No voy a hablar de la situación de Bogotá. No voy a hablar de la forma como ha gobernado Gustavo Petro. Abundan las cuartillas sobre estos temas. Quiero hablar de cómo ha enfrentado Petro la destitución y la decisión de inhabilitarlo por 15 años. Creo que ha acertado al convocar a la ciudadanía en su defensa y al recurrir a todos los mecanismos que le brindan la Constitución y la ley para impugnar el fallo. Pero no ha buscado amigos y aliados, no ha facilitado acuerdos indispensables, para ganar esta batalla. Ese es el  más grave de los errores. Alejandro Ordóñez y su fallo sesgado, desproporcionado y arbitrario le abrieron un espacio a Petro para que relegitimara su gobierno y relanzara el proyecto de Bogotá más humana. Le ofrecieron la posibilidad de romper el asedio a que lo habían sometido los rivales políticos, los empresarios ambiciosos y varios medios de comunicación. La oportunidad era magnífica. El ‘enemigo’ era ideal. Ordóñez había acumulado muchos odios y muchas resistencias en una parte de la ciudadanía. Se había convertido, además, en una piedra en el zapato para el gobierno de Santos por su oposición abierta y descarada al proceso de paz. El fallo ofrecía muchas dudas jurídicas y sobre todo encarnaba una exageración monstruosa. Para castigar errores administrativos indiscutibles, para fustigar  improvisaciones inocultables, el procurador ordena la destitución fulminante y  la muerte política de un líder simbólico en la lucha contra la corrupción y en el ejercicio de la oposición política.  Ocurrió lo que nadie esperaba. Las encuestas encumbraron a Petro y lapidaron al procurador. La ciudadanía se volcó en masa a la Plaza de Bolívar a repudiar el fallo y a apoyar al alcalde. Detrás de esas señales arrancó Petro. Lo hizo muy bien, lo hizo apelando a las reglas más puras de la democracia.  Lo hizo jugando limpio. Las tutelas, así sean mil, así no sean espontáneas, así sean planeadas por los amigos del alcalde, son limpias. La movilización social y el discurso encendido, así tengan ese tono populista, así perturben la marcha normal de la ciudad, son limpias, son un recurso democrático indiscutible. La apelación a tribunales internacionales con los cuales el país tiene compromisos inalienables es limpia, así reflejen una desconfianza en las instituciones nacionales. Todo esto, así sea controversial, así no sea muy educado, así no sea ‘políticamente correcto’, es legítimo. Lo sucio, lo detestable, lo verdaderamente antidemocrático, lo abiertamente ilegítimo, es la manera como enfrentan las investigaciones  y los fallos adversos de la justicia una multitud de políticos y empresarios.  Reto a los líderes de opinión y a los políticos apasionados contra Petro, a que desmientan esta afirmación: la costumbre de buena parte de los poderosos ante la justicia es buscar arreglos por debajo de la mesa, o sobornar, o amenazar, o espiar como hizo el gobierno de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, o comprar testigos o urdir estrategias de comunicación para intimidar a los jueces. Pero Petro no sabe, o no quiere, o no puede, hacer amigos y aliados así sean temporales, así encarnen grandes diferencias, así solo concuerden en el ‘enemigo’ a enfrentar. Ese que es, quizás, el arte más elemental de un político, no cabe en la cabeza de Petro. Creo que nunca ha oído la frase de Alfonso López Pumarejo: “No hay que ir por el camino graduando enemigos porque de pronto les da por ejercer”. No le dio un juego decisivo en la coyuntura a Navarro su compañero de historias; ni fue capaz de hacerle concesiones a Peñalosa para lograr su apoyo –así fuera tímido– o su neutralidad. No se apoyó en César Gaviria –y en su grupo político tan influyente en el gobierno de Santos– quien siempre ha profesado un gran aprecio por los líderes del M-19. No valoró en su justa medida la inicial actitud ‘lejana y neutral’ del presidente Santos, que en verdad significaba un desplante al procurador Ordóñez.  No ha sabido qué hacer con la posición del fiscal general y con las decisiones de varios tribunales de Justicia, que han sostenido posiciones muy diferentes al procurador Ordóñez y a su fallo de destitución. Todo lo contrario. Menudean las puyas y los ataques a muchos de los posibles aliados. Entre tanto, el uribismo se frota las manos y el  procurador se calla y deja que sus amigos en otros tribunales hagan la tarea de ratificar el fallo. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto de Telesur La Fundación Paz y Reconciliación realizó entre el mes de noviembre del año 2013 y febrero del 2014 una investigación enfocada en analizar los vínculos entre estructuras ilegales y candidatos a Cámara y Senado para las próximas elecciones del 9 de marzo. La investigación se realizó en 10 departamentos del país: Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira. En total se encontraron 131 candidatos al Congreso de la República: 97 herederos de la parapolítica y 34 aspirantes con vínculos con estructuras ilegales. De estos, 48 son candidatos a Senado y 83 a Cámara de representantes. La investigación arrojó cinco grandes conclusiones. La primera es que los partidos político grandes, como el Liberal y el Conservador, han reciclado este tipo de candidatos. Por ejemplo, el Partido Conservador avaló a Luz Estela Cáceres como candidata al Senado, heredera de la red del parapolítico