Por: Ghina Castrillón Torres, Politóloga feminista. Preocupa la reciente decisión del Concejo Distrital de Buenaventura de aprobar acogerse a la Ley 550, especialmente porque faculta a la alcaldesa para que, por al menos un año, pueda vender los bienes del distrito. Dicha aprobación concede facultades a la alcaldesa para modificar el presupuesto y negociar una reestructuración de pasivos y ha sido presentada como la única respuesta necesaria al desequilibrio presupuestal actual y las deudas acumuladas. Sin embargo, es crucial examinar con detenimiento cómo se recogerán y se distribuirán esos recursos, asegurando que se satisfagan las obligaciones inmediatas y que también se destinen a inversiones estratégicas. Frente a lo anterior, Waldor Botero, docente de la Universidad del Pacífico, manifiesta una alerta dado que la venta de los bienes del municipio, como por ejemplo vender las acciones que se tienen en la Sociedad Portuaria, significaría pérdida de ingresos, o volver a conceder la administración del acueducto y alcantarillado a los privados, significaría encarecimiento del costo de vida de la población. Además, el docente dice que el hecho de que sea la segunda vez que Buenaventura entre a dicha Ley, demuestra que vender los bienes públicos no es la única salida, ni tampoco es lo eficiente, al contrario, se debe insistir en que el Estado ayude a rescatar al municipio, y esto implica que apoye el recaudo de las deudas, entre otras medidas. Recordemos que esta es la segunda vez que Buenaventura se acoge a la Ley 550, mas conocida como Ley de Quiebras, siendo el único municipio del país que por segunda vez se encuentra en esta situación. Esto fue en el año 2001, que inició el proceso de restructuración, y posteriormente logró salir de dicha situación en el año 2010, tres años antes de lo acordado. Pero definitivamente se debe evaluar las fallas, porque, una vez más, se vuelve a estar en esta situación. Realmente se debe proteger lo público y este historial plantea preguntas sobre la efectividad de tales medidas a largo plazo y la necesidad de abordar las raíces de los problemas financieros del distrito. La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba destaca que la Ley 550 permitirá conseguir recursos para pagar a trabajadores y acreedores, entre otras acciones. No obstante, la columna vertebral de esta inversión debe basarse en un análisis detallado de las necesidades prioritarias de la ciudad y en la participación ciudadana para garantizar una asignación transparente. Y en tener una estrategia fuerte de lucha anticorrupción, que tristemente ha estado presente en todas las administraciones anteriores. Al observar la última medición del Índice de Desempeño Institucional, que es una herramienta que le permite a cada entidad hacer un autodiagnóstico para diseñar acciones de mejora, se evidencia que Buenaventura tiene un puntaje de 41,8, muy por debajo del promedio general del orden territorial que es de 57,9 y del promedio departamental que es de 58,5. Con estas mediciones, surge la necesidad de abordar las preocupaciones financieras inmediatas y también de implementar reformas que incluya medidas para fortalecer la capacidad institucional y restaurar la confianza ciudadana, además del fortalecimiento de la labor de la Contraloría Es fundamental recordar que las decisiones financieras deben basarse en la búsqueda del bienestar de la ciudadanía a largo plazo. La transparencia, la participación ciudadana y una asignación estratégica de recursos son elementos clave para garantizar que esta intervención conduzca a superar la crisis. Resaltando también los ejercicios de veeduría ciudadana que se han fortalecido en Buenaventura. Si bien esta medida puede proporcionar alivio momentáneo, es central que las autoridades distritales y nacionales trabajen en conjunto. Estamos ante un gran desafío. Hay un aparente remedio, pero la cura nos podría salir muy cara.

Por: Iván Gallo- Editor de Contenidos Fotos tomadas de: W Radio y Semana Cuenta León Valencia que en el año 2002 estaba muy contento porque para las elecciones al congreso lo llamaron de un noticiero por primera vez a hacer análisis de resultados. Juicioso, en la época antes de la Tablet y los celulares inteligentes, llevó todo anotado en sus agendas. Los posibles ganadores por región, las sorpresas, todo estaba controlado. Nadie lo podía corchar. Y sin embargo, cuando empiezan a verse los resultados, sobre las cinco de la tarde de ese domingo aciago, León se da cuenta de su error: no sabe quien es la congresista con mayor votación. Jamás en su vida había escuchado hablar de Eleonora Pineda. No sabía que se hizo con una clientela caudalosa en Córdoba gracias al centro estético que montó. Que había nacido en Tierralta y que tenía amigos influyentes en Córdoba. En ese momento Valencia, columnista de El Tiempo y de la revista Semana, era la cabeza de Nuevo Arco Iris, el centro de investigaciones más riguroso del país. Algo raro estaba pasando. Porque los 88 mil votos de Pinera no eran la excepción en esas elecciones. Era la regla. En Caucasia, pleno Bajo Cauca antioqueño, Rocío Arias, periodista de cierto renombre en la zona, adscrita a algunas causas sociales, pero sin ninguna trayectoria política, había llegado a la Cámara de Representantes con poco menos de 30 mil votos. Esto sólo para citar dos nombres de las decenas que conformaban el nuevo congreso y que habían llegado a él con partidos que nadie conocía. Estructuraron el proyecto, acompañado de jóvenes investigadores que en esa época empezaban a despuntar como Laura Bonilla, experta en el tema político en el Magdalena Medio y Santander, piden apoyo al gobierno sueco y arrancan a investigar. Dos años después, en el 2004, lanzaron el libro que partiría en dos los estudios políticos en el país: Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Lo que tenían en común las senadoras Eleonora Pineda y Rocío Arias es que habían sacado los votos necesarios para llegar al Congreso en las zonas de alta influencia paramilitar. Insuflados en su nube de opio, las AUC estaban obsesionadas con llegar a tener un status político, negociar con un gobierno afín a algunos de sus preceptos y salvarse de la cárcel e incluso de tener que entregar las fortunas que ganaron a sangre y fuego. Y además quedar con el rótulo de ser los héroes de salvar a Colombia de las garras de las FARC. El libro al principio fue distribuido entre los nichos de grupos de estudio y de algunos medios de comunicación. Paralelo a esto, congresistas como el siempre acucioso Gustavo Petro, se llenaron de datos y argumentos en sus debates contra los congresistas que pactaron con las AUC. Sus acusaciones terminarían poniendo en la cárcel a gente tan cercana a Uribe como a su propio primo, Mario, a quien los paracos apoyaron financiando campañas y lo que es peor, obligando a salir a votar a la gente en sus zonas de influencia con un fusil en la cabeza. El sentido de la lealtad que tienen políticos como Álvaro Uribe o su primo Mario se parece al que ostentan personajes de la ficción mafiosa como Michael Corleone o Tony Soprano. La respuesta de ellos ante la investigación fue sentirse ofendidos. Estaban convencidos que a un ex militante de guerrillas como León Valencia no le correspondía entrar a investigar a los colombianos de bien que le habían dado una oportunidad. Según lo cuenta en su libro, Años de guerra, León Valencia se encontró en marzo del 2008 con el senador Mario Uribe en una oficina de la Fiscalía en Bogotá. Tenía que responder por una demanda interpuesta a raíz de sus escritos sobre Parapolítica. Aunque se trataba de la diligencia de conciliación Uribe, apenas vio al analista, se le abalanzó a golpearlo. Lo trató de asesino, lo hizo sentir un abusivo porque se estaba aprovechando de la libertad que le habían dado los periódicos -como si los periódicos fueran de él- para enlodar a un tipo correcto como era él. Si no se interpone su abogado León seguramente hubiera salido golpeado. Violenta también fue la reacción del entonces presidente, quien pregonaba una actitud personal que rayaba en lo zen gracias a las goticas de valeriana -iba a escribir marihuana- que confesaba tomar. A León lo llamó a recordarle los breves momentos que habían compartido, los favores que se habían hecho y reprochándole lo mal que, según él, pagaba esa confianza. Lo que flotaba en el ambiente era el ruido que hace un animal grande al moverse. El libro empezó a ser tan conocido que el término parapolítico se hizo popular. Petro incluso se lo atribuye. En sus encendidos debates en el Congreso jamás llamó a Álvaro Uribe parapolítico. Le decía mafioso o directamente paramilitar. Jamás parapolítico. El término nace en este libro. La visita de los comandantes paramilitares Ernesto Báez, Ramón Isaza y Salvatore Mancuso en el 2004 a un congreso en donde hubo senadores como el infausto Moreno de Caro, al que poco