Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista Las recientes elecciones locales son un recordatorio de lo lento y deficiente que es el proceso para lograr la participación política de las mujeres y la representación real de nuestras necesidades. Para el caso del Valle del Cauca, de las 42 alcaldías electas del Valle, en solo 9 municipios ganaron mujeres. A comparación del año 2019 cuando se alcanzaron 7 alcaldías lideradas por mujeres, el crecimiento a 9 continúa siendo insuficiente, dado que representa el 21% del total de los municipios. Menor es la representación para el caso de las gobernaciones, que en 6 de los 32 departamentos fueron elegidas mujeres, lo que significa un 18,7%, que si bien hubo un crecimiento con respecto al 2019 cuando sólo en 2 departamentos la gobernación fue ocupada por mujeres, sigue siendo un bajo porcentaje y dibuja un largo camino por recorrer. Frente a esto, el informe de la Misión de Observación Electoral de 2023 destaca que en Colombia hubo un ligero aumento en el porcentaje de candidatas mujeres, del 37,5 % en 2019 al 39,05 % en 2023, pero es clave resaltar a ciudades principales como Bogotá, que pasó de tener una alcaldesa mujer a no tener candidatas mujeres para ocupar dicho cargo. Como quien dice, en ese largo camino por recorrer, avanzamos dos pasos, pero retrocedemos tres. La lenta paridad de género en la política se refleja en la ausencia de mujeres compitiendo para lograr estar en cargos clave como lo son alcaldías y gobernaciones. Pero si bien la falta de representación femenina en posiciones de liderazgo político limita nuestra capacidad para abordar las necesidades específicas de las mujeres en la toma de decisiones, la representación política tampoco es suficiente para lograr la transformación deseada. La participación de las mujeres en la política no es solo un tema de representación, sino de influencia real en las decisiones que afectan nuestras vidas y de correspondencia con nuestras necesidades. Es fundamental reconocer que tener más mujeres en el poder no garantiza necesariamente que trabajen en beneficio nosotras. Las mujeres y hombres que acaban de ser elegidas en estos cargos políticos deben abordar activamente y de manera especializada las cuestiones de género y, en definitiva, deben dejar de instrumentalizar el discurso de género, porque en vez de aportar lo que logran es profundizar los estereotipos y las violencias y desvían la atención sobre cuestionamientos centrales. Como lo acaba de hacer la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en respuesta a los constantes señalamientos por corrupción que le ha hecho el congresista Duvalier Sánchez, ella lo señala de tener una conducta “misógina”, dice que no va a conciliar con él porque eso sería admitir la “persecución de género” y que su lucha no es individual sino que “es una lucha para que cese la violencia de género en el ejercicio político”. A los señalamientos por corrupción no se escapa apelando a la violencia política de género. Pero entonces, estos resultados confirman tres conclusiones que no son novedosas. En primer lugar, el avance de la participación política de las mujeres sigue siendo muy lento; en segundo lugar, las mujeres que logran un cargo político no están representando los intereses de las mujeres ni abordan las cuestiones de género de forma adecuada; y, en tercer lugar, la defensa y participación de las mujeres en la política a menudo se basa en argumentos que perpetúan estereotipos de género dañinos. Es esencial que sigamos presionando para que los gobiernos entrantes trabajen en beneficio de todas, todos y todes, porque la participación política de las mujeres no solo debe ser un tema de números, sino de impacto real. *Aprovecho el tema de las adicciones para decirles que yo también soy adicta al café por las mañanas, especialmente el que es producido por mujeres caficultoras.

Por: Natalia Reina, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Ministerio de Educación y colombia.com En Quibdó, la Unión Temporal PAE Quibdó 2023, a la cual se le adjudicó el 20 de enero de 2023 el contrato por $12.295.000.000 para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la componen dos sociedades con múltiples cuestionamientos. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) conoció distintas denuncias de las manipuladoras de alimentos contratadas por el operador del PAE Quibdó que señalan retrasos de hasta tres meses en sus pagos y falta de cobertura en riesgos laborales y salud. De hecho, en septiembre de 2023, un grupo de empleados vinculados al programa se tomaron una de las bodegas de almacenamiento como protesta ante el incumplimiento de los pagos. Asimismo, en algunas instituciones educativas como en el corregimiento de Tutunendo en Quibdó, se ha denunciado la insuficiencia de alimentos para preparar, lo que ha obligado a los docentes a reducir la intensidad horaria de las clases por falta de insumos para entregar a los niños. Algunos padres de familia han hablado también de mala calidad y mal estado de los alimentos entregados. La Unión Temporal PAE Quibdó 2023 está integrada por dos sociedades: la Asociación Mis Primeros Pasos (60%) y la Fundación Unidos Nutriendo Sueños (40%). Ninguna de las dos sociedades es nueva en procesos contractuales relacionados con el PAE, más bien llevan varios años ejecutando multimillonarios contratos PAE en diferentes departamentos y municipios, en nombre propio y a través de empresas “hermanas” con las que comparten relaciones estrechas de representación legal y vínculos contractuales, sumando ambas una larga lista de presuntos cuestionamientos por mala prestación del servicio, entrega de alimentos en mal estado, entrega de documentos con irregularidades, incumplimiento en los pagos, etc. La Fundación Unidos Nutriendo Sueños, pese a ser una empresa con origen en Bogotá, ha surtido contratos PAE en Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Córdoba y Magdalena, en donde han surgido múltiples denuncias por irregularidades en los PAE, e incluso algunos políticos han tenido líos judiciales y fiscales por ello. Su representante legal, Gineth Paola Pacheco Herrera, teniendo tan solo 24 años está al frente de una organización operativa que ha sido beneficiaria de procesos contractuales del PAE que suman más de 45 mil millones de pesos. Por su parte, la Asociación Mis Primeros Pasos tiene algunos vínculos con políticos de Chocó y ha tenido una larga experiencia en la ejecución del PAE en diferentes municipios del departamento en cuestión, entre ellos Bahía Solano, Lloró, Quibdó y Bojayá para población indígena. Ha sido cuestionada por incumplimiento en contratos, falta de entrega de información, entrega de documentación presuntamente falsas, entre otros. Y, ¿por qué si estas empresas cuentan con tantas irregularidades siguen ganando los contratos para los PAE en el departamento? Recordemos que según la reglamentación son las Secretarías de Educación de los municipios las responsables de ejecutar contratos PAE, pero la interventoría se le delega justamente a las mismas Secretarías de Educación Municipal, es decir que la misma administración que funge como contratante es la misma que vigila. Sin embargo, los entes de control regionales también brillan por su ausencia, pues aunque han realizado algunas denuncias, no toman acciones contundentes frente a las irregularidades, sus roles han sido más bien pasivos. Mientras el Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa convirtiéndose en uno de los banquetes más apetecidos en Chocó; los estudiantes y los contratistas tercerizados terminan siendo los más afectados. De manera que los mismos operadores con amplios y cuestionables historiales continúan atornillándose en la ejecución de contratos del PAE, firmando hasta tres o cuatro contratos en un mismo año; presuntamente a través del beneplácito de los mismos políticos locales y regionales que se han perpetrado en el poder. Le invitamos a leer el informe con la denuncia completa, datos de las empresas y los contratos, aquí:

Por: Jeimy Paola Medina Barón, Dinamizadora de la Caja de Herramientas “Se Juega la Vida” En la región occidental de Colombia, donde la inmensidad del océano Pacífico se mezcla con la esencia de la cultura afrodescendiente, se encuentra el pintoresco municipio de Mosquera, Nariño. Este rincón geográfico, a menudo pasado por alto por los turistas, ha emergido como un faro de resiliencia y esperanza a pesar de los retos impuestos por la violencia, la pobreza y la debilidad institucional que han plagado su historia. En mi reciente experiencia como dinamizadora de la Caja de Herramientas "Se Juega la Vida" en el marco de la Escuela Radial para la Paz en Mosquera, Nariño, me sumergí en un viaje enriquecedor que superó con creces los confines de la educación convencional y que dejó una profunda impresión en mi mente y corazón. El taller se basó en la metodología de la cartografía social, una poderosa herramienta cualitativa que nos permitió explorar el territorio desde una perspectiva humana y cultural. Fue un momento de profunda reflexión cuando, en medio de la brisa salina y la aparente serenidad de Mosquera, los participantes, incluyendo docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, marcaron en un mapa los lugares que consideraban seguros. La tensión en el ambiente se hizo palpable, ya que la historia de esta región ha dejado una profunda huella en la percepción de seguridad. La percepción de seguridad es un concepto complejo, especialmente en lugares marcados por décadas de violencia y conflicto. En Mosquera la seguridad estatal a menudo ha sido esquiva, lo que hace que la idea de "lugar seguro" adquiera un significado aún más profundo. Este ejercicio nos llevó a reflexionar sobre un tema fundamental: ¿cómo podemos, en un rincón del mundo donde la hostilidad parece prevalecer y la seguridad estatal no siempre es garantía, convertirnos en faros de esperanza y refugios para nuestros estudiantes, colegas, vecinos, parejas, hijos y amigos? La respuesta se reveló con claridad: podemos. Ser un "lugar seguro" en este contexto va más allá de la mera ausencia de peligro físico. Implica proporcionar espacios donde las personas se sientan escuchadas, valoradas, respetadas y apoyadas. Si bien la seguridad estatal tiene su relevancia, es insuficiente para satisfacer las necesidades emocionales y sociales de quienes habitan este rincón de esperanza. En un mundo a menudo frío y hostil, estamos en una posición única para brindar apoyo emocional, comprensión y calidez. Esta labor va más allá del simple acto de bondad; constituye un servicio esencial tanto para la comunidad como para la sociedad en su totalidad. Como docentes, estudiantes y miembros activos de la comunidad en Mosquera, tenemos el poder de moldear el futuro. No solo contribuimos a la educación académica, sino que participamos activamente en la formación de individuos resistentes, empáticos y preparados para contribuir a la construcción de una sociedad más segura y cohesionada. Mosquera, Nariño, este rincón mágico y lleno de esperanza, nos ha enseñado que la percepción de seguridad puede variar ampliamente según las circunstancias y las vivencias individuales. Sin embargo, también nos ha recordado que el compromiso de proporcionar espacios donde las personas se sientan escuchadas, valoradas, respetadas y apoyadas supera las circunstancias. En un mundo inseguro, tenemos la oportunidad de ofrecer un regalo invaluable: la certeza de que, juntos podemos crear un espacio donde las personas se sientan protegidas, queridas y apoyadas. Cada día podemos elegir ser refugios de esperanza y lugares seguros, y en esta elección encontramos la fortaleza y el propósito para construir un mundo mejor, incluso en medio de la incertidumbre. Agradezco sinceramente a nuestro equipo de Pares, Carlos Eduardo Guevara Patiño, Laura Kamila Cruz Rondón e Igor Eduardo de Carvalho Parma, por ser compañeros en este viaje lleno de aprendizaje y descubrimiento. También expreso mi profundo agradecimiento a las amables personas del municipio de Mosquera por su hospitalidad y cariño, ya que fueron nuestro refugio en un lugar que antes del taller nos resultaba desconocido. Mantengo mi compromiso inquebrantable de apoyar el sueño de los habitantes de Mosquera de poner este lugar precioso y lleno de magia en el mapa, reconociendo su belleza y resiliencia ante el mundo. En Mosquera, Nariño, encontré una comunidad que nos brindó su hospitalidad y cariño, y en nuestros corazones se han quedado grabadas las huellas de este rincón mágico y lleno de esperanza, a menudo olvidado por los turistas.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Dinamizador Caja de Herramientas Se Juega La Vida Los días 20 y 21 de octubre la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó una sesión piloto de su herramienta metodológica Se Juega La Vida a 50 jóvenes de México, en el marco de la FILO (Feria del libro de Oaxaca) en el centro de convenciones de esta ciudad. La invitación tenía como propósito provocar a jóvenes, organizaciones juveniles, facilitadores de procesos formativos, docentes y jóvenes en general una exploración de sus capacidades de liderazgo y de formación desde una herramienta formativa de gamificación y juego. La sesión se realizó en dos días, el viernes 20 de octubre se exploró el juego en el que los distintos grupos conformados por jóvenes tuvieron que realizar distintos retos que exploraban su creatividad y su capacidad de resolver problemas. En el segundo día se exploró el recetario de talleres y la bitácora de aprendizajes, que complementan la herramienta y que están direccionadas a fortalecer, consolidar o construir procesos juveniles desde diferentes matices, contextos y herramientas prácticas para la incidencia juvenil. Encontramos en esta experiencia problemáticas muy similares entre los jóvenes de México y de Colombia. Problemas de reclutamiento en organizaciones criminales, bajo acceso a la educación, deserción escolar, violencias basadas en género, brechas generaciones, entre muchos otros, pero también pudimos encontrar una coincidencia afortunada: estos jóvenes quieren transformar su realidad y hacen lecturas muy acertadas de su situación actual y proponen salidas y soluciones. El diálogo apuntó a traducir, de algún modo, conceptos, palabras y términos usados en Colombia que están en el juego al contexto de México, también a entender cómo operan las organizaciones juveniles y cuáles enfoques prevalecen en sus procesos. Nos traemos de México el reto de crear una versión mexicana de nuestra herramienta Se Juega La Vida, pero además un interés honesto de las organizaciones y jóvenes que vivieron la experiencia de jugar aprendiendo, o aprender jugando. Este primer paso supondrá tres retos importantes. El primero consolidar unos primeros grupos focales de organizaciones juveniles, jóvenes y colegios; segundo, el trabajo grueso de crear la herramienta con ellos, no sólo traduciendo términos, sino añadiendo o modificando lo que la lectura del contexto nos vaya arrojando como resultado y tercero, la creación de escuelas de liderazgo juvenil, político y comunitario donde aplicar e implementar esta nueva versión de la herramienta. Gracias México, gracias FILO, y gracias a todas las personas de la organización de la feria que creyeron en nuestra voz y nos invitaron a jugar en serio con los jóvenes de Oaxaca de Juárez, gracias a los jóvenes asistentes que participaron atentamente, propusieron, jugaron y manipularon la herramienta y nos dejan con muchas ganas de volver a México a aprender y a tejer redes juveniles e incidir en la sociedad latinoamericana.