Foto Unidad Restitución de Tierras Ver informe completo La restitución de tierras avanza a paso de tortuga y en algunos casos  podría configurarse lo que los expertos llaman la “legalización del despojo”. Esa es la conclusión más importante de un estudio hecho por la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación sobre la gestión de los jueces de tierras. La ONG hizo un análisis de 372 sentencias publicadas desde que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sancionó la Lay 1448 de 2011, conocida como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Una sentencia puede abarcar varias solicitudes al tiempo. El gobierno esperaba en sus cálculos que se presentaran cerca de 360.000 solicitudes para que las víctimas del conflicto que perdieron su tierra, salieron de ella desplazados o les fue arrebatada, reclamaran. Hasta ahora, dice el informe titulado “Restitución de Tierras ‘Gota a Gota’”, sólo se han presentado 54.063 solicitudes. Eso equivale al 15 por ciento. En total se han restituido 20.694 hectáreas y 411 han sido compensadas (que se adjudica en un predio distinto al que el reclamante tenía). De esta cantidad, 8.407 hectáreas eran predios baldíos que fueron restituidos a una familia que ya tenía tierras. Según la ley, esa adjudicación sería ilegal. Seis opositores en 191 casos Pero no solo es lamentable que las solicitudes no se hayan presentado, que puede deberse a diversos factores como la falta de información, miedo, desconfianza en las autoridades o exceso de trámites, sino que solo se ha restituido por la vía jurídica el 1,7 por ciento de las solicitudes hechas por las víctimas. Es decir, de las 54.063 solicitudes solo 964 se han dirimido en los tribunales. De ese universo, 927 (el 96 por ciento de los casos) fueron a favor de las víctimas. El informe señala que los jueces de restitución de tierras reconocieron la buena fe de los opositores solo en 12 de los casos. Llama la atención de los investigadores que seis personas a quienes identifican con nombres propios: Gabriela Inés Henao (investigada por la Fiscalía), Diego Alois Sierra, Hever Walter Alfonso Vicuña y Miguel Enrique Ríos Dávila, trataron de impedir la restitución en 191 casos. En otras palabras, esas seis personas aparecen como opositores en el 65 por ciento de los casos que no acreditaron buena fe. Casos represados El 70 por ciento de los casos, es decir, 37.712, no están microfocalizados. Con ese argumento esos procesos se encuentran sin trámite, durmiendo en algún escritorio. La microfocalización es un concepto del Ministerio de Defensa que indica que hay condiciones favorables de seguridad para que pueda llevarse a cabo la restitución. Pero no se creó como un obstáculo, sino para ayudar a construir el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Forjando Futuros por eso indica que la falta de microfocalización no debe ser un argumento para no tramitar esos casos. “La negativa de la Unidad de Restitución de Tierras a tramitar la restitución de predios no focalizados es violatoria de la ley”, dice el informe. ¿La razón? La Ley 1448 de 2011 dice que, en caso de que la restitución sea imposible por razones de seguridad, los jueces de tierras podrían compensar en dinero o en otros predios la tierra de los reclamantes. Además, advierte el informe, hay un exceso de solicitudes de pruebas  que recaen en los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y no en los opositores de la restitución –que son los que deberían asumirlas, según la norma–, lo cual retrasa aún más los procesos. Una sola familia dueña de la mitad de hectáreas El informe arroja un dato preocupante sobre el uso de los predios baldíos para restituir a las víctimas. Según dice, la familia Perilla se ha convertido en la dueña de 8.407 hectáreas de predios baldíos en el Meta. Es decir, a ellos les correspondió el 40 por ciento del total de lo que hasta ahora se ha restituido. Según la ley, los requisitos para adjudicar baldíos son que los adjudicatarios no posean tierras, no tener un salario superior a mil salarios mínimos y tener bajo explotación dos terceras partes del baldío en los últimos cinco años. Pero, señala Forjando Futuros que dos los Perilla miembros eran propietarios de otras tierras, desde antes de ser desplazados. Por esta razón, el informe lanza una sentencia alarmante: “la adjudicación a la familia Perilla abre la puerta a la adjudicación de baldíos por vía judicial a acaparadores ilegales de grandes extensiones de tierras del Estado”. Descargue el informe completo aquí Avances y dificultades del proceso de restitución de tierras

Foto El Tiempo Las dos primeras encuestas publicadas después de las elecciones legislativas le dieron a Enrique Peñalosa 16 y 17 por ciento de la intención de voto. Lo señalaban como el único candidato que podría darle la batalla a Santos. Incluso, una de ellas, advirtió que ganaría en segunda vuelta. Se produjo la sensación de que algo fuerte había ocurrido en la campaña presidencial. Pero las dos encuestas siguientes volvieron a situar a Óscar Iván Zuluaga en el segundo lugar y mostraron una campaña estancada en la que ninguno de los candidatos crece significativamente y los indecisos y el voto en blanco siguen imperando. Ni las parlamentarias, ni la escogencia de la fórmula vicepresidencial, sacudieron la campaña. Ahora todos los candidatos y los estrategas de las campañas están obligados a estrujar la imaginación para inventar algo que cautive a los indecisos y a los rebeldes, algo que responda a las crecientes demandas de cambio del electorado, algo que rompa el escepticismo. Para algunos analistas esta situación es aburridora, para mí es apasionante. Los candidatos están obligados a pensar menos en su contendor y más en la ciudadanía. El enemigo por vencer es el desencanto. Ni los jefes de las Farc y del ELN escapan a esta