le faltó para arrodillarse ante sus héroes, ocupa un lugar privilegiado en la Historia Universal de la Infamia. Iban a explicarle al país cómo iban los acuerdos de paz. Los Paramilitares tenían éxito en eso de venderle la idea a Colombia de que su lucha era contra la insurgencia. Que los rumores circulantes de los despojos, las desapariciones, las masacres, el narcotráfico y el ansia de poder que tenían era sólo parte de la narrativa de ficción de la izquierda. La verdad prevaleció. El escándalo que desataba el libro se hizo global. Uribe, que estaba dispuesto a pactar con los Comandantes de las AUC, empezó a quedarles mal. A traicionarlos. Lo peor para el uribismo sucedió cuando, en el 2008, Intermedio Editores lo publica y su portada aparece en las vidrieras de las principales librerías del país. Se empieza a vender como si fuera el mismísimo Harry Potter. En Santander los políticos implicados, como el Tuerto Gil, se molestan por el trabajo de Laura Bonilla y su acuciosa investigación contra la política en el Magdalena Medio. Recibe amenazas, se tiene que ir del país. José Obdulio Gaviria, quien fuera amigo de Carlos Pizarro y que como abogado en los años setenta ayudó a sacar de la cárcel a varios miembros del EPL, se arrancaba las barbas por lo que consideraba un improperio contra su líder máximo y colombiano más inmaculado. Trató a León Valencia y su fundación de refugio de terroristas, se encarnizó contra él en sus columnas en el Tiempo e incluso publicó un libro que servía como contragolpe intelectual contra el estudio de Nuevo Arco Iris. Un libro del que no se acuerda nadie y que es mejor que continúe enterrado para no desprestigiar a sus autores. Ese era el discurso de José Obdulio público. En lo privado llamó a León Valencia a ofrecerle el ministerio de Cultura. Uno de los capítulos que más le molestaba a José Obdulio era el de Claudia López, enfocado en la influencia paramilitar en Antioquia. La llamó a la futura alcaldesa de Bogotá una “Torquemada del Siglo XXI” e intentó sin éxito deslegitimar la investigación. Aunque Uribe en ese momento tuviera el 70% de favorabilidad, la investigación que ponía en entredicho el Congreso que lo respaldaba, sus políticas de seguridad y su acuerdo de paz con los paracos, se vendía como pan caliente: 30 mil ejemplares en unas cuantas semanas. Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos fue la investigación que ayudó a salvarnos de lo que se venía, una especie de Pinochet sin las charreteras militares. Un libro que sirvió para que se hiciera justicia, en donde fueron encarcelados más de 60 congresistas por sus nexos con los paramilitares.  Cumple 20 años la osadía de León Valencia, Laura Bonilla, Claudia López, Mauricio Romero y otros investigadores que se jugaron la vida en el acto nombre de decir la verdad.

Por: Redacción de Pares Fotos tomadas de: El Colombiano El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desató una polémica al cuestionar en sus redes sociales que más de dos mil alumnos lleven entre 14 y 34 semestres sin haber podido graduarse. Algunos medios afirmaron que la eternización de esas carreras por parte de los estudiantes se debía a la posibilidad que integraran grupos políticos o, directamente, milicias urbanas, una de las tesis que el gobernador insinuó. El señalamiento fue rápidamente contraatacado con hechos fácticos desde redes sociales. Si existe un estudiantado que ha tenido que luchar contra la corriente han sido los miembros que pertenecen a la comunidad de la Universidad de Antioquia. En los años noventa el estudiantado padeció el mal del paramilitarismo. Este hecho ha sido documentado en varios estudios. Leyder Perdomo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, le dedicó buena parte de su vida a investigar sobre esto.  El estudio, que cubre treinta años de historia, se titula Sobre una empresa de dolor y fracaso: agresión del paramilitarismo contra la democracia estudiantil en los años 90. Se documentaron 17 acciones que vulneraron a 224 estudiantes. En la universidad la amenaza era constante, se traducía en panfletos o señalamientos. Algunos de estos ataques vinieron de manera directa de agentes del Estado. Hubo 16 casos de tortura, desalojos y al menos una desaparición forzada. Entre las amenazas hubo un grupo que desplegó varios panfletos y que se hacía llamar Autodefensas de la Universidad de Antioquia. El peor de todos los actos fue el asesinato del estudiante de filosofía Gustavo Marulanda, perpetrado por dos sicarios. El comandante Ever Velosa, "alias HH" reconocería en el 2007 que él dio la orden. A finales de la década además la Universidad vivió el asedio del Bloque Metro, dirigido por el temible paramilitar Doble Cero, y poco después por los hombres de Don Berna. Los paros en la Universidad de Antioquia han sido históricos y han provocado cierres que han retrasado semestres como sucede en casi todas las universidades públicas del país. Ante el trino del gobernador se han dado explicaciones desde los datos. En promedio una persona demora 16 semestres en graduarse. Un profesor de la U de Antioquia, cuyo nombre pidió no ser divulgado, afirma que este alargamiento de las carreras no tiene nada que ver con pertenecer a grupos políticos sino a que “hay estudiantes que entran muy jóvenes y deciden cambiar de carrera. Están los problemas socioeconómicos. La U de Antioquia le da posibilidades de estudiar a muchachos de estratos bajos que, muchos de ellos, deben trabajar para mantener sus estudios”. Se estima que el 92% de los estudiantes de la U de Antioquia pertenecen a estratos 1 y 2. En redes sociales existe un fuerte rechazo contra las declaraciones estigmatizantes del gobernador incluso le piden que, si va a criticar, es hora de invertir en infraestructura, crear, por ejemplo, residencias universitarias para los estudiantes que llegan de otras partes a cursar sus carreras. Otro de los datos que evidencia el abandono de la política departamental son los recursos. En el 2019 apenas llegaron al 4%. Otra fuente cercana a la universidad explica esta situación. “Las gobernaciones, al estar supeditadas al estado, aportan muy poco. A veces deciden entregar bienes como parte de las contribuciones. Un terreno, un edificio que no necesiten”. En los últimos años, gracias a la mano del presidente Petro y del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, las intromisiones de la fuerza pública dentro de la Universidad han sido mínimos. Esto cambió con la victoria en las elecciones de octubre de Julián Rendón. “Su visión guerrerista, en consonancia con el Centro Democrático y sus promesas, le ha declarado la guerra a la universidad pública en su búsqueda de optimizar la seguridad. Afirmó que todas las plazas públicas serán controladas. En esto incluye los terrenos de la U de Antioquia”. La inferencia del gobernador también tendría que ver con la próxima elección del rector en donde Rendón espera meter alguna de sus fichas. No la tendrá fácil. Desde redes sociales el movimiento estudiantil anuncia una resistencia a la estigmatización y a los ataques. Todo parece indicar que volverán las protestas, los bloqueos, la lucha del movimiento estudiantil.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El mundo y Semana Pocos días después de que Elkana Bohbot fuera uno de los 136 secuestrados del ataque de Hamas del 6 de octubre del 2023 durante un festival de música electrónica, su esposa, la colombiana Geraldine González, recibió la visita de la embajadora Margarita Manjarrés en su casa en Israel, el país en donde vive desde hace siete años. Desde ese momento la comunicación con el gobierno de Gustavo Petro ha sido fluida. Incluso, por orden suya, Elkana Bohbot consiguió la nacionalidad colombiana. La desesperación de Rebecca crece con los días. La última prueba de vida que tuvo de su esposo fue a comienzos de diciembre cuando, en un video, se le vio enfermo, herido, dentro de los túneles donde Hamás mantiene a los secuestrados. Bohbot estaba en el momento del ataque por su trabajo. A sus 34 años tiene una empresa que se encargaba de supervisar a los artistas y la logística del evento de música electrónica llamado Música del desierto Supernova, cuando sobrevino el ataque. Rebecca -nombre que tomó después de casarse con el israelita-  tiene un hijo con Elkana. El niño de tres años mantiene la fe intacta de que su padre va a volver. Cada tanto murmura “Ya casi viene papá” según lo dijo la mujer en una entrevista a Voz de América. La última vez que Hamás decidió, como un gesto de buena voluntad, liberar a diez de los secuestrados, Rebecca esperó encontrar el nombre de su esposo ahí. Pero no apareció. Desde entonces pone carteles en todos los postes que puede con el rostro de Elkana. La respuesta de Israel al ataque ha sido brutal. El intenso bombardeo a Palestina ha dejado 27 mil muertos y cerca de 66 mil heridos, cifras al 31 de enero del 2024. Según