Por: Laura Bonilla Recientemente en PARES publicamos un informe sobre el desempeño del gobierno en el año 2023. En medio de las noticias y escándalos de la semana, mucha de esta información quedó sepultada en un país que literalmente se quemaba entre los incendios forestales y los consabidos escándalos de corrupción. Sin negar la importancia de estos hechos, he estado toda la semana dándole vueltas al problema de la ejecución gubernamental y a las narrativas que lo explican. Algo no me cuadra del todo. Evidentemente, ministerios con más experiencia y menos zozobra tienen un mejor desempeño, especialmente Mineducación, cuyo gasto está expresado en una porción importante de recursos que se transfieren a los municipios, o Mindefensa. Pero esta idea de que todo se debe a un gobierno incapaz de ejecutar no solo es contraevidente, sino también peligrosa. Equipara ejecución con buen gobierno y no necesariamente es así. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República hay falencias internas señaladas por amigos, detractores, comunidad internacional y sociedad civil que hacen que los recursos de inversión no se ejecuten correctamente. También es cierto que hay una transición entre varios programas que pasarán al Ministerio de la Igualdad y que no se sabe muy bien qué va a pasar con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Pero es igualmente verdad que en gobiernos pasados, las redes de corrupción, como la que recientemente confesó Mario Castaño, se apropiaron de los recursos de la paz con una ejecución impecable. Si hay algo en que los corruptos colombianos sean expertos, es en manejar con guante de seda la Ley 80 de contratación. Por ejemplo, en los diferentes Programas de Alimentación Escolar (PAE), en eterna crisis de corrupción, la ejecución de los recursos solamente se limita a contratar. Con eso, ya se cumple. O, por ejemplo, en el caso de las vías terciarias o en cuanto programa público esté contemplado en los recursos de inversión. Mucho de ese dinero había ido a engrosar los bolsillos de las redes de políticos locales, ya sea para su enriquecimiento personal o para financiar campañas. Estoy convencida de que también hay mucho de ello en algunas crisis de ejecución, y conozco de primera mano los dramas de muchos funcionarios de hoy que literalmente no encuentran con quién contratar. Les voy a decir otra razón: la corrupción política de décadas, casi de siglos, ha creado un mercado perverso, donde no hay oferta de bienes y servicios, sino una profunda red de coimas y contratos. No hay sistema que sobreviva a esto. Hasta el sistema de salud, que funciona bastante bien en las ciudades capitales, ha estado capturado por estas redes políticas y sus empresas fachada. Basta recordar a Sol Salud de Luis Alberto Gil o aquellas bajo el control del Bloque Norte de los Paramilitares a principios de la década del dos mil. El sector privado solo funciona donde hay un mercado suficientemente fuerte y regulado. Para que me entiendan mejor: muchos ministerios, unidades de gestión, etc., inventaban programas para financiar sus redes políticas. Estos los contrataban con sus amigos, donantes, etc., y posteriormente recogían la ganancia. Gran parte del presupuesto de inversión se iba en contratar por prestación de servicios las cuotas políticas respectivas. Y eso hace que no haya suficiente capacidad en las regiones para poder ejecutar. Lo paradójico de esto es que, si el gobierno quisiera hacer mal, con las mismas prácticas de siempre, no tendría prácticamente ningún problema. Pero limpiar el pantano de la contratación pública que prácticamente compite en recursos con cualquier economía criminal va a tardar mucho más que un par de años. Conozco de primera mano funcionarios que se han encontrado en importantes licitaciones con un vacío por querer operar honestamente programas fundamentales, o incluso por intentar incluir y fortalecer el mercado local. Digo todo esto porque esta semana la economista Mariana Mazzucato estará en Colombia y su tesis del Estado Emprendedor va mucho más allá del debate espurio de Estado vs Mercado, y plantea que es fundamental la cooperación para que lo virtuoso de un estado fuerte se conjugue con la importancia de un mercado igualmente estable. Valdría mucho la pena escucharla

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La historia política de Colombia la podríamos sintetizar en la lucha que ha existido entre centralistas y federalistas. Así ocurrió en el siglo XIX, cuando los políticos e ideólogos liberales se enfrentaron a los conservadores en cruentas guerras por la soberanía provincial y la autonomía en la administración de recursos. Y así la podemos ver hoy –aunque con menos sevicia que los predecesores–, cuando observamos cómo algunos gobernadores, en sus campañas o reunidos en encuentros anuales con sus similares, levantan su voz de protesta contra el Gobierno central y les dicen que sus políticas causan “asfixia, fastidia y divide”. En la historia del país, los centralistas han defendido el poder unificado del Estado. Con él han buscado enfrentarse a otros estados –como el español–, han acumulado poder económico –defendiendo una única moneda y un banco central– y han intentado que sus presidentes se comporten como monarcas benevolentes que redistribuye las rentas en todo el territorio nacional. Los federalistas, por su parte, han manifestado la predilección por los gobiernos descentralizados. Proponen que los departamentos –antes provincias– adquieran autonomía en el manejo de sus finanzas y de la gestión administrativa de su territorio. Incluso, defienden que las regiones posean sus propias constituciones y monopolios legislativos, para que se comporten como repúblicas independientes y soberanas. Una disputa ideológica que, a pesar de lo vieja y anticuada que parezca, se mantiene vigente en el país. De allí que sea común encontrar en campañas electorales a las gobernaciones políticos federalistas que critican la Constitución de 1991. Advierte que en esta se le entregó al Estado Nacional todo el poder fiscal, que no se respetó los avances en la autonomía de los territorios que se estaba gestando en la década de 1980 con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Está situación nos recuerda al conocido libro Cartas de Batallas de Hernando Villa, quien analiza la historia política de Colombia, y muestra que las dieciséis constituciones que habíamos tenido hasta 1987, han tenido siempre en común, ser resultado de políticos que acumulan el poder y lo reparten a su antojo. Así ocurrió con el centralismo, sobre todo, desde la Constitución de 1886. De esta manera, hemos convertido a Colombia en un territorio que centra su poder en el Gobierno Nacional: este tiene la competencia para recaudar impuestos y realizar los gastos e inversiones que considere conveniente. Es él quien dirige, mediante el uso de leyes y la elaboración de los planes nacionales de desarrollo, la economía y la creación y distribución de la riqueza social. Unos planes de desarrollo que en las últimas décadas se han caracterizado por la búsqueda de un equilibrio departamental y una convergencia regional. Que ha insistido en la obligación del país de avanzar en el reparto de la riqueza, para que aquellos territorios abandonados y pobres –como la Amazonía, el Chocó o el Guaviare–, reciban recursos y les permita mejorar las condiciones de vida de su población, que también son colombianos. Política que, a pesar de ser un acuerdo nacional, no le gusta a algunos gobernadores, de allí que levanten sus voces críticas periódicamente, en especial, en épocas electorales. Ellos ven con malos ojos que algunos departamentos aporten mucho con sus impuestos a la nación y reciban poco a través del Sistema General de Participación y de Regalías. Es el caso de Antioquia. A un sector de los políticos elevan y sujetan periódicamente las banderas de Antioquia Federal. Argumentan que los aportes del departamento al presupuesto nacional llegan a ser hasta seis veces –30 billones anuales– frente a las transferencias que reciben del Estado -de solo 6 billones–. Estas voces de descontento les sirven a los políticos y gobernantes regionales para: uno, para dejar claro que contarán con pocos recursos y justificar los bajos resultados que podrían presentar al final de su mandato. Dos, presionar al Gobierno nacional para que le haga transferencias de más recursos –vía inversión territorial o programas– a cambio de acallar la voz disonante. Y tres, mantener encendida la mecha para que su persona o el partido que representa pueda capitalizar políticamente en todo el territorio nacional. Así viene ocurriendo en esta ocasión. El actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el que se acaba de retirar, Aníbal Gaviria, desde hace años mantienen y defienden el espíritu federalista y critican al centralismo fiscal. Una postura que se han encargado de defender en campaña y en los diversos espacios donde son invitados, como en el reciente encuentro en Santa Marta de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Los mandatarios regionales quieren que se les devuelva el monopolio de las concesiones mineras, arrebatado hace más de dos décadas por la nación. Demandan que sean sus oficinas regionales las que entreguen los títulos mineros, autorice su explotación –muchas de ellas en zonas fértiles y con alto impacto ambiental– y realicen la fiscalización. Además, critican al Gobierno central por su modelo de priorizar al pequeño minero. También están muy inconformes con las inversiones que en infraestructura vial se están dando con el actual plan de desarrollo. Los proyectos que dejaron los mandatarios anteriores no están terminados y se requieren más adiciones –cerca de tres billones de pesos para continuar las inversiones en las Autopistas de la Montaña en Antioquia–; y el Plan Nacional de Desarrollo está privilegiando otras inversiones sociales que ponen en riesgo estas infraestructuras. Otra petición que hace el gobernador de Antioquia es que se permita modificar la actual ley de concesiones. Está establece la ampliación del tiempo inicial de entrega a particulares en un 20% y se desea que este porcentaje aumente hasta un 50%, para que se logre superar el límite de los 30 años que permite la normatividad actual. Para Autopistas de la Montaña en Antioquia la propuesta es pasar de 10 a 15 años en el tiempo de concesión. Ante la negativa del Gobierno nacional de entregar tanto el poder en materia minera a los gobiernos departamentales o de cambiar las normas para permitir entregar a particulares las autopistas 4G, apareció la propuesta de realizar un referendo. El objetivo es preguntarle al constituyente primario, si quieren que se cambie el artículo 298 de la Constitución de 1991, y se disponga “que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio”. La idea del actual gobernador de Antioquia y su comité promotor del referendo es salir este año a las calles de toda Colombia y recoger cuatro millones de firmas –se requieren dos millones de firmas válidas–. Además, obtener en las urnas cerca de 10 millones de votos, le entregaría a los departamentos el poder y la autonomía administrativa para cobrar impuestos y administrarlos. Con lo cual se multiplicarían los recursos que reciben los departamentos vía sistema general de participaciones –en el caso de Antioquia, casi al doble de lo que hoy recibe–. Todo esto significa que tendremos un 2024 y 2025 movidos en materia política. De nuevo la ideología federalista se aprovechará del descontento de sectores de la ciudadanía que no consideran que unos territorios “mantengan” a otros. De nuevo se desenvolverán las luchas por la búsqueda de la autonomía fiscal de los departamentos. Una discusión, que a pesar de que se puede leer como un asunto oportunista, también tiene implicaciones y debates importantes. Entre ellos, discutir de nuevo la competencia entre las unidades territoriales –fiscal competition– y el papel de las gobernaciones en la transformación de territorios. Además, del tema clásico de la economía política sobre esfuerzo tributario Vs provisión de bienes públicos. Finalmente, analizar la posibilidad de nuevas reformas tributarias, en este caso para los departamentos, que les permita recibir más ingresos de manera permanente. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. **Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Isabela Puyana Foto tomada del: Colombiano Meses atrás el IDEAM advirtió de manera insistente sobre las altas temperaturas y las medidas de prevención que se deberían tener por el Fenómeno de El Niño y hoy estamos presenciando las consecuencias. En los últimos días Bogotá está envuelta en humo por varios incendios que se han propagado y aún siguen activos, como el del Cerro del Cable, La Quebrada la Vieja y algunos puntos de calor en las cercanías de Doña Juana. El incendio del Cerro del Cable ha alterado a muchos ciudadanos porque se ha acercado a zonas residenciales. Ha llegado a las carreteras y está a 900 metros de la población. La alcaldía está considerando medidas de evacuación con el IDIGER e Integración Social si crece en las próximas horas. A raíz de un análisis hecho por el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), después de 18 horas de deterioro por contaminación de PM10, partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín y metal que pueden provocar efectos nocivos para el sistema respiratorio, se estableció una alerta roja para tomar medidas de prevención y se espera que sean asumidas por la ciudadanía, como el uso de tapabocas en localidades como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Chapinero. A nivel nacional, se han informado un total de 31 incendios activos en 5 regiones del país. Algunos de estos incendios ocurrieron en los Páramos de Santurbán y Berlín, ambos vitales para suplir de agua a más de 50 municipios. Hasta el momento se han quemado un aproximado de 300 hectáreas de vegetación, principalmente frailejones, importantes en los ecosistemas de páramo, pues además de ser fuente de alimento para aves, como colibríes, y el cóndor, ayudan a proteger el suelo y son los reguladores de los sistemas hídricos. El presidente Petro ya solicitó ayudas a la ONU y a países como Estados Unidos, Perú, Chile y Canadá por la alerta roja por los 682 de los 1.101 municipios colombianos que están en riesgo de conflagraciones. “Nosotros tenemos que prever lo que viene. El fenómeno de El Niño va a durar por lo menos tres meses más y creo que es bueno prepararse para una situación que puede volverse más crítica y esa es la decisión, y por eso conectamos a esos tres gobiernos, porque sabemos de la experiencia que tienen en atenciones y en enfrentar situaciones de incendios forestales”, anunció el mandatario. Ahora, el mes de enero de 2024 va en camino tan cálido que, por primera vez, un periodo de 12 meses superará el umbral de 1,5 grados, según afirmó la subdirectora de Copernicus, Samantha Burgess. Temperaturas que alcanzaran niveles tan altos era algo con lo que Colombia no contaba y que terminó por dinamitar la problemática que hoy está ante nuestros ojos. Como lo menciona María F. Fitzgerald: “Esta es una muestra más de cómo año tras año se evidencia la carencia de planes de ordenamiento territorial pensados desde las necesidades del cambio climático”. Nos hace falta pensar desde la prevención y no desde una acción sobre el caos. En donde se le pueda dar un mejor uso a los suelos para mitigar el impacto ambiental y en donde se reconozca a los ecosistemas, sus cuidados y sus necesidades. Los invitamos a ver el seguimiento que hicimos a las medidas de emergencia que están tomando las autoridades y algunos voluntarios para controlar los daños del incendio en la quebrada La Vieja una de las zonas afectadas por los incendios de los cerros en Bogotá.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Blu Radio y Semana Las cosas empezaron a ponerse color de hormiga para el canciller el pasado 13 de diciembre. Ese día recibió a unos periodistas de Semana, quienes lo iban a entrevistar para saber su posición sobre el lío jurídico que tiene con la firma Thomas Greg and Sons por la licitación de los pasaportes. En medio de la entrevista apareció su abogado, Germán Calderón España. Pacientemente esperó a que su apoderado terminara de atender a los periodistas. Le iba a informar que había cambiado de parecer, que su sugerencia era intentar conciliar con la compañía. Leyva se mantuvo en su posición y Calderón España terminó renunciando. Era el segundo funcionario que, al recomendar la conciliación con la empresa, perdía su cabeza. La primera había sido Martha Lucía Zamora, ex directora de la agencia de defensa jurídica del Estado. En esa entrevista, Leyva dejó en claro que no iba a dar el brazo a torcer. Seguiría en su decisión de romper los monopolios con la información de los colombianos, al menos desde la cancillería. Sin quebrársele la voz afirmó “Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso”. Casi un mes después dimensionó los problemas que le traería su firmeza. El 24 de enero del 2024 la Procuraduría le formuló pliego de cargos y suspendió por tres meses al canciller. Era la consecuencia de declarar desierta la licitación de pasaportes. Expertos afirman ante esto que la pelea tiene un argumento fuerte y justo. Desde 1960, cuando Gregorio Bautista consiguió la licencia de Thomas Greg, la empresa inglesa ha mantenido el monopolio de la impresión de papel en el país, y hoy no existe otra empresa que pueda competir con los requisitos de la licitación. Esto no solamente se da porque sean los que tengan las mejores imprentas o los insumos más baratos, sino porque han sido los únicos capaces de cumplir con los requisitos que ponen los abogados del Estado. Empresas como los alemanes de Veridos, o los franceses de In Grupe, denunciaron que los requerimientos solicitados para quedarse con un contrato de 500 mil millones de pesos, sólo los podía cumplir la compañía TGS. En el caso de los pasaportes Thomas Greg and son tiene el monopolio de los pasaportes desde hace 25 años. Si la cancillería hubiera conciliado, la empresa se adjudicaría automáticamente el contrato por dos años más y no se generaría ninguna indemnización contra el Estado. La demanda está en 117.000 millones de pesos. Pero las razones por las que Leyva no concilia tienen que ver con su decisión para romper un monopolio. Los contratos de Thomas Greg and son con el Estado colombiano son repetitivos. Basta ver los nombres de los miembros que han pasado por su junta directiva para determinar su poder: ex presidentes como Juan Manuel Santos -quien renunció en el 2006 para aceptarle al presidente Alvaro Uribe el ministerio de defensa-, Andrés Pastrana y ex ministras como Noemí Sanín. La lista es larga. Para Alejandro Alvarado, el director de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación: “En su junta directiva siempre han estado poderosos, este nivel de cabildeo, y esta práctica de nombrar a altos funcionarios en sus juntas directivas les permite a estas empresas ganar influencia y una posición ventajosa en relación al acceso a la información en sus negociaciones con el Estado. Con la llegada de Santos a la presidencia el crecimiento de esta empresa, desbancando a empresas colombianas como Carvajal y Sistemas y Computadores, que eran entidades que le vendían papelería, soportes documentales al Estado, salieron de competencia y estos señores llegaron a monopolizarlo. Esta es una situación que viene desde el 2006 pero que hasta ahora estalló”. En abril del 2016, mientras era senadora, Claudia López reveló, en una denuncia contra el modelo de negociación de la Registraduría, un supuesto favorecimiento del entonces presidente Santos a Thomas Greg and Sons. López mostró que entre los años 2014 y 2015, cuando Santos arrancaba su segundo periodo, el 86% de la contratación en la Registraduría fue para TG&S. Unos 690 mil millones de pesos. La senadora fue contundente. Los dueños de la firma en Colombia son la familia Bautista. Según el portal Infobae, el distinguido apellido tendría un oscuro pasado judicial. Los tres hijos de Don Gregorio, quienes la heredaron, son Felipe, Camilo y Fernando Bautista. Estos dos últimos habrían tenido un pasado complicado: “Fernando y Camilo son exconvictos de la justicia de Estados Unidos, pues en los años 80 pagaron cárcel al confesar haber defraudado a 25 bancos de ese país con embarques falsos de café colombiano. Además, Camilo y su socio Alberto Duque Rodríguez presentaron balances falsos para obtener un crédito por 22 millones de dólares del Arab Banking Corporation, con sede en Baréin. Por todo ello, Camilo fue condenado a nueve años de cárcel, pero pagó menos de tres; fue liberado de una penitenciaría federal el 23 de enero de 1989”. Los contratos con la Registraduría vienen desde la época del final del segundo mandato de Álvaro Uribe. En el 2010 ya manejaban el 90% del proceso electoral colombiano. El contrato era  de 88 mil millones de pesos. El negocio de los pasaportes es apenas la punta del Iceberg para una firma que maneja hasta la inscripción de cédulas en las votaciones y el kit escolar completo, incluido el software que determina la organización tecnológica de los votantes. Leyva no se movió de su posición y se convirtió en el primer canciller en la historia de este país por fallas administrativas. El presidente cerró filas apoyándolo. Está de acuerdo con la decisión de su canciller. Álvaro Leyva se expone incluso a un juicio disciplinario y a una inhabilidad de 15 años. Desconoció todas las recomendaciones de los comités que habían creado para el diseño de la adjudicación. Ahora tendrá que ponerle el pecho al huracán. A sus 81 años está dispuesto a otro baño de adrenalina.