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Los medios de prensa (especialmente la Revista Semana, Caracol, La W Radio, RCN y Blu Radio) en una campaña política ruin, han venido produciendo, día tras día, noticias falsas o imprecisas para poner al pueblo en contra del gobierno. Para ello, perversa y ridículamente, responsabilizan al presidente Gustavo Petro de los males del país que –como lo conoce bien el pueblo entero– tuvieron su origen y fueron forjados durante el tiempo en que estos medios disfrutaban de un amplio campo de acción para las investigaciones políticas, económicas y sociales. Eran únicos dueños de la tecnología y eran quienes podían propagar, exclusiva y eficazmente, los hechos noticiosos que ocurrían a puerta cerrada. Hoy, para desgracia de su esencia non sancta y para fortuna de la información, le hacen contrapeso medios alternativos de muy bajo costo, pero de alta ética (pienso, entre otros, en Alejo Vergel, Colombia Hoy y Daniel Monroy). Pese a ello, basta revisar la historia reciente de Colombia –la Comisión de la Verdad y la JEP han develando parte de ella– para confirmar que esos medios –hoy calumniadores profesionales– fueron expresamente cómplices. Coadyuvaron con sus opiniones y “visión de país” –como lo decían ellos mismos– en el trazado de líneas políticas de barbarie. Es bastante conocido, por ejemplo, cómo algunos periodistas se ponían de acuerdo con Carlos Castaño y con Salvatore Mancuso, para difundir sus insensateces y dilatarles la cobertura de acción criminal. Lo insólito de esta prensa irracional es cómo –al no encontrar irregularidades en los actos del presidente Petro– se inventan burdos chismes contra él, culpándolo, como ya lo he dicho, de los males del país. Insólito, porque estos medios vienen existiendo desde los inicios de la barbarie en Colombia y, al parecer, nunca visualizaron nada, ni se preocuparon por investigar quiénes o cuáles circunstancias promovían la barbarie y cuando lo hicieron siempre fue por los bordes. Al igual que los organismos de justicia (sin descontar ninguno) los periodistas evitaban las investigaciones y denuncias donde estuvieran implicados miembros de las élites corruptas. Incluso, todavía hoy, se cuidan de nombrar al innombrable, y muchos de esos periodistas aun lo califican de “presidente eterno”. De no ser por las organizaciones de derechos humanos, por los movimientos sociales, por el desplazamiento masivo de campesinos violentados, o por la Comisión de la Verdad y la JEP, no hubiéramos conocido nunca esa realidad administrada y moldeada por bárbaros corruptos. Esta prensa mentada, dedicada a calumniar rastreramente al gobierno de Petro, no percibió durante los anteriores mandatos la inclemencia de los paramilitares contra la población civil (ahí están los hornos crematorios); no creyó en el asesinato sistemático de jóvenes indefensos, eliminados para que Uribe, en sus dos gobiernos, se vanagloriara con victorias militares inexistentes y, por el contrario, hicieron resonancia de su imagen promocionándolo, qué vaina tan absurda, como “El Gran Colombiano”. Esa prensa y sus periodistas no vieron los actos gigantescos de corrupción en la salud, teniendo todas las herramientas para averiguarlo y, en contraste, se desgastan en admiraciones al señor Alejandro Gaviria que, en calidad de ministro de Salud, al advertirlas –esa es mi convicción– se hizo el de la vista gorda. Tampoco investigaron, o lo hicieron igual por las orillas, los abrumadores actos de corrupción como, entre otros, los de Reficar y Odebrecth. Nada delictuoso advirtieron en el expresidente Duque, ni en sus aliados políticos, que robaron al país con la complicidad de los entes de control y de las amañadas clases políticas del Congreso; las mismas que, directa o indirectamente, propiciaron el paramilitarismo, la parapolítica, el narcotráfico y las bandas criminales. Ahora que tenemos un presidente no corrupto y dispuesto a perseguir a quienes sí lo son (ya fue radicado el proyecto de ley “Jorge Pizano” para la protección de los denunciantes); ahora que tenemos un presidente dado a poner en boga la sana convivencia, promoviendo la educación y la cultura, y decidido a eliminar los factores generadores de la guerra –no importa si perdonando a sus protagonistas, como ya lo han hecho anteriores gobiernos–; ahora cuando tenemos de verdad un presidente admirable, salen a relucir estos periodistas de pacotilla y los políticos nostálgicos del reino del hampa, con estrategias de oposición política basadas en mentiras y en la destilación de odio, tal y como si les gustara, mejor, el país violento y su esclavista frase “trabajar, trabajar y trabajar” que escondía esta otra peor: “matar, matar y matar”. Y, entonces, siendo así las cosas ¿por qué asevero que no se trata de odio contra Petro? La respuesta es tan sencilla como contundente: porque el odio es un sentimiento y una conducta contra una persona detestable (bien podría odiarse, por ejemplo, a Stalin, a Hitler, a Netanyahu o a nuestros genocidas connacionales) y Gustavo Petro no es de esa calaña. En el ámbito político el odio siempre es la manifestación masiva contra alguien que genera profunda repulsión, y esto suele ocurrir cuando ha hecho mucho daño. En cambio, si reparamos la realidad del presidente Petro, encontraremos que todos sus programas están cargados de benevolencias y la mayoría de la gente lo aclama con entusiasmo y agradecimiento. En contraste –tal y como se vio el 14 de noviembre en el plantón contra la reforma a la salud– aquellos que sin fundamentos ciertos manifiestan odiar al presidente, son en verdad muy pocos, y yo diría que, más que odiarlo, estos ciudadanos y ciudadanas, han de ser hampones y temen que se acabe el imperio del hampa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana fotos tomadas de: Caracol Radio Cali En Cali el alcalde electo Alejandro Eder propone en cuanto a seguridad y convivencia el Plan Cali Segura, que plantea establecer una coordinación de las distintas agencias de seguridad como la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, con el objetivo de desarticular a estructuras criminales y garantizar la seguridad en zonas estratégicas de la ciudad. Implica aumento de efectivos policiales en las calles. A este respecto menciona que no descarta la opción de militarización de puntos específicos de la ciudad. Otro punto principal en su propuesta de seguridad tiene que ver con la utilización y el mejoramiento de la tecnología para enfrentar la delincuencia, frente a lo que propone crear un sistema de cámaras operativo y moderno, con el apoyo de drones, conectado a un Centro de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4). Por otro lado, asegura que estimulará la creación de frentes de seguridad entre autoridades, ciudadanía, sector privado y cooperación internacional articulados con el sistema de videovigilancia para combatir el hurto y la delincuencia a nivel de los barrios. También se plantea el fortalecimiento de la justicia con estrategias