Por: Mónica Castillo, Investigadora Programática Línea Democracia y Gobernabilidad Aunque muchas encuestadoras, e incluso fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afirman que la Alcaldía de Barranquilla para 2024 – 2027 ya lleva el nombre y apellido de un viejo conocido, todavía están por concretarse algunas alianzas que definirán el empate en el que se encuentra la carrera por la Gobernación de Atlántico. En suma, hasta hace muy poco el panorama electoral en este departamento no había tenido la algarabía que caracterizaba la contienda electoral costeña. Sin embargo, la mala hora para uno de los Char, volvió a agitar a la Puerta de Oro de Colombia. La captura del exsenador por Cambio Radical, Arturo Char, tras la orden impuesta por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el caso por compra de votos conocido como Casa Blanca –el mismo por el que fue condenada la exrepresentante a la cámara, Aída Merlano– puso en cuestión la disputa por los dos cargos más importantes del Atlántico, pues falta ver si traerá efectos en la candidatura de su hermano Alejandro Char y en las de sus posibles aliados. Alcaldía de Barranquilla: el autoriCharismo subregional Las democracias en el mundo se caracterizan no solo por la posibilidad de llevar a cabo elecciones, sino también por la alternancia en el poder público. Atlántico, y en especial Barranquilla, se han convertido en un caso de estudio especial en Colombia. La familia Char, que ha combinado efectivamente negocios, fútbol y política, ha convertido a la capital departamental en un fortín político-electoral sin competencia alguna. Un autoritarismo subregional por excelencia, en el que los Char se han apoderado de los recursos públicos, de la contratación y del electorado. Desde 2007 cuando ganó Alejandro Char la Alcaldía por primera vez, hasta la actualidad, este clan ha gobernado –y gobernará– sin oposición alguna: 2008-2011 (Alejandro Char); 2012-2015 (Elsa Noguera, aliada de los Char y actual gobernadora del Atlántico); 2016-2019 (Alejandro Char) y 2020-2023 (Jaime Pumarejo, heredero de los Char). El ambiente respecto de las elecciones en el departamento de Atlántico se encontraba en un estado de bastante quietud, sobre todo en Barranquilla. Esa sensación se venía dando bajo la premisa de que los resultados de las elecciones para la Alcaldía de esta ciudad ya están prácticamente consumados. Según el listado de la Registraduría Nacional, fueron 8 las candidaturas que inicialmente se presentaron para esta Alcaldía. No obstante, de estas, 2 han salido de la contienda. La primera fue la del empresario Mario Fabio Orozco Cárdenas, quien tras inscribirse por firmas, no logró que estas fueran avaladas, pues de las 95 mil que ser requerían, solo fueron avaladas 41.589. Paralelamente, el candidato que había recibido el aval de la Colombia Humana, Rigail Romero Martínez, renunció a su candidatura para adherirse a la campaña de Antonio Bohórquez, avalado por el Polo Democrático Alternativo, quien ahora recibe el apoyo del Pacto Histórico. Ahora bien, según la encuestadora Mediciones Estratégicas, la carrera por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está liderada –y por mucho– por el exalcalde y una de las caras más visibles de su clan, Alejandro Char, quien parece encontrarse sin un rival que pueda ejercer presión a su candidatura. Alejandro Char Chaljub Fuente: Facebook de Alejandro Char Avalado por el partido que cofundó su familia, Cambio Radical, Alejandro “Alex” Char fue alcalde de Barranquilla en los periodos 2008-2011 y 2016-2019. También fue concejal de Barranquilla por el Partido Liberal y gobernador del Atlántico por nueve meses en el 2003. Char ha sido uno de los personajes más cuestionados por Pares por liderar el clan de su familia. No obstante, cuenta con otros cuestionamientos a título propio. En 2020 la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por las presuntas coimas que habría pagado el empresario Luis Enrique Guzmán Chams para quedarse con un contrato millonario para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, que queda en el sur de Barranquilla. Por otro lado, Alejandro Char dirige la constructora Alejandro Char & Cia. Ingenieros Constructores, con la que, de acuerdo con La Silla Vacía, edificó dos conjuntos residenciales sobre un sector propenso a deslizamientos, en el que después resultaron 400 familias damnificadas. Por ese hecho, en 2016, hubo un fallo de primera instancia que le ordenó al Distrito, a una urbanizadora y a las constructoras, pagar por daños materiales y morales a las familias afectadas. A esto se le suma el reciente escándalo por la captura de su hermano, el exsenador y expresidente de Congreso de la República, Arturo Char, por presunta compra de votos en el marco del escándalo de Aída Merlano conocido como Casa Blanca. Por este caso, en febrero de 2022 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar a Alejandro Char, dado que presuntamente habría participado en este entramado de corrupción (Radicación N° 00030). Hasta el momento, se desconocen los avances de estas investigaciones y la labor de la Fiscalía al respecto. Fuente: Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Ahora bien, la firma encuestadora Mediciones Estratégicas, en el estudio publicado a finales de agosto, puso en evidencia que, en efecto, Alejandro Char es el candidato que más acaparó la intención de voto para la Alcaldía de Barranquilla. Fuente: Mediciones Estratégicas Es claro que Alejandro Char se muestra como un líder absoluto en la contienda, aunque esto responde a toda la maquinaria que existe detrás de su apellido y el poder que han logrado consolidar, no solo en Barranquilla sino en todo el departamento. Curiosamente, el ambiente alrededor de su campaña por la Alcaldía ha mostrado un comportamiento diferente a elecciones pasadas, son pocas las vallas publicitarias y los eventos con la comunidad barranquillera, tampoco asiste a debates y es de los pocos –por no decir que el único– que en ninguna de las pocas fotos y videos que publica en sus redes sociales, que no usa ni los logos de su partido, ni su propio apellido. Esto porque pareciera existir una intención de querer “limpiar” y desligar su campaña de los escándalos relacionados con su hermano y porque, además, según una fuente en territorio, la relación con el cofundador de su partido, Germán Vargas Lleras, no está en los mejores términos. Además, a mes y medio de las elecciones, no se siente el fervor que en su momento los Char o sus candidatos despertaban. Han pasado de altisonantes campañas a escenarios mucho más modestos. Esto quizá por mantenerse alejados de la opinión pública dados sus escándalos, pues no es solo la detención de su hermano Arturo, sino también la presunta participación de Alejandro en el escándalo de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, por el supuesto ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña del actual presidente, dados unos chats de Whatsapp que revelaron una conversación entre Char y Vásquez. Aunado a lo anterior, se ha conocido también que dentro de la estrategia de campaña de Alejandro Char, al dar por hecho que ya ganó las elecciones, a diferencia de elecciones anteriores, en esta oportunidad no apoyaría directamente a las listas de aspirantes al Concejo con recursos financieros o en campaña, sino que los dejará competir a su suerte y posteriormente negociará con los que lleguen. Tanto así que, según fuentes territoriales de Pares, ha habido incluso molestias por parte del grupo político de su hermano Arturo Char, por la ausencia de apoyos en esta campaña. Un cambio de estrategia no menor, en el que se desliga, hasta el momento, de apoyar una fórmula directa a la Gobernación, a pesar de que se han dado acercamientos con Eduardo Verano y en el que buscaría negociar con quien resulte siendo elegido. Por otro lado, el candidato que le seguía en las encuestas era Marco Orozco (6,43%), a quien, como ya se mencionó, la Registraduría le anuló la aspiración. En ese sentido, el siguiente en esta carrera es el exconcejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, del Polo, con apenas el 4,29%; sin embargo, aunque cuenta con el apoyo del Pacto Histórico, fuentes en territorio le comentaron a Pares que no cuenta con el capital político y electoral suficiente para hacer contrapeso a la candidatura de Char. Será una curul fija de oposición en el Concejo. Empate por la Gobernación del Atlántico Para la Gobernación del Atlántico, disputada por 6 candidatos, se logran divisar más posibilidades de un escenario de competencia. Lo último que mostraron las encuestas es que hay un posible empate técnico entre los candidatos Eduardo Verano y Alfredo Varela, ya que solo hay un 4% de diferencia entre ellos. Sin embargo, resulta clave mencionar que el desempate estaría por definirse luego de los apoyos que ha recibido Verano y, por