Por: Iván Gallo-Editor de Contenidos Fotos tomadas de: Nueva Revista Lo más impresionante para Vasili Grossman era ir recorriendo pueblos en la Unión Soviética y constatar que no había quedado un solo judío. Ciudades enteras devastadas por asesinatos en masa. En ese momento el escritor trabajaba para el diario Estrella Roja. Si bien su obra no había tenido la repercusión de denuncia que llegó a tener Illiá Ehrenburg, a quien Hitler llamaba “Lacayo de Stalin” por mostrar los desmanes de la ocupación Nazi en la URSS, Grossman ya tenía notoriedad. La iniciativa de judíos en el exilio, algunos con el prestigio de Albert Einstein, de empezar a recopilar el horror en el Libro negro del exterminio a los judíos, lo tuvo a él como escritor protagónico. Desde 1943, cuando termina la encarnizada batalla de Stalingrado, a las tropas alemanas no les quedó de otra que empezar a retroceder. El frente se movía vertiginosamente. Grossman estaba allí, entrando a poblados, liberándolos y descubriendo el horror. Así supo que entre el 29 y el 30 de junio de 1941 los alemanes ordenaron ejecutar en Kiev a 33.711 judíos. El único crimen que habían cometido niños, ancianos, bebés, era ser judíos. Nadie era inocente. Eran culpables de raza. Los ponían en largas filas de espalda a un abismo y allí les disparaban. A medida que el periodista avanzaba, junto a la tropa, el velo se caía de sus ojos. Y entonces la dolorosa claridad enceguecía. No estaba preparado para lo que vendría. Antes de la guerra su familia vivía en la ciudad ucraniana de Berdichev. Allí los nazis establecieron un gueto a donde fueron a parar todos los judíos residentes allí. Eran más de 20 mil. Los ponían en barracones, hacinados, sin baños. Los dejaban podrirse. A los más fuertes los dejaban vivir un poco más. El Reich necesitaba fuerza de trabajo. A las mujeres y a los niños los fusilaban. Los SS lo hacían sin odio. Disparaban como si fuera rutina, un trabajo más. “Qué terrible es que alguien te pegue sin odio” Decía en uno de su relatos Primo Levi, uno de los sobrevivientes de Auschwitz. Grossman sabía que su mamá estaba muerta, pero el duelo necesita certezas. Todos necesitamos verdad. El 27 de julio de 1942 setenta mujeres fueron fusiladas después de ser escogidas de manera aleatoria. Una de ellas era su madre. Sobre lo que vio por su paso en ucrania escribió párrafos tan intensos como éste: “Todos han sido asesinados, muchos cientos de miles, un millón de judíos en Ucrania. No es la muerte de los soldados armados durante la guerra, de las personas que han dejado atrás un hogar, una familia, un campo, canciones, libros, tradiciones, cuentos. Es el asesinato de un pueblo, el asesinato de una casa, de una familia, de los libros, de la fe; es el asesinato del árbol de la vida; es la muerte de las raíces, no de las ramas y las hojas; es el asesinato grande y múltiple, creada generación a generación por miles de artesanos e intelectuales listos y talentosos. Es el asesinato de la moralidad de un pueblo, de las costumbres, de los relatos humorísticos que han pasado de abuelos a nietos; es el asesinato de los recuerdos, de una canción triste, de los poemas de la gente sobre las alegrías y amarguras de la vida; es la destrucción de las chimeneas familiares, la destrucción de los cementerios; es la muerte de un pueblo que ha vivido durante siglos al lado del pueblo ucraniano, que ha trabajado, pecado y obrado bien, que estaba muriendo en el mismo país”. A medida que avanzaba por esa tierra arrasada Vassili Grossman, reportero de guerra, escritor, judío en un régimen antisemita como el de Stalin, va dejando de ser el hombre que era. Conoce a los criminales nazis, los que daban la orden. Constata que tiene el pelo, los ojos, el rostro de un hombre, pero no lo son.  Se niega a creer que lo sean. El paroxismo del horror llegará internándose en Polonia. Fue la nación que más sufrió la ocupación Nazi. En 1939, pocos días antes de empezar la guerra, su capital, Varsovia, tenía 1.200.000 habitantes. Cuando los rusos entran a ese país, en 1944, apenas hay 160 mil personas. Los judíos que sobrevivieron al gueto, a Auschwitz y Treblinka, son muy pocos. El primer campo de concentración al que entran es Majdanek. Allí murieron 100 mil polacos y 150 mil judíos. En el relato de Grossman queda claro que lo que más lo impresionó fue ver la montaña de zapatos de niños. Niños de cinco años, de seis, de uno. En ese lugar, que todavía funcionaba como centro de exterminio pocos días antes de que entrara la avanzada rusa, vieron un horno con cuerpos a medio calcinar. Grossman no pudo dormir durante días. Pero entonces llegaron a Treblinka, acaso el segundo campo de concentración más terrible de los nazis e inmediatamente Grossman puso en duda el concepto de humanidad. El plan de exterminio estaba perfectamente calculado y arrancaba con las reubicaciones. Primo Levi en su Trilogía sobre Auschwitz narra como fue llevado en el invierno de 1944 a ese campo de exterminio. El viaje, desde Italia, duró cuatro días en tren. Fue un viaje deliberadamente lento, en donde paraban durante horas exponiendo a las personas, llevadas con la rudeza con la que se lleva a un ganado que se odia, que se desprecia, a la sed, al hambre y al frío. En el viaje moría una parte y los que vivían tenían la esperanza de que irían a un lugar de trabajo. Pero no. Cuando los bajaban del tren eran llevados a una cámara, con sus hijos, y eran gaseados. Los que sobrevivían eran hacinados en barracones, sin zapatos, con piojos, con hambre, con cansancio. Eran muertos en vida. En Treblinka Grossman presenció el interrogatorio a un ucraniano encargado de gasear a los prisioneros. Este es el diálogo: -¿A cuántas personas gaseabas al día? -Novecientas, creo. -no usaba la palabra “personas”. Tras una pausa, añade- Hasta mil doscientas… -¿Luego, cómo pasabas el tiempo? -Cantábamos. -¿Qué canciones, por ejemplo? -“O Tannenbaum, O Tannenbaum” Grossman no soporta el interrogatorio y sale del búnker. Tiene las gafas empañadas del llanto. Publica un artículo titulado El infierno de Treblinka. Fundado en julio de 1942 se asesinó en dos años a ochocientas mil personas. Los números en el relato dejan de tener importancia. Grossman escribe “Himmler -el oficial al que Hitler le dejó la potestad de ser el arquitecto del Holocausto- pretendía que el campo quedara sumido en el secreto: que ni una sola persona quedara con vida”. Todo era una farsa. Treblinka era una farsa. Se había construido la fachada para que diera la impresión de ser una estación cualquiera de tren. Los que llegaban no sabían que se adentraba en una zona de muerte. Con esta parodia -que incluía muchas veces bandas de música para recibir a los recién llegados, llevando a cotas insospechadas un sentido del humor satánico- se aplacaba cualquier conato de escape, de rebelión. Las impresiones de Grossman sobre Treblinka están en el Libro Negro, un trabajo que años después sería invisibilizado en la URSS por Stalin. En uno de sus párrafos describe a Treblinka, intenta no quebrarse: “Estamos en el campo. Pisamos la tierra de Treblinka. Las vainas de los altramuces se abren nada más tocarlas; con un tintineo casi imperceptible, millones de semillas diminutas se esparcen por la tierra. El sonido de las semillas que caen y las vainas que se abren forman una melodía única, suave y triste. Se diría que un toque de difuntos nos llegara desde lo más profundo de la tierra. Y la tierra, rica e hinchada como si estuviera saturada de lino, tiembla bajo nuestros pies: tierra de Treblinka, tierra sin fondo, una tierra que se balancea como el mar. Este desierto cercado por una alambrada ha enguillido más vidas humanas que todos los mares y océanos de la tierra desde el origen de la humanidad” La caminata de Grossman llega a Berlín donde presencia la última batalla. Entra incluso a la cancillería del Reich, ve los libros destruidos de Hitler y el cuerpo de su ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, medio chamuscado, siendo exhibido en un poste. Se acaba el régimen Nazi. El mundo sabe del Holocausto gracias a sus relatos. Después para él empezaría una tragedia personal que lo llevó al ostracismo a su país. Pero eso, eso es otra historia.

