Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género En su discurso de agosto de 2022, Gustavo Petro afirmó que: "Colombia no es solo Bogotá" y se comprometió a trabajar para que el Estado esté presente en cada rincón del país. Una forma efectiva de lograrlo habría sido ganar alcaldías, gobernaciones y asientos en las asambleas departamentales y concejos municipales. Sin embargo, parece que el Pacto Histórico no apostó fuertemente por las elecciones regionales, o al menos no se espera que sea un escenario en el que el proyecto político del presidente reciba un respaldo significativo. Al contrario, es previsible que el próximo lunes, a los obstáculos del gobierno Petro, se sume un poder regional que no respalda su proyecto. Las posibilidades de victoria para las candidaturas afines al gobierno en las capitales del país son muy reducidas. En los casos de Medellín y Barranquilla al parecer habrá victorias indiscutibles. En Medellín, la alcaldía sería de Federico Gutiérrez, quien se enfrentó a Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, quien, según una de las últimas encuestas, cuenta con un 71 por ciento de apoyo; en contraste con Carlos Upegui, exsecretario de No Violencia de la administración de Daniel Quintero, quien alcanza tan solo el 10,5 por ciento. En Barranquilla, Antonio Bohórquez, el candidato de izquierda, apenas llega a un 7 por ciento de la intención de voto, frente a la sólida aspiración de Alejandro Char, que rodea el 80 por ciento. En Cali, donde la contienda parece estar más reñida, la victoria estaría entre Alejandro Éder, conocido por su trayectoria como empresario y sus cargos públicos previos, y Roberto Ortiz, ambos en nombre de movimientos independientes, pero con el apoyo de fuerzas políticas tradicionales. En Bogotá, la incertidumbre radica en si Carlos Fernando Galán ganará en primera o en segunda vuelta. Para ganar en primera vuelta debe obtener el 40 por ciento de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo candidato. Hecho que no parece imposible. Su victoria en la primera vuelta sería un duro golpe para el Pacto Histórico y para Gustavo Petro. Además de considerar las elecciones regionales como una medida de aprobación o desaprobación del gobierno, vale la pena verlas como un reflejo de la manera de hacer política de la izquierda, del Pacto Histórico y del presidente, cuyo estilo parece ser el de hacerle zancadilla constante a su proyecto político. Algunas razones para afirmar esto son: primero, el constante apoyo del presidente a figuras controversiales, que, con justa razón, levantan ampolla en la opinión pública; en consecuencia, incluso la ciudadanía afín a la izquierda termina sintiéndose poco representada por Petro y por el Pacto. Esto se ilustra en la dinámica de las elecciones regionales, con su apoyo inquebrantable a Daniel Quintero. Petro termina siendo el escudero de los escándalos de los polémicos personajes que respalda y, en este caso, como resultado, la victoria contundente de Fico será leída como un rotundo fracaso de Petro en la capital de Antioquia. Segundo, la poca capacidad para identificar e impulsar liderazgos convincentes, y que generen cohesión en lugar de polarización. Cali, en donde Gustavo Petro obtuvo alrededor del 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta presidencial, y que fue el epicentro de uno de los episodios más significativos en materia de movilización social que ha tenido el país, no cuenta con una candidatura de izquierda sólida. La candidatura de Dennis Rentería, respaldada por el Pacto Histórico, parece estar relegada de la disputa por la Alcaldía. En Bogotá, a pesar de que Gustavo Petro fue alcalde, obtuvo votación mayoritaria en las elecciones presidenciales, y el electorado no muestra muchos reparos en votar a la izquierda o por opciones alternativas, Gustavo Bolívar no parece estar cerca de la victoria. El candidato del Pacto Histórico se ha mostrado más como un personaje fiel al Gobierno Nacional que como un conocedor de Bogotá y sus problemas. En sus apariciones públicas sus propuestas no resultaban convincentes y, en lugar de ajustarlas y ajustar su mensaje político, adoptó el discurso de candidato incomprendido: “tenemos clarísimo qué hacer, pero la gente no tiene paciencia, quiere soluciones ya”, afirmó recientemente. En este escenario no es difícil concluir que el Pacto Histórico se equivocó en su elección de candidato para Bogotá, tal y como como ya se había equivocado Gustavo Petro hace 4 años al postular a Hollman Morris. En el caso de Barranquilla, donde las elecciones parecen ser poco más que una formalidad, el candidato del Pacto Histórico no supera el 10 por ciento de apoyo en las encuestas. Sin embargo, sería injusto atribuir esta situación únicamente a una elección errónea de candidato, ya que la competencia se da contra uno de los hermanos Char. Los Char han estado moldeando el destino político de Barranquilla durante casi dos décadas y son indiscutiblemente uno de los clanes políticos más influyentes de Colombia. Finalmente, los partidos y movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico no lograron unificar su respaldo en torno a las candidaturas en algunas ciudades, municipios y departamentos. Muestra de ello, en las ciudades capitales mencionadas, es que en Medellín surgieron tres candidaturas de izquierda, ninguna de las cuales logró destacarse. Sin embargo, esto no los motivó a consolidar una sola opción. En el caso de Cali, el senador vallecaucano del Pacto Histórico, Alexander López, anunció su intención de votar en blanco para la Alcaldía, a pesar de la existencia de un candidato respaldado por su partido. Estos episodios reflejan las dificultades de la izquierda para concretar una estrategia y consolidar los acuerdos que necesita para llegar al poder regional. A pesar de que Gustavo Petro es considerado un hábil político, la forma en que él y su partido encararon las elecciones regionales deslucen esa imagen de político sagaz. Parece que el Pacto Histórico no desarrolló una estrategia sólida para alcanzar el poder a nivel regional, lo que podría estar relacionado con la creencia constante en que el único liderazgo necesario es el de Petro. Sin embargo, los proyectos políticos que han perdurado en el tiempo en este país han sido hábiles a la hora de entender que su supervivencia depende en buena parte de establecer estrechos vínculos con el poder y los liderazgos regionales, y de comprender a profundidad esa frase pronunciada por Petro en su discurso de posesión “Colombia no es solo Bogotá”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador A pesar del cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, se encuentra sumido en la incertidumbre a medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales programadas para este domingo 29 de octubre. En esta zona estratégica el Ejército Nacional tenía previsto llevar a cabo el “Plan Democracia”, destinado a brindar seguridad durante las elecciones del 29 de octubre. Sin embargo, este despliegue se ha visto obstaculizado por la persistente hostilidad de las disidencias armadas, a pesar del acuerdo de cese al fuego. Informes de inteligencia militar han señalado la presencia de varios cambuches y la ubicación de un francotirador en la zona, lo que ha generado preocupaciones de seguridad. El Ejército ha intentado desplegar sus tropas en el área, pero finalmente se vio obligado a desistir. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, expresó su preocupación, indicando que las disidencias armadas se han mezclado con la población del Micay, lo que representa un riesgo si las fuerzas militares entran en acción. Además, mencionó que estos grupos están en posesión de explosivos con mecanismos de detonación a control remoto. Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico, explicó la situación en el Cañón de Micay. Torres mencionó que la Fuerza Pública lleva a cabo la operación Trueno, que ya ha superado los tres meses de duración. Esta operación es una de las más grandes emprendidas por el Gobierno, ya que abarca casi tres municipios, con el Cañón del Micay como el principal y El Plateado como el objetivo central. En esta área han realizado avances significativos, rodeando El Plateado después de enfrentamientos y desactivando campos minados que lo rodean. En un intento por mantener el control, el EMC de las disidencias de las FARC, que se encuentra en el pueblo, ha establecido búnkeres, puntos de control, observación y residencias. Al respecto se han dado conversaciones en la mesa de negociación con el EMC de las FARC y el Gobierno, incluso con la participación del registrador electoral, en busca de soluciones. El Estado Mayor Central ha expresado su disposición a permitir la entrada del Ejército, pero con la condición de que no ejecuten allanamientos ni soliciten documentos de identificación a los residentes, centrándose en garantizar la seguridad de las elecciones. Sin embargo, existe cierta aprensión debido a la importancia estratégica del Plateado, lo que hace que algunos teman que el Ejército pueda permanecer en la zona después de las elecciones. Esta situación está vinculada al Bloque Occidental del EMC y a otras estructuras, y la seguridad en la zona puede verse afectada por los conflictos en otras partes, como lo demostraron los incidentes en el Cauca en respuesta a la operación Trueno en el Micay. Cabe resaltar que la tensión en el Cauca ha aumentado previo a las elecciones, un reciente caso fue el atentado contra la candidata a la Alcaldía de El Tambo, Carolina Camargo. En un aparente atentado sicarial, ocurrido este 26 de octubre en el corregimiento de Piagua, individuos a bordo de una motocicleta dispararon repetidamente hacia el vehículo de la candidata. Afortunadamente, el conductor del vehículo reaccionó a tiempo y evitó que el atentado tuviera éxito al embestir a los sicarios, quienes huyeron a pie. Carolina Camargo resultó herida en el incidente y fue trasladada a un hospital local y posteriormente a un hospital en Popayán. Su estado de salud se mantiene bajo observación. El atentado contra la candidata refleja la tensa situación de seguridad que rodea las elecciones en el Cauca y las amenazas a líderes políticos y candidatos en la región. Desafíos para la fuerza pública en el Cañón del Micay La situación en el Cañón del Micay refleja la complejidad de garantizar elecciones seguras en áreas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. La prioridad de las autoridades es salvaguardar la democracia y proteger a la población civil en medio de desafíos significativos. El presidente Gustavo Petro ha anunciado un plan para transformar la economía de la región y poner fin a la economía ilícita basada en el cultivo de coca. Sin embargo, el camino hacia la calma en Argelia y sus alrededores sigue siendo complicado. Mientras tanto, los habitantes de esta región siguen enfrentando amenazas y desafíos que ponen en peligro su participación en las elecciones regionales. La seguridad y el desarrollo económico en el Cañón del Micay siguen siendo desafíos críticos que requieren la atención del Gobierno y la sociedad en su conjunto. La entrada de la fuerza pública al Cañón del Micay se ha convertido en un dilema complicado, ya que debe equilibrarse con la protección de la población civil y la necesidad de garantizar elecciones seguras. La propuesta de que las Guardias Indígenas y Cimarronas custodien los puestos de votación ha generado debates sobre la presencia de la Fuerza Pública en la zona. La seguridad en Argelia y sus alrededores sigue siendo un desafío crítico, y los candidatos a la Alcaldía se enfrentan a amenazas y desafíos, lo que plantea la necesidad de un enfoque integral para abordar la compleja situación en la región. Juan Manuel Torres explicó que en el Cauca se ha iniciado un nuevo ciclo de violencia. Esto se debe a su persistencia a lo largo del tiempo, ya que es el resultado de una acumulación de factores. La crisis en la región no es reciente, pero según el coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, la situación en el Cauca es crítica. Un ejemplo claro es la investigación que realizó la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares en los informes de violencia electoral, que registró ataques a candidatos a las alcaldías y, en casos extremos, atentados como el sucedido contra la candidata del municipio del Tambo, parte del Cañón del Micay. “La situación ha escalado significativamente”, puntualizó Torres. Finalmente, Juan Manuel Torres mencionó que en otras zonas, como Argelia, los candidatos también enfrentan amenazas, como en el caso de Óscar Melisa Mejía, y se han registrado asesinatos, como el del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Plateado. El coordinador de la Línea Pacífico también hizo énfasis en que la respuesta del Gobierno ha sido priorizar la región, y el 6 de noviembre Petro visitará el área para mostrar apoyo a los candidatos. Sin embargo, el desafío va más allá de las elecciones, y se requiere una colaboración de múltiples instancias para garantizar condiciones equitativas y una resolución de la situación en el Cañón del Micay, como se refleja en el decreto del Cese al Fuego Bilateral. Se planean intervenciones integrales en la región, con un enfoque principal en El Plateado.