realidad. Para ellos también las encuestas tienen un mensaje de desconfianza enorme en su voluntad de paz y de rechazo a su participación en la política. También los guerrilleros tendrían que mirar más a la opinión que a la contraparte en la Mesa, tendrían que acelerar el ritmo de la negociación y pensar las propuestas de concertación en función de un electorado ansioso de ver avances reales hacia la firma del acuerdo final. El reto de los candidatos es monumental. Las más recientes encuestas dicen que la seguridad ha dejado de ser la principal angustia de los electores, dicen que la salud, la educación y la paz son, en su orden, las grandes preocupaciones de la población. También los paros campesinos han señalado una gran inconformidad con las políticas agrarias. Ahí están dibujados los reclamos de los ciudadanos. Y responder con verdad, con responsabilidad y con audacia a estas demandas no es nada fácil. Porque no se trata de agregar algo a lo que se está haciendo, no se trata de ofrecer un poco más, no se trata de actuar sobre cosas que están funcionando. No. Se trata de afrontar una crisis profunda en la salud, en la educación y en el campo. Se trata igualmente de terminar una guerra que cumple 50 años. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un lucrativo negocio plagado de corrupción, asediado por fuerzas ilegales y políticos inescrupulosos. Las pruebas Pisa, que evalúan la calidad de la educación en el mundo, situaron a Colombia en el puesto 62 entre 65 países y dejaron al desnudo la grave situación de nuestro sistema educativo. El índice Gini rural que mide la concentración de la tierra y la desigualdad pasó de 0,74 a 0,88 en los últimos años, entre los más altos del mundo. Una pobreza enorme es el signo trágico del campo colombiano. Las negociaciones de La Habana han contribuido a relegar a un segundo plano la seguridad como preocupación de los colombianos y han hecho saltar a primer lugar los temas sociales. Es una victoria que la pueden cobrar por igual el gobierno y la guerrilla. Pero la guerra está viva y se puede escalar alimentada por los conflictos agrarios y mineros que palpitan en el campo si no se firma pronto un acuerdo definitivo de paz. Ante estas realidades no caben paños de agua tibia. Los candidatos están obligados a proponer reformas profundas, a decir con claridad cómo van a recuperar la salud de las manos de los ladrones privados; en cuántos puntos del PIB van a incrementar el presupuesto de la educación y qué cambios van a realizar en el aparato educativo en abierta concertación con los estudiantes y los educadores; a decir cómo van a redistribuir la tierra y de qué manera van a forjar un nuevo modelo de producción en el campo, así esto moleste a los grandes latifundistas; a no engañar al país diciendo que se firmará una paz barata, sin reformas políticas y sociales, sin impunidad, sin concesiones a la guerrilla. Pero la subversión armada también está en la obligación de enviar un mensaje de esperanza al país mostrando avances concretos en la Mesa de negociaciones de La Habana. Columna de opinión tomada de semana.com

Foto Prensa Claudia López Tuve grandes alegrías y tristezas profundas en estas elecciones. Claudia López, mi compañera de batallas contra la influencia de las mafias y la violencia en la política, llegó al Senado con una copiosa votación. La consulta de la Alianza Verde obtuvo una inesperada lluvia de votos y Enrique Peñalosa es ahora candidato presidencial de este agrupamiento. Álvaro Uribe no alcanzó la votación que esperaba para acabar con las negociaciones de paz. Hasta ahí las satisfacciones. No son menores las angustias. Los herederos de la parapolítica y los líderes políticos vinculados a nuevas ilegalidades lograron una asombrosa representación parlamentaria: 70 congresistas. La Unión Patriótica, con la cual el país tiene una enorme deuda moral y un compromiso de reparación, no obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso. Guillermo Rivera y Carmen Palencia, que se la habían jugado en estos años por los derechos de las víctimas, no recibieron el favor de los votantes para seguir en su lucha memorable desde la tribuna parlamentaria. Es una verdadera tristeza. Claudia López fue quien, husmeando la atipicidad de algunas votaciones, descubrió la mano de los paramilitares en la elección de una multitud de congresistas en las elecciones de 2002. Ahora llega al Congreso bajo el paraguas de una votación atípica, la que le ha prodigado la opinión para premiar su valentía. Es una ironía que me produjo una carcajada en la soledad de mi apartamento en la noche del domingo. Enrique Peñalosa soportó estoicamente todas las críticas, todas las descalificaciones, todas las presiones, que le hicieron muchos de sus copartidarios en las sucesivas reuniones. No querían darle el chance de ser el candidato del Partido Verde con el argumento de que en el pasado se había aliado con Uribe. Se aferró a la consulta interna aprobada por la asamblea de los verdes en septiembre pasado. Se salió con la suya. La consulta resultó un éxito por los más de 4 millones de votos que acumuló y Peñalosa terminó postulado a la Presidencia por más de 2 millones de personas. Nadie arrancó así. Los demás candidatos son hijos de convenciones políticas, dos de ellas marcadas por trampas y virulentas disputas. Tengo el pálpito de que no me equivoqué al sugerir en mis columnas a Peñalosa como el mejor candidato de los verdes. Es, sin duda, el único que puede ofrecerle una rivalidad decorosa y sorprendente a Santos y, además, en las primeras declaraciones, después de su triunfo en la consulta, ha dicho con toda claridad que no buscará ni realizará alianzas con partijas políticas y que ratificará el equipo negociador del gobierno de Santos en el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Ha tomado así una