Por: Gobernabilidad y Democracia Gustavo Petro ya no tiene las mayorías en el Congreso. Aunque en la Cámara de Representantes 102 de los 187 representantes, (55%) pertenecen a la coalición gobernista, en el Senado la ecuación se invierte: 48 de los 106 senadores estaría con el gobierno. Apenas un 45%. Este 2023 el presidente se ha chocado con esta realidad. Nada ha sido fácil para Petro. La narrativa de los grandes medios de comunicación, impulsados por sus dueños, no le da margen de error. Esto ha influido en la opinión pública.  A pesar de esto, y de  no contar con las mayorías en el congreso ni en la opinión pública, el gobierno se ha remangado y ha podido cumplir con una parte de lo que prometió: Con algunos peros se pudo implementar más tributación para los ricos, si bien el recaudo aumentó en la renta a personas naturales, no se le está cobrando a los 4.000 colombianos más ricos del país como lo había prometido. La inflación bajó gracias a los apoyos a la producción de alimentos. A pesar de algunos trinos de Petro la presidencia no ha tenido ninguna injerencia en las decisiones del Banco de la República. Se aprobó un plan para salvar a los deudores del ICETEX. Se está avanzando en una reforma al campo, además pudo crear el ministerio de la Igualdad. Después de los desmanes de la Fuerza Pública durante el estallido social el gobierno decidió hacer una reestructuración del ESMAD, al menos de manera parcial. Se ha avanzado en dos de los pilares de este gobierno, la Paz Total y el cuidado del Medio Ambiente ratificando el acuerdo de Escazú, haciendo una hoja de ruta para la transición energética, y prohibiendo el fracking. Mientras tanto el diálogo con el ELN ya entró a su sexto ciclo, y se abrió un camino con el Estado Mayor Central. Hay promesas que están lejos de ser realidad.  No se ha podido intervenir el PAE, la Reforma a la Salud se empantanó, el equilibrio de géneros en cargos claves no se cumple, el gobierno no tiene una hoja de ruta clara para negociar con la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas y el Clan del Golfo, y lo que más duele es que el asesinato de líderes y lideresas sociales continúan. En todo el 2022, último año de Iván Duque, se asesinaron 189 líderes sociales. En el 2023, ya con Petro como presidente, mataron a 188. Uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno ha sido la ejecución presupuestal. Sin no hay gasto público la economía se estanca. Lo peor ha sido la ejecución desde la presidencia en donde apenas se ha hecho un 15% de ejecución. La reunión con los cacaos de noviembre del 2023, en la Casa de huéspedes ilustres de Cartagena, con Sarmiento Angulo a la cabeza, no logra despejar los nubarrones si persisten las trabas en la ejecución. Además, la falta de confianza en el gobierno por parte de los empresarios se ha reflejado en la disminución de la capacidad comercial e industrial del país. En contraste la inflación y el desempleó bajaron, aunque en algunas partes del país, como en Quibdó, éste puede superar el 25%. La brecha histórica entre mujeres y hombres en materia de oportunidades de empleo se mantiene. Entre enero de 2023 y octubre de 2023 el promedio de la tasa de ocupación de los hombres fue de 70,3%, en contraste con el de las mujeres de 45,8%. La reforma laboral causó una tormenta entre los empresarios. Las relaciones se enrarecieron aún más por la resistencia de Gustavo Petro al nombramiento de Germán Bahamón como presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Poco a poco la marea ha ido bajando. La gran apuesta de Gustavo Petro es pasar a la historia como un presidente reformista. Para esto necesita el apoyo del congreso, de la sociedad civil y de los empresarios. Esta será su difícil tarea para el 2024. Conozca el informe completo, aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: El Espectador En una iniciativa sin precedentes, el presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete, trasladaron la sede del Ejecutivo al Pacífico colombiano para llevar a cabo una intensa semana de diálogo directo con las comunidades locales. Bajo la premisa de un “Gobierno con el Pueblo”, Petro busca articular soluciones a los problemas que enfrentan estas poblaciones y destacar las acciones ya implementadas en la región. El mandatario expresó su compromiso en un mensaje en su cuenta de X, acompañado de un video difundido por las redes sociales de la Presidencia de la República, anunciando el inicio de esta jornada en el municipio de Tumaco, Nariño. La agenda incluye encuentros con gobernadores, alcaldes, líderes y comunidades de municipios como López de Micay, Timbiquí, Guapi, Tumaco, El Charco, Barbacoas, Quibdó e Istmina. Entre los anuncios más destacados se encuentra el otorgamiento de títulos de propiedad colectivos de más de 28,000 hectáreas de tierra para comunidades afro en López de Micay, Cauca. En Barbacoas, Nariño, se pondrá en marcha un Centro de Educación Superior con una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos, fortaleciendo así la educación en la región. Estas medidas buscan mejorar el bienestar de las poblaciones en las zonas costeras. Esta jornada en el Pacífico marca el inicio de las acciones programadas para el 2024, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio de llevar justicia social, justicia ambiental y justicia económica a todos los territorios del país. Recordemos que eventos similares se llevaron a cabo el año pasado 2023 en La Guajira y en diferentes localidades de Bogotá. El martes 23 de enero, a las 4:00 p.m., el presidente Petro llegó a la denominada "Toma del Pacífico", un evento esperado con gran interés. Aunque su retraso generó críticas, la jornada se llevó a cabo, y el presidente delegó el liderazgo de la agenda a la vicepresidenta Francia Márquez en el inicio en Barbacoas, Nariño. Este cambio de liderazgo no impidió que Petro se reuniera en Tumaco con comunidades indígenas del Piedemonte y la Costa Pacífica de Nariño para escuchar a representantes de la comunidad Awá. El compromiso del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las autoridades locales es con medidas como la aplicación de inteligencia financiera, asignación de equipos de vigilancia y aumento del pie de fuerza policial y militar. En una rueda de prensa, el Ministerio de Defensa anunció medidas concretas para fortalecer la seguridad en la región. Se desplegarán 90 infantes de Marina en Nariño y 60 efectivos adicionales con tres equipos de combate fluvial en el Cauca. La Policía destinó 600 policías para el norte del Cauca y 50 uniformados para el litoral Pacífico nariñense y caucano. Además, se lanzó la Línea Vida 103 para atender emergencias por situaciones de riesgo, y se entregaron 54 captores biométricos para mejorar la identificación de las personas. El apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia se traduce en la entrega de motocicletas y vehículos para mejorar la movilización y eficacia de la Policía. La ministra de Justicia anunció la puesta en marcha de la Misión Tumaco, una iniciativa con una inversión de 80 mil millones de pesos en proyectos productivos. La inteligencia financiera se destaca como una herramienta indispensable para combatir las finanzas criminales asociadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otros delitos. En el ámbito educativo, más de 600 jóvenes de la subregión de Telembi se beneficiarán con la construcción del Centro de Educación Superior de Artes y Oficios, con una inversión de 9,100 millones de pesos. Este proyecto, parte de la estrategia de paz territorial del Gobierno del Cambio, busca satisfacer las necesidades de educación en la zona, centrándose en artes y oficios como la joyería de filigrana o la música de la marimba de chonta. El director de Fondo Paz, Pablo Pardo, resaltó que esta iniciativa permitirá a los jóvenes permanecer en sus territorios, apostando al desarrollo y la construcción de paz. El centro educativo se espera que inicie sus funciones en el segundo semestre de 2024, beneficiando inicialmente a más de 200 jóvenes, con una proyección de alcanzar a 600 estudiantes. Durante su intervención, el presidente Petro lamentó el olvido histórico de la región del Pacífico y se comprometió a facilitar una transformación territorial que saque a esta zona de la pobreza. Resaltó la riqueza del Pacífico y abogó por la creación de CONPES territoriales vinculantes para materializar la transformación del territorio. Petro enfatizó que la superación de la violencia en el Pacífico se basa en abandonar la economía ilícita y construir una nueva economía que garantice prosperidad. Este enfoque va más allá de la simple sustitución de cultivos ilícitos, buscando una solución integral que involucre a toda la población. Durante la jornada, el presidente y su gabinete escucharon las demandas de líderes indígenas, quienes solicitaron más asignación de