Por: Valeria Torres Parra, Asistente de investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Media Commerce La semana pasada el presidente Gustavo Petro anunció la aprobación del nuevo Plan Anual de Inteligencia; un instrumento creado por la Ley 1621 de 2013, en el que se desarrollan los requerimientos y las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, los medios humanos o técnicos empleados por los organismos especializados del Estado para la protección de los derechos humanos y la prevención y combate de las amenazas externas e internas contra el país. Cabe resaltar que, aunque el documento todavía no es de conocimiento público, se espera que pronto sea publicado, pues ya se hizo el anuncio oficial de su aprobación. Según lo mencionado por el presidente, con este plan se pretende fortalecer las políticas de seguridad nacional en materia de criminalidad, para lo cual comprende aspectos como el incremento de recursos para reforzar el capital humano que se dedica a la protección de la población colombiana y su capacitación en áreas como matemáticas, crisis climática, las nuevas modalidades criminales internacionalizadas y la ciberseguridad; tema en el que el Gobierno ha hecho especial énfasis, y del que demandará mayores resultados. Esto último ha cobrado relevancia sobre todo en días recientes, tras el ataque cibernético en el que se vieron afectadas varias entidades del Estado, después de que la empresa IFX Networks, encargada de suministrarles los servicios de comunicaciones y tecnologías, fuera víctima de un hackeo masivo. Este hecho puso en evidencia la débil capacidad institucional para responder a este tipo de delitos, que representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos y para el Estado en general. Este suceso, además, propició un debate sobre la necesidad de fortalecer entidades, mecanismos y estrategias en materia digital para hacer frente al cibercrimen, pues, aún con la existencia de un marco jurídico y lineamientos de política pública en este campo, se siguen presentando delitos de este tipo. Dentro de los lineamientos jurídicos se identifican documentos como el Conpes 3701 expedido en el año 2011, cuyo objetivo era fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas en el ámbito cibernético; para ello se crearon algunas instituciones como el ColCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas), el CECIP (Centro Cibernético Policial), y el CCOCI (Comando Conjunto Cibernético). Otros instrumentos jurídicos y de política pública los constituyen, respectivamente, la Ley 1581 de 2012, en la que se establecen disposiciones para la protección de datos personales, al igual que el Conpes 2854 de 2016 sobre la Política Nacional de Seguridad Digital, posteriormente actualizado por el Conpes 3995 de 2020. Una de las razones que podría explicar la poca efectividad de los instrumentos o entidades que atienden la problemática de seguridad digital en el país es el poco presupuesto que se destina en temas de tecnología, comparado con los recursos que invierten otros países de América Latina en esta misma área. Esto convierte al país en un blanco fácil para cometer delitos informáticos, y lo demuestran los reiterados ataques cibernéticos de los que ha sido víctima. De hecho, el diario La República, citando al Foro Económico Mundial, señala que para el año 2022 los delitos cibernéticos en el país incrementaron en un 133%, y para el primer semestre de ese año el país ocupó el tercer lugar dentro de Latinoamérica en recibir más ciberataques. En este punto vale la pena hacer una claridad en cuanto a la definición de conceptos como la ciberseguridad y la ciberdefensa, ya que, aunque ambos guardan relación con los delitos informáticos, el primero alude a la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo cibernético al que están expuestos los ciudadanos en áreas como transacciones financieras, protección a la información y propiedad intelectual; mientras que el segundo se orienta a prevenir y contrarrestar cualquier incidente o amenaza cibernética que afecte la soberanía nacional, como el uso de internet con fines terroristas, actos de espionaje y guerra cibernética (Cortés, 2015). En ambos casos el número de delitos ha incrementado. Entre los años 2021 y 2022 entidades como el DANE, la Aeronáutica Civil, y EPM fueron blanco de hackeos que afectaron su funcionamiento y, por tanto, la prestación de sus servicios. De igual manera, en este periodo de tiempo se produjo un incremento en el número de denuncias por parte de los ciudadanos por delitos o estafas cibernéticas, pasando de aproximadamente 11.200 casos en el primer año a 54.000 en el segundo. Uno de los factores que incidió en este hecho fue la pandemia del Covid-19, en tanto que el confinamiento condujo, de manera abrupta, a la migración a canales digitales, ocasionando que la ciudadanía estuviera más propensa a sufrir ataques cibernéticos. Ahora bien, los esfuerzos del Gobierno por incluir la esfera digital dentro de los asuntos de seguridad responden, por un lado, a la necesidad de modernizar y actualizar los mecanismos de protección del país, y, por otro lado, al fortalecimiento de su capacidad para combatir las nuevas multinacionales del crimen, quienes han evolucionado a niveles de criminalidad cada vez más difíciles de rastrear. Lo anterior, se enmarca entonces en lo planteado por la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con la que se pretende darle un giro al concepto tradicional de seguridad para darle paso a un nuevo enfoque holístico e integrador, basado en la seguridad humana, cuyo fundamento máximo es la protección de la vida y su plena realización. Una de las grandes apuestas para aterrizar dichos esfuerzos quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno, puntualmente en el artículo 113, donde se planteó la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital para que el país se actualizara en materia cibernética. Debido a que el Congreso no aprobó dicho Plan tal y como estaba, muchos artículos fueron modificados y otros eliminados, entre ellos, el que contemplaba la materialización de esta agencia. No obstante, el presidente y su gabinete han seguido insistiendo en ella, ante la reticencia de algunos congresistas, principalmente de la oposición, quienes señalan que dicha entidad, al estar planteada como un órgano adscrito a la presidencia, representa más bien una amenaza para la seguridad de las personas. En cualquier caso, la inclusión de estos temas en políticas y planes como el recién aprobado Plan de Inteligencia permite un mayor campo de acción para hacer frente a las amenazas y delitos informáticos, que se constituyen hoy en día como uno de los principales retos para el país en materia digital. Sin embargo, no deja de ser importante contar con una estrategia nacional y unificada que articule a todas las entidades del Estado, para que trabajen de manera armónica y coordinada en la lucha contra el cibercrimen. Además, esto también sería un paso importante para avanzar en la materialización del enfoque de seguridad humana al que le apunta el Gobierno. Lo cierto es que el mundo de hoy, cada día más interconectado y avanzando a pasos agigantados -sobre todo en el desarrollo tecnológico-, supone un gran número de retos y desafíos que requieren la transformación de los Estados para que estén en la capacidad de responder a ellos de una manera integral, que garantice la protección de todos los miembros de su territorio. Este tipo de estrategias están orientadas a dar respuestas a estos nuevos desafíos. Referencias Cortés Borrero, R. (Diciembre, 2015). Estado actual de la política pública de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 14. Universidad de los Andes (Colombia).