Javier Cáceres, quien era miembro de Cambio Radical. Igual situación sucede con Raúl Vives Lacouture, de familia liberal y heredero de otra estructura parapolítica. También el Partido Conservador avaló a Nadia Blel, heredera de la estructura política del excongresista Vicente Blel, condenado por parapolítica y quien es su padre. Nadia Blel buscó el aval de Cambio Radical y le fue negado. Esto significa que los partidos políticos no solo continúan avalando este tipo de candidatos sino que además no existe ningún tipo de responsabilidad política (de los partidos), jurídica (de las instituciones) o social (de la ciudadanía) que castigue este fenómeno. La segunda conclusión es que el sistema democrático en las diferentes regiones del país es bastante cerrado, es decir que a pesar de que varios líderes de casas políticas están en prisión o llamados a juicio, sus redes no han perdido el poder. Tal vez uno de los ejemplos sea el departamento de Bolívar, donde las tres principales casas políticas tienen a sus jefes presos pero son las que más opciones tienen de quedarse con la mayoría de votos. Así entonces, las estructuras de Javier Cáceres, Juan José García y Piedad Zucardí, y la de Vicente Blel, son un buen ejemplo. Estos problemas de democracia local son producto, por un lado, del alto costo de las campañas políticas. Los liderazgos emergentes deben empeñar sus campañas para adquirir el dinero y esto se hace mediante la alineación política con las estructuras tradicionales en las diferentes regiones del país. La segunda razón es que las élites tradicionales terminan haciendo lo que en ciencia política se denomina “reclutamiento de élites”, donde los liderazgos sociales emergentes deben alinearse rápidamente para escalar en la distribución del poder local. La tercera conclusión es que en general, debido a las investigaciones sociales y judiciales, las estructuras criminales y políticas de la parapolítica han optado por mecanismos indirectos de cooptación estatal. En esta materia se detectaron varios tipos de apoyo de criminales a políticos. Por un lado se encuentra el apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política. Un caso es el de Moisés Orozco, quien aspira a la Cámara y en 2011 fue candidato a la alcaldía de Yumbo (Valle del Cauca), dónde habría excedido el tope legal de financiación de la campaña y apoyó la candidatura de Francined Cano a la gobernación en las pasadas elecciones. Cano era el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador actualmente detenido, a la gobernación. Su fórmula al Senado es la candidata de Yahir Acuña: Nora María García. Adicionalmente, Orozco es reconocido abogado de los hermanos Comba y se dice que de los Rastrojos. Su candidatura es avalada por el partido Fundación Ébano de Colombia. El segundo mecanismo utilizado para cooptar el Estado es el gobierno en “cuerpo ajeno”. Para ello, los dirigentes de las diferentes estructuras políticas criminalizadas han optado por lanzar familiares y amigos personales. En La Guajira, por ejemplo, el detenido exgobernador ‘Kiko’ Gómez apoya a Antenor Durán, avalado por el partido AICO. Durán es el candidato público de la casa Ballesteros, goza del apoyo de la estructura política de Gómez y su campaña es financiada por la familia Gómez Cerchar, el sector de gasolineros del sur de La Guajira, quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa y recursos propios. Públicamente dice financiarse de su negocio familiar, la ganadería. Y también públicamente hace campaña junto a José Alfredo Gnecco y tienen su comando político en predios del antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado. Otro de los ejemplos es Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a nueve años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Tiene el apoyo de su hermano, el gobernador del departamento de Santander Richard Aguilar, quien llegó a la gobernación a través del movimiento por firmas “Santander en Serio”, a la que se candidatizó luego de que su padre, que buscaba reelegirse, fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Hugo Aguilar fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil (Santander) desde diciembre de 2013, desde donde se dice está manejando la campaña de su hijo. Se denunció que en campaña, Mauricio Aguilar se acompaña de un pendón en donde se promociona al «equipo del Coronel Hugo Aguilar» y al margen izquierdo aparece la foto de su padre. Situación similar ocurre Andrés Felipe García Zuccardi, quien pertenece al viejo clan de los García Romero en Bolívar. Tanto el Papá, Juan José García Romero, como su madre, Piedad Zuccardi, tienen problemas con la justica. El tercer mecanismo utilizado por organizaciones criminales se basa en la consolidación masiva de alianzas regionales pequeñas, con las que diferentes actores criminalizados en las regiones apoyan candidaturas grandes a Senado y Cámara. Este tipo de apoyo no es fácilmente detectable ya que se trata de alianzas dispersas, muy localizadas. Uno de los ejemplos es el candidato Bernardo Elías Vidal, actual senador, quien llegó al Congreso como fórmula a la Cámara de Representantes de la condenada por parapolítica Zulema Jattin en el periodo 2006-2010. Actualmente tiene una fuerte presencia en los departamentos de Sucre y La Guajira, y es apoyado por la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, quien