Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: la guajira hoy y guajira news Perfil de Jairo Aguilar Deluque, nuevo gobernador de La Guajira Inscribió su candidatura por la coalición de 5 partidos políticos, encabezada por el partido de La U, el partido Cambio Radical, partido ASI, partido Demócrata Colombiano y el partido La Fuerza de la Paz. Deluque, según el medio regional Tuu Putchika, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con un magíster en derecho con énfasis en derechos humanos. En su pasado ha sido secretario de Gobierno Departamental y secretario del Distrito de Riohacha, también ha sido alcalde encargado en tres ocasiones, en los municipios de Riohacha, Manaure y Fonseca. Fue electo como nuevo gobernador de La Guajira (2024-2027) con 195.266 votos, además de elegirse también como el alfil principal de Alfredo Deluque, cuestionado por ser líder del clan “Nueva Fuerza Guajira” el más poderoso en La Guajira. Perfil de Genaro Redondo, nuevo alcalde de Riohacha Es médico cirujano de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, especialista en gerencia y auditoría y magíster en administración de empresas, fue diputado en los periodos de 2012-2015 y 2015-2019 por el partido Alianza Social Independiente (ASI). Para estas elecciones su inscripción la realizó por firmas por el movimiento significativo de ciudadanos “Genaro”, con el que resultó electo como nuevo alcalde de Riohacha, (2024-2027) con 30.090 votos. Redondo contó con el apoyo del representante a la Cámara y líder del clan “Nueva Fuerza Guajira” Juan Loreto Gómez, quien estuvo en un evento masivo en Riohacha el pasado 30 de septiembre acompañando a Redondo.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad fotos tomadas de: Caracol Radio y Opinion Caribe Perfil de Rafael Alejandro Martínez, nuevo gobernador del Magdalena Aval: Partido Fuerza Ciudadana Rafael es administrador de empresas y administrador público con especialización en administración. Fue alcalde de Santa Marta en el periodo 2016-2019 por Fuerza Ciudadana. Fue secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena en el periodo 2019-2020. Se presentó como candidato al Senado de la República en 2022, pero se quemó porque el partido no alcanzó el umbral. En 2022 la Procuraduría formuló pliego de cargos a Rafael Martínez por presuntos incumplimientos en la construcción de la Megabiblioteca Fase I en la IED San Pedro Alejandrino de Santa Marta; el cargo es de violación a los principios de responsabilidad por no declarar el incumplimiento del contrato por parte de la constructora. Como comenta W Radio, en marzo de 2022 Rafael fue citado a versión libre por la Contraloría del Magdalena en investigación por presunto detrimento patrimonial por el alquiler de carrotanques. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desconoce el avance de estas últimas investigaciones. En mayo de 2023 la Procuraduría General de la Nación profirió a Rafael Martínez pliego de cargos por irregularidades en la construcción del Parque del Agua: atrasos en las distintas etapas del proceso y se habrían firmado adiciones y prórrogas para aumentar el valor de las cantidades de obra: "se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales", comenta Semana. En julio de 2023 la Procuraduría General de la Nación imputó pliego cargos por irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira, ya que, según la dirección encargada de la investigación, la planeación no fue coherente ni consecuente con la magnitud real de la obra, lo que generó retrasos y adiciones que incumplieron con la ley. En julio de 2023, el periódico Casa Macondo y el medio Vorágine publicaron un artículo en el que presuntamente, según las declaraciones de Nova Lorena Caño a la Fiscalía General de la Nación, Martínez sería el presunto intermediario entre el gobernador Carlos Caicedo y el exsenador condenado Mario Castaño en el caso de 'Las Marionetas'. Martínez ganó con 307.089 votos por encima de Mallath Martínez, quien solo obtuvo 103.129 votos, y de Franklin del Cristo Lozano, que superó los 95 mil votos. Perfil de Carlos Pinedo Cuello, nuevo alcalde de Santa Marta Aval: Grupo Significativo de Ciudadanos Santa Marta Sí Puede; Cambio Radical Hijo extramatrimonial del exsenador guajiro Miguel Pinedo Barros y medio hermano de los exsenadores Hernando y Miguel Pinedo Vidal, este último condenado por parapolítica por sus lazos con el frente Resistencia Tayrona de las AUC, y tío de Miguel Alfredo Pinedo, excandidato a la Cámara por el partido Centro Democrático —quien pudo haber estado inhabilitado para aspirar a cargos públicos debido a un contrato con la Agencia Nacional de Minería que se desestimó 10 meses antes de las elecciones de marzo de 2022—. Carlos es el actual heredero del caudal electoral del clan Pinedo. Pinedo ha sido desde 2012 concejal de la ciudad de Santa Marta, habiendo sido investigado por la Procuraduría Regional del Magdalena en 2015 por contratar a la esposa de un concejal, del mismo modo que ha sido un personaje polémico en su ejercicio dentro del Concejo Distrital, siendo denunciado por haber acusado a la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend de revender vacunas de Covid-19. Tiene una base de 7.458 votantes con los que obtuvo la curul de Cambio Radical en el Concejo en el último período electoral. Pinedo Cuello ganó con 85.372 votos tras la anulación de la candidatura de Jorge Agudelo, a quien la comisión escrutadora decidió no contabilizarle sus votos, posterior a la decisión del Tribunal de Santan Marta de negar la tutela con la que Agudelo recibió la candidatura por su partido, Fuerza Ciudadana, luego de la salida de Patricia Caicedo en octubre de 2023.

Por: Juan Manuel Velandia Molano foto tomada de: Sede de Impretics en Cali. | Foto: daniel jaramillo La antigua Imprenta Departamental del Valle del Cauca, hoy Impretics, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental (E.I.C.E.), un tipo de organización que, según la Ley 1757 de 2015, artículo 50, se encuentra excluida de la obligación de rendir cuentas públicamente, porque su modelo de contratación la excluye de los mecanismos establecidos por la Ley 80 de contratación pública. Según alerta de la Procuraduría General de la Nación, emitida en 2022, Impretics E.I.C.E. habría suscrito un total de 17 convenios interadministrativos que sumaron $13.233.371.083 millones de pesos, sin embargo, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta empresa ha ejecutado más de 400.000 millones de pesos entre 2016 y 2023 en distintos departamentos, no solo en el Valle del Cauca, lo que la haría ser reconocida popularmente como un “contratadero”. Hay que destacar que en nuestra investigación encontramos patrones de contratación preocupantes, los cuales presuntamente tendrían como finalidad favorecer al clan de Dilian Francisca Toro -los últimos gerentes y directores de junta directiva de Impretics E.I.C.E. son personas cercanas a y escogidas por Dilian- y a los operadores políticos del departamento. Entre tales patrones estarían: ampliación de su objeto social a una amplia multiplicidad de servicios para ejecutar mayor cantidad de recursos; búsqueda de mayor número de convenios interadministrativos gracias a su naturaleza jurídica que le permite saltarse las leyes de la contratación pública y tercerización o subcontratación de los convenios interadministrativos, en algunos casos de hasta el 100%. Aunque Impretics E.I.C.E. ha ejecutado más de 450 contratos alrededor del país por más de 400.000 millones de pesos, su personal de trabajo es de alrededor de 17 personas y su sede se encuentra ubicada en el sótano de la Gobernación del Valle del Cauca. Le invitamos a leer el informe con toda la denuncia, aquí:

