Por: Redacción Pares “Lo que viene será mucho más duro” La advertencia la hace Israel que este miércoles lanzaron una nueva ofensiva terrestre y aérea. Esta semana se reiniciaron con todo las actividades militares desde Israel hacia Palestina. Antes de esta incursión terrestre que se dio en el sur y que busca hacer un corredor para que Israel pueda moverse se realizaron una serie de bombardeos que han dejado más de 400 muertos. El ultimatum del ministro de la defensa israelí Israel Katz parece ser lo suficientemente fuerte: “Si no se libera a todos los rehenes israelies y no se expulsa a Hamás de Gaza Israel actuará con una fuerza nunca vista hasta ahora”.   La violencia indiscriminada a hecho que los hospitales en Gaza estén colapsados. Algunos incluso tuvieron que suspender los tratamientos de diálisis. Con excepción del gobierno norteamericano el mundo a reaccionado con estupor ante esta ofensiva. Con la reanudación de esta ofensiva contra Hamás se rompe con el alto al fuego, mientras se negociaba una segunda etapa de diálogos. En un comunicado el movimiento islamista palestino le pidió a los países amigos pedir que Estados Unidos pueda presionar a Israel para que haga un alto al fuego: "Llamamos a los países amigos que apoyan la justa causa palestina a presionar al gobierno estadounidense para que cese esta agresión y esta guerra genocida contra civiles sin defensa".   En las últimas horas los bombardeos se recrudecieron. En la madrugada de este jueves mataron al menos a 58 palestinos en toda Gaza. Tres hospitales fueron destruidos. El director del hospital al-Shifa, en entrevista a France 24, resumió la angustia que viven por el sofoco israelí con esta frase “perdemos uno a uno a los heridos que podían haber sido salvados”. Atacar hospitales, viviendas, mezquitas, habitaciones alquiladas para desplazados y refugiados y hospitales constituyen un crimen de lesa humanidad. Entre los 438 fallecidos se encuentran 170 niños, 80 mujeres y 55 ancianos. El hospital al-Shifa ha sido el blanco de los ataques israelitas desde la ofensiva de octubre del 2023 ya que acusó a Hamás de convertirlo en su cuartel general.   Desde Gaza se lanza un SOS mundial. Los hospitales están completamente destruidos y la ocupación impide la entrada al territorio de ayudas humanitarias o medicina. En los 42 días que duró la tregua 4.000 camiones cargados de suministros ayudaron a aliviar las necesidades de dos millones de personas asentadas en 113 mil tiendas de campaña.   La determinación con la que Netanyahu a reanudado la violencia contra Gaza ha generado las protestas de israelitas en Jerusalen. Sin embargo nada parece dañarle el sueño a un líder que está cometiendo, desde hace más dos de años, crímenes de guerra.

Por: Redacción Pares El pasado martes 18 de marzo miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país pidiendo que no fuera archivada la reforma laboral que podría aliviar las necesidades de un país que tiene al 58% de sus habitantes, según el DANE, en condiciones de informalidad. La iniciativa de archivar la reforma la tomaron 8 congresistas, todos pertenecientes al ala de la derecha política colombiana. Mientras se hundía una reforma en la que no se necesitaba ser petrista para apoyarla, avanza en la comisión primera de la Cámara de Representantes un proyecto que busca flexibilizar el porte de armas en Colombia. Ya se aprobó un debate para actualizar las condiciones en las que se porta armas en el país. Según un artículo escrito por el investigador de la fundación Paz y Reconciliación Nicolás León, la violencia en este 2025 se ha disparado en Bogotá. Entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, un 10% más que en el 2024.   La respuesta no puede ser apagar el fuego con gasolina. Abrir el debate para flexibilizar el porte de armas en Colombia es una medida populista impulsada desde los sectores más retardatarios de la política colombiana. El proyecto fue presentado por el representante conservador Juan Carlos Wils quien afirmó en una entrevista a la W Radio que lo que lo había movido a presentar el proyecto era lo siguiente: “Hay un decreto presidencial que prohíbe el porte de armas en Colombia.  Quienes tienen armas con permiso de porte o tenencia, no pueden hacer uso de este permiso, les toca tenerlas engavetadas en las cajas fuertes “.   Uno de los artículos presentados en el proyecto, el número 7, puede ser de los más problemáticos de todos: restringiría la autoridad del gobierno para imponer restricciones a los portadores de armas. En la cámara la bancada del Pacto Histórico es el principal escollo que tendría esta propuesta. El partido de gobierno cree que la propuesta debilita las herramientas de control del Estado. Desde el año 2016, como parte de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendieron los permisos de portes de armas a ciudadanos. La propuesta avanza hacia la plenaria con 16 votos a favor y 6 en contra. Según Wills, el presidente sólo pondría imponer restricciones en circunstancias especiales como en elecciones, emergencias de seguridad en regiones afectadas por el conflicto, o en ocasiones como el día de la mujer en donde la violencia se dispara.   Esta propuesta va en consonancia con la idea que sacó el alcalde Carlos Fernando Galán de imponer la estrategia de Los guardianes del orden, una propuesta que desde ya encuentra fuerte oposición desde la sociedad civil y también desde el mismo gobierno. El ministro del interior, a través de una carta, le pidió a Galán clarificar las funciones que tendría.