fue la líder política del grupo paramilitar que manejaba alias ‘Pablo’ en la Alta Guajira. Elías Vidal es apoyado además por el político sucreño condenado por parapolítica Erik Morris, quien es su suegro. Igualmente sobrino de Jorge Ramón Elías Nader, expresidente del Senado y condenado por el Proceso 8.000 y primo del actual alcalde de Sahagún, Carlos Elías Hoyos. También lo apoya Emilio Tapia, contratista cerebro del ‘cartel de la contratación’ en Bogotá, apoyo que no se hace público dado las implicaciones que traería pero la cercanía entre Elías Vidal y Tapias es de tiempo atrás. La cuarta conclusión es que se detectó que los niveles de gasto de campaña son excesivos en varias regiones del país, esto ha significado una verdadera feria de dinero por parte de contratistas de obras públicas. A esto se le suma la incapacidad institucional para investigar y detectar este tipo de situaciones. El Consejo Nacional Electoral (CNE), además de ser un órgano politizado no tiene la capacidad humana para controlar este financiamiento. Uno de los ejemplos de esta feria del dinero fue lo ocurrido en Sucre la semana anterior. El candidato a la Cámara por el departamento de Sucre Pedro León Sierra, quien era fórmula de Teresita García, se retiró y adhirió a la campaña del cuestionado representante Yahir Acuña. El mismo Acuña lo anunció desde Majagual, durante el cierre de su campaña y versiones en el mismo equipo de León Sierra indican que fueron cerca de $2.000 millones lo que Yair Acuña le pagó para dicha alianza. Una última conclusión es que la justicia colombiana, si bien ha juzgado la parte alta de las estructuras de la parapolítica, a nivel local y regional existe una gran impunidad y sus redes de alcaldes, concejales, diputados y funcionarios públicos han salido impunes de los procesos judiciales, lo que les ha permitido mantener el poder político en varias regiones del país. Artículo publicado en El Espectador.com

Foto de Confidencial Colombia Uno de los principales resultados del estudio en estos departamentos fue identificar el comportamiento de los actores armados frente a las economías extractivas. En el año 2013 se presentaron 196 ataques a la infraestructura petrolera del país, la cifra más alta alcanzada desde 2001 y se prevé que durante el transcurso de este año las FARC y el ELN continuarán con la estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. En tiempos de negociación de paz ambas guerrillas se apropiaran del tema de la inversión energética y petrolera, ya sea en medio de la negociación con el ELN o una vez firmado el proceso de paz, en el interior del país se tendrá que dar una álgida discusión para clarificar jurídicamente la inversión en materia petróleo-energética. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, realizado por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014 y se enfoca en tres líneas de investigación: mapa de seguridad, minería y petróleo, y movimiento social. Los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio la entrega de algunos bloques para la exploración y explotación de pozos petroleros ha llevado a que se dé un incremento de los conflictos sociales, en gran medida derivado de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra en Nariño, La Guajira y Putumayo. Las comunidades de estas tres regiones – en especial las del sur del país- han comenzado a fortalecer la organización social a partir de tres discursos: Inversión minero-petrolera, distribución de la ganancia generada por la explotación de estos recursos y temas relacionados con la propiedad de la tierra La investigación también demuestra que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. En Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados pero cada vez está mejor organizado, mientras que en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar, lo que conlleva a que los riesgos para los líderes sociales sean mucho mayores. Frente a temas de seguridad, el estudio reveló que durante el año 2013 se presentó un proceso de recuperación de las FARC en el sur del país (Nariño y Putumayo) ya que lograron hacer presencia importante en cabeceras municipales como lo es el caso de Tumaco, situación que se replica en varias zonas de Colombia. En Putumayo, esta guerrilla comenzó a citar población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento, contenidas en un manual. Este es utilizado como preparación para el post conflicto, además se refiere a la conducta que debían de asumir durante los días de la tregua y posteriormente a los largo de todo el 2014, donde por ejemplo es obligatorio la participación en las reuniones de formación política y se establecen criterios para la protesta social y en general para la movilidad en los territorios. Se encontró que el Bloque Sur de las FARC que opera en el sur del país (Huila, Caquetá y Putumayo), no está divido y fue una de las estructuras que mejor cumplió la tregua unilateral el pasado diciembre y enero pese a los pronósticos de algunos analistas que preveían lo contrario. En algunas zonas del sur del país, se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia tradicionalmente de las FARC, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de post conflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en estas zonas en la etapa de postconflicto. En el bajo Putumayo la banda de los “Constructores”, antiguos Rastrojos, ha comenzado a ostentar mayor presencia e influencia. Finalmente, otros dato clave indica que en La Guajira Marcos Figueroa se estaría consolidando en el sur, aliado con la banda de los Urabeños y al mismo tiempo se estaría formando la Oficina del Caribe de la mano de una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, Los Rastrojos y Paisas, la cual estaría avanzando por el Magdalena e incursionarían en La Guajira. INFORME PUTUMAYO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME NARIÑO (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN) INFORME LA GUAJIRA (REDPRODEPAZ Y PAZ Y RECONCILIACIÓN)