Por: Oficina Pacífico Fotos: Pares Desde comienzos de 2023, la Oficina Pares Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), como socio local del programa Juntos por la Transparencia (JxT), ha estado acompañando la veeduría de las obras de remodelación y adecuación del Centro Integral para la Juventud (CAIJU) en Buenaventura. Un espacio con el que los jóvenes bonaverenses sueñan para poder desarrollar sus agendas y convertirlo en nodo de actividades políticas, sociales, culturales y deportivas de la juventud de la ciudad. Pares ha estado acompañando la veeduría del grupo Soy Joven de Buenaventura, la Plataforma Distrital de Juventudes y el Consejo Distrital de Juventudes, a este acompañamiento también se sumó la organización Activa Buenaventura. Luego de muchos años de esfuerzos y peticiones a diversas administraciones, las obras de remodelación del CAIJU se iniciaron en el mes de febrero de este año, y desde entonces Pares, junto con los veedores ciudadanos, ha visitado en seis ocasiones la obra para constatar avances y retrasos, desde el mes de mayo hasta octubre. La obra inicialmente debía haberse concluido el 02 de agosto y estar lista para la Semana de la Juventud, que se celebraría en la segunda semana de ese mes. Sin embargo, el 28 de julio, a 4 días del plazo, la obra se suspendió a solicitud del contratista. En una visita realizada por las veedurías y la Oficina Pares Pacífico el 30 de agosto, se constató que la obra se encontraba paralizada desde el 15 de agosto, fecha en que vencieron las pólizas de seguro. Para ese entonces ya se habían roto los tiempos estipulados. Recordemos que la estructuración del proyecto estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Distrital, en coordinación con la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil y se le adjudicó a la Asociación de Municipios del Sur de Antioquia (MUSA) como administradora de los recursos y facultada para la contratación del ejecutor, que es la Unión Temporal CAIJU. En aquél momento, los representantes de la administradora de los recursos les presentaron a los veedores un nuevo responsables designados para finalizar la obra, quienes reconocieron los retrasos anteriores y arguyeron que se demoraron más de lo que tenía previsto en el relleno de las planchas de las terrazas del CAIJU. En esta misma visita se explicó que se estaba elaborando un plan de choque y que se había solicitado una prórroga de dos meses para terminar lo acordado en el contrato. El plan de choque iniciaría el 15 de septiembre y tardaría 2 meses, la obra debería estar terminada el 15 de noviembre. A pesar de esto, el arquitecto a cargo del plan de choque informó que se habían llevado a cabo actividades que no estaban incluidas en el contrato, y que se tendría que buscar una solución a esta situación, para lo que se acordó una visita de la veeduría con los encargados de la obra para el 09 de octubre. Para esa fecha la obra seguía sin avanzar y no se tenía fecha para reanudación de actividades y se informó que no se realizarían las intervenciones que se tenían planeadas, y que se anticipaba una menor durabilidad de la infraestructura. Según la administradora de los recursos, MUSA, lo anterior se debió a problemas de seguridad pública en Buenaventura, lo cual causó que los trabajadores no acudieran de manera tan constante a la obra; extorsión a ferreterías y vendedores de material; cierres de vías por protestas y, finalmente, por un problema presupuestal, pues en el contrato se solicitaban ciertos adecuamientos, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención de la cancha, que superaban el presupuesto asignado para estos. Esto generó un lío administrativo, que se cerró con la decisión de no adecuar la cancha, sino mejorar las instalaciones existentes en ella. Luego de todo este lío, se esperaba reanudar la obra el 17 de octubre y entregarla el 30 de noviembre. Desde entonces las obras han avanzado un poco, sin embargo, siguen las preocupaciones por parte de la veeduría de que no se logre completar la obra este año o, si se hace, no cumpla con las condiciones iniciales acordadas. Esto porque ya se entra a temporada de invierno, lo que dificultará las obras, demás de que se observan algunas fisuras en ciertas partes de la obra, lo que señala materiales defectuosos, tercero porque nos e han avanzado en las obras de los baños y cuarto puesto que no se realizarán las adecuaciones acordadas para la cancha. La historia del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) de Buenaventura es un reflejo de desafíos persistentes y una gestión deficiente. Las sucesivas suspensiones, retrasos, y las preocupaciones sobre la calidad de la obra plantean incertidumbres acerca de si este espacio vital para las juventudes se completará con éxito. Las limitaciones climáticas, los problemas estructurales, y la falta de transparencia en la ejecución del proyecto aumentan la aprehensión. Con pocas semanas para la fecha prevista de entrega, es imperativo que las autoridades de control aborden estos problemas y cumplan con las expectativas de la comunidad, garantizando un CAIJU funcional y de calidad. Le invitamos a leer este informe completo del ejercicio de veeduría que ha venido acompañando la Oficina Pares Pacífico como socio local en Buenaventura del programa Juntos por la Transparencia (JxT). En el PDF podrá encontrar información de todas las visitas realizadas, reportes, fotografías y nuestro análisis:

Por: Redacción Pares Semana del 21 al 27 de noviembre de 2023 El proceso de diálogo y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN cumplió en este noviembre un año, contando desde que inició el primer ciclo en Caracas, donde las partes lograron diseñar los protocolos para el funcionamiento de la mesa. Más tarde, en febrero, en el segundo ciclo, se logró en México la construcción de la agenda que guía el conjunto del proceso, y en el tercer ciclo, llevado a cabo entre mayo y junio en la ciudad de La Habana, se logró el acuerdo sobre un cese bilateral y una dinámica de participación, ambos temas en marcha. Finalmente, en el cuarto ciclo entre agosto y septiembre, en Caracas, hubo nuevos acuerdos sobre temas humanitarios en algunos territorios difíciles y una revisión de lo avanzado, sin duda importantes logros para un año de trabajo. Este jueves 30 de noviembre inicia el quinto ciclo en México y las dos partes llegan con la tensión del tema del secuestro, punto difícil sobre el cual hay que lograr, ojalá, una perspectiva de superación que salga de este ciclo. No sabemos la agenda del quinto ciclo, si ya fue acordada entre el Gobierno Colombiano y el ELN, o si será un tema a acordar en los primeros días de trabajo. Lo importante es que hay quinto ciclo y se puede trabajar en avanzar para lograr fórmulas de entendimiento sobre la suspensión del secuestro por parte del ELN y el delicado punto de la sostenibilidad de la organización en medio de un proceso que aún está lejos de lograr la maduración de un acuerdo de paz, lo cual coloca la perspectiva de firma y fin de este conflicto en un horizonte de mediano plazo. Ojalá en este gobierno, así las cosas, se pueda plantear el tema de la financiación del ELN avizorando un fin del conflicto. Sin embargo, es un planteamiento que no se corresponde con la urgencia del momento: lograr un compromiso del ELN de suspender la horrenda práctica del secuestro, sin ninguna contraprestación. Allí está el reto que tienen Gobierno y el ELN en este quinto ciclo. Otros temas que seguramente serán tocados en este quinto ciclo son: evaluación del cese bilateral que ya va por más de la mitad de tiempo y que tiene vigencia hasta el 03 de febrero del 2024, la dinámica de participación para la construcción del Plan Nacional de Participación, que debe estar formulado en febrero de 2024, las dinámicas humanitarias acordadas para el Baudó, El San Juan, el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar. Sobre este conjunto de temas, hay mucho por abordar y ajustar. Igualmente se ha mencionado el interés del Gobierno Colombiano de iniciar un intercambio sobre el punto de víctimas, tema acordado en la agenda y por supuesto central del proceso, ya veremos si es abordado y si las partes logran acuerdos que por ahora pueden ir en el orden metodológico de cómo lograr una participación de un amplio grupo de víctimas que han empezado a manifestar su interés de colocar sus reflexiones y propuestas. Este tema, que debe ser discutido con el suficiente tiempo buscando acuerdos, sin duda tiene amplios referentes en la experiencia colombiana, por mencionar el más reciente, el sistema integral de verdad, justicia y reparación que está en el acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC, acuerdo que acaba de cumplir siete años. Tenemos nuevo Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el cierre del ciclo del Alto Comisionado Danilo Rueda, quien mostró compromiso y trabajo infatigable al frente de esta importante responsabilidad. En estos días ha tenido visibilidad el accionar del Clan del Golfo sobre el Sur de Bolívar, vamos a ver si el Gobierno Colombiano asume el reto de contener un avance sobre este importante territorio, lo cual le daría mayor credibilidad en la mesa con el ELN, que siempre ha insistido en que este proceso cuenta con acción coordinada entre el Clan del Golfo y estructuras del Ejército Nacional, tema igualmente denunciado por organizaciones comunitarias del Sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño, dos territorios vecinos y donde la acción del Clan del Golfo se ha venido intensificando en los últimos tres años. Desearle a la delegación del Gobierno Colombiano, que puede tener nuevo coordinador o coordinadora, e igualmente a la delegación del ELN los mejores logros en este quinto ciclo, que puede sesionar muy seguramente hasta pocos días antes de la Navidad. 