Por: Redacción Pares Semana del 17 al 23 de octubre de 2023 Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil: centros de pensamiento, universidades y procesos sociales, enviaron una comunicación pública a la administración Biden para que nombre un enviado especial para el proceso de paz en curso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Sin duda una iniciativa de la mayor trascendencia, en tanto que los Estados Unidos ha estado involucrado de múltiples maneras en este largo conflicto y, por supuesto, por la importancia de este país y su gobierno que, al involucrarse de manera directa, sería un importante respaldo a unas negociaciones en curso. Sobre la importancia de un involucramiento directo de la administración Biden, así se refirió Lisa Haugarr, una de las firmantes: “ahora es el momento de que los Estados Unidos apoye plenamente las negociaciones de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y sume al creciente impulso en torno a este proceso. En tiempos de conflicto en tantas partes del mundo, es bueno ver acciones para construir la paz”. Esperemos que la administración Biden responda de manera positiva a esta solicitud. En los últimos días se dio el encuentro de Procesos Urbanos como parte de la consulta sobre participación, este encuentro se desarrolló en Medellín en los días 21 y 22 de octubre. Igualmente se dio un pre-encuentro de "Primeras líneas" en la ciudad de Cali. Nuevos incidentes se han presentado entre fuerzas del ELN y del Ejército Nacional, incidentes tramitados en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. 1. Organizaciones de la sociedad civil instan al secretario Blinken a apoyar los diálogos de paz con el ELN: https://www.wola.org/es/2023/10/organizaciones-de-la-sociedad-civil-instan-al-secretario-blinken-a-apoyar-los-dialogos-de-paz-con-el-eln/ 2. Las tres peticiones a Estados Unidos sobre diálogos con ELN, Cuba y Acuerdo de Paz: https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/las-tres-peticiones-a-estados-unidos-sobre-di%C3%A1logos-con-eln-cuba-y-acuerdo-de-paz/ar-AA1itm4N 3. Colombia: la sociedad civil ha comenzado a participar activamente en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/la-sociedad-civil-ha-comenzado-participar-activamente/ 4. Comunidades campesinas piden vincular otros grupos armados a mesas de diálogo: https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/comunidades-campesinas-piden-vincular-otros-grupos-armados-mesas-de-dialogo 5. Diálogos con ELN: así será el encuentro de organizaciones urbanas en Medellín: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-petro-eln-asi-sera-el-encuentro-de-organizaciones-urbanas-en-medellin/ 6. Tercerización Criminal: ELN y Clan del Golfo externalizan sus operaciones delictivas, El Tiempo: 7. Defensoría advierte de desplazamiento de comunidad en el Chocó por combates entre ELN y AGC: https://www.elinformador.com.co/index.php/general/79-nacional/305873-defensoria-advierte-de-desplazamiento-de-comunidad-en-el-choco-por-combates-entre-eln-y-agc Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Foto tomada de: https://esehospitalsanjuan.gov.co/ En Sahagún, Córdoba, un candidato al Concejo Municipal de dicho municipio presuntamente estaría cometiendo constreñimiento al elector a través de presiones a funcionarios de la ESE Hospital San Juan, para que voten por él. Se trataría, según fuentes y audios que llegan en la denuncia, de Francisco Ramón Pacheco Terán, administrador público y dos veces concejal de Sahagún en los periodos 2012-2015 y 2020- hasta la actualidad. Ahora aspira a reelegirse por el partido AICO y cuenta con el respaldo político de los candidatos a la Alcaldía de Sahagún y a la Gobernación de Córdoba Jairo Balmaceda y Erasmo Zuleta, respectivamente. Adicionalmente, Pacheco Terán tiene el apoyo de los senadores del Partido de La U, Julio Chagüi y Johnny Besaile; los conservadores Marcos Daniel Pineda García y Liliana Bitar; y el liberal Fabio Amín. Francisco Ramón Pacheco y Erasmo Zuleta. Fuente: redes sociales Francisco Ramón Pacheco En la denuncia recibida por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se escucha presuntamente al candidato en un audio dirigiéndose a los empleados de la ESE Hospital: “estoy con una preocupación porque ustedes están muy apagados, no solicitan nada (…) y por eso los estoy llamando para que se acerquen al comando a entregar las listas a ver si ya llegaron los tarjetones”. Incluso, en el mismo audio afirma que no quiere “tener consecuencias de las cosas”. Según fuentes territoriales de Pares, Arlidys Hoyos Vega, funcionaria de la entidad, es la ficha clave de Ramon Pacheco para sumar votos a su campaña al interior de la institución de salud. Voz de Francisco Ramón Pacheco Terán Además, presuntamente la familia Besaile ha tenido importante influencia en la ESE Hospital San Juan, específicamente sería a través del senador del Partido de La U, Johnny Besaile, hermano del excongresista Musa Besaile, condenado por vínculos con grupos paramilitares, quien tendría injerencia en él. De hecho, en el 2012 el entonces gerente Roberto José Buelvas Nader, sostuvo explícitamente que “gracias a las gestiones del senador Musa Besaile” se obtuvieron los recursos para la adquisición de una ambulancia y la ampliación de la infraestructura del hospital. Pero aquella no ha sido la única ocasión en la cual funcionarios del hospital han sido cercanos a la familia en cuestión. En 2017, Luis Alberto Mercado Anaya, quien fungió varios años como gerente del hospital, fue denunciado por presentar documentación falsa referente a sus estudios académicos y se le relacionó en reiteradas ocasiones con el entonces gobernador Edwin Besaile y el condenado excongresista Musa Besaile. Así las cosas, pareciera que la ESE Hospital San Juan se ha convertido en un fortín político de la familia Besaile para constreñir a los empleados e inducirles a votar a favor de su candidato; en este caso por Francisco Ramón Pacheco Terán, quien ya completa seis años en el Concejo Municipal de Sahagún y aspira a sumar otros tres.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: Infobae y UN News En el marco del reciente acuerdo entre el Gobierno Venezolano y la oposición, Venezuela se prepara para una jornada crucial este domingo 22 de octubre. En esta fecha, la oposición política venezolana llevará a cabo una primaria presidencial autogestionada con el objetivo de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales previstas para 2024. La Comisión Nacional de Primaria (CNDP), el órgano rector de este proceso, ha establecido un total de 3.010 centros de votación y 5.134 mesas en 331 de los 335 municipios del país. Estos centros se encontrarán distribuidos en espacios públicos, como plazas, parques y estacionamientos, así como en recintos privados, incluyendo casas de familia. En total, 20.338.266 ciudadanos venezolanos tienen el derecho de ejercer su voto en esta elección primaria. La CNDP utilizó el Registro Electoral, una base de datos de carácter público, para establecer la lista de votantes. Una de las particularidades de este proceso es la creación de un registro ad-hoc para los ciudadanos que residen en el extranjero. Sin embargo, aquellos que deseen participar debieron estar previamente inscritos en el Registro Electoral. Originalmente, 13 candidatos se inscribieron para competir en las primarias, pero tres de ellos se retiraron, lo que deja un total de 10 candidatos en la contienda: Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solorzano, Gloria Pinho, Luis Farias, María Corina Machado y Tamara Adrián. Indira Urabaneja, analista política y CEO de la ONG Reunificados de Venezuela, destacó ante la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que las elecciones primarias en curso representan un proceso de selección interna dentro de un sector de la oposición. Es importante subrayar que no todos los partidos opositores participan, sino un grupo identificado como la Plataforma Unitaria. Urabaneja explicó que estas elecciones primarias tienen como objetivo la nominación de un candidato opositor capaz de enfrentar al candidato del Gobierno/oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024. Es importante destacar que esta primaria está siendo organizada de manera independiente por la oposición, ya que descartaron la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) después de meses de evasivas por parte de esta entidad gubernamental. El CNE, finalmente, propuso un aplazamiento del proceso, lo que fue rechazado por la oposición. Esta primaria se celebra apenas cinco días después de que la mesa de negociaciones entre el Gobierno y la oposición suscribiera un acuerdo político en Barbados, el cual estipuló que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el segundo semestre del próximo año, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. El acuerdo también garantiza el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre. La elección del domingo marcará el primer intento de la oposición para competir en unas elecciones presidenciales en 11 años. En 2013, enfrentaron a Nicolás Maduro y perdieron, mientras que en 2018 llamaron a la abstención, permitiendo que Maduro fuera reelegido por seis años más. El gobierno y la oposición han acordado que cada lado puede elegir a su candidato según sus propias reglas internas. Las primarias también representan un intento de la oposición de recuperar un liderazgo creíble frente a una población exhausta y decepcionada tras años de crisis económica y fracasos electorales. Estados Unidos ha indicado que podría considerar la flexibilización de las sanciones impuestas en 2019 a entidades gubernamentales y a la estatal petrolera PDVSA si Maduro cumple con condiciones para unas elecciones justas. Las inhabilitaciones políticas, una medida de la ley venezolana que prohíbe que los funcionarios públicos con condenas por corrupción ocupen cargos públicos durante un máximo de 15 años, han sido un tema de controversia. La oposición ha denunciado que el Gobierno utiliza estas inhabilitaciones para impedirles competir en las elecciones. La favorita para las primarias, María Corina Machado, ha sido inhabilitada por 15 años desde junio, pero esta medida no bloquea su participación en la competencia opositora, ya que se trata de un acto privado de la oposición. Otros dos aspirantes se retiraron debido a las inhabilitaciones, lo que sí impediría su inscripción en las elecciones presidenciales, puesto que esos registros se realizan ante el CNE. El proceso de las elecciones primarias se enfrenta a desafíos considerables, según lo señalado por Indira Urabaneja, que se pueden resumir en cuatro puntos específicos: La participación de candidatos que se encuentran legalmente inhabilitados plantea un dilema importante. Si alguno de ellos resulta victorioso en las primarias, enfrentará la imposibilidad de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y competir en las elecciones presidenciales de 2024. Al tratarse de una elección autogestionada por los propios participantes, surgen numerosos desafíos logísticos y técnicos. Entre ellos se cuentan la escasez de centros de votación, la ausencia de medidas de seguridad física para los votantes y el riesgo de fraude, dado que se trata de un proceso manual sin supervisión de ninguna autoridad, lo que incrementa la posibilidad de que no se respete la voluntad del electorado. La falta de una campaña publicitaria adecuada y la insuficiente labor de educación electoral han comprometido la participación en estas primarias. En caso de que un candidato habilitado resulte vencedor en las primarias, aún enfrentaría el desafío de negociar con otros sectores de la oposición para poder competir con éxito contra el chavismo en las elecciones, una tarea que se vislumbra sumamente difícil en el contexto actual. Por estas razones, Indira Urabaneja no alberga muchas expectativas positivas. La fracción de la oposición venezolana se caracteriza por su fragmentación, conformando un mosaico de facciones, lo que en parte explica el continuo éxito del chavismo o el gobierno en sus enfrentamientos. La celebración de estas elecciones primarias solo parece acentuar aún más esa fragmentación. Más allá de las cuestiones relacionadas con la unidad opositora, Urabaneja destacó que estas primarias se están llevando a cabo sin el respaldo técnico y logístico de la autoridad electoral de Venezuela. “Lo cual ha traído una serie de complicaciones que dejan en evidencia la torpeza y el egoísmo de este sector de oposición, pues prefieren hacer la elección por cuenta propia (autogestionada) que aceptar el CNE para mantener la narrativa de que es una institución secuestrada por el Gobierno. “Por ejemplo, a dos días de la elección muchas personas no saben dónde votar y más del 60% de los venezolanos no tienen idea sobre el proceso”. Finalmente, Indira Urabaneja enfatizó que el futuro de Venezuela implica un proceso de negociación. Recientemente, se reanudaron las conversaciones entre la oposición y el gobierno en Barbados, con la colaboración de Estados Unidos, Noruega, Colombia y otros países. Urabaneja explicó que en este momento, Estados Unidos está adoptando una postura más flexible con respecto a las sanciones económicas y financieras que han afectado al país, lo que promete traer alivio y contribuir a mejorar el entorno político. “No tenemos otro camino que no sea negociar”, puntualizó Urabaneja.