como la ampliación en la capacidad de las inspecciones de Policía y de las Casas de Justicia, la intervención de la infraestructura de justicia para reducir vulnerabilidades, ampliar capacidades y aplicar modelos de justicia restaurativa. Además, solicitar ante el gobierno central el aumento de fiscales especializados. En general, plantea implementar programas y estrategias orientadas a prevenir y controlar las expresiones de inseguridad y violencia urbana en la ciudad. Bucaramanga El programa de seguridad y convivencia propuesto por Jaime Andrés Beltrán, el alcalde electo de Bucaramanga, se basa en varias propuestas. Con el plan ‘Bucaramanga blindada’ pretende solucionar problemáticas ligadas a la migración, por lo que plantea establecer un trabajo concertado con instituciones de migración, control de mercancías, estupefacientes, familia, etc., para ‘blindar’ las fronteras de la ciudad y evitar el ingreso de la inseguridad y la ilegalidad. ‘Bucaramanga 911’ es un plan que busca generar una lucha frontal contra la delincuencia, a través de la creación de redes de información y denuncia, el apoyo de patrullas móviles, herramientas de identificación facial, registro videográfico y escuadrones especiales de apoyo aéreo con drones, entre otros, para aumentar la obtención de pruebas para la judicialización y evitar la impunidad. Otra propuesta que se convirtió en un lema del candidato electo, es ‘seré el primer policía de la ciudad’, que pretende posicionar la figura del alcalde como un líder en materia de seguridad, en donde también se contempla atacar las finanzas y los bienes de bandas criminales dedicadas al hurto, así como la desestimulación de la compra de productos hurtados. El programa ‘Zonas Seguras’ plantea fortalecer la presencia de la autoridad militar y de policía en el espacio público, así como promover la denuncia ciudadana para identificar y caracterizar zonas críticas. También se contempla la construcción de centros de reclusión transitoria para personas no condenadas, con el fin de tratar el hacinamiento, mediante asociaciones público-privadas. Finalmente, a través del programa ‘Casa segura’ plantea establecer lugares de resguardo para las mujeres, niños, niñas y adultos víctimas de violencia intrafamiliar, así como promover la identificación y caracterización de las víctimas y los barrios y comunas con altos índices de esta violencia, con el fin de avanzar en acompañamiento cívico, detección y atención temprana. Cúcuta Para tratar las problemáticas de seguridad y convivencia en Cúcuta, el alcalde electo Jorge Enrique Acevedo Peñaloza priorizará un aumento del número de cámaras de vigilancia, especialmente en las zonas críticas, estableciendo un circuito de videovigilancia permanente en conjunto con la Policía Nacional. También propone crear y fortalecer redes vecinales de seguridad, donde estén vinculados los líderes sociales, los líderes comunales y las reservas activas, así como sistemas de alarmas comunitarias, las cuales serán coordinadas por la Alcaldía de Cúcuta con ayuda de la Policía. Otra acción priorizada será la limpieza y recuperación del espacio público, especialmente parques, calles, zonas comunes y caños, con ayuda de las Juntas de Acción Comunal, así como al mejoramiento del alumbrado público. En cuanto a la labor de la Policía Nacional, propone fortalecer su capacidad operativa, así como su relacionamiento con la sociedad, con el fin de mejorar la confianza en la institución, para lo cual se movilizarán recursos para invertir en dotación e infraestructura. También, generar acciones de patrullaje y vigilancia conjunta entre el Ejército Nacional, a través de la Policía Militar, y la Policía Nacional, con el fin de neutralizar las estructuras delincuenciales que operan en zonas críticas de la ciudad. Esto permitirá aumentar el pie de fuerza, y fortalecer los trabajos de inteligencia y contrainteligencia para desarticular las estructuras delincuenciales, así como los focos de corrupción existentes en la Policía. Finalmente, propone crear un plan de recompensas para contribuir a la captura de los principales cabecillas de organizaciones delincuenciales, así como la captura de personas que cometieron delitos como feminicidios o violación.

Por: Redacción Pares Semana del 07 de noviembre al 13 de noviembre de 2023 Ha sido liberado Luis Manuel Díaz. Con su secuestro el tema vuelve al primer plano de la opinión y el debate público, y la Delegación del Gobierno Colombiano ha anunciado que va a colocar el tema en la mesa con el ELN para lograr compromiso de suspensión del secuestro, tema por supuesto muy importante y en el que es posible lograr un compromiso que le de mayor solidez a este proceso de paz. Con este hecho se han vuelto a discutir las razones que tiene el ELN para permanecer en esta condenable práctica que sin duda ha sido persistente, igualmente se dice que el ELN no vive del secuestro y lo que obtiene por esta flagrante violación de los derechos humanos y el DIH pesa muy poco en el conjunto de sus finanzas, según expertos y autoridades. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación que sin duda será tocada en el próximo ciclo a desarrollarse en México y que aún no tiene fecha de inicio, o por lo menos Gobierno y ELN no lo han anunciado. Se han mantenido los encuentros sectoriales y temáticos para recoger propuestas frente al Plan Nacional de Participación: se desarrolló el encuentro de viviendistas en Cali, un pre encuentro en Arauca y hay más programados, entre ellos el del sector ambiental, este 17 y 18 de noviembre en Bucaramanga. Se mantiene la confrontación del ELN con varias estructuras armadas: Chocó, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Pacífico nariñense y caucano. El ELN denuncia que en estas operaciones militares está la complicidad del Ejército Nacional, tema de la mayor gravedad que amerita claridades y muy seguramente será motivo de análisis en el próximo ciclo, cuando se evalúe el desarrollo del cese bilateral, que ya cumplió más de cien días de los ciento ochenta pactados. Las tensiones frente al secuestro, la financiación del ELN en medio del proceso y la continuidad de confrontaciones regionales, son temas complejos, difíciles y en los que hay reto y oportunidad de ver fórmulas viables para cada tema y que pueden ser acordados en el próximo ciclo, lo cual le daría mayor solidez al proceso entre gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Con la reciente crisis se volvió a ratificar la importancia de contar con terceros que ayuden a las dos partes a salir de las dificultades y en este caso fueron la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal, que con sus buenos oficios recibieron al señor Luis Manuel Díaz. 1. Comunicado de la Delegación del Gobierno Nacional: 2. Entrevista a Otty Patiño en W Radio: 3. Entrevista a Otty Patiño en Caracol Radio: 4. Nota Caracol Noticias sobre Paz Total: 5. Habla el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco 6. Antonio García dice que en la Mesa no hay acuerdos sobre secuestro: 7. Comandante del ELN dice que no hay acuerdo con el Gobierno para frenar el secuestro: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/antonio-garcia-comandante-de-eln-dice-que-no-hay-acuerdo-con-gobierno-para-frenar-el-secuestro/ 8.