1. Otty Patiño habla sobre la crisis en el diálogo con el ELN por el tema del secuestro / El Espectador: 2. Iván Cepeda sobre el ELN: es hora de tomar decisiones frente al tema del secuestro / El Espectador: 3. En la Paz Total se ha desescalado el conflicto, según la fiscalía de la JEP: https://www.lasillavacia.com/en-vivo/en-la-paz-total-se-ha-desescalado-el-conflicto-segun-fiscalia-de-la-jep/ 4. Colombia: el gobierno retoma el diálogo con el ELN: https://www.pagina12.com.ar/689219-colombia-el-gobierno-retoma-el-dialogo-con-el-eln 5. Quinto ciclo de diálogos con ELN: ¿qué se sabe y cuándo comienza?: https://colombia.as.com/actualidad/quinto-ciclo-de-dialogos-con-eln-que-se-sabe-y-cuando-comienza-n/ 6. Tras salida de Danilo Rueda, ¿qué desafíos tiene Otty Patiño para encaminar la Paz Total? / Caracol Noticias: 7. Otty Patiño dirigirá procesos de paz en Colombia, ¿qué opina el Congreso? / W Radio: 8. Columna de Antonio García: https://telegra.ph/EMPRESAS-DE-COMUNICACI%C3%93N-Y-LA-MATRIZ-MED%C3%8DATICA-11-20 9. Entrevista al senador Ariel Ávila, quien habla de la salida de Danilo Rueda del Gobierno / El Tiempo: 10. Presidente Petro anuncia salida de Danilo Rueda del cargo de comisionado de paz: ¿qué viene? / El Tiempo: 11. Danilo Rueda deja de ser el alto comisionado para la Paz y lo reemplazará Otty Patiño / Blu Radio: 12. “Danilo Rueda está pagando por la recocha de paz que armaron con ‘Mordisco’”: ELN / Blu Radio: 13. Comunidad huye de Serranía de San Lucas por enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo / Caracol Noticias: 14. ¿Ganó el ELN las elecciones territoriales en Arauca? Salud Hernández-Mora opina / Semana: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Aunque la sensibilidad la tienen indistintamente todos los seres humanos, los formados y los no formados, es corriente llamarles sensibles a quienes con juicio y espontaneidad se preocupan del respeto a los otros y por la protección de los débiles y, en el caso de los periodistas, porque se preocupan por el esclarecimiento de los hechos sociales anómalos o extraordinarios, y porque los mueve la necesidad de comunicar la verdad. No obstante, sin importar el área cognitiva en la cual se desenvuelva cada quien, hay quienes por su conducta indolente frente a los otros, son denominados insensibles. Incluso, son tantas las personas con un grado de sensibilidad tan bajo y tan anormal, que la comunidad científica ha concluido hábilmente que ello es consecuencia de la carencia de una neurona, la llamada neurona espejo. La neurona espejo genera las empatías y las fraternidades y, sobre todo, a las personas que la poseen, les permite vivir lo que sienten las otras personas, con la sola experiencia de observarlas en sus modos de actuar y expresarse. Siendo muy joven conocí, aquí en Bogotá, a periodistas importantes y me hice amigo de ellos, como por ejemplo del hipersensible Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria, asesinado en Manizales el 01 de febrero de 2002 por esclarecer y comunicar la verdad; es decir, por ser muy sensible. Esa hipersensibilidad suya, revela que Orlando contaba con más de una neurona espejo, que le permitieron moverse siempre en el terreno de las verdades, y sus investigaciones, por sensibles, lo expusieron con indefensión ante los criminales de este país, ante los insensibles. Fui amigo cercano de Julio Daniel Chaparro, cronista del periódico El Espectador, a quien asesinaron en Segovia, Antioquia, el 24 de abril de 1991, por estar indagando sobre la verdad en un contexto social donde todas las autoridades parecían comprometidas con lo criminal. Desafortunadamente, aparte de estos dos periodistas citados, también asesinaron por sensibles a otros muchos. Según el diario El Espectador, refiriéndose a los 161 periodistas colombianos asesinados desde 1977, “61 trabajaban en medios de prensa, 64 en radio y 16 en televisión. Los 161 periodistas asesinados fueron víctimas del paramilitarismo, de las bandas criminales, de los narcotraficantes, de las cadenas de corrupción, de miembros de la Fuerza Pública y de las guerrillas como las FARC, EPL y ELN”. En el presente, ya pasado el tiempo de las mayores atrocidades –el tiempo de las FARC, de los paramilitares y de los políticos corruptos–, me pregunto: ¿qué habrá pasado en esos años por la mente de aquellos periodistas a quienes no asesinaron, ni persiguieron, ni les hicieron la vida imposible? La respuesta es que pasó muy poco, y hasta da grima decirlo; pero lo cierto es que un buen número de ellos hacía parte de los insensibles. Los insensibles no sólo carecen de la neurona espejo, como ya lo ha explicado la ciencia, sino además tienen hinchado el gen egoísta, porque sólo ven su propio interés y dejan de lado la empatía hacia los otros; y sufren de aporofobia, porque rechazan y desprecian a los pobres, al ver en ellos a quien no puede devolverles nada a cambio. Por todo eso, en el presente es comprensible que los mismos jefes paramilitares (y no porque se les haya activado la neurona espejo, sino porque gracias a la JEP se les ha convertido la verdad en una moneda de cambio) están confesando que nada de lo realizado por ellos lo hubieran podido llevar a cabo sin la complicidad de algunos medios de comunicación y de algunos periodistas. Y aunque haya suficientes indicios acerca de quiénes pueden ser esos medios y esos periodistas, debemos esperar a que sus nombres los dé a conocer la Fiscalía y no un ciudadano corriente, ni un modesto opinador, como lo soy yo, así escriba para la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), que es un medio bastante conocido por la sagacidad de sus investigadores y por la excelsitud de sus investigaciones. Lo cierto es que las noticias sobre las barbaridades cometidas contra la población hasta hace muy pocos años las recibían los grandes medios y las editaban a puerta cerrada. Si de obtener información se trataba, resultaba casi imposible conseguirla en las instalaciones de los medios que las atesoraban, pues había que sortear una rigurosa requisitoria y era muy difícil acceder a los cubículos de sus oficiosos periodistas que se cuidaban de que los “chiviaran”. Siendo así: ¿quién podría enterarse de las informaciones antes de que estas fueran ocultadas o editadas al antojo de políticos y grupos económicos? Si bien los hechos noticiosos de orden público sucedían en todo el territorio nacional, no se podía obtener informaciones veraces sobre ellos; porque, siendo precisamente el tiempo de las comunicaciones a puerta cerrada, los ciudadanos de a pie que las presenciaban –que podrían propagarlas sin restricciones– no contaban con un fax para enviar informaciones noticiosas con inmediatez; ni con un beeper para poner mensajes y hacer llamadas urgentes, y menos contaban con una cámara fotográfica o con una costosa filmadora para registrar los hechos a comunicar. A esos dispositivos sólo podían acceder los periodistas adscritos a los grandes medios. Semejante realidad, tecnológicamente antidemocrática, y muy bien aprovechada por los poderosos privilegiados, viabilizó la ocurrencia de la barbarie paramilitar, al evitar que la población se enterara de las verdaderas razones que la movían y al permitir que pasara como normal en una sociedad violenta; porque los ciudadanos, al desconocer lo que realmente estaba ocurriendo, construían imaginarios a partir de cuanto los medios de comunicación les informaban, y la conclusión falaz