Por: Óscar A. Chala, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Letras Libres y Wikinoticias El pasado domingo 22 de octubre se celebraron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática para elegir a un candidato entre los diferentes partidos que la componen, que se medirá contra el actual presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones de 2024. La Plataforma, emergida en 2021 en respuesta a la inhabilidad que hoy pesa sobre la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para presentarse a procesos electorales desde 2018, se ha convertido en el nuevo proyecto político de articulación de la oposición venezolana, posterior a las diferentes críticas emergidas en años anteriores que señalaban el agotamiento de la MUD, su atomización y su dispersión tras las elecciones de 2018 y el estallido político-social sucedido en 2019, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, invocara el artículo 233 de la constitución bolivariana para asumir de iure la presidencia del país vecino. Tras casi 10 años de varios procesos de diálogo y mediación para promover elecciones libres en Venezuela —en su mayoría interrumpidos en el tiempo—, los últimos acuerdos alcanzados entre la oposición y el gobierno de Maduro el 17 de octubre, que llevaron al levantamiento parcial de algunas de las sanciones que pesan sobre el régimen por parte de los Estados Unidos, fueron la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral y el acceso y seguimiento de los medios de comunicación el día de las elecciones, a cambio de levantar inhabilidades de candidatos y permitir que la oposición realizara sus elecciones primarias. Estos acuerdos han abierto posibilidades para el restablecimiento del proceso electoral y democrático en el vecino país. Sin embargo, el cuestionamiento de fraude en los resultados de las elecciones primarias hecho por las autoridades oficialistas y la inhabilidad que sigue pesando sobre algunos de los candidatos (que va en contravía de lo acordado en Barbados el 17 de octubre), parece generar incertidumbre frente a un potencial desconocimiento de estos resultados y un retroceso en estas negociaciones. Antecedentes La mayoría de los procesos de negociación con la Oposición en Venezuela tienen su origen en las protestas del año 2014. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela (ratificado a nivel electoral el 14 de abril de 2013), la situación económica y social del país comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que generó un estallido social de amplias proporciones que Maduro intentó contener abriendo una “Conferencia Nacional por la Paz”, convocando a los líderes de la oposición a un diálogo que, luego del 10 de abril de 2014, quedó estancado. Posterior a este primer intento de mediación, en 2015 la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias, al ocupar el 56,21% de los escaños de la Asamblea Nacional y recuperar su control, tras más de 17 años sin mayores victorias electorales en el país. En este nuevo escenario, la nueva Asamblea intentó impulsar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en 2016, que fue detenido por seis tribunales penales inferiores estatales al considerarlo irregular y declarar que en varios estados de la Nación la oposición cometió fraude para recolectar las firmas para este proceso. Posterior a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulos todos los actos y leyes sancionados por la Asamblea Nacional. El Parlamento, en respuesta, declaró el orden constitucional “roto” y se declaró en desacato, además de considerar llamar a juicio al presidente por las irregularidades en el reconocimiento de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. La oposición, por su parte, convocó a masivas manifestaciones dentro de la iniciativa “Toma de Venezuela”, que posteriormente fueron suspendidas tras la mediación del Vaticano y de la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. Ante este escenario, en marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia asumió los roles y las funciones de la Asamblea Nacional, tras considerar que el parlamento seguía en “desacato”, lo que generó otra ola de protestas masivas en el país vecino. La respuesta altamente agresiva por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado y el crecimiento de las acciones violentas por parte de algunos disidentes políticos llevó a que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición realizó una consulta a la ciudadanía, por medio de la Asamblea Nacional, para conocer de antemano si existía apoyo para convocar a esta nueva Asamblea Constituyente. No obstante, Maduro convocó elecciones para esta Asamblea —en las que la oposición no participó por falta de garantías— en las que obtuvo la mayoría y con las que terminó de usurpar el poder de la Asamblea Nacional, en tanto la Asamblea Constituyente se arrogó sobre ella poderes plenipotenciarios por encima de las demás instituciones del Estado. En este escenario se abrió un proceso de diálogo en Santo Domingo, República Dominicana, a finales de 2017, que se suspendió tras el arresto y los asesinatos de varios líderes disidentes participantes de las movilizaciones de meses anteriores. La Constituyente, por su parte, se disolvió en 2020 sin haber cumplido su tarea fundamental: elaborar una nueva carta magna. En 2018 las elecciones presidenciales fueron adelantadas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó totalmente a la Mesa de Unidad Democrática para participar en los comicios electorales de aquel año. Luego, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela impuso condiciones sobre la inscripción de precandidatos que terminaron afectando a la mayoría de los partidos de la oposición, lo que llevó a que la MUD desistiera igualmente de participar. Los candidatos independientes que se presentaron en aquel momento firmaron un documento de acuerdo sobre garantías electorales, que posteriormente el Gobierno desconoció. Ante el inminente triunfo de Maduro y las irregularidades presentes en este proceso, ninguno de los candidatos aceptó los resultados finales y la Asamblea Nacional, aún bajo control opositor y desconocida por el Gobierno, ilegitimó el resultado y a Nicolás Maduro como su presidente. Ante la vacancia, en 2019 la Asamblea Nacional proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de iure. En 2020, como respuesta ante la decisión de la Asamblea Nacional de ratificar a Guaidó como presidente interino, el Tribunal Supremo de Justicia llamó a un nuevo proceso electoral para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Del mismo modo, el Tribunal intervino en los principales partidos opositores y nombró nuevas juntas directivas de los mismos ad-hoc, lo que generó de inmediato la reacción de la oposición, la cual señaló que no se presentaría por falta de garantías electorales. Ante este escenario, el bloque oficialista “Gran Polo Patriótico” obtuvo la mayoría absoluta del parlamento, que quedó con una minorizada presencia opositora, representada por diputados distantes de los procesos de la actual Plataforma Unitaria. En 2021 Guaidó propuso una nueva ronda de diálogos que comenzó en México bajo el auspicio de Noruega y Barbados, que dieron inicio a los procesos de negociación que llegan hasta el día de hoy. Estas rondas se vieron en su momento detenidas por la captura y extradición de Alex Saab, empresario colombiano implicado en lavado de dinero y cercano al gobierno de Maduro. No obstante, desde noviembre de 2022 las negociaciones han avanzado lentamente sobre la necesidad de levantar las sanciones impuestas a Venezuela a nivel internacional y el retiro de las denuncias e investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el vecino país. Estos avances se han manifestado en la firma del acuerdo del 17 de octubre, que permitió finalmente que se desarrollaran los comicios celebrados el domingo 22 de octubre. Irregularidades presentadas durante la jornada electoral Según la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y su producto, el Guachimán Electoral, hubo demoras para abrir algunos puntos de votación en municipios y ciudades capitales de los diferentes Estados, del mismo modo que hubo inasistencia de algunos testigos y jurados electorales, igual que de miembros de las mesas de votación. Asimismo, hubo casos de saboteo y coacción al proceso electoral, especialmente al cerrar lugares que servirían como puntos de votación o impedir que se instalaran mesas destruyendo candados o llaves de ingreso a estos sitios. De igual manera, se presentaron situaciones de violencia, especialmente frente al robo de material electoral por parte de delincuentes en un punto de Caracas, del mismo modo que presuntamente algunos colectivos barriales de origen chavista amedrentaron y amenazaron mesas de votación a través de rondas constantes con motorizados o de manera verbal ante los jurados de votación. Hacia el cierre del proceso electoral, varias mesas en diferentes Estados se quedaron sin material electoral suficiente para permitir que el resto de votantes participara. Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil ‘Transparencia por Venezuela’ registró en su app móvil “Dilo Aquí” 38 incidentes entre la apertura de las mesas de votación hasta su cierre en todo el territorio venezolano, siendo el Distrito Capital de Caracas el lugar donde se presentaron más irregularidades, con un total de 12 reportes. Le siguieron Estado Monagas con 4, y Estado Zulia y Lara con 3. Resultados Conforme a los resultados de las últimas encuestas realizadas en territorio Venezolano, María Corina Machado se impuso sobre sus otros competidores con un aplastante 92,5% de los votos, convirtiéndose en la ungida por la Plataforma Unitaria para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Aún a pesar de que algunos sectores opositores se desprendieron del proceso electoral al considerar que no habían garantías suficientes para participar en los próximos comicios presidenciales, María Corina Machado parece contar con el apoyo mayoritario de la oposición, tanto de los procesos locales como la de los integrantes de la mesa negociadora con el gobierno de Maduro. María Corina Machado Parisca comparte posiciones sociales de derecha conservadora y posiciones liberales en lo económico. Fue diputada por el Estado Miranda en 2015, cuando la oposición volvió a recuperar el control de la Asamblea Nacional, hasta cuando Diosdado Cabello —en aquel momento presidente del parlamento venezolano— la inhabilitó por una violación a varios artículos de la constitución bolivariana, decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con este resultado, María Corina Machado emerge como la figura política opositora más relevante, en un momento político en el que los viejos liderazgos de la oposición (como Enrique Capriles Radonski, Leopoldo López y Juan Guaidó) han caído en desgracia. Machado ha logrado capitalizar el descontento social existente y el descrédito en el que se haya sumergido el gobierno de Maduro y los resultados electorales parecen demostrarlo. Prospectivas a futuro Aunque aún no existen fechas concretas para la realización de las elecciones presidenciales en 2024, entre los acuerdos previos firmados entre la oposición y el gobierno de Maduro se prevé que el proceso electoral continúe de acuerdo a lo establecido en las fechas del calendario constitucional, que indican que se podrían realizar en el mes de diciembre del próximo año. Queda en incertidumbre si dentro de aquellos plazos se levantarán las inhabilidades que pesan sobre Machado —quien presuntamente recibía ciertos bonos que no reportaba entre sus gastos cuando fue diputada en 2015, según la Contraloría General de Venezuela—, especialmente aquella que le impide ejercer cargos públicos debido a su presunto apoyo público a las sanciones impuestas por Estados Unidos al vecino país, y que Machado niega vehementemente y señala como una argucia jurídica de las instituciones para impedir su participación. Uno de los acuerdos establecidos entre Estados Unidos y Venezuela radica en el levantamiento de estas inhabilidades y sanciones para todos los candidatos no-oficialistas que se presenten en las próximas elecciones. No obstante, apenas conocidos los resultados, tanto representantes del gobierno de Maduro como miembros de las instituciones salieron a denunciar fraude y la ruptura de lo acordado en Barbados el martes anterior. Entre las acusaciones se encuentran la de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, quien señala que el Comité Organizador presuntamente “infló” las cifras, aumentando de manera irregular el caudal de votantes habilitados en cada uno de los puntos de votación, y señalando la necesidad de revisar lo acordado con la oposición anteriormente. A estas declaraciones se suman la de diputados opositores distantes al proceso, como las de José Brito. Ante el panorama, tanto la oposición venezolana como los Estados Unidos esperan que la relajación en las sanciones ayude a presionar para que el gobierno de Nicolás Maduro ceda en aquellos puntos donde, hasta ahora, parece haber puesto sus líneas rojas. Entre el inmovilismo de las instituciones venezolanas por destrabar el escenario de negociación frente a las inhabilidades y la carencia de voluntad política del gobierno, Machado sigue firme en su candidatura y espera, en un giro inesperado de la coyuntura, imponerse frente al chavismo tras más de 2 décadas en el poder.