el Ministerio de Salud palestino en las últimas 24 horas se han cometido 16 masacres en toda la franja de Gaza en la que murieron 150 personas y 313 resultaron heridos. Hay personas aún entre los escombros de edificios y casas y las imágenes de los niños heridos o muertos han conmovido al mundo, incluso al presidente Gustavo Petro. Las declaraciones de Petro en la red social X -antes llamada Twitter- han tensado las relaciones con ese país. Incluso a mediados de octubre hubo una abierta confrontación con el embajador israelí, Gali Dagan. Petro ha comparado la situación en la que están los palestinos en Gaza con los campos de concentración Nazis. En su momento Dagan le contestó al presidente que mejor fuera a Polonia y viera los viejos barracones donde los hombres de la SS ejecutaron su plan de exterminio contra los judíos a lo que Petro le respondió que ya había estado en Auschwitz y que eso “lo veo calcado ahora en Gaza”. El mandatario incluso sostuvo un rifirrafe con el ministro de relaciones exteriores de ese país, Lior Haiat en un trino que acaso parecía una declaración de principios sobre la situación: Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cual es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel  demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en  la paz  de Palestina y  el mundo. Colombia como nos enseñó Bolívar y Nariño es un pueblo independiente soberano y justo. Algún dia el ejército  y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus  hombres en  nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas u lloraté por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la Paz y  la libertad del mundo. Pero el tiempo pasa y las perspectivas cambian. La situación del ciudadano Elkana Bohbot y las otras 136 personas en poder de Hamas es un hecho delicado. Por eso en las últimas horas se conoció que Petro tenía lista la respuesta a la carta que le envió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a comienzos de enero. En ella el presidente está dispuesto a ser mediador, un vaso comunicante entre el gobierno de Israel y Hamas para conseguir la liberación de los secuestrados. Petro le pidió a Netanyahu un cese de hostilidades y estar más abierto al diálogo. "Es mi voluntad reiterarle que Colombia promueve la paz y el respeto por el derecho internacional y no ahorrará esfuerzo para que la paz sea una realidad en el planeta que habitamos en común". Pero lo que más alienta en este momento a Rebecca y a su pequeño hijo es que en la carta Petro hace referencia a Elkana “Con el fin de facilitar su liberación, el 21 de noviembre tomé la decisión de otorgarle la nacionalidad colombiana al señor Elkana Bohbot, en virtud de su vínculo con la ciudadana colombiana Geraldyn González de Bohbot". Mucho más que una carta ésta es una posibilidad que se le abre a una familia que lleva más de cuatro meses esperando el milagro de volver a ver con vida al objeto de su afecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador Unas semanas después de haberse posesionado como presidente, en octubre del 2022, Gustavo Petro recibió en vivo y en directo los consejos de una de las economistas de moda en Europa, Mariana Mazzucato. Las recomendaciones giraban en torno a cómo Petro debería conciliar sus ideas de izquierda trabajando con el sector privado. Una de las promesas de campaña de Petro era intentar cerrar la brecha entre pobres y ricos en un país inequitativo como el nuestro. Para hacerlo, según lo dijo en su momento a una entrevista a El Tiempo, había que "hablar de creación de riqueza, de crecimiento, de catalizar la inversión en el sector de los negocios". Lo llamaba a ser más ordenado y parecer más coordinado con sus ministros, a ser más medido con sus trinos, a tener un plan definido y no precipitarse a la hora de hablar de cambiar el chip y pasarse a las energías renovables. Pocos días después Mazzucato elogió la reforma tributaria que en ese momento presentó el gobierno al Congreso. Petro se sintió halagado. Romana de 55 años, Mazzucato es experta en temas fiscales y económicos para muchos es la economista más influyente del planeta. Es profesora de la prestigiosa University College de Londres. En esa casa de estudios dirige la Facultad de Economía de la Innovación y el Valor Público. Le dieron el Honoris Causa en la Universidad Oberta de Cataluña y tiene un doctorado económico en la Facultad de Posgrado de la Nueva Escuela para la Investigación Social. Es una intelectual en temas tan disímiles -pero también tan complementarios- como la Historia y la Salud. Ella preside en la Organización Mundial de la Salud el comité de Salud para todos. Sus asesorías para la OCDE y para países con economías saludables como Escocia y Noruega, la han convertido en todo un referente. En un trino Gustavo Petro dijo en su momento “Mariana Mazzucato la principal economista hoy en el mundo, propone un nuevo pacto social entre el sector público y privado basado en la equidad social y la sostenibilidad ambiental y romper con el consenso de Washington”. Este 31 de enero, después de la visita de la italiana a Colombia, Petro anunció el nuevo refuerzo de lujo para su gobierno. Mazzucato trabajará en conjunto con los ministerios para implementar el ambicioso Plan Nacional de Desarrollo. Esto se dio de una larga conversación con el ministro de hacienda Ricardo Bonilla y su viceministra María Valdés. Encuentro que la intelectual italiana calificó de “productivo”. Haciendo un balance de su visita a Colombia, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, afirmó que “el Estado no está para hacer proyecticos, es un reto para el gobierno porque toda la estructura estatal, las vigencias fiscales, están casi que diseñados para hacer proyecticos que paguen favores, o pequeñitos proyectos de inversión, Mazzucato se opone a esto. Lo segundo es que damos el concepto misional, Mazzucato dice que hay que hacer una gran apuesta, para Colombia la misión tendría que ser poner a girar a la comunidad alrededor de un propósito, que éste podría ser el gran acuerdo nacional, vamos a tener un propósito común y ese propósito necesita mover a la sociedad a actores públicos y privados”. La incorporación al Plan Nacional de Desarrollo de la italiana podría significar el esperado salto, el cambio que tanto pregonó Petro en campaña. Sin embargo habría limitantes según lo marca Bonilla “La limitante es que cuando revisa los actores privados no considera el gran nivel de precariedad en el sector privado y las falencias del sector público” Eso es lo que se necesitaría corregir. Empezar a forjar un estado emprendedor, algo que ella conoce bastante bien.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada del: El Tiempo En el marco del foro "Un camino con las víctimas", organizado por el periódico El Espectador, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, hizo públicas graves denuncias sobre presuntas irregularidades durante el trámite de la Reforma a la Ley de Víctimas por parte de algunos miembros del Congreso de la República. La Reforma, presentada en septiembre del año pasado, tiene como objetivo abordar los persistentes problemas asociados con la falta de recursos para la implementación efectiva de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas. Durante su participación en el foro, Tobón señaló que los recursos destinados a la atención de las víctimas se están desviando hacia la "burocracia" y afirmó que algunos congresistas estarían detrás de estas irregularidades. Expresó su preocupación por la priorización de la "agenda política" en lugar de la "agenda de las víctimas", argumentando que en un momento en que el país realiza un esfuerzo significativo anticorrupción, es inaceptable entregar fondos a los "corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso". La directora de la Unidad de Víctimas destacó que la demora en el debate de la reforma a la Ley de Víctimas es inaceptable, especialmente cuando se trata de asuntos cruciales de justicia social y equidad. Criticó a los congresistas que, según ella, retrasan deliberadamente los debates importantes al solicitar cargos de entidades públicas como una táctica para obstaculizar el proceso legislativo. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el proyecto fue presentado el año pasado por un grupo parlamentario con el respaldo del Gobierno, encabezado por el Ministro de Justicia y la Directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia. La propuesta, lanzada en septiembre pasado, tiene como objetivo principal fortalecer el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIF). Busca enfoques diferenciales para el esclarecimiento de verdades, reparaciones colectivas y la agilización de los procesos de restitución de tierras, si fuera necesario. En cuanto a las nuevas fuentes de financiación, el investigador destacó la necesidad constante de recursos para las víctimas, subrayando que ha sido un desafío significativo. Se hace imperativo explorar nuevas fuentes para proporcionar y garantizar reparaciones a las víctimas. Además, resaltó la importancia de la colaboración y coordinación entre diversas entidades gubernamentales para llevar a cabo la reparación a las víctimas. Sin embargo, el éxito de estas acciones dependerá en última instancia de la aprobación y la formulación final de la ley por parte del Congreso, así como de las responsabilidades asignadas a las diferentes entidades públicas en virtud de dicha ley. La reforma propuesta por el Gobierno Nacional busca abordar el problema fundamental de la insuficiencia de recursos disponibles para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado que ha afectado al país durante décadas. En septiembre de 2023, cuando la Unidad de Víctimas y el Gobierno presentaron ajustes a la Ley de Víctimas, fue con la intención de comprometer al más alto nivel gubernamental en la búsqueda de diversas fuentes de financiación. Se proponía la creación de una Comisión de Financiamiento para asegurar los recursos necesarios. En relación con el proceso legislativo, Juan Alejandro Pérez señaló que se pueden proponer numerosas mejoras en el trámite de la ley en cuestión. Sin embargo, hizo énfasis en que todo depende de la voluntad política, y si las mayorías no están dispuestas a impulsar la legislación en favor de las víctimas. Además, destacó que existen otras Reformas que captan más la atención pública, como las relacionadas con aspectos sociales, salud, educación, pensiones y laborales. Es común enfrentar obstáculos normales no solo en este congreso, sino en el proceso legislativo en general, dadas las dinámicas congresionales y la acumulación de proyectos. El verdadero problema, según Pérez, radica en la falta de voluntad pública y política, ya que el proyecto no está en la agenda pública de manera destacada. Esto es especialmente preocupante considerando que se trata de un proyecto que debería ser debatido en una sociedad que continuamente sufre las consecuencias del conflicto armado, con un número creciente de víctimas. Las palabras de Patricia Tobón subrayan la necesidad urgente de avanzar en la reforma de la ley, no solo como una petición de las víctimas, sino como una orden de la Corte Constitucional. Su denuncia destaca la responsabilidad que recae en los congresistas para llevar adelante este debate crucial y superar la omisión legislativa existente en la implementación de la Ley de Víctimas según la propuesta del Gobierno Nacional.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas del : El Espectador Literalmente la familia Büch lo ha dado todo, incluso sus vidas, para preservar una reserva ecológica llamada Meremberg, de 30 hectáreas repartidas entre los departamentos del Huila y el Cauca. En 1974 Matilda Buch, perteneciente a la segunda generación de alemanes que se quedó en el país para preservar una buena parte del bosque de roble, de pino romerón, de orquídeas más impresionante que está en este territorio, fue asesinada por defender uno de los postulados de la reserva: no cazar animales, no talar bosques. Tenía 35 años y sus tres hijos, Dietlind, Gerfried y Svanhild Büch, y su esposo Gunther, no podrían entender que estaba pasando. Svanhild tenía 17 años. Su primera reacción fue hacer lo que había hecho su hermana Gerfried, regresar a Alemania en donde incluso llegó a ser campeona nacional de natación. Pero se quedó. El primer Büch que llegó se llamaba Karl, un agrónomo de la universidad de Leipzig que llegó al país en 1921, escapando de los estragos económicos que dejaba la postguerra en Alemania. Las imposibles condiciones económicas a las que comprometió Francia a Alemania en el tratado de Versalles arruinaron al país. Así que Karl aceptó el ofrecimiento de la Universidad Nacional para que fuera uno de sus catedráticos. Regresó a Alemania en 1927 pero dos años después, el crack en la bolsa de Nueva York terminó por destruir el país. Se le abrían las puertas entonces a opciones más radicales, como lo que pregonaba un triste cabo convertido en carismático líder de voz chillona: Adolfo Hitler. Así que Karl se establece en Colombia junto con otros alemanes en la década del treinta. En esa época, en Bogotá, conoce a un ingeniero de apellido Cuellar que en ese momento era gobernador del Cauca. Lo contrató para que dirigiera una obra, la carretera La Plata-Popayán que en ese momento se estaba construyendo. Se enamoró del yarumo, del clima. Treinta hectáreas que están ubicadas a 50 kilómetros de la Plata, Huila, exactamente a un lado del cañón del Río San Francisco. Un refugio de aves espléndidas, entre los que se cuentan el cóndor, y de regalos de la naturaleza espléndidos como las orquídeas. Cuando los primeros Büch se establecen en el lugar, aún era una zona de páramo. Helada, sin energía eléctrica. No había cocina, tenían que preparar los alimentos afuera de la casa en un fogón de madera. Le pusieron Meremberg por un condado que quedaba en Alemania. Quiere decir algo así como un mar de montañas. Uno de los hijos de Karl, Gunther, peleó en la Segunda Guerra Mundial. Seis años en lugares tan agrestes como el Frente Ruso. Incluso estuvo el día en el que los aliados deciden invadir Europa en el desembarco de Normandía. Recibió heridas. Convaleciente se viene a Colombia junto a su esposa, Matilda, y deciden seguir el legado de conservación de Karl. En los años cincuenta tienen tres hijos, dos regresan a Alemania y se queda al frente de la preservación de la reserva Svanhild Büch, quien además es una notable traductora del Alemán al español y se considera huilense. Tuvo que soportar momentos muy duros, como el asesinato de su madre y la invasión de campesinos en los años setenta que, alentados por la Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo, creyeron que podrían quedarse con una parte de la reserva. En los años ochenta se consiguen convenios con universidades como Harvard e inician algo en lo que está muy interesado el gobierno de Gustavo Petro, el de turismo ecológico. El auge de las guerrillas en los años noventa y la irrupción del fenómeno paramilitar hicieron a Gunther tomar la decisión de devolverse para Alemania donde murió en el 2012. Desde hace treinta años Svanhild está al frente de Meremberg, luchando a brazo torcido por conservar sus 93 fuentes de agua, sus bosques primarios y secundarios, o descubrimientos como el volcán Meremberg, o el páramo de la Candelaria. Sus hijos ya regresaron a Alemania y ella se ha quedado sola esperando pasarle la posta a alguien, sobre todo al Estado. Es un refugio importante de monos aulladores, de dantas, de osos de anteojos y a veces anidan cóndores. Existe una cascada llamada La Candelaria que parece sacada de un cuento de hadas. Ya tiene 500 hectáreas pero la preocupación de Svanhild es que, cuando ella cumpla su ciclo vital, no exista alguien interesado en preservar uno de los experimentos ecológicos más sorprendentes en la historia del país. En una época de tanta consciencia ecológica se necesita tener la certeza de que Meremberg prevalecerá en el tiempo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 29 de enero marcó el fin del cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, en una sorpresiva y estratégica movida, ambas partes anunciaron el acuerdo para prorrogar el actual cese al fuego hasta el 5 de febrero, prolongando así las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, Cuba. El sexto ciclo de diálogos, que comenzó el pasado 22 de enero, se centró en la extensión del cese al fuego como punto crucial de las discusiones. El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, se sumó a la mesa de negociación durante el fin de semana, consolidando la importancia de este proceso para ambas partes. En un comunicado conjunto, la delegación del ELN expresó: "Teniendo en cuenta que el día de hoy, 29 de enero de 2024, expira el CFBNT, se dará continuidad hasta el día 5 de febrero de 2024 en las condiciones del Acuerdo N.º 10 del 9 de junio de 2023 y de los Protocolos que lo han regido". Esta prórroga, inicialmente planeada para comenzar el 30 de enero, se discutió en medio de tensiones y desafíos. La decisión de extender el cese al fuego se produce después de que el ELN se comprometiera, durante la quinta ronda de negociaciones en diciembre en México, a suspender los secuestros con fines de rescate. Sin embargo, a pesar de este compromiso, la efectividad del alto al fuego ha sido objeto de controversia. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ha respaldado la búsqueda de una Paz Total por parte del Gobierno, también ha expresado críticas sobre la voluntad de negociación tanto del ELN como de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Su participación en las negociaciones abrió la puerta a esperanzas sobre la posibilidad de una prórroga, considerando las denuncias sobre el impacto real del cese al fuego en algunas regiones y los reclamos de connivencia entre la fuerza pública y otros grupos armados para atacar al ELN. A pesar de que el acuerdo de cese al fuego en agosto del año pasado contribuyó notablemente a disminuir la violencia, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) reportó un cambio preocupante en diciembre. Tras 118 días sin incidentes violentos atribuidos al ELN, se registraron asesinatos y secuestros en Chocó y Cauca. Datos en poder del Gobierno Nacional, revelados por el medio de comunicación La W, confirmaron acciones armadas del ELN durante los últimos seis meses, incluso durante el periodo del cese al fuego. Hubo al menos 43 homicidios, 35 secuestros, 12 confinamientos de comunidades, 14 presencias armadas, 2 acciones terroristas y 2 hostigamientos, resultando en la muerte de un militar. Arauca se posiciona como el departamento más afectado, seguido por Cauca, Nariño, Norte de Santander y Chocó. A continuación, se mostrará una gráfica elaborada por la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sobre las acciones del ELN en 2023 y en enero de 2024 Matriz de seguimiento de Pares Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, detalló la representación gráfica de las acciones llevadas a cabo por nuestra fuente propia, una matriz que registra las actividades armadas analizadas. Estas acciones abarcan el período desde enero de 2023 hasta enero de 2024, siendo los números de abajo correspondientes a los meses del año. La categorización incluye acciones como combates o enfrentamientos, que involucran choques con grupos armados ilegales, ataques a la fuerza pública y agresiones a la población civil. La investigadora señaló que, a partir de agosto (mes 8), se observa una tendencia a la baja en las acciones armadas realizadas por el ELN. Notablemente, el cese al fuego ha tenido un impacto positivo en la reducción de hostilidades hacia las fuerzas del Estado. Específicamente, se destaca que el ataque a la Fuerza Pública es la acción que ha experimentado el mayor éxito con el cese al fuego. Desde agosto, solo se registró un ataque a la Fuerza Pública, y desde septiembre hasta enero no se ha reportado ninguna incidencia en este sentido. En consecuencia, se puede concluir que el ELN está cumpliendo con la disposición del cese al fuego en lo que respecta a estas acciones. No obstante, Fernández subraya que hay otras acciones que el ELN continúa llevando a cabo, como los enfrentamientos (representados por la línea azul en la gráfica). Estos enfrentamientos pueden involucrar al Estado Mayor Central o al Clan del Golfo y, aunque no están pactados en el cese al fuego, su frecuencia también muestra una tendencia a la baja desde agosto. Estos combates generan victimizaciones, como desplazamientos y confinamientos, impactando directamente a la población civil. A pesar de ello, es importante señalar que el enfrentamiento con disidencias no se considera una violación del cese al fuego. Fernández explicó que ciertas prácticas como secuestros, extorsiones e intimidaciones continuaron hasta el quinto ciclo de negociaciones, cuando se acordó que el ELN renunciaría al secuestro con fines extorsivos como práctica de financiación. Estas acciones, que persistieron hasta el quinto ciclo, indican que aún hay un camino por recorrer para afinar las prácticas en el marco del cese al fuego. Por esta razón, en líneas generales, se puede afirmar que el Cese del Fuego ha tenido un impacto positivo en la disminución de las acciones del ELN. La explicación de este descenso, según Fernández, radica en la ausencia de ataques a la fuerza pública por parte del ELN desde septiembre. Esta medida ha demostrado ser la más exitosa de todas las acciones emprendidas durante los Ceses al Fuego. Sin embargo, persisten enfrentamientos y combates con otros grupos armados, lo cual sigue afectando a la sociedad civil. Es importante señalar que estos conflictos ya mostraban una tendencia a la baja desde junio, antes incluso de la implementación del Cese, a pesar de algunos picos registrados en abril y junio. Adicionalmente, los ataques a la población civil presentan temas polémicos aún no definidos en las mesas de diálogo. Un ejemplo destacado es el secuestro, un tema sensible que solo fue acordado hasta el final del quinto ciclo. En el sexto ciclo se espera la implementación de medidas que no solo protejan a la fuerza pública, ya considerada un éxito del cese, sino que también resguarden a la población civil. Estas medidas podrían incluir la prohibición de secuestros con fines extorsivos, buscando reducir la extorsión a la sociedad civil, especialmente en áreas con presencia del ELN. Es fundamental destacar que la protección de la sociedad civil no solo debe limitarse a ceses entre grupos ilegales y la fuerza pública. Camila Fernández sugiere la necesidad de reducir los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central, ambos en cese al Fuego. Esto implica no solo acuerdos con los grupos y el Estado, sino también entre los propios grupos ilegales para disminuir los conflictos que resultan en altas tasas de desplazamiento y confinamiento. Un informe de la Línea de Posconflicto de Pares del año pasado revela que, del 100% de secuestros registrados, solo el 10% es atribuible al ELN. El fenómeno del secuestro está en aumento, pero la responsabilidad recae principalmente en la delincuencia común, representando cerca del 80% de los casos, mientras que el 11% se atribuye al Estado Mayor Central. Es esencial tener en cuenta estos datos para entender la complejidad de la situación y abordar las distintas dimensiones del problema. Ver: (Secuestro: desafío de la Paz Total) Considerando la extensión de los cinco días adicionales al cese al fuego, Camila Fernández subrayó que es probable que estos cinco días estén siendo dedicados a discutir las acciones que se adoptarán durante la prórroga de seis meses del cese. En este periodo, posiblemente se están analizando los informes por parte de las delegaciones presentes en la mesa, tanto del ELN como del Gobierno, así como el informe de la misión de verificación que ha supervisado de manera meticulosa los ceses. Esto explica la actual tregua de cinco días. Nos encaminamos hacia una extensión del cese por seis meses, y estos cinco días adicionales son precisamente para evitar un vacío entre el cierre del cese y la conclusión de las conversaciones. Se espera que, con el cierre de esta mesa de diálogos, el principal progreso sea la presentación detallada del balance del cese al fuego, proveniente de fuentes oficiales y del mecanismo de monitoreo y verificación, que es esencialmente la misma mesa de diálogos. Después de este balance, se anticipa avanzar en las acciones que regirán el cese en los próximos seis meses. Hasta ahora, se sabe que el secuestro ha sido incluido como una acción prohibida durante el cese. Sin embargo, se espera que la mesa debata la posibilidad de incluir acciones como enfrentamientos con grupos armados ilegales, así como la extorsión y el reclutamiento infantil de niños, niñas y adolescentes. Si la mesa llega a aceptar acciones que afectan a la sociedad civil, no solo a la fuerza pública, Fernández señaló que podríamos tener el cese más prolongado en la historia. Los seis meses actuales ya representan el periodo más extenso en la historia de los diálogos con el ELN. Si se llega a este punto, alcanzaríamos un cese de un año posiblemente, contando los seis meses transcurridos y si dejan otros seis meses de prórroga. Esto se convertiría en un paso significativo hacia un proceso de paz con bases sólidas, demostrando una genuina voluntad de paz y la intención de reducir el impacto del conflicto armado en la sociedad civil. El futuro del cese al fuego permanece incierto, ya que es uno de los puntos en discusión en el sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Por otro lado, las delegaciones tienen un plazo de unos días para abordar otros temas cruciales. En cuanto a la participación de la sociedad civil, que ha sido activa a través del Comité Nacional de Participación y de numerosos encuentros desde 2023, se acordó la finalización de las sesiones sectoriales y territoriales, con aproximadamente 20 aún pendientes. Se estableció que estas iniciativas culminarán su fase de diseño en abril del próximo año, junto con la creación de la Red Nacional de Participación. Además, se llevará a cabo una amplia difusión y pedagogía sobre el Plan Nacional de Participación. Otro acuerdo relevante fue la formación de ocho zonas críticas de acciones humanitarias y una comisión de la mesa de diálogos para coordinar planes de atención y transformaciones sociales en esos lugares. En medio de este complejo panorama, la sociedad colombiana espera con cautela el desenlace de las negociaciones, consciente de los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de una paz duradera.