distancia inocultable de Uribe y sus fuerzas. Otra vez he recibido una lluvia de críticas, de insultos, de amenazas, por poner el ojo en la influencia en las elecciones de los jefes políticos que, en años pasados, o ahora mismo, se aliaron con fuerzas ilegales para capturar el poder local o para acceder al poder nacional. Incluso líderes  respetables del país  acuñan la frase de que no hay delitos de sangre y si no hay condenas judiciales sobre un candidato no se le puede negar el aval. Es un argumento insólito. Podría ser el único país del mundo donde lo único que le impide a una persona representar a un partido es la inhabilidad judicial. Bajo ese criterio los representantes legales de los partidos, sin pudor alguno, les reparten avales a personas investigadas o a los familiares y allegados de los encarcelados o condenados para que, apoyados en las estructuras políticas forjadas con la ayuda de los ilegales, sigan gobernando por interpuesta persona. No se atreven a perder los ríos de dinero y los votos cautivos que aportan estas fuerzas oscuras de la política. Uribe ha sido reducido a un 12 por ciento de la votación nacional. No es poco. Aún lo acompaña mucha gente que cree en sus ideas de derecha y marcha tras su carisma, también uno que otro heredero de la parapolítica. Debía darse por bien servido. Pero no. Ha dicho que el Congreso es ilegítimo. Denuncia trampas. No se da cuenta que son las mismas trampas y los mismos tramposos que le ayudaron con no menos de 2 millones de votos en 2002 y en 2006 para llegar a la Presidencia. Me imagino la risa burlona de esos viejos amigos del senador Uribe. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Marcha Patriótica El proceso de paz derivará en acuerdos cuyos efectos impactarán las instituciones del país y el sistema político. ¿En qué consisten los avances? ¿Cuáles son las oportunidades que se vislumbran para organizaciones y movimientos políticos como la Marcha Patriótica o el Congreso de los pueblos o la Unión Patriótica que quedó reducida debido al exterminio del que fue víctima? ¿Cuáles son los obstáculos para llevar a cabo esos acuerdos? El presente informe pretende esbozar respuestas a estas preguntas en el entendido que los acuerdos para la participación política están sujetos a modificaciones, pues las partes concibieron como regla general de las negociaciones que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Como advirtió el historiador Medófilo Medina, “ambos acuerdos (el de Política de desarrollo agrario integral y participación política) son, ante todo, componentes de una hoja de ruta que se llenará de contenido en la etapa del postconflicto”. Lo acordado por las partes se puede agrupar en tres tipos de propuestas: las más importantes desde el punto de vista institucional son las iniciativas de carácter legislativo. Luego está la activación o creación de mecanismos para garantizar la participación política que no requieren de reformas legales sino de la iniciativa del Ejecutivo. Y al final están las medidas tendientes a fortalecer la participación que tampoco requieren de mayores cambios estructurales del Estado. El acuerdo parcial sobre la participación política abre una ventana de oportunidad para el reconocimiento de la actividad política de movimientos y organizaciones políticas que aún no cuentan con la personería jurídica. Movimientos como la Marcha Patriótica u otras organizaciones que surjan en medio de los diálogos de paz, o, como producto de ellos, tendrían un nuevo espacio político de representación. Descargue el documento completo aquí Avances en la mesa de La Habana

Foto El Tiempo Los  resultados arrojados por la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación para las elecciones legislativas del 09 de marzo  indicaron  que  131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales. Tras los resultados arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutadas el 98.40 % de las mesas de votación y el número de curules asignadas definidas en su totalidad, el equipo de investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación estableció que 70 candidatos, de 131 aspirantes mencionados el pasado 27 de febrero, obtuvieron una curul en el legislativo. De la cifra de 70 parlamentarios electos y cuestionados por la Fundación Paz y Reconciliación, 33 escaños fueron en Senado y otros 37 en Cámara de Representantes. Las altas votaciones de algunos de los candidatos en mención marcaron la tendencia durante la jornada electoral. Tal es el caso del Partido de la U y los siete primeros senadores elegidos. El reelecto senador Musa Besaile con 141684 votos fue el tercero más votado en el país y su copartidario Bernardo Miguel Elías con 135.875 votos ocupó la cuarta casilla en el consolidado general. Igual es el caso del Partido de Opción Ciudadana (antiguo PIN), quien alcanzó cinco curules y todas fueron para candidatos mencionados como herederos de la parapolítica. Entre tanto, por el Centro Democrático, la segunda fuerza política de los comicios, dos nombres entre los elegidos aparecen como cuestionados: Alfredo Ramos Maya  y Jaime Alejandro Amín Hernández. El informe completo con la ficha de los 70 parlamentarios descargar aquí. Matriz Candidatos Riesgo ELECTOS SENADO Matriz Candidatos Riesgo CÁMARA DE REPRESENTANTES

