la vida de estas personas, su organización se las respetaba y los exponía en público para dejarlos en libertad. Sin embargo, el carácter político que tenían estas retenciones está desapareciendo. Los acontecimientos recientes —como el secuestro extorsivo que se pensaba dar al señor Luis Manuel Díaz, al padre del famoso futbolista colombiano— dejó en evidencia que el secuestro, en la mayoría de ocasiones, se utiliza hoy con un fin mercantil: usan las retenciones como mercancía para llenar sus bolsillos. El mismo comandante del ELN, Antonio García, ha dicho en repetidas ocasiones que las retenciones —o para nosotros secuestros— se justifican por los fines económicos que tiene. Sirve para “el sostenimiento financiero de la organización”, los recursos que les quitan a sus víctimas sirven para “alimentar las tropas”, pues mantener una ejército cuesta: “hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas de cualquier tropa”. Sin embargo, como ha quedado claro en la opinión pública, está no es razón suficiente para causar tanto dolor y sufrimiento a las personas y a sus familias. Está guerrilla, como actor político, no puede darle a la ciudadanía la mala señal de que piensen que es posible cubrir sus necesidades básicas recurriendo al secuestro —ya sea de un vecino o de cualquier persona desconocida que pase por el frente de su casa—. Si ese fuera el mensaje, el ELN sería responsables de millones de secuestros, ya que el hambre y la miseria en el país es mucha. Los miembros de esta organización subversiva deben ser conscientes del poder que tienen como actor político en el país. Como última guerrilla de Colombia y del continente americano, además una de las más antiguas del mundo, deben saber del enorme poder que tienen en asignar valores políticos y sociales en nuestro contexto. Como lo advierte David Easton —el padre de la ciencia política moderna—: la política es el espacio donde, como colectivo, decidimos que está permitido o que no en la sociedad. En este sentido, la ciudadanía le ha dicho no al secuestro en Colombia. El problema es que el ELN es prepotente y ambiguo. Ha dicho al finalizar el quinto ciclo de negociaciones de paz que lleva con el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana que suprime todo secuestro con fines económicos; pero mantiene viva la práctica criminal que daña y destruye a la sociedad, al permitir otras razones. El ELN está desaprovechando el importante momento histórico por el que estamos pasando en Colombia. Estamos construyendo un eslabón que se suma a las miles de luchas que en la historia ha tenido la humanidad para defender el más preciado derecho que tienen los hombres y mujeres. Está organización está dejando abierta la puerta para que se siga cometiendo el delito de secuestro. Incluso, para que los mismo perpetradores justifiquen su accionar y manipulen las razones del atroz hecho: ahora los más recatados dirán que no es por dinero sino por otra causa. De esta manera, lo que parece un avance se está convirtiendo en un problema mayor. La decisión que tomó el ELN, de parar los secuestros para exigir dinero a partir del 30 de enero de este año, en lugar de reducir el dolor está aumentando la angustia y desesperanza de los secuestrados y sus familias en Colombia. Ahora, el secuestrado deberá buscar en su conciencia aquellos hechos que provocan que un grupo armado ilegal le quite la libertad y amenace su vida. Me imagino las más de 30 ó 35 personas que este último semestre fueron retenidas por el ELN, preguntándose en los cambuches o en medio de largas caminatas qué habrán hecho para merecer este martirio. Pues ahora no es por dinero —que aunque no lo poseían era casi siempre la explicación más sensata a su retención—, sino las otras razones asociadas a su labor o pensamiento, las cuales no conocen. Intento imaginarme la angustia por la que debe de estar pasando a mi ex alumno del pregrado y la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Jiménez Cuesta, —secuestrado el 16 de enero de  2024 en el municipio de Morales, Bolívar—, cuestionándose por su papel como defensor de derechos humanos de los pequeños mineros comunitarios. O de los profesores rurales, que no saben por qué están en manos de los ilegales, si toda su vida la han dedicado a formar estudiantes y ayudar a las comunidades. Considero que es hora de ponerle fin al secuestro, cualquiera sea las razones para ejercerlo. Es tiempo de que los líderes del ELN tomen la determinación radical de desterrar de su repertorio de accionar político las retenciones. Con ello estarían elevando varias cometas con el mismo viento: Por una lado, estarían reduciendo el número de