tierras, políticas para conservar el medio ambiente y apoyo para construir y mejorar vías de difícil acceso. Otros temas críticos incluyeron la mitigación del reclutamiento de menores indígenas, el desminado humanitario y la construcción de un centro de acopio. El presidente concluyó su intervención subrayando que todos los esfuerzos del Gobierno en el Pacífico están orientados hacia la construcción de la paz, cuyo impacto se extenderá a todo el país. Petro afirmó que si la paz no se construye en el Litoral Pacífico, no se construye en ninguna parte del país, haciendo énfasis en la necesidad de abordar integralmente los desafíos de esta región. Según Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la visita de Gustavo Petro al Pacífico cobra relevancia tanto en términos de la cobertura estructural que el Gobierno busca brindar a las necesidades de los departamentos de esa región como en relación con las prioridades vinculadas al proceso de Paz Total. Esto es crucial ya que en la región del Pacífico convergen diversos sectores armados, algunos de los cuales están avanzando en las negociaciones de paz, mientras que otros aún carecen de una ruta clara para dicho proceso. Daza destaca la influencia significativa de la vicepresidenta Francia Márquez, quien, al ser originaria de la región, está estrechamente conectada con la situación actual de violencia y conflicto en esa área del país. Es importante señalar que, desde el año pasado, ha habido una intensificación de acciones armadas por parte del Estado Mayor Central en departamentos como Cauca y Nariño, por lo que la visita de Petro busca transmitir el mensaje de que el Gobierno está atento a estos procesos, a las acciones armadas de los grupos y a las necesidades estructurales de estos departamentos. Además, se presenta como una oportunidad para articular y acercar a estos grupos poblacionales y a las poblaciones de dichos departamentos al Gobierno. El coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares proporcionó información sobre el estado de la Paz Total en la región, destacando la presencia significativa del ELN y el Estado Mayor Central, con los cuales se están llevando a cabo negociaciones. Se otorgó una prórroga del cese al fuego con el Estado Mayor Central, hasta julio, con la expectativa de que se refleje una disminución de las acciones armadas y la violencia en el Pacífico en la primera mitad del año. Similarmente, se está trabajando en una prórroga con el ELN. No obstante, hay otros actores en el Pacífico, como la segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, con los cuales aún no hay un acercamiento formal o explícito, y las acciones para la Paz Total están suspendidas con este último grupo. En un ejercicio sin precedentes de proximidad y compromiso, el presidente Gustavo Petro y su gabinete están llevando a cabo una jornada en el Pacífico colombiano. Con anuncios concretos en materia de seguridad, educación y desarrollo sostenible, Petro busca cambiar la narrativa de una región históricamente olvidada. El compromiso del Gobierno del Cambio con el Pacífico va más allá de discursos y promesas; se traduce en acciones concretas y en el establecimiento de una visión transformadora para una región que merece atención y desarrollo. La verdadera prueba estará en la implementación efectiva de estas medidas y en el impacto positivo que generen en las comunidades del Pacífico colombiano.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: La Vanguardia En 1989, cuando Pablo Escobar a punta de bombazos y magnicidios, ponía de rodillas al gobierno de Virgilio Barco, pocos policías declinaban las ofertas que les hacía el capo de la mafia para torcerlos. La ecuación era muy sencilla, o plata o plomo. El oficial Hugo Aguilar en esa época se había especializado en criminología en la universidad Complutense de Madrid y había dado golpes certeros a la guerrilla durante el gobierno de Belisario Betancur. En la institución lo conocían por ser un tirador eximio. Alguna vez el periodista Germán Castro Caycedo lo llevó a un polígono y le pidió demostrar su pericia. A una distancia de cuarenta metros disparó sobre el mismo punto once veces. Eran golpes secos. Las balas entraron todas por el mismo orificio. Tenía temple y determinación. Por eso el coronel Hugo Martínez Poveda lo llamó para ser junto a él las cabezas del Bloque de Búsqueda, el grupo élite conformado por 450 hombres que buscaba acabar con el criminal más temible del mundo. Uno de los problemas más grandes era la infiltración dentro de la policía. Escobar tenía a un teniente, al que apodaban Cirirí, encargado de informarle el más mínimo movimiento en su contra. Por eso, cada vez que tenían al capo cercado, aparecían lugartenientes suyos como Pinina haciendo una contraofensiva. El Bloque de Búsqueda terminaba reculando. Fue idea de Hugo Aguilar empezar a infiltrar al capo. Darle de su misma medicina. 1989 fue el año de los grandes atentados. Destrucción del DAS haciendo explotar un bus lleno de dinamita, explosión del avión de Avianca. Asesinatos de los candidatos presidenciales Galán y Bernardo Jaramillo Ossa. Aguilar estaba desesperado por ganarle la partida al Cartel de Medellín. Así que, sin escrúpulos, empezó a hacer alianzas primero con dos grandes paramilitares del Magdalena Medio. Ramón Isaza fue el padre fundador de los paras en ese lugar de Colombia y siempre tuvo resquemores con meterse en el negocio de la coca. No fue difícil convencerlo para incomodar con acciones armadas al capo en el lugar donde había construido Napoles, su hacienda más querida. El otro al que torció a su causa fue Henry Pérez, muy cercano a Gonzalo Rodríguez Gacha y quien fuera en 1989 el arquitecto del asesinato de Galán. Eso no le importaba a Aguilar. Pérez fue rápidamente descubierto por Escobar y asesinado en 1991. No obstante, la gran ayuda que recibió Aguilar provino de una fuente anónima. Se hacía llamar El Fantasma. Al menos así se presentaba en sus intempestivas llamadas. Tenía la voz ronca y atropellada. Afirmaba estar cansado del tsunami de sangre en el que Escobar ahogaba al país. Era el encargado de poner los carros bombas en ciudades colombianas. Empezó a delatar autos regados por diferentes calles. Uno los hacía explotar, como para que el jefe no se molestara, y otros los delataba. Con el tiempo Aguilar supo que su fuente era Carlos Castaño. Fidel, Carlos y Vicente Castaño eran de Amalfi. Usaron como excusa el confuso secuestro y posterior asesinato de su papá para emprender su guerra antinsurgente. No existen pruebas de que el crimen lo hubieran cometido las FARC. Desde mucho antes de esto eran malos. Se dedicaban al contrabando y tenían gatillo fácil. Con Escobar ingresaron al negocio de la coca y aumentaron su fortuna. Fidel tenía gustos refinados. Le gustaban los cuadros de pintores famosos y los vinos caros. Incluso, cada vez que se encontraba con Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar se ponían a hablar de arte, lo que enfurecía al capo. La postura ideológica de los Castaño chocaba con la de El Patrón quien siempre se declaró como un admirador del Ché Guevara y del M-19. Nunca estuvo de acuerdo con el asesinato sistemático de la UP, el de Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo Ossa. Los Castaño, por su parte, empezaban a medir las consecuencias que para ellos traerían el baño de sangre que sumía al país las acciones de su jefe. La extorsión de Escobar a otros mafiosos empezó a agrietar al Cartel. Por eso Castaño empieza a tener contactos con la policía. Sabía que Aguilar era el hombre. Estaba obsesionado con acabar a Escobar. Los registros que hay de las llamadas no dejan duda que quien fuera unos años después gobernador de Santander no le temblaba la voz al enfrentarlo. Poco después de los episodios que terminarían con su escape en la Catedral, cuando el cerco se cerraba sobre Escobar, éste llamó a Aguilar para amedrentarlo: -Gonorrea hijueputa, les voy a volar la Escuela Carlos Holguín, les voy a volar a sus familias… Aguilar le respondió -Toque a las familias, colóquele a ellas una bomba y le pondremos una a la santa de su mujer y al talego de manteca de su muchachito Aunque hasta el pasado 23 de enero, más de treinta años después de los hechos, Hugo Aguilar contaría su verdad a los magistrados de la JEP, el general ya lo había hecho a comienzos de este siglo. Lo hizo ante el micrófono de Germán Castro Caycedo. La mitad del libro Operación Pablo Escobar, es la narración de Aguilar sobre su persecución al capo y su alianza con Castaño. Incluso afirma que fue de él la idea de crear los PEPES, el grupo de criminales que alguna vez formaron parte del Cartel de Medellín y que crearon una sociedad para cargarse al mafioso mayor. Esta terminaría siendo, ni más ni menos, la puntalada final que necesitaba para conformarse el gran tejido de las AUC. Después de que Escobar asesinara