“Somos una organización pobre”, alias ‘Antonio García’ sobre el ELN: https://sincandado.com/2023/11/12/somos-una-organizacion-pobre-alias-antonio-garcia-sobre-el-eln/ 9. José Félix Lafaurie afirma que no es posible financiar al ELN mientras se mantenga en armas: 10. Los temas sensibles que aterrizarían en mesa con ELN tras crisis por secuestro: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/secuestro-padre-de-luis-diaz-gobierno-pedira-a-eln-que-hable-de-desarme-y-fin-del-conflicto/ 11. En la historia de secuestros de ELN hubo hasta un espía alemán que ayudó en liberaciones: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/secuestros-del-eln-historia-del-espia-aleman-werner-mauss-que-liberaba-secuestrados-de-esa-guerrilla/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 12. El ELN y el secuestro, columna de Rodrigo Uprimny: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/el-eln-y-el-secuestro/ 13. La frivolidad del ELN, columna de Marta Ruiz: https://www.lasillavacia.com/opinion/la-frivolidad-del-eln/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: El Colombiano, El País y Zona Cero Las últimas semanas han sido las más críticas en los procesos de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) en el marco del proceso de Paz Total en Colombia. Sin lugar a duda, son varios los riesgos a los que se pueden enfrentar las mesas de diálogos cuando se negocia en medio del conflicto, pero tras varios meses de negociación con el ELN y la reciente instalación de la mesa con el EMC, es necesario que los equipos delegados tracen aquellos puntos gruesos que pueden poner en riesgo la política de Paz Total. Al secuestro de Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, perpetuado el 28 de octubre por el ELN, se suma el anuncio de la suspensión de la Mesa de Negociación con el EMC-FARC-EP, lo cual deja serios cuestionamientos y pone en tela de juicio las confianzas entre las delegaciones. Secuestro del ELN en el ojo de la sociedad colombiana El ELN puso el dedo en la llaga, abriendo el debate alrededor de uno de los hechos victimizantes más repudiados por la sociedad colombiana. Con el secuestro del padre de Luis Díaz dio un duro golpe a los avances de la mesa de negociación que había adelantado bastante durante los últimos meses, con espacios de diálogo amplios con diversos sectores de la sociedad civil, de cara a la construcción de mecanismos de participación. En su momento el ELN y el Gobierno Nacional discutieron sobre los métodos de financiación e incluso evaluaron la posibilidad de crear un fondo internacional para solventar la negociación para que el ELN dejara de secuestrar y extorsionar. Sin embargo, es claro que, aunque en el punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas para el Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN, menciona “No realizar las acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en particular las contenidas en el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”, aún no se ha puesto sobre la lupa el qué hacer con delitos como el secuestro o el reclutamiento. Frente a ello, no es claro si el secuestro del señor Manuel Díaz obedece a una ruptura entre las filas de ELN, dados las recientes declaraciones del comandante militar, Antonio García, quien reconoció a través de su canal privado de Telegram que este hecho sería un error, además de orientar su inmediata liberación. O si es uno de los medios que el ELN utiliza para presionar el avance en la Mesa de Negociación. Con la liberación del señor Manuel Diaz el 09 de noviembre, después de 12 días de secuestro, si bien hay una sensación de felicidad por su regreso a su hogar y comunidad, persisten interrogantes que tienen que ver con los mecanismos y las estrategias que garantizarían la liberación de las demás personas que aún siguen privadas de su libertad. El Alto Comisionado para la Paz, a través de su cuenta de X, publicó que las líneas serían claras y lo que seguiría en el marco del proceso de diálogo estaría relacionado, en primer lugar, con garantizar la libertad para todos los secuestrados, la proscripción de la práctica del secuestro por parte del ELN y la discusión sobre medios de financiación. espacio para que el ELN defina su posición frente a esta práctica y se decida por la abolición del secuestro como medio de financiación. Esto podría representar un gesto clave de voluntad de paz y seguramente fortalecería la confianza tanto de la sociedad civil que reclama que sean liberadas todas las personas que aún siguen secuestradas, como de organizaciones internacionales que tengan la intención de financiar el proceso de negociación. EMC anuncia suspensión de mesa de negociación El 05 de noviembre el Estado Mayor Central publicó a través de su cuenta de X la suspensión y el posible rompimiento definitivo de la Mesa de Negociación con el Gobierno Nacional. De acuerdo con el comunicado, debido a los constantes incumplimientos de los acuerdos y los protocolos concertados entre ambas partes, se hace difícil continuar con la negociación. Resaltando el incremento de pie de fuerza y el no retiro de militares de algunas zonas concertadas. Sin lugar a duda el ojo del huracán se sigue ubicando en el Cañón del Micay, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, en el cual se presenta una pugna por control territorial, dado que concentra aproximadamente el 75 % de cultivos de coca del departamento del Cauca, además de ser un paso estratégico entre el sur y el centro del Cauca, con la Costa Pacífica Caucana. En él se han presentado diversas acciones que van desde la avanzada de las Fuerzas Militares con la Operación Trueno; pasando por los retrasos y los impedimentos para hacer llegar el material electoral en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre y la confusa invitación al acto de apertura a dichas elecciones; hasta el más reciente hecho ocurrido el 05 de noviembre, cuando miembros del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas fueron cercados por la comunidad, quienes les impidieron seguir con sus labores de seguridad en la zona. Con relación a este último hecho, es importante mencionar que varias organizaciones e instituciones gubernamentales en la zona han denunciado constantes vulneraciones de derechos humanos que incluyen desplazamientos, reclutamientos, confinamientos y otras afectaciones a la población civil de esta comunidad. En el comunicado se expresa que únicamente se podrán reanudar las conversaciones si el Gobierno expide un documento donde se compromete con el cumplimiento de los acuerdos, decretos, protocolos y compromisos que se adopten al interior de la Mesa de Diálogo. De igual forma, el Gobierno tendría que abstenerse de presentar dentro de la mesa documentos que no sean discutidos y aprobados por las partes. El EMC aseguró que, a pesar de la suspensión, no se rompería la tregua y se seguiría respetando el cese. Por ahora, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, hizo una contextualización sobre la situación en el Cañón de Micay, haciendo un llamado sobre la necesidad de avanzar en el punto de sustitución de economías ilícitas y de crear estrategias que den fin de hostilidades a la población civil, dejando claro que “no es posible no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua”. Luces y sombras para avanzar en la construcción de Paz Total Finalmente, en medio de la crisis de las mesas de diálogos, es claro que el Gobierno Nacional tendrá que redefinir su estrategia de negociación, teniendo en cuenta la naturaleza de las dos negociaciones y las complejidades de estas en cada territorio en el cual hacen presencia cada uno de los actores. Son varios los avances que han dejado estos meses de negociación simultánea en materia de construcción de paz y estos puntos críticos se presentan como una oportunidad de