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: RTVE y IDB En un giro de los acontecimientos, el empresario Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional, se ha alzado como el próximo presidente de Ecuador tras ganar la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado domingo. Según los últimos datos de escrutinio publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Noboa obtuvo el 52.01% de los votos, venciendo a la candidata Luisa González, del Movimiento Político Revolución Ciudadana, quien alcanzó el 47.99% de los votos. El camino hacia la presidencia de Noboa comenzó el pasado 20 de agosto, cuando se celebró la primera vuelta electoral para la Presidencia de Ecuador. En esa ocasión, ambos candidatos se posicionaron como los más votados, con el 33.61% de los votos obtenidos por Luisa González y el 23.47% por Daniel Noboa. Al no obtener mayoría absoluta, ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta, que finalmente ha dado la victoria al representante de Acción Democrática Nacional. Con su victoria en esta segunda vuelta, Daniel Noboa, un empresario de tan solo 35 años, se convierte en el presidente electo más joven en la historia de Ecuador. El exasambleísta e hijo del magnate Álvaro Noboa ha alcanzado la Presidencia en su primera candidatura al cargo. Entre las propuestas de este nuevo presidente electo se encuentran reformar el sistema judicial y policial de Ecuador, implementar programas de desarrollo socioeconómico y definir una estrategia nacional de ciberseguridad. Noboa asumirá la presidencia de Ecuador durante los 16 meses restantes del mandato de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea Nacional en mayo y convocó elecciones anticipadas. La carrera política de Daniel Noboa ha sido fugaz, ya que fue asambleísta entre 2021 y 2023 antes de lanzarse a la carrera presidencial. Aunque no partía como favorito, se presentó como un “outsider” en la política y su desempeño en el debate electoral de la primera vuelta lo catapultó al balotaje. Como asambleísta, Noboa fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y lideró la organización de un viaje a Rusia, financiado por la empresa privada, de seis asambleístas en plena guerra entre Rusia y Ucrania, uno de los principales importadores del banano ecuatoriano junto a la Unión Europea. Noboa proviene de una familia de grandes empresarios y políticos en Ecuador. Además de las aspiraciones presidenciales de su padre, Álvaro Noboa, su madre, Annabella Azín, fue asambleísta y candidata a la Vicepresidencia. También es nieto de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del país en el siglo XX. El nuevo presidente electo es un apasionado de la música y cree en la importancia de no “hiper especializarse”. Ha estudiado física y marketing en adición a su formación en administración de negocios. Daniel Noboa asume la presidencia de Ecuador en un momento crucial, con desafíos que incluyen la seguridad, el crecimiento de la economía y la reforma del sistema penitenciario. Además, busca fomentar la inversión extranjera y previene el delito a través del ‘Plan Fénix’, orientado a la creación de una central de inteligencia. El triunfo de Noboa lo convierte en el presidente más joven de la historia de Ecuador, quien gobernará hasta mayo de 2025. Con su perspectiva fresca y enérgica, Ecuador se embarca en una nueva era bajo el liderazgo del joven empresario, Daniel Noboa. Según Esteban Ron, decano de Ciencias Jurídicas en la UISEK de Ecuador, durante su conversación con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), expresó su punto de vista sobre lo que implica el gobierno de Daniel Noboa. En primer lugar, enfatizó la necesidad de abordar tres aspectos distintos y prioritarios para el país. El primer punto se refiere a las necesidades urgentes que conforman la agenda pública nacional. Esto implica una evaluación exhaustiva del estado actual del país para identificar los problemas más apremiantes. En esta categoría, Esteban Ron puso un fuerte énfasis en la cuestión de la seguridad. Mencionó que Daniel Noboa ha hecho diversas promesas, como llevar a cabo un censo carcelario y realizar intervenciones en el sistema penitenciario. Para lograrlo, se explicó que se llevaría a cabo un censo que permitiría una redistribución de recursos y autoridad a nivel nacional. En segundo lugar, destacó la importancia de coordinar acciones, un aspecto que no había sido claramente especificado en el plan de gobierno ni en las propuestas de campaña de Daniel Noboa. Esta coordinación involucraría a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control de los espacios públicos, a través de sistemas de patrullaje e iluminación que son necesarios para el país. En cuanto a la seguridad y la salud, Ron señaló que es esencial abastecer de manera inmediata medicamentos de primera línea dentro del sistema de salud pública nacional. Esto se debe a un déficit significativo en la disponibilidad de ciertos medicamentos, con algunas tasas de escasez que superan el 100%. Ron subrayó la importancia de prepararse para prevenir posibles consecuencias negativas del virus. Estos aspectos son fundamentales en la agenda gubernamental nacional. Esteban Ron realizó un análisis de la propuesta de gobierno de Daniel Noboa. En su disertación, Ron identificó cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, el aspecto de vivienda no es alcanzable en un corto plazo. Similarmente, el plan de seguridad denominado “Fénix” tampoco puede implementarse de manera inmediata. Sin embargo, destacó que la colaboración de las fuerzas de seguridad para la prevención es una prioridad que debe abordarse de inmediato. En cuanto a la atención médica pública, Ron subrayó que la reestructuración del sistema no puede llevarse a cabo de manera inmediata; en cambio, la provisión de recursos se posiciona como un aspecto crítico. Finalmente, abordó el tema de la seguridad en puertos y aeropuertos, señalando que, a menos que se produzca una situación de emergencia, no se requiere una acción inmediata en este ámbito. Luego, Ron se adentró en el tercer eje del análisis: las promesas de campaña. En este punto, destacó que en el país existe un gran interés en una posible consulta popular, pero aún no se han definido los temas específicos que abordaría dicha consulta. En este contexto, Ron enfatizó que, si Daniel Noboa desea llevar a cabo una reforma constitucional, debe hacerlo mediante los primeros decretos ejecutivos que firme en su mandato. ¿Por qué? El decano explicó que la realización de una consulta popular implica un proceso operativo que puede tardar hasta cinco meses a través del proceso electoral.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista “La Luchona”, así llamaron al monumento más grande del mundo hecho a una ballena y su ballenato que se encuentra en el parque de Buenaventura. Me emociono cada que veo la enorme escultura, pero su nombre me generó indignación, molestia y mucha pena, y quiero aprovechar esta columna para compartirles mis razones. Se acaba de inaugurar este gran homenaje a las Yubartas que cada año llegan a las aguas del Pacífico. Este monumento, que mide 9,8 metros de alto y 13 de largo, sin duda alguna es de esos símbolos que nos hacía falta en la ciudad. Según explica la curaduría expuesta en la obra “la artista Carolina Jaramillo quiso hacer un homenaje a la familia y a las mujeres madres cabeza de hogar. Esas mujeres que a veces quedan solas y sacan adelante a sus hijos y que popularmente se les reconoce como ‘Las Luchonas’”. Sin embargo, el término “mamá luchona” no es un simple reconocimiento “popular”, sino que ha sido empleado de manera peyorativa, misógina y despectiva para referirse de forma burlesca a mujeres que han sido abandonadas por los padres de sus hijos e hijas que sienten el respaldo del sistema patriarcal para no asumir la responsabilidad de su paternidad. Esta etiqueta se ha usado de manera clasista y sexista para denigrar a mujeres, en su mayoría pertenecientes a sectores empobrecidos, que han tenido que asumir la crianza de sus hijos e hijas sin el apoyo de una pareja y que continúa disfrutando de su vida social y sexual, lo que es una afronta a la imagen de la madre sacrificada. Esto lleva a una carga de prejuicios sociales que recae sobre estas mujeres, señalándolas como si fueran responsables de su situación y, a menudo, este término mezcla prejuicios de género, clase y raza. Bien lo dijo bell hooks en su obra El Feminismo es Para Todo el Mundo, “hace treinta años, las feministas no pudieron anticipar los cambios que tendrían lugar en nuestra sociedad (…) no sospecharon que las mujeres solteras sin recursos serían demonizadas y culpadas por su precariedad económica”. En mi camino como feminista he aprendido de la importancia de la redefinición y resignificación de términos que históricamente se han utilizado para oprimir a las mujeres. Sin embargo, el nombre asignado a la ballena “La Luchona” no parece contribuir a esta resignificación, sino más bien a profundizar el estigma que ya pesa sobre las “mamás luchonas”. Estas apuestas por homenajear deben revisarse detenidamente porque se podría estar reforzando la discriminación y la burla. Es válido destacar que esta elección de nombre no parece estar en línea con la intención de homenajear a las “mamás luchonas”. Se menciona que la artista hace el monumento en honor a “la familia y a las madres cabeza de hogar”, pero no dice que precisamente estas mujeres, que se han enfrentado a desafíos inmensos en la crianza de sus hijos e hijas, no siempre encajan en el concepto tradicional de “familia”, y que popularmente el término “madres cabeza de hogar” se comprende desde una perspectiva positiva, destacando a las madres que se esfuerzan por sacar a sus hijos e hijas adelante, a diferencia de la carga negativa que se le asigna a las “mamás luchonas”. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un reflejo de la sociedad en la que se utiliza. Al nombrar la escultura de esta manera, sin una argumentación más elaborada, se está contribuyendo a la estigmatización de un grupo de mujeres víctimas del sistema patriarcal. Más allá de una simple reflexión, esto debería llevarnos a una conversación más profunda sobre cómo podemos resignificar los términos despectivos dirigidos a las mujeres, de una manera que realmente resalte su fortaleza y dignidad, porque las madres solteras han existido siempre. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado la maternidad en solitario, por múltiples causas, en su mayoría sustentadas en el mismo sistema que juzga a las madres por cómo viven su soltería, y no a los hombres por abandonar su paternidad. La argumentación que acompaña el nombre de la ballena termina representando justamente lo superficial del enfoque de género que defiende la gobernadora, quien habla de género, pero deja de lado la discusión sobre las complejidades reales que enfrentan las madres solteras. A la Gobernación del Valle y a la artista les pido que, si no le cambian el nombre a la ballena, por favor elaboren una mejor argumentación, porque, así como está expuesta, no contribuye a la reivindicación, por el contrario, profundiza el estigma de "la luchona". *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Elaborado por: Juan Manuel Velandia, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: maravillastereo Históricamente en La Guajira han existido dos clanes políticos que han logrado acaparar los principales cargos de elección popular del departamento. El primero de ellos es “La Gran Alianza”, liderado por Francisco “Kiko” Gómez, exgobernador de La Guajira en el periodo 2011 y condenado a 55 años de prisión por homicidio y sindicado por parapolítica. Según una investigación conjunta entre Pares y las 2Orillas, en dicho cargo a Kiko Gómez se le acusó de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, en asocio con el temido capo alias “Marquitos” Figueroa. Durante décadas fue el clan más poderoso de La Guajira, no obstante, entró en decadencia debido a las condenas que actualmente está enfrentando “Kiko Gómez”. El segundo clan político es “La Nueva Guajira”, en cabeza del exgobernador Jorge Pérez Bernier en los periodos 1995-1998 y 2008-2011, y Hernando Deluque Freyle, también exgobernador de La Guajira para el periodo 2001-2003. Previamente este fue el clan que tuvo más poder después de la decadencia de La Gran Alianza. Sin embargo, en los últimos periodos se ha reconfigurado y dividido debido a las investigaciones que tuvo Bernier. Parte de esa división fue promovida por Hernando Deluque, quien junto a su hijo Alfredo Deluque, actual senador por el Partido de La U, formalizaron la reconstrucción del clan, dando así paso a la “Nueva Fuerza Guajira”. De esta nueva reconfiguración, resaltan varios nombres que también se han vuelto líderes importantes. En primer lugar, aparece la exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador María Cristina “Tina” Soto, y su hijo Juan Loreto Gómez, quien reemplazó a Soto en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026 por el Partido Conservador. Actualmente es el clan con mayor poder en La Guajira y el de más fichas puestas en el tablero electoral para los comicios regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023. Así, con los espacios de mando y decisión del departamento a su favor, estos dos clanes han sido los responsables de las profundas crisis sociales, económicas y políticas en la que se encuentra La Guajira en la actualidad. Según Infobae, con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2022, La Guajira se ubica en el cuarto lugar como uno de los departamentos con mayor