en la Catedral a Kiko Moncada y el Negro Galeano, los dos grandes mafiosos que llenaban de plata con sus traqueteadas al capo, mucha gente se le volteó a Pablo. Se cansaron de sus excesos, de sus secuestros y de que decidiera vivir boleteándolos. Aceptan una unión temporal con el Cartel de Cali y buscan nexos con la policía. Aguilar era despiadado. Podía salirse de los territorios de la ley con tal de conseguir su objetivo mayor. En pleno interrogatorio a unos sicarios Hugo Aguilar tuvo la epifanía: ¿Por qué no crear una organización y atribuirles todos los excesos a ellos? Entonces vio que uno de los policías que lo acompañaban tenía puesto un jean de marca PEPE. Se llamarían los PEPES, Perseguidos por Pablo Escobar. En una reunión que tuvo con Castaño en las Palmas, cerca a Rionegro, le contó la idea y al para le pareció muy buena. Incluso mandó a timbrar hojas con el logo de la organización que agrupaba a Don Berna, a su hermano Fidel, los familiares de los Moncada y los Galeano y a temibles asesinos. Lanzaban comunicados y fueron vendidos como un mal necesario. La CIA y la DEA también veían con buenos ojos la alianza. Escobar, cada vez más acorralado, fue asesinado el 2 de diciembre de 1993 sobre un tejado en Medellín. Aguilar se atribuye el haber tenido la suficiente destreza como para darle al objetivo en movimiento. Los gringos dicen que fue ellos. Aguila resultó siendo un héroe, al menos por unos años y en el 2004 se lanzó a la gobernación de su departamento, Santander, en donde ganó de manera aplastante. Ahí empezó su declive, fue condenado después a nueve años de cárcel y le cayeron múltiples procesos por nexos con paramilitares, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Su testimonio en la JEP confirmó lo que alguna vez Mancuso dijo de él: el Bloque Bolívar de las AUC le ayudó a ganar la gobernación de Santander. Sin embargo lo que dejó a todos helados fue su confesión, fría, contundente, que fue él quien ayudó a formar uno de los grupos paramilitares más sanguinarios del país, los PEPES. Las reacciones e implicaciones que podrían caer sobre la policía, apenas se están midiendo.

Por: Gobernabilidad y Democracia Fotos tomadas de: Portafolio El sábado 20 de enero se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Piedad Córdoba. En el sentido mensaje del presidente de la República recordó el deseo de la senadora de volver a unir al Pacto Histórico y tener lo que él llamó “un congreso progresista” y así poder sacar adelante las reformas que constituyen los ejes fundamentales del gobierno.  No fueron muchos los líderes que le copiaron a la propuesta presidencial, concretamente Comunes, la Alianza Democrática Amplia ADA, Independientes y la Fuerza de la Paz quienes no quieren perder independencia. La crisis en la unidad del Pacto Histórico viene desde agosto. La entrega de avales de ese partido fue calificado por Gustavo Bolívar, en ese momento candidato a la alcaldía de Bogotá, como “Rotundo fracaso” y “Vergüenza total”, como lo afirmó en su momento el candidato a La Silla vacía. El delegado del presidente para poner de acuerdo a los 12 partidos, que conforman el Pacto Histórico, Eduardo Noriega, no estuvo a la altura de la situación. Fue una auténtica puja entre ellos. Una auténtica lucha de egos que se transformó en una debacle. Esta indecisión se tradujo en los resultados electorales de octubre en donde la centro derecha y la derecha misma fueron los grandes ganadores. Las principales alcaldías fueron ganadas por claros opositores al gobierno como fue el caso de Federico Gutiérrez en Medellín quien ganó con votación aplastante, Alejandro Eder en Cali y Alejandro Char en Barranquilla. En Bogotá, el candidato del Pacto, Gustavo Bolívar, fue el gran sacrificado de esas indecisiones y pugnas obteniendo apenas 571.971 votos, un 18.71% de la votación perdiendo incluso el segundo lugar con Juan Daniel Oviedo. En entrevista a el diario El Tiempo a Bolívar no le tembló la voz para echarle la culpa a su jefe y resaltar la habilidad de Claudia López al posicionar a Galán “Fue a cada emisora a decir que no votaran por el candidato que iba a frenar el metro cuando yo no hablé de eso. Y en eso colaboró el presidente desde China. Él, tratando de mejorar la situación, lo que hizo fue empeorarla. La gente no entiende que un metro subterráneo es mejor y quieren el otro que viene andando. Entonces, el relato de que íbamos a frenar el metro se volvió un plebiscito y nos ganaron por ese lado”. En ninguna capital la coalición del Pacto pudo ganar. Los resultados, en alcaldías de las principales ciudades, fueron desalentadores. En Barranquilla el candidato del Pacto sacó el 9.31%, en Bucaramanga el 4.03%, en Cali el 11.09%, en Cúcuta, en Medellín el 10.14%. En las gobernaciones la coalición del partido de gobierno fue incapaz de llegar a acuerdos y se perdieron departamentos claves como el Cauca. En región, sin embargo, el Pacto mantiene su poder ya que ganaron 140 alcaldías, 56 de sus partidos y 84 en coaliciones. Para el portal la Silla Vacía estos resultados reflejan Las peleas internas para entregar avales, la caída de la reforma política que impidió que los congresistas más conocidos pudieran ser candidatos, el rompimiento de la coalición de gobierno que imposibilitó el “Frente Amplio” con los partidos tradicionales expertos en estas elecciones y la creciente impopularidad de Petro, le jugaron en contra al Pacto”. Para el coordinador de la línea de Seguridad y Democracia Alejandro Alvarado el pedido del presidente para volver un monolito el Pacto Histórico significa retomar, una vez más, la necesidad de que la izquierdas se unifique en un solo partido, como sucedió en el pasado, y reducir los partidos que ya son 38 en el país: “La última vez que la izquierda tuvo un gran proyecto de unidad sucedió con el Polo en el 2006,  a partir de allí fue que la izquierda pudo competir realmente por la presidencia, como sucedió con Carlos Gaviria con más de 2 millones de votos en el 2006, eso le abrió la puerta a diferentes partidos de izquierda en la elección de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali. Unificar en un solo partido no sólo lo indica la eficacia de los proyectos políticos que buscan tomar fuerza sino que hay que reducir los partidos políticos dada la balcanización de la política nacional”. La muerte de Piedad Córdoba fue la punta de lanza del presidente para hacer ese pedido que ha tocado callos en las cabezas del petrismo como Roy Barreras, Martha Peralta o el propio Julian Gallo de Comunes quienes se verían perjudicados ya que tendrían que renunciar a los beneficios que tienen por ser partidos, como entrega de avales, financiación de Estado y entrega de votos. Uno de los que sí apoya la iniciativa de Petro es Iván Cepeda, mientras que Daniel Quintero, en un confuso twitter, se mostró ambiguo. Lo que queda claro es que, para sacar adelante sus reformas en este 2024, al presidente le toca apostarle a la unidad del Pacto Histórico algo que, como lo afirma Alejandro Alvarado, no será nada fácil: “La realidad es que la reacción de distintos grupos del Pacto no es el de acoger la iniciativa del presidente. Para muchas agrupaciones el derecho de presentar candidatos y de garantizar la financiación estatal es vital para partidos como Comunes que derivan sus derechos a participar en política a los acuerdos de Paz, no le serán fácil renunciar a esos derechos y en términos electorales se dan cuenta que, sin ese derecho, desaparecerían de la franja de participación política. Hay decisiones por tomar, en especial de los partidos que derivan su personería jurídica, de decisiones judiciales, de mecanismo de reparación del Estado, como en la UP, para ellos es una historia que hay detrás y definitivamente esperemos que por el bien de la democracia, tendrán que unificar sus bases y sus representantes que en la actualidad ocupan algún tipo de curul”.