pulir los puntos flojos de los diálogos. Frente a ello, en el trigésimo quinto informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, se presentan los hallazgos obtenidos entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023, basados en 1.128 misiones en terreno en 22 departamentos del país. El informe destaca los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y las primeras resoluciones de la JEP. También resalta los esfuerzos del Gobierno en la protección de líderes sociales, la implementación de la Reforma Rural Integral y la creación del Sector Paz. Además, reconoce la urgencia de ajustar la política de lucha contra las drogas y de avanzar en una estrategia de seguridad integral en los territorios, resaltando la disminución de eventos de desplazamiento, en comparación con el año anterior. “Las estadísticas oficiales reportaron una disminución del 58% en los eventos de desplazamiento forzado masivo y del 3% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado” (p.5). De igual forma, el informe alerta sobre la persistencia del accionar de los Grupos Armados Ilegales (GAI) que genera afectaciones a la población como confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado, violencia sexual y control social. Esto afecta la seguridad y los derechos humanos de la población civil, especialmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca. El documento, también señala que los procesos de negociación, a pesar de sus avances, se enfrentan a desafíos como la falta de confianza, la fragmentación de los grupos, la presencia de disidencias y reincidentes, la persistencia de las economías ilícitas, la estigmatización de los excombatientes y la debilidad institucional. De las 15 recomendaciones realizadas en el informe, siete de ellas estarían dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, a cargo de Danilo Rueda, quien además el 07 de noviembre fue citado a Control Político en el Senado. El documento puntualmente sugiere identificar áreas contaminadas por minas antipersonales, municiones sin explotar y trampas explosivas, además de garantizar la seguridad de las organizaciones de desminado humanitario; avanzar en la construcción de una ruta especial para la atención y protección de Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el conflicto armado con el objetivo de restablecer sus derechos y facilitar su reincorporación o reintegración; definir una estrategia que permita la inclusión y el respeto de las formas naturales y autónomas de organización de las comunidades, así como de sectores que podrían no estar representados en los procesos de participación derivados de la Paz Total; e incorporar en los ceses la definición concreta de los actos prohibidos contra la población civil y las garantías para el ingreso de la institucionalidad encargada de la atención humanitaria y de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Por: Alejandra Téllez, Asistente de Investigación Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana Foto tomada de: Noticias RCN y Facebook: Policía Nacional El pasado 29 de octubre se realizaron las elecciones regionales en las que la ciudadanía escogió el próximo proyecto político que encabezará las alcaldías municipales. Las tres ciudades principales que tuvieron una gran brecha entre el primer y segundo lugar en las alcaldías fueron Medellín, Barranquilla y Bogotá. Los tres nuevos alcaldes electos de estas ciudades representan la voluntad de una gran mayoría frente al cumplimiento de su plan de gobierno. Nuestra pregunta es, con estos nuevos gobiernos, ¿hacia dónde va la seguridad en las ciudades? Con el fin de hacer un análisis más profundo hablamos con Jorge Mantilla, politólogo con doctorado en criminología, derecho y justicia e investigador en crimen organizado. Bogotá El panorama de inseguridad en la capital no es alentador. De enero a septiembre, el hurto a personas ha aumentado un 17,6% con respecto al año anterior, presentándose 16.478 casos más. Además, los homicidios han aumentado un 6,2% y el secuestro un 71,4%, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, se han presentado en la capital 46 casos de feminicidio en lo que va del año. Añadiendo a lo anterior, la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes alertas frente al impacto negativo en Bogotá de actores armados no estatales del conflicto armado, como las AGC, ELN y disidencias de las FARC, también grupos criminales locales como “Los Paisas” o “Los Boyacos”, y por último actores de crimen transnacional como lo es el “Tren de Aragua”. Galán en su plan de gobierno tiene tres propuestas clave con las cuales pretende enfrentar la inseguridad en Bogotá. La primera de ellas es “Presencia institucional permanente y control territorial”, en la que se plantea realizar consejos de seguridad semanales en las zonas con mayor concentración de delitos, percepción de inseguridad y vulneración de derechos para las minorías. La existencia de un consejo de seguridad permitirá, por un lado, la evaluación constante de procesos en pro de la seguridad, identificando fortalezas y aspectos a mejorar en la consecución de las estrategias de seguridad. En concordancia con lo anterior, permitiría el seguimiento al cumplimiento de las alcaldías locales y las secretarias de apoyo frente a las metas de seguridad en sectores con altos problemas de seguridad y convivencia ciudadana. Jorge Mantilla expresa que hay dos desafíos importantes frente a esta propuesta, el primero de ellos es que pierda su relevancia, pues en gobiernos anteriores en los cuales se ha implantado esta estrategia la corta periodicidad limita la aplicación, implementación y evaluación, por lo que al final el consejo de seguridad termina siendo asistido por delegados y no por quienes se supone deben asistir. En segundo lugar, está el riesgo de que al ser semanales se convierta en consejos de análisis de noticias que se enfoque en saber los acontecimientos de la semana más no en cuestiones resolutivas. Por otro lado, el nuevo alcalde de Bogotá propone “tecnología para la seguridad”, implementará cámaras de reconocimiento facial en lugares estratégicos de la ciudad para fortalecer las labores de vigilancia, acompañado de la priorización de herramientas analíticas de datos para la investigación criminal predictiva. Esta herramienta lograría ser bastante útil y eficaz a la hora de identificar a quienes comenten los crímenes en la ciudad. Sin embargo, para su funcionamiento es necesario la existencia de una base de datos biométrica por parte de la Registraduría para lograr hacer un reconocimiento. Según Jorge Mantilla la evidencia internacional ha demostrado que las cámaras tienen impacto frente al control del delito, mas no en la prevención. Pues su funcionalidad está en la identificación de sospechosos o presuntos delincuentes. Todo lo anterior debe ir articulado con un modelo robusto y amplio frente a la prevención del delito que permita disminuir la inseguridad en la capital. El tercer punto es un nuevo modelo de aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana diseñado por localidad que tiene como objetivo la creación de un sistema propio frente a la aplicación del código para así descongestionar y resolver la falta de cobro de multas. Jorge Mantilla explica que más que diseñar un modelo por localidad, lo que va a existir es un modelo de gestión de contravenciones a nivel distrital que se aplique con altos grados de autonomía por parte de las alcaldías locales. Lo que permitirá reconocer las necesidades de cada sector como los son puntos