víctimas que actualmente siguen produciendo en el país, acciones que minan la legitimidad de los armados y reduce los deseos de la participación ciudadana en la construcción de la paz. Al igual que aportar al cese de hostilidades, un componente que hasta la fecha no se ha querido avanzar en los diálogos de paz, pero que con actos como este mostrarían que si hay intenciones reales de paz. Por el otro lado, estarían preparando el camino para la reincorporación económica colectiva y el deseo de transitar a la realización de labores civiles. Además, entregando a la sociedad un valioso instrumento para que defiendan la vida y la libertad que toda persona, para que cuestionen a cualquier actor violento que desee privar a un ciudadano de la libertad. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Fotos tomadas de: BNamericas y Pulzo La molestia del presidente con su gabinete por la deficiencia en la ejecución, sumado a algunas actuaciones de sus ministros que han sido cuestionadas, podrían ocasionar un nuevo remezón ministerial. Petro podría tomar dos caminos, priorizar lealtades y continuar con la radicalización democrática o poner en cargos clave a operadores políticos en búsqueda de gobernabilidad. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el día de hoy, el gabinete de Gustavo Petro ha tenido múltiples transformaciones, enviando mensajes contundentes a sus votantes, a las élites y a los partidos. El Gobierno arrancó con 18 nombramientos iniciales de ministros, con los cuales se pretendía dar un aire conciliador, moderado y dispuesto al diálogo con los diferentes grupos de poder del país. José Antonio Ocampo en Hacienda, Cecilia López en Agricultura y Alejandro Gaviria en Educación, fueron los alfiles que se subieron al barco del gabinete original de Petro. En el pasado, todos ellos ya habían estado al frente de carteras ministeriales y de hecho en gobiernos liberales y de derecha. Por ello, sus nombramientos fueron claves, pues desmintieron el imaginario preconstruido de que el hoy presidente llegaría al poder y desestabilizaría el país. De igual forma, sus experiencias técnicas y políticas otorgaban seguridad a las élites y facilitaban el acercamiento del Gobierno nacional a los partidos políticos, contribuyendo a la construcción de una gobernabilidad sólida. Adicionalmente, las agrupaciones tradicionales también se subieron al barco de Petro: Guillermo Reyes lideraba MinTransporte en representación de los conservadores; Sandra Urrutia, MinTIC cuota de La U; y los tres liberales, Catalina Velasco en Min Vivienda, Néstor Osuna en Justicia, y López en Agricultura. Las aguas estuvieron tranquilas los primeros meses, logrando hitos importantes, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el comienzo de las exploraciones de diálogos de paz con el ELN y las disidencias. En el Congreso también se materializaron hechos como la aprobación de la prórroga de la ley 418 o ley de Paz Total, el Acuerdo de Escazú, la radicación de proyectos fundamentales como aquellos referentes a la prohibición del fracking, y la búsqueda por el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho; entre otros. Pero el barco con el que zarpo Petro no duró mucho, y paulatinamente se fue desquebrajando, con algunos golpes más fuertes que otros. El primero se dio con la salida de María Isabel Urrutia, Patricia Ariza, y Alejandro Gaviria a cargo de los Ministerios de Deportes, Cultura, y Educación, respectivamente. En el caso de las dos primeras las razones de sus salidas se debieron a la falta de eficiencia en la gestión realizada; y en cuanto a Gaviria, se trato de las diferencias que públicamente presentó el exministro con el articulado de la Reforma a la Salud. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2023 que el gabinete chocó con un gran iceberg y 7 personas abandonaron la embarcación; entre ellas, los moderados: Ocampo y López. Así las cosas, la tripulación se recompuso. Por un lado, las fuertes mareas que sacudieron al gabinete también impactaron a los partidos. Las cuotas de los conservadores y La U, salieron; y solo los liberales lograron mantener a flote su representación con el Ministerio de Vivienda y Justicia. Así las cosas, la apuesta inicial por una coalición con los tradicionales en el legislativo se rompió y en lugar de pescar votos a favor de las reformas sociales a través de las cabezas de partidos, se volcó hacia la negociación individual con determinados congresistas. Por otro lado, Petro cerró filas con nombramientos de figuras que ya lo habían acompañado en el pasado, las cuales no cuestionarían sus decisiones, buscando ya no la legitimación de las altas