supuesto, de que se oficialice el apoyo del clan Char. Fuente: Valoranalitik Eduardo Verano Fuente: Facebook de Eduardo Verano Verano fue ministro de Medio Ambiente entre 1997 – 1998 y ha sido gobernador del departamento de Atlántico en dos ocasiones, 2008 – 2011 y 2016 – 2019, ambas apoyadas por el Clan Char. Actualmente, en su aspiración por la Gobernación de Atlántico, recibió el aval principal del Partido Liberal. Por tercera vez, la candidatura de Verano inició buscando apoyos que la fortalecieron, dentro de los cuales se esperaba que Alejandro Char anunciara su apoyo; no obstante, como se ha mencionado, los Char andan muy silenciosos respecto a dar esos patrocinios; incluso, una fuente le comentó a Pares que la postura de Alejandro es que él ya no necesita que ninguna candidatura apoye la suya. A menos que algo extraordinario ocurra, Alejandro será alcalde por tercera vez y ahora son los candidatos quienes necesitan de los Char. A pesar de lo anterior, el pasado 11 de septiembre fue un día de suerte para Verano, pues recibió múltiples avales que indicarían un alza considerable de votos. Se trata del apoyo de varios líderes de los partidos tradicionales: Partido Conservador, MIRA, Centro Democrático, Partido de La U. Sin embargo, y de acuerdo la periodista Andrea Dávila, el candidato de los Char sí sería Eduardo Verano, pues a pesar de que Fuad Char no le ha levantado la mano a Verano en señal de apoyo, dada su cercanía y respaldo en los periodos anteriores en los que salió electo se ha mencionado que se oficializaría en los próximos días. De igual manera, Verano anda en medio de algunos escándalos, entre los que se encuentra la búsqueda de votos en la Clínica Campbell, en el municipio de Soledad, donde, según Revista Semana, las directivas estarían presionando a sus trabajadores para que contribuyan consiguiendo al menos de a 10 votos cada uno para beneficiarlo. Alfredo Varela Varela recibió el aval del Partido Alianza Verde y los coavales de Colombia Renaciente y En Marcha. Fue mencionado por Pares en el informe de candidatos cuestionados, dado que tiene un proceso fiscal en relación con la ejecución en la etapa de preconstrucción de un contrato firmado entre Cormagdalena y la sociedad NAVELENA en 2014, integrada en un 85% por la filial en Colombia de la multinacional brasilera Odebrecht y Valorcon, firma de Julio Gerlein. Alfredo Varela ha tenido una relación de “ires y venires” con el clan Char, de quien, según fuentes territoriales, siempre ha querido ser candidato. En ese sentido, en varias ocasiones la prensa señaló que esta vez sería la vencida, ya que se especuló que Alejandro Char tendría la intención de apoyarlo; sin embargo, como lo afirmó la periodista Andrea Dávila, quien maneja las finanzas del clan sigue siendo su patriarca, Fuad Char, así que esa alianza no se iba a concretar hasta que este diera la orden. Por otro lado, otra de las alianzas de Varela parecía ser con el Pacto Histórico, la que se materializó durante un evento en el que el representante a la Cámara por el Pacto, Agmeth Escaf, anunció el apoyo de esta colectividad a su campaña. Sin embargo, según fuentes de Pares, este apoyo podría resultar contraproducente por todo el revuelo que causó el proceso judicial de Nicolás Petro, por lo que el mismo Varela se manifestó al respecto y afirmó mantenerse como una candidatura independiente. En estos términos, Atlántico presenta un comportamiento electoral similar al de departamentos como Sucre, que refleja cómo las elecciones regionales distaron de las presidenciales y cómo las maquinarias se mantienen consolidadas en lo regional. La competencia de los clanes: el voto en blanco En una interpretación sociológica del voto en blanco, este indica dos razones estructurales: la primera, una insatisfacción frente a los candidatos, el sistema electoral, una falta de confianza en el proceso político y/o una falta de representatividad. Mientras que la segunda se refiere a un voto de protesta, es decir, un voto en contra de un gobierno o contra todo un establishment político. En ese sentido, y siguiendo los resultados de las encuestas tanto para la Gobernación del Atlántico como para Alcaldía de Barranquilla, el voto en blanco es una fuerza electoral que se ha empezado a consolidar y que, incluso, podría empezar a dinamizar la contienda electoral del departamento. En las elecciones a la Gobernación de 2019 se vio una participación del voto en blanco semejante a lo que están mostrando las encuestas para las de 2023, pues este ocupó el tercer lugar en las votaciones, con 92.228 votos, antecedido por Nicolás Petro Burgos con 191.972 y por Elsa Noguera, la ficha de los Char, con 692.723 votos. Si bien hay una distancia considerable entre cada votación, la presencia del voto en blanco pone en evidencia la ausencia de liderazgos sólidos en lo territorial. Esto se profundiza al revisar las encuestas a la Alcaldía, donde la candidatura y la influencia de Alejandro Char ha borrado del mapa cualquier tipo de competencia y pone al voto en blanco en un segundo lugar, igual que sucedió en 2019, donde Jaime Pumarejo ganó con 310.435 y lo siguió el voto en blanco con 80.062 votos. Estas coincidencias dejan ver un panorama en el que el contexto del departamento respecto al poder de los clanes políticos y de toda la maquinaria electoral impiden una competencia equitativa para los cargos más importantes del Atlántico. Sin embargo, queda por verse si la captura de Arturo Char logrará hacer ruido en la candidatura de su hermano por la Alcaldía de Barranquilla, quien también está vinculado al mismo proceso y la de todos sus aliados, lo cual podría expresarse en un aumento del voto en blanco. La captura de Arturo Char, un evento histórico que podría llevarse a más de uno, sobre todo, a su hermano Alejandro, o no… Fuentes en territorio, y como también lo mencionó Laura Ardila en el último capítulo de La Costa Nostra, afirman que Fuad Char, y el clan en general, antes del estallido por el caso de compra de votos Casa Blanca, por el que ya fue condenada la exrepresentante Aída Merlano Rebolledo, se sentían blindados jurídicamente, pero lo que más les costaba sacrificar era el honor y el prestigio que habían alcanzado al interior de la sociedad barranquillera y en las élites nacionales. Por esto mismo, las reacciones frente a la captura de Arturo Char se han visto en un tono de mucha pasividad, incluso con un poco de sumisión, pues después de décadas de investigaciones y escándalos, este hecho fue la primera derrota judicial contra este clan. Aunque no se puede afirmar aún la culpabilidad de Arturo, su entrega a la justicia pudo responder a una estrategia para beneficiar y despejar la campaña de su hermano; así como la llegada de su nuevo abogado, mostrando una cara de alto renombre y prestigio como la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló. De hecho, la reacción del mismo Alejandro Char fue en de carácter calmado y sin mucho reproche: Fuente: X de Alejandro Char Ante ese parte de tranquilidad que Alejandro Char intenta dar, es válido aclarar que el comunicado de la Corte Suprema, mediante el cual se oficializó la orden de captura, se afirmó que las pruebas son suficientemente sólidas para plantear la necesidad de capturar a Arturo. Además de que, si bien el proceso de investigación continúa, esto se da también por solicitud de la defensa de los Char, quienes solicitaron una ampliación de la indagatoria. Así las cosas, el futuro de los Char es incierto. Se tendrán que evaluar las pruebas presentadas por Aída Merlano y la relación de cada miembro de la familia Char con este escándalo. Con esto, de una manera u otra se van a afectar las elecciones y, sobre todo, el bastión político de este clan, Barranquilla. Como se mencionó anteriormente, puede que las voces de descontento frente al accionar de los Char crezcan y se reproduzca en el voto en blanco o quizá en la candidatura de Antonio Bohórquez, pero también que esta situación pueda servir para todo lo contrario, catapultar la imagen de Alejando Char. Según la periodista Andrea Dávila, en la ciudad se está construyendo una narrativa –no muy fuerte todavía– de un caso de persecución política, por lo que ahora, con una víctima en la familia, es hora de solidarizarse con los Char apoyando a “Alex”. Este no sería un escenario extraño, pues se trata de la familia liderada por los personajes carismáticos más importantes de la región, que han logrado posicionarse de tal forma que se forjaron en una especie de fanatismo alrededor de una estructura política y económica. Han conseguido impregnar la cotidianidad de las y los barranquilleros, porque si se trata de un préstamo, es en el banco de los Char; si se compra comida, es en el supermercado de los Char; si se escucha la radio, es en la radio de los Char; o si se trata de entretenimiento deportivo, es con Los Caimanes o con los nuevos fichajes del Junior.