Por: León Valencia Les digo a los moderados, a los genuinamente preocupados por la gente, no hagan fila detrás de la derecha, no le crean todo lo que dice. Las reformas sociales y políticas que ha presentado Petro tienen demasiados problemas técnicos, dice la derecha y repiten sus tecnócratas, quizás sea así; el presidente, no tiene ninguna voluntad de hablar y oír y concertar y llegar a acuerdos, también podrían tener alguna razón; se trata de una estrategia de polarización en la que culpa a los ricos de los males del país y se postula como salvador de los pobres, sin duda hay algo de eso; la consulta popular apunta a calentar su electorado para las elecciones de 2026, puede ser la intención.   No voy a sacarle las castañas del fuego a Petro. Ni más faltaba.  No es mi oficio, ni creo que el presidente lo necesite, aunque sus feroces contradictores me endilguen el acertijo.   Pero, no nos digamos mentiras, a la derecha colombiana no le gustan las reformas sociales, o le gustan muy poquito, un gota a gota, cuando no le queda más remedio, un construir sobre lo construido, dice, no le gusta la movilización popular, así esté acudiendo a ella en los últimos tiempos, no le gustan las consultas a las poblaciones y a los territorios donde adelantan sus grandes proyectos económicos.   No les gustó la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, el más técnico de los presidentes en los últimos sesenta años; no les gustó la paz de Santos, alguien de sus propias tropas, tan moderado él, tan concertador, una paz negociada durante seis años, debatida hasta la saciedad, sometida a plebiscito y vuelta a negociar con la derecha para suavizarla, para reconocer su triunfo en el plebiscito; no les gustó la consulta anticorrupción y no prestaron atención a su caudalosa votación y ahora se rasgan las vestiduras con los escándalos que han aparecido en este gobierno; tampoco le prestaron atención al gran campanazo del estallido social, a los siete millones de personas que marcharon en seiscientos municipios y prefirieron atacarla primero y descalificarla después por los graves desmanes de minorías vandálicas.     Están cómodos en el país que han dirigido siempre, o casi siempre, para qué cambiar, para qué aventurarse con las reformas. No importa que este país tenga el segundo lugar en la concentración de la tierra en el planeta; no importa que sea el número quince en bajos salarios en el mundo; no importa que sea uno de los más desiguales de América Latina; menos importa la segregación de territorios y de etnias en el Chocó, en la Guajira, en el Cauca, en fin, en medio país; tampoco importa que en el empleo informal y precario laboren más de doce millones de personas; y no se preocupan demasiado por las graves violencias acumuladas, o mejor, si se preocupan un poco, cuando esas violencias los agreden de modo brutal, cuando en su furor desataron el abominable secuestro.   Les digo estas cosas a muchos amigos del centro del espectro político genuinamente preocupados por la marcha del país, personas a las que de verdad les duele le gente, participo en algunos chats donde confluyen, discuto con ellas sobre la situación nacional; en diciembre, incluso, fui a República Dominicana donde pasaban vacaciones empresarios con inversiones en Colombia para responder a sus inquietudes, igualmente me encontré con emprendedores en el Caribe colombiano; también atiendo las preguntas que me hacen en reuniones y en las calles transeúntes bastante preocupados con lo que oyen y ven en los medios de comunicación.   Este país es de todos, les digo, este año crecerá la inversión, no le tengan miedo a invertir, el mismo gobierno, seguramente, echará mano de lo que no ha ejecutado para empujar sus proyectos sociales; no se dejen asustar por el fantasma del autoritarismo de la izquierda, esta izquierda, que ha sufrido como nadie la violencia, ni quiere, ni puede, romper el hilo democrático, es la ampliación a trompicones de la democracia lo que le ha permitido llegar a la presidencia.   Le digo a la derecha, acepté de una vez por todas la alternación, acepté la derrota presidencial de 2022, aglutinen sus fuerzas para disputar con lealtad la presidencia en el 2026, miren este país con otros ojos, con los ojos de la tolerancia, de la equidad, comprendan que la mayoría de los colombianos no están bien, que es necesario cambiar, no se irriten tanto porque por una vez y temporalmente han perdido la presidencia.   Acepten el reto de la consulta popular, denle su aval en el Senado, lo más probable es que no reúna los más de trece millones que demanda el umbral, es difícil en este país llegar a ese resultado, pero, aun así, sabremos cuanta gente quiere de verdad las reformas y cuánta gente es indiferente o adversa a las transformaciones, tendrán con ello una noticia más clara de que hacer en las elecciones de 2026.   Les digo a los moderados, a los del centro, no se dejen arrastrar por la derecha a una ciega oposición a las reformas, postulen su proyecto reformista y compitan con la izquierda en ese terreno, la consulta es un buen escenario para construir y difundir un discurso propio, el escenario electoral del 2026, será, muy probablemente, una disputa entre reformistas de todos los colores, la discusión sobre la necesidad de las transformaciones llegó para quedarse.

Por: Redacción Pares La W radio muy temprano en este 19 de marzo hizo balance sobre la marcha en apoyo al presidente Gustavo Petro, realizada un día antes, y la conclusión fue contundente: en Bogotá se calcularon 35 mil personas que salieron a la calle, en Cali la corresponsal afirman que fueron 20 mil, en Barranquilla, a pesar del resquemor del alcalde, salieron 15 mil personas, hasta en Cartagena, con un alcalde completamente en contra de Petro, la marcha fue un éxito. Y mientras la gente salía a las calles la reforma se hundía de manera irreductible en el congreso. Los 8 senadores de derecha lograron su cometido, archivar una reforma que buscaba lograr para el país una más profunda equidad laboral. El Espectador también resaltó la cantidad de gente que salió a la calle, Infobae también resaltaron los ríos de gente que entraron desde la séptima a la Plaza de Bolívar.   No se necesitaba ser petrista para reconocer la victoria en las calles que obtuvo un presidente que sacó arriba de una tarima su plan B después de que se hundiera la reforma laboral: con la plaza de Bolívar llena no dudó en afirmar que habrá una consulta popular. Y eso se vio durante la marcha de ayer por la carrera séptima, algunos entusiastas de este gobierno tenían urnas al lado de la calle simulando una votación de consulta popular. La gente celebraba la salida, aplaudían.   Al parecer el gobierno la tiene clara. Estaban más pendientes de la respuesta de la gente en la calle. El ministro del interior, Armando Benedetti, afirmó que ya no importaba si se caía la reforma laboral en el congreso. “Ya el presidente y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular. La consulta popular va si o si”. Lo que vendría para el gobierno es enviar las preguntas al senado y una vez el Congreso se pronuncie se convocará a las elecciones en los próximos tres meses”.   Semana, que claramente es una tribuna perfectamente hecha para Vicky Dávila, desde hace meses reconoció el papel que tendrá como medio en las próximas elecciones así que difícilmente reconocerían una victoria de Petro ya se en el congreso o en las calles. Registraron fue un error de Gustavo Bolívar al enviar a través de sus redes una foto falsa de las manifestaciones y, ya sobre el momento cumbre de la movilización, el discurso de Petro en la Plaza de Bolívar se limitaron a sacar 10 frases explosivas de Petro. No hubo ningún reporte ni aproximación de cuantas personas asistieron a la convocatoria.   En ella se vieron pocos medios de comunicación. No había un interés marcado por cubrir la noticia. Esta ha sido la movilización más grande que ha tenido Petro desde que es presidente y se siente con viento en la camiseta hasta el punto que cree tener la fuerza para una consulta popular y de pronto, por qué no, soñar con lanzar a alguien de su entraña para ser presidente en el 2026.