Foto de Ecopolítica.net La discusión sobre los ganadores y perdedores de la jornada electoral está a la orden del día. Aunque el presidente Santos mantiene una cómoda mayoría, parece que el Partido Conservador se convertirá en una fuerza de chantaje en los próximos cuatro años mientras que el expresidente Álvaro Uribe logró 19 senadores. En todo caso, una de las preguntas esenciales era determinar qué candidatos cuestionados lograron un cupo al Congreso de la República. La Fundación Paz y Reconciliación había realizado una investigación sobre candidatos criminalizados y en total se encontraron 131,  de los cuales 48 iban a Senado y 83 a las diferentes Cámaras de representantes. Los 131 candidatos eran cuestionados por heredar estructuras de la parapolítica o por tener vínculos directos con organizaciones criminales. De los primeros, había un total de 97 candidatos, de los segundos 34. Luego de conocerse los resultados, podría decirse que son desoladores. De los 48 candidatos cuestionados a Senado, 33 obtuvieron curules, varios de ellos con votaciones bastante importantes.  Por ejemplo, Andrés Felipe García Zuccardi, hijo de Juan José García condenado por peculado por apropiación e hijo de Piedad Zuccardi llamada a juicio por relaciones con grupos paramilitares, logró más de 50.000 votos en el partido de La U. Su tía Teresita García también fue electa y es heredera de los votos de su hermano Álvaro García condenado a 40 años de presión por la masacre de Macayepo. También, Mauricio Aguilar hijo del parapolítico Hugo Aguilar logró una de las mayores votaciones. A Cámara de Representantes, de los 83 candidatos criminalizados, 36 lograron una curul. Por ejemplo, Antenor Durán, heredero de la estructura criminal de Kiko Gómez, se hizo al control de una de las cámaras en el departamento de La Guajira. Igualmente en Sucre la mayor votación fue para el partido Cien por ciento Colombia, del cuestionado político Yair Acuña, quien se hizo al control de dos de las tres cámaras del departamento. Tres razones podrían explicar este triunfo de la parapolítica. Por un lado, una feria de dineros en la compra y venta de líderes sociales en las diferentes regiones del país. Hubo campañas que estuvieron por encima de los 3.000 millones de pesos, como la de Bernardo Elías Vidal o José Alfredo Gnneco. En segundo lugar, gran parte de estos candidatos contaban con el apoyo de alcaldes y gobernadores y los votos prácticamente estaban amarrados  a cargos burocráticos.

No voy a hablar de la situación de Bogotá. No voy a hablar de la forma como ha gobernado Gustavo Petro. Abundan las cuartillas sobre estos temas. Quiero hablar de cómo ha enfrentado Petro la destitución y la decisión de inhabilitarlo por 15 años. Creo que ha acertado al convocar a la ciudadanía en su defensa y al recurrir a todos los mecanismos que le brindan la Constitución y la ley para impugnar el fallo. Pero no ha buscado amigos y aliados, no ha facilitado acuerdos indispensables, para ganar esta batalla. Ese es el  más grave de los errores. Alejandro Ordóñez y su fallo sesgado, desproporcionado y arbitrario le abrieron un espacio a Petro para que relegitimara su gobierno y relanzara el proyecto de Bogotá más humana. Le ofrecieron la posibilidad de romper el asedio a que lo habían sometido los rivales políticos, los empresarios ambiciosos y varios medios de comunicación. La oportunidad era magnífica. El ‘enemigo’ era ideal. Ordóñez había acumulado muchos odios y muchas resistencias en una parte de la ciudadanía. Se había convertido, además, en una piedra en el zapato para el gobierno de Santos por su oposición abierta y descarada al proceso de paz. El fallo ofrecía muchas dudas jurídicas y sobre todo encarnaba una exageración monstruosa. Para castigar errores administrativos indiscutibles, para fustigar  improvisaciones inocultables, el procurador ordena la destitución fulminante y  la muerte política de un líder simbólico en la lucha contra la corrupción y en el ejercicio de la oposición política.  Ocurrió lo que nadie esperaba. Las encuestas encumbraron a Petro y lapidaron al procurador. La ciudadanía se volcó en masa a la Plaza de Bolívar a repudiar el fallo y a apoyar al alcalde. Detrás de esas señales arrancó Petro. Lo hizo muy bien, lo hizo apelando a las reglas más puras de la democracia.  Lo hizo jugando limpio. Las tutelas, así sean mil, así no sean espontáneas, así sean planeadas por los amigos del alcalde, son limpias. La movilización social y el discurso encendido, así tengan ese tono populista, así perturben la marcha normal de la ciudad, son limpias, son un recurso democrático indiscutible. La apelación a tribunales internacionales con los cuales el país tiene compromisos inalienables es limpia, así reflejen una desconfianza en las instituciones nacionales. Todo esto, así sea controversial, así no sea muy educado, así no sea ‘políticamente correcto’, es legítimo. Lo sucio, lo detestable, lo verdaderamente antidemocrático, lo abiertamente ilegítimo, es la manera como enfrentan las investigaciones  y los fallos adversos de la justicia una multitud de políticos y empresarios.  Reto a los líderes de opinión y a los políticos apasionados contra Petro, a que desmientan esta afirmación: la costumbre de buena parte de los poderosos ante la justicia es buscar arreglos por debajo de la mesa, o sobornar, o amenazar, o espiar como hizo el gobierno de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, o comprar testigos o urdir estrategias de comunicación para intimidar a los jueces. Pero Petro no sabe, o no quiere, o no puede, hacer amigos y aliados así sean temporales, así encarnen grandes diferencias, así solo concuerden en el ‘enemigo’ a enfrentar. Ese que es, quizás, el arte más elemental de un político, no cabe en la cabeza de Petro. Creo que nunca ha oído la frase de Alfonso López Pumarejo: “No hay que ir por el camino graduando enemigos porque de pronto les da por ejercer”. No le dio un juego decisivo en la coyuntura a Navarro su compañero de historias; ni fue capaz de hacerle concesiones a Peñalosa para lograr su apoyo –así fuera tímido– o su neutralidad. No se apoyó en César Gaviria –y en su grupo político tan influyente en el gobierno de Santos– quien siempre ha profesado un gran aprecio por los líderes del M-19. No valoró en su justa medida la inicial actitud ‘lejana y neutral’ del presidente Santos, que en verdad significaba un desplante al procurador Ordóñez.  