devenía en algo así como: “el país va en desarrollo, porque estamos ganando la guerra”. Una guerra imposible de ganar, porque nadie gana contra sí mismo auto eliminándose y menos promoviendo el desarrollo de una minoría a costa del subdesarrollo de la mayoría. Bajo ese contexto de informaciones manipuladas, la población cayó en un estado de conformidad y resignación, frente a una realidad social que le habían obligado a entenderla solamente así: inequitativa, de relaciones esclavistas y donde los jóvenes se desaparecían por la puesta en práctica de una premisa criminal: si no están recogiendo café es porque están delinquiendo. En el presente, cuando ya no hay que buscar el teléfono en cabinas telefónicas o pedirlo prestado a una casa vecina, porque se lleva en el bolsillo un celular que contiene, además del teléfono una cámara fotográfica y una grabadora de audiovisuales, cuando el costo de todos esos dispositivos tecnológicos, reunidos en un solo aparato, es asequible a la mayoría de las personas, las noticias llegan a todo mundo con urgencia y oportunidad, y puede cada quien sacar sus conclusiones y hacer el análisis de ellas, mucho antes de que puedan ser ocultadas o ajustadas a la medida de los poderosos. Por tal razón, en el presente es muy fácil saber cuáles son los medios que ocultan, tergiversan o crean noticias falsas, como lo hace la Revista Semana, pues cada persona que tiene un celular puede contrastar sus noticas con las versiones que recibe de ciudadanos, conocidos o anónimos, gracias a las redes sociales y a su teléfono celular. Por ello se ha venido derrumbando la credibilidad en los periodistas de la Revista Semana, pues es comprobable fácilmente que sólo producen noticias falsas o falaces. Ya nadie cree en ellos y quienes los leen y acompañan es porque hacen parte del mundo de los insensibles, o de quienes –lo cual sería una excepción– no cuentan con un teléfono celular o no tienen acceso a las redes de internet. Con todo, pese a que sólo me he referido a la Revista Semana, entiéndase que incluyo igual a otros medios como Blu Radio, Caracol, RCN y la W Radio, o a periódicos como El Tiempo, El Colombiano y El País, que por haber nacido y haberse forjado en los tiempos de las puertas cerradas y la insensibilidad, se niegan al cambio porque todavía no se les activa la neurona espejo. En tal suerte, se están derrumbando junto a la Revista Semana y se están llevando consigo a la Flip, por su falta de rigor investigativo o por ser parte aberrante de los insensibles. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Venezuela está pasando por un momento favorable tanto en su economía como en el sistema político. Luego del encuentro amistoso en México entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, de haber permitido que la oposición se organizara en las primarias –en las que fue elegida, de manera abrumadora, María Corina Machado– y prometer llamar a elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, el gobierno norteamericano ha decidido flexibilizar las sanciones a este país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado que la más grande empresa estatal venezolana -PDVSA- pueda realizar transacciones de “producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela, y el suministro de bienes y servicios conexos”. Esta nueva situación está convirtiendo a Venezuela en un atractivo país para hacer negocios. Varias empresas internacionales le están poniendo la mira para realizar allí inversiones, entre ellas, la colombiana Ecopetrol, quien viene teniendo acercamientos para acordar un plan de inversiones e intercambios energéticos. Para Ecopetrol, al igual que las demás multinacionales, realizar inversiones en Venezuela resulta muy atractivo. Este país cuenta con la primera reserva de petróleo del mundo y la quinta en gas. Además, dada la cercanía territorial y la tradición comercial con Colombia en la compra y venta de combustibles –actualmente Ecopetrol tiene un acuerdo vigente firmado por 20 años desde 2007–, el terreno está listo para que esta sea una de las relaciones más fructíferas. Para Ecopetrol hacer inversiones en otros países no es indiferente. Actualmente, la empresa colombiana tiene dineros invertidos en exploración en el golfo de México, en Brasil y en la lejana Angola. De allí que el negocio que se le está abriendo con la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos le permite a esta empresa seguir ampliando su negocio por fuera de Colombia, pero ahora de una manera más segura y rentable. El objetivo de Ecopetrol es realizar alianzas con PDVSA para aprovechar las inmensas reservas de petróleo y gas. Las sanciones que por varios años que le impuso el país del norte generaron que los pozos se cerraran y las instalaciones se paralizaran. Ahora, el gran esfuerzo que Ecopetrol tiene que hacer como inversionista está en poner nuevamente a funcionar las máquinas y adecuar las redes existentes con reparaciones y actualización tecnológica. En este sentido, no se trata de hacer inversiones en exploración –pues Ecopetrol no desea por ahora hacerlo ni dentro ni fuera del país, ya que además de costosas las inversiones son riesgosas–, sino en explotación de los yacimientos existentes. Aquellos que se encuentran paralizados por las sanciones, siendo un primer frente de trabajo el transporte por oleoductos y gasoductos. Entre los muchos beneficios que obtendrá Colombia con este negocio está la reducción del precio del gas que se consume en el país. Desde hace varios años, el precio del gas viene subiendo en Colombia, lo que ha provocado varios males, entre ellos, el aumento del costo de vida para los usuarios del servicio y el aumento del precio de la electricidad, al ser este un insumo para la generación de energía térmica. Para Colombia esta noticia resulta muy positiva, en el sentido que el precio del gas hoy está por las nubes, ha subido más de un 40% en el último año en algunas regiones, presionando el costo de los servicios públicos y la inflación. Ahora el acuerdo podría reducir los costos del transporte de gas, dada la cercanía con el vecino país es uno de los incentivos que tiene Ecopetrol para realizar inversiones. Además, se intentará aprovechar la capacidad instalada entre ambos países. Durante el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia y de Hugo Chávez en Venezuela se construyó el gasoducto Antonio Ricaurte en la frontera con La Guajira, el cual tiene una extensión de 225 kilómetros, de los cuales 80 kilómetros están en Colombia. Gasoducto que se utilizó hasta 2015, pero que fue abandonado. La idea es que para diciembre de 2024 comience a operar, Ecopetrol buscará acompañar a PDVSA en la revisión y adecuación de este. Finalmente, en la actualidad Colombia importa gas –200 millones pies cúbicos al día– y está en riesgo de abastecimiento hasta el 2027, cuando espera aumentar la producción en La Guajira. El objetivo con el convenio sería aumentar la seguridad energética del país. Aprovechar los campos de petróleo liviano que tiene Venezuela en el golfo de Maracaibo y la gran cantidad de insumos que hoy compramos de manera costosa a Europa y el Medio Oriente. En breve, asociarse con PDVSA es un negocio rentable y atractivo para Colombia. Se ha encontrado un socio que ayudará con el suministro de gas, un aliado para avanzar en la transición energética y la producción de energías limpias a través del gas, pues este es el energético clave para hacer la transición energética en el mundo. Para Venezuela también resulta muy provechoso este negocio. Entre los beneficios están la reactivación de la economía y tener un socio estratégico cercano que le permita transportar gas y petróleo para ser exportado a Asia desde el puerto de Buenaventura o para que sea consumido de forma más cercana por Ecuador, Perú o Bolivia. Igualmente se busca que Colombia le suministre a Venezuela energía eléctrica. Nuestro país tiene energía limpia, producida en sus hidroeléctricas y que, dada la cercanía, podría exportar hacia Venezuela, ayudando con ello a avanzar en la sustitución de energía fósil por energía renovable y construyendo una relación de economías que trabajen en la descarbonización. En conclusión se trata de un negocio gana-gana. Un intercambio comercial que le permitirá a ambos países dinamizar sus economías en tiempos de crisis y un futuro incierto. Un acuerdo comercial con el que Ecopetrol logrará aumentar el valor de la empresa. Una alianza estratégica que ayudará a mejorar la seguridad energética de gas y petróleo. Por último, una unión de dos países hermanos que quieren apostarle a la transición energética y afrontar con éxito el cambio climático. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 03 de julio de 2023, las organizaciones encargadas de hacer seguimiento al cambio climático en el mundo dijeron que ese lunes se habían registrado 17,01 grados Celsius (°C) en las aguas oceánicas del Pacífico oriental. Convirtiendo esta fecha en la más cálida en la Tierra en los últimos 125.000 años. Al día siguiente, las mismas agencias tuvieron que salir a dar otra noticia, a cambiar la fecha y decir que ese día se había superado el récord de calor en 0,17 grados. Finalmente, el miércoles 05 de julio, por tercer día consecutivo, ocurrió algo similar: la temperatura del océano se ubicó en 17,18°C. Lo anterior provocó que, en menos de una semana, se rompiera, en tres ocasiones, el récord histórico del día más caluroso de la historia de la humanidad. Una noticia alarmante a la que se le unieron los 43,3°C en Las Vegas y Nuevo México en Norte América, los 42°C en la región Caribe —en especial el norte de México—; y los 41,1°C en Pekín, China (Ver gráfico). Fuente, Infobae: https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2023/07/05/las-cuatro-consecuencias-del-dia-mas-caluroso-del-planeta-y-por-que-pronto-el-record-sera-superado/ Este aumento generalizado de la temperatura en el planeta mostró, también, las graves consecuencias que tiene el fenómeno climático. Entre las más visibles estuvieron los cientos de incendios forestales que se presentaron en España, Italia, Grecia y Estados Unidos; y las sequías y pérdida de cultivos que hay en casi toda África y parte de Asia. También está haciendo visible, aunque de manera más lenta, la destrucción de glaciares en Rusia y la Antártida. El calor planetario está provocando el deshielo de territorios que desde hace más de 40 mil años tienen agua solidificada y que, al derretirse, están presionando el surgimiento de bacterias y microorganismos que estimulan aún más la producción de CO2. En nuestro país, los mayores efectos los observamos en la fuerte sequía en el norte, en territorios como La Guajira o el Magdalena, donde la gente tiene problemas serios de alimentación y carencia de agua. Territorios que, además, muy pronto comenzarán a sufrir de racionamiento eléctrico, por el descenso en la producción de energía hídrica. Las causas de este fenómeno climático ya las sabemos. Los científicos se han afanado a advertir que estamos ante la confluencia de dos situaciones: por un lado, el fenómeno de El Niño, que comenzó hace muchos siglos y que consiste en el calentamiento del agua del océano Pacífico —el más grande del planeta— con repercusiones en todo el ecosistema mundial. Por el otro, el cambio climático, que es un fenómeno más nuevo. Este se ha ido intensificando desde mediados del siglo XIX —cuando comenzó la primera revolución industrial—. Desde ahí hemos aumentado el consumo de combustibles fósiles —primero el carbón y luego gas y petróleo— con lo que se han incrementado los niveles de gases efecto invernadero y, con ello, el calentamiento global. Una externalidad negativa que el planeta está sintiendo cada vez más. Según registros, desde 1980 la temperatura promedio de la tierra se viene incrementando en 2ºC por década. De allí que los registros del clima aumenten de forma alarmante cada dos o tres años: en agosto de 2016, por ejemplo, se registró el nivel de calentamiento más alto en la historia con 16,0 ºC; y dos años después, en junio de 2019, ocurrió exactamente lo mismo. Este año, como vimos, superamos el récord tres veces, y al paso que va, cada período que avanzamos la temperatura será mayor. Por eso, cuando te pregunten por cuál será el día de mayor temperatura del planeta Tierra, podrás decir con certeza: será mañana. Un pronóstico aterrador y por el cual hacemos poco para cambiarlo. De allí la responsabilidad de no naturalizar el fenómeno o al menos no pensar que no podemos hacer nada. Es necesario que todas y todos trabajemos en tomar medidas para dar un giro y no seguir aumentando la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera. Es urgente que, desde los diversos escenarios, los líderes tomen decisiones que cambien este rumbo hacia la muerte. A principios de este agosto es necesario presionar para que la Cumbre Amazónica o Cumbre de Países del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los ocho gobiernos sudamericanos que comparten territorio del Amazonas, se comprometan con la protección de este bioma amazónico y avanzar en programas de descarbonización de las economías, como aporte a la solución del problema global (Ver: El cuidado de la Amazonía en el gobierno Petro). También habrá que presionar a final de año, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023, para que los países responsables de buena parte de la emisión de CO2, y que se reunirán en los Emiratos Árabes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —conocida como la COP28—, se aten a medidas de cuidado del planeta. Como humanidad debemos poner al servicio del planeta nuestros aprendizajes. Debemos usar el cerebro para pensar en procesos productivos —como la agricultura o ganadería— responsables con la naturaleza. Debemos parar la tala de bosques y la destrucción de los recursos por la búsqueda de las riquezas minerales. Debemos reducir la demanda de combustibles fósiles. Y debemos trabajar en desarrollar más energías renovables, eficientes y limpias. Está en juego nuestro presente: el año pasado se registraron 61.672 muertes por calor en Europa en su tórrido verano —imagínense cuántos serán este año—, y en tan solo siete años, en 2030, 77 millones de europeos no tendrán agua potable. Pero, sobre todo, está en juego el futuro de la humanidad: de no hacer nada, en 70 años los habitantes de nuestro planeta tendrán que soportar temperaturas que superarán a los 50ºC —de nuevo imagínense cómo será ese infierno—y, sin duda, ante esa situación nuestros nietos nos recordarán con poco afecto. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 15 de noviembre, Iván Velásquez Gómez –ministro de Defensa Nacional– visitó la Universidad de Antioquia. Fue invitado por la rectoría a inaugurar el ciclo de conversaciones Diálogos de país: Tiempo para pensar y actuar, con las que el Alma Mater está celebrando sus 220 años de existencia. La presencia del ministro en esta universidad fue histórica. Fue la primera vez que un ministro de Defensa visita el multicampus universitario; además lo hizo en el emblemático Teatro Universitario Camilo Torres; y su participación se dio en medio de un ambiente de respeto y cordialidad, al punto que no interrumpió su discurso ni un petardo ni una voz disonante. Desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía estuvo dialogando sobre varios temas de la coyuntura nacional. Con su compañero de mesa, el doctor en Educación y profesor Abadio Green Stocel –quien es asesor para Asuntos Étnicos del Ministerio de Educación– estuvo hablando de seguridad, de asesinato de líderes y de cambio de mentalidades. Entre los factores que hicieron posible esta histórica situación están: primero, la condición de invitado honorario que realizó el ministro Velázquez a la universidad. Se le pidió que como egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia nos contara, de primera mano, su papel como actor clave en el actual gobierno. La Universidad busca en este cumpleaños resaltar el compromiso que siempre ha mantenido con el desarrollo de la sociedad. Pues, además de formar profesionales con un saber técnico y profundo de la realidad, también le entrega al país líderes hacedores de políticas que, desde los lugares que ocupan en los cargos públicos, atienden los problemas y ayudan en su superación. Segundo, la comunidad universitaria quería hacerle un reconocimiento al ministro por su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos. Este abogado de la Universidad de Antioquia ha sido coherente durante toda su carrera como jurista: estuvo al frente, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Parapolítica, y fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).