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad y Jacobo Solano, @JACOBOSOLANOC, autor invitado Foto tomada de: El Espectador y Strava La Guajira no sale del control político de las clientelas y clanes. Un presunto caso de corrupción electoral se estaría presentado en Villanueva, La Guajira, que vincularía a familiares de Jaime Lacouture, exmagistrado del CNE y ahora secretario general de la Cámara de Representantes, y quien tiene a su madre, Cielo Peñaloza, aspirando a la Alcaldía de este municipio. Según una queja presentada el 31 de julio de 2023 ante la Procuraduría en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y La Registraduría Municipal de Villanueva, hay una presunta relación de cercanía de la campaña de Cielo Peñaloza con el registrador Alexander Vega. Recordemos que Vega estuvo en este municipio en enero de 2023 acompañado del padre del secretario de la Cámara, quien también se llama Jaime Lacouture, y otros familiares de la hoy candidata a la Alcaldía. Jaime Lacouture hijo es miembro del Partido Conservador y, según una publicación de Cuestión Pública, estuvo presuntamente salpicado en el caso de Odebrecht por gestionar una reunión entre Bernardo Miguel Elías “Ñoño Elías” y la empresa Afavías en búsqueda de financiación para Odebrecht, específicamente para el proyecto del río Magdalena. Fuente: Denuncia Pares En la queja se denuncian las presuntas relaciones cercanas con el registrador Alexander Vega, las cuales afectarían y amenazaría la legalidad y legitimidad de las elecciones locales en Villanueva. Pero la denuncia no es lo único. También sobre Jaime Lacouture padre recaen múltiples denuncias por presunta compra de votos, junto con su asistente, Carlos Alberto Romero Dangond, quien fuera secretario de Salud de Villanueva. Según fuentes territoriales a las que tuvo acceso Pares, la estrategia de campaña de Cielo Peñaloza sería visitar casa por casa, presionando a la población de Villanueva para llevar a cabo el presunto entramado de compra de votos, tal como se evidencia en este video. Y hay más que sumar a esta denuncia. En otro audio se escucha claramente cómo Leinis Caban, mochilera reconocida de la población, estaría presuntamente reteniendo las cédulas de algunos habitantes para beneficiar la campaña de la madre del actual secretario de la Cámara de Representantes. Audio Rtención de cedulas. Fuente: denuncia Pares Villanueva es un poblado de estirpe macondiana, por lo tantoacostumbrado a cierto modo de hacer política en el que prima la compra de votos, tal y como lo evidencia esta investigación de Noticias Caracol. Para muchos de sus habitantes, Jaime Luis Lacouture hijo tiene entre sus mayores logros por La Guajira haber anunciado una demanda a Netflix y a la estrella estadounidense Arnold Schwarzenegger por mencionar en una serie al departamento de La Guajira como un sitio “muy peligroso”. Igualmente, Jaime Lacouture,pese a su filiación conservadora, ha tenido alianzas políticas con miembros del Partido de La U, como Bernardo Miguel Elías más conocido como el “Ñoño Elías”. También es reconocido por presuntamente haber propiciado la entrada del barón electoral de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, a La Guajira, donde obtuvo alrededor de 20.000 votos para las elecciones a Congreso de 2022. En contraprestación,Trujillo presuntamente, habría hecho que por unanimidad el Partido Conservador apoyara a Lacouture en su aspiración y posterior elección como secretario general de la Cámara de Representantes. Actualmente se estima que sería aliado del senador Alfredo de Luque por el Partido de La U, líder de “Nueva Fuerza Guajira" y el barón electoral más importante del departamento. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Los clanes políticos del Cesar y La Guajira han estado conectados por redes familiares y de lealtades mediante las cuales operan a la sombra del sistema político legal. Los operadores políticos llevan décadas distribuyendo entre sí los recursos públicos y afectando gravemente la democracia local y los mínimos derechos de la población. La retención de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector, tráfico de influencias y de empleo parecieran ser la constante en este y en muchos departamentos. Las autoridades electorales deberían actuar con efectividad, pero es probable que esto no suceda a tiempo. La ciudadanía, por ahora, es quien tiene el futuro en sus manos.

Por: Katerin Erazo, periodista. Foto tomada de: El Espectador Resta menos de una semana para que los colombianos elijan a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en las urnas del próximo domingo 29 de octubre, y la preocupación por el ambiente de violencia política en el país no cesa. En ese sentido, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló las más recientes cifras en su último informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Estos datos son tomados en cuenta desde el período preelectoral, que inició el pasado 29 de octubre del 2022 y va hasta el próximo domingo cuando se celebre esta democracia en el país. Según el informe de la MOE, un total de 179 candidatos han sufrido algún tipo de violencia, lo que representa un considerable incremento del 37,7% en comparación al 2019 y del 101% en comparación al 2015 en relación con las pasadas elecciones regionales. De acuerdo a la MOE, de estos 179 hechos de violencia, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la gran mayoría perpetrados en contra de candidatos a concejos municipales. Así mismo, según señaló el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, se registraron 140 amenazas durante este período de tiempo, además de un secuestro y ocho casos de violencia política contra la mujer. En cuanto a los asesinatos, resalta el caso más reciente registrado, ocurrido el pasado 5 de octubre en Mutatá, Antioquia, donde unos hombres armados acabaron con la vida de Maryuri Cárdenas Malagón, candidata por el partido Gente en Movimiento, justo en frente de una sede de la Registraduría Nacional en esa localidad. De igual forma, se mencionan los casos del concejal de Guachené, en el departamento del Cauca, William Fory, del partido Cambio Radical; el de Luis Carlos Meléndez, candidato a una Junta Administradora Local de Cartagena, Bolívar, por el Partido Liberal; y el de Luis Eduardo Timaná, líder indígena de la comunidad nasa y candidato por el Pacto Histórico en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que este es un fenómeno que desafortunadamente viene en aumento desde hace tres elecciones y que durante este tiempo, se presentó un “incremento sustancial” de la violencia contra estos liderazgos políticos que entran en mayor acción para estas épocas. “No se logró establecer, a través del Estado, los mecanismos de seguridad suficientes para que en aquellos territorios que por ejemplo abandonaron las FARC no se fortalecieran grupos como el ELN o el Clan del Golfo. Ha habido una debilidad después de la firma del Acuerdo de Paz con respecto a cumplir la promesa de que el Estado iba a trabajar desde todos los frentes para que los 170 municipios Pdet no se presentaran episodios como los que se reseñan en el informe”, detalló Barrios. A pesar de que el informe revela que los partidos Pacto Histórico, el Liberal, Conservador o Alianza Verde, todos parte de la coalición del Gobierno en el comienzo de la era Gustavo Petro, son los más afectados por esta violencia, la directora de la MOE señala que se han identificado hechos violentos que se registran hacia candidatos de todos los espectros políticos. “En regiones uno encuentra que lo que hay es una amenaza al ejercicio de la política, es una amenaza a los liderazgos, independientemente de cuál sea la afiliación política. Pudimos ver que en algunos casos las amenazas no iban con mensajes específicos, sino que iban en contra de todo aquel que quisiera ser candidato”, añadió la líder de la MOE. Una muestra de estos casos son las más recientes amenazas en contra de la lista de candidatos del Pacto Histórico en la ciudad de Medellín, las cuales fueron reveladas por la senadora María José Pizarro, o las denuncias que hicieron las directivas del Centro Democrático en el departamento del Caquetá. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha estado realizando un seguimiento previo a las elecciones, observando de cerca la violencia política-electoral que ha surgido en relación con este proceso. Como resultado de este monitoreo, la Línea Democracia y Gobernabilidad ha publicado cuatro informes detallados que describen la situación en el contexto del calendario electoral. Primer informe de violencia político electoral El 29 de octubre de 2022 inició el calendario electoral para la competencia por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales para el próximo 29 de octubre de 2023. Según el informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este período se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados, entre ellos 11 homicidios. Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), día de por medio se registró una víctima de violencia política y electoral en Colombia. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados. Es así como desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación ha estudiado y documentado diferentes estructuras políticas herederas de las alianzas con paramilitares entre el 2003 y el 2007, así como su influencia posterior en hechos de corrupción asociados al “Cartel de la Toga”, al escándalo de Odebrecht y a la existencia de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover millonarias maquinarias clientelares en las regiones y en el país. (Ver: Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023)) Segundo informe de violencia político electoral Durante los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), Pares registró 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas únicas. Conforme avanzaba el calendario electoral, suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez. Este segundo informe de violencia político-electoral causó gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia, y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentaron notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)) Tercer informe de violencia político electoral En este tercer informe, durante los primeros ocho meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023), Pares registró 116 hechos violentos que han dejado un saldo de 152 víctimas únicas. La tendencia siguió mostrando también que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)) Cuarto informe de violencia político electoral A dos meses de que se llevará a cabo las elecciones locales el próximo 29 de octubre de 2023, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) encontró con preocupación que, en comparación al informe realizado para las elecciones regionales del 2019 en Colombia, estaba a once (11) víctimas y dos (2) hechos de alcanzar lo reportado a de octubre de aquel año. Respecto al último informe realizado para las elecciones del 2022, Colombia estaba a tres (3) víctimas y cuatro (4) hechos de alcanzar lo registrado para las elecciones legislativas del 2022. Además de las advertencias que Pares hizo en su tercer informe, se registró la renuncia y salida del país del alcalde de Playa, Norte de Santander, y la salida del alcalde de Nuquí de su municipio por amenazas del Clan del Golfo. También se observó un incremento en los hechos victimizantes respecto a miembros del Partido Liberal. Para el período de este informe, se registraron como nuevos agentes perpetradores al Tren de Aragua y los Costeños en Barranquilla. Además, se registró un presunto panfleto amenazante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Tuluá, Valle del Cauca. La Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) está a punto de publicar un nuevo informe sobre la violencia política-electoral. Según el investigador de Pares, Juan Alejandro Pérez, se han registrado 325 víctimas únicas relacionadas con 262 incidentes. El mes de septiembre destacó con el mayor número de víctimas y casos, con 64 víctimas asociadas a 48 incidentes. Este aumento es particularmente preocupante, ya que coincide con el período electoral, marcado por la inscripción de candidaturas en los últimos 3 meses. Es evidente que ha habido un incremento con respecto a los años 2019 y 2022. A pesar de esta preocupación, Pérez mencionó que no debemos llegar al extremo de considerar inviable la celebración de las elecciones, como lo ha sugerido el Defensor del Pueblo. Aunque es indudable que enfrentaremos desafíos, es crucial que las entidades estatales, desde el Ministerio del Interior hasta las autoridades locales, trabajen en conjunto para garantizar que las elecciones se desarrollen sin contratiempos y que los centros de votación en Colombia abran sus puertas a las 8 de la mañana del domingo. Es inquietante observar que no hay una mayor efectividad del Plan Democracia, el cual se activa en los procesos electorales para salvaguardar el proceso electoral. Por lo que para el investigador de Pares, este plan necesita ser revisado y mejorado en colaboración con las entidades locales por parte del Ministerio del Interior. Además, es esencial centrar nuestros esfuerzos en áreas específicas como el Cañón del Micay, el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó y Catatumbo. Esto permitirá al Ministerio del Interior y a las autoridades locales crear un entorno seguro para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y los candidatos puedan ser elegidos sin temor a amenazas. Desde la Fundación Pares se hace un llamado para que se pueda realizar esta jornada electoral de manera efectiva y segura y se espera que el 29 de este mes, los comicios se lleven a cabo con éxito. Es por esta razón que estos informes destacan la persistente violencia política en Colombia y la importancia de abordar esta problemática para proteger la democracia y garantizar un proceso electoral seguro. Los candidatos y líderes políticos de todas las afiliaciones políticas siguen siendo víctimas de actos violentos, lo que representa un desafío significativo para el país.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en 2016 marcó un hito en la historia de Colombia al permitir que los exguerrilleros pudieran reintegrarse a la sociedad y participar activamente en la política del país. Hoy, en las elecciones regionales que se llevará a cabo este 29 de octubre, 144 excombatientes han dado un paso político muy importante al inscribirse como candidatos en diversos cargos, demostrando su compromiso con la construcción de un país más democrático y en paz. Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 108 hombres y 36 mujeres reincorporadas de la desmovilizada guerrilla aspiran a ocupar cargos en alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas de acción local. Estos reincorporados, que han atravesado un proceso de capacitación en participación política bajo la supervisión de la ARN, representan una parte importante del espectro político en estas elecciones. La directora de la ARN, Alejandra Miller, expresó su satisfacción por el alto número de reincorporados que han decidido dar este paso hacia la política, señalando que “este proceso de participación política contribuye a que las personas permanezcan no solo en la civilidad, sino que contribuyan al país para ensanchar y ampliar la democracia”. Además, Miller destacó la importancia de este espacio académico, no solo para la actual tarea electoral, sino también para los futuros procesos de incidencia política que se llevarán a cabo en 2024 en el marco del programa de reincorporación. Este proceso de capacitación ha abarcado temas fundamentales para el ejercicio democrático, como la participación política de las mujeres, el funcionamiento del Estado, el sistema electoral colombiano, estrategias de comunicación y marketing político, así como mecanismos de participación, control ciudadano e incidencia en planes de desarrollo territorial. Inicialmente, se esperaba la participación de al menos 500 reincorporados en las elecciones de este 29 de octubre, pero con los procesos de respaldo, avales y demás procedimientos previos a las elecciones, esa cifra se redujo a 144. Sin embargo, otros 157 firmantes de paz también están siendo capacitados en temas de participación democrática, lo que muestra el compromiso de un amplio sector de la población en proceso de reincorporación. Las candidaturas se concentran especialmente en departamentos como Tolima (19), Antioquia (12), Cauca (12), Putumayo (11) y La Guajira (10), donde se han generado condiciones favorables para los reincorporados, especialmente a través del apoyo de las comunidades locales. Cabe destacar que 23 partidos y movimientos políticos han respaldado a los candidatos firmantes de paz, con Comunes, Colombia Humana y Colombia Renaciente liderando el número de avales otorgados. En cuanto a la representación de género, de los 144 firmantes de paz que son candidatos, 108 son hombres y 36 son mujeres. Aunque estas cifras revelan la persistencia de obstáculos y brechas de género en la política colombiana, es un paso significativo hacia una mayor igualdad de oportunidades. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, dos reincorporados de las FARC han logrado un destacado y poco común camino hacia la política colombiana, asumiendo roles de alcaldes en diferentes regiones del país. El primero en dar este paso fue Guillermo Torres, también conocido como Julián Conrado o el "cantante de las FARC," quien obtuvo una victoria en las elecciones de 2019 y desde entonces desempeña el cargo de alcalde en Turbaco, Bolívar. Su elección marcó un hito en el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil y política. Otro reincorporado que ha asumido la alcaldía es Edgardo Figueroa, un médico que formó parte de la desmovilizada guerrilla. Desde 2019 Figueroa gobierna en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Lo llamativo de estas historias radica en que ninguno de los dos reincorporados lanzó su candidatura bajo el estandarte del partido Comunes, de las FARC, sino que optaron por partidos independientes de orientación de izquierda. Torres recibió el respaldo de la Colombia Humana en Bolívar, mientras que Figueroa triunfó en Putumayo con el aval del partido ASI. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), existe una situación interesante en relación con los reincorporados que conformaron el Partido Comunes. Este partido ha respaldado a personas que no formaron parte del proceso de reincorporación, es decir, individuos que nunca tomaron las armas, pero que han recibido el respaldo de Comunes en el marco de la Coalición Pacto Histórico a nivel regional, a la cual Comunes se ha unido. Pérez destacó que uno de los candidatos destacados de Comunes y un reincorporado, Pastor Alape, se postula para la alcaldía de Puerto Berrío y cuenta con posibilidades reales de ganar, según fuentes locales y el propio equipo de Pastor Alape. Además, es importante señalar que Alape ha establecido una alianza o brindado apoyo público a Luis Pérez Gutiérrez, quien es el favorito para ganar la Gobernación de Antioquia, aunque su candidatura es objeto de controversia. En este contexto, el partido Comunes, formado por reincorporados, enfrenta un probable riesgo de perder su estatus legal en las próximas elecciones de 2026 si no logra superar el umbral electoral. Por lo tanto, están trabajando en respaldar ciertos candidatos en la actualidad con el fin de establecer una base electoral sólida que les permita sobrevivir como partido político en 2026. El proceso de reincorporación de los firmantes de paz de las FARC en la vida política de Colombia continúa avanzando, y la participación activa de estas personas en las elecciones regionales de 2023 demuestra su compromiso con la construcción de una democracia inclusiva y la búsqueda de un país más unido y en paz.

Por: Óscar A. Chala, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: SkycraperCity El pasado martes 24 de octubre se realizó el primer foro organizado por la Red Lidderat, titulado “Prospectivas, perspectivas y retos electorales: intercambio de experiencias y experticias sobre las dinámicas territoriales”, que reunió a varios analistas e invitados de las diferentes organizaciones que componen la Red, y en el que se habló del panorama político-electoral en sus respectivas regiones, a 5 días de los comicios locales y regionales que se celebrarán en todo el país. Este foro estuvo moderado por Mónica Castillo, investigadora programática de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y estuvo acompañado por Juan Manuel Velandia y Juan Alejandro Pérez, también investigadores de la Línea; Brenda Pérez Valencia, politóloga y coordinadora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander; Juan Pablo Milanese, docente del departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI; Francisco Palacios, periodista chocoano; y Horacio Brieva, periodista, columnista y director ejecutivo de la Fundación Protransparencia. El panorama político departamental a contados días de las elecciones Para la mayoría de los invitados las elecciones locales en sus respectivos departamentos responden a una tensión entre el regreso de algunos de los grandes clanes políticos al poder y la dispersión de cualquier alternativa política que pueda disputar escenarios de representación a nivel local frente a estos clanes políticos. En ese sentido, es rescatable la intervención del profesor Juan Pablo Milanese, quien indica que gran parte del proceso electoral en el Valle del Cauca (y, en general en el país) busca posicionar y ubicar figuras políticas frente a las elecciones legislativas de 2026 y otros procesos electorales futuros, consolidando potenciales bases electorales