Por: Redacción Pares Semana del 17 al 23 de julio de 2023 En la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro informó sobre los avances del proceso de diálogo y negociaciones entre el Gobierno y el ELN, haciendo énfasis en que el 03 de agosto inicia en forma el cese bilateral de carácter nacional. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio en el Congreso: “esto de construir dos pilares: la justicia social y la justicia ambiental, no solamente es para tener una frase bonita que se llame ‘Colombia potencia mundial de la vida’, es para tener paz, la paz no es una negociación entre grupos armados, la paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, indudablemente nosotros hemos tomado iniciativas, discutibles, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia, en materia de paz el país ha avanzado y retrocedido en las últimas décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza, hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparando el número de bajas del Ejército y la Policía de este año respecto al año pasado, del 60% y del 55%. Alguna vez un Congreso, no hace mucho, hace algunos años, un Congreso de la República, estaba yo allí, escuchó estas mismas frases de los gobernantes de entonces, que un acuerdo de paz había hecho desplomar las estadísticas de muerte en la Fuerza Pública”. 1. El Senador Iván Cepeda, continúa haciendo pedagogía sobre los acuerdos logrados en cuanto al cese bilateral y la participación: 2. Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN y jefe de la delegación negociadora del ELN, tuvo un diálogo con el portal Al Carajo sobre los acuerdos logrados con el Gobierno Colombiano sobre cese bilateral y participación: 3. Las fechas claves para que la ciudadanía participe en los diálogos de paz con el ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-fechas-de-encuentros-regionales-y-nacionales-para-que-sociedad-participe-en-el-proceso-de-paz/ 4. En Bogotá, con el apoyo de la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el ELN siguen precisando detalles de la instalación del Comité Nacional de Participación: 5. El sábado 22 de julio en Bogotá se dio una reunión de la “Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, donde se socializan los mecanismos previstos de participación de la sociedad en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN”. En esta reunión hubo presencia de integrantes de la delegación del Gobierno para el proceso con el ELN, igualmente integrantes del equipo de gestores de paz del ELN. 6. El viernes 21 de julio se dio un ataque a un retén militar del Ejército Nacional a la entrada de la población de Tame, en Arauca. El Frente de Guerra Oriental del ELN se pronunció en el sentido que no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos: 7. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la delegación de diálogo del Gobierno para el proceso con el ELN, hace ejercicio de pedagogía con integrantes de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. “Me comprometí con el país a informar y promover la participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN. Por esta razón, recientemente estuve en un conversatorio con los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares en su sede nacional”: 8. Antonio García, primer comandante del ELN, escribe una reflexión sobre las Fuerzas Armadas y su papel en una sociedad en Paz: https://telegra.ph/Coraz%C3%B3n-de-naci%C3%B3n-no-mercenarios-07-17 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Daniel Guerra Roncancio, Periodista Foto tomada de: El Colombiano y cornare.gov.co Todo este paisaje que se ve acá es muy hermoso, Cocorná es la tierra del agua, comenta Jaime Montoya, intérprete ambiental. Estamos volviendo en una chiva llena de personas que participaron en el foro sobre transición energética justa y popular organizado por el Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Movete) y el Movimiento Nacional Ambiental Colombia en el mes de agosto de 2023, en El Santuario, Antioquia. A medida que avanzamos me muestra a lo lejos una de las represas que hay en el lugar, “es que esta tierra reúne las condiciones adecuadas para este tipo de proyectos al tener tantas pendientes sucesivas”, dice. Las cascadas golpean sobre la roca, mientras la tierra, en algunos tramos verde, en otros yerma, deja ver los cultivos de caña, plátano y café. Actualmente hay 17 permisos de estudio de los recursos hídricos avalados por Cornare, la Corporación Autónoma Regional que se encarga de las cuencas de los ríos Negro y Nare en el Oriente Antioqueño. De igual manera hay 32 proyectos de generación de energía avalados por esta corporación desde 2010. La gran mayoría de estos proyectos son Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), nombre que se ha vuelto común en la zona para describir estos proyectos que se valen de la captación a filo de agua, es decir, que en teoría no represan grandes cantidades de agua en embalses, sino que se valen del caudal natural del río. Algunos de estos proyectos generan menos de 10 megavatios (MW) de energía por lo que, según la ley 99 de 1993, no deben pagar transferencias por el 6% de las ventas brutas de energía al Estado, como sí lo hacen los proyectos más grandes. En 2022, sólo EPM, Empresas Públicas de Medellín, repartió más de $32.000 millones de pesos a las tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia como pago de transferencias. La historia de las hidroeléctricas en esta zona se remonta a inicios de 1929, con el proyecto Guadalupe I, que fue terminado en 1943 con una capacidad instalada de 30 MW. Sin duda las demandas energéticas en el país empezaron a aumentar con la explosión urbana. Como afirma Juan David Arias Henao, especialista en ecología política y estudioso de los procesos del Oriente Antioqueño, “en ese momento cuando se construyeron estos proyectos estaba la idea de que eran baratos y necesarios para el desarrollo urbano e industrial y que era una fuente alternativa de energía”. Hoy, en los escenarios académicos, la postura de que la energía obtenida de las hidroeléctricas es limpia es insostenible. Juan David cuenta que este territorio tiene muchas pendientes, aumentando la velocidad de los cuerpos de agua lóticos, en constante movimiento, lo que resulta en un mayor potencial cinético. La zona del Oriente Antioqueño llegó a producir el 40% de la energía del país, afirma, y ahora puede estar alrededor del 25%, lo que no deja de ser una gran contribución al sistema eléctrico nacional. Esta situación le preocupa a Pilar Parra, integrante del Movete y de la Asociación Campesina de Antioquia, quien está segura de que las zonas del Oriente Antioqueño y parte de Caldas son lugares de sacrificio para los planes de generación de energía hidroeléctrica que tienen el Gobierno y las empresas privadas. Sin duda uno de los temas que está en boca de muchas personas hoy en día es la transición energética, pero, se cuestiona Parra, “es para que lo maneje quién, ¿el Estado va a crear una empresa estatal que le jalone a eso?, ¿o va a abrir una dependencia en Ecopetrol?, ¿o las encargadas serán las doce o trece empresas que manejan eso en el mundo?”. Para ella esta transición debería tratarse en un lenguaje sencillo para los “dolientes del territorio”, de lo contrario los campesinos no entenderán lo que se está poniendo sobre la mesa. Este hecho ha generado cierta estigmatización sobre los campesinos, así como sobre los movimientos ambientales, según Parra las corporaciones autónomas y los técnicos que hacen los estudios para las licencias ambientales “creen que uno es bruto e ignorante, que confundimos una represa con una PCH”. Pero para ellos es clara la afectación, pues están monitoreando y viviendo con el río todos los días y ven las afectaciones que se producen en el mismo. Para Camilo González, investigador del SEI, Instituto del Ambiente de Estocolmo, es muy probable que la temperatura alrededor del embalse pueda disminuir debido a que va a haber más evaporación al haber una gran superficie de agua. “Respecto al clima, el agua evaporada provocará el aumento de nubes, neblina, generando lluvias localizadas”, menciona. Al mismo tiempo afirma que la humedad relativa puede aumentar cerca a los proyectos hidroeléctricos, lo que genera proliferación de plantas acuáticas que pueden ser dañinas para el ecosistema al existir nuevas condiciones de adaptación al entorno para las especies locales. Hacer varias represas en una misma cuenca puede ser problemático a la hora de entender los efectos globales de los proyectos. Esto a razón de que no son solo una o dos empresas las que manejan las PCH, por lo que “puede ocurrir la alteración total de un ecosistema si no se tienen en cuenta estrategias que consideren de manera temprana las afectaciones a los territorios”, afirma el investigador. González cree que “a la hora de hablar con comunidades no hay que ser muy científico, sino que hay que hacerlo de una manera en la que se pongan los problemas sobre la mesa y así mismo las soluciones”. Según González, las políticas en Colombia hasta ahora están empezando a tener en cuenta este asunto. “Normalmente se consideran como un tema de monitoreo de daños”, afirma. Precisamente, en 2022, Cornare ideó un Índice de Sostenibilidad Integrado en el que, según la Corporación, se tendrían en cuenta las afectaciones de varios proyectos sobre una misma cuenca. Esto en teoría pondría un escollo más a las empresas que quieren adquirir una licencia ambiental. Sin embargo, para Juan David Arias, “las licencias son unas listas de chequeo de impactos y de compensaciones”, según él son el discurso técnico que le hacía falta a la idea del desarrollo sostenible, que cree que se puede seguir creciendo económicamente de la mano de la naturaleza. “Pero vivimos en un planeta con recursos finitos y los problemas ambientales han ido en aumento, por esta razón las licencias no son un mecanismo real de defensa del territorio”. Por su parte, un ingeniero de una empresa encargada de las consultorías para la consecución de las licencias ambientales de proyectos hidroeléctricos dice que hay un conflicto de intereses muy fuerte en el Oriente Antioqueño. Por esta razón prefiere no ser nombrado. Este menciona que en reuniones con los grupos ambientalistas siempre se ha encontrado con un no rotundo al desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Sugiere que más allá de esta negativa los grupos ambientalistas debieran dar las razones del porqué no quieren que se haga, siendo más propositivos acerca de lo que se podría hacer en el territorio. Este ingeniero cree que los estudios técnicos no siempre son la verdad revelada, que siempre han estado abiertos al diálogo. También argumenta que a los proyectos de esta índole los han “satanizado”, cuando la mayor parte de la matriz energética en Colombia depende de este tipo de energía. Para él no hay forma de producir la misma cantidad de energía con el viento y el sol. Entonces, tiene que haber una garantía para el