Por: Natalia Reina Las movilizaciones convocadas en las diferentes ciudades del país se caracterizaron por contar con masiva asistencia. A lo largo del gobierno Petro se ha empleado en repetidas ocasiones el llamado a las calles, como una estrategia de radicalización democrática para presionar al legislativo y demostrar el apoyo popular al gobierno; sin embargo, las movilizaciones de hoy poseen un factor distintivo: la reactivación de la ciudadanía no organizada o colectivizada, es decir, el ciudadano de a pie, que en recientes movilizaciones no había acudido en grandes proporciones. Si bien es cierto que se evidenció gran participación de actores gremiales como la CUT, FECODE o SENA, también se hizo evidente un porcentaje importante de marchantes que no responden a una agremiación en particular. Los liderazgos políticos de carácter nacional y regional acompañaron las convocatorias. En Bogotá hicieron presencia Antonio Sanguino (ministro de Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de salud) María José Pizarro (senadora del Pacto Histórico), Andrés Camacho (ex ministro de minas), Susana Muhamad (ex ministra de ambiente), Holman Morris (gerente de RTVC), entre otros. Ahora bien, los apoyos también provinieron de otras agrupaciones políticas, en Barranquilla marchó Dolcey Torres, representante a la Cámara, avalado por el Partido Liberal, perteneciente al Clan Torres y hermano de Euclides Torres. En Cali, tras muchos días de silencio y posterior a su salida del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta, Francia Márquez se movilizó e intervino en la plaza pública, sosteniendo un discurso cercano a las bases populares. Se refirió a la necesidad de continuar respaldando las reformas sociales desde las calles, e hizo un llamado de atención a centrarse en las elecciones de 2026, afirmando “ no solo es salir a las calles, sino que ustedes deben tomar decisiones en las próximas elecciones, porque si siguen eligiendo al Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido ”. Así mismo, insistió que su gestión en el gobierno ha enfrentado obstáculos “también tengo que decir que hay gente que llegó al gobierno a dañar lo que ustedes construyeron”. Por otra parte, las convocatorias de movilización surgieron en todo el territorio colombiano, en lugar de limitarse a las principales ciudades del país. De manera que, hubo movilizaciones en municipios como Buenaventura, Quibdó, Valledupar, Montería, Tunja, Tuluá, Guapi. De hecho, el Ministerio de Defensa, estimaba el avance de 188 marchas en todo el país. Las movilizaciones también se caracterizaron por no reportar hechos relevantes con los cuales se afectarán el orden público. Es importante mencionar que en Cali se dieron dos casos puntuales que si alteraron la movilidad; sin embargo, estos no se enmarcan en la jornada, pues los puntos en donde se presentaron no hacían parte de la ruta de movilización. Se trata de la quema de tres llantas en la autopista suroriental con calle 26, frente a la planta de EMCALI; así como, la quema de un bus del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) frente a la Universidad del Valle en la avenida pasoancho, acciones cometidas por un grupo de encapuchados. Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo resaltó la normalidad en el desarrollo de movilizaciones en ciudades como Bogotá, Valledupar,  Buenaventura, Santa Marta y Sincelejo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Alto Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño, dio a conocer este 10 de marzo de 2025 la idea de crear un nuevo organismo para coordinar el tema de paz en el país, llamado Consejo Nacional de Implementación. Quiere en estos momentos realizar un rediseño institucional que permita la convivencia entre los organismos encargados de implementar el Acuerdo Final de Paz —firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno nacional y las ExFarc-ep— y la política pública de Paz Total —Ley 2272 de 2022—.   Con esta nueva organización nacional, el Alto Comisionado Consejero para la Paz busca articular en un solo organismo los temas de paz, tanto de implementación de acuerdos pasados como los actuales que se están logrando con los grupos armados con los que se negocia en la Paz Total. Un organismo colectivo que ponga en diálogo a la recién creada Unidad de implementación para el Acuerdo de Paz, dirigida por Gloria Cuartas, como las otras agencias encargadas de la implementación, como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) o el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).   Esta es una idea en la que viene trabajando la oficina de Otty Patiño desde hace meses y con las que busca darle un giro a la maltrecha política pública de Paz Total. Pues, en el último año, y luego de la firma de varios acuerdos parciales con los grupos armados, se ha visto la necesidad de poner en armonía las diversas organizaciones que se encargan de implementar los acuerdos de paz a los que se llegue con los dispares actores armados ilegales.   Para el Gobierno, el Consejo Nacional de Implementación es una propuesta ambiciosa de matrimonio, entre el Acuerdo Final y la Paz Total. Una propuesta que de aceptarse y consumarse lograría poner en una sola morada o casa a la pasada política de paz Estable y Duradera del gobierno de Juan Manuel Santos con la política de Paz Total del actual gobierno de Gustavo Petro. Teniendo está última la pretensión de convertirse en política de Estado y que logre atar a los gobiernos venideros.   Desafortunadamente, esta propuesta de unión marital formal ya tiene un primer detractor. Según un comunicado conjunto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en su Componente Comunes está no es una proposición conveniente para el país. Pues, según los firmantes de paz, los dos posibles cónyuges tienen “un origen, una naturaleza constitucional y unos compromisos muy distintos”.   Para la CSIVI y el CNR el “Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica” mientras que “la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”. Es decir, la primera política tiene un amarre constitucional y unas disposiciones normativas que lo hacen viable y exigible a los gobiernos colombianos, mientras que la otra no tiene los desarrollos normativos y organizativos que la hagan entendible, aplicable y creíble.   Además de está diferencia organizativa e institucional, el comunicado conjunto deja ver el cuestionamiento que los dos organismos del Acuerdo Final tiene a la política de Paz Total. Reconoce que, aunque la Ley 2272 de 2022 hace referencia a la obligación del Estado de trabajar en la implementación del Acuerdo con las Farc-ep, está disposición se pierde con el énfasis que el gobierno Petro le ha puesto a la negociación política y el sometimiento de todos los grupos armados políticos y criminales.   