Foto de Mauro González La historia política del departamento de La Guajira no es sencilla de explicar, pero en términos generales se puede hablar de tres grandes estructuras políticas, que han gobernado el departamento en las últimas décadas. Por un lado se encuentra el Movimiento Nueva Guajira, el cual nace durante el primer mandato del ex gobernador Jorge Pérez Bernier, en 1995. El objetivo inicial de este movimiento político era crear una alianza y coalición política que permitiera mantener la gobernación durante 15 años y con ello controlaban los recursos públicos. Entre los principales miembros de esta alianza estaban  Álvaro Cuello, John Jairo Iguaran, Jaime Espeleta, Hernando Deluque, Raúl Fragoso, Jorge Magdaniel, Miguel Pinedo Vidal luego se les une Jorge Saltaren, Moisés Freile, Vladimiro Cuello, más recientemente se integraron  Gervasio Valdeblanquez, Jimmy Sierra y Ovidio Mejía Marulanda. En pocos años Jorge Pérez logró hacerse con un control político casi monopólico en La Guajira. Igualmente comenzó  a recibir en su grupo político a diferentes liderazgos “grises”. Por un lado recibe a Dilger Becerra quien era uno de los principales lavadores de dinero de los Rastrojos en el norte del país. La cercanía entre Becerra y Pérez Bernier llegó a ser tan estrecha que Bernier nombró a la esposa de Becerra, Claudia Mesa, como secretaria de salud en su segunda administración. En 2011 Becerra muere acribillado a manos de hombre armados bajo el mando de  Marcos Figueroa. Diferentes versiones en terreno indican que Dilger Becerra era el intermediario entre alias Pablo, quien fuera jefe de la BACRIM de la alta Guajira luego de la desmovilización paramilitar y la estructura política de Pérez Bernier. Por medio de Becerra, Nueva Guajira recibía importante financiación.  Con este dinero Pérez Bernier logró posicionar los dos representantes a la cámara por este departamento; Hernando Deluque y Jimmy Sierra, ambos aspiran a relegirse en las próximas elecciones del 9 de marzo de 2014. Otro de los apoyos cuestionados de Nueva Guajira es la ex alcaldesa de Uribia Cielo Redondo quien se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alías Pablo, dentro de esta línea estaba también la Chachi Hernández, esta última fue socia de Jorge 40 en el proceso de blanqueo de dinero. Al ex gobernador de La Guajira  Francisco Gómez Cerchar se le acusa del asesinato de la Chachi Hernández. La otra estructura política importante en el departamento es la liderada por Francisco Gómez Cerchar quien fue varias veces alcalde del municipio de Barrancas. Kiko Gómez era un líder regional que mantenía negocios y una fuerte amistad con su familiar y socio Mario Cotes. Mario Cotes lideraba una importante estructura de contrabando en La Guajira y fue asesinado por orden de Víctor Ojeda o ‘Vitico’ quien fue el primer esposo de  la Chachi Hernández, esto llevó a que la red política de Kiko Gómez comenzara una guerra  con la red de la Chachi Hernández. Esta estructura se fortalece luego de la desmovilización paramilitar, a Kiko Gómez  se le suma el apoyo de Marcos Figueroa o Marquitos, importante narcotraficante y contrabandista de gasolina en La Guajira. Esta alianza los llevó a ganar la gobernación de La Guajira en 2011, poco antes de estas elecciones la estructura de Kiko Gómez y Marcos Figueroa desató una ola de violencia en todo el departamento. Enemigos de Kiko Gómez como La Chachi, Dilger Becerra cayeron rápidamente a manos de los sicarios de Marquitos. Esta alianza convirtió La Guajira en uno de los principales centros criminales del narcotráfico el país. La última estructura política del departamento es la que lidera el actual senador Jorge Ballesteros, quien fue electo por el Partido de la U.  Jorge Ballesteros mantenía una relación estrecha con el extraditado Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro. La oposición de La Nueva Guajira, está conformada por los políticos locales como Jorge Ballesteros Bernier, Antenor Duran y Amílcar Acosta quienes en la actualidad hicieron coalición con el ex gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar más conocido como Kiko. Tanto la alianza que lidera Jorge Pérez Bernier, como la de Kiko Gómez aspiran a consolidarse en las próximas elecciones del 9 de marzo. Nueva Guajira apoya a Hernando Deluque  y Kiko Gómez a Antenor Durán. La parapolítica en La Guajira que ha estado invisible y la captura de Kiko Gómez, es solo un parte de la historia. Tres departamentos en el país han estado en la total impunidad en lo referente a la unión entre fuerzas ilegales y estructuras política, La Guajira, Norte de Santander y Nariño aún tienen historias por contar.