pobreza del país, es por esto que el 02 de julio de 2023 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1085 con el cual se declaró al departamento en Emergencia Económica, Social y Ecológica. Sin embargo, tres meses después la Corte Constitucional declaró el decreto inexequible, pero con efectos diferidos por el término de un año, con el fin de evitar que la crisis y escasez del agua se agraven aún más, por el fenómeno del niño. Si bien Gustavo Petro ganó tanto en primera como en segunda vuelta en las presidenciales en La Guajira, en las elecciones legislativas en el departamento se impuso el voto a favor de los partidos tradicionales como el Partido de La U, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido Cambio Radical, partidos encargados de avalar a los líderes y aliados de los dos clanes políticos. Tabla No. 1. Resultados primera y segunda vuelta presidencial 2022 en La Guajira Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 2. Resultados elecciones Senado (2022) en La Guajira por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 3. Resultados elecciones Cámara de Representantes (2022) en La Guajira por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 4. Resultados elecciones candidatos más votados en Senado (2022) en La Guajira por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 5. Resultados elecciones candidatos más votados en la Cámara de Representantes (2022) en La Guajira por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Para las legislativas de 2022 los guajiros lograron alcanzar dos curules en el Senado, la primera curul la obtuvo Alfredo Deluque por el partido de La U y la segunda curul la ganó la abogada y líder indígena del pueblo Wayúu Martha Peralta por el Pacto Histórico. Para la Cámara de Representantes también lograron obtener dos curules, la primera curul la ganó Juan Loreto Gómez Soto, por el Partido Conservador. Loreto fue el reemplazo de su madre, María Cristina Soto, exrepresentante a la Cámara en el periodo 2018 - 2022 por el mismo partido, y la segunda curul la obtuvo Jorge Cerchiaro por el Partido Colombia Renaciente. Es importante recordar que Alfredo Deluque como uno de los líderes principales del clan, ha logrado mantener acercamientos importantes con los diferentes Gobiernos Nacionales que han estado al mando del país, gracias a estas relaciones el clan ha logrado aumentar su control político en el departamento. Panorama para la Gobernación de La Guajira La Gobernación del departamento en la actualidad se encuentra con los niveles más altos de deslegitimación. La crisis de ingobernabilidad de los últimos años ha sido producto de las destituciones que han sufrido los gobernadores, en representación de los clanes políticos, la mayoría han sido retirados de su cargo al ser vinculados en procesos de corrupción, investigaciones penales, fiscales y en procesos de delitos electorales. Según El Espectador, en los últimos 12 años el departamento ha tenido entre encargados y electos por votación popular, alrededor de 15 personas distintas, el deber ser es de solo tres personas correspondientes a los mismos 3 periodos constitucionales. Para estas elecciones regionales, el panorama no es nada distinto, ya que según fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) la Gobernación estaría a la disposición del clan “Nueva Fuerza Guajira”. Al corte del 29 de julio se inscribieron cuatro candidatos ante la Registraduría Nacional, dos de ellos son fichas del mismo clan. El primero es Jairo Alfonso Aguilar Deluque, por la coalición integrada por el Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido La Fuerza de la Paz y Partido Demócrata Colombiano, y ficha principal de Alfredo Deluque, líder del clan. En segundo lugar, se encuentra Jimmy Boscan, cuestionado anteriormente por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), va por la coalición integrada por el Partido Conservador, Partido Verde Oxígeno, Partido Liberal y Partido Ecologista Colombiano. Boscán es la otra ficha del clan, con el apoyo de Juan Loreto Gómez y de María Cristina Soto, también líderes. Así mismo los otros dos candidatos que aparecerán en el tarjetón son: la única mujer de la contienda, Laura Andriolis, por la coalición integrada por el partido Alianza DemocráticA AmpliA (ADA) y por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y Wilder Navarro por el Pacto Histórico. Ahora bien, el hecho de que los líderes más importantes del clan cuenten cada uno con su propio candidato, significa que decidieron ir a jugar con las dos caras de la moneda a su favor, con el fin de aumentar sus probabilidades de ganar todo en estas elecciones regionales, y poder así, mantener su poderío en el departamento. Todo indica que el dicho de “confunde y reinarás” responde a la estrategia impuesta por el clan. Según la encuesta de la firma Mediciones y Servicios de Marketing S.A.S (MsM) realizada en septiembre, con un tamaño de muestra de 2.014 encuestas presenciales y con un margen de error más o menos del 2,23%, la intención al voto la lidera Jairo Alfonso Aguilar Deluque con el 37,14%, en segundo lugar se ubica Jimmy Boscan con el 19,7%, en tercer lugar se ubica Laura Andriolis con el 15,3% y en el último lugar se encuentra Wilder Navarro con el 6,4%. Ahora bien, siguiendo el panorama y la encuesta, es evidente que cualquiera de las dos fichas propuestas por el clan obtendrá el cargo máximo, por tal razón es necesario preguntarse si en este periodo institucional el ganador podrá mantenerse en el cargo como gobernador tal como lo indica la constitución, por un periodo de cuatro años. ¿Quiénes son los candidatos? Jairo Alfonso Aguilar Deluque Fuente: Imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Jairo Aguilar Deluque Inscribió su candidatura por la coalición de 5 partidos políticos, encabezada por el partido de La U, según el medio regional Tuu Putchika, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con un magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos. En su pasado ha sido secretario de Gobierno Departamental y secretario del distrito de Riohacha, también ha sido alcalde encargado en tres ocasiones, en los municipios de Riohacha, Manaure y Fonseca. Deluque, como ya se mencionó anteriormente, es el alfil principal de Alfredo Deluque, cuestionado por ser líder del clan “Nueva Fuerza Guajira”, el más poderoso en La Guajira. Jimmy Boscan Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Jimmy Boscan Es abogado de la Universidad Gran Colombia, especialista en contratación estatal, fue candidato a la Alcaldía de Maicao en las elecciones 2020-2023, en las que ocupó el segundo lugar con una votación de 15.525 votos y aceptando la curul de oposición. Aunque Boscan no tiene cuestionamientos propios, los apoyos que lo rodean sí, va con el aval del Partido Conservador, de la línea liderada por María Cristina Soto y Juan Loreto Gómez. Soto ha sido cuestionada por Pares por haber tenido una relación política con el exgobernador “Kiko2 Gómez, condenado por tres homicidios y corrupción en el departamento. Según Caracol y El Espectador, la Corte Suprema de Justicia lo investiga por su presunta participación en un caso de fraude electoral, el cual tuvo relación con la curul que ganó en las elecciones de 2018 con 40.360 votos. Por otro lado, Juan Loreto Gómez hijo de María Cristina Soto y actual Representante a la Cámara por La Guajira, según Cambio , estuvo involucrado en el escándalo del hallazgo de más de 175 cartuchos de munición en el vehículo que tiene asignado por la Unidad Nacional de Protección el pasado mes de mayo de 2023. Laura Andriolis Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Laura Andriolis Según el medio regional Tuu Putchika, es abogada con especialización en derecho aduanero y en gerencia de servicios de la salud, ha sido concejal de Uribia en los periodos 1992-1994, 1995-1997 y ex iputada de La Guajira en los periodos 1998-2000 y 2001-2003, en su pasado se ha desempeñado como secretaria de Asuntos Indígenas del departamento. A principios de este año, Andriolis estaba compitiendo con Jimmy Boscan por la bendición de María Cristina Soto y de Juan Loreto Gómez, sin embargo estos no se la concedieron. Cuenta con el aval del movimiento AICO y del Partido ADA. Wilder Navarro Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Wilder Navarro Es abogado, especialista en derecho público y finanzas públicas territoriales, en las elecciones de 2019 fue candidato a la Alcaldía de Riohacha. Panorama para la Alcaldía de Riohacha La disputa por el primer cargo de la capital de La Guajira es igual a la de la Gobernación, los líderes del clan “Nueva Fuerza Guajira” se han puesto a la labor de apoyar separadamente a dos candidatos, con el fin de aumentar sus probabilidades. Por un lado aparece Alfredo Deluque de la mano de José Duran y por el otro lado aparece Juan Loreto Gómez de la mano de Genaro Redondo. Para esta contienda se inscribieron 8 candidatos ante la Registraduría Nacional al corte del 29 de julio, de esos ocho candidatos, cinco aspiran con el aval de un solo partido y los otros tres restantes, van por alguna coalición, hasta la fecha, José Duran, Eriberto Ibarra y Genaro Redondo, los tres que van por coalición, son los más opcionados para quedarse con el primer cargo de la capital. Según la encuesta realizada en septiembre por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) con un tamaño de muestra de 829 encuestas y con un margen de error más o menos del 3,5 %, la intención al voto la lidera José Duran Rodríguez con el 23,9%, en segundo lugar aparece Eriberto Ibarra Campo con el 21,4% y en tercer lugar le sigue Genaro Redondo Choles con el 20,6%. Si bien los candidatos del clan aparecen entre los tres primeros lugares, tuvieron una gran sorpresa, ya que no contaban con el crecimiento exponencial de Eriberto Ibarra en los últimos meses. Ibarra podría ser un jugador clave en estas elecciones, ya que podría jugar en contra de las ambiciones de Alfredo Deluque, María Cristina Soto y de Juan Loreto Gómez de tener en sus manos los dos cargos más importantes del departamento. ¿Quiénes son los candidatos? José Durán Rodríguez Fuente: Imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de José Duran Según la Revista Entornos, Durán es Administrador de Empresas y exconcejal de Riohacha para el periodo 2008-2011, en su pasado se ha desempeñado como tesorero departamental, secretario de Gobierno y secretario de Hacienda de la Gobernación. Su inscripción la realizó por la coalición del Partido de La U, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Social Independiente (ASI) y por el Partido Nuevo Liberalismo. Cuenta con el apoyo del líder del clan “Nueva Fuerza Guajira”, Alfredo Deluque, quien estuvo en un evento masivo el 08 de octubre en Riohacha haciéndole campaña. De izquierda a derecha: Jorge Suárez Buitrago, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido de La U; Alfredo Deluque, senador por el Partido de La U; José Durán, candidato a la Alcaldía de Riohacha Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de José Durán Genaro Redondo Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Genaro Redondo Es médico cirujano de la Universidad de Guayaquil, Ecuador; especialista en gerencia y auditoría y magíster en administración de empresas. Fue diputado en el periodo 2012-2015 y en el periodo 2015-2019 por el partido Alianza Social Independiente (ASI) con 9.693 votos. Principalmente su inscripción la realizó por firmas por el movimiento significativo de ciudadanos “Genaro”, sin embargo también aceptó los co-avales del Partido Liberal y del Partido Demócrata Colombiano. Redondo es el otro candidato que cuenta con el apoyo del representante a la Cámara y líder del clan “Nueva Fuerza Guajira” Juan Loreto Gómez, quien estuvo, en un evento masivo en Riohacha, el pasado 30 de septiembre acompañando a Redondo. Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Genaro Redondo Eriberto Ibarra Fuente: Imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Heriberto Ibarra Según el medio regional Guajira News, Ibarra es odontólogo, especialista en servicios de salud y magíster en seguridad pública, administración de empresas y políticas públicas. Fue concejal en dos ocasiones y diputado en el periodo 2020-2023 por el Partido MAIS, ha sido precandidato para la Gobernación de La Guajira y para la Cámara de Representantes. Ibarra se inscribió por la coalición del partido MAIS, partido Polo Democrático, partido Fuerza de la Paz y por el partido Unión Patriótica. En los últimos meses ha tenido un crecimiento exponencial, el cual lo ha ayudado a posicionarse en el segundo lugar en la intención al voto. El panorama para la Alcaldía de Maicao Son nueve los candidatos inscritos que aspiran a llegar a la Alcaldía de Maicao, según datos de la Registraduría Nacional, de los nueve candidatos, cinco van por el aval único de partidos políticos, tres van por coaliciones y solamente uno va por un movimiento significativo ciudadano. La carrera para la Alcaldía de Maicao ha sido una de las más movidas del departamento, inicialmente el tarjetón contaba con 9 candidatos inscritos al corte del 29 de julio, no obstante, en las últimas semanas el Consejo Nacional Electoral (CNE), por unanimidad de la Sala Plena, tomó la decisión de revocar la candidatura por el movimiento significativo de ciudadanos “Movimiento Alternativo Independiente” de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el “Hombre Marlboro”, anteriormente cuestionado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Tras estudiar la ponencia presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, se declaró la debida incursión en la inhabilidad del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que “aquellas personas que se quieren candidatizar para cargo de elección popular, que hayan tenido condenas incluso por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, no podrán ni siquiera candidatizarse a cargos de elección popular”. Hasta la fecha hay gran dudas sobre este caso, si bien su revocatoria fue confirmada, Lopesierra trató de proceder a dos opciones, la primera fue promocionar el voto en blanco ante sus seguidores, y la segunda fue tratar de inscribir a su hijo Santa Lopesierra Rosado como su reemplazo por el mismo movimiento, sin embargo este no tuvo éxito debido a que la Registraduría le dio el visto negativo, por la razón del cumplimiento de las fechas estipuladas dentro del calendario electoral. Es importante recordar que el cierre de inscripciones de candidaturas para las elecciones se presentó el pasado 04 de agosto de 2023. Sin embargo según El Tiempo, el 07 de octubre, por una tutela interpuesta por el “Movimiento Alternativo Ciudadano”, un juez primero civil de Maicao ordenó de manera provisional que la Registraduría incluyera a Santa Lopesierra Rosado en el tarjetón electoral, afirmando que: “si a la fecha no se han elaborado e impreso los tarjetones para los candidatos a la Alcaldía de Maicao, se proceda a la inclusión del hijo de Santa” y “si las resultas del proceso salen favorables al accionante, tener que volver a imprimir tarjetones y desechar los ya impresos generarían una afectación a las arcas del Estado, que el suscrito como servidor público debe proteger, en caso que las mismas resulten contrarias a sus pretensiones, que aparezca el candidato en el tarjetón, no indicaría que efectivamente este sea elegible como alcalde, no quitándole validez al tarjetón”. Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Samuel Santander Lopesierra egún fuentes territoriales de Pares, el “Hombre Marlboro” hacía parte de los más opcionados junto a otros tres candidatos, Miguel Felipe Aragón, avalado por la coalición integrada por el partido Alianza Social Independiente (ASI= y por el partido Nuevo Liberalismo; Hilber Pinto anteriormente cuestionando por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y con el aval del Partido Demócrata Colombiano y por último Yoel Blanchar, anteriormente cuestionado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con el aval del Partido Conservador. Si bien para este tablero electoral existen los apoyos por parte de los líderes del clan “Nueva Fuerza Guajira”, estos no se han visto tan explícitamente como en los otros municipios del departamento. ¿Quiénes son los candidatos? Santa Lopesierra Rosado Santa Lopesierra Rosado (hijo) y Samuel Santander Lopesierra (padre) Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Samuel Santander Lopesierra Hijo de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el “Hombre Marlboro”, su padre fue exconcejal de Maicao, y representante a la Cámara en el periodo de 1998 a 2002 por el Partido Liberal. Según Semana, fue considerado el zar del contrabando en la década de los 90, puesto que logró posicionar su bodega “San José” en el municipio de Maicao en uno de los centros de distribución más grande de mercancía ilegal en todo el país, asimismo, fue acusado presuntamente por abastecer más de 50 centros de mercado, los llamados “sanandresitos”, de dicha mercancía, sin pagar impuestos. Fue extraditado en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe y acabó su condena el 16 de agosto de 2021. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “fue culpable por introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos”. Desarrolló un millonario negocio de venta al por mayor de cigarrillos y licores, según Cambio. Las autoridades estiman que alcanzó a ingresar semanalmente al país 200.000 pacas de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky, todo era producto de contrabando. Además, participó en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Miguel Felipe Aragón Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Miguel Felipe Aragón Según el medio regional Guajira Grafica, es ingeniero de sistemas de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, especialista en gerencia estratégica de negocios de la Universidad Sergio Arboleda , fue concejal de Maicao y diputado de La Guajira para el periodo 2020-2023 por el Partido Alianza Social Independiente (ASI). Hilber Pinto Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Hilber Pinto Fue Diputado de la Asamblea Departamental de La Guajira por el Partido Cambio Radical para el periodo 2016-2019 y candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2019 con el aval de Cambio Radical. Sobre Pinto recae un cuestionamiento ya que fue capturado en 2019 por el CTI, según el Diario del Norte, por el caso de corrupción conocido como los “Adoquines” de Albania en la Guajira, cuyo objetivo era realizar adecuaciones a vías del municipio durante 2010 y 2011. Entre los posibles delitos se encuentra concierto para delinquir, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según la Fiscalía General de la Nación, el material probatorio permitió constatar la presunta apropiación de 5.900 millones de pesos y el incumplimiento de las obras pactadas. A pesar de que la Fiscalía insistió en el grave daño que generaron con la suscripción irregular del denominado programa de adoquines, un juez de control de garantías de Valledupar (Cesar) le otorgó detención domiciliaria. Sin embargo esta fue apelada por la Fiscalía debido a la gravedad de los hechos identificados; por este mismo caso, un juez de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento. Según fuentes territoriales el proceso aún sigue activo, no obstante, hasta la fecha Pares desconoce los avances del proceso. Yoel Blanchar Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Yoel Blanchar Abogado especialista en gerencia pública. Fue concejal del municipio desde 2008 a 2011 por el Partido Liberal Colombiano. En 2016 fue nombrado director del Instituto Departamental de Deportes de la Guajira y fue elegido diputado del departamento 2020-2023 por el Partido Conservador. Llegó al espacio con un total de 11 mil 748 sufragios. Yoel “El Negro” Blanchar, como es conocido en su territorio, habría sido salpicado en el reciente escándalo que atraviesa el exsenador Armando Benedetti por presunta corrupción electoral en La Guajira. Noticias Caracol reveló apartes de las casi 20.000 interceptaciones telefónicas grabadas en el 2018 a una supuesta maquinaria electoral constituida para consolidar la elección de Benedetti. En el 2018 Eduardo Pulgar y Armando Benedetti eran candidatos del Partido de La U y se disputaron quisquillosamente los votos en el municipio de Maicao. Pulgar consiguió una votación de 1.917 y Benedetti 1.604. Con respecto a las grabaciones interceptadas, se logra identificar a Yoel Blanchar, actual diputado, hablando con una persona no identificada a la cual supuestamente le confirmaría la entrega de dinero por parte del exsenador. Por ello, Blanchar es uno de los interceptados como presunto integrante de la red de corrupción que en ese año habría puesto una considerable porción de los votos que posicionaron a Pulgar y Benedetti al Senado y a María Cristina Soto a la Cámara de Representantes. Atendiendo a lo anterior, también se menciona en la investigación publicada a 12 concejales y diputados de Maicao y de La Guajira, entre los que estarían Simón López y Ades Araméndiz, quienes conversaron en estos audios sobre las cuentas de las votaciones. En las interceptaciones se escucha de una suma de $550 millones que presuntamente habrían pagado por los cerca de 1.600 votos que obtuvo Benedetti en la zona en cuestión. Finalmente, dicha investigación arrojó que las deudas de la supuesta transacción, al parecer irregular, se habrían pagado con contratos y puestos. Si bien la revocatoria de Samuel Santander Lopesierra fue importante para la democracia en el municipio debido a su excéntrico pasado, resulta también alarmante que dentro del tablero electoral aparezcan dos candidatos cuestionados y con opciones a llegar a ocupar el primer cargo del municipio, como lo son Yoel Blanchar e Hilber Pinto. Panorama a la Alcaldía de Barrancas Barrancas a lo largo de su historia ha sido controlada por el clan en decadencia “La Gran Alianza” en cabeza del ex gobernador Francisco “Kiko” Gómez, condenado a 55 años por homicidio y sindicado por parapolítica. Si bien su condena afectó al clan, Gómez ha tratado de seguir manteniendo su poderío dentro del municipio a través de su hija, Juana Gómez Bacci, actual candidata. Al corte del 29 de julio se inscribieron tres candidatos ante la Registraduría Nacional y solo son dos nombres los que destacan como los más opcionados. Vicente Berardinelli Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Vicente Berardinelli Según Diario del Norte es arquitecto de laUniversidad Autónoma del Caribe y candidato a magíster en regeneración y desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes, en su pasado ha sido precandidato a la Asamblea Departamental en el periodo 2020-2023, su inscripción fue mediante la coalición integrada por el movimiento significativo ciudadano “Vamos Barrancas” y por el Partido Conservador. Berardinelli es apoyado por Juan Loreto Gómez y María Cristina Soto, líderes del clan “Nueva Fuerza Guajira”, quienes buscarían terminar de hundir al clan la “Gran Alianza” con esta nueva apuesta. Fuente: imagen tomada de Diario Caribe Juana Gómez Bacci Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Juana Gómez Diputada de La Guajira para el periodo 2020-2023 por el movimiento ciudadano Somos Guajira, es hija y heredera del condenado a 55 años por homicidio y sindicado por parapolítica Francisco "Kiko" Gómez. Este último se desempeñó como gobernador en donde también tuvo presuntos vínculos con el narcotráfico en asocio del temido capo “Marquitos” Figueroa. Según una investigación conjunta entre Pares y las 2Orillas, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias “Kiko”, inició su carrera a comienzos de los años 90 cuando se incorporó a las primeras bandas paramilitares que llegaron a esa zona del país, al mismo tiempo cursaba en la política del municipio de Barrancas. En octubre de 2013 fue arrestado cuando ejercía el cargo de Gobernador de La Guajira por seis homicidios; sin embargo, gracias a la investigación se llegó a la conclusión que fueron más de 131 homicidios a los cuales estaría implicado directa o indirectamente a lo largo de su vida. Se inscribió a través de la coalición integrada por el grupo significativo ciudadano “Juana” y por el partido Colombia Renaciente. Panorama a la Alcaldía de Uribia Principalmente el tarjetón cuenta con tres candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional, sin embargo solo se destaca un nombre como el más opcionado, se trata de la dueña y señora de Uribia Cielo Redondo, avalada por la coalición integrada por el Partido de La U y el Partido Cambio Radical. Ha sido dos veces alcaldesa con la ayuda de la alianza entre el senador Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, condenado por el escándalo de Odebrecht y quien aceptó sentencia anticipada en el caso de Fonade. Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Cielo Redondo Redondo ha sido una persona con múltiples cuestionamientos, según Pares en un informe del 2014 se le acusa por ser presuntamente la jefa política de la estructura criminal de alias “Pablo”, supuesto jefe del Frente Contrainsurgente Wayúu de la AUC. En ese orden de ideas a Redondo también se le acusa por tener presuntos nexos con paramilitares del Bloque Norte de las AUC, Cielo Redondo estuvo recluida en Uribia por investigaciones en su contra, debido a presuntas irregularidades en la contratación durante su administración (2008-2011). En 2016, tras estar prófuga se entregó ante la Sijin. Era requerida por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado, pues supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuando fue alcaldesa en ese periodo. Por otro lado, según El Espectador, su último cuestionamiento fue en 2021, cuando la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la imputó como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Según la investigación habría presuntas irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación del contrato 053 del 03 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población Wayúu afectada por la temporada de lluvias. El convenio era por $50.000.000 y tenía como objetivo mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vías terrestres. El medio asegura que la Fiscalía tiene en su poder las pruebas que dan cuenta de posibles irregularidades, como la elección directa del contratista sin tener en cuenta los requisitos de ley establecidos. Hasta la fecha, se desconocen los avances respecto de esa investigación. Redondo cuenta con el apoyo de Alfredo Deluque y se ha convertido en una de las aliadas más importantes del clan “Nueva Fuerza Guajira” debido a su poder e influencia en el municipio. Panorama a la Alcaldía de Albania Albania a lo largo de los años ha sido el fortín político de Oneida Pinto, en las últimas semanas el Consejo Nacional Electoral, tomando como base la lista publicada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades por la Procuraduría General de la