Por: Isabela Puyana Línea Empresas y Paz Foto tomada de: EcoPortal.net En su última visita a Alemania, el presidente Gustavo Petro abordó, para el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Alemania en Berlín, temas sobre el cambio climático y la transición energética. El tema principal del que habló fue el hidrógeno verde. Este no ha sido el primer escenario en el que se le ha escuchado al mandatario mencionar que Colombia puede ser un productor de dicho biocombustible. “El objetivo central de nuestra visita a Alemania es lograr un acuerdo sobre producción de hidrógeno verde en Colombia para exportación y en la medida en que implementemos las tecnologías, también se hará para el consumo interno del país”, mencionó Gustavo Petro en una rueda de prensa frente al primer ministro de la Nación. Para entender por qué el Gobierno puso sobre la mesa este tema en instancias internacionales de tal importancia, es necesario conocer qué es el hidrógeno, por qué se habla del matiz verde, cuáles son sus ventajas y qué ha hecho hasta ahora Colombia en el escenario de la transición energética para adaptarse a esta nueva fuente de energía que promete ser una opción más limpia y sostenible en el panorama global. El Centro Nacional del Hidrógeno en el 2022 lo definió como: “el primer elemento dentro de la tabla periódica. Esa posición no es un evento del azar. De hecho, está allí por ser el más abundante en todo el planeta Tierra y en el universo. Su átomo, conformado por un protón y un electrón (la mayoría de veces, pues existen tres formas de encontrarlo), es imperceptible a simple vista en estado gaseoso, de modo que es ligero, incoloro, inodoro e insípido para nuestros sentidos”. Aunque el hidrógeno es un elemento abundante en la tierra, rara vez se encuentra en su forma pura en la naturaleza. Sin embargo, puede producirse a partir de una variedad de fuentes, incluyendo el gas natural, la biomasa y la electrólisis del agua. Lo que hace que el hidrógeno sea tan atractivo es su versatilidad como fuente de energía. También puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde la generación de electricidad hasta el transporte y la producción de calor. Uno de los mayores atractivos del hidrógeno es que, cuando se quema o se utiliza en una celda de combustible, su único subproducto es agua, lo que lo convierte en una fuente de energía completamente limpia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es especialmente relevante en el contexto colombiano, en el que la matriz energética aún depende en gran medida de los combustibles fósiles, lo que contribuye significativamente a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). A esto es a lo que se le llama hidrógeno verde y ha sido la solución soñada para distintas empresas y gobiernos, incluído el de Gustavo Petro, debido a que su proceso, al depender de fuentes de energías renovables como la energía solar, eólica e incluso la biomasa, logra que sus emisiones sean nulas, llamando así la atención al ser la principal estrategia para descarbonizar la matriz energía hacia 2050. Gustavo Petro acierta al decir que Colombia puede ser uno de los grandes generadores de hidrógeno verde en el planeta, dada la alta disponibilidad de fuentes de energía renovable para producirlo en el norte del país y cuenta con importantes reservas de petróleo, gas natural y carbón que le proporcionan una posición cercana a la autosuficiencia en materia de combustibles, ya que podría utilizarse para la producción de hidrógeno azul mediante la captura y almacenamiento de carbono. Sin embargo, el hidrógeno verde también puede presentar desventajas y hay que manejarlo con precaución si se piensa en una implementación y consumo interno del país según lo afirma Santiago Aldana, experto en transición energética e investigador de la Fundación POLEN: “sus elevados costos y su lentitud en desplegarse ponen una barrera para que el hidrógeno verde sea también masivo. Asimismo, la dependencia de su generación con sistemas conectados refuerza el concepto de los sistemas interconectados que promueven la centralización de la energía, sin permitir una efectiva autonomía energética”. Según Aldana, a pesar de las ventajas ambientales y climáticas del hidrógeno verde, en la actualidad, el hidrógeno azul, es decir, el del gas natural o petróleo, es mucho más barato y tiene mayor confiabilidad por aprovechar para su producción y distribución la estructura existente de la industria de combustibles fósiles; no depender de minerales nobles y extraños como el platino, el paladio, el titanio, entre otros, en los procesos de obtención; y requerir menos energía: al menos, seis veces menos energía de la que se requiere para producir hidrógeno verde. Según el estudio de la Fundación Heinrich Boll Stiftung, Hidrógeno en Colombia, si se hace mal podría ser peor, en el que desarrollan reflexiones sobre su posible implementación, se concluye que aún hace falta contemplar la manera en que se van a resolver posibles tensiones entre estas tecnologías y sus impactos en los recursos naturales y en los territorios. Es claro que el desarrollo del hidrógeno estará permeado por importantes discusiones de derechos humanos. Pero persisten preocupaciones con respecto a que sectores como el del petróleo, gas y carbón, o el de los agroquímicos, utilicen tecnologías de captura y de promoción del hidrógeno verde como una forma de hacer un lavado social de sus impactos en la totalidad del portafolio donde desarrollan sus actividades empresariales. En el país la producción de hidrógeno se sigue analizando desde una perspectiva puramente técnica y existen grandes vacíos sobre formas de identificar riesgos en el ambiente desde una perspectiva integral. Aún así, la posibilidad de que se esté planteando una alternativa hacia energías que puedan almacenar, transportar y generar de manera constante y limpia en un escenario afortunado como el de Colombia por su gran cantidad de recursos naturales, no es sólo una postura nunca antes asumida con tanta convicción, sino que es el momento de hacerlo bien.

Investigación: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Redacción, Graficación y Edición: Equipo de Comunicaciones Por primera vez un General de la República, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, aceptó máxima responsabilidad en casos de “falsos positivos” como Comandante de la Brigada XVI que opera en el Casanare y que estuvo involucrada en crímenes de lesa humanidad entre 2005 y 2008. En este texto ofrecemos una radiografía de la pirámide de mando de la Brigada XVI, de la que Torres Escalante era la punta sobre otros 20 militares que comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en septiembre. Los testimonios de estos militares en una audiencia en Yopal dan cuenta de la práctica sistemática de asesinatos extrajudiciales en Casanare entre 2005 y 2008. Sin embargo, la Brigada XVI no fue la única que participó en la ejecución de los “falsos positivos”, ni Casanare la única región donde se produjeron estos incidentes entre 2005 y 2008. Tampoco Torres Escalante era la punta más alta de una pirámide de mando que sigue subiendo por encima suyo hacia la Comandancia de las Divisiones el Ejército, Comandantes Generales, al Estado Mayor Conjunto y hasta la Comandancia de las Fuerzas Militares. La JEP ha identificado un total de 6.402 casos de “falsos positivos” en Colombia. ¿Quién dio la orden? La audiencia de reconocimiento en Yopal La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia de reconocimiento de verdad en Yopal, Casanare, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, en el marco del Macro Caso de Investigación 03 de “falsos positivos”. El objetivo de esta audiencia fue esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército Colombiano entre enero de 2005 y diciembre de 2008 en el departamento del Casanare. Durante estos tres días, 21 miembros del Ejército que pertenecieron a la Brigada XVI, un funcionario del desaparecido DAS y dos civiles, se presentaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y públicamente reconocieron su responsabilidad en la desaparición y asesinato de aproximadamente 303 personas en eventos de ejecuciones extrajudiciales: asesinatos de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Esta audiencia fue catalogada como “histórica” por la magistratura, ya que por primera vez un General de la República, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, aceptó máxima responsabilidad en los asesinatos investigados por la Sala de Reconocimiento del tribunal especial. Y lo hizo al frente de 116 víctimas, que después de varios procesos previos de reparación se presentaron con el objetivo de conocer la verdad y cuestionar a aquellos que fueron responsables material e intelectualmente de la pérdida de sus seres queridos. A pesar de que bajo el mando de Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional se encontraban los otros 20 exmilitares que comparecieron ante la JEP en Yopal, el exlíder arremetió en sus declaraciones contra sus mandos militares superiores, especialmente contra el entonces Comandante del Ejército (2006-2008), General (R) Mario Montoya, alegando que las presiones ejercidas por estos influyeron en la perpetración de los homicidios. Sostuvo que las demandas implacables de sus superiores por resultados operacionales a toda costa llevaron a algunos miembros