Foto Diario El Universal La cifra es espantosa. 131 candidatos de 23 departamentos herederos de la parapolítica o con nexos con fuerzas ilegales están compitiendo para llegar al Congreso de la República. 48 aspiran al Senado y 83 a la Cámara de representantes. Muchos de ellos tienen una gran probabilidad de salir elegidos. En Bolívar, Santander, Guajira, Sucre, Cesar, Casanare, Magdalena y Norte de Santander las casas de la parapolítica se van a quedar con el mayor número de parlamentarios. Llevo 12 años investigando los nexos de fuerzas ilegales con líderes políticos. En cada elección tengo la ilusión de que el fenómeno va a ceder, la justicia va a lograr el desmantelamiento de los agrupamientos electorales mafiosos o los directores de los partidos van a expulsar a estas organizaciones de sus filas o por lo menos le van a negar el aval a los candidatos que surgen de allí. Pero al culminar las indagaciones mi desengaño es total. Cambian los nombres de los candidatos pero los apellidos son los mismos, hay relevo en algunas candidaturas pero las fuerzas que lo respaldan y controlan son las mismas. La maldición de Salvatore Mancuso sigue viva. Dijo: “Tenemos el 35 por ciento del Congreso”. Se fueron los jefes paramilitares extraditados, pero los jefes políticos ligados a ellos se quedaron y han mantenido su influencia. Nuevos capos de bandas criminales, del contrabando y de la minería ilegal han surgido y están metiendo la mano en la política. Hay cosas realmente impresionantes. Ahora se llama Opción Ciudadana. Primero fue Convergencia Ciudadana. Luego fue PIN. En cada elección cambia de nombre. Los mentores van a la cárcel, algunos son investigados y condenados, cuando salen vuelven a la plaza pública a acompañar a sus candidatos, otros escapan a la acción de la justicia. Es posible que en esta oportunidad superen el umbral y vuelvan con una bancada a Cámara y a Senado. Es un partido de la parapolítica de pies a cabeza. Pero los grandes partidos, los tradicionales, los que han gobernado al país en dos siglos de historia republicana, no han querido romper los vínculos con la parapolítica. El Partido Liberal tiene 28 candidatos vinculados a este fenómeno. El Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional tienen 27 cada uno. Cambio Radical 19. Uribe Centro Democrático 8. Ahí está la clave de todo. Ahí reside el grave problema. La Corte Suprema de Justicia ha realizado una gran tarea. Condenó a 61 parlamentarios y les abrió investigaciones a 67 más. Es un hecho sin precedentes en el mundo. Pero ni los partidos, ni el poder ejecutivo, ni la justicia regional han hecho la tarea. La labor de los directores de los grandes partidos y de los altos funcionarios del gobierno se ha limitado a separar de sus filas o a cerrarles las puertas del gobierno a quienes han sido condenados por la justicia. Pero mantienen los lazos y les confieren todo el protagonismo a los hijos, a los hermanos, a los sobrinos, a las esposas o a sus más fieles operadores políticos. Justifican esta actitud con un argumento falaz y descarado. Dicen que no hay delitos de sangre. Pero les hemos demostrado hasta la saciedad que nunca hemos denunciado a nadie por consanguinidad. En las investigaciones salta a la vista que los allegados hacen política con base en el poder económico y en las redes sociales y políticas acumuladas por su mentor en las andanzas con los ilegales. Montados en esa herencia llegan al Congreso, a las alcaldías y a las gobernaciones. Es una herencia ilegítima. Los herederos de la parapolítica y los aliados de poderosas fuerzas ilegales han contaminado toda la política colombiana. Con sus ríos de dinero elevaron el costo de las campañas de manera tal que los competidores tienen que apelar a la corrupción simple y llana, a la captura de cuantiosos contratos del Estado, para ganar elecciones. Se dice ahora que para asegurar una elección al Senado son necesarios 3.000 millones de pesos y para la Cámara se necesitan 900 millones. Eso sobrepasa con creces el salario de cuatro años de un congresista. Columna de Opinión Tomada de Semana.com

“Muchas personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno y el propio presidente Álvaro Uribe, me han pedido que cuente la verdad. Me exigen que le diga al país lo que hice en la guerrilla y quiénes fueron mis amigos. Se han molestado bastante por mi participación en las investigaciones académicas sobre la parapolítica y porque, desde mis columnas, he adelantado un debate sobre el grave daño que le ha hecho a la democracia colombiana la utilización de la violencia en la competencia política”. De esta manera, León Valencia Agudelo, actual Director de la Fundación Paz y Reconciliación, inicia “Mis años de guerra”, un libro publicado por primera vez en el 2008 y que en esta nueva edición bajo el sello Aguilar revisada por el propio autor, se convierte en una ventana que deja ver una Colombia después de la guerra. El autor revela en esta obra los detalles de su vida como integrante del ELN, las motivaciones que lo llevaron a ser parte de este grupo insurgente, su paso por el comando central y su posterior decisión de dejar las armas.Escrito en primera persona y dividido en cuatro capítulos: La traición y la vergüenza, Ilusión, Miedo y Desencanto, León Valencia narra en un estilo único la historia violenta de un país de la cual ha sido protagonista. En sus 286 páginas, intenta reconocer su parte de responsabilidad en la guerra colombiana y expone por qué optó por la paz. “Quiero ofrecer la memoria de mi pasado por la guerrilla. Contar esa historia como la vieron mis ojos. Como la vivió mi corazón. Contar cómo llegué hasta allí y cómo salí. Será, seguramente también una memoria controversial. Aspiro, eso sí, a que sea honesta conmigo mismo y con los demás”, señala el escritor.