Para los críticos, los diálogos de paz con los grupos armados ilegales no es apropiada, pues estos acercamientos están “otorgando beneficios políticos a grupos que continúan en armas y asesinan firmantes de paz”. De allí que estos dos organismos —tanto la CSIVI como el CNR— estén llamando a la comunidad internacional, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los Países Garantes y Acompañantes del proceso de paz con las ex Farc-ep para que se opongan a esta propuesta de matrimonio.   En el comunicado conjunto le piden a estos organismos que “insten al Estado colombiano a cumplir plenamente el Acuerdo Final de Paz”, pues, “sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al Acuerdo”. Quieren que este contrato matrimonial no se realice, el permitir está unión es como casar a dos partes que no pueden vivir en la misma casa, donde una de ellas ha mostrado fallos en la tarea de implementar un Acuerdo Final de paz.   Según los críticos al matrimonio, durante ocho años los gobiernos han mostrado que no son capaces de cumplir a cabalidad las promesas que tiene el Acuerdo Final y dudan mucho que con esta unión se logre cambiar la conducta irresponsable. Son muchos los retrasos, por ejemplo en tierras, en políticas de reforma rural o en tratamiento integral que debe dársele al problema de las drogas ilícitas: “Las tierras prometidas no han llegado en su totalidad, los proyectos productivos no cuentan con sostenibilidad, y la seguridad de los firmantes y sus comunidades está en crisis”. Logrando con ello una implementación que “sigue siendo frágil y fragmentada”.   Sin embargo, hay que decir a favor del proponente de matrimonio que es una idea muy sensata, coherente y con mucho potencial para la construcción de paz en Colombia. En la actualidad hay muchas instancias que trabajan de manera descoordinada en materia de implementación de acuerdos de paz. Y se requiere de un rediseño en la arquitectura institucional para que se logre armonizar esfuerzos y establecer responsabilidades. La construcción de paz requiere una gobernanza adecuada, que permita de forma eficaz cumplir con lo pactado.   También, es urgente poner en diálogo los diversos procesos de paz y acuerdos a los que se llegue. La política de paz, tanto la anterior de Santos como la actual de Petro, tienen en común el enfoque de la paz territorial. Buscan impactar el bienestar de la población que ha sufrido y sufre el conflicto; además con cambios claros y precisos en las veredas, municipios y regiones. Lo que haría el Consejo Nacional de Implementación sería poner en diálogo a las diversas organizaciones del Estado, reducir costos y aumentar efectividad.   Finalmente, estaría el Gobierno y el Congreso de la República dejando atada, de manera más segura, la política de Paz Total como política de Estado. En la Ley 2272 de 2022 se prometió a la ciudadanía que la búsqueda a la salida negociada al conflicto no debe ser asunto de uno u otro presidente, sino una tarea de largo plazo, que llegue el que llegue debe seguir implementando. La idea de unir un componente con fortalezas institucionales y organizativas con otro débil y sin desarrollo permitiría a la política de Paz Total la sobrevivencia y permanencia ante cambios de gobierno.   En conclusión, esta propuesta de matrimonio tiene unas ventajas considerables. En especial para la actual política pública de Paz Total. Pero le están apareciendo críticos que hacen advertencias sobre la inconveniencia de está unión. De allí que el presidente Petro deberá, antes de darle la bendición o permitir el registro ante una notaría, evaluar los pro y contra de esta nueva arquitectura de gobernanza. No vaya a ser que por arreglar una vida dañe otra con la unión que propone.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares* El pasado martes 11 de marzo, sin ser pasada por el Congreso, ocho senadores, la mayoría de ellos uribistas, decidieron hundir la Reforma Laboral, que busca darle más dignidad y garantías a los trabajadores colombianos, sin que esta pasara por el debate del congreso. Una de las voceras de estas congresistas es Nadie Blel. En Colombia no existen delitos de sangre pero los clanes políticos si deben denunciarse, como ha hecho esta fundación desde hace más de una década. Ella es hija de Vicente Blel Saad, condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, y enrequicimiento ilícito como ficha de los paramilitares en la costa. Victor Patiño Fómeque lo señaló como testaferro del narcotráfico. Igual él salió libre tres años después de la condena y sigue manteniendo influencia y poder en la costa a través de sus hijos, Vicente Blel Scaff y la senadora Nadia quien pertenece al partido conservador.   Una de las absurdas razones que dio Blel por archivar la reforma fue de carácter técnico: “Esta es una decisión de carácter técnico, no político ya que esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país. Esta comisión seguirá actuando con responsabilidad e independencia”.   Alirio Barrera se hizo conocido mundialmente porque intentó entrar al congreso en un caballo. El animal, como reseña la revista Raya, murió poco después de este performance. Le dicen “El caballista” porque arrancó en la política después de ser uno de los maestros en el arte de domar caballos de Alvaro Uribe Vélez. Entre el 2016 y el 2019 fue gobernador de Casanare bajo las toldas del Centro Democrático.   Honorio Henríquez hizo carrera en la política gracias a su capacidad para cargar maletines. Era uno de los asesores del condenado ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, quien estaba obsesionado por catapultar a Uribe a la categoría de presidente eterno. Desde que está en el senado se ha caracterizado por seguir a rajatinta los designios de su patrón político, Alvaro Uribe. Henríquez fue de las voces que con más ahínco se opuso al proceso de paz con las FARC. Tal y como lo recuerda la revista Raya, Henríquez es cercano a personajes nefastos como el ex gobernador del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica. La condena la emitió la Corte Suprema de Justicia por encontrarlo culpable de aliarse con paramilitares para llegar al congreso en los años 1998 y 2002. El grupo paramilitar con el que se alió fue con el de Hernán Giraldo, mejor conocido como “Taladro” amo y señor de la Sierra Nevada y que está acusado de haber violado a más de 200 menores de edad.   