de la brigada a cometer acciones atroces sin considerar las consecuencias éticas y legales. La pirámide de mando en el Casanare Torres Escalante era simplemente otro eslabón en la compleja estructura de mando del Ejército, un nivel más en una pirámide de la que él no era la punta, pero sí un mando superior frente a los otros 20 militares que comparecieron ante la JEP en Casanare. Entender la pirámide de mando es esencial para comprender el fenómeno de los “falsos positivos”. En el Gráfico No. 1 dibujamos una parte de la pirámide, la Brigada XVI, coronada por Torres Escalante, y compuesta por los otros 20 militares involucrados en el caso. Haga clic en los recuadros para ver las personas que ocuparon los mandos en aquella época (si está desde su celular, úselo de manera horizontal a la hora de navegar el gráfico para verlo más grande): Gráfico No. 1. Comparecientes Brigada XVI - Ejército Nacional 2005-2008 Elaborado por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana El Gráfico No. 1 representa la estructura jerárquica y organizativa de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre 2005 y 2008. Esta Brigada formó parte de la Cuarta División del Ejército hasta 2009, cuando se creó la Octava División y pasó a formar parte de ella. Esta Brigada se ubica en Yopal y opera en el departamento del Casanare y cuatro municipios del departamento de Boyacá. Estaba conformada por cinco batallones, el Grupo de Montado No. 16 “Guías de Casanare” y el Grupo Gaula Militar Casanare, todos bajo la orden de Torres Escalante, por unidad de mando. De estos grupos, fueron dos los implicados en los casos de falsos positivos: el Grupo Gaula Militar Casanare y el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”. El Grupo Gaula Militar Casanare es importante porque se dedicaba principalmente a actividades de inteligencia y prevención del secuestro y la extorsión, por lo que resulta sorprendente que este Grupo tenga un número significativo de víctimas en casos de falsos positivos. Por su parte, el Batallón de Infantería No. 44 incluía unidades como el Grupo Especial Caníbal, la Sección Segunda de Inteligencia del Batallón y los Batallones de Contraguerrilla 29 y 65. Estos grupos específicamente se destacaron en las audiencias debido a su participación directa en los casos investigados por la JEP. En el Gráfico No. 1 se pueden observar los generales, comandantes, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos segundos, cabos primeros y soldados profesionales que comparecieron ante la JEP y que hacían parte del Grupo Gaula Militar Casanare. Están dispuestos de izquierda a derecha siguiendo la cadena de mando. Además, se presentan los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, sargentos primeros, sargentos segundos y cabos segundos del Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”, reflejando su posición en la jerarquía militar. En resumen, el Gráfico No. 1 proporciona una visión detallada de la estructura organizativa de la Brigada XVI. Consecuentemente, presentamos la estructura jerárquica del área de operaciones del Ejército Nacional. La Tabla No. 1 se encuentra dividida en tres apartados: los comandos, que se refiere a la unidad militar en cuestión; la descripción de la unidad militar, en la que se describe su alcance y objetivos; y el rango de mando, que hace referencia a los puestos del escalafón militar que suelen ocupar el comando de las unidades. Tabla No. 1. Rango Jerárquico Operativo Militar Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) En la Tabla No. 2 se muestra la estructura jerárquica del Ejército Nacional. Para la construcción de esta tabla se tuvieron en cuenta variables como la jerarquía militar, el grado de clasificación, la descripción del rango y los escalafones que lo componen. Tabla No. 2. Escalafón Jerárquico Militar Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Declaraciones de los exmilitares: una confesión del horror Dentro de las múltiples declaraciones en Yopal, destacó la del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, quien como excomandante de la Brigada XVI entre diciembre de 2005 y junio de 2008 aceptó ser el líder de una estructura criminal que perpetró falsos positivos. A pesar de no admitir haber dado órdenes directas para llevar a cabo estos actos violentos, asumió con vergüenza la carga de responsabilidad que conllevaba su posición en la organización. También reconoció haber participado en un acto de fraude a la justicia al sobornar al Teniente (R) Marco Fabián García Céspedes, antiguo Comandante del Grupo Delta 6 del Batallón de Infantería No. 44, con una suma de 45 millones de pesos para que cambiara algunas acusaciones en su contra. Curiosamente, justificó su acción como un intento de hacer que García Céspedes “dijera la verdad”, alegando que sus anteriores declaraciones eran falsas. Esta revelación suscitó controversia, ya que Torres Escalante trató de camuflar el soborno como “ayuda”, lo que plantea interrogantes sobre sus motivaciones y ética. Además, el excomandante de la Brigada XVI admitió su responsabilidad en otro acto controversial: impedir que el ex Coronel (R) Henry Acosta Pardo del Batallón de Infantería No. 44, se sometiera a un polígrafo enviado por la Cuarta División. Este obstáculo, según su confesión, surgió a raíz de su ego y soberbia, ya que no le habían notificado previamente sobre la prueba. Sin embargo, muchos testimonios de la audiencia dieron cuenta de la práctica sistemática de asesinatos extrajudiciales en Casanare entre 2005 y 2008: El Sargento Retirado Faiber Alberto Amaya Ruiz, antiguo Comandante del Grupo Delta 4, se sinceró sobre los eventos que llevaron al señalamiento y trágico asesinato de Jair Tarache Cruz, un joven menor de edad indefenso, en el sombrío abril de 2006. Faiber rememora a Jair como una persona sencilla y humilde, cuyo único “pecado” fue haber sido estigmatizado por los miembros de la fuerza pública. Por otro lado, el Teniente Retirado Marco Fabián García Céspedes, ex Comandante del Grupo Delta 6, quien comandó diversos grupos especiales de la Brigada XVI, admitió haberse extraviado en una convicción errónea de hacer lo correcto ante sus superiores, mientras cerraba los ojos y los oídos al dolor que afligía a innumerables personas. En su confesión, se vislumbra el remordimiento de quien reconoce su participación en acciones con consecuencias nefastas. La historia se torna aún más sombría en el relato de Edwin Leonardo Toro Ramírez, Teniente Retirado y excomandante del Grupo Delta 5, así como miembro del Gaula Casanare. Este hombre recuerda con pesar cómo algunos soldados, incluido él mismo, se negaron inicialmente a seguir órdenes de asesinato, pero cómo luego él mismo puso fin a la vida de Jair Tarache Cruz. El Sargento (R) Wilson Burgos, ex Comandante del Pelotón Cobra 2; Grupo Especial Arpía; Grupo Guerrero 3, del Batallón de Infantería No. 44, con la carga de la verdad sobre sus hombros, contó su parte de la historia. Ante la magistrada Catalina Díaz se le cuestionó sobre por qué dispararon a personas en estado de indefensión. Su respuesta fue cruda y despiadada: lo hizo con pleno conocimiento, con el único propósito de ganar cinco días de permiso y obtener condecoraciones, además de la posibilidad de viajar al extranjero. La estigmatización fue la semilla de la tragedia, llevando a los soldados del Batallón de Infantería No. 44 a seleccionar a sus víctimas entre personas vulnerables e indefensas, dividiendo a la población en una dicotomía cruel entre “gente de bien” y “bandidos”. El Coronel Retirado Marcolino Jiménez expresó ante la JEP que las órdenes que recibían provenían del General (R) Montoya a través de programas radiales. Las palabras crueles como “carrotancados de sangre” y la orden de “saquen los muertos de la nevera” retumbaron en su memoria. La sombra del Montoya se extiende sobre estos relatos, ya que la JEP lo imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad. Jhon Suancha, quien fuera Teniente del Grupo Militar Gaula Militar Casanare, arrojó luz sobre otro lado de la tragedia al mencionar al General (R) Carlos Arturo Suárez Bustamante, a quien señaló como el “padre de la omisión” en los falsos positivos. A pesar de conocer las denuncias, Suárez Bustamante continuó solicitando bajas, perpetuando el horror. También se levantaron acusaciones contra el Juez Penal Militar Guerra Chinchía, cuyas irregularidades llevaron a la JEP a considerar una compulsa de copias a la Fiscalía. Estos testimonios revelan la profundidad de la complicidad en el encubrimiento de estos crímenes. Jaime Alberto Rivera, exjefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula Casanare reconoció que sus acciones contribuyeron al asesinato de 59 personas. Su confesión, cargada de culpa, se manifiesta en la devolución de una medalla de condecoración que recibió del Gaula como un amargo premio. Además da cuenta de que este fenómeno no se trató únicamente de asesinatos de personas indefensas, sino que también existió todo un aparato de inteligencia al interior del Ejército que planeaba, de manera deliberada, estos hechos. El Mayor Retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, señalado por varios comparecientes como uno de los responsables de los falsos positivos en Casanare durante su comandancia del Gaula en esa región entre 2006 y 2007, relató las constantes presiones por resultados