calientes de conflictividad o localidades con aglomeraciones por conciertos y espectáculos. Para esto es necesario el fortalecimiento de gestores de convivencia que ayuden en la tarea de los inspectores. Galán también propone en este punto un aumento de inspectores de policía, reconociendo que una de las dificultades que tiene la policía es que son encargados de cumplir varias funciones a la vez, por lo que aumentar los inspectores y ponerles a estas labores en pro de mantener el orden o evitar conflictos ciudadanos le permitiría disminuir tareas a la policía para que estos puedan dedicarse con mayor intensidad en la lucha contra el crimen organizado o delitos de alto impacto. Barranquilla Barranquilla enfrenta distintas problemáticas en lo que se refiere a la seguridad. Frente a la extorsión, para el primer semestre del 2022, se registraron 69 casos, mientras que para el mismo periodo en 2023 hay 362 denuncias, teniendo un aumento significativo del 424%. Al mismo tiempo, el hurto a comercios ha aumentado un 14% presentándose 33 casos más con respecto al primer semestre del año anterior. Cabe recordar que en Barranquilla tienen presencia diversos actores delincuenciales que se disputan el control territorial y de rentas criminales, que trae como consecuencia escenarios violentos e inseguros. Cada día muchos barrios de la ciudad después de cierto horario se están convirtiendo en ‘sectores fantasmas’, es decir, la comunidad encerrada, atemorizada y las calles solas. Álex Char, en su plan de gobierno, propone crear una Secretaría Distrital de Seguridad y un Observatorio de Delincuencia Circunstancial. Jorge Mantilla expresa que una Secretaría de Seguridad sería fundamental para la ciudad, pues Barranquilla está atravesando por un fenómeno de extorsión exacerbado, por lo que sería importante contar con esas capacidades institucionales que puedan apalancar recursos que sirvan para implementar estrategias más sólidas para la prevención y control del delito, además está atravesada también por los impactos urbanos de la Paz Total y de las confrontaciones que se adelantan entre las las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachencas y el Clan del Golfo en toda la Costa Caribe. En el mismo sentido, es necesario que dicha Secretaría sea de Seguridad, Convivencia y Justicia, para así poder solventar tres fenómenos diferenciados. Por otro lado, que esta Secretaría esté acompañada de la creación de un Observatorio de Delincuencia Circunstancial resulta bastante importante, pues, la investigación es un punto fundamental a la hora de realizar política pública, ya que se desarrolla basado en la evidencia y reconociendo qué, dónde, a quién, cómo y cuándo sucede. Para Mantilla es crucial que este observatorio tenga también características de un centro de información y análisis del delito con capacidad de brindar técnicas de evaluación de impacto para así tomar mejores decisiones. Igualmente, el Observatorio junto a la Secretaría permitirían recopilar, centralizar y coordinar información sobre seguridad y así tener mejor control sobre lo que pasa en la ciudad. Otra de las propuestas del nuevo alcalde de Barranquilla es que la Policía y la Fiscalía trabajen de la mano para poner en marcha una estrategia que permita hacer más ágil la judicialización de aquellos que comentan hurtos violentos, esto acompañado del diseño de intervenciones en torno al control del delito y la persecución penal. Esta propuesta contribuiría a mejorar de forma positiva la percepción de inseguridad, pues esto está relacionado con la impunidad y con cómo los ciudadanos se dan cuenta que muchos capturados terminen en libertad. De igual forma, agilizar la judicialización es un paso primordial para contrarrestar fenómenos de delincuencia organizada. Jorge Mantilla manifiesta que resultara crucial la forma en la que Álex Char logre articular esta propuesta a nivel nacional con el Sistema de Lucha Contra el Multicrimen, creado por la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana del Presidente Petro, y con la nueva política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. Sobre todo en un contexto como el de Barranquilla, donde muchas de estas organizaciones son sucesoras del paramilitarismo. De igual forma, articular el trabajo de la Fiscalía y la Policía resulta bastante útil frente a la investigación criminal, agilizar procesos de inteligencia y anticiparse a fenómenos de delincuencia organizada. Por último, Álex Char pretende fortalecer las capacidades institucionales, aumentando el número de inspecciones de policía, dos de ellas con funcionamiento de 24 horas, acompañado de una modernización del centro de traslado por protección (CDP) para prestar servicios relacionados con la gestión de comparendos. Por un lado, Jorge Mantilla manifiesta que el funcionamiento de inspecciones de policía que sean 24 horas es fundamental para las ciudades, pues muchos conflictos ocurren en la noche. Esto también permitiría tener una aplicación de la justicia y la autoridad mucho más ágil, más cercana al ciudadano, que en últimas termina descongestionando la labor de la Policía. Igualmente, los inspectores de policía tienen funciones subsidiarias en las que brindan apoyo a Comisarías de Familia, permitiendo más agilidad en flagelos como la violencia intrafamiliar. Por otro lado dice Mantilla que el centro de traslado y protección termina siendo clave no solo para agilizar los comparendos, sino también para garantizar que los procedimientos sean más ágiles y a su vez que no haya personas detenidas más allá del tiempo legalmente permitido. Medellín En Medellín en cuanto al hurto en general de enero a septiembre del presente año se han presentado 30.543 casos teniendo un aumento del 7% con respecto al año anterior. Sin embargo, es el hurto a personas el que más ha aumentado, pues para el 2022 en este periodo se habrían registrado 2.220 casos menos, teniendo un aumento de 11% en el delito. Al mismo tiempo, la extorsión ha aumentado de forma alarmante en Medellín, pues entre enero y septiembre del 2022 se presentaron 297 casos, mientras que este año en el mismo periodo se han reportado 568 víctimas teniendo un aumento del 91%. Federico Gutiérrez busca aumentar la seguridad en Medellín, por esto propone una fuerza especializada contra la extorsión, desde la cual se crearían burbujas especiales de investigación que estén enfocadas en priorizar la identificación y publicación de las estructuras criminales que deben ser perseguidas por extorsión. Lo anterior acompañado de una ruta para la recepción de denuncias anónimas, colectivas e individuales, facilitando su persecución y evitando riesgos para quien denuncie. En primera medida, frente a esta propuesta, es importante aclarar que un alcalde no tiene la competencia para crear una fuerza especializada de la policía. De igual forma, esta figura ya existe, pues el Gaula es una fuerza especializada contra la extorsión y el secuestro. Sin embargo, lo que sí puede hacer el nuevo alcalde de Medellín es reforzar el Gaula a través del incremento del número de unidades disponibles o herramientas informáticas para prevenir y contener el delito. Por otro lado, fortalecer la denuncia permite a los ciudadanos alertar a la policía sin que esto represente un riesgo para su vida, generando también una mejor articulación entre los ciudadanos y la Policía, además intenta superar el subregistro de casos. Frente a la metodología de burbujas de investigación, Jorge Mantilla expresa que esta es una tecnología simple con bastante éxito, según el