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Departamento Nacional de Planeación (DNP) buscará este año arrancar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida, 2022-2026, y de paso ponerle fin a la estratificación socioeconómica de los hogares en todo el territorio nacional –artículo 70 de la Ley 2294 de 2023–. El objetivo es cambiar el indicador de condiciones de la vivienda de las personas por la capacidad de pago del hogar, con el objetivo de focalizar de manera más precisa y efectiva la asignación de subsidios y el cobro de los servicios sociales que presta el Estado –como los servicios públicos domiciliarios, la educación, salud, recreación y movilidad, entre otros–. La estratificación basada en las condiciones de la vivienda es una metodología de focalización de subsidios que nació y se expandió en el país a partir de la experiencia que tuvo, a mediados del siglo veinte, el cobro de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La estratificación le sirvió a la empresa, primero, para venderle a los usuarios que más compraban el servicio de energía a un precio menor; y luego para invertir el proceso y cobrarle un precio diferencial a los usuarios de acuerdo con las condiciones físicas del hogar: siendo 1 el más bajo y, por tanto, el más económico; y 6 el más alto y en consecuencia el más caro, buscando justicia tarifaria. Este sistema diferenciado de precios de los servicios de acuerdo a la clasificación de viviendas y hogares fue adoptado, posteriormente, por la Junta Nacional de Tarifas del DNP y extendido a todo el país. Para, finalmente, desde la década de 1990, con la Ley 142 de 1994 o Ley de servicios públicos domiciliarios, institucionalizarse como sistema general para el cobro de todos los servicios de este tipo. Además, dado que el mecanismo de clasificación era tan sencillo –pues dependía de la observación de las características físicas de la vivienda o lugar donde se prestaba el servicio–el Estado colombiano decidió adoptarlo como metodología para focalizar los subsidios a otro tipo de servicios, como la salud o la educación, al igual que el cobro de tributos. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, el sistema de estratificación de hogares se convirtió en un modelo bastante imperfecto, pues las características físicas de la casa o del apartamento, finalmente, no reflejaron las condiciones económicas de los colombianos. Muchos hogares, por ejemplo, a pesar de aumentar los ingresos familiares con el pasar de los años, decidieron mantener la apariencia de las residencias para recibir subsidios del Estado. También la factura de los servicios públicos se convirtieron en un boleto para que, con solo presentarla, cualquier persona, de manera gratuita o a bajo costo, accediera a servicios como educación pública o de diversión. Igualmente, sirvió para eludir el pago de impuestos o de otro tipo de contribuciones que estaban atados al estrato socioeconómico del hogar. En resumen, el sistema de estratificación socioeconómica en Colombia es se convirtió en un sofisma. Sirvió como incentivo para ocultar el ingreso de los hogares, se usó la apariencia de las viviendas para distorsionar la entrega de subsidios del Estado y el cobro efectivo de contribuciones. Debido a estos problemas, el DNP decidió incorporar en el actual Plan Nacional de Desarrollo la propuesta de construir un Registro Universal de Ingresos (RUI) como una transición metodológica. El Estado quiere convertir este Registro en el “único instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”. La apuesta del DNP es que el RUI sea “ neutral frente a la oferta social” y que “no afecta el ingreso, permanencia y salida de los mismos”; que a cada persona se le asignen una codificación de acuerdo con sus ingresos. Información que será usada por cada entidad del Estado para administrar o ejecutar “los diferentes programas sociales de acuerdo con la normativa vigente y aplicable, teniendo en cuenta su población objetivo, alcance y financiación”. En este sentido, el gran reto del Estado es construir, alimentar y administrar un RUI con la información económica para todos los habitantes del país. En la actualidad, según el DNP, se cuenta con 33 millones de registros para el RUI y el objetivo es llegar lo más pronto posible a los 55 millones de registros, que son los mismos con que cuenta el Registro Social de Hogares (RSH) y que se utiliza actualmente en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y Familias en Acción para seleccionar y beneficiar hogares. Para lograrlo, el DNP trabajará de manera coordinada con otras organizaciones del Estado. Como el Banco de la República, de quien recibirá información sobre los pagos electrónicos que hacen las personas en todas las transacciones monetarias. Al igual que información que reciba del Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) relacionada con la declaración de rentas. Lo que se espera es que está transición al RUI sea lenta  y escalonada. Romper con una institucionalización de una estratificación económica que lleva más de 70 años en el país es difícil. De allí que se requiera para la implementación una sensibilización y divulgación, primero, en las entidades involucradas de la oferta social, y luego con la ciudadanía. Además, que se ensaye, con pruebas piloto, en territorios como Bogotá y Medellín, para luego, en 2026, extenderlo a todo el territorio, con el fin de adaptación del mecanismo y la verificación de su funcionalidad entre todos los actores. Demostrando la efectividad de esta política y, en consecuencia, si el cambio institucional mejorará efectivamente las condiciones de las familias más pobres. De esta manera se logrará hacer un proceso de transición planificado y poco traumático. Un cambio institucional con el que se logre construir un sistema de codificación que sea justo con los hogares, para que se subsidie de manera eficiente, se recojan contribuciones acorde con los  ingresos reales de sus integrantes y el Estado mejore las inversiones a la población vulnerable. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. **Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Al exsenador Carlos Alonso Lucio, se le ha señalado en los últimos días de estar fraguando un golpe de estado. En su defensa, él ha dicho que sólo ha pedido la realización de un legítimo juicio político al presidente: “Están llamando golpe de Estado a una figura constitucional; el juicio político es todo lo contrario, no es ningún golpe de Estado”. Pese a su aclaración, y por cuenta del pasado judicial del exsenador (su prontuario delictivo pasa por la guerrilla, los paramilitares e incluso por las organizaciones dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas) resulta muy difícil para la objetiva tarea de un profesional de la inteligencia –pienso en los agentes de la policía que realizaron los informes sobre la escaramuza golpista- descontar de su análisis que el exsenador pudiera estar jugándole sucio al país y tal vez tras sus planes de participación política –de indudable legalidad constitucional- haya una estrategia delincuencial fundada en un interés golpista. Un interés coincidente con los propósitos de otra gran cantidad de colombianos -entre ambiciosos y desinformados- que bajo este gobierno, dado a privilegiar el interés general, están sufriendo porque siempre habían vivido creyéndose ciudadanos de primera clase; es decir, con ilimitados derechos y sin ninguna obligación. Los comentaristas políticos afectos al presidente Gustavo Petro, con la inmediatez de un resorte han aprovechado ese prontuario del exsenador para criticarlo y desacreditarlo. Y siguiendo esa misma intencionalidad han aprovechado también su presente, pues Lucio hoy está ligado a negocios cuya bolsa se colma con la venta de indulgencias a sujetos de conducta non sancta y con los diezmos a personas incautas o inocentes; unos y otros cargados de culpas morales y desprovistos de certeza espiritual. Empero, si descontamos ese contexto donde Carlos Alonso Lucio es un rotundo sospechoso, si creemos de buena fe en que esta vez actúa en beneficio de los colombianos y si, además, pensamos que hoy lo mueven sentimientos de sensatez; incluso así, habría que comprobar si está actuando como un golpista o si lo está haciendo como un político incorrecto. Y para saber eso, basta preguntarse en qué consiste un golpe de estado y en qué consiste un juicio político. Un golpe de estado es el derrocamiento de un gobernante mediante la violencia, su esencia es la ilegalidad y su objetivo el derrocamiento de un gobierno; mientras que el juicio político –en el contexto jurídico de Colombia- es un mecanismo constitucional, tramitado por el congreso cuando los actos u omisiones del presidente van en contravía de los intereses de la mayoría, y su esencia es la legalidad y su objetivo la remoción de un gobernante. No obstante, pese a la diferencia entre estas dos definiciones –pues el golpe de estado es violento y el juicio político coercitivo- en los hechos de la actual realidad política parecen fusionarse hasta confundirse, como ya lo vimos en el Perú con el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, precisamente bajo la estrategia de un golpe blando, que es un golpe de estado no militar, orquestado por medios de comunicación perversos y facilitado por la aplicación de un juicio político a raja tabla (un juicio sumario). Valga decir, sin embargo, que si bien esta nueva modalidad de los golpes de estado no es de rigor ejecutada por las fuerzas militares, estas sí los acompañan, bajo la excusa de garantizar el cumplimiento de la ley. En efecto, por esa mutación de los golpes de estado –pasando de ser de golpes militares a juicios políticos- resulta de alta peligrosidad la invitación de Carlos Alonso Lucio a salir a las calles para exigir un juicio político al presidente; pues, tras