esferas, sino de sus votantes. Evidencia de ello fue el relevo en el Ministerio de Agricultura, liderado originalmente por Cecilia López, la cual tenía vasos comunicantes con élites colombianas, y con su salida asumió Jhenifer Mojica, vinculada a la defensa de los derechos humanos y procesos de restitución de tierras, lo que permitió al Gobierno un acercamiento mayor los movimientos campesinos. Sumado a ello, y tal como lo hizo en campaña, nuevamente llamó a las calles con la esperanza de impulsar sus reformas sociales, las cuales al igual que su barco se estaban hundiendo en el Congreso. La luna de miel con los partidos tradicionales rápidamente se convirtió en radicalización democrática, rodeándose de figuras con las que tenía mayor coincidencia ideológica y quienes le habían sido más leales a lo largo de su trasegar político. Sin embargo, los constantes cambios al interior del equipo de trabajo de Petro no es una novedad en sus dinámicas para gobernar. De hecho, cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), se le cuestionó porque tan solo durante su primer año en el cargo realizó 38 cambios en los directivos del gabinete de la Alcaldía Mayor de la capital del país. Cabe mencionar que, el actual gabinete ministerial se compone de algunas personas que ya habían trabajado con Petro en su paso por el gobierno distrital, se trata de Ricardo Bonilla (Min Hacienda), Guillermo Jaramillo (Min Salud), William Camargo (Min Transporte) y su leal escudera, Susana Muhammad (Min Ambiente). ¿Se viene un nuevo remezón ministerial? Varios medios de comunicación hicieron eco en la mañana del pasado 2 de febrero al rumor de que el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia protocolaría de todos sus ministros en el último Consejo de Ministros. En medio de la saturación de noticias sobre el tema la cuenta oficial de Presidencia negó que esto hubiera pasado. Posterior a esto, los medios cambiaron algunas de sus versiones sobre lo sucedido en el Consejo de Ministros. La información que han dado a la opinión pública desde entonces ha sido que luego de un nuevo reclamo del Presidente sobre la baja ejecución presupuestal varios ministros pusieron a disposición del primer mandatario sus puestos. Otra versión que se ha manejado es que la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, les habría sugerido a los ministros presentar sus renuncias protocolarias. Son muchas las versiones de qué pasó y de qué puede pasar. La primera y única certeza que se tiene en estos momentos es la salida del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, el último tecnócrata de tendencia de centro liberal que quedaba en el Gobierno. Gónzalez se fue quedando solo a medida que fue cambiando el gabinete, primero salió Alejandro Gaviria y luego, a la par, Cecilia López y José Antonio Ocampo, tres ministros con los que comparte ser liberal de centro y algunos reparos a la reforma a la salud. El artífice del Plan Nacional de Desarrollo deja el ejecutivo, al parecer por diferencias con el Presidente y la pregunta es quién lo remplazará. La salida de González puede significar una reconfiguración inminente en el gabinete, un nuevo remezón ministerial. Para hacerse cargo del Departamento Nacional de Planeación suenan nombres de algunos ministros como Catalina Velasco (Vivienda), Susana Muhamad (Ambiente) o el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas o la misma Laura Sarabia. Cualquier decisión que tome Petro podrá desencadenar en un efecto dominó, la pregunta subyacente pasa sobre si estos cambios se barajarán en lógica de las lealtades y trayectorias comunes o, en cambio, en búsqueda de oxigenar la gobernabilidad de cara a las reformas sociales. Desde finales del 2023 se vienen barajando modificaciones dentro del ejecutivo sin que estos se materialicen. Aun así, Relaciones Exteriores y Deporte parecen ser las dos primeras carteras que podrían presentar cambios. En Relaciones Exteriores, pese a la lealtad de Álvaro Leyva con Petro en lo relacionado a la licitación de los pasaportes, tras la suspensión de Leyva por parte de la Procuraduría cada vez es más costoso para el Gobierno sostener al actual ministro en su cargo. Su reemplazo definitivo apunta a ser Luis Gilberto Murillo, quien por el momento estará de manera interina a cargo de esta cartera. Sobre el Ministerio de Deporte, Astrid Rodríguez, actual cabeza de la cartera se enfrenta a graves señalamientos sobre su responsabilidad en la perdida de los Juegos Panamericanos del 2027, los cuales se realizarían en Barranquilla. Por incumplimientos en los pagos a la empresa organizadora, Panam Sports, Colombia perdió la