resultado de cuando fueron implementadas en el gobierno de Santos bajo el nombre de burbujas regionales, cuando la razón de ser de estas burbujas era cruzar la información, ya que muchas veces las investigaciones están de manera paralela en entidades investigadoras judiciales. Principalmente en Medellín esta propuesta suena como buena idea por el hecho de que existen estructuras delincuenciales en la ciudad con capacidad de transitar de un mercado a otro, como del microtráfico a la extorsión. Bajo la misma lógica, el nuevo alcalde de Medellín propone el uso de la tecnología para la seguridad enfocado en distintas acciones, la primera de ellas es más cámaras de seguridad y realizará alianzas con cámaras de sistemas privados. En segundo lugar, se implementará un sistema de alarmas comunitarias conectadas al 123, en zonas de alto riesgo delictivo. Y por último, se propone implementar en zonas comerciales un modelo de botones de reacción contra el hurto y la extorsión. Mantilla manifiesta que diferentes sistemas de alarmas comunitarias que se han realizado no han arrojado resultados alentadores, ya que en últimas la reacción de la policía depende en mayor medida de la disponibilidad y la disposición que del aviso de la comunidad. Por otro lado, la integración de cámaras sería bastante conveniente, sobre todo para reducir los niveles de impunidad, para agilizar los procesos de investigación y judicialización. Por último, se plantea construir un complejo metropolitano de seguridad ciudadana, en el cual se realizará la integración definitiva de todos los subsistemas de seguridad del distrito y del área metropolitana. Por lo que contará con un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia. Esto podría traer múltiples beneficios en cuestiones de seguridad, pues existiría una coordinación eficiente, más rápida y efectiva entre los entes encargados de la seguridad y la justicia. Por otro lado, la integración de la inteligencia y la ciberseguridad en el sistema brinda a los operadores una visión más completa de la situación, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. Para concluir, resulta evidente que estas tres ciudades buscarán implementar un modelo del aumento de la seguridad enfocado en el incremento del pie de fuerza y las capacidades tecnológicas. Por lo anterior las acciones de la Policía estarán enfocadas a una predisposición del uso de la fuerza y lograr implicaciones penales. Su papel sería perseguir a quienes cometen los crímenes, en lugar de encontrar herramientas que prevengan los delitos. Implementar un enfoque reactivo implica atacar las amenazas a la seguridad, mientras que por el otro lado un enfoque preventivo está acompañado de un fortalecimiento de la cooperación ciudadana y la policía, encontrando y transformando aquellas situaciones que llevan a la criminalidad.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Perfil de Luis Alfredo Gutiérrez García, nuevo gobernador del Vaupés Fue elegido gobernador del departamento de Vaupés con 5.173 votos por el Partido Gente en Movimiento. Perfil de Marco Alirio Porras Pérez, nuevo alcalde de Mitú Porras se graduó de bachillerato en el Colegio Distrital La Concordia en Bogotá D.C y es técnico profesional en contabilidad y finanza del SENA Mitú. Dentro de su carrera política fue concejal en el Concejo de Mitú. Resultó electo alcalde con una votación del 38%, 4.415 votos, por el partido ASI.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Perfil de Hecson Alexys Benito Castro, nuevo gobernador del Vichada En 2014 Alexys Benito Castro fue designado gobernador encargado del Vichada, en ese periodo fue investigado por la Contraloría por la ejecución del contrato de obra 675 de 2013, cuyo objeto consistió en la “Construcción del centro de formación e investigación en energías renovables—CINER”, por casi 2.000 millones. En 2018 fue capturado por el CTI, según medios de prensa, por irregularidades en contratos, aunque se desconoce si corresponden al cuestionamiento anterior. Esto dado que en 2018 se adelantaron investigaciones en contra de Alexys Benito Castro, el exgobernador del Vichada Sergio Andrés Espinosa Flórez y el fiscal del municipio de Santa Rosalía Luis Orlando Sáenz Ojeda. En estas se descubrió que Alexys Benito Castro habría ofrecido 40 millones de pesos a Sáenz para que, por intermedio suyo, el CTI manipulara las pruebas y se archivaran los procesos que se adelantaban en su contra por presuntas irregularidades en contratos de cuando se desempeñó como alcalde. En audiencias preliminares, Alexys Benito Castro aceptó los cargos por cohecho y se le imputó detención preventiva domiciliaria, afirmó La W. Sin embargo, a inicios de octubre del 2023 Alexys Benito Castro fue sentenciado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Villavicencio a 93 meses de prisión (se negó concesión de prisión domiciliaria), una multa de 13 millones e inhabilitado para ejercer funciones públicas por los mismos 93 meses. Benito no ha sido capturado y presentó un recurso de doble conformidad, por lo que pueden pasar meses para que se defina su situación. A pesar de lo anterior, Benito se mantuvo en campaña, dado que el 27 de septiembre el CNE dejó en firme su candidatura, aunque la solicitud de su revocatoria se dio por hechos diferentes a los anteriormente expuestos. Ahora bien, Hecson Alexys Benito Castro resultó elegido con 9.726 votos y avalado por el Partido de La U. Perfil de Jaime Ariel Rodríguez Guzmán, nuevo alcalde de Puerto Carreño Rodríguez es profesional en ingeniería y trabajó en una empresa de telecomunicaciones durante más de 12 años. En 2022 ganó un premio en innovación y desde hace un tiempo decidió emprender y consolidar una empresa con sus hermanos en la cual hoy en día cuentan con más de 50 empleados de la región. Dentro de su vida política, este es el primer cargo en el que se posiciona. Fue elegido con 3.950 votos y avalado por el Partido Alianza Verde.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: cuenta de Instagram de Renson Martínez y cuenta de Instagram de Juan Quenza Perfil de Renson Jesús Martínez Prada, nuevo gobernador de Arauca Es ingeniero ambiental, especialista en ingeniería ambiental y magíster en medio ambiente y desarrollo. Ha trabajado en la academia y en la administración pública alrededor de la planeación estratégica, investigación ambiental y diseño de políticas públicas. Ha sido secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Arauquita, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible Departamental en la Gobernación de Arauca, y alcalde de Arauquita en el período 2016 – 2019 por la coalición integrada por el Partido Conservador, Partido Alianza Verde y el Partido de La U. Fue electo con una votación de 41.188 votos como gobernador de Arauca (2024-2027) con la coalición “Arauca Mejor”, integrada por el Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de La U, Partido ASI y el Partido Alianza Verde. Su elección se dio después de la decisión final del escrutinio, venciendo a Manuel Pérez, avalado por el Centro Democrático, quien había salido ganador en el preconteo el día de las elecciones. Perfil de Juan Alfredo Quenza Ramos, nuevo alcalde de Arauca. Quenza es profesional en derecho, su carrera política inició como diputado por el partido Liberal en el periodo 2020-2023. Presuntamente podría estar inhabilitado por doble militancia al no renunciar con 12 meses de antelación al Partido Liberal. Fue electo como alcalde de Arauca (2024-2027) con aval del Partido Nueva Fuerza Democrática con 18.908 votos.