No ha sabido qué hacer con la posición del fiscal general y con las decisiones de varios tribunales de Justicia, que han sostenido posiciones muy diferentes al procurador Ordóñez y a su fallo de destitución. Todo lo contrario. Menudean las puyas y los ataques a muchos de los posibles aliados. Entre tanto, el uribismo se frota las manos y el  procurador se calla y deja que sus amigos en otros tribunales hagan la tarea de ratificar el fallo. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto de Telesur La Fundación Paz y Reconciliación realizó entre el mes de noviembre del año 2013 y febrero del 2014 una investigación enfocada en analizar los vínculos entre estructuras ilegales y candidatos a Cámara y Senado para las próximas elecciones del 9 de marzo. La investigación se realizó en 10 departamentos del país: Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira. En total se encontraron 131 candidatos al Congreso de la República: 97 herederos de la parapolítica y 34 aspirantes con vínculos con estructuras ilegales. De estos, 48 son candidatos a Senado y 83 a Cámara de representantes. La investigación arrojó cinco grandes conclusiones. La primera es que los partidos político grandes, como el Liberal y el Conservador, han reciclado este tipo de candidatos. Por ejemplo, el Partido Conservador avaló a Luz Estela Cáceres como candidata al Senado, heredera de la red del parapolítico Javier Cáceres, quien era miembro de Cambio Radical. Igual situación sucede con Raúl Vives Lacouture, de familia liberal y heredero de otra estructura parapolítica. También el Partido Conservador avaló a Nadia Blel, heredera de la estructura política del excongresista Vicente Blel, condenado por parapolítica y quien es su padre. Nadia Blel buscó el aval de Cambio Radical y le fue negado. Esto significa que los partidos políticos no solo continúan avalando este tipo de candidatos sino que además no existe ningún tipo de responsabilidad política (de los partidos), jurídica (de las instituciones) o social (de la ciudadanía) que castigue este fenómeno. La segunda conclusión es que el sistema democrático en las diferentes regiones del país es bastante cerrado, es decir que a pesar de que varios líderes de casas políticas están en prisión o llamados a juicio, sus redes no han perdido el poder. Tal vez uno de los ejemplos sea el departamento de Bolívar, donde las tres principales casas políticas tienen a sus jefes presos pero son las que más opciones tienen de quedarse con la mayoría de votos. Así entonces, las estructuras de Javier Cáceres, Juan José García y Piedad Zucardí, y la de Vicente Blel, son un buen ejemplo. Estos problemas de democracia local son producto, por un lado, del alto costo de las campañas políticas. Los liderazgos emergentes deben empeñar sus campañas para adquirir el dinero y esto se hace mediante la alineación política con las estructuras tradicionales en las diferentes regiones del país. La segunda razón es que las élites tradicionales terminan haciendo lo que en ciencia política se denomina “reclutamiento de élites”, donde los liderazgos sociales emergentes deben alinearse rápidamente para escalar en la distribución del poder local. La tercera conclusión es que en general, debido a las investigaciones sociales y judiciales, las estructuras criminales y políticas de la parapolítica han optado por mecanismos indirectos de cooptación estatal. En esta materia se detectaron varios tipos de apoyo de criminales a políticos. Por un lado se encuentra el apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política. Un caso es el de Moisés Orozco, quien aspira a la Cámara y en 2011 fue candidato a la alcaldía de Yumbo (Valle del Cauca), dónde habría excedido el tope legal de financiación de la campaña y apoyó la candidatura de Francined Cano a la gobernación en las pasadas elecciones. Cano era el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador actualmente detenido, a la gobernación. Su fórmula al Senado es la candidata de Yahir Acuña: Nora María García. Adicionalmente, Orozco es reconocido abogado de los hermanos Comba y se dice que de los Rastrojos. Su candidatura es avalada por el partido Fundación Ébano de Colombia. El segundo mecanismo utilizado para cooptar el Estado es el gobierno en “cuerpo ajeno”. Para ello, los dirigentes de las diferentes estructuras políticas criminalizadas han optado por lanzar familiares y amigos personales. En La Guajira, por ejemplo, el detenido exgobernador ‘Kiko’ Gómez apoya a Antenor Durán, avalado por el partido AICO. Durán es el candidato público de la casa Ballesteros, goza del apoyo de la estructura política de Gómez y su campaña es financiada por la familia Gómez Cerchar, el sector de gasolineros del sur de La Guajira, quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa y recursos propios. Públicamente dice financiarse de su negocio familiar, la ganadería. Y también públicamente hace campaña junto a José Alfredo Gnecco y tienen su comando político en predios del antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado. Otro de los ejemplos es Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a nueve años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Tiene el apoyo de su hermano, el gobernador del departamento de Santander Richard Aguilar, quien llegó a la gobernación a través del movimiento por firmas “Santander en Serio”, a la que se candidatizó luego de que su padre, que buscaba reelegirse, fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Hugo Aguilar fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil (Santander) desde diciembre de 2013, desde donde se dice está manejando la campaña de su hijo. Se denunció que en campaña, Mauricio Aguilar se acompaña de un pendón en donde se promociona al «equipo del Coronel Hugo Aguilar» y al