y cómo el General (R) Torres Escalante le mostraba un tablero acrílico que llevaba el conteo de bajas. Además, reveló la existencia de un grupo de oficiales y suboficiales que calificó como “expertos para dar bajas”, un título aterrador que evoca la oscuridad de aquellos días. Soto Bracamonte también reconoció su culpa en los casos de las víctimas Zubieta Hernández y Ríos Rodríguez, quienes fueron asesinados e incinerados en la vereda La Graciela, de Aguazul, Casanare. El ocultamiento de las identidades de las víctimas era un macabro patrón que utilizaban los militares para mantener la impunidad. El Soldado Retirado Alexánder González Almario reveló cómo, siguiendo órdenes de sus comandantes, destruían los documentos de las personas que habían asesinado para evitar su identificación. Otros testimonios sugieren que incluso alteraban la escena del crimen, vistiendo a las víctimas con ropa diferente y colocándoles armas en las manos, para hacerlas pasar por guerrilleros y justificar sus acciones. El Cabo Primero Retirado Gélver Pérez García asumió la responsabilidad de haber participado en el asesinato de al menos 31 personas. Su confesión fue desgarradora, ya que admitió haber aprehendido, asesinado y torturado a personas inocentes como parte de una práctica sistemática. El Teniente Retirado Jhon Alexánder Suancha Florián también relató cómo fue transformado en una “máquina de guerra” en Casanare. Su testimonio reflejó la deshumanización a la que se vieron sometidos algunos miembros de las fuerzas armadas quienes, bajo la presión de los generales, perdieron su empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. En sus palabras, Suancha también aludió a la influencia de los generales que visitaban los centros de reclusión, presionando a los soldados y silenciando las voces disidentes. El Cabo Segundo (R) Leandro Eliécer Moná compartió la tragedia de haber ofrecido un aventón a un campesino sin saber que su gesto benevolente sería su condena a muerte. Sus palabras son un recordatorio angustiante de que las víctimas eran personas inocentes que perdieron la vida de manera injusta y cruel. Asesinaron 303 personas Las declaraciones de los exmilitares arrojaron luz sobre la magnitud de los horrores cometidos. Confesaron haber asesinado a 303 personas en 218 eventos diferentes en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca. Admitieron haber presionado a sus subordinados para lograr resultados operacionales a toda costa, despreciando la vida de las víctimas inocentes. Algunos incluso sobornaron a compañeros de armas para cambiar sus testimonios y encubrir la verdad. Las presiones para alcanzar resultados y la falta de escrúpulos en la presentación de informes de combate llevaron a la creación de una macabra estadística que los militares llamaron “carrotancados de sangre” y “litros de sangre”, haciendo referencia a las personas asesinadas. Estas revelaciones dejaron claro que la violencia indiscriminada y la falta de rendición de cuentas se habían apoderado de la Brigada XVI y, posiblemente, de otras unidades militares en todo el territorio nacional. La JEP investiga también Antioquia, Norte de Santander, Costa Caribe, Huila y Meta por casos de “falsos positivos” La Brigada XVI no fue la única que participó en la ejecución de los “falsos positivos”, ni Casanare la única región donde se produjeron estos incidentes entre 2005 y 2008. Es relevante tener en cuenta que otras brigadas tales como las Brigadas IV, VII, IX, X y XXX, también están siendo investigadas por la JEP en casos de “falsos positivos” durante dicho lapso de tiempo. El Gráfico No. 2 da cuenta de las estructuras del Ejército Nacional investigadas por “falsos positivos” en la JEP, haga clic en los recuadros para ampliar la información: Gráfico No. 2. Estructura Ejército Colombiano en relación a casos de falsos positivos 2005 - 2008 Elaborado por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente está investigando regiones como Antioquia, Norte de Santander, Costa Caribe, Huila y Meta en las que presuntamente hubo casos de “falsos positivos”, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Costa Caribe (División I): en esta división se encuentra la Décima Brigada del Ejército. Dentro de esta Brigada, el Batallón de Artillería No. 2, conocido como "La Popa", fue objeto de investigación. El mando de este Batallón estuvo a cargo del Coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, seguido por el Coronel Juan Carlos Figueroa Suárez. Norte de Santander (División II): en esta región, la Brigada XXX del Ejército tuvo un papel relevante. Su Comandante fue el Brigadier General Paulino Coronado Gámez, y dentro de esta Brigada se encuentra el Batallón de Infantería No. 15 y la Brigada Móvil No. 15, comandada por el Coronel Santiago Herrera Fajardo. Antioquia (División I y luego División VII): la Brigada de Antioquia estuvo inicialmente anclada a la División I, pero en 2015 se creó la División VII, y la Brigada IV pasó a estar bajo su jurisdicción. Es importante destacar que los casos de “falsos positivos” involucraron a la Brigada IV mientras estuvo en ambas divisiones. El Comandante de la Brigada IV fue el General Mario Montoya Uribe. En particular, el Batallón de Infantería No. 4, bajo el mando del Teniente Coronel Julio Alberto Rivera Carballo, luego de Iván Darío Pineda Recuero, quien estuvo implicado en estos eventos. Meta (División IV - Brigada VII): en la región del Meta, específicamente en la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21, conocido como "Batallón Pantano Vargas", fue objeto de investigación. Durante aquél tiempo, tres comandantes estuvieron al mando: Héctor Alejandro Cabuya de León, Néstor Sánchez Aguirre y Jairo Martín Sandoval Moncayo. Estas brigadas, dentro de sus respectivas divisiones, jugaron un papel en los eventos relacionados con “falsos positivos” durante los años investigados por la JEP. Torres Escalante no era la punta de la pirámide: ¿quién dio la orden? ¿Quién estaba en el mismo nivel que Torres Escalante en la pirámide de mando del Ejército Nacional entre 2005 y 2006? Algunos comandantes de brigadas investigadas por la JEP en casos de falsos positivos, que podríamos reconocer como “compañeros de piso” de la pirámide de mando junto a Torres Escalante, fueron: Coronel Jaime Alfonso Lasprilla, Comandante de la IX Brigada en el Huila entre 2006 y 2007; General William Pérez Lasprilla, Comandante de la IX Brigada en el Huila entre 2007 y 2008; Mayor General Mario Montoya Uribe, Comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003; Brigadier General Paulino Coronado Gámez, Comandante de la Brigada XXX entre 2006 y 2008i. Encima de ellos en la pirámide, como Comandantes de las Divisiones, estaban: Brigadier General Justo Eliseo Peña como Comandante de la División I entre 2005 y 2007; Brigadier General Carlos Ovidio Saavedra como Comandante de la División II entre diciembre de 2004 y noviembre de 2007; Brigadier General Hernando Pérez Molina como Comandante de la División III en 2005; Luis Antonio Coronado León como Comandante de la División IV en 2005; General Gustavo Matamoros como Comandante de la División V entre 2006 y 2007; Jairo Erazo como Comandante de la División V entre 2007 y 2009; Brigadier General Carlos Suárez Bustamante Comandante División V en 2005; Luis Alberto Ardila Silva como Comandante de la División VI también en 2005; y en la División VII el Brigadier General Óscar González Peña en 2005. Por encima de los Comandantes de las Divisiones mencionadas se destacaban figuras importantes en la jerarquía militar y política de Colombia durante ese período como Reinaldo Castellanos, quien ocupó el cargo de Comandante del Ejército entre 2005 y 2006, seguido por Mario Montoya Uribe, quien lo desempeñó desde 2006 hasta 2008, ambos investigados por la JEP. Más arriba en la cadena de mando se encontraban Freddy Padilla León, quien sirvió como Jefe del Estado Mayor Conjunto de 2003 a 2006, y David René Moreno, que ocupó el mismo cargo en 2007. Más arriba en la pirámide se situaban el Comandante General de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ovalle, en el período de 2005 a 2007, y nuevamente Freddy Padilla Léon entre 2007 y 2010, los dos investigados por la JEP. Es relevante mencionar que, durante el año 2005, el ministro de Defensa fue Jorge Alberto Uribe Echavarría, quien estuvo en funciones hasta el 19 de julio. Luego asumió el cargo Camilo Ospina Bernal, quien ejerció como ministro de Defensa desde 2005 hasta 2006. Posteriormente, la responsabilidad recayó en Juan Manuel Santos Calderón, quien ocupó el cargo desde 2006 hasta 2009. Durante este periodo (2005-2008), caracterizado por un incremento en los casos de falsos positivos, Álvaro Uribe Vélez ocupó la Presidencia de la República de Colombia. Según los hallazgos de la investigación llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Macro Caso 03, se han identificado un total de 6.402 casos de falsos positivos en Colombia. **** Vea las tres audiencias completas del caso Casanare, aquí: 18 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=efeJV8Q4CwE 19 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=fHVMPnXbj88 20 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=i1WWWhIL7_Y i Sobre los Comandantes de las Brigadas VII y X no se encontró información en los documentos publicados por la JEP ni en medios de comunicación.

Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Proclama del Cauca El pasado viernes 29 de septiembre,el Estado Mayor Central (EMC)público a través de su cuenta de X la posible disolución del grupo de contingencia pactado conel Gobierno Nacional, cuya función seríaresolver las dificultades que se presentaran previas al cese al fuego.Según se publicó en su cuenta, dicho grupo se disolvería debido acciones contraofensivas del Gobiernoque generan“incapacidad de parar la guerra”. El grupo de contingencia que va desde el 19 de septiembre de 2023 al 08 de octubre de 2023, tendría la responsabilidad de generar una antesala a la instalación de la Mesa, de tal forma que se encargaría de generar ajustes a los acuerdos, protocolos, concertaciones y consultas. Sin embargo, durante las últimas semanas, más allá de generar un escenario de confianza, se han visto un conjunto de comunicados y acciones que no aportan a consolidar un clima político favorable para la instalación de la Mesa Diálogos con el EMC. Los hechos Tras un día del anuncio de instalación de la Mesa de Diálogos, desde primeras horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre se llevaron a cabo tres atentados en varios municipios del Norte del Cauca. El primer atentado fue un carro bomba contra la estación de policía del corregimiento de Timba, en el que al menos dos personas fallecieron y dos más quedaron heridas. Una de las víctimas mortales sería la profesora Luz Stella Balanta Solís, quien se dirigía a la escuela de Timba. Los otros dos atentados se realizaron a una base militar en Suárez y una estación de policía en Santander de Quilichao, donde la comunidad empezó a advertir la aparición de volantes, panfletos, un cilindro de gas y pancartas alusivas a la Columna Jaime Martínez del EMC debajo del puente de la entrada a San Rafael, sobre la vía Panamericana, y donde horas más tarde se perpetró un ataque a la Fuerza Pública. Frente a estos ataques, el 22 de septiembre salió un comunicado del EMC-FARC-EP en el cual aceptarían que esta acción de guerra contra la estación de policía, ubicada en medio de la población civil entre un colegio y el hospital, habría incurrido a una infracción a normas del Derecho Internacional Humanitario. Así, en miras a reducir las afectaciones contra la población civil, ordenó a todos sus frentes, columnas y compañías la suspensión de acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra las fuerzas militares y policiales, al igual que la generación de garantías para que las fuerzas políticas desarrollen el proceso electoral. Dejando la aclaración de que, entendiendo que no hay cese al fuego bilateral, se reservaban el derecho a la legítima defensa. El comunicado salió mientras comunidades de la región fronteriza de Antioquia con el Sur de Bolívar denunciaron fuertes enfrentamientos entre el ELN, EMC y el Clan del Golfo, dejando serias afectaciones en la población y desplazando al menos 260 personas. Al día siguiente, el 23 de septiembre la comunidad de las veredas Las Auras y La Cristalina en Briceño, Antioquia, reportaron combates, enfrentamientos y ataques a la población civil por parte del Frente 36 de las EMC de las FARC-EP y el Clan del Golfo. El 28 de septiembre, tras la llegada de integrantes del Ejército Nacional a la zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, se registraron combates entre el EMC y el Ejército Nacional. Frente a dicho enfrentamiento se publicaría, en la red social X por parte de @EMCFarcEp que, ante el reporte de operaciones militares en varias regiones del país, “se reservan el derecho a la legítima defensa”. Ese mismo día fueron entregados los soldados profesionales Nelson Gabriel Vásquez y Edwer Paz Pantoja, prisioneros de guerra custodiados por el Frente Franco Benavides de las FARC-EP al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como gesto de paz en el marco del acuerdo que había sido anunciado el 19 de septiembre. El 29 de septiembre sería un día crítico para las negociaciones, debido a las álgidas declaraciones que desde la mañana empezó a publicar el EMC a través de su cuenta de X. En primer lugar se anunció la posible disolución del grupo de contingencia, mencionando que los escoltas del jefe de la Comisión de Diálogo de las FARC-EP, Andrey Avendaño, fueron agredidos por miembros del Ejército Nacional, quienes en actitud hostil hacían presencia fuera del hotel, donde se estaría quedando la Delegación. El día transcurrió entre combates en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, dejando un militar muerto y varios heridos. De acuerdo con medios locales, habitantes de cuatro veredas se han desplazado al coliseo de esa zona para resguardarse. Al finalizar el día, el cabecilla del EMC alias “Iván Mordisco”, señaló a través de un video que, a pesar de las operaciones militares, se mantiene la posición de un cese de acciones violentas contra el Ejército y la Policía. Sin embargo, pidió al presidente Gustavo Petro tomar medidas para proteger los Diálogos. Finalmente, el 30 de septiembre, pese a los hechos violentos ocurridos en el Cauca, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que actualmente se encuentra ajustando detalles correspondientes a la instalación de la Mesa, los cuales pasan por garantizar una amplia participación de la comunidad del Catatumbo, junto a autoridades locales y departamentales, más el acompañamiento de varios países como testigos del evento. La Delegación de la Mesa de Diálogos del Gobierno ratificó el propósito de avanzar en los acuerdos que permitan beneficiar a las comunidades y alcanzar la Paz en todo el territorio nacional. El reto: negociar en medio del conflicto Sin lugar a duda el anuncio del 19 de septiembre fue un respiro para las comunidades tras la intensificación de acciones armadas en varias regiones del país, y los últimos comunicados de las dos delegaciones, tanto del EMC como del Gobierno Nacional, bajan la temperatura y la tensión de las últimas semanas, además de poner sobre la mesa, una vez más, la necesidad de proteger a la sociedad civil, que sigue estando entre el conflicto. Así, es necesario acoger las voluntades de paz y encontrar mecanismos que permitan blindar la Mesa de Negociación. En el mes de septiembre se presentaron diversos combates en los cuales han estado involucrados varios grupos armados, tal como el que ocurrió el 23 de septiembre entre el ELN y el EMC. Es claro que la guerrilla estaría involucrada en disputas territoriales, especialmente en el Sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo. Por ello sería conveniente y urgente acercar a los negociadores con el fin de pactar una posible tregua que reduzca el impacto en las comunidades. De igual forma deben empezar a aplicarse los protocolos de respeto a la población civil, apuntando a un des-escalamiento de las hostilidades y brindando un acompañamiento directo a las poblaciones que se han venido desplazando a causa de los últimos enfrentamientos. Por ahora, queda esperar que mientras se da la instalación de la Mesa de Diálogos el 08 de octubre, se encuentren mecanismos de comunicación efectivos que tengan la capacidad de manejar posibles dificultades y que todas las partes estén en la disposición de dar garantías de protección a las comunidades.

Por: Redacción Pares Semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023 Se van a cumplir dos meses del inicio del cese bilateral al fuego entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y todo indica que está funcionando, así lo evidencia un informe presentado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) que muestra cifras de cero de ataques y muertos en confrontaciones armadas entre estas dos partes. No se puede decir lo mismo de las confrontaciones del ELN con otros irregulares, las cuales se mantienen en varias regiones del país. Esta semana se dio una situación muy delicada que debe ser motivo de análisis y pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación: el Estado Mayor Central de las Disidencias de la FARC (EMC-FARC-EP), en Arauca, entregó unos combatientes del ELN que habían sido capturados en las semanas anteriores entre Tame y Cravo Norte. Fueron entregados a una misión humanitaria en la que estaban el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. En el trayecto entre Saravena-Arauca, la caravana fue detenida por personas de civil, armadas, que hicieron bajar a los militantes del ELN y se los llevaron. Todo parece apuntar a que es una acción del Frente de Guerra Oriental del ELN. Estos hechos fueron denunciados por el CICR, el Alto Comisionado de Paz y otras entidades. Hay versiones que apuntan a que estos hechos son una abierta violación al Derecho Internacional Humanitario y una afectación a la misión humanitaria y también hay otras valoraciones en sentido contrario, de ahí la importancia del pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Siguen las actividades de promoción de la participación y se está a la espera de la programación de los quince encuentros temáticos y los nueve encuentros regionales que deben transcurrir entre octubre y noviembre para recibir los insumos con los cuales el Comité Nacional de Participación, construya el Plan Nacional de Participación, que debe iniciar en febrero del 2024. 