Durante tres meses el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación realizó un trabajo en diez departamentos del territorio nacional, para identificar dentro de  la lista  de candidatos al Congreso de la República para  las elecciones del 09 de marzo, quienes de ellos representan riesgo electoral a través de posibles vínculos con fuerzas ilegales o por relaciones con políticos procesados judicialmente. Foto Colprensa El resultado de la investigación arrojó que 131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul en el  legislativo estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales, clasificadas en dos categorías. La primera como herederos del escándalo de la parapolítica (elecciones 2002- 2006, elecciones 2006- 2010 y elecciones 2010-2014), es decir familiares, amigos cercanos y aliados políticos de quienes están investigados y fueron condenados por relaciones con grupos paramilitares y un segundo tipo de relación, caracterizada por presuntos apoyos de actores armados como BACRIM, narcos, guerrillas y contratistas bandidos. En el mapa nacional la investigación se centró en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, César, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Córdoba. El departamento de Bolívar agrupa a 16 políticos como la mayor cantidad de elegibles con posibles vínculos con fuerzas ilegales. En segundo y tercer lugar se ubicaron Magdalena y César. Si bien la investigación tuvo como eje principal diez departamentos, la Fundación identificó la existencia de este tipo de relaciones en otros trece departamentos del país. Los resultados arrojaron tres niveles de riesgo por relaciones de candidatos con ilegales: alto, medio y bajo. El departamento que presentó el mayor número de aspirantes con alta advertencia fue nuevamente Bolívar. El estudio estableció que los candidatos cuestionados se encuentran en las listas de ocho partidos políticos (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Unidad Nacional, Centro Democrático, Cien por Ciento Colombia, AICO y la Fundación EBANO). Los partidos Conservador y Liberal, tradicionales en la política nacional, son los que mayor número de candidatos cuestionados tienen en sus listas. Con 28 candidatos, 18 de ellos para la Cámara y otros 10 al Senado, el Partido Liberal fue la fuerza política que registró el mayor elegible con riesgo. Descargue aquí el informe completo MAPA NACIONAL DE RIESGO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS CÁMARA- EDICIÓN 09 DE MARZO MATRIZ RIESGO CANDIDATOS SENADO- EDICIÓN 09 DE MARZO

Imagen de Hightimes El bloque Sur de las Farc, que opera en los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño, y que según las autoridades hoy está bajo el mando de alias Joaquín Gómez y alias Fabián Ramírez, no está divido y no es cierto que se oponga a las negociaciones de paz de La Habana, como advierten algunos analistas. De hecho, fue una de las estructuras que mejor cumplieron la tregua unilateral ordenada por el grupo guerrillero entre diciembre y enero pasados; en ella no se encuentran signos o intentos de disidencias e incluso ya se está preparando para el posconflicto. Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, presentado ayer por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, y los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira. Según el estudio, durante 2013 se presentó un proceso de recuperación de las Farc en el sur del país (Nariño y Putumayo) y ya se ve una presencia importante en cabeceras municipales, como Tumaco. Es lo que en los últimos meses se ha dicho en el sentido de que la guerrilla estaría citando a la población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento. En otras palabras, un “manual de convivencia” como preparación para el posconflicto, situación que se ha repetido en varias zonas del país. En ese documento se establece, por ejemplo, que es obligatoria la participación en las reuniones de formación política y se fijan criterios para la protesta social e incluso para la movilidad en los territorios. Según los analistas, las Farc apuntan a reconstruir su base social. Al mismo tiempo, el estudio revela que en algunas zonas del sur del país se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia que tradicionalmente han pertenecido a la guerrilla, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de posconflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en tales zonas una vez se firme un acuerdo de paz. “Existe una incapacidad del aparato estatal para tramitar conflictos sociales en las tres regiones objeto de investigación, lo anterior debido a: debilidad institucional en los municipios, a que la mayoría de la presencia de la Fuerza Pública en estas regiones está destinada a cuidar la infraestructura petrolera y energética, y a fenómenos de corrupción institucional”. En cuanto a La Guajira, se pudo establecer que en las zonas de frontera con Venezuela se han formado ejércitos privados (conocidos como Criollos y Curicheros) que trafican alimentos y gasolina. “De la mano de Marcos Figueroa, alias Marquitos, la banda de los Urabeños ha irrumpido en municipios del sur de La Guajira. Por otra parte, una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, los Rastrojos y los Paisas, estarían formando la Oficina del Caribe, que estaría avanzando por el Magdalena e incursionaría en La Guajira”, detalla la investigación. Sobre las conclusiones de la actual situación del movimiento social en estas regiones, el informe plantea que existe una gran expectativa e incremento de la protesta debido a temas de minería, petróleo y megaproyectos. En este