sede. Rodríguez se enfrentará a una Moción de Censura en el Senado de la República. Por el costo político que significa la perdida de estos juegos parece que Rodríguez tiene los días contados en el Ministerio del Deporte. La baraja de nombres salientes se puede ampliar con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ha tenido dificultades en la relación con el Congreso. Además, si Velasco llegara a salir, se posiciona como la ficha del Gobierno en la puja por quien sucede a César Gaviria en la presidencia del Partido Liberal y ser el competidor del exgobernador de Sucre y ficha de Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa. Respecto a las carteras que tienen proyectos transitando en el Congreso estos pueden ser los que se mantengan pese a este dominó de cambios. La ministra de Educación Aurora Vergara, de manera silenciosa ya logró pasar a segundo debate la ley estatutaria a la Educación. De igual manera Guillermo Alfonso Jaramillo, quien destrabó la reforma a la salud en 2023, ya tiene en tercer debate a este proyecto de ley. Por su parte, Gloría Inés Ramírez, ministra de Trabajo, tiene dos proyectos de ley (reforma laboral y pensional) en tránsito, laboral en primer debate en Comisión Séptima de Cámara y pensional en segundo debate en Plenaria de Senado. Por el momento todo son suposiciones y futurología, lo que queda claro es que Petro no está conforme con la ejecución presupuestal y la vorágine de nombres seguirá en los las venideros hasta que se hagan oficiales algunos cambios.  Ya se observará si Petro priorizará lealtades y trayectorias de luchas comunes como lo hizo en el segundo remezón ministerial (radicalización democrática) o, por el contrario, buscará operadores políticos que le permitan darle oxígeno a la Gobernabilidad, retomando las banderas del Pacto Nacional. La hipótesis más probable es la primera, la continuidad de la radicalización democrática.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: bloomberg y El Nacional En el último informe de la fundación de estudios InSight Crime, lanzado el 31 de enero, se revela que Venezuela se ha consolidado como un refugio predilecto tanto para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como para los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el observatorio de crimen organizado de Venezuela, la evolución del crimen en el país ha alcanzado niveles extremos, configurando un Estado híbrido donde la línea entre la gobernanza y la criminalidad se vuelve difusa. El informe destaca que el ELN ha expandido su presencia más allá de sus bastiones fronterizos, especialmente en la región productora de oro del estado de Bolívar. Jeremy McDermott, co-director de InSight Crime, señala que el régimen de Maduro ha permitido que el ELN tome el control de numerosas minas de oro artesanal, evidenciando una estrecha relación entre el Gobierno venezolano y grupos armados ilegales. Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC han arraigado en estados fronterizos como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, contando, según el observatorio, con la complacencia del Gobierno de Nicolás Maduro. Ligia Bolívar, coordinadora general de alerta Venezuela, sostiene que la presencia de estos grupos no tendrá solución efectiva mientras Maduro permanezca en el poder, destacando un conflicto de intereses claro en la búsqueda de una Paz Total. Marino Alvarado, Coordinador del Programa de Exigibilidad de Provea, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela se remonta, al menos, a la década de los 80 del siglo pasado, destacando principalmente la presencia de las FARC y el ELN. Estas dos organizaciones mantuvieron durante mucho tiempo una presencia destacada en el estado Apure venezolano y, eventualmente, en el estado Zulia. Sin embargo, la situación ha experimentado cambios significativos en los últimos 7 u 8 años. En la actualidad, como se mencionó anteriormente, grupos irregulares se encuentran presentes en los estados Amazonas, Bolívar, Apure, Táchira y Zulia. En estos estados, se registra la presencia del ELN y las dos fracciones disidentes de las FARC. Es importante señalar que, durante décadas, especialmente en el estado Táchira, grupos paramilitares ejercieron una amplia influencia, lo que limitaba la presencia activa de la FARC y el ELN en ese territorio. No obstante, en los últimos 5 años, el ELN ha desplazado a los grupos paramilitares en el estado Táchira. La diferencia esencial en cuanto a la ubicación geográfica de los grupos irregulares entre el pasado y el presente radica, según Alvarado, en la expansión de su presencia en territorio venezolano. Esta expansión ha afectado