sistema interconectado nacional y cree que si no es con el agua, la transición energética se quedaría corta. En 2021, durante el proceso de licenciamiento de una de las PCH, en este caso la de Guadualito, integrantes de la comunidad junto con una experta en hidrología se dieron cuenta de que el estudio de la licencia pretendía tomar un caudal de referencia diferente al que se pretendía licenciar. En ese caso se tomó como referencia la estación de Pailania y los hicieron pasar como los datos del río San Matías. Esto es delicado, según la comunidad, porque se entregaba un caudal ecológico menor del que en realidad correspondía. En 2022 se archivó la solicitud de diagnóstico ambiental de alternativas para este proyecto, evitando que continuara su proceso. Pese a esto, las preocupaciones continúan latentes en el Oriente Antioqueño, no solo por este caso, sino por cómo se llevan a cabo los procesos de licenciamiento ambiental. Cabe resaltar que algunos de estos proyectos han sido una segunda revictimización para algunas personas. Este territorio sufrió los embates del conflicto armado y en los últimos años con los nuevos proyectos hidroeléctricos ha afectado el intento de muchos campesinos por intentar restablecer sus modos de vida en su territorio, tal como se evidencia en este artículo. **** Ya casi vamos llegando a Cocorná, Jaime Montoya me cuenta que ellos sienten el río como si fuera parte de su familia, como algo propio que les corre por las venas. “La gente que no está en el territorio no entiende eso, ellos creen que el río es algo muerto que está ahí y que no es sino venir y apoderarse de él”. Según Jaime las empresas y las personas que vienen a construir hidroeléctricas no entienden que la tierra no es de nosotros “sino que nosotros somos de la tierra y como somos de ella la sentimos viva”. Para él sin electricidad se puede vivir como hacían los abuelos, con leña o con lámparas rudimentarias, pero sin el agua “no nos defendemos nunca”. Para este hombre sonriente, que cree en la metafísica y en la risa de sus amigos del pueblo, la transición energética se tiene que hacer de la mano con la comunidad, sin dejar de lado los saberes ancestrales, opacados por la educación actual. En este punto hay algo muy importante y es que las discusiones políticas actuales sobre la transición energética se manejan desde un punto de vista técnico. Si bien se están escuchando a las comunidades, por medio de acciones como la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía del actual Gobierno, aún quedan varios puntos por resolver. Por un lado están las discrepancias de los campesinos con los proyectos, esto significa considerar el respeto a la voluntad de las personas que viven en los territorios al no querer hacer estos proyectos. Igualmente la necesidad de crear espacios de discusión más rigurosos, claros y amplios, en los que se recojan todas las propuestas. No se puede imponer una visión unívoca de cómo hacer las cosas, ni creer que las compensaciones son suficientes para reparar un determinado daño ambiental o social. Por otro lado también está el hecho de que los mismos movimientos sociales tienen que ser más técnicos y propositivos, no se pueden quedar en la mera crítica. Como menciona Juan David Arias “algunas veces hay poco conocimiento técnico de alguna cosa en los movimientos de cómo hacer algo”. Si bien la crítica política es fértil y enriquecedora y contribuye a la democracia, debe haber un segundo momento de “cómo vamos a hacer entonces y eso necesita saber si se hace de manera autónoma, sin el Estado, pero como se habla de la discusión con el Estado hay que entrar en los mecanismos del Estado, hacer un plan energético a 30, 40, 50 años, con criterio técnico, y esa es la única manera”, concluye. La transición energética es uno de los caballos de batalla del plan de gobierno de Gustavo Petro. Debemos preguntarnos qué es en realidad una transición energética justa y cómo hacer para que no sea un simple concepto vacío que en teoría incluye todas las voces y demandas, pero que al final corra el riesgo de seguir replicando el modelo extractivista. También es incierto cómo hacer para que el sistema eléctrico nacional no dependa del agua, cuando más del 60% de energía se obtiene a partir de este bien común.

Por: Sebastián Solano, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La radio, ese poderoso medio de comunicación que nos acerca a las voces de nuestra comunidad, es mucho más que una fuente de entretenimiento e información. En Colombia, un país que ha enfrentado desafíos significativos en su camino hacia la paz y la reconciliación, la radio comunitaria se convierte en aquella voz de millones de memorias e historias que nunca antes fueron escuchadas. Esta semana marca el inicio de un proyecto que reconoce y destaca el papel de la radio comunitaria, la Escuela de Comunicación Radial para la Paz. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y Canal 13 con el objetivo de fortalecer y potenciar las capacidades de las emisoras y medios comunitarios en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y otros territorios afectados por la violencia. Para esta primera edición de la Escuela se han seleccionado estratégicamente doce emisoras comunitarias con un alto potencial de incidencia en sus municipios: Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño; Guapi, Patía, López de Micay en Cauca; Buenaventura y Pradera en Valle del Cauca; Condoto en Chocó; Agustín Codazzi en Cesar; Puerto Carreño en Vichada y Arenal en Bolívar. Estos lugares destacan por su rica diversidad cultural y étnica, así como por su significativa representación de comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, lo que los convierte en territorios fundamentales para el fortalecimiento de la comunicación radial para la paz con un enfoque étnico. La Escuela tiene una apuesta formativa con temáticas y metodologías prácticas e innovadoras orientadas a fomentar el diálogo entre líderes y lideresas sociales de la comunidad y las emisoras. Este enfoque busca aumentar y fortalecer la participación de la comunidad en la creación de contenidos que reflejen las memorias y experiencias de construcción de paz en sus territorios. Por un lado, los talleres de la Caja de Herramientas ‘Se Juega la Vida’, una poderosa herramienta metodológica y didáctica de la Fundación Pares, permitirán a los participantes jugar mientras generan diálogos y conversaciones reveladoras que ayudarán a la comprensión colectiva de las realidades y contextos diferentes que vive cada persona. Acompañada además de herramientas como la cartografía social y los ritmos de la memoria, la comunidad podrá ubicar las problemáticas y oportunidades de manera espacial y reconstruir la memoria de los hechos que han marcado la historia de su territorio. Además, los participantes recibirán talleres de storytelling (narrativa) que les brindarán las habilidades necesarias para contar sus historias de manera efectiva. Esto en función de los talleres de podcast y estrategia de comunicaciones, que proporcionarán las herramientas necesarias para la co-creación de contenidos sonoros para la construcción de paz y reconciliación a través de la comunicación para la incidencia. Cabe destacar que cada emisora recibirá un incentivo económico para la realización de un producto final en formato de podcast que recopile las experiencias, historias y narrativas vividas a lo largo de los talleres. Estos podcasts serán presentados en el evento de clausura de la Escuela, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá. Este proyecto se nutre de los conocimientos, experiencias y vivencias de un grupo de jóvenes provenientes de diversas regiones y profesiones, que de manera multidisciplinaria y con un enfoque diferencial, facilitarán la transmisión de las habilidades y herramientas a las emisoras y sus comunidades. Los objetivos de este proyecto son claros: transformar a las emisoras comunitarias y a los actores clave de la comunidad, como líderes sociales, organizaciones y colectivos, grupos artísticos y juveniles, en agentes de cambio a través de la comunicación radial. Buscamos generar nuevas narrativas que promuevan la paz y la reconciliación en un contexto donde la radio es uno de los principales medios de comunicación. Esto es especialmente relevante en municipios con grandes brechas digitales, pero, sobre todo, con grandes historias por narrar. La realización de este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y Canal 13. Su respaldo refleja una convicción compartida sobre la importancia de la comunicación comunitaria como pilar esencial en la construcción de una Colombia en Paz. Este proyecto es un paso significativo hacia la transformación y el empoderamiento de comunidades que han enfrentado desafíos considerables en su camino hacia la paz del país.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: GreenSmart Colombia, ubicada estratégicamente entre dos océanos y cruzada por la línea ecuatorial, se ve amenazada por los efectos del cambio climático que afectan su recurso hídrico y sus cultivos. Con 20 de sus 32 departamentos identificados con alto riesgo según diversas organizaciones, ya experimentando los impactos de esta crisis, el papel de la política en la acción climática se vuelve crucial, especialmente en vísperas de las elecciones regionales. La apuesta del Gobierno del Cambio La actual administración, liderada por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente Susana Muhamad, ha colocado la acción climática en el centro de su agenda política. El Plan Nacional de Desarrollo se enfoca en la adaptación, resiliencia y mitigación de los territorios. Esto implica la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la mitigación de la erosión costera. Además, Colombia se ha propuesto cumplir metas de reducción de emisiones de gases contaminantes. Un hito importante en esta lucha es la participación de Colombia en la Cumbre del Clima (COP 28) en Dubai, que se realizará a finales de este año con el objetivo de establecer un acuerdo multilateral que limite la explotación del Ártico. Estas acciones gubernamentales indican un compromiso firme con la acción climática a nivel internacional. Elecciones regionales: una oportunidad para la acción climática El próximo 29 de octubre, Colombia celebrará sus elecciones de autoridades locales, en las cuales se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales municipales, asambleístas departamentales y juntas administradoras locales. Estas elecciones revisten una importancia crítica para la acción climática, la descarbonización y la transición energética, ya que brindarán a la ciudadanía la oportunidad de poner la política ambiental en el centro del debate público y establecer las bases para que sea un pilar fundamental en los gobiernos locales durante los próximos cuatro años. La crisis climática es la amenaza más grave que enfrenta la humanidad, y Colombia no es la excepción. Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (BUR3), el 100% de los municipios colombianos enfrenta algún tipo de riesgo relacionado con el cambio climático. Esto subraya la necesidad urgente de que las candidatas y candidatos estén incluyendo políticas con enfoque climático en sus propuestas de gobierno. Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la reducción de las emisiones de gases para combatir el cambio climático es una preocupación global. Por lo tanto, es fundamental que Colombia se comprometa a implementar cambios concretos y medibles en su acción contra el cambio climático. Los nuevos planes de desarrollo del país deben incorporar medidas clave relacionadas con este problema ambiental, como la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la ejecución de proyectos que fomenten prácticas ambientalmente responsables. En este contexto, se vuelve de suma importancia establecer mecanismos de gobernanza que involucren a diversos actores del sector público en la promoción y respaldo de acciones destinadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del calentamiento global. Además, es crucial recordar que Colombia ha adquirido compromisos internacionales en el Acuerdo de París, los cuales deben cumplirse antes de 2050. Por lo tanto, Nashry Zahgui enfatizó en que es imperativo que todas las entidades gubernamentales respalden activamente estas iniciativas para asegurar que se cumplan los objetivos ambientales establecidos a nivel internacional. Los efectos del cambio climático ya se están haciendo sentir en Colombia, y el costo de la inacción es significativo. A raíz del fenómeno de La Niña en 2022, el Gobierno Nacional destinó 2.1 billones de pesos para hacer frente a la ola invernal. Además, se proyecta que el cambio climático podría causar pérdidas anuales de 4.3 billones de pesos, con riesgos que incluyen inundaciones, huracanes, deslizamientos, sequías e incendios forestales. Estas cifras representan un llamado de atención, ya que los recursos para hacer frente a estas amenazas son limitados y necesarios para otros fines. Es imperativo que Colombia tome medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la adaptación al cambio climático para evitar costos aún mayores en el futuro. La adaptación al cambio climático no debe considerarse simplemente como un gasto, sino como una inversión en el futuro sostenible de Colombia. Según la Cepal, una inversión de 1,8 billones de dólares entre 2020 y 2030 en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente al clima, producción agrícola mejorada en tierras secas, protección de manglares y resiliencia de los recursos hídricos podría generar ganancias por 7,1 billones de dólares para la región. Las elecciones regionales de 2023 ofrecen a las regiones de Colombia la oportunidad de tomar medidas concretas contra el cambio climático. Con el 100% de los municipios del país enfrentando riesgos climáticos, estas elecciones son cruciales para garantizar la implementación efectiva de políticas ambientales a nivel local. El voto consciente y responsable de la ciudadanía puede influir en la agenda política de los próximos cuatro años y acelerar los procesos de descarbonización y adaptación necesarios para proteger nuestro planeta y nuestras comunidades. Es el momento de actuar y hacer del cambio climático una prioridad en las elecciones regionales de Colombia.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: El Colombiano En un rincón del planeta, donde las aguas del Pacífico se agitan y el clima se torna impredecible, Colombia enfrenta uno de los mayores retos naturales. Desde el 8 de junio de este año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha alzado la voz para advertir sobre la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, una situación que pone en jaque no solo a su economía, sino a su entorno social y ambiental. El escenario que se vislumbra es de una complejidad abrumadora, en el que la sequía es solo la punta del iceberg. Según el IDEAM, con un 99% de probabilidad de establecimiento y un 71% de probabilidad de fortaleza, las condiciones de El Niño son más que una simple tendencia climática; son una realidad que ha comenzado a tejer una realidad del país. El espectro de consecuencias se torna imponente. Los efectos del Fenómeno de El Niño, a diferencia de un pincelazo uniforme, se manifiestan de manera diversa en cada rincón de Colombia, dependiendo del inicio o el final de la temporada de lluvias. Ghisliane Echeverry Prieto, directora del IDEAM, arroja luz sobre este mosaico climático al afirmar que, para la mayoría de las regiones, esta es la época en que inicia la segunda temporada de lluvias, lo que añade complejidad a la danza de precipitaciones y sequías. Sin embargo, el momento más crítico de este evento se avista en el horizonte de enero de 2024, cuando el Fenómeno de El Niño se cruza con la temporada más seca del país, augurando una sequía intensificada. El 'Oceanic Niño Index' del Columbia Climate School nos alerta: la sequía será más intensa y duradera, con un pico previsto en diciembre y un recorrido que se extiende hasta abril. El Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo de Susana Muhamad, elevó la voz ante un hecho alarmante: el aumento de incendios forestales. En 2022, Colombia registró 746 incendios que afectaron 136,581 hectáreas. Al llegar al 5 de octubre de este año, ya se cuentan 2,378 incendios que han devorado 56,529 hectáreas. La inquietud radica en que la mayoría de estos incendios son causados por acciones humanas, lo que añade una dimensión social a la catástrofe ambiental. Los departamentos de Cundinamarca, Huila, Santander, Tolima, Casanare, Córdoba, Antioquia, Meta, Boyacá y Magdalena lideran la triste lista de regiones afectadas, mientras el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, nos recuerda que Cundinamarca ha pasado de 70 a 358 eventos en el lapso de un año. La expansión urbana, la ganadería descontrolada y la agricultura sin respeto al medio ambiente son señaladas como las causas subyacentes de este desolador panorama. Los cultivos, motor de la economía agrícola colombiana, sufren en silencio bajo el calor abrasador de este Fenómeno. Un reciente informe de Corficolombiana destaca las pérdidas en cultivos clave: el fique se desploma un 12.6%, seguido de la yuca (7.6%), la palma de aceite (7.3%), la cebada (6.8%) y otros. Las condiciones climáticas secas acentúan el estrés hídrico, amenazando la producción de cereales en 2023/2024. Las consecuencias no solo afectan el rendimiento de los cultivos, sino que también impactan el crecimiento económico del sector agropecuario. Mientras que con el Fenómeno de El Niño, el crecimiento es de apenas 2%, en épocas estables podría alcanzar un 2.5%. La economía del campo colombiano sufre una mella significativa en medio de este panorama desolador. Además, la sequía, un símbolo de este Fenómeno, se cierne sobre Colombia. Según el IDEAM, entre noviembre, diciembre y marzo, se prevé un aumento de temperatura en gran parte del país. Además, para el trimestre entre enero y marzo de 2024, se espera una disminución de lluvias que oscilará entre 10% y 30% en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, así como en algunos sectores de Arauca. La advertencia del IDEAM no puede pasar desapercibida. El calentamiento generalizado, en combinación con el Fenómeno de El Niño, podría desencadenar condiciones climáticas extremas en Colombia durante el último trimestre de 2023 y el primer semestre del próximo año. Frente a esta amenaza, el Gobierno de Colombia se ha preparado para hacerle frente. Por ende, se han destinado $2.2 billones para abordar los efectos del Fenómeno El Niño en el país. Los recursos se distribuirán entre acciones anticipatorias, respuestas y recuperación, bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Plan Nacional de Gestión del Riesgo ante el Fenómeno de El Niño ha sido lanzado con el propósito de anticipar y mitigar los impactos del fenómeno. Se enfoca en la protección de las comunidades en riesgo y en la articulación de entidades operativas y sectoriales. El Protocolo Nacional de Atención ante Incendios Forestales se ha adoptado oficialmente, estableciendo criterios de priorización y capacidades de respuesta. La sequía, los incendios y las pérdidas en la agricultura son solo el comienzo de una lucha que amenaza con ser larga y compleja. La respuesta del Gobierno, en su enfoque en la prevención y la coordinación, es esencial para afrontar los desafíos que se avecinan. En medio de la adversidad, la concienciación y la acción colectiva se erigen como baluartes para proteger al país de este Fenómeno.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Gobernación de Risaralda, El Diario y Semana A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones en Risaralda, la Gobernación se encuentra en riesgo por dos candidaturas que representan a los clanes políticos más cuestionados y poderosos de la región y que se resisten a dejar el poder: el clan del senador Juan Pablo Gallo y el clan Merheg. Particularmente, según las pocas encuestas que han salido, los candidatos de ambos clanes están en un empate técnico que se definiría estas últimas semanas para saber quién se quedará con la Gobernación. Estos son sus candidatos: -Juan Diego Patiño Ochoa, exdiputado y expresidente de la Asamblea de Risaralda en 2020. Su padre es el exgobernador y representante a la Cámara, Diego Patiño Amariles, y es la apuesta del senador liberal Juan Pablo Gallo para la Gobernación. Cabe recordar que en 2022 la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a Gallo por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia sobre la compra de un apartamento de más de $1.000 millones en 2016, cuando era alcalde de Pereira, según lo relató La W. - Juliana Enciso, exdiputada en dos oportunidades y candidata a la Gobernación por la coalición Podemos. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se advirtió desde antes que se otorgarían los avales por buscar aspirar a ser el gobierno en cuerpo ajeno del clan político de su esposo, Habib Merheg, y su cuñado, Samy Merheg, poderosos políticos conservadores y empresarios del departamento. ¿Quién es Habib Merheg? Habib Merheg fue senador por dos períodos desde el 2002 hasta mayo de 2009 cuando renunció a su curul por una investigación en su contra por parapolítica, en específico por su relación con el comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. En contra de Habib Merheg la Corte recogió varios testimonios de jefes paramilitares como “Macaco”; Juan Carlos “El Tuso” Sierra; Ernesto Báez y Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, quienes lo señalaron de presuntas relaciones políticas y de negocios con las autodefensas y los narcos que intentaron mimetizarse en esa organización ilegal armada. Otro proceso al que se relacionó a Habib Merheg fue la presunta titulación de 38.000 hectáreas de tierras baldías en La Primavera, departamento del Vichada, a 31 allegados al excongresista, según una denuncia de El Tiempo en 2015. El clan no se rinde Habib heredó su curul a su hermano Samy Merheg, senador por el Partido Conservador desde 2010, es decir, desde cuando su hermano se escapó hacia el Líbano, la tierra natal de sus ancestros. Habib estuvo prófugo de la justicia hasta 2018 cuando regresó al país y se sometió a la JEP. De hecho, en 2019 se le vio oriundo e impune haciéndole campaña al candidato Carlos Maya para la Alcaldía de Pereira y a su esposa Juliana Enciso a la Asamblea departamental, cuando obtuvo 14.070 votos. La primera vez que Enciso llegó a la Asamblea Departamental fue por el partido Colombia Viva en 2007, otro de los partidos de la parapolítica, que encabezaba Habib Merheg. Tras la renuncia de Enciso a la Asamblea departamental, en 2023 está lanzándose a la Gobernación de Risaralda con el apoyo de su esposo en la Coalición Podemos y participación del Partido Conservador, en el que su cuñado, Samy Merheg, es el mandamás en el departamento. Samy Merheg tampoco ha estado libre de cuestionamientos en su actividad como congresista. Cabe recordar que este ha apoyado electoralmente a varios personajes que terminan investigados o en la cárcel como: - Luis Alejandro Martínez Tabares (exalcalde Santa Rosa de cabal 2008): en 2018 un juez de Pereira condenó a Martínez Tabares y a Carlos Alberto Ramírez Morales, exsecretario de Gobierno Municipal en su mandato, a tres y cuatro años de prisión respectivamente, por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, según relató Caracol Radio. Martínez y Ramírez suscribieron un contrato de prestación de servicios para el suministro de alimentación a integrantes de la Policía Nacional con el propietario de un restaurante, Henry Arias Mejía, quien fungía como alcalde de Santa Rosa de 2016 a 2019, pero no pudo terminar su periodo debido a la orden de captura librada por estos mismos hechos. En 2020 quedó libre por vencimiento de términos, tras pagar una fianza de 10 millones de pesos; pero seguía vinculado a la investigación. -Fernando Muñoz (alcalde Dosquebradas 2016-2019): Muñoz llegó a la Alcaldía de Dosquebradas con el apoyo del Partido Conservador y del congresista Samy Merheg. Sin embargo, fue capturado en septiembre de 2018 por la Fiscalía, luego de que se encontrara que Muñoz lideraba una “empresa criminal entre funcionarios públicos y particulares”, la cual involucraba a 14 exfuncionarios y contratistas de la Alcaldía de Dosquebradas, como relataron varios medios locales y nacionales. Según lo que se conoce de este caso, hasta abril de 2022 la Fiscalía habría encontrado más contratos y denuncias relacionadas con esta presunta empresa criminal que se hacía con los recursos del Estado, lo que involucraría un desfalco por encima de los 1.800 millones de pesos. Un prontuario familiar que se extiende y genera dudas sobre la elección de Juliana Enciso En 2019, Cuestión Pública denunció la existencia de una aplicación digital por medio de la cual se habría constreñido presuntamente a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira para orientar su intención de voto en las elecciones locales de ese año. Una aplicación similar se habría utilizado presuntamente en las elecciones a Congreso en 2018, en favor de Samy Merheg, de acuerdo con fuentes consultadas por Cuestión Pública y que también fue denunciada por el actual senador Ariel Ávila con el nombre de Proyecto Persona. Finalmente, la representante Carolina Giraldo denunció ante la Corte Suprema una presunta desviación de dineros del fondo OCAD-Paz hacia municipios del Urabá, recursos que llegaron a personas con las que ha hecho campaña Merheg y que terminaron en empresas cercanas al Clan del Golfo, a través de los tentáculos de Jhon Fredy Zapata, mejor conocido con el alias de “Messi”, narcotraficante extraditado a Estados Unidos en junio de 2023, como también recogió Cuestión Pública.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: BBC El 10 de octubre, en la Embajada de Canadá, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto "Fronteras de Paz," financiado por el Fondo para la Estabilización y la Paz de Canadá. La Embajada de Canadá es uno de los principales aliados en la ejecución de este proyecto, que busca impulsar la paz en la frontera colombo-venezolana. Este proyecto tiene una duración de un año y representa un paso significativo en la cooperación entre Canadá y Colombia. Esto, teniendo en cuenta que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) es una de las primeras organizaciones colombianas en recibir apoyo por parte del Fondo de Estabilización para la Paz. El evento reunió a más de 30 personas de diversas organizaciones que trabajan en la frontera, incluyendo Cooperación Internacional, ONG’s, centros de pensamiento y organizaciones que acompañan procesos en la frontera colombo-venezolana. También se planea un trabajo directo con personas directamente afectadas en la frontera en futuras etapas del proyecto. El objetivo del proyecto "Fronteras de Paz" es fortalecer las capacidades de investigación basada en la comunidad para construir una agenda de paz fronteriza con un enfoque en la juventud y el género. El proyecto busca generar puentes de diálogo y fortalecer la colaboración entre Arauca y Catatumbo, con un enfoque de género y juventudes. También se pretende posicionar la agenda regional de paz en los escenarios de participación de la paz, colaborando con instituciones y mecanismos, como el Comité Nacional de Participación del proceso de negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. En el contexto de la frontera colombo-venezolana, la región ha sido testigo de la presencia de actores armados que desempeñan un papel central en los procesos de paz, así como la concentración de economías ilegales, como la producción de coca. Además, la explotación y trata de personas en el marco del fenómeno migratorio han generado preocupaciones adicionales. Este proyecto busca abordar estas cuestiones críticas a través de un enfoque diferencial. El trabajo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en la frontera ha sido fundamental para entender las dinámicas de paz y conflicto en la región. Desde hace cuatro años, Pares ha trabajado en la frontera, en donde además tiene una oficina en Cúcuta. Lo que este proyecto va a permitir es fortalecer los análisis sobre por qué esta región es esencial en la construcción de paz, además permitirá extender el trabajo a Arauca. El proyecto "Fronteras de Paz" fortalecerá la agenda de paz entre Arauca y Catatumbo e Este proyecto abrirá posibilidades de colaboración con la Cooperación Canadiense y servirá como uno de los primeros proyectos financiados por el Fondo para la Estabilización y la Paz, el cual, tradicionalmente, ha centrado su trabajo en otras regiones del mundo, como África y Medio Oriente. En resumen, el proyecto "Fronteras de Paz" representa un paso importante hacia la construcción de la Paz Total en Colombia, centrándose en la frontera colombo-venezolana. Canadá y diversas organizaciones se unen para fortalecer la investigación comunitaria, promover narrativas creativas y trabajar en la incidencia para posicionar la agenda de paz en los niveles local, regional y nacional. La región de la frontera, a pesar de los desafíos, ha sido testigo de resistencias y esfuerzos de paz significativos, que este proyecto busca fortalecer y apoyar. Fotografías por: Sergio Saavedra

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: uniminutoradio En una carta conjunta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las tres principales entidades promotoras de Salud (EPS) en Colombia: Sura, Sanitas y Compensar, prendieron alarmas sobre la viabilidad financiera de sus operaciones, desencadenando un debate público sobre el sistema de salud en el país. La carta, que fue enviada hace unos meses y se hizo pública en agosto, detallaba los desafíos financieros que enfrentaban estas EPS y sus preocupaciones sobre el acceso a servicios de salud y la sostenibilidad del sistema. En su comunicado, las EPS resaltaron tres aspectos críticos que debían ser abordados para garantizar la atención oportuna a los servicios de salud y proteger el bienestar de la población. Estos aspectos incluían: Insuficiencia en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC): según estas EPS, el presupuesto asignado en el Presupuesto General de la Nación no cubre adecuadamente las necesidades del sistema de salud. Un estudio de suficiencia de la UPC de la Universidad EAFIT estimó que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8% en comparación con el aumento de los servicios cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Falta de redistribución equitativa de recursos: estas tres EPS argumentaron que la falta de ajuste de la UPC por las condiciones de salud (perfil epidemiológico) había llevado a una concentración desigual de las cargas de enfermedad entre las EPS. Esto afectó negativamente la solvencia de algunas EPS y generó mejores resultados financieros para aquellas con menor carga de siniestralidad. Deudas acumuladas: Sura, Compensar y Sanitas también señalaron la necesidad de abordar las deudas pendientes, incluyendo presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, y procesos de compensaciones pendientes. Estas EPS advirtieron que, si no se tomaban medidas apropiadas, tendrían dificultades para prestar servicios de salud más allá de septiembre de 2023, lo que podría llevar al colapso del sistema. Destacaron que, en los últimos dos años, habían agotado considerables sumas de capital construido a lo largo de décadas de operaciones. La exministra de Salud, Carolina Corcho, respondió a la carta de estas EPS cuestionando su postura y sugiriendo que, si realmente estaban en déficit, deberían apoyar la reforma de la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Corcho consideró que la carta era un intento de chantaje para extraer ganancias y señaló la necesidad de un cambio en el sistema de salud colombiano. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que las EPS tienen la obligación de prestar servicios de salud y que no había una crisis real en el sistema. Aseguró que el Gobierno estaba cumpliendo con sus pagos y que existían recursos adecuados para las EPS. Sin embargo, reconoció compromisos pendientes de la administración anterior relacionados con el covid-19. ACEMI, la asociación que reúne a 11 EPS del régimen contributivo, emitió un comunicado en el que aclaraba que, aunque estaban al tanto de la carta de las EPS, esta no reflejaba una posición gremial, sino la crisis estructural de financiamiento que enfrentaba el sector de las EPS. ACEMI abogó por un diálogo continuo entre el Gobierno y las EPS para resolver los problemas de financiamiento y proteger la salud de los colombianos. En una reunión que tuvo lugar el pasado 28 de agosto entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y representantes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, se anunciaron varios puntos clave destinados a abordar los desafíos financieros y de atención médica en el sistema de salud del país. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó estos acuerdos en un esfuerzo por garantizar la continuidad de la atención médica y el bienestar de los colombianos. Uno de los aspectos más significativos de esta reunión fue la decisión de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de un nuevo método de cálculo anual para determinar los fondos que se transfieren a las EPS. Este cambio en la metodología de financiamiento es una medida que busca abordar los desafíos financieros y garantizar una asignación más eficiente de los recursos destinados al sistema de salud. Otro acuerdo fundamental consistió en asegurar la continuidad de los servicios médicos sin interrupciones. Esta medida es crucial para garantizar que los ciudadanos colombianos tengan acceso constante a la atención médica que necesitan. Además, se estableció el compromiso de mantener un diálogo constante en mesas técnicas para abordar los problemas y desafíos que puedan surgir en el sistema de salud. Uno de los puntos que generó discusión fue el anuncio del ministro de Salud sobre el giro de $10 billones en lo que resta del año para las EPS, específicamente para Sura, Compensar y Sanitas. La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), Ana María Vesga, aclaró que estos $10 billones no son recursos adicionales, sino que corresponden al giro ordinario de la Unidad de Pago Por Capitación (UPC) para estas entidades. La UPC es el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud. El ministro Jaramillo enfatizó en la importancia de que las EPS continúen atendiendo a los pacientes y advirtió sobre la posibilidad de que estén siendo utilizadas para crear una crisis en el sistema de salud. Sin embargo, las EPS reiteraron su compromiso de continuar brindando atención médica a todos los colombianos. La reunión también subrayó la necesidad de abordar la insuficiencia de la UPC para cubrir el gasto en salud, ya que el cálculo de este rubro se basa en valores atrasados de al menos dos años. Esta es una preocupación importante que requiere una revisión detallada para garantizar que los recursos sean adecuados para mantener una atención médica de calidad. En el transcurso de la reunión, el ministro subrayó que el Gobierno no está generando una crisis en el sistema de salud y mencionó el aumento del presupuesto destinado para 2023 y el incremento en la UPC como evidencia de su compromiso con el sistema de salud. Alejandra Taborda, directora general de SAPYENS SAS BIC, investigadora y docente en Economía de la Salud, enfatizó en una conversación con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la evaluación de la adecuación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con respecto a los servicios y tecnologías financiados es un factor crítico para garantizar el derecho fundamental a la salud. Esto se evidencia claramente en los datos proporcionados por “Así Vamos en Salud”, que señalan que la siniestralidad (puede entenderse como la relación entre los costos derivados de la prestación de los servicios cubiertos por la UPC y los ingresos recaudados para tal fin) promedio a diciembre de 2022 alcanzó un preocupante 103%. No obstante, Taborda subrayó que el análisis no debe limitarse únicamente al promedio, sino que es esencial profundizar en las condiciones específicas de cada Entidad Promotora de Salud (EPS), ya que la siniestralidad varía según el perfil y las condiciones de la población asegurada por cada una. De hecho, un estudio publicado este año por investigadores de la Universidad Nacional, Javeriana, Harvard y MIT, revela que aproximadamente la mitad de las EPS en el país enfrenta un costo superior a los ingresos percibidos para brindar los servicios cubiertos por la UPC, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de recursos, especialmente en este grupo de EPS. En respuesta a la afirmación del ministro de Salud de que no se acerca un colapso inminente y de que los recursos se desembolsan puntualmente, Taborda expresó que existe una significativa tensión y desconfianza entre los actores involucrados, lo que dificulta la realización de análisis rigurosos. Esta situación se ha agravado por numerosos actos de corrupción que han minado aún más la confianza en el sistema de salud. Transparencia por Colombia identificó 67 casos de corrupción en el sector salud entre 2016 y 2020, que involucraron irregularidades por un monto cercano a 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos, y los privados del 37,3%. En resumen, Taborda concluyó que el sistema de salud enfrenta un problema complejo, y que el panorama seguirá siendo desafiante hasta que se promueva un mayor diálogo y se fortalezcan las capacidades técnicas para unificar datos y acordar enfoques esenciales para preservar y mejorar la salud de la población colombiana con los recursos disponibles. Iván Jaramillo Pérez, magíster en administración Pública del CIDE (México) y actual investigador y auditor del sector salud en Colombia, compartió con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la novedad en esta situación es que el Gobierno se ha comprometido a entregar a las EPS el presupuesto que estaba programado, estimado en 10 billones de pesos, antes de que termine el año. No obstante, este compromiso no incluye la asignación de nuevos recursos. Las EPS, por su parte, alegaron que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no es suficiente, pero hasta el momento no existen estudios concluyentes que respalden esta afirmación. Jaramillo explicó que se ha identificado que las EPS operan con un alto grado de independencia del Estado. Cuentan con sus propios sistemas de auditoría interna cuyos resultados no son públicos y solo son válidos para ellas mismas. Esto implica que el Gobierno carece de la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. En su opinión, la incertidumbre persistirá mientras no se establezca un sistema de información y auditoría por parte del Gobierno que supervise a las EPS. Esta carencia de información fiable contribuye a que cada entidad diga lo que más le conviene en lugar de abordar los problemas de manera transparente y colaborativa.

Por: Isabela Puyana, Investigadora Línea Empresas y Paz Foto tomada de: El Heraldo y iadb Tras las altas temperaturas presentadas el último mes producto del fenómeno del niño y un problema de liquidez de empresas distribuidoras de luz, se ha reavivado el debate del riesgo de un posible apagón eléctrico en Colombia que podría afectar a millones de ciudadanos. Este tema ha cobrado mayor relevancia en los últimos días, después de una carta enviada por Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, en la que advierten sobre una amenaza inminente de una crisis energética. La generación y distribución de energía en Colombia se basa en una combinación de fuentes, incluyendo hidroeléctricas, térmicas y renovables. No obstante, el país ha enfrentado varios desafíos en su sistema eléctrico en los últimos años, que han encendido las alarmas respecto a su capacidad para mantener un suministro estable y confiable. Uno de los factores críticos es la variabilidad climática. Colombia ha experimentado condiciones de climas extremos como sequías prolongadas, que han afectado negativamente la producción de energía hidroeléctrica, dado que gran parte de la electricidad del país proviene de plantas, y la dependencia aumenta la vulnerabilidad a eventos climáticos impredecibles. Adicionalmente y según lo afirmó el contralor delegado, Germán Castro, para una entrevista a Canal Caracol, el riesgo de un apagón aumenta porque los comercializadores no están suficientemente cubiertos frente a su inversión: “se está confundiendo la situación actual con la de 1992, cuando en esa época lo que pasaba era que había insuficiencia de suministro, lo que pasa hoy es que las empresas privadas no tienen los recursos suficientes para cubrir el alza de los precios de la energía y el valor en la bolsa. Lo que se está advirtiendo en la carta enviada por Asocodis es un posible apagón financiero”. La agremiación Asocodis expresó: “observamos con gran preocupación que la situación de liquidez de las empresas comercializadoras continúa empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, tal como lo hemos venido expresando desde diciembre de 2021”. Esto en relación con las medidas tomadas durante la pandemia, cuando el gobierno anterior decidió congelar las tarifas para los usuarios, que se suponía debían pagar en un mayor periodo, pero esto nunca sucedió. Las comercializadoras agremiadas en Asocodis aseguran que a julio de 2023 los saldos por recuperar de la opción tarifaria ascendían a $4,9 billones. La carta enviada por Asocodis al ministro de Minas, Andrés Camacho, es un llamado de atención a la situación. En la misiva, la asociación destaca las graves consecuencias que podría tener un apagón para la población colombiana y la economía del país. Enfatizan en la necesidad urgente de tomar medidas preventivas para evitar una crisis energética que podría desencadenar problemas sociales y económicos de gran magnitud. La respuesta del ministro Camacho ha sido enfocada en la tranquilidad y la acción. El ministro reconoció la gravedad de la situación y aseguró al público que el Gobierno está tomando medidas concretas para abordar el riesgo. Camacho presentó un plan integral que abarca diversas áreas: “ una de las medidas que hemos planteado es un crédito de Findeter para que las empresas comercializadoras y distribuidoras tengan la liquidez y también hemos habilitado el giro de unos subsidios para que las electrificadoras, muchas de ellas públicas, tengan la caja necesaria para enfrentar el periodo que se avecina que es el del fenómeno del niño. También una serie de reuniones en mesas técnicas que hemos habilitado para buscar soluciones y a través del diálogo encontrar propuestas de fondo”, dijo el ministro en una entrevista para el Canal Caracol. El 10 de octubre el ministro aseguró en su cuenta de X la firma del decreto que habilita una línea de crédito por 1 billón de pesos con Findeter para apoyar la situación financiera de las empresas comercializadoras del sector eléctrico: “en la misma línea, hemos expedido más de 10 resoluciones regulatorias y preparamos más paquetes de soluciones, incluida la convocatoria a una reunión de urgencia con las empresas, los gremios, la Superservicios, el Comité Nacional de Usuarios de servicios para conjurar la situación”. “Nosotros hemos hecho un seguimiento exhaustivo y podemos darle la tranquilidad a la gente que contamos con las condiciones, de acuerdo con los análisis técnicos, para prestar energía en medio del fenómeno del niño. Respecto a esta situación económica, esta implica una reforma de fondo, que esperamos que se tenga en acompañamiento de la gente, de la ciudadanía, por eso hemos convocado a unas mesas, en las que tendremos en cuenta a los usuarios. Allí planteamos las modificaciones regulatorias y las alternativas que tenemos en temas de fondo en el mercado eléctrico, de las imperfecciones que tiene y cómo este problema no ha avanzado, pues es una deuda que lamentablemente nos deja el gobierno anterior a través de las tarifas”, agregó el ministro. Tomás Gonzales, exministro y firmante de la carta de Asocodis, aseguró para una entrevista a Gustavo Gómez en Caracol Radio que hay muchas medidas por tomar, pero que quizá la más importante será la de darle liquidez al sistema para enfrentar el fenómeno y continuar la operación. Asegura que la liquidez es algo de lo que el ministro y el presidente Gustavo Petro están de acuerdo en cumplir, como la de cambiar temporalmente la fórmula del cálculo de la energía o el compromiso de prestar recursos a través de Findeter, pero, insiste en que para la agremiación es urgente comenzar a ver su implementación.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su cuarto informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 29 de agosto de 2023. La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 219 víctimas de violencia electoral en 175 hechos asociados. Del total de víctimas (219), treinta y cuatro (34) fueron asesinadas, treinta y uno (31) sufrieron un atentado y 154 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral [29 octubre 2022 – 29 junio 2023]), correspondiente a los primeros ocho meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023), se dio un incremento del 50,8% en el número de hechos registrados, y del 44% en el número de víctimas contabilizadas. Este cuarto informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores, aquí:

Por: Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Las múltiples y paralelas carreras por los dos puestos más importantes en Antioquia, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, muestran, hasta ahora, que el voto antipetro y antiquintero, como lo anunció la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desde inicios del 2023, marcan y marcarán la contienda electoral. Esta tendencia no es nueva, pues para las elecciones presidenciales del 2022, tanto en primera como en segunda vuelta Gustavo Petro quedó en segundo lugar, detrás de Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, respectivamente. Para nadie es un secreto que Antioquia es un departamento donde la entrada de la izquierda, y en especial de Gustavo Petro, ha tenido resistencia. Tabla No. 1. Resultados primera y segunda vuelta presidencial 2022 en Antioquia Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Registraduría Nacional Respecto a los partidos y los mayores electores dentro del departamento que están jugando políticamente en estas elecciones, se encuentran al Partido Conservador, con Carlos Andrés Trujillo y Nicolás Echeverry; el Partido Liberal, con Juan Diego Echavarría y María Eugenia Lopera; y el Centro Democrático, con Andrés Guerra. Tabla No. 2. Resultados elecciones Senado (2022) en Antioquia por partidos o listas más votadas Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 3. Resultados elecciones Cámara (2022) en Antioquia por partido Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 4. Candidatos a Senado más votados en las elecciones de Senado (2022) en Antioquia Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Registraduría Nacional Tabla No. 5. Votación de los dieciocho representantes a la Cámara de Antioquia (2022) *Votación de la lista cerrada del Pacto Histórico **Curul de Comunes por el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Registraduría Nacional Al interior de partidos como el Conservador y el Liberal, en Antioquia, durante todo lo que va corrido del calendario electoral, se han presentado disputas de a quién se apoya y a quién no, esto especialmente se ha observado en la puja por la Gobernación de Antioquia. A todo por la Gobernación de Antioquia Son diez (10) los candidatos a la Gobernación de Antioquia[1] que aparecerán en el tarjetón el 29 de octubre. Según la última encuesta de la firma WAA SAS para El Espectador, el favorito a menos de un mes para que se celebren los comicios es el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y siempre cuestionado Luis Pérez con 25,7%. Detrás de él se encuentra Andrés Julián Rendón, candidato del Centro Democrático, con 15,1%. Y el tercer lugar es de Luis Fernando Suárez, quien recogió firmas por el Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) “Unidos por Antioquia”, con 9,6%. Candidatos como Mauricio Tobón por el GSC “El Parche” y Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, marcan detrás de Suárez con 8,6% y 8,5%, respectivamente. Por otro lado, el cuestionado Julián Bedoya se encuentra muy atrás, al igual que el candidato de Daniel Quintero, Esteban Restrepo. Foto tomada de El Espectador En la mayoría de las encuestas el que va en punta es Luis Pérez. El cuestionado Pérez, quien está en vilo para que su movimiento político “Colombia Piensa en Grande” reciba personería jurídica para convertirse en partido político, ha acumulado a lo largo de los años un caudal político y burocrático importante que, sumado a su popularidad dentro del departamento y la sagacidad política para entablar conversaciones con todos los sectores políticos, hoy lo posicionan como el favorito para repetir la Gobernación. El exgobernador cuenta con el apoyo de la senadora yarumaleña Berenice Bedoya, presidenta del Partido Alianza Social Independiente (ASI) y que va en camino a convertirse en una baronesa electoral. Pérez también cuenta con el apoyo de algunos integrantes de Cambio Radical, en cabeza del represente Mauricio Parodi. La estrategia de Pérez para quedarse con este puesto es recoger en todo el departamento a quienes a lo largo de los años han hecho parte de su clan político, además de recoger a la mayor cantidad de empresarios que le puedan irrigar recursos a su campaña. Evento de oficialización del apoyo de ASI a Luis Pérez, en cabeza de Berenice Bedoya Foto tomada del Instagram de Luis Pérez En algunas de las últimas encuestas quien se posiciona como segundo es Andrés Julián Rendón. El exalcalde de Rionegro, candidato del Centro Democrático, contó con la adhesión de Eugenio Prieto, quien había recibido el aval del Partido Liberal, pero al realizar una encuesta interna entre estos dos para escoger candidato único, Rendón le ganó la puja a Prieto y este último se adhirió como jefe de debate del candidato por el Centro Democrático. La estrategia de Rendón, discursivamente, para superar a Pérez, más que venderse como el candidato del expresidente Álvaro Uribe, una figura política cada vez menos relevante, inclusive en la política antioqueña, es venderse como el candidato de Federico Gutiérrez. Cabe recordar que Gutiérrez obtuvo en la primer vuelta presidencia de 2022 en Antioquia más de 1’300.000 mil votos. Además del apoyo de “Fico”, Prieto llevó a la campaña de Rendón parte del oficialismo Liberal más cercano al expresidente César Gaviria, esta facción está encabezada por el representante a la Cámara Julián Peinado, el segundo representante más votado de Antioquia en el 2022. Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez oficializando su alianza Foto tomada de Asuntos Legales Cercano a Rendón se encuentran dos candidatos quienes se turnan el tercer puesto en algunas encuestas, Esteban Restrepo y Luis Fernando Suárez. Restrepo, candidato de Independientes y a quien parte del Pacto Histórico apoya en su candidatura venía poco a poco subiendo en las encuestas, pero probablemente el nuevo apoyo que recibe, el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, le reste más de lo que le sume. Esto por una sencilla razón: Quintero salió muy mal de la Alcaldía de Medellín, con numerosos escándalos e investigaciones que, sumados con su imagen desfavorable, le quitan mucha credibilidad a la campaña de Restrepo. Por su parte, Luis Fernando Suárez, quien recogió firmas por su GSC “Unidos por Antioquia” y cercano al gobernador Aníbal Gaviria, viene construyendo una campaña en las calles con apoyo de facciones de diferentes partidos, como la del Partido Alianza Verde. La facción del Verde en Antioquia liderada por el diputado Camilo Calle y el concejal de Medellín, Daniel Duque, se adhirió el 22 de septiembre a la campaña de Suárez en un evento público donde también estuvo la senadora por esta colectividad Angélica Lozano. Entre otros candidatos que están muy debajo en las encuestas se encuentra Juan Diego Gómez por el Partido Conservador, jefe del Conservadores de Vida, que cuenta con un senador, Nicolás Echeverry, y con el representante Andrés Felipe Jiménez. Y también, quien cuenta con números muy bajos pese a tener su propio clan político, está Julián Bedoya. Bedoya, que se quedó sin el aval del Partido Liberal, pero encontró el aval del Partido Demócrata. Esto llevó a que María Eugenia Lopera, la representante más votada en Antioquia, y Juan Diego Echavarría, el segundo senador más votado en Antioquia, ambos del Partido Liberal y miembros de su clan político, no pudieran hacerle campaña a su jefe político por la doble militancia. Pasa igual con un aliado político de Bedoya, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, jefe de su clan emergente pero que no puede hacerle campaña al exsenador liberal porque le pasaría lo mismo que a Lopera y Echavarría. Aun así, fuentes de Pares y de El Itagüiseño comentaron que, en un evento reciente realizado en El Poblado, la orden de Trujillo a toda su estructura habría sido apoyar la aspiración de Bedoya. Aunque Bedoya cuenta con todos estos apoyos, no despega y no se descarta la posibilidad que en las últimas semanas antes del 29 de octubre se adhiera a la campaña de también su socio político, Esteban Restrepo. Quintero le deja servida en bandeja de plata la Alcaldía de Medellín a Fico Son trece (13) candidatos que aspiran a la Alcaldía de Medellín[2]. Pese a la gran cantidad de candidatos que aspiran al cargo más importante en Medellín, el favorito para quedarse con este cargo es Federico Gutiérrez, todas las encuestas marcan a Gutiérrez con diferencia superior a veinte puntos porcentuales sobre el segundo, que es Juan Carlos Upegui. Según la última encuesta de la firma WAA SAS para El Espectador, Gutiérrez le saca casi 30% a Juan Carlos Upegui. La pregunta que importa en esta disputa no es quién ganará, sino por cuánto ganará Federico Gutiérrez y quién será el segundo para ocupar una curul en el Concejo de esta ciudad. Encuesta firma WAA SAS para la Alcaldía de Medellín Foto tomada de El Espectador Federico Gutiérrez, quien cuenta con el apoyo de casi toda la clase política de derecha de Antioquia en su campaña, está casi seguro de que será el próximo alcalde de Medellín, como lo muestran las encuestas. Ejemplo de esto es su demora en haber lanzado y anunciado su candidatura, a diferencia de lo hecho por otros candidatos que desde inicio de año lanzaron sus plataformas políticas. La eminente victoria del excandidato presidencial se explica por dos razones, la primera es su imagen favorable al salir de la Alcaldía de Medellín, pues salió con una