margen izquierdo aparece la foto de su padre. Situación similar ocurre Andrés Felipe García Zuccardi, quien pertenece al viejo clan de los García Romero en Bolívar. Tanto el Papá, Juan José García Romero, como su madre, Piedad Zuccardi, tienen problemas con la justica. El tercer mecanismo utilizado por organizaciones criminales se basa en la consolidación masiva de alianzas regionales pequeñas, con las que diferentes actores criminalizados en las regiones apoyan candidaturas grandes a Senado y Cámara. Este tipo de apoyo no es fácilmente detectable ya que se trata de alianzas dispersas, muy localizadas. Uno de los ejemplos es el candidato Bernardo Elías Vidal, actual senador, quien llegó al Congreso como fórmula a la Cámara de Representantes de la condenada por parapolítica Zulema Jattin en el periodo 2006-2010. Actualmente tiene una fuerte presencia en los departamentos de Sucre y La Guajira, y es apoyado por la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, quien fue la líder política del grupo paramilitar que manejaba alias ‘Pablo’ en la Alta Guajira. Elías Vidal es apoyado además por el político sucreño condenado por parapolítica Erik Morris, quien es su suegro. Igualmente sobrino de Jorge Ramón Elías Nader, expresidente del Senado y condenado por el Proceso 8.000 y primo del actual alcalde de Sahagún, Carlos Elías Hoyos. También lo apoya Emilio Tapia, contratista cerebro del ‘cartel de la contratación’ en Bogotá, apoyo que no se hace público dado las implicaciones que traería pero la cercanía entre Elías Vidal y Tapias es de tiempo atrás. La cuarta conclusión es que se detectó que los niveles de gasto de campaña son excesivos en varias regiones del país, esto ha significado una verdadera feria de dinero por parte de contratistas de obras públicas. A esto se le suma la incapacidad institucional para investigar y detectar este tipo de situaciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE), además de ser un órgano politizado no tiene la capacidad humana para controlar este financiamiento. Uno de los ejemplos de esta feria del dinero fue lo ocurrido en Sucre la semana anterior. El candidato a la Cámara por el departamento de Sucre Pedro León Sierra, quien era fórmula de Teresita García, se retiró y adhirió a la campaña del cuestionado representante Yahir Acuña. El mismo Acuña lo anunció desde Majagual, durante el cierre de su campaña y versiones en el mismo equipo de León Sierra indican que fueron cerca de $2.000 millones lo que Yair Acuña le pagó para dicha alianza. Una última conclusión es que la justicia colombiana, si bien ha juzgado la parte alta de las estructuras de la parapolítica, a nivel local y regional existe una gran impunidad y sus redes de alcaldes, concejales, diputados y funcionarios públicos han salido impunes de los procesos judiciales, lo que les ha permitido mantener el poder político en varias regiones del país. Artículo publicado en El Espectador.com

Foto de Confidencial Colombia Uno de los principales resultados del estudio en estos departamentos fue identificar el comportamiento de los actores armados frente a las economías extractivas. En el año 2013 se presentaron 196 ataques a la infraestructura petrolera del país, la cifra más alta alcanzada desde 2001 y se prevé que durante el transcurso de este año las FARC y el ELN continuarán con la estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. En tiempos de negociación de paz ambas guerrillas se apropiaran del tema de la inversión energética y petrolera, ya sea en medio de la negociación con el ELN o una vez firmado el proceso de paz, en el interior del país se tendrá que dar una álgida discusión para clarificar jurídicamente la inversión en materia petróleo-energética. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, realizado por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014 y se enfoca en tres líneas de investigación: mapa de seguridad, minería y petróleo, y movimiento social. Los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio la entrega de algunos bloques para la exploración y explotación de pozos petroleros ha llevado a que se dé un incremento de los conflictos sociales, en gran medida derivado de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra en Nariño, La Guajira y Putumayo. Las comunidades de estas tres regiones – en especial las del sur del país- han comenzado a fortalecer la organización social a partir de tres discursos: Inversión minero-petrolera, distribución de la ganancia generada por la explotación de estos recursos y temas relacionados con la propiedad de la tierra La investigación también demuestra que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. En Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados pero cada vez está mejor organizado, mientras que en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar, lo que conlleva a que los riesgos para los líderes sociales sean mucho mayores. Frente a temas de seguridad, el estudio reveló que durante el año 2013 se presentó un proceso de recuperación de las FARC en el sur del país (Nariño y Putumayo) ya que lograron hacer presencia importante en cabeceras municipales como lo es el caso de Tumaco, situación que se replica en varias zonas de Colombia. En Putumayo, esta guerrilla comenzó a citar población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento, contenidas en un manual. Este es utilizado como preparación para el post conflicto, además se refiere a la conducta que debían de asumir durante los días de la tregua y posteriormente a los largo de todo el 2014, donde por ejemplo es obligatorio la participación en las reuniones de formación política y se establecen criterios para la protesta social y en general para la movilidad en los territorios. Se encontró que el Bloque Sur de las FARC que opera en el sur del país (Huila, Caquetá