​ De allí que cuando se le preguntó a su compañero de mesa, al profesor Abadio Green, por el asesinato de líderes indígenas y su efecto nefasto en conservar el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas, el ministro no dudó en intervenir y resaltar la necesidad de hacer un trabajo cooperado multisectorial, donde incidan todos los ministerios y agencias del Estado, pues la defensa de la vida debe ser un compromiso de todos. Y tercero, uno de los factores que más pesó para el buen comportamiento de los estudiantes y líderes con la visita de Velázquez al ágora universitaria, se halla en la postura que tiene este frente a la protesta de las universidades públicas. Como era de esperarse, uno de los temas sobre el que se le indagó fue sobre el manejo que le daría a la seguridad y el orden público durante este Gobierno. Se le recordó que las universidades públicas son en esencia espacios de discusión y debate, donde la protesta puede aparecer en cualquier momento. Los manifestantes recurren, en muchas ocasiones, a realizar expresiones violentas que se transforman en disturbios y que afectan el orden público y la seguridad ciudadana. Lo cual ha llevado a que las autoridades municipales y departamentales, en muchas ocasiones, usen la fuerza para controlar las protestas. La preocupación de los asistentes se centró en el cambio de gobierno departamental y municipal. En Antioquia los dos mandatarios elegidos y que inician en enero tienen como rasgo distintivo el sesgo por el uso de la fuerza pública para mantener el orden y la seguridad. Lo cual pone en situación de alarma a todas las personas que concurren diariamente a estos espacios universitarios. Si algo hay que resaltar en la Universidad de Antioquia en el periodo de post pandemia es el cambio en la cultura política de la protesta. La no presencia de la fuerza pública en las manifestaciones estudiantiles ha generado una reducción al límite de los disturbios, de las personas agredidas y de los cierres del campus. Esto evidencia un cambio de política y que debe mantenerse. Por eso, cuando se le preguntó al ministro por el tema, su respuesta fue clara: “la fuerza pública nunca debe entrar a las universidades”. Además, se le ha dicho en conversaciones con los mandatarios locales y regionales que no debe existir un giro en la manera como el Estado viene manejando el orden público en el componente de las protestas estudiantiles. Un ejemplo del giro de este gobierno en el respeto a la protesta se encuentra en la transformación institucional que tuvo el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que hoy mutó en Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Y que tiene como principio regulador del desorden el diálogo y la intervención de la fuerza como último recurso (Ver: Un ejército para la paz). En conclusión, el encuentro con el ministro de Defensa sirvió como espacio para ratificar la nueva postura que está asumiendo la fuerza pública frente a la protesta estudiantil. Para contarnos que se está avanzando en el Estado en cambiar la mentalidad de los soldados y policías. Camino que a pesar de los cambios en los gobiernos locales y departamentales, debe continuar. También sirvió el evento Diálogos de país para mostrar el aporte que la universidad realiza al país. No solo con los valiosos conocimientos que genera, sino también formando profesionales que desde sus lugares ayuden a dirigir la sociedad. Egresados y egresadas comprometidas con aportar con sus conocimientos científicos a diagnosticar las realidades y, en especial, cambiar estas situaciones. Cumpliendo a cabalidad el lema del encuentro: Tiempo para pensar y actuar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Dos de las más importantes ideas sobre la paz en el mundo nos las entregaron Mahatma Gandhi y Boutros Boutros–Ghali a comienzos del siglo veinte y al final del mismo, respectivamente. El primero presentó la paz como camino, es decir, como un sendero que hay que recorrer de manera continua; el segundo la imaginó como una construcción, que conlleva acciones, con las que, al final, se ven los resultados (Ver: El uso de las metáforas en los estudios políticos y de la paz, Universidad de Antioquia, 2023). Estas dos ideas, a pesar de lo específicas que puedan parecer o ajenas a las dinámicas de nuestro país –pues una se gestó en la lejana India en la década de 1930, y la otra en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el decenio de 1990–, se han convertido en algo recurrente en Colombia y podemos ver cómo son usadas a diario en los discursos sobre la paz. Para constatar esta afirmación no es sino echar la mirada una década atrás y se verá cómo el expresidente colombiano Juan Manuel Santos tomó como referente teórico la idea de trabajar en la “construcción de una paz estable y duradera”, revelando con ello el afecto que le tiene a la idea que propuso el exsecretario de la ONU en 1992 cuando nos presentó Una agenda para la paz. La paz como construcción nos habla de un conjunto de acciones diseñadas por los actores responsables de mantener el orden público y velar por ella. Un conjunto de medidas que tiene como fin fortalecer las capacidades estatales para gestionar los conflictos violentos y, a la vez, crear las condiciones políticas, económicas y culturales para edificar una paz sólida. Una idea de paz que está asociada básicamente a la reconstrucción de sociedades, luego de intensas luchas y violentos combates. Una propuesta de paz que se sitúa en el momento en el que se han firmado acuerdos de paz mediante el diálogo político y en el que comienzan a implementarse programas post bélicos –post-conflict peacebuilding– con los que se busca socavar las causas de los conflictos y construir una nueva realidad pacífica. Una idea que, como vemos, le calza como anillo al dedo a la paz de Juan Manuel Santos; ya que durante su mandato (2010-2018) logró negociar un acuerdo de paz con las FARC-EP, en el que quedaron establecidos una serie de programas –como los PDET o el PNIS– con los que se busca atender las causas que originaron el conflicto –como el tema agrario, la participación política y el narcotráfico–. Programas con los que se aspira a consolidar la paz en los territorios. En breve, acciones como los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), al igual que los encaminados a la reincorporación política, económica y social, y que indican tareas para mejorar la confianza en el Estado y bienestar de las personas. Por tanto, podemos concluir que las políticas que se desarrollan en Colombia, desde hace más de una década, se pueden inscribir claramente en la idea de paz como construcción que propuso Boutros–Ghali hace tres décadas. Sin embargo, esta idea de paz como construcción parece distanciarse cada vez más de la propuesta de Paz Total que nos hace actualmente el presidente Gustavo Petro. Los avances en materia de paz con las diversas estructuras armadas ilegales en el país –ELN, disidencias y bandas criminales– evidencian que estamos en Colombia muy lejos de tener nuevos programas de desarme, desmovilización y reinserción, y mucho más lejos de una situación posbélica. La política de Paz Total –desde su inicio con la Ley 2272 de 2022– nos ha dejado claro que estamos en otra propuesta de paz. Una propuesta muy diferente a la que planteó y dejó instalada el gobierno de Juan Manuel Santos (Ver: La Paz Total como política pública). La idea que quiero dejar sentada en esta columna es que la propuesta de paz del gobierno Petro es más cercana a la paz que propuso Gandhi hace casi cien años como camino. Como recordará el lector, a Mahatma Gandhi le tocó vivir en un momento muy tenso en la historia de la India, cuando esta nación era gobernada por el imperio británico y su pueblo era sometido a fuertes medidas que lo afectaban en todos los ámbitos –económico, político, social, cultural, etc.