Lorena Ríos Cuellas forma parte del partido colombia Justa y Libres. Desde el 2014 está en la Cámara de Representantes pero antes de ocupar este cargo fue abogada de la organización pentecostal Asambleas de Dios. El pardio de Rios, en su comunicado en donde explica la posición por la que pretende archivar la reforma laboral, da estas razones: “El partido Colombia Justa Libres reafirma su compromiso con un ejercicio legislativo basado en la independencia, el rigor técnico y la responsabilidad con el país.  En este sentido, respaldamos la decisión de nuestra Senadora de firmar la ponencia de archivo de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, tras un proceso de estudio profundo y la realización de mesas técnicas que permitieron evidenciar las serias inconsistencias de la iniciativa”.   Según una investigación de esta fundación, Paz y Reconciliación, el hermano de Esperanza Andrade, otras de las senadoras que hundieron la reforma, Hernán, es el lídel del Clan que lleva su apellido. Es uno de los poderosos del Huila. Las investigaciones de la Corte han caído sobre los Andrade y se les señala de un supuesto desfalco a la dirección nacional de estupefacientes en el 2006, en pleno mandato uribista.   El partido Mira fue fundamental para que Iván Duque ganara las elecciones presidenciales del 2018. Su líder, María Luisa Piraquive, de quien es muy cercana la senadora Ana Paola Agudelo, es una pastora de amplia trayectoria y quien ha sido investigada por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.   Los otros senadores que pretender hundir la reforma este 18 de marzo son Miguel Angel Pinto del partido Liberal, y Berenice Bedoya, lo hicieron impidiendo un debate en el congreso que se necesitaba y que llevó al presidente Petro a tomar la decisión de sacar a la gente a la calle y protestar para que una de las reformas que más necesitaba el país para hacerlo más justo no se hunda.   *Este artículo se hizo con información tomada de la revista Raya.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la primera semana de marzo de 2025, la periodista María Jimena Duzán, en su podcast A fondo , puso el tema de la actualidad de la universidad. Planteó que estos centros de pensamiento se encuentran, en las últimas décadas, en mucho movimiento y transformación; y que las universidades en el mundo ya perdieron “el monopolio del conocimiento”.   Destacó la periodista y sus dos invitados que la humanidad está pasando, desde hace más de medio siglo, por una serie de revoluciones, como la  tecnológica y la digital; y que hoy se enfrenta, con mayor intensidad, al advenimiento de la inteligencia artificial (IA). Lo que está provocando que, como pasa con toda revolución, se esté cambiando nuestra forma de vivir y enfrentar lo cotidiano.   Entre los sistemas que se han afectado con estas revoluciones está el educativo, y en él el universitario. Hoy las universidades están abocadas a ser otras cosas o al menos labores distintas a las que históricamente han desempeñado. Desde su nacimiento, hace ya un milenio, las universidades nacieron monopolizando el conocimiento, y lograron, además de producirlo, acumularlo y transmitirlo de manera eficaz.   Pero hoy la IA está obligando a  las Instituciones de Educación Superior (IES) a repensar y cambiar la manera de actuar. Las máquinas de “pensar rápido”, construidas con la capacidad de enriquecerse con gran cantidad de información, pueden, usando los modelos predictivos con que se le alimenta, sugerir alternativas de solución o tratamiento de un problema específico.   Es aquí donde aparece el reto para los sistemas educativos, tanto el primario y secundario como el terciario —que comprende las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias—. Es en este entorno donde debe pensarse de nuevo la universidad. Reconocer que algunas de sus funciones las están asumiendo con mayor eficiencia los desarrollos tecnológicos.   La IA, que se ha construido con el esfuerzo humano, viene complementando las habilidades humanas del pensar. Incluso, dado el mayor poder de acumular y procesar información, puede ser más eficiente en algunas funciones que históricamente el ser humano ha realizado. Pero las capacidades humanas de ampliar su funciones o profundizar en algunas de ellas continúan.   El ser humano tiene el poder de pensarse y potenciar sus capacidades. Precisamente en momentos como estos, de cambios o crisis, es capaz de identificar los riesgos y oportunidades con el desarrollo de la IA en el sistema educativo. Proponiendo alternativas para que las universidades se adapten a los cambios tecnológicos.   El camino de la universidad es simple: debe seguir formando ciudadanos creativos, críticos y reflexivos. La función de la universidad no debe seguir siendo solo la de formar profesionales con un nivel de conocimiento técnico alto, pues la IA podría reemplazar muchas de estas funciones. Lo que se requiere es que cumpla su función humana de pensar, estudiar las diversas alternativas a la solución de problema, y que lo haga de una forma creativa.   También, que este pensamiento sea reflexivo y crítico. Profesionales capaces de comprender el entorno, de usar la información que tienen a su alcance para identificar caminos y elegir el más adecuado. Que discuta las consecuencias de tomar una decisión. No solamente que tenga en cuenta las mejoras en la productividad, sino que ayuden de manera efectiva y responsable a mejorar el bienestar humano y ambiental.   Formar una ciudadanía capaz de vivir en comunidad, reconociendo las diferencias que existen y proponiendo alternativas de convivencia, teniendo en cuenta los contextos. Un ciudadano que reconozca las diferencias, pero que sea capaz de comunicarse y convivir. Estamos necesitados de seguir pensando la democracia, los sistemas de gobierno y la convivencia humana y planetaria.   Como podemos constatar, los problemas de la humanidad seguirán siendo muy similares a los actuales. Seguiremos teniendo pobreza y desigualdad, riesgos con el cambio climático e inseguridad alimentaria, y problemas sobre las causas y consecuencias de los conflictos armados, entre otros. Pero las soluciones podrán ser siempre otras.   El papel de las universidades será formar profesionales que valoren la libertad de pensamiento, la crítica y el estar atentos a las valoraciones y elecciones sociales. Para que cuando se tenga que tomar decisiones, sepan considerar los efectos positivos o negativos que tienen estas en el bienestar social, en la redistribución de la renta, en la disminución o aumento de la pobreza y en el cuidado del planeta.   