significativamente a los estados Bolívar y Amazonas, donde poblaciones indígenas se ven obligadas a desplazarse debido a la ocupación de parte de su territorio por estos grupos irregulares. El propósito de esta expansión parece estar vinculado a la práctica de la minería, facilitación del contrabando y, aparentemente, actividades relacionadas con el narcotráfico. Aunque las informaciones sobre este último aspecto no son muy precisas, en el estado Apure se ha constatado una prolongada participación de estos grupos irregulares en el narcotráfico. El informe de InSight Crime pone de manifiesto que el crimen organizado en Venezuela ha progresado de manera alarmante, alcanzando niveles extremos donde la distinción entre las autoridades y los criminales resulta casi imperceptible. En julio de 2023, InSight Crime denunció una estrecha relación entre el Gobierno venezolano y diversos grupos al margen de la ley, incluyendo el Tren de Aragua, las guerrillas de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y el ELN. Testimonios de integrantes del Gobierno, exmilitares y funcionarios públicos señalan una presunta alianza que realiza operativos conjuntos y utiliza grupos paramilitares para reprimir protestas populares. Las pruebas presentadas incluyen irregularidades durante las elecciones municipales en Táchira en 2021, donde el Ejército limitó la participación de votantes, retiró testigos electorales y encerró a trabajadores de los centros de votación. Además, se destaca que narcotraficantes financian obras públicas, mientras colectivos criminales administran servicios públicos y coordinan traslados de personas condenadas. InSight Crime advierte que el ELN, con un pie de fuerza de hasta 5.000 integrantes, se ha convertido en el actor criminal más poderoso en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia. Su presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos le confiere un papel crucial en el control de corredores transfronterizos para el tráfico de drogas, contrabando y migrantes. Según Marino Alvarado, se observa una diferencia en la actuación del Estado en el pasado, particularmente con los Gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Estos se caracterizaron por enfrentar a grupos irregulares mediante políticas que implicaron graves violaciones a los derechos humanos, afectando principalmente a la población fronteriza del Estado Apure. En ese contexto de represión, ocurrió el 29 de octubre de 1988 la masacre del Amparo, donde 14 pescadores fueron asesinados como parte de un falso positivo para presentarlos como guerrilleros y difundir que se estaba teniendo éxito en la lucha contra la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se estableció una suerte de acuerdo de no agresión con estas fuerzas irregulares, tolerando su presencia en territorio venezolano. Esto permitió su expansión, incluso hasta el estado Barinas, ingresando por el estado Apure, así como su presencia en el estado Zulia, desplazando gradualmente a los grupos paramilitares en el estado Táchira. Con Nicolás Maduro, esta presencia se ha incrementado, facilitando el desarrollo de actividades vinculadas a la minería ilegal y otras prácticas delictivas en los Estados Bolívar y Amazonas. La complacencia de autoridades municipales, estatales y nacionales vinculadas al gobierno ha favorecido la creciente presencia de estos grupos en el territorio venezolano y el aumento de sus actividades. Alvarado también destaca que estos grupos, además de ser tolerados, son utilizados para fines que benefician al gobierno venezolano. Un ejemplo actual se da en el estado Táchira, donde en alianza con las autoridades locales, se ha confiado al ELN, junto con los denominados colectivos revolucionarios de Venezuela, las labores de seguridad ciudadana contra la delincuencia común. Esto ha resultado en situaciones documentadas de detenciones de presuntos delincuentes por parte de estos grupos irregulares, que terminan en ejecuciones extrajudiciales. En 2023, se documentaron al menos dos casos, publicados en la página web de Lupa por la Vida, el proyecto conjunto de la Fundación Centro Gumilla con PROVEA. Marino Alvarado también menciona que una de las mayores preocupaciones radica en el impacto de estos grupos irregulares en la población indígena de los Estados Bolívar y Amazonas, así como en una región geográfica del estado Zulia habitada por los Yukpas y otras comunidades indígenas. Esta afectación es múltiple, generando la obligación de convivencia de los pueblos indígenas con estos grupos que invaden sus territorios. Cuando esta convivencia se torna conflictiva, se produce el desplazamiento