–. Lo que hizo el líder indio fue ir proponiendo y ejecutando acciones de resistencia que tuvieron sus efectos con el pasar de los años. Un ejemplo lo podemos encontrar en la mítica Marcha de la Sal, que realizó Gandhi en 1930, para la que propuso un recorrido de cerca de 400 kilómetros, con dirección a Gujarat, en la India, con el objetivo de generar un boicot contra las instituciones británicas. Estas obligaban al pueblo indio a comprar sal importada del Reino Unido, a pesar de contar con la riqueza salina local en el mar Arábigo. Así como esta estrategia de resistencia fueron muchas las que le sirvieron a Gandhi para ir configurando la propuesta de paz como camino. Una larga experiencia de resistir, de oponerse y de trabajar con la gente, para con ellos construir una idea de paz similar a un largo sendero por el que se transita colectivamente. Una senda por donde nos movemos permanentemente: enfrentándonos con obstáculos, proponiendo acciones y logrando cambios sociales y políticos de manera lenta. De allí que diga que la Paz Total se puede inscribir en la idea de paz de Gandhi. Lo cual lo justifico en tres observaciones: primero, porque la Paz Total de Petro, al igual que la gandhiana, sólo tiene claro el propósito: acabar con la guerra y la violencia contra el pueblo. Este objetivo quedó claro desde el primer discurso de Petro como presidente. En agosto de 2022 habló de la necesidad de trabajar unidos en un gran acuerdo nacional para romper, por fin, con más de seis décadas de confrontación armada y ofrecer al pueblo una realidad de paz. Segundo, porque al camino de la Paz Total, como el camino de Gandhi, no se le conoce con claridad. No se sabe a ciencia cierta qué pasos se tendrán en los próximos meses o años, no conocemos una política que guíe la ejecución de estrategias y no conocemos el final, solo aspiramos a reducir la violencia. Solo tenemos hasta el momento varios procesos de paz iniciados, pero con dinámicas muy distintas. Estamos ante una situación que se aparta de la idea de paz como construcción, pues no contamos con los planos para construir la paz y llegar al posconflicto como si lo cuentan hoy las ex FARC-EP con el Acuerdo Final. Y tercero, varias de las estrategias que usa el gobierno Petro para persuadir a los violentos son actos de no-violencia. A pesar de que el Estado Colombiano posee una Fuerza Pública armada fuerte, este Gobierno propone acciones de cambio usando programas sociales en los territorios y no las armas. Una filosofía muy similar a la de no-violencia y que está causando muchas críticas desde la oposición, debido, precisamente, a la inactividad armada y a la falta de uso de la fuerza, como ocurre esta semana en el sur del país. En este sentido estamos recorriendo un camino de saltos, en el que hemos tenido momentos buenos –como aquel, al final de año pasado, cuando se informó de un cese multilateral del fuego–, pero también otros donde hay momentos complejos y difíciles –como los que se viven en la primera semana de noviembre de 2023, en los que se lidia con un secuestro realizado por el ELN, una parálisis de las negociaciones con el Estado Mayor Central de las FARC y con un proceso donde no se avanza con las estructuras criminales de alto impacto (Ver: La foto de la paz con las estructuras criminales)–. En conclusión, el modelo de paz que viene desarrollándose en Colombia desde hace un año, con el ascenso de Gustavo Petro al gobierno tiene rasgos muy similares a la propuesta de paz que hizo el filósofo y activista indio, Mahatma Gandhi, como camino. Una paz en la que lo único claro es la búsqueda por reducir la violencia armada y cerrar todas las guerras armadas en el país. Una idea de Paz Total que propone a los gobiernos que vendrán que se mantengan firmes en este sendero de pensar la paz como política de Estado. Una metáfora de paz que, hay que reconocerlo, no es nueva en el país. Ya otros mandatarios y líderes como el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria la propusieron, Gaviria de hecho la defendió hasta su muerte el 21 de abril de 2002. Una idea de paz que nos recuerda, como nos diría Gandhi, que: «no hay camino para la paz, la paz es el camino». Un sendero que hay que recorrer en compañía de otros actores, una gran marcha que durará tal vez mucho tiempo. Esperemos que esta filosofía de la paz como camino nos dé resultados y logremos –parafraseando a Gandhi– independizarnos del sendero de guerra o descolonizarnos del dominio de los violentos. Una idea que nos propone convertir a la paz en una actividad permanente, en la que es necesario trabajar incansablemente para avanzar. Una tarea que nos exige tener la convicción de que este es un camino, que hay que recorrerlo y que debemos estar abiertos a las sorpresas, pues no hay seguridad en los pasos que daremos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Como dejé planteado en mi columna anterior (Ver: La foto de la paz con las estructuras criminales) el sometimiento a la justicia de las bandas criminales es el componente de la política pública de Paz Total del gobierno Petro en que menos se ha avanzado. Entre los factores que han contribuido a este retraso están: la carencia de un marco normativo apropiado, la falta de cooperación de la Fiscalía General de la Nación, los pocos avances en lo procedimental en las mesas de diálogo y el escaso apoyo de la ciudadanía a este componente de la paz. Ante esta situación se espera que en el corto y mediano plazo se vayan configurando en Colombia varios frentes de trabajo que permitan acelerar estos procesos de diálogo y presentar mayores resultados. Siguiendo la secuencia de los problemas encontrados, en esta nueva columna planteo varios retos que tienen el Gobierno y los demás actores implicados en el proceso. El primero y más urgente es trabajar en darle certidumbre normativa a estos diálogos socio-jurídicos. Ante el poco avance en la discusión y aprobación de la Ley de Sometimiento, debe revisarse la normatividad existente en el país. Es necesario aclarar si la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz, que creó un marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe– y las normas asociadas a la extinción de dominio –Ley 1708 de 2014– brindan los instrumentos legales y los incentivos económicos y jurídicos para que los actores que han mostrado interés en participar se acojan al proceso y negocien. Eso sí, teniendo claro que, tanto para el Gobierno y la sociedad como para los grupos ilegales de alto impacto, la mejor opción es la aprobación del proyecto de Ley de Sometimiento que hoy está en el Congreso de la República (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). Esta Ley brindaría mayores instrumentos legales para el sometimiento de las organizaciones de crimen organizado a cambio de desmantelar sus estructuras, aportaría más información para reducir el crimen y avanzaría con mayor seguridad en la reparación colectiva de las víctimas. En segundo lugar, el Gobierno debe aprovechar el cambio que en febrero realizará la Corte Suprema de Justicia con la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Lo que se espera es que una de las tres mujeres, propuestas por el presidente Petro, le imprima otro aire a la Paz Urbana. Que sea más amiga con los acercamientos y negociaciones que se tienen con las estructuras criminales de alto impacto. La proyección es tener una fiscal que tenga mayor apoyo y tolerancia con este componente de la Paz Total. Se espera que el cambio de fiscal haga, por un lado, que el organismo de justicia, en lugar de criticar la norma, ayude en la discusión del proyecto de ley y proponga los ajustes que requiere la norma; y, por el otro, reduzca los riesgos legales tanto para los negociadores como para quienes representan a las bandas criminales. Recordemos que ambos tipos de actores se encuentran en riesgo, pues se estaría hablando con criminales sobre asuntos “ilegales” sin tener un marco legal que los proteja. Y el tercer frente de trabajo está asociado a las mesas de diálogo socio-jurídico. Los líderes de las bandas criminales deberán avanzar en la construcción de una agenda de negociación en la que lo social ocupe un lugar especial. Es normal pensar que a cambio del silencio de los fusiles los ilegales pidan un tratamiento especial en temas de apoyos económicos, educativos y de infraestructura social, tanto a los actores de la guerra como a las comunidades en las que tienen presencia. Las estructuras armadas organizadas querrán aprovechar los aprendizajes de la paz en Colombia. En la historia de las negociaciones de paz hemos aprendido que, por un lado, deben construirse agendas amplias, donde –además de incluir los programas de desarme, desmovilización y reinserción– se discutan asuntos de justicia, memoria, desarrollo y democracia, entre