El reto de las universidades es invitar a los que lleguen a ella a usar el pensar. Que sean capaces de dudar de la información que le ofrece la máquina, pues puede que la información sea incompleta o inventada. De dudar de los modelos que las diversas ciencias les ofrecen para interpretar la realidad o corregir los problemas.   La idea no es tener miedo desde la universidad a los desarrollos tecnológicos y revoluciones. Lo que hay que hacer es aprovecharlos. Seguir el camino que la universidad ha construido desde que se fundó. Seguir usando la razón, pero profundizar en la actitud de construir un pensamiento crítico, reflexivo y crítico a lo largo de la vida.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares El 21 de octubre del 2024 el expresidente de Alvaro Uribe estaba dando una charla en la universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Ese día la Cámara de Representantes había aprobado la Reforma Laboral. Luego esta reforma se estancaría después en el senado. Pero en ese momento los protectores de los poderosos tenían las alarmas encendidas, por eso Uribe no se guardó nada. Los asistentes afirmaban que el presidente parecía dolido, como si algo le taladrara el corazón. Lo que más le molestaba era el pago de las horas extras a partir de las 7 p.m “la reforma laboral no puede ser para destruir, diciendo que se va a favorecer a los pobres. Esta destrucción le hace daño a los ricos, a los inversionistas y sobre todo a los pobres”.   La excusa de Uribe es que la reforma laboral acabaría con la mediana y la microempresa. Sin embargo no recordaba que la microempresa había sufrido un duro golpe por culpa de César Gaviria quien desde que llegó a la presidencia en 1990 aprobó la apertura económica que dejó desprotegido al empresariado colombiano, expuesto a competir con productor norteamericanos con aranceles bajos. Y que el mismo gobierno Uribe terminó por darle la estocada final a los trabajadores. Desde 1950 en el país se estableció la jornada diurna iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uribe extendió esa jornada diurna hasta las 10 de la noche. Acababa de un tajo con el derecho a las horas extras.   Este 18 de marzo del 2024 algunos alcaldes afirmaron que era un acto de amor a la patria no salir a marchar. Así lo dijo Dumek Turbay, por ejemplo. El acalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien nos tiene en un incomprensible racionamiento de agua a pesar de las intensas lluvias que azotan la capital.   Los ricos, que son los dueños de las grandes empresas del país, necesitan ayudar a solucionar los problemas que se tienen de informalidad, según el DANE la tasa de informalidad es del 58%. El indice de Gini sitúa a Colombia como uno de los países más desiguales de América Latina. Las mujeres ganan un 13.5% menos en su salario que un hombre. La refoma daría mayor estabilidad laboral, el contrato mínimo firmado por el dueño de una empresa sería de 4 años, algo que no sucede con los contratos OPS que es la modalidad en la que la mayoría de los colombianos está contratada. Las jornadas laboral serían más justas, habría una igualdad salarial, se fortalecería la seguridad social, y se daría un impulso a la economía.   Por el capricho de ocho senadores -que además están cuestionados- propusieron hundir la reforma laboral sin ni siquiera haya un debate en el Congreso. Está claro que detrás de ellos están las manos de los poderosos, la misma sangre que se opuso a la reforma agraria de Lleras, que saboteó el proceso de paz de Santos y que no ha dejado que un presidente reformista como Petro pueda realizar con libertad su programa de gobierno.

Por: Nataly Paez La crisis humanitaria desencadena el 16 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, tras la ofensiva del ELN contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ha afectado de forma directa a los firmantes del Acuerdo de Paz. De acuerdo a los datos registrados por la Defensoría del Pueblo (con fecha de corte al 22 de enero) se han documentado 6 firmantes asesinados, siete desapariciones, y 102 desplazados.   El recrudecimiento de la violencia en esta zona ha generado un clima de zozobra que pone en riesgo tanto la estabilidad de los procesos de reincorporación como la seguridad de las comunidades, de manera que las acciones violentas contra firmantes de paz en el Catatumbo puedan ser extensivas a otros departamentos.  De hecho,la Defensoría del Pueblo en su última alerta temprana 005-25, emitida el 10 de marzo de 2025, advirtió sobre un posible riesgo inminente que enfrentaría la población civil, particularmente las personas firmantes del acuerdo y el campesinado, de los municipios de La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, en el norte del departamento Cesar. Se menciona que la advertencia tiene como epicentro el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Simón Trinidad de la vereda Tierra Grata, situada en límites entre los corregimientos de Sabanas de León, de Manaure Balcón del Cesar, y San José de Oriente, de La Paz.   Mapa 1  Focalización geográfica del riesgo  Fuente: Defensoría del Pueblo Este riesgo inminente se plantea como consecuencia de una posible expansión de la confrontación armada del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, donde se proyectan enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental- Manuel Pérez Martínez del ELN y el Frente 19 Simón Trinidad del Bloque Magdalena Medio- Gentil Duarte del EMBF. La Defensoría del Pueblo, argumenta que esta región del Cesar se ha caracterizado por su valor geoestratégico como zona de refugio/retaguardia, o como corredor de movilidad, de manera que si esta región antes les resultaba de interés a los grupos armados en conflicto, ahora, en el marco de una confrontación abierta, adquiere un mayor valor.   ¿Cómo afecta esta situación a la población firmante de paz?   La prospectiva de riesgo inminente descrita por la Defensoría, indica posibles afectaciones directas contra esta población, entre las que se incluyen: homicidios selectivos, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, estigmatización, amenazas, retenciones ilegales, y extorsión. Esta acciones dirigidas contra la población del mencionado ETCR hace parte de dinámicas de estigmatización a través de las cuales su proceso de reincorporación  es puesto bajo sospecha por determinados sectores sociales y políticos, que los asocian con las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, aumentado así su nivel de riesgo y vulnerabilidad frente a una eventual expansión del conflicto al norte del Cesar.   