Nación, decidió anunciar la revocatoria de su candidatura avalada por el partido Alianza Democrático Amplio (ADA). ¿Quién es Oneida Pinto? Fuente: imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Oneida Pinto Fue alcaldesa del municipio de Albania en dos ocasiones, inicialmente de 2004 a 2007 y de 2012 a 2015, sin embargo su cargo lo desempeñó hasta el año 2014 debido a su renuncia para aspirar a la Gobernación de La Guajira. Fue elegida como la primera gobernadora Wayúu del departamento para los períodos 2016-2019 con un aproximado de 164.000 votos por el Partido Cambio Radical, sin embargo, para el año 2016, el Consejo de Estado anuló su elección. En Pinto recaen múltiples cuestionamientos, según Semana estaría vinculada a la investigación sobre el convenio por valor de 18.600 millones de pesos celebrado en 2011 entre la Alcaldía de Albania y el Hospital San Rafael, cuyo objetivo era la reducción de la mortalidad infantil. Se supone que una parte de dicho convenio consistía en dictar charlas sobre modalidad de puerta a puerta, para lo cual se contrataron a 1.350 personas a un costo de 1.200 millones de pesos. No obstante, la verificación de los perfiles de los multiplicadores no se realizó ni por parte del municipio de Albania ni del hospital. Sin embargo, se supo que se trataba de constructores, obreros y técnicos en sistemas. En adición, RCN Radio aseguró que la ejecución de este convenio se realizó en medio de unas elecciones a la Alcaldía en las que ella era la candidata predilecta, y las irregularidades que se evidenciaron en esos servicios dejaron la impresión de que las personas contratadas realmente habían sido reclutadas para votar por ella en el municipio en las elecciones de octubre de 2011. En este caso, Oneida Pinto fue elegida en octubre de 2011 con 8.110 votos, el 85,9% de los sufragios válidos. Por otra parte, se le encuentra relacionada a un segundo escándalo, por la celebración de un contrato de suma de 12.000 millones de pesos, firmado para la instalación de adoquines en vías de Albania en el que, según el Diario del Norte, La Fiscalía General de la Nación afirmó que el material probatorio permitió constatar presuntamente de la apropiación de 5.900 millones de pesos y el incumplimiento de las obras pactadas. Según RCN Radio, las indagaciones del ente en cuestión se lograron establecer que la selección del contratista estuvo arreglada y tenía como finalidad fortalecer su campaña política y que, al parecer, la misma Pinto habría creado la fundación Princesa Negra en 2010, para ejecutar la interventoría del contrato. El ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Producto de ello, La Fiscalía le solicitó a un juez de control de garantías una medida de aseguramiento en centro carcelario a la exgobernadora en aras de proteger la integridad del proceso y de los testigos que han declarado en contra de Pinto, casi una decena en su momento. Otro caso que involucra a Pinto fue la sanción interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2022, cuandp fue destituida e inhabilitada por el término de 10 años a causa de irregularidades en un contrato de más de 20.000 millones, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira". La restricción fijada ocasionó que a la licitación sólo concurriere un proponente (Funtics) y que, en consecuencia, la entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para escoger. Asimismo, es preciso recordar que Funtics estaría también relacionada con el millonario desfalco en que se convirtió el programa para llevar internet a las zonas más alejadas del país, en el que el consorcio Centros Poblados embolató 70 mil millones de pesos. Cabe aclarar que Pinto estuvo prófuga de la justicia desde el 18 de junio de 2019 hasta su entrega voluntaria en Septiembre de 2020. Fue recluida en la cárcel de Valledupar desde septiembre de 2020. Finalmente, Oneida Pinto quedó en libertad en marzo de 2021, por vencimiento de términos, después de estar cerca de 8 meses en la cárcel. Esta decisión fue confirmada por su abogado, Antonio Luis González, quien dijo que la decisión se tomó porque continuaron los 240 días establecidos por la ley para iniciar el juicio y este no se llevó a cabo. Empero, independientemente de haber quedado en libertad, Pinto continúa vinculada a la investigación por los presuntos delitos que enfrenta y está a la expectativa de asumir la etapa del juicio. En la Corte Suprema de Justicia, Oneida Pinto cuenta con 4 procesos abiertos tipo penal.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: Semana Este lunes, 16 de octubre, se abrió un nuevo capítulo en la búsqueda de la paz en Colombia. En el Club Barquito de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, se dio inicio la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por Iván Mordisco. El presidente, Gustavo Petro, expresó su compromiso con este proceso de paz a través de las redes sociales, destacando la importancia de la responsabilidad que recae en todas las partes involucradas en este proceso histórico. Después de aproximadamente 13 meses de acercamientos y negociaciones discretas, se está abriendo una ventana de oportunidad para la reconciliación y la cesación de la violencia en Colombia. Durante la ceremonia de instalación de la mesa de negociación, miembros tanto del Gobierno Nacional como del Estado Mayor Central (EMC) hicieron declaraciones que subrayaron la importancia de este logro en la búsqueda de la paz. Andrey Avendaño, el jefe negociador del grupo armado, expresó su esperanza de que este proceso de paz traiga tranquilidad a los ciudadanos colombianos. El cese al fuego bilateral es un hito crucial en el proceso de paz, pero es necesario comprender que va más allá de un simple alto al fuego. En el acuerdo, se estableció el compromiso de respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente. También se promueve la pedagogía y la participación de la población, sus comunidades y las organizaciones, y se crean las condiciones para el cumplimiento de los acuerdos territoriales, nacionales y de aplicación inmediata. Además de estos compromisos generales, se detallaron 11 protocolos que cubren aspectos como el mecanismo de verificación, las áreas de presencia del EMC para transformaciones territoriales, la seguridad, los traslados, la participación de la población, las comunicaciones, la evaluación del cese y la pedagogía del acuerdo. Estos protocolos son esenciales para garantizar que ambas partes cumplan con los compromisos acordados y para prevenir incidentes que puedan poner en peligro el proceso de paz. Este cese al fuego tiene una duración inicial de tres meses y se basa en el respeto a la población civil y tiene como objetivos facilitar el funcionamiento de la mesa de diálogo, el respeto a la vida de grupos de especial protección, incluyendo los firmantes del Acuerdo Final, permitir el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre y permitir el cumplimiento de acuerdos territoriales. El decreto establece que el cese al fuego se guiará por un protocolo que “determine las áreas en las que hace presencia el Estado Mayor Central de las FARC-EP, las cuales serán objeto de validación del Gobierno Nacional. En todo caso, estas no podrán incluir zonas pobladas o que y áreas que comprometan la seguridad nacional”. Este protocolo es esencial para garantizar la efectividad del cese al fuego y evitar incidentes. El decreto también prevé la creación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, que estará integrado por delegados de las partes, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, Policía Nacional, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MAPP OEA. Este mecanismo técnico tendrá tres instancias: nacional, regional y local para verificar el cumplimiento del cese al fuego, informar y prevenir incidentes y emitir conceptos sobre la información recogida. La seguridad de los integrantes de este mecanismo será prestada por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. El decreto también establece un capítulo sobre el impacto territorial, que incluye acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental. Estas acciones se materializarán a través de acuerdos parciales cuya ejecución se iniciará en la cuenca del Río Micay y posteriormente en otras regiones donde se llevarán a cabo las conversaciones de paz. En el capítulo uno, artículo 6 sobre el impacto territorial en el decreto dice: “se entenderá como la realización de acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental. En atención a lo previsto en el parágrafo 7 del artículo 5 de la ley 2272 de 2022, estas acciones se materializarán a través de acuerdos parciales, cuya ejecución se comenzará en la cuenca del Río Micay y posteriormente en otras regiones en donde sesionará la Mesa de Diálogo de Paz”. El cañón de Micay ha sido un punto crítico de conflicto en la región. Esta zona geográficamente compleja se ha convertido en un foco de atención debido a la presencia de cultivos de coca y la actividad relacionada con el narcotráfico. Este Cañón es estratégico no solo por su importancia en la producción de coca, ya que alberga el 75% de las 25,000 hectáreas de coca sembradas en el Cauca, sino también por las actividades ilegales que se derivan de esta situación. Grupos como el frente Carlos Patiño obtienen ingresos significativos de extorsiones y la minería ilegal, que se ha expandido en la región en los últimos años. El Cañón del Micay es una región geográficamente compleja, situada en el occidente del departamento del Cauca, en la cuenca del río San Juan de Micay, entre los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia. Su complejidad geográfica y su ubicación estratégica lo convierten en un punto crítico en el conflicto. Esta región del Cañón se ha convertido en una de las áreas más complejas, lo que se refleja en el índice de violencia territorial elaborado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El informe ubica a Argelia como el segundo municipio más complejo del país, después de Tumaco, en términos de violencia política, ataques contra líderes sociales y excombatientes, y otras formas de conflicto. La operación “Trueno”, lanzada por el Gobierno, busca acabar con la presencia ilegal en esta región y mejorar la seguridad. Desde el 7 de febrero, con el inicio de esta operación, las fuerzas militares se han ido acercando al corregimiento de El Plateado, que ha sido objeto de disputa entre el EMC y otras organizaciones. La lucha por el control de esta zona ha resultado en desplazamientos forzados, amenazas, ataques a la infraestructura y minas antipersonales. La ofensiva militar también ha tenido un impacto significativo en la región, como se evidencia en los ataques a una subestación eléctrica en Argelia, que ha dejado sin servicio de energía a más de 10,000 personas en la costa Pacífica caucana y nariñense. Este incidente resalta la complejidad de la situación y la necesidad de abordar la crisis humanitaria en esta región. Además del narcotráfico, el frente Carlos Patiño y otras organizaciones ilegales obtienen ingresos significativos de extorsiones y la minería ilegal. En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en la región, lo que ha aumentado las tensiones y la violencia. Desde 2020, cuando ese frente consolidó su poder en la zona, se han registrado 348 hechos de conflicto, incluyendo enfrentamientos armados, en los tres municipios del cañón, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz. Es importante destacar que la población civil en la región ha estado sujeta a un control estricto por parte de los grupos armados, lo que ha afectado su vida cotidiana y su seguridad. La población civil ha sido víctima de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y ataques, lo que subraya la urgencia de abordar la situación en el Cañón del Micay en el marco de las negociaciones de paz. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la mesa de diálogo será itinerante y abarcará varias regiones. El lanzamiento de la política de droga tuvo lugar en Huesitó, en el Cañón del Micay, que se menciona en el decreto como una cuenca principal que se origina en el municipio de Argelia. Esta cuenca atraviesa todo el municipio de Argelia de sur a norte, pasa por las comunidades afrodescendientes del municipio de El Tambo y llega hasta la parte alta del municipio de López de Micay. Además, cuenta con otro “brazo” que incluye Huesitó, Playa Rica, la playa y otros afluentes que ya están accesibles por carretera. La mesa itinerante se plantea como un reto para que en algún momento se realicen sesiones en el corregimiento del Plateado, que funge como la capital del Cañón del Micay, o en Huesitó, o incluso en San Juan del Mechengue. Esta mesa. Según Torres, tiene como objetivo establecer acuerdos parciales, lo cual es un elemento de gran importancia en las nuevas mesas de negociación implementadas por el gobierno. A diferencia de la época de Santos, donde nada se consideraba acordado, ahora se busca que cada acuerdo parcial se implemente y cumpla. Esta disposición se encuentra en el parágrafo 7 del artículo 5 de la ley 1272, que modificó la antigua ley de orden público. Por lo tanto, la región del Cañón del Micay ha sido seleccionada como el punto de partida para la implementación del plan de desarrollo, así como para llevar a cabo planes parciales relacionados con la sustitución gradual de cultivos, el fortalecimiento de la presencia del Estado y la inversión social con justicia social y ambiental. Desde esta región, se planea extender estos enfoques a otras zonas. Por esta razón, es de vital importancia que se le haya dado prioridad y atención en el radar de acción. El coordinador de la Oficina Pacífico también enfatizó la importancia de realizar una exhaustiva búsqueda y exhumación de fosas comunes en la zona, ya que esta es una de las áreas con mayor historial de combates, fatalidades y fosas comunes. Además, es crucial llevar a cabo la liberación de menores reclutados. Por otro lado, con relación al corregimiento del Plateado, Juan Manuel Torres mencionó que se plantea la pregunta sobre si tiene sentido mantener un control riguroso por parte de la fuerza pública en la región. Desde una perspectiva social, tanto el corregimiento del Plateado requiere urgentemente la construcción de un hospital, la mejora de sus infraestructuras viales, la implementación de sistemas de saneamiento básico y otras medidas que el gobierno debe tomar en consideración para el desarrollo integral de esta zona. La perspectiva de Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, en relación a esta mesa de diálogo, se enfoca en varios aspectos clave. En primer lugar, considera que este proceso representa un gran avance en la política de Paz Total. El hecho de que finalmente se haya logrado sentar a este actor armado en la mesa de negociación es un motivo de celebración en términos de progreso en las conversaciones de paz. En segundo lugar, Marín destaca que, a lo largo del proceso de preparación, se han presentado numerosas tensiones y dificultades en las negociaciones con el Estado Mayor Central, marcadas por las afectaciones sufridas por la población civil como resultado de las acciones llevadas a cabo en el conflicto. En este contexto, considera de vital importancia aplicar el énfasis que se da en el decreto al derecho internacional humanitario, particularmente a los convenios de Ginebra, que resaltan la importancia de proteger a sujetos especiales. Marín enfatizó que este enfoque tiene un impacto significativo en la defensa de los derechos de las personas en las zonas afectadas, así como en la protección de los campesinos y los niños, especialmente en el contexto de estas negociaciones. Además, destaca que otro aspecto sumamente relevante de estas conversaciones es el enfoque territorial, que se alinea con experiencias anteriores en negociaciones con grupos como el ELN. La capacidad de abordar temas a nivel nacional y, al mismo tiempo, aplicar medidas específicas a nivel territorial, especialmente en lo que respecta a las economías ilícitas, es esencial para el desarrollo de este proceso de paz. Finalmente, la investigadora Paola Marín enfatizó que con esta mesa de diálogo se espera, en primer lugar, que haya una sólida voluntad y un compromiso firme en la aplicación del derecho internacional humanitario. Asimismo, es esencial que durante el cese al fuego no se produzcan afectaciones a la sociedad civil, como desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamientos, problemáticas que lamentablemente han afectado a las comunidades en estas áreas. Además, se destaca la importancia de reconocer el papel crucial que ha desempeñado la movilización social. Por tanto, se espera que la sociedad civil y las organizaciones que han sido activas en el proceso continúen desempeñando un papel destacado en las negociaciones. Marín mencionó que se espera también que esta mesa abra la posibilidad de sentar a negociar con otras delegaciones, como la del ELN, y se aspira a que se pueda llegar a una tregua entre las diferentes organizaciones. Se es consciente de que esto representa un desafío considerable debido a las disputas territoriales, no solo entre el Ejército y el Estado Mayor Central, sino también entre otros actores y grupos en conflicto. Por lo tanto, se considera fundamental que, en algún momento, esta mesa permita la negociación con otros actores armados y contribuya a la instauración de una paz duradera en estas zonas, no solo en relación a esta negociación, sino también en el contexto de otras conversaciones similares.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: La Haus y Noticias Caracol Desde el pasado 05 de octubre el nombre del grupo delincuencial “La Cordillera” ha vuelto a estar en el foco de la opinión pública y de las autoridades, tras la publicación, por parte la Revista RAYA y RTVC Noticias, de un informe en el que revelaron los presuntos nexos que, según una investigación de la Fiscalía, tendría el empresario César Augusto Giraldo, alias “Calzones”, con esta estructura que opera en el departamento de Risaralda. “La Cordillera” ya había sido el centro de la opinión pública en el mes de mayo del 2022, cuando el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro advirtió que este grupo tenía un plan para atentar contra su vida; así como también en el año 2021, cuando fue señalada de ser responsable del asesinato del estudiante Lucas Villa, en el contexto del Paro Nacional. En medio de este contexto en el que “La Cordillera” aparece como protagonista, y en el que se menciona desde empresarios como “Calzones” hasta exjefes paramilitares como alias “Macaco”, vale la pena hacer una revisión histórica de la manera en la que esta estructura ha construido y mantenido su capacidad de influencia y control en el Área Metropolitana de Pereira, y qué implicaciones tiene esto en términos de seguridad para la capital del departamento de Risaralda. Este grupo delincuencial lleva casi dos décadas operando en la ciudad de Pereira y los municipios de Dosquebradas y La Virginia, en Risaralda, y se ha dedicado fundamentalmente al negocio del tráfico de estupefacientes, al sicariato y a la extorsión. Juan Miguel Álvarez (2013) en su libro Balas por encargo. Vida y muerte de los sicarios en Colombia, narra cómo se empezó a consolidar el negocio de las ollas de microtráfico en Pereira a inicios de los años 2000, a manos de los hermanos Herrera Arrubla, miembros del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaban en el denominado Cartucho en Bogotá, y se trasladaron a la capital risaraldense tras la intervención en dicho sector por parte del entonces alcalde Enrique Peñalosa. Allí comenzaron a establecer una red de microtráfico que empezó a ser conocida como “Cordillera”. La hegemonía de los hermanos Herrera Arrubla empezaría a ser disputada en el año 2005, tras la desmovilización del Frente Héroes y Mártires de Guática, perteneciente al Bloque Central Bolívar de las AUC, comandado por Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, uno de los principales líderes de esta estructura paramilitar. Según Álvarez, tras la desmovilización de este Frente, “Macaco” ordenaría a sus hombres movilizarse a la ciudad de Pereira y comenzar a establecer ahí un monopolio sobre las actividades ilegales. Como menciona Marulanda (2013) en su artículo sobre las ollas en Pereira, el Área Metropolitana de Pereira empezó a generar un alto interés para los narcotraficantes de Medellín y Cali por sus posibilidades de inversión, pero, como menciona Álvarez, fue “Macaco” quien logró hacerse terreno a través de la violencia y quedarse con el negocio de que antes dominaban los hermanos Herrera Arrubla, contribuyendo a que capturaran a dos de ellos y asesinando a uno. “Macaco”, junto con otros paramilitares desmovilizados como Jacinto Nicolás Fuentes alias “don Leo”, Héctor Duque Ceballos alias “Monoteto”, y José Fabián Guzmán alias “Niño Fabián”, mantuvieron el nombre de “Cordillera” y empezaron a un proceso de expansión de las ollas de microtráfico. Esto perduraría por lo menos hasta el año 2008, en el que “Macaco” fue capturado y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, dejando como coordinadores a hombres como “don Leo” y “Niño Fabián”, que terminarían teniendo divisiones internas. Según Marulanda (2013), se empezaría a configurar un declive de “La Cordillera” como organización hegemónica en la zona del Área Metropolitana de Pereira, y otros grupos como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños” empezarían a incursionar en las economías ilícitas, evidenciando un proceso de atomización de estas actividades, así como un aumento en las dinámicas de violencia armada. Tras esta división, en la que “don Leo” dio un paso al costado para desplazarse al sur de Bolívar y comandar un grupo paramilitar allí, fue “Niño Fabián” quien asumió como uno de los principales jefes para posteriormente ordenar el asesinato de “Monoteto”, quien fuera hasta entonces la principal ficha de “Macaco”, y así quedarse con el liderazgo completo. “Niño Fabián” sería el máximo cabecilla, acompañado de hombres como alias “Casandra” y alias “Don Omar”, hasta el año 2011 en el que fue capturado e imputado por la Fiscalía, tras lo cual Bernardo Campo alias “Berny” asumiría el liderazgo de la estructura, hasta que se entregó a las autoridades en 2015 con la intención de colaborar. Obed Maldonado alias “Tres Caras”, y Ferney Vélez alias “Garra” serían los sucesores de “Berny”, sin embargo, fue capturados en los años 2015 y 2016 respectivamente. Estas capturas, que no permitieron que la estructura tuviera un mando sólido y estable en el tiempo, hicieron considerar a las autoridades que había sido completamente desarticulada. Sin embargo, a pesar de estos golpes, “La Cordillera” fue producto de reorganizaciones y siguió operando, en medio de otras estructuras delincuenciales en la ciudad, al mando de cabecillas como alias “Gordo Ariel” desde el 2017, evidenciando la dificultad de combatir y mermar su capacidad de influencia y control en el Área Metropolitana. Los operativos de las autoridades contra esta estructura continuaron, propinando golpes, como la captura en 2018 de alias “Chirri”, un mando medio que operaba en el barrio Cuba y en el municipio de La Virgina, así como la captura de 12 miembros pertenecientes a una banda subcontratada llamada “La Franquicia” en 2019, y la de 4 hombres más encargados de la extorsión y el cobro ‘gota a gota’ en el año 2020. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, en el año 2021 el nombre de “La Cordillera” empezó a escucharse en la opinión pública a nivel nacional, debido a que se les empezó a relacionar directamente con el asesinato del líder estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira Lucas Villa, en medio de una movilización desarrollada en el contexto del Paro Nacional de ese año, lo cual habría sido planeado con antelación con el objetivo de generar temor y evitar los bloqueos por parte de los manifestantes. Al parecer sería Andrés Felipe Mejía Elejalde alias “La P”, jefe de una banda de microtráfico y sicariato subcontratada por “La Cordillera”, el encargado de ejecutar este plan (El Espectador, 2022), evidenciando la capacidad de subcontratación y de control territorial que tiene esta estructura. Pero fue en 2022 cuando se empezó a evidenciar la magnitud de sus capacidades, en el momento en el que el hoy presidente Gustavo Petro, en ese entonces candidato, anunció por medio de un comunicado que cancelaría su gira de campaña por el Eje Cafetero, debido a que tenía conocimiento de un plan por parte de “La Cordillera” para atentar en contra de su vida. Si bien en su momento estas acusaciones fueron desmeritadas por la Fiscalía, que mencionó que no tenía conocimiento de dicho plan, sí puso el foco sobre esta organización, y sobre algunos nombres vinculados a ella, como el del empresario César Augusto Giraldo, conocido como “Calzones”. Ahora, tras la mencionada publicación de la Revista RAYA y RTVC Noticias, en la que se revela un organigrama de “La Cordillera” hecho por la Fiscalía, que posiciona a “Calzones” en la primera línea de mando de la estructura, se ha empezado a preguntar por los nexos que existen entre esta organización y sectores empresariales y políticos de la ciudad y del departamento, y que le permitirían no sólo mantener las rentas ilegales del narcotráfico y la extorsión, sino también llegar tener la capacidad de asesinar a un candidato a la Presidencia. Como evidencian RAYA y RTVC, “Calzones” es un conocido militante del Centro Democrático de Risaralda que ha sido visto en múltiples ocasiones con importantes miembros del partido, incluido el expresidente Álvaro Uribe, y constantemente ha apoyado candidaturas de este. Como menciona Cecilia Orozco en su columna de opinión, esto sería una grave ecuación que combina a la política (en este caso de derecha) con el mundo criminal, que podría incluso interferir en las investigaciones, y hasta poner en duda la transparencia de instituciones como la Fiscalía. Cabe mencionar también que Carlos Maya, alcalde de Pereira, reconoció haber tenido contacto con “Calzones” durante el Paro de 2021, pues sabía que este era un hombre cercano al Centro Democrático, por lo que pidió su ayuda para comunicarse con el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Diego Molano, con el fin de recibir apoyo de Fuerza Pública en el marco de las situaciones violentas presentadas en la ciudad durante las manifestaciones. Teniendo en cuenta los presuntos nexos de “Calzones” con “La Cordillera”, estas dinámicas políticas se pueden ver seriamente cuestionadas, sobre todo por casos como el de Lucas Villa. Por otro lado, pocos días después de la publicación del informe de la Revista RAYA, se presentó un atentado sicarial en el sector de Maraya, en Pereira, en el cual fue asesinado Bernardo Campo alias “Berny”, que como se mencionó anteriormente, fue cabecilla de “La Cordillera” hasta que se entregó y negoció su condena a cambio de información para la Fiscalía; también fue asesinado