y Putumayo), no está divido y fue una de las estructuras que mejor cumplió la tregua unilateral el pasado diciembre y enero pese a los pronósticos de algunos analistas que preveían lo contrario. En algunas zonas del sur del país, se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia tradicionalmente de las FARC, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de post conflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en estas zonas en la etapa de postconflicto. En el bajo Putumayo la banda de los “Constructores”, antiguos Rastrojos, ha comenzado a ostentar mayor presencia e influencia. Finalmente, otros dato clave indica que en La Guajira Marcos Figueroa se estaría consolidando en el sur, aliado con la banda de los Urabeños y al mismo tiempo se estaría formando la Oficina del Caribe de la mano de una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, Los Rastrojos y Paisas, la cual estaría avanzando por el Magdalena e incursionarían en La Guajira. INFORME PUTUMAYO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME NARIÑO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME LA GUAJIRA (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN)

Foto de Mauro González La historia política del departamento de La Guajira no es sencilla de explicar, pero en términos generales se puede hablar de tres grandes estructuras políticas, que han gobernado el departamento en las últimas décadas. Por un lado se encuentra el Movimiento Nueva Guajira, el cual nace durante el primer mandato del ex gobernador Jorge Pérez Bernier, en 1995. El objetivo inicial de este movimiento político era crear una alianza y coalición política que permitiera mantener la gobernación durante 15 años y con ello controlaban los recursos públicos. Entre los principales miembros de esta alianza estaban  Álvaro Cuello, John Jairo Iguaran, Jaime Espeleta, Hernando Deluque, Raúl Fragoso, Jorge Magdaniel, Miguel Pinedo Vidal luego se les une Jorge Saltaren, Moisés Freile, Vladimiro Cuello, más recientemente se integraron  Gervasio Valdeblanquez, Jimmy Sierra y Ovidio Mejía Marulanda. En pocos años Jorge Pérez logró hacerse con un control político casi monopólico en La Guajira. Igualmente comenzó  a recibir en su grupo político a diferentes liderazgos “grises”. Por un lado recibe a Dilger Becerra quien era uno de los principales lavadores de dinero de los Rastrojos en el norte del país. La cercanía entre Becerra y Pérez Bernier llegó a ser tan estrecha que Bernier nombró a la esposa de Becerra, Claudia Mesa, como secretaria de salud en su segunda administración. En 2011 Becerra muere acribillado a manos de hombre armados bajo el mando de  Marcos Figueroa. Diferentes versiones en terreno indican que Dilger Becerra era el intermediario entre alias Pablo, quien fuera jefe de la BACRIM de la alta Guajira luego de la desmovilización paramilitar y la estructura política de Pérez Bernier. Por medio de Becerra, Nueva Guajira recibía importante financiación.  Con este dinero Pérez Bernier logró posicionar los dos representantes a la cámara por este departamento; Hernando Deluque y Jimmy Sierra, ambos aspiran a relegirse en las próximas elecciones del 9 de marzo de 2014. Otro de los apoyos cuestionados de Nueva Guajira es la ex alcaldesa de Uribia Cielo Redondo quien se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alías Pablo, dentro de esta línea estaba también la Chachi Hernández, esta última fue socia de Jorge 40 en el proceso de blanqueo de dinero. Al ex gobernador de La Guajira  Francisco Gómez Cerchar se le acusa del asesinato de la Chachi Hernández. La otra estructura política importante en el departamento es la liderada por Francisco Gómez Cerchar quien fue varias veces alcalde del municipio de Barrancas. Kiko Gómez era un líder regional que mantenía negocios y una fuerte amistad con su familiar y socio Mario Cotes. Mario Cotes lideraba una importante estructura de contrabando en La Guajira y fue asesinado por orden de Víctor Ojeda o ‘Vitico’ quien fue el primer esposo de  la Chachi Hernández, esto llevó a que la red política de Kiko Gómez comenzara una guerra  con la red de la Chachi Hernández. Esta estructura se fortalece luego de la desmovilización paramilitar, a Kiko Gómez  se le suma el apoyo de Marcos Figueroa o Marquitos, importante narcotraficante y contrabandista de gasolina en La Guajira. Esta alianza los llevó a ganar la gobernación de La Guajira en 2011, poco antes de estas elecciones la estructura de Kiko Gómez y Marcos Figueroa desató una ola de violencia en todo el departamento. Enemigos de Kiko Gómez como La Chachi, Dilger Becerra cayeron rápidamente a manos de los sicarios de Marquitos. Esta alianza convirtió La Guajira en uno de los principales centros criminales del narcotráfico el país. La última estructura política del departamento es la que lidera el actual senador Jorge Ballesteros, quien fue electo por el Partido de la U.  Jorge Ballesteros mantenía una relación estrecha con el extraditado Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro. La oposición de La Nueva Guajira, está conformada por los políticos locales como Jorge Ballesteros Bernier, Antenor Duran y Amílcar Acosta quienes en la actualidad hicieron coalición con el ex gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar más conocido como Kiko. Tanto la alianza que lidera Jorge Pérez Bernier, como la de Kiko Gómez aspiran a consolidarse en las próximas elecciones del 9 de marzo. Nueva Guajira apoya a Hernando Deluque  y Kiko Gómez a Antenor Durán. La parapolítica en La Guajira que ha estado invisible y la captura de Kiko Gómez, es solo un parte de la historia. Tres departamentos en el país han estado en la total impunidad en lo referente a la unión entre fuerzas ilegales y estructuras política, La Guajira, Norte de Santander y Nariño aún tienen historias por contar.