Por: León Valencia-Director de Pares Foto tomada de: France24 Álvaro Uribe Vélez ya vivió y dirigió esta experiencia y le fue muy bien. Una vez llegó a la presidencia juntó a los seguidores más cercanos en un solo agrupamiento: el Partido de la Unidad Nacional o Partido de la U, como se lo conoció, para que tuviera su marca personal. Con ese partido a la cabeza conformó una coalición de mayorías que gobernó el país del 2002 al 2010, le alcanzó también para hacer elegir a Juan Manuel Santos como su sucesor en la presidencia. Luego, cuando Santos se apartó de su lado y puso a su servicio al Partido de la U, formó el Centro Democrático, con el que le hizo una exitosa oposición a Santos y catapultó a Iván Duque al Palacio de Nariño en 2018.  Así manejó durante 18 años la agenda del país. Petro quiere hacer algo parecido. Construir un solo partido con los grupos y movimientos que conforman el Pacto Histórico y con personas y movimientos afines al “progresismo”. No es mala idea. Petro tiene una potente agenda de reformas sociales y una multitud de seguidores que le permitirán jugar un papel protagónico en la política colombiana en los años venideros. No será tan fácil. Uribe tenía una bandera, la seguridad democrática, con una enorme aceptación en las élites del país, especialmente en los clanes políticos regionales; y un enemigo, la guerrilla, que había acumulado rencores y animadversiones en la sociedad colombiana. Petro, en cambio, agita reformas que tienen una gran resistencia en las élites nacionales y locales y requieren una enorme labor pedagógica en la sociedad. El contexto es también diferente. La política colombiana afrontaba, en el 2002, cuando llegó Uribe a la presidencia, una gran dispersión. A las elecciones de ese año se presentaron más de setenta listas a Senado en representación de una variedad de grupos, movimientos y partidos, muchos de ellos asociados con los paramilitares en el fenómeno de la parapolítica. Pero la reforma política de 2003, que señaló un umbral del tres por ciento de los votantes para poder entrar al Congreso, obligó a forjar partidos de mayor alcance. En ese proceso se formó el Partido de la U que alcanzó la mayor votación en las legislativas de 2006 y obtuvo 20 senadores y 30 representantes; dio un salto el Partido Cambio Radical; y los más caracterizados parapolíticos se agruparon en cuatro colectividades: Partido de Integración Nacional, Colombia Viva, Colombia Democrática y Alas Equipo Colombia. También ocurrió la unidad de la izquierda en el Polo Democrático Alternativo que obtuvo 10 curules en Senado y 8 en cámara de representantes. Los partidos históricos: el conservador y el liberal, pasaron a un rol secundario, uno como acompañante de Uribe y el otro como segunda voz en la oposición. Uribe propició la polarización política. Forjó una derecha pura y dura y, como reflejo, facilitó el salto de la izquierda desde la marginalidad al protagonismo político a partir del 2006. Eso produjo un cambio de signo en la vida nacional. Al tenor de esta polarización han ido apareciendo también unas fuerzas ubicadas al centro del espectro político, de modo que ahora se puede decir que estamos entrando en una época que ya recorrieron Europa y algunos países de América Latina: un arco político donde está la derecha y la centro derecha; la izquierda y la centro izquierda. Ahora bien, en Colombia hay unos ingredientes perversos que desdibujan este arco político y confunden a los observadores de la vida nacional: la influencia del narcotráfico y la financiación ilegal de las campañas, la persistencia de una variedad de clanes políticos, el clientelismo y la política como micronegocio en el que hasta los avales significan una entrada inusual de dineros a las arcas de los caciques políticos. Estos factores y la disposición del Consejo Nacional Electoral a conceder personerías jurídicas a una variedad de grupos dan la sensación de una gran dispersión política. Pero si miramos lo que ocurrió en el Congreso de la República en la discusión de las reformas y en la actitud frente al gobierno de Petro, podemos ver un dibujo en el que sobresalen claramente las líneas de izquierda, centro y derecha. Las alianzas y las consultas inter-partidarias se han convertido en la fórmula para ordenar las listas y las candidaturas presidenciales en este nuevo juego político entre izquierdas y derechas. Pero aún en ese juego es muy conveniente tener un partido grande, una agenda política consistente y unos candidatos competitivos para atraer al electorado y garantizar la gobernabilidad. Petro ha entendido la situación. Entendió con mayor claridad la necesidad de un solo partido de sus seguidores y afines en las elecciones de 2023. La derrota en las elecciones locales y regionales a pesar de tener la presidencia de la república fue un campanazo de alerta. Necesita conseguir un candidato de gran perfil y una fuerza aglutinadora en las elecciones de 2026 para darle continuidad a su agenda política. La unidad de las diversas vertientes del Pacto Histórico y de otros grupos, le puede dar esa fuerza y en ella hay una variedad de posibles candidatos: Luis Gilberto Murillo, embajador en Washington; Roy Barreras; Francia Márquez; los parlamentarios Iván Cepeda y María José Pizarro; el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; entre otros. Hay otro obstáculo a vencer: la izquierda colombiana tiene un ADN crítico, díscolo, una resistencia innata a los caudillismos, un apego a convertir las pequeñas diferencias, las diferencias con sus más cercanos, en motivo de controversias y separaciones. Esto, adobado por las pequeñas rentabilidades que vienen de tener un grupo para otorgar avales y para representar en las alianzas y en el debate público, se convierte en una barrera a veces insalvable. Ya lo vimos en las elecciones regionales y locales. Eduardo Noriega, operador político de Petro en el Pacto Histórico, fracasó en su intento de poner orden en las filas y lograr una presentación unitaria y decorosa en las elecciones de 2023. El Partido Verde tendría que pensar como Uribe y Petro El Partido Verde ha sido protagonista de primer orden en la política nacional desde cuando Antanas Mockus, su candidato a la presidencia en las elecciones de 2010, pasó a segunda vuelta desplazando a un tercer lugar a Petro y pegándole un enorme susto a Santos y al Uribismo.  Ganó las elecciones locales de 2019 en las que obtuvo alcaldías en 13 importantes ciudades, empezando por la capital de la república. No le fue nada bien en las presidenciales de 2022 y en las locales de 2023, pero ahora tiene en la arena política a Claudia López, que hoy, cuando apenas empieza 2024 y las elecciones presidenciales están lejos, es una competidora de gran perfil para el 2026. En el 2002 este partido y las fuerzas al centro del espectro político tenían muy pocas posibilidades. La polarización se tragó el debate político y consumió a las fuerzas de centro que se habían agrupado en la coalición de la Esperanza. No fue, desde luego, un proceso espontáneo. Tanto Petro como las derechas se metieron en ese juego. Sólo que las derechas no pudieron conseguir un candidato presentable que fuera capaz de derrotar a la izquierda. Para saltar por encima de la polarización y ganar un puesto en la segunda vuelta y meterse a fondo en la disputa presidencial de 2026, el Partido Verde y las fuerzas del centro político, tendrían que empezar desde ya una tarea aglutinante y una redefinición de su agenda política. Sin esto les será muy difícil competir con éxito. Los principales grupos en este espectro son, por ahora: el Partido Verde en sus distintos matices; el Nuevo Liberalismo fortalecido con el triunfo de Carlos Fernando Galán en la alcaldía de Bogotá; En Marcha, que no le va nada mal en su participación en el gobierno y en su disputa por sectores del Partido Liberal; Dignidad y Compromiso, que tiene a Sergio Fajardo y a Jorge Enrique Robledo. El Partido Verde está próximo a realizar su congreso y en vez de dedicarse a tramitar sus graves disputas internas debería lanzar la idea de un partido aglutinante de las fuerzas de centro; redefinir su agenda, tomando como bandera principal la adaptación al cambio climático, la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles; sin descuidar, claro está, otras banderas sociales claves; debe recuperar también la agenda anticorrupción que abanderó Antanas Mockus y que puso en alto Claudia López en la batalla contra la parapolítica y en la consulta popular de 2018. Tiene igualmente la difícil tarea de aclarar su posición frente al gobierno de Petro. ¿La oposición, la independencia o la colaboración crítica? Si le va mal, demasiado mal, a Petro, las derechas tienen una gran posibilidad de ganar en el 2026. Si le va muy bien a Petro el mayor chance lo tiene el propio Pacto Histórico. Le favorece más al Verde y al Centro que el gobierno de Petro termine su mandato con algunas realizaciones y con un ambiente favorable a la continuidad de las reformas sociales. En las filas del verde hace presencia un sector Petrista, de ahí que una abierta oposición al gobierno puede terminar en una grave división. Eso cuenta a la hora de convocar a la unidad con otros sectores. No le queda bien dividir sus propias huestes.  Así que a este partido le tocará, quizá, el difícil equilibrio de colaborar y criticar. Colaborar y esperar que no le vaya tan mal a Petro y criticar para tener un puesto propio en la disputa electoral 2026. La tentación de las derechas Algunos líderes de la derecha y sectores de la prensa quieren jugar a parecerse a Nayib Bukele, el exitoso presidente de El Salvador; o al estridente Javier Gerardo Milei, recién elegido presidente de Argentina. La más caracterizada vocera de esta tentación es María Fernanda Cabal, pero la lista es larga. El caldo de cultivo para el ascenso de esta corriente es un fracaso estruendoso del gobierno de la izquierda. Es decir, un grave deterioro de los indicadores económicos y sociales o la sensación de que esto esta ocurriendo; un notable incremento de la inseguridad y la violencia o la percepción de que esto sucede; y una multiplicación de los escándalos de corrupción o la atribución de los que ocurren a la presidencia y su entorno. Fue el ambiente que acompañó el triunfo electoral de Uribe en 2002. El país vivió entre 1998 y 2001 una pavorosa crisis económica y financiera, al tiempo que fracasaban las negociaciones de paz con las FARC y crecía como espuma el paramilitarismo. Las ofertas de seguridad y confianza inversionista de Uribe calaron rápidamente en medio de esta desesperada situación. No es esta la realidad que vive el país en este momento. Ni los indicadores económicos y sociales se han venido al suelo, ni la inseguridad ha saltado por encima de lo que venía desde el gobierno de Duque, ni hay -aún- grandes escándalos en el ejercicio del gobierno, aunque hay mucho ruido en la financiación de la campaña electoral. Pero, aun si la realidad no va camino al deterioro, la percepción puede ir en esa vía, a eso le está jugando la oposición. No es descartable que tengan algún éxito en la promoción de la catástrofe. Las derechas y los clanes políticos no se han limitado a jugar a la catástrofe, también han hecho movimientos muy importantes en su accionar político. En las elecciones regionales y locales, líderes notables de esta corriente que se habían lanzado a la política nacional, se devolvieron a sus regiones a cuidar sus feudos electorales. Fue el caso de Fico Gutiérrez, Alejandro Char, Dilian Francisca Toro y Rodolfo Hernández. Los triunfos electorales de 2023 han sido una bocanada de aire fresco para la oposición. Si la tentación de buscar un parecido con Bukele o Milei no prospera, las derechas pueden acudir a candidatos con importante tradición política o a líderes que vienen del ejercicio político regional. Al finalizar el 2024 sabremos qué camino toman las fuerzas de esta corriente. En todo caso tienen mucho de donde escoger si miramos al Centro Democrático, a Cambio Radical, a sectores del liberalismo, del conservatismo y del Partido de la Unidad Nacional.  Germán Vargas Lleras, Mauricio Cárdenas, Miguel Uribe, Juan Guillermo Zuluaga, José Félix Lafaurie, son nombres que suenan en los corrillos políticos.