Diego Fernando Ramírez alias “Osama”, quien haría parte de la estructura actualmente. Las hipótesis señalan que se trataría de una venganza por parte de “La Cordillera”, lo cual cobra sentido en el contexto de las acusaciones contra “Calzones” y por el hecho de que “Berny” fue colaborador de la justicia, sin embargo, aún no se han esclarecido los motivos del atentado. Actualmente “La Cordillera” estaría liderada por alias “Diego Pereira”, y en el organigrama revelado por RAYA, además del nombre de “Calzones”, se mencionan otros como “Marulo”, “Gordo Eleazar”, “Don Gildardo”, “Mono Tafur”, e incluso a antiguos cabecillas como “Niño Fabián”, “Garra”, “Tres Caras”, “Leo”, e incluso el mismo “Berny”. Aparece también el nombre de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” como cofundador de la organización y como un cabecilla principal, sin embargo, la Fiscalía ha anunciado que “Macaco” ya no está vinculado a este caso, y él mismo ha dicho que no está relacionado con él y que tiene intenciones de aportar a la Paz Total y dar declaraciones ante la JEP, por lo que existen incongruencias en las investigaciones que generan dudas sobre su participación. A partir de esta revisión, se puede considerar que el hecho de que “La Cordillera” sea liderada por una persona con tanta capacidad de influencia política como “Calzones”, sumado a los cuestionamientos que se han hecho hacia los entes investigativos como la Fiscalía por su poca diligencia (e incluso negligencia) a la hora de esclarecer estos hechos, genera preocupaciones sobre la capacidad de influencia que pueda llegar a tener esta estructura, ya no sólo en las rentas del narcotráfico, sino también en lo relacionado con el ámbito político. Marulanda (2013) menciona que las denominadas ollas, más que puntos físicos donde se distribuyen los estupefacientes, se configuran como redes más complejas de relaciones, que incluyen no sólo lo económico, sino también lo político y lo social, que permiten a las estructuras delincuenciales como “La Cordillera”, generar y asegurar control territorial, fuentes de financiación e incluso capital político a través de la cooptación de cargos burocráticos. Esto, para el caso de Pereira, se configuraría como una problemática estructural debido a la ya evidenciada historia de incursión que ha tenido el paramilitarismo y el narcotráfico en la ciudad, lo que ha generado también problemas de violencia armada. Se considera relevante plantear esto, pues las discusiones alrededor de la seguridad en la ciudad de Pereira y su área metropolitana ya no se limitarían solo a las dinámicas de las economías ilícitas como las ollas del microtráfico y las actividades extorsivas, sino que empieza a plantear la posibilidad de la existencia de redes de corrupción más grandes, que incluyen a sectores políticos y empresariales ligados al mundo de la criminalidad. Esto supondría un reto para las autoridades de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que “La Cordillera” ha sido objeto de numerosos operativos en los que han sido capturados sus principales cabecillas, y aún así se ha mantenido vigente y activa, mostrando además una importante capacidad de acción y control territorial. Esto debería ser asumido con una mayor rigurosidad por parte de instituciones como la Policía, y sobre todo la Fiscalía, que se ha visto envuelta en polémicas debido a las constantes tensiones que parecen tener un carácter político con el Gobierno Nacional, y ha desestimado las serias acusaciones que han hecho contra “La Cordillera” y sus presuntos miembros, mientras esta se posiciona como una problemática compleja para la seguridad de la ciudad y su área metropolitana, y que, como se ha visto, puede llegar a tener repercusiones de alcance Nacional. Referencias Álvarez, J. M. (2013) Balas por encargo. Vida y muerte de los sicarios en Colombia. Bogotá: Rey Naranjo Editores “Calzones”, el poderoso aliado de Uribe es un narco para la Fiscalía. (2022, diciembre 17). Revista RAYA. Disponible en https://revistaraya.com/calzones-el-poderoso-aliado-de-uribe-es-un-narco-para-la-fiscalia.html Caso Lucas Villa: las pruebas contra organización criminal La Cordillera. (2022, diciembre 17). El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/lucas-villa-organizacion-criminal-de-pereira-la-cordillera-habria-ordenado-su-asesinato-en-el-viaducto/ Marulanda Gómez, L. F. (2013). ‘La liminalidad de las ‘ollas’: relaciones entre la ilegalidad y la legalidad en el mercado de drogas ilícitas de la ciudad de Pereira’. En: Virajes, Vol. 15, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Al principio de la Historia, en el tiempo de la barbarie -que no el de los bárbaros de la Edad Media, sino el tiempo del libre albedrío y de la falta de normas de conducta- eran recurrentes las pugnas entre individuos. Sin embargo, la humanidad pronto encontró solución, limitando la conducta por medio del que sería el primer contrato social: la creación normada de la civis (ciudad). De ahí surgiría el precepto determinador de la buena conducta, el “ser civilizado”, es decir: tener la capacidad para respetar las costumbres, las ideas, las creencias, la cultura, los conocimientos y la dignidad de los otros, y especialmente la vida. Con la disposición de la civis y la puesta en práctica de relaciones ciudadanas respetuosas, disminuyó la pugna entre individuos; pero nació una peor modalidad de ella, la guerra. Con esta nueva forma ya no se enfrentaría alguien con su vecino, sino toda una población contra otra. Por una parte se redujo el riesgo de perder la vida en manos de otro semejante en un desafortunado suceso, y por otra parte se acrecentó el riesgo de perderla también, en un mismo suceso, los seres queridos y los conciudadanos; y perderla, además, por cuenta de personas a las cuales ni siquiera se les había visto ni tratado. Esta es una triste paradoja: la civilización es la matriz de la guerra. No obstante, la misma civilización dio forma al llamado derecho de gentes -Ius gentium-, configurado por los romanos para regular sus relaciones con los otros pueblos. Conocido hoy con el nombre de derecho internacional, este último se diferencia del Ius gentium, por cuanto el modelo romano, si bien ante los abusos de la “legítima defensa” establecía responsabilidades en el trato a los individuos -aunque sin ir más allá del ejercicio de la piedad-, no incluía los derechos humanos que caracterizan al derecho internacional vigente. Valga decir que los derechos humanos no fueron obviados por inadvertencia cognitiva de los antiguos romanos, sino porque estos han sido, y todavía son, de dura aceptación para algunos desalmados congéneres. En efecto, con estas líneas -motivadas por las guerras entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina- busco advertir cómo los protagonistas gestores de ambos conflictos, y los países poderosos que los aúpan, están desconociendo la “igualdad soberana” y están desconociendo la “autodeterminación de los pueblos”, que en el derecho internacional público son punto de partida de cuanto trato se pacte entre naciones. Pese a ello, Rusia le ha desconocido a Ucrania su “derecho a la autodeterminación” e Israel le está desconociendo al pueblo de Palestina la “igualdad soberana”. Y a la luz del derecho internacional, tanto Rusia como Israel están soslayando el “principio de la universalidad”, basado en que todas las personas, rusas y ucranianas, palestinas e israelíes, y las demás que habitan el planeta, son titulares de cada uno de los derechos humanos. Pero, ¿cuántos y cuáles son estos derechos? Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son 30, entre los cuales se destacan, o deben ser inamovibles: - El derecho a la vida (Artículo 3): que implica el rechazo a la guerra sin importar las razones expuestas por quienes la cometen e incentivan. - El derecho a no ser dañado ni torturado (Artículo 5): derecho pisoteado por el ejército israelí al bombardear el territorio palestino de modo indiscriminado y arrasador. - El derecho a ser libre y a mantenerse en su propio país (Artículo 13): derecho que Israel le está vulnerando a los palestinos al mantenerlos encarcelados, primero, y ahora al pretender desalojarlos a sangre y fuego. - El derecho de ir a donde se quiera en su propio país (Artículo 9): desde mucho antes de esta guerra, a la Franja de Gaza -que es una porción del territorio palestino- se le considera la cárcel más grande del mundo, por el acorralamiento en que los israelíes tienen sumido a sus habitantes. - El derecho a tener un país (Artículo 15): a los palestinos se les ha negado este derecho desde el año 1917, cuando por orden de los ingleses les fue esquilmado su territorio para dárselo a los judíos, y luego -en una especie de legitimación de aquello- la ONU hizo lo propio en 1947. - Y, por último, entre 25 derechos más, el derecho a tener comida y alojamiento (Artículo 25): a los palestinos de la Franja de Gaza no sólo les cortaron los suministros de agua, de luz y de comida, también les bombardearon los alojamientos. Finalmente, pese a tantas atrocidades, no es descabellado decir lo que dice el título de esta nota, que “se acabó el tiempo de la barbarie, aunque reinen los bárbaros”; y no es descabellado decirlo, porque, aun cuando los gobiernos de Israel, de los Estados Unidos, de Francia y de otros estados más, han promovido la guerra y están permitiendo el genocidio de la población palestina de la Franja de Gaza, contra ello -contra esa abominable decisión de estos bárbaros mentados- cientos de miles de personas del mundo entero, sobre todo jóvenes abanderados del pensamiento del siglo XXI -entre ellos israelíes, norteamericanos y franceses- se están manifestando en las plazas de sus ciudades para condenar el ataque al pueblo de Palestina, y lo están haciendo movidos por el cambio de agujas en la conducta humana, que hoy reclama abogar por la paz y despreciar la guerra. Bajo tal comprensión -ya dije que muy difícil de aceptar para algunos desalmados congéneres- los colombianos debemos sentirnos orgullos de tener un gobernante del talante de Gustavo Petro, y apoyarlo en su tarea de recordarles a los poderosos que se acabó el tiempo de la barbarie y que defenderemos como país -disguste a quien le disguste- el derecho a la vida de todas las personas, y en consecuencia lógica descontaremos la guerra, pues su naturaleza está basada en justificar el exterminio de la vida. Ante las indirectas exigencias de los Estados Unidos -nuestro principal aliado económico- o ante la esquizofrénica actitud del Gobierno de Israel -que se atreve a ofrecernos reprimendas-, debemos agradecerle al presidente, en atención al principio de igualdad soberana y en defensa de nuestro derecho a la autodeterminación, su valiente decisión de no arrodillárseles. Se acabó el tiempo de la barbarie y con ella el tiempo de la diplomacia hipócrita, que ante las conductas atroces de los países poderosos, se expresaba siempre con delicada prudencia, en vez de haber exigido con firmeza, respeto por la dignidad de los pueblos y respeto por todos los seres humanos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 09 al 16 de octubre de 2023 La semana inició con una sesión de la Mesa de Diálogos y Negociaciones entre Gobierno Colombiano y el ELN en Bogotá, en la sede de la Misión de Verificación de la ONU. Fue una sesión en la que las dos partes hicieron una revisión de los acuerdos ya logrados y sus desarrollos. Ambas partes ya se habían manifestado sobre la importancia de que la Mesa funcionara en Colombia, pero el jefe de la Delegación del ELN fue aún más lejos: afirmó que la Mesa debía funcionar de manera permanente, lo cual es importante para aprovechar al máximo el tiempo, darle impulso a los acuerdos y trabajar de manera coordinada en los impasses que siempre se presentan. El informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU presentado esta semana en Nueva York resaltó el funcionamiento del cese bilateral pactado entre el Gobierno Colombiano y el ELN que rige desde el pasado 03 de agosto por 180 días prorrogables, los cuales se cumplen el próximo 03 de febrero, como ya lo habíamos dicho en la bitácora pasada. Recordemos que Gobierno, ELN, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica van a presentar un informe del desarrollo del cese bilateral el próximo 03 de noviembre. Sobre los encuentros sectoriales para el proceso de participación ya hay varios programados para las próximas semanas, en total son 15 y sobre algunos ya hay fechas concretas, lo cual es importante en tanto se avance en estos espacios de diálogo y formulación de propuestas para el Plan Nacional de Participación que debe quedar construido para el próximo mes de febrero. Las confrontaciones entre el ELN y otras estructuras armadas se mantienen en varias regiones. Esta semana se han denunciado choques entre el ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el sur de Bolívar, donde varias organizaciones sociales denuncian que hay planes de las AGC desde hace por lo menos tres años para tener el control de las importantes minas de oro de la Serranía de San Lucas y del nordeste antioqueño. Con la apertura de la mesa de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el EMC-FARC se da un nuevo paso en el desarrollo de la política de Paz Total, que puede contribuir a distensionar confrontaciones en curso entre el ELN y esta red del EMC-FARC. 1. Entrevista a Pablo Beltrán: 2. La ONU da apoyo al proceso de paz con ELN: 3. Delegación del Gobierno Nacional celebra el pronunciamiento de Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, sobre los avances en las negociaciones con el ELN: 4. Le Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno Nacional y el ELN sesionó por primera vez en Colombia: 5. Delegación de paz celebró pronunciamiento de la ONU sobre negociación con el ELN: https://www.msn.com/es-co/noticias/other/delegaci%C3%B3n-de-paz-celebr%C3%B3-pronunciamiento-de-la-onu-sobre-negociaci%C3%B3n-con-el-eln/ar-AA1iaHdm 6. Pablo Beltrán arremetió contra las disidencias: “Una peste para el país”. Desde Bogotá, el jefe de la delegación negociadora del ELN señaló que ha estado desarrollando acciones pedagógicas con los distintos frentes de la guerrilla para que se comprometan a cumplir lo que se ha acordado con el Gobierno Nacional: https://www.infobae.com/colombia/2023/10/13/pablo-beltran-arremetio-contra-las-disidencias-una-peste-para-el-pais/ 7. El sur de Bolívar bajo el acecho de los fusiles: https://www.pares.com.co/post/el-sur-de-bol%C3%ADvar-bajo-el-acecho-de-los-fusiles 8. Defensoría alertó por hechos de confinamiento en medio del conflicto entre enero y septiembre: https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/entre-enero-y-septiembre-ocurrieron-156-hechos-de-confinamiento-por-el-conflicto-armado-429318 9. Elecciones en Antioquia: las regiones en riesgo por violencia y presencia de armados: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/elecciones-en-antioquia-las-regiones-en-riesgo-por-violencia-y-presencia-de-armados-816131 10. Intervención frente al Consejo de Seguridad de la ONU:https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/intervencion-frente-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu 11. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas: https://confidencialnoticias.com/opinion/un-monstruo-grande-que-se-alimenta-de-almas-de-ninos-y-ninas/2023/10/15/