interno de las poblaciones indígenas. Esto también perjudica en términos culturales, introduciendo elementos ajenos a su cultura, como la imposición por la fuerza de un grupo sobre otro, incluso recurriendo al uso de armas, o incorporando a la población indígena en actividades ilegales realizadas por los grupos guerrilleros. La política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro en Colombia, que busca poner fin al conflicto armado, tiene una relevancia inmensa para Venezuela, ya que el ELN es uno de los principales actores en esta iniciativa. Sin embargo, las facciones militares del ELN en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales. Para el 2024, Alvarado explica que grupos irregulares, operando con la complacencia del Gobierno de Maduro, podrían ser utilizados con fines políticos electorales en dos vertientes. Por un lado, se buscaría intimidar a la población que podría simpatizar con una opción distinta al actual Gobierno, hostigando e incluso llevando a cabo actos violentos contra líderes políticos en municipios con capacidad de movilizar a favor de una alternativa electoral. Por otro lado, se podría emplear para realizar proselitismo político a favor de la candidatura de Nicolás Maduro, con un porcentaje de coacción destinado a forzar a la población a votar por la opción del gobierno debido al temor a represalias. Estos mismos grupos ya han actuado en ambas direcciones durante elecciones pasadas, como ocurrió en 2015 y 2018. En cuanto al crimen organizado, Marino Alvarado menciona que es crucial abordar al menos seis aspectos fundamentales. Algunos de ellos son estructurales, persistiendo desde hace aproximadamente 40 años, mientras que otros son más recientes, tal vez de los últimos 15 años. Alvarado destaca tres aspectos estructurales: 1) La estrecha vinculación entre la delincuencia y funcionarios policiales, presente durante al menos 40 años. La participación de estos funcionarios en actividades delictivas ha permitido la consolidación de grupos criminales, su participación en diversos delitos y la adquisición de un considerable arsenal. 2) La impunidad, como problema estructural, brinda confianza a la delincuencia organizada. La infiltración en instituciones como la fiscalía, jueces penales, altos jefes policiales y niveles gubernamentales superiores dificulta que la justicia alcance a estos grupos. Además, políticas erróneas permitieron el control absoluto de las principales cárceles por parte de la delincuencia organizada, convirtiéndolas en centros para la planificación y control del delito. 3) La política de mano dura contra la delincuencia, que ha fracasado repetidamente, ha resultado en un alto número de víctimas sin abordar las causas fundamentales del delito. Existen aspectos más coyunturales relacionados con la tolerancia estatal hacia mega bandas involucradas en delitos como narcotráfico, tráfico de metales preciosos y contrabando. Además, algunas políticas de negociación con estos grupos, con el propósito de reducir los índices de homicidios, han llevado a la pérdida de control por parte del Gobierno, como se evidenció en las zonas de paz. Marino Alvarado subraya la necesidad de implementar políticas diseñadas en el plan "A Toda Vida Venezuela", enfocadas en seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, destaca la negativa del Gobierno de Maduro a ejecutarlas, prefiriendo una política tradicional de mano dura. Sugiere investigar a la cúpula de al menos dos organismos policiales y uno militar para abordar la participación policial en la acción delictiva, considerando la alta responsabilidad de dichas cúpulas en la tolerancia y complacencia frente a hechos delictivos.

Por: Guillermo Lineros En Colombia, en cuanto a cómo se administra y cómo debe ser el talante social y humano del estado, estamos acostumbrados a mirar sólo a los presidentes. Desconocemos que estos, además de obedecer a las masas populares que los eligieron para realizar unas específicas tareas, deben adaptarse a una fuerza que está por encima de ellos, la llamada norma de normas, la Constitución Política. La constitución impone a los presidentes el seguimiento de unos preceptos bien determinados. En el preámbulo de la nuestra, por ejemplo, se habla de asegurarles a los colombianos la vida y la convivencia, una tarea que se concreta en la creación de fuentes de trabajo, en la eficaz aplicación de la justicia, en la igualdad de oportunidades, en la provisión de conocimiento, y en la promoción de la libertad y la paz. Todo dentro de un marco jurídico democrático y participativo para garantizar un orden político, económico y social, justo. Y en su artículo 