Por: Redacción Pares Semana del 29 al 2 de febrero Continúa en La Habana el VI ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, el lunes 29 de enero han anunciado que siguen trabajando en la evaluación del Cese Bilateral que rige desde el pasado 3 de agosto y que tenía fecha de vencimiento este 29 de enero, prorrogando hasta el 5 de febrero, fecha en la que deben anunciar la nueva temporalidad de este cese bilateral, que ha parado la muerte de combatientes de lado y lado y que se aspira que igualmente le sirva a las comunidades que siguen sufriendo estas violencias en una importante geografía. La semana ha estado marcada por la expectativa de continuidad del cese bilateral, con algunos rifirrafes entre el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño y el primer Comandante del ELN, Antonio García, forcejeos propios de una negociación donde la inmensa mayoría de los aspectos son difíciles de tratar y muchas veces se parte de posturas distantes que hay que acercar y el tema del cese bilateral de fuego y hostilidades es uno de ellos. La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe donde detallan supuestas violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del ELN, igualmente se habla de expansión del ELN, en el marco del cese bilateral y las negociaciones en curso, afirmaciones que hay que tomar con pinzas y revisar en detalle, en tanto son utilizadas por los críticos del actual proceso de paz, no faltan las voces que piden terminar con el proceso, como si luego de seis décadas tenemos enorme evidencia de que el estado colombiano no ha podido controlar al ELN y mucho menos derrotarlo y que el único camino viable, como con todas las guerrillas en Colombia, es buscar un acuerdo de paz, mediante diálogos y negociaciones. Este VI Ciclo es muy posible que vaya hasta el próximo martes 6 de febrero, esperemos los mejores logros, con nuevas iniciativas en cuanto a participación, acciones humanitarias y de desarrollo y por supuesto en una prolongación del cese bilateral, con beneficios para las comunidades. MESA DE DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL-ELN COMUNICADO CONJUNTO N° 20 LECCIONES MAL APRENDIDAS - Columna de Antonio García. https://telegra.ph/LECCIONES-MAL-APRENDIDAS-01-29 Cese al fuego con el ELN irá hasta el 5 de febrero 2024 "En eso estamos": ELN reaccionó a anuncio de Otty Patiño sobre prórroga de cese al fuego por 6 meses. Prórroga del cese al fuego con ELN "son puros cuentos": Antonio García contradijo a Otty Patiño Frente Comuneros del Sur del ELN dice “estar listo” para diálogos regionales de paz ELN cometió 35 secuestros y 43 homicidios en medio del cese al fuego. Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Colombia Informa y As Colombia A comienzos de enero Francisco Barbosa, en diálogo con Red + Noticias, comparó al presidente de la República con Pablo Escobar.  “Si al país, hace 25 años, lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo en jaque Gustavo Petro”. Para él es tan peligrosa la gestión presidencial como la campaña de terror que llevó al Cartel de Medellín a poner carros bombas en el centro de Bogotá, asesinar candidatos presidenciales, o volar un avión de Avianca. El Fiscal acusaba a Petro de no agilizar la gestión en la rama judicial y de darle mucha importancia a los grupos armados con los que se ha sentado a negociar. Era el principio de la batalla final. A dos semanas de terminar su gestión -debe entregar su cargo el próximo 13 de febrero- los decibeles de la discusión con el presidente aumentan. Las ternadas para reemplazar a Francisco Barbosa son Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo, quienes aún no han obtenido los votos suficientes que requieren de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La próxima votación será el 8 de febrero. En caso de que no se llegue a un consenso el cargo será ocupado por la vicefiscal Marta Mancera quien pertenece a la entraña de Barbosa. Para Gustavo Bolívar la demora de la corte es inadmisible. En uno de sus trinos escribió: “Duque presentó la terna para fiscal un 3 de diciembre. Barbosa fue elegido el 29 de enero. Es decir, para escoger al peor Fiscal de la historia, la Corte Suprema de Justicia solo tardó 59 días. Para elegir su reemplazo, de una terna de lujo, entregada por Petro el 2 de agosto, con 3 mujeres con amplia experiencia en la rama, experiencia que no tenía Barbosa, llevan más de 150 días. Dato mata relato” El Fiscal, en entrevista a la Revista Semana, afirmó que el presidente teme que una fiscal como Mancera intensifique la investigación contra su hijo. Petro ripostó en un encuentro con la comunidad que realizó en Quibdó afirmando que el Fiscal está violando la actual constitución de Colombia -que Petro, como miembro del M-19 ayudó a reformar- investigándolo. “A mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”. Este sería uno más de los abusos de poder en los que ha incurrido el Fiscal desde que asumió el cargo en febrero del 2020, nombrado por su compañero de clase Iván Duque, entonces presidente de la República. El primer escándalo fue en julio del 2020 cuando se aprovechó de una visita oficial a San Andrés, en plenas restricciones derivadas de la pandemia, para llevar a su hija y a una amiga de ésta a la isla en un avión privado. Se le abrió incluso una investigación en la Comisión de Acusaciones por violar las normas de la cuarentena. En una columna del 2022 en la Revista Cambio, el periodista y abogado Yohir Akerman escribió que los perros del Fiscal, los que él tiene como mascota, eran sacados a pasear por escoltas y funcionarios de la Fiscalía usando carro oficial -cuyo combustible es pagado por los contribuyentes-. Akerman fue más allá. Por encima de cualquier desempeño, los funcionarios designados para cuidar los perros podrían ascender más fácil en la institución. Valía más en la escala de valores del Fiscal un funcionario que sacara al parque a su french poodle, que una investigación a mafiosos o corruptos. Además, diez funcionarios hablaron con el periodista de Cambio y le dijeron que a Barbosa no le gusta que le digan ni Doctor, ni Señor, sino que se deben referir a él como Señor Fiscal, lo cual constituye un abuso de poder. Deben cumplir obligaciones propias de un súbdito a un emperador: cargarle la maleta, ponerle la chaqueta y durante la pandemia debían echarle, con sus propias manos, alcohol hasta en los zapatos. Mientras tantos líderes sociales deben luchar a brazo partido para conseguir un esquema de seguridad para protegerlos de las amenazas que cobraron, en el 2023, 188 vidas, la familia del Fiscal, incluido su padre, cuenta con esquema de seguridad. Incluso el señor padre de Barbosa manda a los escoltas a hacer la fila para cobrar su pensión. Un año después la periodista Silvia Charry Sepúlveda, también de la revista Cambio, denunció y comprobó que Barbosa usaba a empleadas de la Fiscalía para hacer oficios domésticos en su casa, en los que se incluía un trasteo. El trabajo de las funcionarias en la casa de Barbosa habría durado siete meses. La modestia nunca ha sido su fuerte, en el 2021 la página oficial de la Fiscalía en X -anteriormente Twitter-, publicó una foto de Francisco Barbosa con ésta leyenda “Personaje al alza: Francisco Barbosa, Fiscal General”. Ante las críticas que generó esa capacidad de autobombo Barbosa contestó en su momento: “Mucha gente me ha criticado y me ha dicho: el fiscal general no baja la cabeza, el fiscal general tiene el ego muy alto, el fiscal general es una persona prepotente, si ser prepotente o tener ego muy alto es no agacharles la cabeza a ciertos sectores de este país, seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país, le agacho la cabeza a mis funcionarios y con ellos trabajo, pero jamás le agacho al cabeza a ningún sector en este país y seguiré dándole resultados a Colombia”. A escasos días de salir del cargo ya es hora de hacer balance. Para el Coordinador de la Línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación Isaac Morales “El legado de Barbosa ha sido raro”. En la opinión pública quedó instalado su viaje en plena pandemia a San Andrés usando avión privado de la Fiscalía. “No ha sido capaz de liderar procesos interesantes que le preocupen al país como el tema de Odebrecht, el hecho que se haya dedicado a hacer oposición política al presidente olvidando su papel como Fiscal, siendo opositor además a la Paz Total. Se consolidó como un opositor completo”. En ciertos círculos de empresarios que no están afines con las políticas del actual presidente, Francisco Barbosa ha sido el invitado de honor a encuentros, almuerzos e incluso se ha dejado rodar la posibilidad de que sea, en el 2026, candidato presidencial. Sin embargo, su legado como Fiscal, queda en entredicho.