Foto Diario El Universal La cifra es espantosa. 131 candidatos de 23 departamentos herederos de la parapolítica o con nexos con fuerzas ilegales están compitiendo para llegar al Congreso de la República. 48 aspiran al Senado y 83 a la Cámara de representantes. Muchos de ellos tienen una gran probabilidad de salir elegidos. En Bolívar, Santander, Guajira, Sucre, Cesar, Casanare, Magdalena y Norte de Santander las casas de la parapolítica se van a quedar con el mayor número de parlamentarios. Llevo 12 años investigando los nexos de fuerzas ilegales con líderes políticos. En cada elección tengo la ilusión de que el fenómeno va a ceder, la justicia va a lograr el desmantelamiento de los agrupamientos electorales mafiosos o los directores de los partidos van a expulsar a estas organizaciones de sus filas o por lo menos le van a negar el aval a los candidatos que surgen de allí. Pero al culminar las indagaciones mi desengaño es total. Cambian los nombres de los candidatos pero los apellidos son los mismos, hay relevo en algunas candidaturas pero las fuerzas que lo respaldan y controlan son las mismas. La maldición de Salvatore Mancuso sigue viva. Dijo: “Tenemos el 35 por ciento del Congreso”. Se fueron los jefes paramilitares extraditados, pero los jefes políticos ligados a ellos se quedaron y han mantenido su influencia. Nuevos capos de bandas criminales, del contrabando y de la minería ilegal han surgido y están metiendo la mano en la política. Hay cosas realmente impresionantes. Ahora se llama Opción Ciudadana. Primero fue Convergencia Ciudadana. Luego fue PIN. En cada elección cambia de nombre. Los mentores van a la cárcel, algunos son investigados y condenados, cuando salen vuelven a la plaza pública a acompañar a sus candidatos, otros escapan a la acción de la justicia. Es posible que en esta oportunidad superen el umbral y vuelvan con una bancada a Cámara y a Senado. Es un partido de la parapolítica de pies a cabeza. Pero los grandes partidos, los tradicionales, los que han gobernado al país en dos siglos de historia republicana, no han querido romper los vínculos con la parapolítica. El Partido Liberal tiene 28 candidatos vinculados a este fenómeno. El Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional tienen 27 cada uno. Cambio Radical 19. Uribe Centro Democrático 8. Ahí está la clave de todo. Ahí reside el grave problema. La Corte Suprema de Justicia ha realizado una gran tarea. Condenó a 61 parlamentarios y les abrió investigaciones a 67 más. Es un hecho sin precedentes en el mundo. Pero ni los partidos, ni el poder ejecutivo, ni la justicia regional han hecho la tarea. La labor de los directores de los grandes partidos y de los altos funcionarios del gobierno se ha limitado a separar de sus filas o a cerrarles las puertas del gobierno a quienes han sido condenados por la justicia. Pero mantienen los lazos y les confieren todo el protagonismo a los hijos, a los hermanos, a los sobrinos, a las esposas o a sus más fieles operadores políticos. Justifican esta actitud con un argumento falaz y descarado. Dicen que no hay delitos de sangre. Pero les hemos demostrado hasta la saciedad que nunca hemos denunciado a nadie por consanguinidad. En las investigaciones salta a la vista que los allegados hacen política con base en el poder económico y en las redes sociales y políticas acumuladas por su mentor en las andanzas con los ilegales. Montados en esa herencia llegan al Congreso, a las alcaldías y a las gobernaciones. Es una herencia ilegítima. Los herederos de la parapolítica y los aliados de poderosas fuerzas ilegales han contaminado toda la política colombiana. Con sus ríos de dinero elevaron el costo de las campañas de manera tal que los competidores tienen que apelar a la corrupción simple y llana, a la captura de cuantiosos contratos del Estado, para ganar elecciones. Se dice ahora que para asegurar una elección al Senado son necesarios 3.000 millones de pesos y para la Cámara se necesitan 900 millones. Eso sobrepasa con creces el salario de cuatro años de un congresista. Columna de Opinión Tomada de Semana.com

“Muchas personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno y el propio presidente Álvaro Uribe, me han pedido que cuente la verdad. Me exigen que le diga al país lo que hice en la guerrilla y quiénes fueron mis amigos. Se han molestado bastante por mi participación en las investigaciones académicas sobre la parapolítica y porque, desde mis columnas, he adelantado un debate sobre el grave daño que le ha hecho a la democracia colombiana la utilización de la violencia en la competencia política”. De esta manera, León Valencia Agudelo, actual Director de la Fundación Paz y Reconciliación, inicia “Mis años de guerra”, un libro publicado por primera vez en el 2008 y que en esta nueva edición bajo el sello Aguilar revisada por el propio autor, se convierte en una ventana que deja ver una Colombia después de la guerra. El autor revela en esta obra los detalles de su vida como integrante del ELN, las motivaciones que lo llevaron a ser parte de este grupo insurgente, su paso por el comando central y su posterior decisión de dejar las armas.Escrito en primera persona y dividido en cuatro capítulos: La traición y la vergüenza, Ilusión, Miedo y Desencanto, León Valencia narra en un estilo único la historia violenta de un país de la cual ha sido protagonista. En sus 286 páginas, intenta reconocer su parte de responsabilidad en la guerra colombiana y expone por qué optó por la paz. “Quiero ofrecer la memoria de mi pasado por la guerrilla. Contar esa historia como la vieron mis ojos. Como la vivió mi corazón. Contar cómo llegué hasta allí y cómo salí. Será, seguramente también una memoria controversial. Aspiro, eso sí, a que sea honesta conmigo mismo y con los demás”, señala el escritor.