imagen favorable del 70%. La segunda razón es la administración Quintero, esta empezó siendo una luz de esperanza para los medellinenses y terminó como un fracaso rotundo, con escándalos de corrupción como Buen Comienzo a sus espaldas. Quien aparece como favorito para quedarse con la curul de la oposición es Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia en Medellín y candidato por el Partido Independientes. Upegui el pasado 01 de octubre de 2023 recibió al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su campaña. Con esta incorporación firma su derrota para la Alcaldía. Como se ha expuesto a lo largo del texto, Quintero salió muy mal librado en cuanto a su imagen en su paso como alcalde. Al igual que a Esteban Restrepo y los otros candidatos que avaló Independientes en el resto del país, Upegui entierra cualquier posibilidad, así fuera muy pequeña, de lograr una victoria al recibir oficialmente de su campaña al exalcalde de Medellín. Carta de renuncia que Daniel Quintero le envío a Gustavo Petro Foto tomada de la cuenta de X de Daniel Quintero Los perfiles más opcionados para la Gobernación de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez Foto tomada de la cuenta de X de Luis Pérez El exgobernador de Antioquia Luis Pérez, ingeniero industrial de la Facultad de Minas de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia con varios estudios de posgrados, es quien se apunta como el principal candidato para quedarse con la Gobernación de Antioquia. En esta ocasión Pérez aspira en una coalición variopinta conformada por la Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Renaciente, Fuerza de la Paz, Alianza Democrática Amplia, Gente en Movimiento y Esperanza Democrática. Pérez es un político cuestionado por varias acusaciones en su contra. En 2008 Alonso Salazar acusó al exgobernador de haber recibido el respaldo del extraditado cabecilla paramilitar alias “Don Berna” durante su campaña a la Alcaldía de Medellín. En el 2011 Salazar señaló a Pérez de que en la campaña de este a la Alcaldía de Medellín de ese año lo apoyaba Efraín Maldonado Álvarez, alias “Efra”, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las AUC. Tras estas declaraciones, Pérez interpuso una denuncia contra Salazar por injuria y calumnia, la cual Pérez retiró en 2015. Para el 2018, Pérez pidió desestimar cualquier demanda contra Salazar por estas declaraciones, mientras que Salazar aún sostenía lo dicho. Luis Pérez es cuestionado en su paso por la Gobernación de Antioquia por su papel dentro de un presunto entramado de corrupción, sustentado bajo una sociedad de economía mixta, denominada Valor+, creada con aportes de capital público y privado provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). Pares encontró que, a través de esta sociedad, Luis Pérez habría desviado de manera irregular miles de millones de pesos. Valor+ habría funcionado como fachada para evadir presuntamente las exigencias de contratación pública y para realizar convenios interadministrativos con “aliados estratégicos”. Todo esto a espaldas de la Asamblea Departamental. Durante la campaña para la presidencia en 2022 del exgobernador, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, mencionó ante la JEP que él y otros miembros del Clan del Golfo mantuvieron, en varias ocasiones, reuniones con Luis Pérez. Asimismo, Otoniel aseguró que Pérez era muy cercano al capo extraditado Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”. Estas declaraciones junto con una lista de 64 personas que entregó Úsuga, según el periodista Yohir Akerman, reposan en la Fiscalía desde el 02 de mayo de 2022. Pese ello el ente investigador no ha iniciado las investigaciones correspondientes. A este escándalo se suma la investigación de la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso de Justicia y Paz. Dicha indagación arrojó que propiedades que componen la Hacienda Torrealta, ubicadas entre Rionegro y El Retiro, Antioquia, presuntamente relacionadas con el exjefe paramilitar Vicente Castaño, son propiedad del exgobernador Luis Pérez. Este descubrimiento llevó a la Fiscalía a incautar los bienes, además que inició un proceso de rastreo de los movimientos de Luis Pérez para determinar de qué manera logró conseguir los 74.000 millones por los que están valorados estos terrenos y que tendrían un origen ligado al paramilitarismo. Pérez le mencionó al periodista Daniel Coronell que es dueño del 29,95% de la propiedad y que, si bien la propiedad cuenta con un pasado violento, cuando esta fue adquirida en la primera década del siglo XXI este lote no tenía lío legal alguno. Pérez presentó en febrero de 2023 ante Justicia y Paz una solicitud para que le devuelvan sus tierras incautadas. Luis Fernando Suarez Foto tomada de la cuenta de X de Luis Fernando Suárez Luis Fernando Suárez es un odontólogo y especialista en epidemiología que ha tenido una extensa trayectoria en el ámbito de la salud y la administración pública. Inició su carrera como funcionario de carrera administrativa en el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, que posteriormente se transformó en la Secretaría de Salud y Protección Social. Renunció a este a cargo de carrera para asumir el puesto de Director de Seguridad Social en el gobierno de Guillermo Gaviria Correa. A lo largo de su carrera, Luis Fernando Suárez ha sido gerente del Hospital Mental de Antioquia y ha ocupado varios cargos en Metrosalud, la red pública de salud de Medellín. Durante la Alcaldía de Medellín de Aníbal Gaviria (2012-2015) se desempeñó como secretario de Inclusión y Seguridad Social, secretario Privado y vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad. En enero de 2020 asumió como secretario de Gobierno de Antioquia y posteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad Humana del departamento durante la gobernación de Aníbal Gaviria (2020-2023). Cuando Aníbal Gaviria fue removido de sus funciones en la Gobernación de Antioquia, temporalmente, Suárez fungió como gobernador encargado. Andrés Julián Rendón Foto tomada de El Colombiano Andrés Julián Rendón es economista de la Universidad EAFIT, especialista en regulación económica de la misma universidad. Cuenta con una maestría en economía en la Universidad de los Andes y es magíster en administración pública en la Universidad Americana de Washington D.C. Fue concejal de Rionegro entre 2001 y 2002. Fue subdirector financiero de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). Rendón fue secretario de Gobierno en la gobernación de Luis Alfredo Ramos (2008-2011). Su último cargo fue como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019. La Fiscalía solicitó en septiembre del 2023 al Juzgado Primero Penal Municipal Mixto de Rionegro citar a audiencia de imputación de cargos a Rendón por presunto detrimento patrimonial en la construcción de los CAI de Policía para cuando este fue alcalde de Rionegro. El presunto detrimento se estima en más de $1.200 millones, y se resalta la falta del aval de la Policía para la construcción de dichos CAI. También Andrés Julián Rendón está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación para establecer si hubo irregularidades en la contratación del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Rionegro (Sitirio) para cuando él era alcalde. La Procuraduría investiga si se presentaron deficiencias en los estudios previos para la remodelación, mantenimiento y construcción de las estaciones provisionales de transferencia, siendo el costo de $547.327.257 y la demolición de los accesos a la estación La Morelia. Los perfiles más opcionados para la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez Foto tomada de la cuenta de X de Federico Gutiérrez El exalcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, es ingeniero civil de la Universidad de Medellín con una especialización en alta gerencia en la misma universidad, y con otra en ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gutiérrez se perfila como el favorito para ser elegido, de nuevo, como alcalde de Medellín con aval de su propio partido, Creemos, al cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó de manera espuria personería jurídica. Federico Gutiérrez inició en el 2007 su carrera política siendo elegido, con un poco más de 14.000 votos, concejal de Medellín por el Partido de La U de la mano de Paola Holguín. En 2008 se convirtió en presidente de esta corporación. Para las elecciones del 2011 se postuló como candidato a la Alcaldía de Medellín, quedando tercero con 120.000 votos. En las elecciones del 2015 recogió 120 mil firmas por su entonces movimiento ciudadano, Creemos, para avalar su candidatura. Gutiérrez fue elegido alcalde de Medellín con 246.221 votos. Además, fue candidato presidencial en el 2022 y obtuvo un poco más de cinco millones de votos, lo que lo ubicó en el tercer puesto, evitando que pasara a la segunda vuelta presidencial. En 2019 la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a Gutiérrez y a funcionarios de la alcaldía por presunto proselitismo a favor del entonces candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, quien en vallas publicitarias aparecía con el entonces alcalde, Federico Gutiérrez. Así mismo, Gutiérrez es cuestionado por defender a su mano derecha, Gustavo Villegas, quien en su alcaldía fue secretario de Seguridad. Villegas fue capturado en 2017 por delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, específicamente por sus presuntas relaciones con “La Oficina de Envigado”. En 2020 Villegas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes 16 años. Además de ello, integrantes de la Oficina de Envigado afirmaron que ayudaron a la administración de Gutiérrez en su estrategia de seguridad. Juan Carlos Upegui Foto tomada de la cuenta de X de Juan Carlos Upegui Juan Carlos Upegui es filósofo de la Universidad Nacional. Es primo de Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín Daniel Quintero, al cual ha acompañado desde la creación del partido del Tomate, su paso por el Ministerio de las TIC y su alcaldía en Medellín como secretario de la No Violencia. El Colombiano ha planteado que a la campaña de Upegui habrían ingresado recursos públicos de la Alcaldía de Medellín. Ante esto la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar dirigida a funcionarios de la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de determinar si recursos públicos fueron empleados en la campaña de Upegui y otros candidatos. Apertura de Indagación Preliminar sobre uso de recursos públicos en varias campañas Foto Tomada de El Colombiano Reconfiguración de las fuerzas políticas en Antioquia Para estas elecciones locales del 2023 en Antioquia la posición de las diferentes fuerzas políticas presentará una reconfiguración de poder. Por un lado, se verá el afianzamiento, no de un fenómeno político sino ya de una realidad en Antioquia, de Federico Gutiérrez. Gutiérrez, quien en las pasadas elecciones presidenciales quedó de tercero, cerca de pasar a segunda vuelta presidencial