y grupos políticos que puedan capitalizarse en campañas futuras, por lo que estos próximos comicios no responden solamente a una competencia política concreta, sino que son proyectos pensados a largo plazo en los que lo importante no es ganar, sino posicionar agendas y personajes clave para conservar sus intereses o mantener sus grupos políticos en el tiempo. Igualmente, los invitados estuvieron de acuerdo en señalar que esta campaña no responde totalmente a las dinámicas nacionales, haciendo énfasis especialmente en que la intención de voto no se mueve de manera ideologizada, sino que, por el contrario, ha existido un proceso de desideologización tanto de los procesos sociales emergidos del Paro Nacional de 2021, como de las elecciones nacionales de 2022. Lo anterior implica que tener una postura frente al Gobierno no ha sido decisivo como elemento diferenciador en la campaña, pero sí se ha generado ruido y una serie de campañas sucias a nivel local frente a declaraciones de apoyo al mismo. En este caso son rescatables las declaraciones de Brenda Pérez, quien señaló que alrededor de la campaña para la Alcaldía de Cúcuta entre Leonardo Jácome y Jorge Acevedo se ha generado descrédito con base en acusaciones de recibir apoyos del Gobierno Nacional. No obstante, en ese sentido Horacio Brieva señaló que los escándalos que han estallado alrededor del Gobierno Nacional sí han erosionado la gobernabilidad y han alejado apoyos existentes en departamentos cómo Atlántico, donde Gustavo Petro obtuvo una alta cantidad de votos en la segunda vuelta presidencial de 2022. Para Francisco Palacios, el mayor reto para las candidaturas tradicionales, como la de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, radica en llegarle a un electorado mucho más joven, en un escenario de redes sociales donde es desconocido y donde ha apelado a estrategias que buscan lavar su imagen. Aunque los candidatos tradicionales siguen llegando a través del sostenimiento de maquinarias de carácter clientelar, las redes sociales han impuesto un reto frente a un nuevo electorado que forma gran parte de su opinión y toma decisiones con base en lo que se mueve a través de las redes. Los riesgos para la democracia en los territorios Frente al aumento de casos de violencia político-electoral identificados por Pares en las últimas semanas, los invitados hablaron de los potenciales riesgos que existen para las próximas elecciones y su capacidad para debilitar la democracia en Colombia. Para el profesor Juan Pablo Milanese, ha sido claro que el voto espontáneo se ha vuelto determinante en ciudades y sus áreas metropolitanas, como es el caso de Cali, donde el voto de maquinaria y el voto de opinión serán clave para el triunfo de los grandes grupos políticos en los procesos electorales, haciendo que ya no dependan de uno u otro solamente. Igualmente, los invitados están de acuerdo en señalar que la incidencia de la violencia por parte de las economías ilegales puede influir en el proceso electoral de manera indirecta, especialmente frente a los cambios que existen dentro de los aspectos productivos de estas economías y su traducción en las lógicas territoriales, que pueden llevar a que el Estado se convierta en un nuevo botín rentable para estos grupos ligados a aquellas economías. Respecto a los riesgos en el departamento de Norte de Santander, Brenda fue enfática en decir que la presencia de candidaturas que responden de alguna u otra manera a clanes políticos ya establecidos en la región (especialmente frente a William Villamizar, candidato a la Gobernación) y que pretenden perpetuarse en el poder otro período electoral, es uno de los grandes riesgos que corre la democracia, en tanto impide que otras opciones y programas políticos lleguen a escenarios de decisión y por el riesgo de que bajo estos gobiernos exista un detrimento patrimonial aún mayor, especialmente cuando William Villamizar y Ramiro Suárez (exalcalde de Cúcuta, quien apoya tras bambalinas a Leonardo Jácome) han sido acusados de corrupción. Del mismo modo, existe un riesgo potencial de que estas candidaturas recorten o eliminen gastos necesarios frente a políticas públicas de carácter social, aunque se hayan comprometido a trabajar de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. En el caso del departamento del Chocó, Francisco ha señalado que existen cortes de energía y pocas existencias de combustible que han impedido el traslado de kits electorales y puestos de votación a través del transporte fluvial hacia los municipios del interior del departamento. Asimismo, la presencia del Clan del Golfo y del ELN a nivel territorial ha generado confinamientos como consecuencia de los paros armados impuestos por estos grupos a partir de sus enfrentamientos, que han complicado la realización de las elecciones en algunos municipios, como Bojayá. Junto a ello, el control territorial de algunas bandas delincuenciales en la ciudad de Quibdó ha impedido el trabajo de campaña de algunos candidatos, lo que se ha visto reflejado en el daño a publicidad de campaña y agresiones físicas. Frente a lo que sucede en el departamento del Atlántico, las campañas se han visto inmersas sobre la publicidad sucia y los ataques constantes entre los dos candidatos con mayores intenciones de voto, Eduardo Verano y Alfredo Varela, que han involucrado ataques y desprestigio por el tema de la edad (pues Eduardo Verano es un adulto mayor). Entre tanto, aunque hay irregularidades relacionadas con la compra y venta de votos, Horacio afirmó que estas han disminuido, especialmente posterior a la captura de Aída Merlano y el proceso jurídico contra Arturo Char. Los retos para la veeduría al proceso electoral local y regional Como cierre y conclusión del evento, Juan Alejandro Pérez indicó que los principales retos en las próximas elecciones del domingo 29 de octubre girarán sobre los datos que manejará la Registraduría, especialmente frente a los escenarios de preconteo y escrutinio, ante la carencia de una auditoría del lugar donde estos datos serán transmitidos que podría llevar a que se pierdan eventualmente votos. Asimismo, existe un temor frente al incremento de situaciones de violencia político-electoral que pueden ocurrir a lo largo de la jornada electoral, por lo que se ha seguido haciendo un llamado al Ministerio del Interior para que ajuste el Plan Democracia a las condiciones actuales en las que se van a desarrollar estos comicios, además de generar una articulación plena con las autoridades locales a lo largo del día. También se ha alertado sobre la posibilidad de que muchas registradurías a nivel municipal se encuentren cooptadas por los clanes y grupos políticos a nivel local, tal y como se ha señalado desde medios regionales aliados, como El Itagüiseño. Finalmente, Juan Alejandro hizo un llamado para que se puedan activar rutas de protección y atención por parte de las autoridades a periodistas y a figuras que cubren y analizan las elecciones a nivel local, del mismo modo que a denunciantes de situaciones de corrupción y delitos electorales, especialmente en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Antioquia y otros departamentos donde no existen o no se implementan de manera efectiva estas rutas. ¿Qué es la Red Lidderat? La Red Lidderat se ha consolidado como una iniciativa para la lucha anticorrupción y la promoción de la transparencia en el sistema político colombiano, impulsada desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Corporación Casa Puentera en Cúcuta y su Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, la Fundación Protransparencia Atlántico, junto con otras organizaciones y veedores ciudadanos en Chocó y Valle del Cauca, que por motivos de seguridad en sus territorios no son nombrados públicamente en esta nota. Esta Red tiene como objetivo profundizar en la comprensión de fenómenos políticos importantes como la corrupción, la opacidad y debilidad institucional y los riesgos para la democracia, con el fin de fomentar la transparencia y elevar la calidad del sistema político, electoral y de contratación pública en Colombia. La Red Lidderat no se limita a la investigación, sino que también cumple la importante función de ser un faro de esperanza para un futuro más democrático y transparente en Colombia. Les invitamos a conocer la Red y estar atentos a nuestras redes sociales para conocer del trabajo que hacemos en función de una transformación democrática en el país.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista El próximo 29 de octubre serán las elecciones locales y regionales, y quiero aprovechar este espacio para invitarles a dos cosas. La primera es que en la medida de lo posible salgan a votar de forma masiva, ojalá por los proyectos alternativos que priorizan apuestas por la diversidad, la protección de los derechos humanos y la lucha por la transparencia y la anticorrupción; y la segunda invitación es a rechazar y denunciar la compra de votos, respondiendo al sistema de recompensas anunciado por el Gobierno Nacional. En referencia a la primera invitación, que es salir a votar masivamente, digo “en la medida de lo posible” reconociendo las preocupaciones existentes por riesgos electorales, como el constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales que afectan el libre ejercicio del voto. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo en la Alerta temprana N. 030-23 resalta que hay 676 municipios con riesgos para el proceso electoral, de los cuales 113 están en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Por ejemplo, para el caso del Valle del Cauca se encuentran tres municipios que están clasificados como de riesgo extremo, que son Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Para esto, las fuerzas militares anunciaron un plan de seguridad, que esperamos que permita el desarrollo seguro de la jornada. En referencia la segunda invitación, que es rechazar y denunciar la compra de votos, invitación en la que voy a profundizar a continuación, considero clave resaltar la apuesta del Gobierno Nacional con la estrategia de sistema de recompensas comunicada por el ministro Luis Fernando Velazco, quien anunció que la recompensa económica ofrecida será proporcional a la denuncia realizada. Anuncio confirmado por el presidente Petro en su cuenta de X: “se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional”. Con esta estrategia se busca evitar que grupos criminales o políticos influyan en el voto de la ciudadanía mediante el pago de dinero o favores, y para esto se trabajará conjuntamente con la policía judicial y la Registraduría para verificar las denuncias y así poder sancionar a los responsables. Dado que uno de los problemas más graves que enfrenta el proceso electoral es la compra de votos, que es una práctica lamentable que ha sido normalizada en muchas regiones y esto lo debemos rechazar y apostar por un proceso electoral transparente. Recordemos que, en democracia, cada voto cuenta y la participación es fundamental. La legitimidad de las decisiones tomadas en las elecciones depende en gran medida del grado de participación. Justamente, el año pasado, para la elección presidencial, se presentó una abstención del 41,8% de la población apta para votar; y en las pasadas elecciones regionales, en el 2019, la abstención fue del 39,3%. Para la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la democracia, es realmente importante un voto informado y autónomo, que permita la elección de representantes que sean confiables. No se trata solo de ejercer un derecho, sino de hacerlo de manera responsable. Además, también es esencial que la ciudadanía no se abstenga, voten en blanco o anulen su voto, ya sea por desencanto o indiferencia. Si bien este tipo de votos no tiene ningún efecto real y es una representación de la molestia que se siente con el sistema electoral, esto termina favoreciendo a los partidos más votados. En este contexto electoral decisivo, en el que la participación ciudadana y la integridad del proceso son fundamentales, quiero traerles el mensaje que nos compartió hace cuatro años el artista bonaverense de música urbana, El Teacher, en su canciónNi por plata ni por trago: “Hay que tener mucha decisión y ponerse la mano en el corazón, si te ofrecen 50 por tu elección coge la plata y no votes por un ladrón… ¿los corruptos piensan que van a comprarnos?, no nos vendemos ni por plata ni por trago…”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su quinto informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 25 de octubre de 2023, a cuatro días de la jornada electoral. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 325 víctimas de violencia electoral en 262 hechos asociados. Del total de víctimas (325), treinta y siete (37) fueron asesinadas, cincuenta y uno (51) sufrieron un atentado y 236 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Cuarto informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 29 agosto 2023]), correspondiente a los primeros diez meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de agosto de 2023), se dio un incremento del 8,82% en el número de homicidios registrados, y del 62,5% en el número de atentados. Este quinto informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores, aquí:

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Pares y El Espectador A menos de una semana de las elecciones territoriales, Quibdó está plagado de publicidad política. No se trata sólo de las típicas vallas publicitarias convencionales, sino de un sinfín de afiches y pendones en cuanta superficie sea posible ubicar, y es que no hay rincón que se salve de los rostros de algún candidato: en puertas, ventanas, locales comerciales, postes, incluso árboles y hasta en el mismísimo río Atrato. Foto: Pares Si bien es cierto que el Decreto 0172 del 07 de junio del 2023 del municipio de Quibdó, que regula la propaganda electoral en la capital del Chocó, estipula que cada partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos y movimientos sociales sólo tienen autorizado hacer uso de hasta 12 vallas publicitarias, la realidad es otra. Caminar por las calles de Quibdó en medio de la actual contienda electoral implica encontrar casas con tres y hasta cuatro elementos publicitarios de diferentes candidatos en una misma fachada. Fotos: Pares Frente al malecón del río Atrato de Quibdó se pueden ver tres enormes vallas, precisamente de los tres candidatos del departamento que más han capitalizado votos: Patrocinio Sánchez Montes de Oca, Nubia Carolina Córdoba y Danny Moreno “La Nena”; los dos primeros se disputan la Gobernación y Moreno es quien probablemente se convertirá en la próxima alcaldesa de Quibdó. Foto: Pares En las últimas semanas se vio a Patrocinio Sánchez recorriendo las calles de Quibdó. Además, se conoció la llegada del también candidato a la Gobernación del Chocó, Gilder Palacios, a la candidatura de Sánchez Montes de Oca, al parecer tal adhesión se haría bajo el entendido de que Palacios sume capital electoral en Medio Baudó y, a cambio, en las próximas elecciones este reciba apoyo de los Sánchez Montes de Oca para llegar a la Cámara de Representantes, y la actual representante del Partido de La U -y hermana de Patrocinio-, Astrid Sánchez Montes de Oca, suba a ocupar una curul en el Senado de la República. Mientras tanto, Nubia Carolina Córdoba ha recibido el respaldo de otros candidatos a la Gobernación del Chocó, como Lidis Asprilla, del Partido Esperanza Democrática, y Mario Maturan,a de Nueva Fuerza Democrática; recientemente, la congresista Piedad Córdoba anunció la adhesión del Pacto Histórico a Córdoba. Adicionalmente, la candidata cordobista ha estado muy activa, volando de municipio en municipio, pues literalmente ha aterrizado en los territorios en helicóptero. Sin embargo, llama la atención que estos gastos específicos de movilidad por medio de transporte aéreo no han sido incluidos en la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras. Foto: Facebook de Nubia Carolina Córdoba Fuente: Cuentas Claras Según la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras, la campaña de Nubia Carolina Córdoba ha tenido $940.000.000 ingresos totales y ha gastado $49.583.100 en propaganda electoral; no obstante, en la información publicada no se desagrega a qué corresponde tal monto. Fuente: Cuentas Claras En el caso de Patrocinio Sánchez, aparece un total de ingresos por $474.850.000 y los gastos correspondientes a propaganda son $6.950.000. Al igual que Nubia Córdoba, tampoco es posible determinar cuánto dinero se ha destinado específicamente para vallas publicitarias. Sumado a ello, los datos consignados para gastos en actos públicos tienden a reportar únicamente recursos de refrigerios, omitiendo los concernientes a los enormes eventos de campaña que debieran sumar altos montos de dinero en tarimas, equipos de sonido y masivo uso de publicidad por parte de ambas candidaturas. No obstante, los gastos de tales eventos multitudinarios no aparecen por ningún lado. Fuente: Cuentas Claras En conclusión, Quibdó está plagado de publicidad electoral, sin embargo, no hay dios ni ley que haga respetar el uso de esta y las autoridades municipales mantienen el silencio. Si bien es cierto que la Resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral establece que los candidatos tienen la obligación de emplear la herramienta electrónica Cuentas Claras como mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos en la campaña electoral; la realidad es que no reportan la información detallada que permita realizar veeduría a cada uno de los gastos. Mientas tanto, las calles de la capital de Chocó están inundadas de rostros de candidatos, incluso, el mismísimo río Atrato.

Por: Juan Manuel Velandia, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad El sentir de esperanza y cambio de la población vallecaucana durante el Paro Nacional que se vivió en abril de 2021 posicionó al Pacto Histórico como la fuerza política opositora al segundo clan más importante del país, el clan de Dilian Francisca Toro, anteriormente cuestionada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien en la última década se ha encargado de gobernar el departamento con el apoyo del Partido de La U. Si bien las elecciones legislativas y presidenciales tienen una dinámica diferente a las regionales, es importante resaltar que el Pacto Histórico en las elecciones del año 2022 se convirtió en la fuerza política más influyente del Valle del Cauca. Tabla No. 1. Resultados primera y segunda vuelta presidencial 2022 en el Valle del Cauca Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 2. Resultados elecciones Senado (2022) en el Valle del Cauca por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 3. Resultados elecciones Cámara de Representantes (2022) en el Valle del Cauca por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 4. Resultados elecciones candidatos más votados en Senado (2022) en el Valle del Cauca por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 5. Resultados elecciones candidatos más votados en la Cámara de Representantes (2022) en el Valle del Cauca por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Para las presidenciales el Pacto Histórico movilizó más de un millón de votos en primera y segunda vuelta; para las legislativas logró consolidar cinco representantes a la Cámara de trece curules que obtuvo el departamento: José Alberto Tejada - Pacto Histórico, Gloria Elena Arizabaleta - Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo - Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo - Pacto Histórico y Alfredo Mondragón - Pacto Histórico. Mientras que el clan de Dilian Francisca Toro sólo logró tres curules con Jorge Eliécer Tamayo - La U, Julián David López Tenorio - La U y Víctor Manuel Salcedo Guerrero - La U. Si bien el Pacto Histórico logró debilitar al clan de Dilian en las elecciones mencionadas anteriormente, para estas elecciones regionales no lograron aprovechar esa gran influencia que construyeron, pues no supieron afianzar los liderazgos clave que generó el estallido social, esto derivó en el reencauche y el cambio de estrategias políticas por parte del clan de Dilian para seguir manteniendo su control en el departamento. La carrera por la Gobernación del Valle del Cauca En los últimos meses el recorrido para llegar a la Gobernación del Valle del Cauca se ha caracterizado por tener grandes giros. El 25 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE), decidió, con una votación de 6-2, revocar la candidatura de Tulio Gómez, el principal contendor de Dilian Francisca Toro. La principal razón de la decisión, fue porque el CNE encontró la validez necesaria en los argumentos que solicitaban anular la inscripción de Gómez, debido a que el candidato firmó varios convenios con la Alcaldía de Cali, los cuales tenían como objeto “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol América de Cali”. Si bien Tulio Gómez ha interpuesto múltiples tutelas para anular esa decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se las ha negado. Inicialmente el tarjetón está compuesto por 8 nombres: William Andrés Cruz por el movimiento significado ciudadanos “En Contra de las Maquinarías Políticas”; Santiago Castro, anteriormente cuestionado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien se inscribió por la coalición “Valle Libre”, integrada por los partidos Centro Democrático, Nueva Fuerza Democrática y Salvación Nacional; Horman David García Montaño por el Partido Verde Oxígeno; Luis Fernando Velásquez Bueno por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción; Óscar Gamboa por el Partido Dignidad y Compromiso; Ferney Lozano por el Pacto Histórico; Tulio Gómez se inscribió por la coalición “Valle 2.0”, integrada por el partido Alianza Verde, Partido Ecologista Colombiano y el Partido En Marcha; Dilian Francisca Toro por la coalición “Unidos por el Valle”, integrada por el Partido de La U, partido Alianza Social Independiente(ASI), Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS), Partido Fuerza de la Paz, Alianza Democrática Amplia(ADA), Partido Demócrata Colombiano y Partido Colombia Renaciente. De estos, los dos últimos nombres son los protagonistas en esta contienda electoral. Según la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para el Diario Occidente, llevaa a cabo entre los días 25 de septiembre y el 02 de Octubre, con un margen de error más o menos del 2,9%, y con un tamaño muestral de 1.221 encuestas presenciales, Dilian Francisca Toro se posicionó en el primer lugar con el 38,4%, seguida por Tulio Gómez con el 20,3%, y en tercer aparece Ferney Lozano con el 7,6%. Con la intención del voto a su favor según las encuestas, y con la revocatoria de su principal adversario en esta contienda electoral, la Gobernación del Valle del Cauca estaría decantada para el clan de Dilian, quien se ha encargado de convertir la Gobernación en su casa política desde el 2016. ¿Quiénes son los candidatos? Dilian Francisca Toro De izquierda a derecha: Norma Hurtado, actual senadora por el Partido de La U y Dilian Francisca Toro Fuente: cuenta oficial de Instagram de Dilian Francisca Toro Toro nació en Guacarí, Valle del Cauca, según Congreso Visible, es médica cirujana de la Universidad Libre de Cali, cuenta con especializaciones en medicina interna y reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Comenzó su carrera como concejala en el periodo de 1984 a 1988 en Guacarí, y fue alcaldesa del mismo municipio en el periodo de 1992 a 1994, con el