Estas dinámicas de estigmatización, han sido empleadas como mecanismo para justificar agresiones contra firmantes de paz. Una muestra de ellos es que, el pasado 19 de enero de 2025, a través de un comunicado del ELN titulado “No eran civiles, jugaban a dos bandos”, en el cual el Frente de Guerra Nororiental afirma que los cinco firmantes de paz asesinados para ese momento en el Catatumbo, eran  miembros activos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), razón por la cual su asesinato era “justificado”. Ante este panorama crítico para los firmantes de paz, es necesario preguntarse:   ¿Cuál es el balance actual de homicidios contra personas firmantes del Acuerdo de Paz entre 2017 y 2025?   El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), identificó  que entre los años 2017 y 2025 (con fecha de corte hasta el 3 de marzo) se perpetraron un total de 442 asesinatos en contra de personas firmantes del Acuerdo de Paz. A partir de estas cifras, se evidenció un aumento sostenido de los homicidios entre 2017 y 2019, reflejando un período de alta vulnerabilidad para dicha población. Este incremento puede estar relacionado con la lenta implementación de medidas de seguridad y la reconfiguración de grupos armados organizados en territorios históricamente controlados por la antigua guerrilla de las FARC-EP.     Particularmente, e n 2017 se registraron 36 asesinatos, cifra que se duplicó en 2018 con 67 casos, y alcanzó su punto más álgido en 2019 con 79 homicidios.  A partir de 2020, se observa un breve descenso progresivo en los asesinatos, con un total de 75 homicidios, que se redujeron el año siguiente (2021) a 53 asesinatos. Decreciendo la cifra aún más en el año 2022 a 42 homicidios, y aumentando dos casos más para el año 2023, para un disminuyendo nuevamente en 2024 con 30 casos. Sin embargo, pese a la reducción sostenida de casos de homicidio, el 2025 inicio de manera violenta, consolidando a enero de 2025 como el primer mes del año más violento entre 2017 y 2025, con un total de 10 casos.   Gráfica 1 violencia homicida contra personas firmantes del paz entre 2017 y 2025 Por otra parte, los datos reflejan que la violencia homicida contra firmantes de paz no es uniforme en todo el país, sino que se concentra en departamentos con una fuerte presencia de actores armados, disputas por el control social y  territorial y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. El caso de Cauca, con la cifra más alta de homicidios (81) es un reflejo de la reconfiguración de la violencia en este departamento, donde los actores armados continúan disputándose el control de corredores estratégicos. La situación es similar en departamentos como Nariño, el cual registra un total de 43 asesinatos, Antioquia 41 y Caquetá con 40. La débil presencia estatal y la fuerte presencia de grupos armados ha convertido a estos  cuatro departamentos como los que concentran el mayor nivel de riesgo de violencia homicida para firmantes de paz a nivel nacional.   Gráfica 2 violencia homicida contra personas firmantes del paz entre 2017 y 2025 diferenciada por departamento Estos datos, evidencian que tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016,la implementación de dicho acuerdo en materia de medidas de protección a población firmante es deficiente, permitiendo la reproducción de factores de riesgo que afectan especialmente a esta población en zonas con presencia de conflictividad armada. El bajo nivel de implementación de medidas de protección y seguridad para firmantes no es una problemática reciente, pues aproximadamente hace tres años la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por medio de la sentencia   SU020/22, en la cual constató las graves violaciones a la vida y a la seguridad de la mencionada población, reconociendo, los reiterados incumplimientos y la falta de voluntad política de las autoridades para ejecutar sus obligaciones de manera concordante con las normas legales y constitucionales que desarrollaron el componente previsto en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz (Corte Constitucional,2022).Asimismo, la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller, en entrevista con El Tiempo reconoció las falencias de la implementación del acuerdo y sus implicaciones en materia de seguridad para los firmantes:   “Creo que este tema de la seguridad sin duda se ha venido deteriorando, entre otras causas, por la no implementación a tiempo del acuerdo de paz.[...] Por lo tanto, una solución estructural al problema de seguridad, que sin duda es una enorme preocupación para la reincorporación,  si a los firmantes los están matando no hay reincorporación que valga,  está en la posibilidad de que avancen las mesas de diálogo en el marco de la ‘paz total’”.   Por lo tanto, teniendo en cuenta este panorama, es necesario que el Estado Colombiano implemente de manera efectiva lo pactado en dicho acuerdo, adoptando integralmente las políticas de protección contenidas allí ,de manera que estas se focalicen en las regiones donde se enfrentan mayores riesgos. De la misma manera, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a eventuales escenarios de riesgo, como el señalado por la Defensoría del Pueblo en el norte del departamento del Cesar. La advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre un riesgo inminente contra la población firmante ubicada en la Serranía del Perijá, debe constituirse como insumo para la prevención y reducción del riesgo, que permita mitigar las afectaciones que se pueden desencadenar ante una posible expansión de la crisis humanitaria del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, previendo que las graves afectaciones padecidas por firmantes en el Catatumbo no se reproduzcan en el Cesar.   Referencias   -Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta temprana de Inminencia 005-25 . Recuperado de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/005-25.pdf   -Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia SU-020/22 . Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger. Recuperado de  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU020-22.htm -El Tiempo. (2024 ). "Sin seguridad para los firmantes, no hay reincorporación que valga": Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación . Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sin-seguridad-para-los-firmantes-no-hay-reincorporacion-que-valga-alejandra-miller-directora-de-la-agencia-para-la-reincorporacion-3401831   -Defensoría del Pueblo de Colombia. (2024, 5 de marzo). Se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo: 36.000 personas desplazadas . Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/en/-/se-agrava-la-crisis-humanitaria-en-el-catatumbo-36.000-personas-desplazadas