1. Reporte del conflicto con el ELN – Mejora el cumplimiento del cese al fuego en su segundo mes: https://www.blog.cerac.org.co/reporte-del-conflicto-con-el-eln-34 Reporte del CERAC afirma que acciones ofensivas del ELN han disminuido: https://www.bluradio.com/nacion/en-septiembre-el-numero-de-acciones-ofensivas-atribuidas-al-eln-bajo-significativamente-c-rg10 3. Sesión del Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca: https://news.eseuro.com/local/2312557.html 4. “Estamos contribuyendo para que nuestro país viva una verdadera paz”: gobernadora del Valle: https://www.soydebuenaventura.com/articulos/estamos-contribuyendo-para-que-nuestro-pais-viva-una-verdadera-paz-gobernadora-del-valle 5. Unicauca generando espacios de construcción de paz en Santander de Quilichao: https://radio1040am.com/2023/09/30/unicauca-generando-espacios-de-construccion-de-paz-en-santander-de-quilichao/ 6. Las propuestas de niños, niñas y adolescentes llegarán a la mesa de diálogos con ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-el-eln-ninos-ninas-y-adolescentes-participan-en-proceso-de-paz-gobierno-petro/ 7. El ELN intercepta misión humanitaria en Arauca: https://www.youtube.com/shorts/rfKjjxf4N5A 8. El cese al fuego bilateral y los diálogos de paz con el ELN: https://viva.org.co/cajavirtual/svc0844/articulo04.html?s=09 9. Paz Total a revisión - Columna de Rafael Pardo: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/paz-total-a-revision-GF22502422 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género La "Marcha por la Vida", convocada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo el pasado miércoles, reafirma la estrategia de Gustavo Petro de buscar apoyo popular en las calles. En medio de la desaprobación a su gestión, 61% para el mes de agosto, y en un ambiente político que le dificulta consolidar mayorías en el legislativo, estas manifestaciones se convierten en el espacio en el que Petro intenta mostrar que su situación es menos desalentadora de lo que parece. Además, en este escenario le es posible enfatizar una idea que repite constantemente en sus discursos: que las reformas impulsadas por el Gobierno cuentan con el respaldo de la ciudadanía “de a pie”, mientras que aquellos que se oponen a ellas van en contra de la voluntad popular. Al cierre de la jornada el presidente hizo su alocución ante una importante asistencia que incluyó no solo a organizaciones sociales, jóvenes, indígenas, sino también a políticos del Pacto Histórico y exministros. Puso en el centro de su discurso la vida humana y la vida de la naturaleza, destacando su anhelo de que al final de su gobierno, las personas puedan sentir que viven mejor que antes. Para lograr este propósito el presidente se enfoca en la necesidad de hacer un cambio, el cambio por el que votaron 11 millones de colombianos, y que se materializa, de acuerdo con su discurso, en las reformas que ha propuesto y que constituyen el núcleo de su gobierno. Durante los cuarenta minutos que habló, trató temas como la jornada laboral, los servicios públicos, la salud y la educación. Asimismo, hizo un llamado a un gran Acuerdo Nacional, esta vez enfocándose en tres puntos concretos para dicho acuerdo: la verdad, insistiendo en que toda la verdad oculta debe salir a la luz para que toda la sociedad colombiana comprenda su país; las tierras, con la propuesta de hacer que la tierra productiva efectivamente produzca alimentos y convertir a Colombia en una potencia alimentaria impulsando una reforma agraria; y la educación, abogando por una educación integral en todos los niveles para toda la sociedad colombiana. A pesar de que uno puede asentir ante muchas de las frases de Petro e incluso emocionarse al escucharlas, siempre aparece una enorme duda sobre las posibilidades reales de materializar estos cambios. Duda que se intensifica a medida que pasa el tiempo, ya que cada día que transcurre es uno menos de su gobierno. Esto descontando que también nos enfrentamos a la incertidumbre que proviene de no conocer con certeza cuál sería el resultado final si decidimos poner en marcha todas estas transformaciones a la vez. Hasta el día de hoy parece razonable afirmar que una agenda de reformas tan amplia y un Acuerdo Nacional de tal magnitud requieren ciertos elementos que el Gobierno no ha demostrado tener. En primer lugar, necesita apoyo político no solo en las calles, sino también en el legislativo. A pesar de las declaraciones de Petro acerca de que su estrategia es movilizar, sin el respaldo del Congreso y sin un liderazgo sólido en su bancada, el camino hacia las transformaciones se ve plagado de obstáculos. En segundo lugar, se necesita un equipo de gobierno sólido, competente y estable que brinde la capacidad de implementación necesaria. Al menos dos eventos evidencian la falta de esto: los frecuentes cambios de gabinete que ha experimentado el gobierno Petro en el año que lleva en el cargo y los problemas de ejecución presupuestaria. Hasta agosto de este año, apenas se había ejecutado el 11,11% del presupuesto. En tercer lugar, se requiere legitimidad que no solo se manifieste en las calles a través del respaldo incondicional a todas las acciones del Gobierno, sino que también se traduzca en la reconquista de quienes originalmente apoyaron su proyecto pero que, ante la ausencia de resultados, se han alejado de su propuesta política. Petro ha escogido un camino para estas transformaciones: todos los temas a la vez, todo en este Gobierno y siempre la movilización social como estrategia. Un camino al que es fácil calificar de caudillista. Una ruta ambiciosa que hasta el momento deja ver pocos resultados. Sin embargo, al concluir su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente señaló dos elementos que bien podrían ayudarlo a mirar otra ruta. Por un lado, dijo que las negociaciones de paz con el ELN están alcanzando un nivel que nunca antes se había logrado en la historia. Están llegando a un punto de no retorno, manifestó. En segundo lugar, expresó explícitamente que no tiene la intención de permanecer en el Palacio de Nariño, un lugar que describió como frío, helado y feo. En cambio, dijo, espera que a su gobierno le suceda otro gobierno progresista. Quizás una fórmula adecuada sería reemplazar la estrategia de abordar todo de manera simultánea en este gobierno. En lugar de intentar impulsar todas las reformas a la vez, podría concentrarse en lograr un acuerdo histórico con el ELN y avanzar en alguna de las reformas que están sobre la mesa. Además, en lugar de centrarse en que todo ocurra bajo el liderazgo exclusivo de Gustavo Petro, podría comprender que los cambios pueden ser más sostenibles en el contexto de un proyecto político a más largo plazo y que la sociedad colombiana necesita más que un solo gobierno para comprender la necesidad de estas transformaciones significativas y sumarse a ellas. Quizás el cambio más significativo que puede dejar este gobierno es allanar el camino, abrir una senda para la consolidación de un proyecto político progresista en el que no solo esté la voz de Gustavo Petro, más colectivo y menos caudillista, en el que por supuesto la paz, la equidad y la inclusión estén en el centro. De esta manera, puede abrirse la posibilidad de que, transcurrido el tiempo, haber tenido un gobierno de izquierda no quede solo como una anécdota en nuestra historia. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Ecoologic El pasado 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo la II Convención Internacional de Emergencia Climática 2023 en la ciudad de Bogotá. Este encuentro congregó a más de mil personas en la Cámara de Comercio, en el que su objetivo principal fue promover el intercambio de conocimientos, reflexiones e inspiración para abordar de manera efectiva la crisis climática que enfrenta nuestro planeta. (Ver: Bogotá se prepara para la Convención Internacional de Emergencia Climática 2023) La II Convención Internacional de Emergencia Climática reunió a un amplio espectro de expertos y líderes nacionales e internacionales de diversas organizaciones, entidades gubernamentales y ONGs. A lo largo de dos jornadas llenas de emoción, se exploraron temas clave para la gestión climática, incluyendo género y clima, calidad del aire, movilidad sostenible, finanzas climáticas, biodiversidad, economía circular y desarrollo urbano resiliente. Una de las ponentes fue Bina Venkataraman, asesora para la innovación en el cambio climático en el Gobierno de Barack Obama. Su mensaje resonó profundamente entre los asistentes, instándolos a mantener el optimismo y a encontrar nuevas formas de aprovechar las oportunidades que la naturaleza nos ofrece para la restauración ambiental. El evento contó con la participación de expertos de renombre internacional, como Ferruccio Santetti, director regional en América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI); Andrea Bizberg, asesora técnica en calidad del aire en C40 Cities; IIan Cuperstein, director regional de C40 para América Latina; Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project; y Cristina Argudo, subdirectora regional de C40 para América Latina, entre otros. Alejandra Cifuentes, directora de involucramiento y gobernanza climática de Camino Hacia Carbono Neutral, compartió sus reflexiones sobre este evento. Más de 60 invitados, tanto nacionales como internacionales, se unieron para participar en diálogos climáticos, talleres, conversatorios y paneles de discusión centrados en cuestiones cruciales para la agenda climática de nuestro país. Entre estos temas, Cifuentes mencionó que se abordó el futuro de la emergencia climática, dado que el departamento de Antioquia y la Ciudad de Bogotá han declarado estados de emergencia climática, definiendo las acciones estratégicas necesarias para avanzar hacia un territorio resiliente y carbono neutral. Además, se profundizó en otros temas esenciales para lograr este objetivo, como el desarrollo urbano resiliente, las finanzas climáticas, la biodiversidad y los ecosistemas, y cómo estas estrategias de conservación desempeñan un papel fundamental en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. También se exploraron temas como el crecimiento verde, la economía circular, los empleos verdes, la movilidad sostenible, la calidad del aire y la gobernanza de la emergencia climática. Un aspecto crítico, especialmente en el contexto de Colombia y otros países latinoamericanos y caribeños, es la equidad de género y su integración en las acciones climáticas. En este espacio se profundizó en este tema, destacando la importancia del enfoque de interseccionalidad para distribuir de manera justa tanto los beneficios como las responsabilidades del cambio climático entre hombres y mujeres, permitiendo que ambos géneros accedan a oportunidades en la acción climática y mitiguen los efectos de la crisis. Además, se resaltó la relevancia del panel de gobernanza climática, en el cual Natalia Leber, directora de Climate Reality América Latina, analizó los compromisos de las grandes industrias frente a la crisis climática y se señaló un tema controvertido relacionado con la presidencia de la COP28, que recae en uno de los presidentes de la mayor empresa de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea un conflicto de intereses. Durante estos dos días de encuentro realizaron un llamado a la acción y al compromiso del sector privado para acelerar la acción climática. Simultáneamente, se llevó a cabo la Academia Cero Emisiones, un espacio liderado por C40 Cities y la Alcaldía Mayor de Bogotá, destinado a visibilizar las acciones y estrategias de las áreas de cero emisiones en la región. Durante la convención, se anunciaron estrategias clave implementadas por el Distrito y el departamento de Antioquia, que se convertirán en legados para futuras administraciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la importancia de su mandato al tiempo que celebraba la concreción del Plan de Acción Climática, el Plan de Movilidad Sostenible y el Plan de Ordenamiento Territorial, proyectos que están alineados y que sirven como inspiración para otras ciudades de Colombia y el mundo. Por su parte, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, señaló que la Política de Acción Climática del Distrito, ahora política oficial, guiará la transición energética de la ciudad hacia la neutralidad de carbono en 2050 y la