sentido, se concluye que hay rechazo a la gran minería, pero una mayor tolerancia al petróleo, mientras sigue latente una gran inseguridad jurídica: “En Putumayo, en las zonas aledañas a proyectos petroleros, no se puede titular. En el caso de La Guajira existe una gran presión hacia los agricultores para vender sus tierras o cambiar a monocultivos. Un ejemplo es que allá los bancos ofrecen créditos por $7 millones por hectárea para cultivos tradicionales y $28 millones para cultivo de palma”. Otros datos claves señalan que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. Por ejemplo, en Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados, pero cada vez está mejor organizado, mientras en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar. Asimismo se encontró que, en general, los movimientos indígenas y campesinos están organizados, pero las comunidades afro no, y que en Nariño y Putumayo ha aumentado la fuerza de la Marcha Patriótica, pero de igual forma lo han hecho las amenazas y asesinatos a sus miembros y persiste un rechazo a este movimiento por parte de la industria petrolera. También hay un aumento sustancial de los conflictos de propiedad horizontal entre indígenas, campesinos, consejos de comunidades negras, grandes hacendados y grandes empresas. Artículo tomado El Espectador.com

Fotografía de Infomil El discurso de despedida del general Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares, es una pieza clave para entender lo que ocurre en el interior de la fuerza pública. Refleja una brutal inconsciencia sobre la suprema gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos; refleja también el profundo temor y la desconfianza de los militares con los acuerdos de paz de La Habana. Dice el general Barrero: “Mi retiro, que obedece a una decisión política, se produce por un infortunado episodio, relacionado con una conversación privada de hace dos años, con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas, por lo cual reitero mis disculpas al ente investigador”. No es un simple homicidio. Es la ejecución pavorosa de dos campesinos como parte de la inmensa cadena de falsos positivos, quizás el acontecimiento más vergonzoso en toda la historia de las Fuerzas Militares. No son simples “expresiones inapropiadas”. Es un llamado a atacar a la Fiscalía y una exhortación a delinquir: “No dejarse joder de esos hp fiscales y armarse como una mafia para denunciarlos”. No es una decisión política. Es un acto obligado del presidente de la República. Era imposible que el primer mandatario pasara por alto este hecho. Ahora bien, que un oficial del que no se tienen noticias de grandes desafueros y transgresiones a la ley, que un oficial de gran reputación, se atreva a tener este tipo de conversaciones con un subalterno acusado de cosas tan horrendas, muestra que en la cúpula militar y policial no hay plena conciencia del daño que le han hecho a la fuerza pública los más de 1.000 casos de falsos positivos. Los altos oficiales no han comprendido que es obligatoria una actitud drástica, vertical, preventiva, contra cualquier militar implicado en estos crímenes. No entienden que contemporizar con estas conductas promueve la impunidad y estimula a los subalternos a que continúen golpeando a la población inerme. Dice Barrero: “Tengo la esperanza de que, con la unión de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia”. Y agregó: “Invito a los soldados de tierra, mar, aire y río de las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia a continuar acompañando la valiosa gestión del señor general de la reserva activa Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana, quien con dignidad y carácter afronta un reto que exige pleno compromiso institucional”. No es una voz aislada. Se sabe que en las filas, en todas, en sus principales mandos y en los subalternos, hay miedo, mucho miedo, a que en La Habana negocien su futuro, a que la paz implique un severo juicio a las conductas de la fuerza pública. No tienen confianza en Santos. No confían en los negociadores civiles de la paz. Solo en Mora Rangel, al que consideran su representante, no un designado del presidente para llevar la voz de todos los colombianos. El discurso es una campanada de alerta para el gobierno, para todos los dirigentes políticos, para la opinión pública. Tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que sienten los militares en esta coyuntura histórica. Tenemos el deber de condenar actitudes o palabras que insinúen la insubordinación o el ataque embozado al sueño de paz de los colombianos. Pero, sobre todo, tenemos la obligación de comprender sus angustias y responder sus inquietudes. Los militares tienen un temor legítimo a que miles de soldados y policías acusados de delitos en medio del conflicto armado sean drásticamente castigados mientras los guerrilleros reciben generosos beneficios jurídicos. El presidente Santos, en el acto de posesión de la nueva cúpula, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que los beneficios judiciales serán iguales para militares y guerrilleros y que cualquier reforma a las instituciones militares y policiales será concertada con los generales del país y por fuera de las negociaciones de La Habana. No basta con esto. Es necesario abrir un debate público para mostrar que la verdad, la Justicia y la reparación tendrán una connotación eminentemente política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un proceso de retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto. Columna de Opinión tomada de Semana.com