ese rótulo puede esconderse la intención única de promover un golpe de estado blando. Estas líneas de jóvenes investigadores de la Universidad Santo Tomás de Aquino lo explican mejor: "El complejo paso de las dictaduras militares a los gobiernos democráticos y semidemocráticos no solamente trajo consigo constituciones e instituciones que consignaban, consagraban y aseguraban el poder. [….] Habida cuenta de la impracticabilidad de los golpes militares, las élites civiles y políticas acudieron al juicio político (impeachment, figura proveniente de la Constitución de los Estados Unidos) como herramienta legal para oponerse al Ejecutivo sin necesidad de hacer trizas las democracias y sus instituciones”[1] De manera que si el exsenador Lucio lo que precisa es la aplicación de un juicio político, a través del congreso -que es la única opción que existe en nuestro país para hacerlo legalmente- entonces se estaría contradiciendo con la constitución; pues en esta el juicio político, distinto a como ocurre en constituciones de otros países donde es una opción de primera mano –pienso en México y en Perú- en la constitución colombiana, sin impedirlo y sin dejar de regularlo, el juicio político sólo toma existencia cuando falla la figura del control político, pues este debe evitarlo, ya que la voluntad implícita del espíritu del constituye-legislador no es otra sino esta: “Para no tener que enjuiciar a los gobernantes, debe sometérseles continuamente a un control político”. De hecho, nuestra constitución prevé que no ocurran juicios políticos mientras funcionen las instituciones de control, pues estas cuentan formalmente con los mecanismos para su eficiencia; en el caso del congreso –que debe vigilar los actos y las omisiones del presidente- este cuenta con la moción de censura, con las citaciones y con las audiencias, que son recursos de control concebidos para contener las conductas antijurídicas de los presidentes y de sus funcionarios, y hacerlo sobre la marcha, en tiempo presente, antes de que estas se tornen corruptas. En cumplimiento de esta tarea, el congreso debe realizar un monitoreo constante y continuo, inhibiendo los actos improcedentes de los presidentes para evitar que estos se desarrollen y terminen justificando la realización de juicios políticos; es decir, de procesos judiciales que tienen el carácter de una mera “responsabilidad política” y no el de una actuación penal. De hecho, tal y como lo ha afirmado la Corte Constitucional en sentencia T-649/96: “El Congreso hace especialmente un juicio de responsabilidad política y no un enjuiciamiento penal; y si se considerara que el alto empleado que es juzgado por el Congreso está incurso en algún posible delito, la determinación del Congreso como requisito de procedibilidad previo es el permitir que la Corte Suprema pueda juzgar al alto funcionario, luego esa etapa es totalmente diferente al proceso penal”. De otra parte, y reconociendo el derecho del exsenador Carlos Alonso Lucio a protestar y a convocar a las calles a quienes piensen como él, vale recordarle que cuando Montesquieu aseveró que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”; se refería estrictamente al poder de los gobernantes y al poder popular. De ahí que, si en verdad un grupo de personas se siente con derecho y capacidad para enjuiciar al presidente (el poder de los gobernantes) y hacerlo saltándose el ejercicio constitucional del control político, bien puede hacerlo; pero debe saber que para lograrlo tendría que ir de la mano del pueblo (del poder popular), que en el caso del pueblo colombiano, durante el gobierno de Gustavo Petro no sólo ha recibido beneficios intangibles de dignidad y de esperanzas de paz, sino también beneficios tangibles. De tal suerte ¿con cuáles argumentos se levantaría un pueblo contra su presidente, si este le ha cumplido lo ofrecido en campaña de pre elección, y en calidad de buen gobernante se ha sobredimensionado en la esfera mundial? Basta citar, entre otras muchas trabas que tendrían que vencer los golpistas, estos titulares noticiosos por los cuales, el pueblo colombiano nunca movería un dedo en contra del presidente Petro: “Campesinos sin tierra han recibido 230 mil hectáreas”, “Los campesinos de San Marcos cosechan 320 toneladas de arroz”, “Gobierno del Cambio dignifica el trabajo de la Fuerza Pública”, “Mayor subsidio para quienes fueron madres comunitarias”, “Misión la Guajira: alianza para soluciones de fondo”. “Economía popular: una clave para derrotar el gota a gota”, “Por fin llega agua potable a 1,3 millones de personas”, “Cifras históricas en 2023 de inflación y desempleo”, “Con $70 billones se financiará educación gratuita y de calidad”, “Universidad gratis y costo cero en ingreso a la carrera militar”, “La reforma para que haya más justicia”. “Estamos asfixiando al narcotráfico” y, entre otras muchas noticias del mismo interés, vale resaltar esta sobre la paz: “En Buenaventura duermen más tranquilos por la tregua”. En tal contexto, habría que ser muy ingenuo, o muy golpista, para intentar derrocar a un gobierno que, por primera vez en nuestra historia, está consolidando con real y certera ejecución, un programa de gobierno cuyo target son los más necesitados para que un día, por fin, seamos todos ciudadanos y ciudadanas de primera clase: con derechos ciertos y obligaciones razonables. [1]JUICIO POLÍTICO A PRESIDENTES EN COLOMBIA (1982-2018) Andrea Paola Buitrago Rojas Juan Guillermo Miranda Corzo Juan Sebastián López López. En: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/34104/Capitulo1Juicio2020

Por: Isabela Puyana Foto tomada de: El Espectador Llamaradas y humo atravesando los Cerros Orientales de Bogotá en zonas como la Quebrada vieja, Chapinero y la Localidad de Usme, Ciudad Bolivar y Santa Fe han sido las imágenes que los bogotanos han presenciado en los ultimos dos dias, esperando a que los incendios no se intensifiquen por las altas temperaturas y las pocas lluvias que hoy se viven en la capital. Un equipo de de más de 360 personas de diferentes sectores: bomberas, bomberos, soldados, policías, pilotos de la Fuerza Aérea, miembros de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la CAR, el Acueducto, el IDIGER y voluntarios llevan más de 36 horas trabajando para intentar apagar el incendio que aún se mantiene en pie en algunas zonas de los cerros. La Alcaldia de Bogotá se ha manifestado y pide no subir a los cerros, que los colegios que quedan en los puntos cercanos de manera preventiva no den clases en estas zonas y que las persons que viven cerca a los incendios au3n activos utilicen tapabocas. La Secretaria de Ambiente, Adriana Soto anunció que el aire de Bogotá ya presenta un derioro en su aire y que la fauna que suele vivir en los cerros comenzará a buscar una salida hacia la ciudad. Pide que de ser ens canimales silvestres, sean reportados. Acontecimientos similares vivieron los santandereanos desde el 20 de enero cuando el humo envolvió una montaña cerca al Hospital Internacional de colombia y colegios en el municio de piedecuesta, Santander. El incendio que se decretó como “alerta máxima por incendios forestales” por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales, llegó hasta el area de Ruitoque y se quemaron más de 300 hectareas de bosque. A diferencia de los incendios de los cerros de Bogotá, que aún no han podido ser controlados, los incendios en Santander ya no están activos. Según datos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en menos de tres meses se han presentado 237 incendios forestales en el país en el marco del fenómeno de El Niño. Frente a este tema, la Procuraduría hizo un llamado de alerta al Gobierno Nacional para que preste atención a esta situación. El ente de control instó a que se fortalezca la capacidad de los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios: “y se haga uso de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos que permitan garantizar la logística para salvaguardar la vida, los derechos y bienes de los habitantes del territorio nacional”. La Ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en una declaración reciente, hizo un llamado a la cooperación ciudadana y la conciencia ambiental. Además, instó a la población a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fuego para una respuesta rápida de las autoridades. Las autoridades ambientales intensificarán la vigilancia y monitoreo de áreas de alto riesgo. Esto incluye el despliegue de equipos de respuesta rápida y la utilización de tecnología avanzada, como drones y satélites, para detectar y controlar incendios en etapas tempranas. En este contexto crítico, la prevención y la colaboración son clave. El respeto a las restricciones y la adopción de prácticas seguras por parte de la comunidad y las autoridades son fundamentales para preservar los ecosistemas y proteger la flora y la fauna.