otros. Además, un acuerdo que permita avanzar en aportar a la verdad, la reparación colectiva y la no repetición. En definitiva, los actores del conflicto en las ciudades buscarán que los diálogos socio-jurídicos involucren también a la ciudadanía, a la población, a las comunidades, lo que es uno de los elementos más importantes en todo proceso de paz. Hasta el momento, esta participación ha sido escasa, el protagonismo lo han tenido los representantes del Estado y de las bandas criminales. Y ante el deseo de justificar el uso de las armas y de acciones como el reclutamiento de menores y la extorsión, los líderes criminales buscarán formas de justificar su actuación ilegal. En conclusión, nos encontramos con unos diálogos socio-jurídicos con grupos armados criminales que, aunque han avanzado poco, se puede aún trabajar para construir este componente de la Paz Total para que dé resultados. Estamos a tiempo de señalar un camino para negociar con actores armados criminales que estarán tentados a buscar formas de aumentar su poder en lugares muy propicios para aprovechar las economías ilegales. Nos encontramos, a pesar de la experiencia pasada, ante un laboratorio de Paz Urbana. Avanzar en este componente de la Paz Total nos podría, en el corto plazo, ayudar a des escalar el conflicto armado en las ciudades, a reducir los daños que provocan los ejercicios que hay entorno a la protección de las economías ilícitas y a generar un ambiente de convivencia en el que los indicadores de violencia territorial no sean los más preponderantes. En breve, a hacer que, además de la pobreza, la ciudadanía no tenga que vivir en un ambiente que amenaza su vida y no permite el desarrollo. Finalmente, estamos ante un proceso de paz que –aunque tiene un carácter de sometimiento– buscará construir un modelo de pacificación que supere la simple dejación de las armas y el fin del conflicto. Un proceso que propondrá un diálogo social en el que se involucre lo económico, lo cultural y lo político, buscando mejorar la prestación de servicios, el desarrollo y la participación ciudadana. Finalmente, un proceso que, a pesar de alejarse de una negociación política, insistirá en que tenga algunos elementos de justicia restaurativa individual y colectiva (Ver: Medellín: ciudad piloto de la Paz Urbana). *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La política pública de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro –Ley 2272 de 2022– cumplirá el próximo 04 de noviembre su primer año (Ver: La Paz Total busca ser política de Estado). Entre sus componentes –el relativo a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con las disidencias y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC), y con estructuras criminales de alto impacto–, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales es el que menos ha avanzado. Hasta el momento tan solo se han logrado instalar en tres ciudades distintas –en Medellín el 02 de junio (Ver: Inició la fase de diálogos de la Paz Urbana), en Buenaventura el 18 de julio y en Quibdó el 18 de agosto– mesas de diálogo socio-jurídico; pero su operación se encuentra estancada o casi paralizada. Además, no se tienen instaladas mesas con otros Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo –también autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)–, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), “Los Pachenca” y las decenas de grupos armados criminales que delinquen y someten a extensos territorios en Bogotá y otras grandes capitales del país. Nos encontramos en una situación muy similar a la que se vivió con los grupos paramilitares durante el gobierno de la Seguridad Democrática. Allí, lo importante para el Estado era tomarse una foto con los combatientes entregando las armas, pero se discutía poco sobre temas sustanciales. La diferencia aquí es que en las nuevas imágenes lo que se busca es que se vea una masa grande, llena de manteles blancos, donde salen sentados los cabecillas de las bandas criminales y no la entrega de armas. Las razones para que esté ocurriendo esta situación son diversas, entre ellas: que no se cuenta con un marco normativo apropiado que incentive el diálogo y el sometimiento; no existe una cooperación interinstitucional entre los organismos del Estado que haga posible el trabajo coordinado; en lo procedimental, las mesas de diálogo no cuentan con una agenda clara de trabajo, ni con protocolos; y no se cuenta con el apoyo de la ciudadanía que le imprima legitimidad al proceso. Estos factores hacen que estos procesos de diálogo socio-jurídico no avancen en las tres ciudades. En el tema normativo, como se sabe, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia –que se presentó en marzo de este año al Congreso de la República– con el que el Gobierno busca que las bandas criminales se acojan a la justicia, se encuentra sin mayor discusión. Estamos frente a una propuesta que está al borde del olvido y que a un año del inicio de los diálogos tiene pocos avances que mostrar. Esto está provocando que los diálogos socio-jurídicos tengan un halo de inseguridad y generen el congelamiento de los actores, en especial, para los líderes criminales que están en libertad (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). En lo institucional, la Fiscalía General de la Nación –que es uno de los tres organismos responsables de impulsar, apoyar y trabajar alrededor del sometimiento, junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia y del Derecho– se ha opuesto rotundamente a apoyar este componente de la Paz Total. El fiscal Francisco Barbosa ha criticado y obstaculizado fuertemente la propuesta en todos los escenarios posibles, lo que aumenta el temor de los integrantes de las mesas –tanto del equipo del Gobierno como los representantes de las bandas– a avanzar en los acercamientos y negociaciones. En lo procedimental se tiene unas mesas de conversaciones instaladas con delegados y voceros elegidos por cada parte (Ver: Medellín: ciudad piloto de la Paz Urbana). Pero estas no han logrado avanzar en la construcción de protocolos de funcionamiento, establecer una agenda temática y comenzar a realizar acuerdos parciales –como un cese de hostilidades o pactos de no agresión–. Además, no se tienen en las mesas representantes de todos los grupos armados de alto impacto, lo que genera temor entre las bandas que hoy se encuentran en diálogo y que ven en riesgo el poder que tienen en los territorios y la seguridad para sus miembros. Y, finalmente, en lo social, persiste el poco acogimiento de la población a este tipo de procesos con las organizaciones criminales. Aunque algunas organizaciones sociales le apuestan a la Paz Urbana –la cual asocian al cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC-EP–, no quieren que asocien sus acciones con las bandas criminales de las ciudades. Y al igual que los integrantes de las mesas de diálogos, están esperando que este componente cuente con el sustento legal y que existan propuestas claras para participar en una agenda de negociación en la que la sociedad tenga autonomía. En conclusión, nos encontramos con unos diálogos socio-jurídicos con grupos armados criminales en los que se ha avanzado poco en materia de la política pública de Paz Total. En un componente que es fundamental para desescalar el conflicto armado en las ciudades reducir los daños que provocan los ejercicios que hay entorno a la protección de las economías ilícitas –narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, extorsión y control urbano territorial, entre otros negocios criminales– y generar un ambiente de convivencia en el que los indicadores de violencia territorial no sea lo más preponderante. Vemos lejos la Paz Total para las comunidades urbanas y los territorios afectados por el conflicto con las estructuras criminales de alto impacto. Tendremos que esperar con paciencia varios años para tener información precisa –proveniente de los aportes de los líderes que se sometan a la justicia– sobre sus redes de apoyo, colaboradores, instigadores y beneficiarios de sus actividades ilícitas. También habrá que esperar varios años para que estos actores participen en actividades de restauración del tejido social y reparación de las comunidades afectadas por sus acciones criminales. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.