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Tiempo y Sputnik Mundo El 3 de noviembre del 2007 se decretó la muerte política de José Name Terán. Fue en unas elecciones para gobernador. Name, cacique electoral que durante 37 años fue senador, creía tener asegurado los votos para reinar en el Atlántico. Contaba con las casas políticas más importantes de ese departamento, los Gerlein, Roberto, el senador y Julio, el contratista, la casa Char, congresistas como Alonso Acosta, Tarquino Pacheco, Karime Motta y Miguel Amín. Además, tenía el respaldo del partido de la U, que envolvía en un manto de imbatibilidad en esa época a sus candidatos por ser el movimiento político de Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente. Pero los cálculos a este hijo de inmigrantes libaneses le fallaron. Se confió con ver en casa una de sus intervenciones públicas la plaza llena. Sus enemigos dejaron circular una frase que además era una afrenta, una burla: “Cógele la mano y vota por Verano”. Sólo consiguió 248 mil votos. Eduardo Verano de la Rosa, el candidato liberal, consiguió 346.252 votos. En el Atlántico estaban hartos de Name. Tenía un amplio historial negativo. Siendo ministro de Trabajo de Virgilio Barco pidió una licencia alegando que necesitaba hacerse unos exámenes médicos. Lo descubrieron a los pocos días jugando en un casino en Aruba. Cuotas políticas suyas en el Seguro Social, Caprecom y Cajanal, (La Caja Nacional de Previsión Social, liquidada en el 2009 durante el gobierno Uribe) como los políticos Julio Borelly, Abelardo Blanco Castillo y Hernán Mogollón, resultaron salpicados en escándalos de corrupción. Le llovían además acusaciones de compra de votos y sufrió desplantes de dos presidentes liberales. Carlos Lleras en 1966 se opuso a que fuera presidente de la Cámara y en 1990 el recién posesionado César Gaviria no quiso tomarse una foto con él. Además, estaban acusaciones más graves. En marzo del 2022 la Liga Contra el Silencio sacó un informe sobre las familias más poderosas de la Costa que presuntamente habría tenido relación con el Cartel de la Costa. El nombre Name salió allí. En el año 2011, sumido en una depresión profunda, murió en Bogotá José Name Terán. Aunque había nacido en Sincelejo, logró formar un considerable caudal político en el Atlántico. “La gente lo respetaba. Desde su época de universitario se caracterizó por ser un aguerrido líder estudiantil. La vena política se le heredó de su mamá. Con su hermano David formaron un tándem poderoso. Mientras José hacía política, David amarraba contratos. Todas esas victorias políticas lo hicieron bajo sospecha de compra de votos. En Barranquilla y en Atlántico se hizo común el dicho durante elecciones de “Name 100, Name 200. En el departamento si era poderoso. Incluso ayudó a posicionar políticamente a Fuad Char. Cuando esta familia se volvió en la más poderosa del departamento le volteó la espalda a los Name”. Esto lo afirma un enlace en Barranquilla de la Fundación Paz y Reconciliación. En su carrera como contratista David Name consiguió grandes contratos a través de su empresa de consultoría de desarrollo, CONDESA. Como contratistas esta empresa logró manejar, en la época de los 90, más de $400.000 millones de pesos. David fue, hasta su muerte el 23 de enero del 2023,  uno de los masones más reconocidos de la Costa Atlántica. Desde su logia, llamada Luz Hermética, tuvo contacto e influencia con reconocidas figuras públicas de ese departamento, algunas con líos jurídicos como Silvia Gette, la vedette argentina que se apoderó de la Universidad Autónoma y quien fuera condenada por el asesinato de su esposo. También iban a esta logia masónica el ex fiscal Mario Iguarán, enredado por declaraciones de los paramilitares y la actual procuradora Margarita Cabello. Los últimos años de David Name no fueron los mejores y una serie de reveses económicos y la pérdida de la influencia política de su hermano, habrían extinguido una caudalosa fortuna. Su hijo José David Name heredó el caudal político de su padre. En el 2006 fue elegido senador con más de 80 mil votos, cobijado por el partido de la U. Llegó a ser incluso presidente del senado en el 2014.  Su sobrino Iván también llegó a ser Senador, aunque, ha diferencia de sus familiares, su carrera política la hizo en Bogotá. Ambos son los protagonistas de un escándalo que amenaza con crecer con el paso de los días. El 13 de agosto del 2014, en un interrogatorio dado al Fiscal 48, Juan Manuel Borré Barreto, mejor conocido por su alias, Pistón, jefe de la temible banda de los Rastrojos Costeños, confesó haber ayudado a su llegada al senado a Iván Name, del partido Verde, y a su primo José David. Sólo hasta el 5 de septiembre del 2023, en una columna de Yahir Akerman en la revista Cambio, se dio visibilidad a esta declaración que dio Pistón: “Quiero hablar de los nexos que tuvimos en el Atlántico, en el caso mío con políticos, hoy actualmente están en la política, que se le hicieron hasta campaña ahora para el Congreso, hace dos meses, un mes atrás. Te hablo de José David Name Cardozo y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Con José David le tenemos dos homicidios, tenemos el homicidio del abogado del barrio Los Manantiales de Soledad, que fue por cuestiones de tierras, por cuestiones de plata y de tierra, de política, porque hasta el abogado era, ese abogado llegó ser en Manantiales el presidente de la acción comunal. También tenemos un ex concejal”. Akerman en su momento se preguntaba porque la Fiscalía no se había movido para que la Corte arrancara una investigación. La semana pasada ya se dio dicho movimiento Según el enlace de Paz y Reconciliación en región, a Iván Name le “están empezando a cobrar” su visibilidad como presidente del Senado. Sin embargo habría una inconsistencia en la acusación de Pistón: Name no sacó más de 1.500 votos en Barranquilla para esas elecciones. Su arraigo político está en Bogotá. Pero “Que los resultados electorales no den, no dicen nada. Esto no es como el fenómeno de la parapolítica que era un ejército ejerciendo presión y poder desde la región. Comparado con ellos los Rastrojos costeños son sólo una bandita criminal”. Lo único cierto es que en Barranquilla y el Atlántico el nombre de los Name cada vez sabe a nada. Ya no mueve fibras. Algunos recuerdan el fragor, la energía del viejo José Name Terán. Pero el tiempo va borrando esos recuerdos. El auge de los Char terminó representando la caída de una de las casas más poderosas del Atlántico. Ahora sólo quedan las ruinas y dos congresistas que llevan su apellido y cada vez están más acorralados por las declaraciones de jefes de bandas criminales tan aborrecidas por los barranquilleros como Los Rastrojos costeños.