aval del Partido Liberal y el apoyo de su primo, el poderoso político vallecaucano Carlos Herney Abadía, condenado posteriormente en el marco de las investigaciones del Proceso 8.000. Su salto a la política nacional se dio en las elecciones legislativas de 2002 como senadora, con un total de 71.721 votos, por el Partido Liberal. Para las elecciones de 2006, la entonces senadora empezó a forjar su caudal político y electoral después de ser expulsada del liberalismo por apoyar la reelección de Uribe, por lo que decidió ser parte de los fundadores del Partido de La U. En ese año fue la senadora más votada y fue elegida presidenta del Senado por amplia mayoría, ocupando este cargo hasta julio de 2007. Fue congresista hasta febrero de 2013 cuando renunció para enfrentar un proceso judicial. En 2015 el Partido de La U le entregó el aval como candidata a la Gobernación del Valle. Dilian fue elegida con el 35% de los votos y en 2020 fue elegida presidenta del Partido de La U, cargo que ocupó hasta julio de 2023. Dilian Francisca Toro ha logrado conseguir y mantener un verdadero control en el departamento del Valle del Cauca como líder de su propio clan. Desde las elecciones de 2006, la entonces senadora empezó a forjar su caudal político después de su expulsión de las toldas rojas por apoyar la reelección de Uribe. Así se convirtió en una de las fundadoras del Partido de La U. Según El Espectador, en el 2008 la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar presuntamente por haberse beneficiado de la presión de grupos paramilitares para las elecciones en el departamento. Sin embargo, en el 2018 la Corte Suprema archivó la investigación debido a que no existían pruebas suficientes para que la exgobernadora fuera investigada formalmente por esos hechos. El escándalo más lesivo para su vida legislativa fue la indagación que la Corte Suprema de Justicia abrió en su contra, en 2012, por presunto lavado de activos, al haber adquirido unos predios que resultaron siendo de Víctor Patiño Fómeque, líder del Cartel del Valle, meses después la Sala Penal de la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento preventiva. En 2013, Toro renunció a su curul para estar al frente de su defensa, sin embargo, quedó en libertad después de pagar una fianza. Al final se archivaron todas sus investigaciones. En medio de sus procesos judiciales creó un movimiento dentro del Partido de La U llamado Movimiento Nueva Generación en Valle del Cauca, con el cual, en las elecciones de 2014, logró que se eligieran tres representantes a la Cámara y un senador, así como varias alcaldías en el departamento. En 2018 logró que fueran elegidos dos senadores y cuatro representantes a la Cámara. En 2019 logró ganar la Gobernación del departamento a través de Clara Luz Roldán. Actualmente aparece demandada en 16 procesos de carácter privado y 1 proceso abierto en la Corte Suprema. Tulio Gómez Fuente: cuenta oficial de Instagram de Tulio Gómez Es uno de los empresarios más importantes del departamento, reconocido como el fundador de la cadena de supermercados Súper Inter, marca que logró tener alrededor de 49 tiendas, todas distribuidas entre el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, la cual fue vendida en el 2014 al grupo Éxito. Para el 2016, y gracias a la venta al grupo Éxito, Gómez se convirtió en presidente del América de Cali hasta el 2018 y miembro de la junta directiva del equipo hasta marzo de 2023. Gómez ha tomado la decisión de seguir en la competencia a pesar de su inhabilidad. Santiago Castro Gómez Fuente: cuenta oficial de Instagram de Santiago Castro Según La República, Castro tiene doble pregrado en economía y ciencias políticas de la Catholic University of America, así como con una maestría en administración pública de Harvard University. Su trayectoria política empezó a sus 24 años cuando fue elegido concejal de Cali y dos años después diputado en la Asamblea del Valle del Cauca. En 1994 llega a la Cámara de Representantes en la que es elegido por cuatro períodos consecutivos, hasta el 2010. Fue director de la Aeronáutica Civil entre 2010 y 2014, y en 2017 presidió el Consejo Gremial Nacional hasta finales de 2020. Si bien Castro no está dentro de los favoritos en esta contienda electoral, sí cuenta con tres procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia de carácter privado. Ferney Lozano Fuente: cuenta oficial de Instagram de Ferney Lozano Es administrador público con especialización en lo administrativo y constitucional. Fue funcionario en la Junta Administradora Local de Yumbo y exalcalde del mismo municipio en el periodo electoral 2008-2011, sin embargo, según La Silla vacía, el Consejo de Estado anuló su elección. Ha sido funcionario en la Gobernación del Valle y en la Bogotá Humana del entonces alcalde Gustavo Petro. La carrera para la Alcaldía de Cali Durante las últimas semanas se conoció el retiro de la candidatura de Diana Rojas, quien se inscribió por el movimiento significativo ciudadano “Cali-Caleñísima”, para adherirse a la candidatura de Alejandro Eder. Juntos comparten una cosa en común: el apoyo de los empresarios más reconocidos del departamento. Si bien su retiro de la contienda ya se veía venir, su adhesión fue clave para colocar a Eder en la disputa al cargo frente al candidato Roberto Ortiz, quien durante meses venía siendo el favorito para la ciudadanía. A corte de 29 de julio de 2023, se inscribieron trece candidatos para ocupar el primer cargo de la capital, sin embargo, la lista se ha ido disminuyendo hasta el punto de quedar con solo tres nombres como los más opcionados: Roberto Ortiz, anteriormente cuestionado por Pares, se inscribió por la coalición “Firmes con Cali”, movimiento significativo de ciudadanos con el cual recogió firmas y con el coaval del Partido Liberal; Alejandro Eder se inscribió por la coalición “Revivamos Cali”, movimiento significativo ciudadanos, con el cual recogió firmas y recibió el coaval del partido Conservador y del partido Cambio Radical; Miyerlandi Torres se inscribió por el movimiento significativo ciudadano “Un Renacer para Cali”, con el cual recogió firmas. Según la encuesta realizada entre los días 13 de octubre al 19 de octubre de 2023 por el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero 1 de CM&, con margen de error más o menos del 4,5%, con un tamaño muestral de 502 encuestas telefónicas, se posiciona por primera vez Alejandro Eder en primer lugar con el 32%, le sigue Roberto Ortiz con el 28% y por último se encuentra Miyerlandi Torres con el 5%. Tal como se evidencia en la encuesta, la disputa para llegar al primer cargo de la capital aún no está decantada, y el panorama se pone bastante incierto, pues la adhesión de Rojas le concedió a Alejandro Eder un último tanque de oxígeno para poder ganarle con la mínima a Roberto Ortiz. ¿Quiénes son los candidatos? Roberto Ortiz Fuente: cuenta oficial de Instagram de Roberto Ortiz Mejor conocido como “El chontico”, nació en Honda, Tolima. Según El Tiempo es un reconocido empresario del chance dentro del Valle de Cauca. En el 2010 fue representante a la Cámara por el partido Liberal y senador reemplazante de Sofía Gaviria en el 2017 y Viviane Morales en el 2018. En 2019 fue candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido Centro Democrático, quedando así en segundo lugar, para luego convertirse en concejal, aceptando la curul de oposición. Es la tercera vez que se lanza a la Alcaldía de Cali. Ortiz ha sido cuestionado por Pares debido a que tiene dos procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia de carácter privado por su ejercicio como senador y representante a la Cámara. Ortiz presuntamente cuenta con el apoyo de Dilian Francisca Toro, pese a que los dos han negado la relación y no lo han hecho oficial, se les ha visto relacionados en múltiples eventos. Además es necesario recordar que la senadora por el Partido de la U y aliada del clan de Dilian, Norma Hurtado, ya promulgó su apoyo a la candidatura de Ortiz por medio de sus redes sociales. Fuente: cuenta oficial de Instagram de Norma Hurtado Alejandro Eder Fuente: cuenta oficial de Instagram de Alejandro Eder Nació en Cali, estudió política mundial y filosofía en el Hamilton College, ha sido asesor político y gerente de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Alta Consejería para la Paz y la Reintegración. En octubre de 2016 fue miembro del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, según La Silla Vacíafue director de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (FDI, hoy Propacífico). En junio de 2019 fue candidato a la Alcaldía de Cali, quedó en tercer lugar con una votación de 133 mil votos, con el apoyo del movimiento Compromiso Ciudadano que lideraba el excandidato presidencial Sergio Fajardo. Eder es reconocido por contar con el apoyo de los partidos tradicionales y del sector empresarial más influyente del departamento del cual hace parte. Miyerlandi Torres Fuente: cuenta oficial de Instagram de Miyerlandi Torres Es bacterióloga, especialista en gerencia de servicios de salud, tiene un MBA en administración y un doctorado en salud pública. Fue gerente general de la Red de Salud Sur Oriente y luego de la Red Salud del Centro desde el 2009 al 2019. En la E.S.E Centro, Torres habría logrado poner cuotas de su prima, Dilian Francisca Toro, y del alcalde Jorge Iván Ospina, quien la nombró secretaria de Salud de Cali como cuota del Partido de La U, por los vínculos familiares que existen con Toro. En el 2020 y 2022 Torres fue mencionada en investigaciones periodísticas de los medios de comunicación Diario Criterio y Cuestión Pública, por su presunta participación en el carrusel de contratistas de la salud en el departamento del Valle del Cauca, cuando se desempeñaba como secretaria de Salud de Cali. La red de la salud en Cali está compuesta por cinco empresas sociales del Estado (ESE): Centro, Ladera, Norte, Oriente y Sur Oriente, que manejan todas las IPS públicas de la ciudad. Miyerlandi Torres fue la gerente de una de ellas (ESE Centro), durante una década (2009 a 2019). Según Cuestión Pública, entre 2013 y 2019 Torres determinó el destino de 10.963 millones, los cuales fueron adjudicados en 588 contratos a cinco empresas (ProtectarQ, Inver Retos SAS, Saluvi SAS, MG Group SAS y Proyectos MC SAS), las cuales se constituyeron durante la gerencia de Torres entre 2013 y 2017. Cuatro de estas empresas se relacionan financieramente entre sí y en tres de ellas figuran personas que trabajaron con Torres en la ESE Centro. Según Cuestión Pública, se encontró que en varios boletines de la Alcaldía de Cali figura el nombre de Fernando Escandón como coordinador general del pool de ambulancias de la ESE Centro bajo el mando de Torres. Escandón trabajó hasta el 30 de abril del 2016 en la ESE Centro; sin embargo, el mismo Escandón figuró en la creación de la empresa Saluvi SAS en febrero de 2016, cuando aún era trabajador de la ESE Centro. La empresa Saluvi SAS, con tres meses de creación, obtuvo un contrato el 11 de mayo de 2016 con la ESE Centro por $56.492.000, según lo registrado en el portal de contratación pública Secop. Cabe recordar que para este caso, se llevó a cabo la denuncia fiscal No.189-2022 V.U. 100008962022 del 11 de mayo de 2022, remitida a través de correo electrónico por el señor Andrés Felipe Vásquez, en la que manifiesta presuntas irregularidades por parte de Miyerlandi Torres durante los años 2013 al 2019 ante la Contraloría General de Santiago de Cali, la cual envió un equipo auditor para la investigación. Sin embargo, el informe final del equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali concluyó que no se encontraron las irregularidades que generaron observación por los presuntos hechos denunciados por el peticionario.