Fotografía de Vanguardia Ni las Farc ni el ELN han dicho cómo se comportarán en las elecciones de 2014. En los últimos 20 años su estrategia ha sido el sabotaje. Después del sacrificio de la Unión Patriótica y del ascenso del paramilitarismo y la guerrilla, con muy contadas excepciones, promovió la abstención, se dedicó a las amenazas y a los atentados contra los candidatos y contra los funcionarios electos, realizó campañas militares en medio de la competencia electoral y buscó a toda costa impedir que funcionaran las instituciones locales. Ahora, al parecer, en medio de las negociaciones de paz, están cambiando de estrategia. Sin decir que harán un cese de hostilidades, sin declinar el uso de las armas y la presión indebida e ilegal sobre las comunidades, las guerrillas están dedicadas a una intensa labor política y social en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales donde tienen presencia. Las acciones armadas contra las elecciones se han reducido, así lo refleja el informe de la Misión de Observación Electoral. Dice que el riesgo general y el riesgo extremo por violencia  han bajado. También en las visitas a terrenos que hemos hecho desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha sentido que la labor principal de la guerrilla en estos meses es la organización  social de la población. En una de las visitas a Putumayo encontramos el ‘Manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades’ que impulsa el Frente Arturo Medina de las Farc. Es la guía que utilizan los guerrilleros, los miembros del Partido Comunista Clandestino, los activistas del Movimiento Bolivariano y los milicianos de las Farc  para controlar a la población civil, es la cartilla que están utilizando intensamente en esta coyuntura. Es bueno que el Estado y la sociedad estudien este tipo de documentos. Muestran con claridad el tipo de relación que las guerrillas tienen con los pobladores en sus zonas de influencia.  Es indispensable conocerlos a la hora de pensar en la transición y el posconflicto en los 242 municipios donde la guerrilla ha  tenido alguna injerencia. Se meten en todo. Obligan a cada uno de los habitantes mayores de 15 años a participar en las acciones comunales. Regulan las transacciones comerciales, las fiestas, las relaciones laborales, las familiares y la educación; castigan a las familias que tienen miembros en la fuerza pública con la expulsión de las veredas, señalan dónde  y cuándo los sacerdotes y pastores deben realizar sus oficios religiosos, establecen permisos para salir a las cabeceras municipales, especifican los cultivos de pancoger que deben impulsar las familias, ordenan la reparación y el buen uso de las vías de comunicación. Nada se escapa. El ‘manual’ muestra que allí, en la Colombia profunda, se ha ido generando una verdadera subcultura, un país distinto, atravesado por una guerra, cerrado en sí mismo, para impedir el acceso del otro país, del país enemigo. Visto desde una óptica conservadora diríamos que es un manual de buenas costumbres, una guía zanahoria de vida. Proscribe el alcoholismo y el uso de drogas alucinógenas y psicoactivas; ataca a los ladrones y a los tramposos; les pone límites al horario de las fiestas y los bares; obliga a los pobladores a realizar trabajo comunitario; incluso ordena una higiene especial para el sacrificio del ganado con el fin de prevenir enfermedades. Es un manual que envidiaría Alejandro Ordóñez. Pero visto desde una óptica de libertad, de derechos y democracia es un verdadero desastre. La guerrilla, con mucha razón, reclama cambios en las costumbres políticas y sociales  en el país de acá, en la democracia precaria que nos rige; pero no es menor el cambio que tendrá que hacer ella para adecuarse a las exigencias democráticas del mundo de hoy; para ayudar de verdad a  construir una Colombia pluralista, comprometida con la libertad y los derechos humanos. No basta con declinar el sabotaje y la acción militar contra las elecciones. Es obligatorio promover el voto libre en sus territorios. Columna de opinión tomada de Semana.com

Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba de una fachada legal en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave, lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país. Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y estaban autorizados para actividades de inteligencia. Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique en su denuncia. Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud. Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para matar al expresidente. La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba autorizada por el alto mando. Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición, entonces, ¿quiénes son, dónde están? Columna de Opinión publicada en Revista Semana

En los últimos días las Farc dieron a conocer a las comunidades de los departamentos de Caquetá y Putumayo, un manual de instrucciones donde les piden a los habitantes de estas regiones en un documento de 46 puntos, la manera de estar activos en las actividades sociales y económicas integrando las juntas de acción de comunal de sus zonas. El documento fue descubierto a través de las investigaciones y seguimiento al conflicto armado, realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación para analizar la última tregua anunciada por las FARC, en donde el Bloque Sur de la guerrilla avanza estratégicamente para preparar a las comunidades ante una eventual etapa de posconflicto en esta zona del país. Las imagines obtenidas por los investigadores revelan una avanzada de los hombres de las FARC en una amplia zona del Putumayo para consolidar procesos políticos. Descargar imágenes