1, la constitución advierte que Colombia es una república democrática; es decir, participativa y pluralista; pero, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana. En fin, dos apartados –preámbulo y artículo 1-, que en una coincidencia plena con la principal bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, ordenan al pueblo colombiano y a sus gobernantes, trabajar y comportarse socialmente en pro de una paz total. Pese a ello, muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué en la realidad no ocurre así, tan fantásticamente? y se cuestionan porque desconocen que los presidentes y el pueblo, deben adaptarse a otra fuerza que está por encima de ellos y de la constitución política, me refiero al llamado régimen (“poder sobre la organización” le denominaba Max Weber), cuya fuerza parece estar por encima de la constitución y de los gobiernos. Una suerte de anomalía del contrato social que aparta a los mandatarios de los principios constitucionales y les conmina al seguimiento de otras conductas morales, políticas y sociales, que entre más alejadas estén de la constitución se tornan menos nobles y hasta salvajes. Históricamente, los gobernantes colombianos, antes que medir sus fuerzas con semejante poder, optaban por entregárseles desde el momento de sus candidaturas (lealtad de partido). Algunos lo hicieron por oportunismo, y otros por sumisión o cobardía. Quienes lo hicieron por oportunismo y guardaron obediencia al régimen, saldaron sus preocupaciones económicas para siempre (pienso en César Gaviria); quienes lo hicieron por sumisión, por su excesiva obediencia, fueron utilizados tal marionetas y luego, aunque hubieran saldado sus preocupaciones económicas, fueron señalados y olvidados (pienso en Iván Duque) y, finalmente; hubo quienes se entregaron por cobardía, pues temieron un golpe militar (pienso en Belisario Betancur) callaron y se enriquecieron. Bajo este contexto, es claro que todos los mandatarios anteriores al presidente Gustavo Petro, terminaron administrando el estado al margen de los preceptos de la constitución, que es la matriz del  mandato popular, y se plegaron a los dictámenes del régimen o, lo que es igual, a los caprichos de los grupos de poder económicos. En efecto, favorecieron, indistintamente de su legalidad, a industrias y empresas sanas, o de su ilegalidad, a clanes políticos corruptos, a bandas organizadas de narcotráfico y, entre otros varios, a todos los carteles, desde el cartel de los pañales hasta el cartel de la toga. No obstante, si bien la constitución colombiana tiene su origen en las decisiones de un pueblo que en 1991 discutió y decidió con votos la manera en cómo debemos comportarnos en calidad de miembros del estado, vale preguntarse ¿cuál es el origen de esa fuerza de muchas cabezas, de esa otra Hidra de Lerna, denominada régimen? El régimen, en el contexto académico de las ciencias políticas, es el ordenamiento político establecido en una sociedad por los poderes constitucionales y por el conjunto de autoridades políticas del estado; es decir, su origen está en las mismas constituciones. A pesar de ello, en los últimos gobiernos, y por cuenta de las autoridades políticas, la voluntad del régimen tomó tanta fuerza que hoy semeja una suerte de constitución paralela, invisible y cargada de normas y reglas, contrarias al sentido común y a las buenas costumbres. Una fuerza política que vigila a los presidentes cuidándose de que estos no gobiernen a su medida. “Foucault se refiere a una vigilancia jerárquica, continua y funcional, que hace del poder disciplinario un poder múltiple, anónimo y automático, dado que funciona como una maquinaria en un sistema de relaciones de tipo reticular”[1]. De esa red del régimen, hacen parte: la fiscalía, la procuraduría, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos maculados, los empresarios e industriales injustos con sus empleados, las empresas y ciudadanos que se las arreglan para no pagar impuestos, los militares destituidos y, entre otros, los narcotraficantes perseguidos. Una tira de gremios non sancta que hoy está padeciendo la angustia que le produce al régimen el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo porque visualizan en él, que no es oportunista, ni sumiso ni cobarde, sino un presidente que para derrocarlo es necesario un golpe blando o fuerte; pero, también saben –y de ahí la angustia a la cual me refiero- que al presidente Petro, en cualquiera de esos eventos negativos, el pueblo lo defendería a capa y espada. [1] El concepto de poder en las organizaciones: bases analíticas Juan Manuel Dávila Ocampo. https://core.ac.uk/download/pdf/47242233.pdf