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para: @confidencialcol De aquí es difícil que tengamos vuelta atrás. Los liderazgos políticos que en el mundo tienen mayor votación están muy lejos de los estadistas moderados y reflexivos que el pequeño sector de la sociedad, en el que me incluyo, extrañamos. La identidad política es hoy también una forma de consumo cultural, amplificada por el sesgo de confirmación presente en las redes virtuales y reales. Por eso el diálogo es lo más difícil de promover hoy. El apocalipsis parece ser mucho más rentable. El miedo y la identidad son la combinación ganadora utilizada por figuras como Trump, Milei, Bukele y Bolsonaro, pero también por Ortega, Chávez y Maduro. En medio de todo esto, los derechos humanos se convierten en la carta favorita a sacrificar en aras de un bien mayor etéreo, al mismo tiempo que siempre estamos al borde del apocalipsis, liderado, por supuesto, por “los otros”, amenazando con arrasar incluso lo poco que nos queda. En este contexto, las ciudadanías globales se encuentran luchando por adquirir una identidad y determinar hasta qué punto son “coherentes” con ella. De esta manera, nos encontramos viendo a antiimperialistas de izquierda apoyando a Putin y a otrora institucionalistas alabando a Milei. O progresistas entendiendo a Netanyahu. Cada una de nosotras hacemos un salto de fe en situaciones tan complejas como el conflicto en Medio Oriente, donde es totalmente cierto que Hamás, a la cabeza de Ismail Haniyeh, ha asesinado indiscriminadamente civiles inocentes y que el Estado de Israel de Benjamín Netanyahu ha cometido uno de los peores crímenes de guerra del que la humanidad pueda tener memoria, de forma tan cínica que incluso pone la responsabilidad no en uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino en mujeres y niños que no fueron capaces de “controlar” sus propios radicales. Y sí. Por décadas Israel ha jugado la carta de miedo + identidad, anunciando el apocalipsis para justificar el trato desigual y cruel a los civiles en Gaza, burlando sin empacho las resoluciones de Naciones Unidas. Todo esto para decir que Gustavo Petro no es el único presidente metido en esta encrucijada, pero sí es uno de los pocos que ha intentado convertir la tragedia en algo sobre sí mismo. Característica muy propia de la megalomanía y si se quiere del mesianismo, pero lejos del apocalipsis. Reprochable en cualquier caso la banalización de la situación de las víctimas israelíes, loable el apoyo a Gaza y mal manejada la diplomacia. Todo es cierto. Pero lo que es completamente falso es que Petro sea el primer presidente en manejar de forma arbitraria e irresponsable la diplomacia, con graves consecuencias para Colombia. Eso ya lo había hecho Iván Duque con Venezuela y las consecuencias fueron dramáticas en la economía y la seguridad. No dolió tanto porque no retó de la misma forma la identidad colectiva. Era más fácil condenar a Venezuela que a Israel, por supuesto. Mi miedo –que también me habita– es que estoy viendo a demasiados humanistas, liberales y gentes demócratas promoviendo la narrativa del apocalipsis petrista. “La horrible noche, le están llamando”. ¿Son conscientes mis colegas, muchos de los cuáles aprecio profundamente, de las consecuencias de esto?, ¿se han detenido por un momento a pensar si tal vez ese sentimiento de temor y pánico en muchos casos es más un rechazo a la personalidad del presidente que a una situación de crisis institucional? ¿No será, tal vez y sólo tal vez, que en el fondo consideran que es justo que la izquierda tenga una especie de castigo colectivo por todas las veces que llamó a la indignación colectiva en gobiernos anteriores? Mi miedo personal es que ese lugar político en el mundo, tan necesario que es el humanismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, con todos sus defectos, se quede solo y vacío, subsumido por completo por las luchas identitarias, que ni siquiera saben exactamente qué es lo que están defendiendo porque al parecer nos negamos cada vez más a la evidencia, si ésta nos contradice el sesgo. La guerra y la violencia siempre necesitan que la gente esté dispuesta a negar su lado más humano y compasivo. Abandonar el entendimiento y la empatía. Confiar ciegamente en los megalómanos. Y de eso sí que sabemos en Colombia. A mí tampoco me gustan los trinos del presidente, tal vez porque nunca he sido apasionada de las grandes personalidades. Un sesgo de mi propio entendimiento del mundo. Me preocupan las consecuencias de la bravuconería diplomática, pero también me angustié profundamente cuando lo hacía Iván Duque. Creo profundamente que se necesita calmar las aguas y apelar al entendimiento y la diplomacia, más que hacerles la corte a los egos de cancilleres y líderes políticos. Pero no me voy a comprar el discurso apocalíptico y malsano que no está conduciendo a otra cosa más que a profundizar la fuerza de los antidemócratas. Prefiero seguir consciente e ingenuamente tratando de que se haga realidad un Acuerdo Nacional.

Por: Mauricio Valencia, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Telesur y Radio Nacional de Colombia En las últimas semanas el Sur de Bolívar se ha configurado como epicentro de confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, quienes se disputan el control territorial sobre la zona. Estos enfrentamientos han derivado en un recrudecimiento de la situación humanitaria en el municipio de Santa Rosa del Sur, el cual se ha extendido hasta los municipios de Cantagallo, Simití, San Pablo, Morales y Arenal, provocando el confinamiento de cerca de 130 familias y más de 300 personas. La defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 034 de 2023, emitida el pasado mes de septiembre, ya había advertido sobre el riesgo inminente de estas afectaciones contra la población civil de estos territorios. Luego de la firma del Acuerdo de Paz y el vacío de poder que dejaron las extintas FARC-EP en esta subregión se produjo una reconfiguración en la presencia de actores armados que operan allí. La incursión progresiva de estructuras criminales como el Clan del Golfo en el sur de Bolívar desde el año 2020 ha desafiado el dominio territorial de otros grupos armados que han hecho presencia históricamente allí como el ELN a través del Frente de Guerra Darío Ramírez, e incluso de estructuras como los Frentes 4, 24 y 37 de las disidencias de las antiguas FARC. Cabe decir que, si bien en los últimos años la estructura del Frente 37 se había estimado como parte de la Segunda Marquetalia, la alerta temprana 034 de 2023 advierte un presunto accionar de esta estructura bajo la línea del extinto Gentil Duarte del Estado Mayor Central (EMC), ahora al mando de Iván Mordisco. A esto se suma el apoyo logístico y militar que se encuentra prestando la estructura del frente 33 del EMC, que opera en Catatumbo, Norte de Santander, a estas estructuras de los Frentes 4, 24 y 37 en el sur de Bolívar. La coexistencia de estos tres grupos ha estado marcada por acuerdos y alianzas que se han ido redefiniendo de acuerdo a los intereses específicos que demanda la coyuntura. En su momento el ELN y el Clan del Golfo mantenían un pacto territorial que se extendía desde el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño hasta el Sur de Bolívar, no obstante, este se rompió en 2021, derivando en confrontaciones entre ambos hasta el día de hoy. Según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad se ha logrado constatar una anuencia entre el ELN y el Frente 37 presuntamente del EMC, operando en conjunto no solo para mitigar la consolidación del Clan del Golfo en el Sur de Bolívar, sino para repartirse los réditos de las economías ilícitas que hoy hay en el territorio. Parte de la actual confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN en alianza con el EMC radica en la disputa por las rentas proveniente de la minería artesanal. El sur de Bolívar es una subregión cuya principal vocación productiva se encuentra asociada a la minería artesanal, de la cual dependen la mayoría de familias. En este sentido, para los grupos armados resulta de gran importancia hacerse con el dominio sobre los territorios mineros, pues el control de esta actividad y sus rentas es un mecanismo de control poblacional y de gobernanza criminal que les permite instrumentalizar a la población, similar al control que ejerce el Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño. El último informe de la UNODC sobre monitoreo de cultivos ilícitos en el país en 2022 evidencia una alta concentración de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) especialmente entre Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Sin embargo, la minería artesanal no es el único botín que se disputa el Clan del Golfo con el ELN y el EMC, la gran presencia de cultivos de coca en el Sur de Bolívar también se ha constituido en un factor que ha contribuido al recrudecimiento de la violencia. Aunque el departamento de Bolívar registra una reducción de los cultivos de hoja de coca en un 4% respecto al 2021, según el informe de la UNODC la región “Central – Sur de Bolívar” sigue produciendo anualmente un promedio de 263.00 toneladas métricas (tm) de hoja de coca, siendo la cuarta región en el país con mayor producción. De las 10.358 hectáreas sembradas en el departamento de Bolívar durante el 2022 el 81,62% se concentra en cuatro departamentos: San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, y Cantagallo. Precisamente en esta zona se ha configurado uno de los 15 grandes enclaves de producción de coca en el país “San Pablo – Taracué” y es donde se han concentrado los enfrentamientos de los últimos días entre las estructuras armadas que hacen presencia en el territorio. Gráfico No.1 Hectáreas sembradas por municipio en Bolívar (2022- 2023) Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: SIMCI/UNODC Así mismo, la posición estratégica del sur de Bolívar es vital para estructuras armadas como el Clan del Golfo, quienes vienen consolidándose allí dado que representa un corredor estratégico que conecta el occidente y el oriente del país hacía el caribe, posibilitando su tránsito desde Antioquia y sur de Bolívar hacia la región del Magdalena Medio, Santanderes y parte del Cesar, donde ya vienen reforzando su presencia. Pares ha logrado identificar cómo durante el último año el Clan del Golfo viene ampliando su control territorial, especialmente en la subregión de los Montes de María, donde tiene una presencia hegemónica y en el Magdalena Medio, especialmente en Santander, donde vienen ejerciendo una fuerte labor de represión contra los liderazgos ambientales que se oponen a los proyectos extractivistas de empresas transnacionales en la zona. En los últimos meses el Clan del Golfo ha procurado mantenerse al margen de la exposición pública, en tanto viene adelantando un control poblacional en ciertas zonas del país como en los Montes de María. Esto mediante acciones armadas de baja escala como asesinatos y desplazamientos selectivos para evitar el asedio de la fuerza pública y de la institucionalidad, de manera tal que puedan seguir expandiéndose de manera silenciosa. No obstante, los últimos hechos ocurridos en el sur de Bolívar e incluso los recientes enfrentamientos del Clan del Golfo con la Fuerza Pública en Tierralta, Córdoba, ponen de manifiesto la necesidad seguir acentuando la mirada sobre esta estructura criminal, cuando los reflectores hoy se posan sobre otros actores como el ELN y el EMC en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional. Lejos del cese de la violencia, hoy el sur de Bolívar parece avocada a una realidad en la que acechan los fusiles y el sonido de las balas resuena.