Por: Redacción Pares Este 17 de marzo se presentó en el juicio que se le sigue a Alvaro Uribe el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por motivos derivados de su estado de salud Mancuso lo hizo de manera virtual dando detalles sobre el escenario en el que Juan Carlos “El Tuso” Sierra se convierte en uno de los testigos estrellas en el caso que se le sigue al expresidente por manipulación de testigos. Afirmó que, “por razones humanitarias” la entonces senadora Piedad Córdoba le ofreció asilo político al ex paramilitar Sierra quien estaba preocupado por la seguridad de su familia. Los países que se le ofrecieron a Sierra fueron Venezuela o Argentina. Esto no se trató, como argumenta la defensa de Uribe, de una estrategia para darle una dádiva a Sierra con tal de que enlodar al líder del Centro Democrático sino que se estaba tratando de darle una mano a una persona que temía por su vida.   La reunión con Sierra se dio en Estados Unidos en el año 2009 y en ella estuvieron Rodrigo Lara, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Desde su extradición a los Estados Unidos en mayo del 2008 Mancuso se ha convertido en uno de los más acérrimos enemigos de Uribe. En la audiencia de hoy repitió lo que ya ha dicho en varias ocasiones: el entonces presidente ordenó su extradición, y la de otros 13 jefes paramilitares, para que no siguieran contando verdades. En el año 2004 los paras se desmovilizaron acogiéndose a Justicia y Paz. El compromiso de contar toda la verdad, entre las que se contaban las alianzas que establecieron las Autodefensas Unidas de Colombia con la fuerza pública y grupos empresariales, fue interrumpida por esta abrupta extradición. Las AUC pastaron en Colombia entre el año 1994 y el 2004, fue una década en donde el conflicto colombiano entró en una barbarie sin precedentes. Según la Comisión de la verdad las AUC están acusadas de 4.000 masacres y 260 mil muertos. En su declaración Mancuso afirmó que los crímenes de las Autodefensas fueron cometidos “en connivencia con el Estado”.   Pero fue aún más allá. Mancuso afirmó que uno de los logros de los que se siente más orgulloso Uribe, el de la seguridad democrática, con la que redujo sustancialmente el poder de las FARC, se logró gracias al apoyo de los paramilitares. “Fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella”. Cuando Mancuso habla de comisión se refiere a la que encabezó Piedad Cordoba buscando la verdad de los paras contada desde las cárceles donde estaban recluidos.   El testimonio de Mancuso comenzó sobre las 8:40 de la mañana. Debido a problemas de salud el ex jefe paramilitar requiere de asistencia de oxígeno de manera constante. Desde el pasado 10 de julio del 2024 Mancuso se encuentra en libertad comprometido con contar la verdad del conflicto y con la reparación de sus miles de víctimas.   Otro de los que rindió declaración este 17 de marzo fue el periodista Juan Carlos Giraldo quien, mientras trabajaba para RCN, entrevistó al Tuso Sierra cuando este ya estaba libre. La entrevista se realizó en un hotel en los Estados Unidos y duró 15 minutos. Sierra quería conducir la entrevista hacia temas personales, de cómo había reiniciado su vida lejos de Colombia, algo con lo que Giraldo no estuvo de acuerdo.   Giraldo es el decimocuarto testigo que es interrogado en el juicio que se le sigue a Uribe.

Por: Daniela Bernier Pacheco Desde hace un tiempo las noticias de hidrocarburos se encuentran asociadas a la crisis del gas que atraviesa Colombia y es que, se dice que el país va a entrar un desabastecimiento de gas sin precedentes. Tales suposiciones vienen desde el año pasado cuando el entonces ministro de Minas y Energía tuvo que desmentir en reiteradas ocasiones que no existía desabastecimiento de gas. Pese a las declaraciones del ex ministro Andrés Camacho, este año el asunto escaló al Senado de la República de Colombia, en dónde uno de los senadores estableció que existía un riesgo de desabastecimiento de gas y que de acuerdo a los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos las reservas de gas pasaron de 2,82 terapíes cúbicos (TPC) en 2022 a 2,37 TPC en 2023, lo que representa una caída del 16 % y deja a Colombia con solo 6,1 años de autosuficiencia en gas. Por su parte el Ex ministro de Minas y Energía expresó que: “Nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural. La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, incorporando más barriles de petróleo y más gigapies de gas. No hay otra fórmula” . Esta incertidumbre acerca del desabastecimiento del gas del país se agudizo más cuando el presidente de la República en su red social X, expresó que había decidido que Ecopetrol debía entrar a intervenir en la importación y gas y comprarlo a Catar a precios razonables, pues así el monopolio de la importación del gas se acabaría. Teniendo en cuenta, las declaraciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que el Gobierno Nacional dijo no más a los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, Colombia podría quedarse sin reservas de gas para el año 2029, pues habría que empezar a importarlo. El riesgo más grande del país en torno a la importación de gas o de cualquier otro recurso para el funcionamiento del territorio nacional pone en jaque la autonomía del país, pues el mismo se enfrentaría a una crisis sin precedentes al dejar el abastecimiento de gas en manos de los importadores. En este sentido, se hace necesario que la implementación de los biocombustibles se acelere y que proyectos como los de Sirius (el hallazgo más importante de la historia del país); un ejemplo claro de la dependencia del gas importado, es la Unión Europea, que se vio inmersa en una crisis de gas por el conflicto Rusia-Ucrania y que puso en riesgo el suministro de gas en los países que la conforman. Conservar el suministro de los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los Estados en fundamental para evitar crisis sociales que puedan agudizar los conflictos internos, en este sentido, Colombia debe continuar con la Transición Energética, porque si no se toman las medidas ahora, más adelante los ciudadanos sufriremos las consecuencias de la dependencia de combustibles fósiles, es hora de avanzar, es hora de que se impulse y se diversifique la matriz de los combustibles en el país, para la vida y para el progreso de la Nación.