como candidato de los clanes políticos, y para estas elecciones locales parece que se quedará con la segunda Alcaldía más importante del país. El excandidato presidencial empieza a ocupar, poco a poco, espacios huérfanos que ha dejado Álvaro Uribe Vélez, en uno de los bastiones de la derecha. Si bien Gutiérrez ocupa algunos de esto espacios no es la misma figura que fue Uribe, tal como se demostró en la primera vuelta presidencial. Un panorama totalmente diferente es el que viven Julián Bedoya, Carlos Andrés Trujillo y Daniel Quintero. Bedoya, que no pudo recibir el aval Liberal, por lo que los congresistas integrantes de su clan político (Lopera y Echevarría) no pueden hacerle campaña porque caerían en doble militancia y que no marca en las encuestas de manera significativa, podrá perder parte del caudal político que ha amasado a lo largo de todos estos años, ejemplo es que puede perder alcaldías aliadas como el caso de La Estrella. Por su parte Trujillo, aliado de Bedoya, además de no poderle hacer le campaña a su confeso aliado, tiene riesgos de perder su bastión electoral, Itagüí. Diego Torres, candidato de Trujillo en Itagüí tiene posibilidades reales de perder dicha Alcaldía contra León Mario Bedoya. Paralelamente Daniel Quintero y todo su grupo político, caso Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui, no tienen muchas posibilidades de obtener grandes victorias, no solo en Antioquia, sino con el resto del país cuando Independientes, partido de Quintero al cual el Consejo de Estado le está estudiando su personería jurídica, avaló casi 3 mil candidaturas. Quintero es el peor aliado de su partido y sus candidatos, pues como se ha explicado, su imagen salió muy mal librada de la Alcaldía de Medellín. [1] Juan Diego Gómez avalado por el Partido Conservador; Andrés Julián Rendón con aval del Centro Democrático; Mauricio Tobón por el GSC “El Parche”; Julián Bedoya con aval del Partido Demócrata Colombiano; Fredy Esteban Restrepo con aval de Independientes; Luis Fernando Suárez por el GSC “Unidos por Antioquia”; Jorge Alberto Gómez con aval de Dignidad y Compromiso; Luis Emilio Pérez con aval de la Alianza Social Independiente; Cristian Halabay Fernández con aval de Nueva Fuerza Democrática; Robinson Alonso Giraldo con aval de Fuerza Ciudadana. [2] Juan Carlos Upegui con aval del Partido Independientes; Albert Yordano Corredor por el GSC “Medellín Nos Une”; Juan David Valderrama por el GSC “Proponemos por Medellín”; Luis Bernardo Vélez por el GSC “Cuidemos Medellín”; Rodolfo Correa con aval de Colombia Renaciente; María Paulina Aguinaga por el GSC “Por Medellín”; Federico Andrés Gutiérrez con aval de Creemos; Juan Camilo Restrepo por el GSC “Medellín somos Todos”; Gilberto Tobón con aval Fuerza Ciudadana; Felipe Vélez por el GSC “Medellín Vuelve a Brillar”; Carlos Alberto Ballesteros con aval de Polo Democrático; Jaime Mejía por el GSC “Sumamos”; Deicy Bermúedez con aval del Partido Ecologista; Liliana Rendón por el GSC “Movimiento De Frente Lilianista”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: uniminutoradio y bluradio Cundinamarca se ha convertido en un fortín electoral no solo del clan de Jorge Rey, sino también del clan del Pájaro Caicedo. Este clan es liderado por José Caicedo, mejor conocido como “el Pájaro”. Caicedo fue alcalde de Zipaquirá 2004-2007; director de vías de Cundinamarca entre 2008 y 2009; y representante a la Cámara por Cundinamarca por el Partido de La U por tres períodos entre 2010 y 2022. El 10 de junio de 2021 el Pájaro renunció a su cargo como representante a la Cámara cuando la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento y dispuso su detención domiciliaria por presuntas irregularidades en la contratación pública durante su alcaldía en Zipaquirá. Con esta renuncia hizo lo que muchos políticos cuestionados logran cuando se enfrentan a la Corte Suprema de Justicia: pasar su proceso a manos de la Fiscalía. Las presuntas irregularidades por las que se investiga a Caicedo corresponden a un convenio con Luz Stella Jiménez Ballén, gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá en 2007, cuando se firmó un contrato con el propósito de edificar dos tanques de agua. La denuncia da detalles de cómo sólo se construyó el primer tanque. Además, señala que al momento de la firma del contrato, la entidad carecía de los estudios técnicos de suelos y geotécnicos necesarios para guiar la construcción de las infraestructuras. El heredero de El Pájaro El Pájaro le heredó su maquinaria y caudal político a su hijo, Diego Fernando Caicedo Navas, mejor conocido como “Pajarito Caicedo”, actual representante a la Cámara para el período 2022-2026. La candidatura del Pajarito en el 2022 se vio envuelta en la denuncia que presentó la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas por el apoyo de varios integrantes de la Gobernación de Cundinamarca a su candidatura. Documentos expuestos por BLU Radio muestran información de la entrega de insumos y gestiones en servicios públicos realizadas por parte de las secretarías de Agricultura y de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de utilizar estos recursos para favorecer la campaña del “Pajarito” Caicedo. En marzo de 2022, a tan solo unos días de las elecciones de Congreso, BLU Radio contó cómo Viviana Pulido Pérez, en ese momento secretaria de Agricultura de Cundinamarca, participó de un evento oficial de la Alcaldía de Fúquene que, al parecer, se unió con un evento de campaña del “Pajarito” Caicedo. Allí, Pulido afirmó que ayudas de conexión de gas y del sector agro fueron posibles gracias a la intermediación del excongresista José Edilberto “Pájaro” Caicedo, padre del entonces candidato. Resolución de nombramiento de Viviana Pulido como secretaria de Agricultura de Cundinamarca También se evidenció una matriz en Excel con cifras de las inversiones ejecutadas en cada municipio, a través de las secretarías mencionadas, por medio de beneficiarios de kits agropecuarios desde 2019. Además de líderes por subregión y municipio con los votos conseguidos en 2018 por el “Pájaro” Caicedo y una proyección para las elecciones de 2022. Apoyos del clan del Pájaro Caicedo Para las elecciones de este año (2023) el clan del Pájaro Caicedo está buscando fortalecer su poder local, por lo cual está apoyando activamente varias candidaturas en los diferentes municipios de Cundinamarca. Cota Para la Alcaldía de Cota están apoyando a Néstor González Romero, quien ya había sido alcalde de este municipio. En abril de 2008 González fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad contra funcionarios siendo alcalde en 2004. González, quien ya cumplió el periodo de su inhabilidad, ahora posa en fotos junto con “Pájaro” y “Pajarito”, con quienes impulsa su candidatura para estas elecciones locales. Néstor González Romero en evento de campaña junto con “Pájaro” y “Pajarito” “Pajarito” entregándole el aval del Partido de la U a Néstor González Facatativá Para la Alcaldía de Facatativá están apoyando a Óscar Villalba, hijo del exalcalde de este municipio, Licerio Villalba Moreno, quien fue condenado por un contrato que no cumplió los requisitos legales, por la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por falsedad ideológica en documento público. Condena contra Licerio Villalba Moreno Óscar Villalba confirmando el aval del Partido de la U para sus aspiraciones Villalba no solo tiene el apoyo del clan del “Pájaro” Caicedo sino también del representante a la Cámara por Cambio Radical, Leonardo Rico, quien se encuentra en medio de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia. Los hechos se presentaron cuando fue contralor departamental de Cundinamarca entre 2012 y 2015. Óscar Villalba recibiendo el coaval del Partido Cambio Radical junto con Leonardo Pico La Calera Para la Alcaldía de la Calera el “Pájaro” y el “Pajarito” están apoyando a Manuel Felipe Torres, quien habría promocionado su candidatura a esta Alcaldía con dinero de la Gobernación de Cundinamarca. Diego “Pajarito Caicedo” y Manuel Felipe Torres Torres Ruiz hace parte del grupo político de la anteriormente mencionada exsecretaria de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca, Viviana Pulido, quien fuera candidata a la Alcaldía de La Calera en el 2019, quedando de tercera en la votación. El gerente de su campaña fue Manuel Felipe Torres. Documento registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifica que Manuel Felipe Torres fue gerente de la campaña de Viviana Pulido Las aspiraciones de Pulido en el 2019 fueron apoyadas por el entonces candidato a la Gobernación y actualmente gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. García es integrante del clan de Jorge Emilio Rey, exgobernador de este departamento y principal favorito para ser de nuevo gobernador. Publicación del entonces candidato a la Gobernación de Cundinamarca, Nicolás García, apoyando la aspiración de Viviana Pulido en La Calera Sobre Pulido y su relación con el clan Rey, esta viene de tiempo atrás. En 2016, en la Gobernación de Jorge Rey, Pulido fue nombrada en la cabeza de Indeportes, Cundinamarca. Otro hecho que evidencia la relación de Pulido con este clan es que después de posesionado Nicolás García como gobernador de Cundinamarca en el 2020, ella fue nombrada secretaria de Agricultura de Cundinamarca. A la par Pulido nombró gerente de comercialización de la producción y competitividad agropecuaria a Manuel Felipe Torres. Perfil de LinkInd de Manuel Felipe Torres que evidencia su puesto dentro de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca Pulido, además de tener una relación cercana con el clan Rey, también la tiene con “Pájaro” y “Pajarito”, como se evidenció en el 2022, tal cual se menciona al inicio del presente artículo. Sobre Manuel Felipe Torres, quien sería el candidato de Viviana Pulido a la Alcaldía de La Calera, este se habría beneficiado presuntamente de recursos públicos que invirtió Indeportes, antes dirigido por Pulido, para un torneo de fútbol de salón femenino en todo el departamento. Para la realización del torneo de fútbol de salón femenino se suscribió un contrato de asociación entre la Liga de Fútbol de Salón de Cundinamarca e Indeportes el 30 de junio de 2023 por $478.000.000, de los cuales Indeportes puso 290 millones (60,66%). Información del Secop sobre el Contrato de Asociación Dentro de los gastos del contrato se incluye la entrega de 615 uniformes, los cuales representan la suma de $58.425.000. Extracto del contrato sobre el costo de los uniformes Curiosamente, uno de los equipos participantes de este torneo y que recibió su indumentaria con el dinero de Indeportes tiene la publicidad del candidato Torres en la espalda. Fotos de los uniformes entregados con publicidad de Felipe Torres Las autoridades competentes deben revisar este caso y determinar si se usaron recursos públicos para promover una campaña política. Y si además de esto dicha publicidad es propaganda electoral previo de la inscripción oficial del candidato Torres.