resiliencia ante el cambio climático. En Antioquia, el compromiso con la acción climática también es evidente, siendo el primer departamento en declarar la emergencia climática en el país. Se trabaja en la reducción de emisiones y en la gestión de la emergencia climática como modelo de referencia. En el marco de la convención, se anunciaron logros significativos, como la reducción de los gases de efecto invernadero en Bogotá en casi un 20% desde 2017 hasta 2022, el respaldo al referendo por los animales para prohibir las corridas de toros y la creación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). Según Alejandra Cifuentes, otro tema de suma importancia que se abordó fue el financiamiento climático, una cuestión crítica en Colombia, que enfrenta una brecha de más de 2 billones de pesos en este ámbito. Cifuentes explicó que la falta de recursos financieros es un obstáculo para que las comunidades y los territorios puedan llevar a cabo proyectos de la envergadura necesaria para alcanzar las metas nacionales en materia climática. En este contexto, se llevó a cabo un taller sobre financiamiento combinado, en el que participaron proyectos en sus etapas iniciales de formulación y emergieron con un sólido modelo de financiamiento climático. Durante este taller, se identificó cómo estos proyectos se alineaban con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuían a las metas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, en el contexto de la Contribución Nacionalmente Determinada de Colombia. Esta contribución busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030, y cuenta con 32 medidas de mitigación y 30 medidas de adaptación. Además, se analizó cómo estos proyectos se ajustaban al actual Plan Nacional de Desarrollo y cómo contribuían a aspectos estratégicos, como las comunidades energéticas, la transición justa y el crecimiento económico e industrial a través de la innovación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al finalizar el taller, los participantes recibieron un manual y una hoja de ruta que pueden aplicar en la ejecución de proyectos de descarbonización. También se exploró cómo comunicar de manera efectiva la crisis climática a través del arte, y para ello se contó con la participación de artistas que utilizaron diversas formas de expresión, incluyendo la música, el diseño y la ilustración, para transmitir de manera impactante el mensaje sobre la urgencia de abordar esta crisis climática. Es por esto que la cultura y el arte desempeñaron un papel fundamental para enriquecer el evento. Actuaciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y Latin Latas inspiraron a los participantes y enfatizaron la importancia de la acción climática. Además, se llevó a cabo una muestra comercial que destacó negocios verdes e iniciativas sostenibles, promoviendo productos con impacto positivo en el medio ambiente. Alejandra Cifuentes destacó la importancia de los espacios de participación de la sociedad civil en el evento. Se mencionó la veeduría del acuerdo distrital, específicamente el acuerdo 790 que declara la emergencia climática. En estos talleres se abordó un tema de gran relevancia que será discutido en la COP28: las pérdidas y los daños. Se discutió cómo avanzar hacia la creación de un fondo de pérdidas y daños, en preparación para la delegación colombiana que asistirá a la conferencia de las partes en Dubái este 2023. Además, durante este vento se compartieron experiencias territoriales sobre el avance hacia zonas de bajas y cero emisiones, una iniciativa promovida por C40 que insta a las ciudades a reducir sus emisiones, especialmente en el sector del transporte, y a establecer zonas en las ciudades donde se reduzcan significativamente estas emisiones. Este desafío implica una planificación territorial integral, una revisión del ordenamiento territorial, inversiones en infraestructura para el transporte y la movilidad sostenible, así como la formulación de políticas y regulaciones ambientales más estrictas, incluyendo la definición de límites máximos permisibles para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como el material particulado, un tema que se abordó y que reviste gran importancia. Alejandra Cifuentes mencionó que se espera que continúen surgiendo espacios como estos, ya que tanto el Gobierno central como las autoridades locales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bogotá, invitan a la ciudadanía y a aliados estratégicos a participar activamente en ellos. Estos espacios permiten la conexión, la formación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimientos sobre nuevas tecnologías, iniciativas y procesos de gobernanza en curso en los territorios para hacer frente a la crisis climática. Este evento fue posible gracias a la colaboración de numerosos aliados, incluyendo el Fondo Acción, Camino Hacia Carbono Neutral, C40 Cities, Global Green Growth Institute (GGGI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La II Convención Internacional de Emergencia Climática concluyó con éxito, dejando un legado de aprendizaje, reflexión y optimismo. Ahora, la invitación es a trabajar juntos, proponer acciones concretas para enfrentar este desafío y mantener una expectativa positiva sobre el futuro, con la naturaleza como aliada para la prosperidad de todos y todas.

Por: La Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Infobae y Caracol Radio Desde hace varios meses, La Fundación Paz y Reconciliación, (Pares), ha seguido de cerca las aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Maicao, de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro. El 11 de julio de 2023, entre bombos y caravanas, precipitando lo que sería su campaña, Samuel Santander Lopesierra hizo oficial su candidatura presentando 63.825 firmas ante la Registraduría General de la Nación, por el movimiento significativo ciudadano “Movimiento Alternativo Independiente”. La Registraduría Nacional hizo válidas 28,377 firmas de las 63.825 que presentó Lopesierra, dejando así el mínimo de firmas necesarias para dejar en pie sus pretensiones, sin embargo, actualmente su candidatura ha sido revocada debido a su excéntrico y problemático pasado. Fuente: Imágenes tomadas de la Fundación Paz y Reconciliación y El Colombiano ¿Quién es el Samuel Santander Lopesierra? Lopesierra nació en Maicao, es economista de South Illinois University, fue concejal de Maicao, y representante a la Cámara en el periodo de 1998 a 2002 por el Partido Liberal. Según Semana, fue considerado el Zar del contrabando en la década de los 90, puesto que logró posicionar su bodega “San José” en el municipio de Maicao en uno de los centros de distribución más grande de mercancía ilegal en todo el país, asimismo, fue acusado presuntamente por abastecer más de 50 centros de mercado, los llamados “sanandresitos” de dicha mercancía, sin pagar impuestos. Fue extraditado en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe y acabó su condena el 16 de agosto de 2021. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “fue culpable por introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos”. Desarrolló un millonario negocio de venta al por mayor de cigarrillos y licores, según Cambio. Las autoridades estiman que alcanzó a ingresar semanalmente al país 200.000 pacas de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky, todo era producto de contrabando. Además, participó en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Por otro lado, Caracol Radio, aseguró que la vinculación de Lopesierra con el proceso 8.000 mediante la revelación de unas conversaciones entre Elizabeth Montoya y Ernesto Samper donde esta prometía presentarles a personajes importantes del engranaje de La Guajira y que le realizarán un gran aporte. Elizabeth Montoya, alias “la monita retrechera” fue una empresaria que presuntamente habría gestionado una donación de medio millón de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper, producto de la mafia. Otro de los cuestionamientos que tiene encima Samuel Lopesierra, según el medio Verdad Abierta, es la presunta relación con el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien afirmó en su libro que el guajiro fue un colaborador de los ‘paras’, ya que reunió a varios empresarios guajiros con él y con Mancuso en 1997. En el libro Se creían Intocables (Planeta 2021) de Óscar Naranjo, se cita que el 4 de mayo de 1997 Lopesierra se presentó en la cárcel de Barrancas, La Guajira, para abogar por la libertad de dos hombres que hasta entonces no eran muy conocidos en la región: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. Según el testimonio de Naranjo, Lopesierra los necesitaba libres a ambos porque tenía pendiente una reunión con ellos en Riohacha para acordar los términos de un acuerdo que les abriría a los paramilitares las puertas del departamento. En su visita a la cárcel, el ‘Hombre Marlboro’ habría sido acompañado por Juan Francisco Gómez, alias ‘Kiko Gómez’, condenado a 55 años de cárcel por homicidio y sindicado por parapolítica, Gómez llegó dos veces a la Alcaldía de Barrancas y luego a la Gobernación de La Guajira. Su regreso a Colombia después de cumplir su condena se dio en el año 2021 y desde entonces, su nombre se ha hecho sonar, inicialmente, en el marco de las elecciones presidenciales de 2022, Lopesierra fue mencionado en el escándalo que enfrenta Nicolas Petro, por presuntamente entregar entre 500 y 600 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Desde sus primeros anuncios de querer llegar a la Alcaldía de Maicao, hasta la inscripción de su candidatura ante la Registraduría Nacional. La Fundación Paz y Reconciliación, hizo las primeras advertencias, sobre la inhabilidad que recaía sobre Lopesierra. En una entrevista con la W, el coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar, expuso que Lopesierra estaría inhabilitado según “el artículo 122 de la Constitución de Colombia establece que aquellas personas que se quieren candidatizar para cargo de elección popular, que hayan tenido condenas incluso por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, no podrán ni siquiera candidatizarse a cargos de elección popular”. Por otro lado, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, ratificó las mismas razones por las que puede caerse la candidatura del ex narcotraficante, refiriéndose al mismo artículo 122 de la Constitución ya mencionado anteriormente. Si bien ya las advertencias estaban hechas, desde La Guajira se instauró oficialmente la queja en contra de Lopesierra, por la presunta incursión en la inhabilidad del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, como se ha venido mencionando desde Pares. Por tal motivo, el 27 de septiembre de 2023 por unanimidad la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió revocar la inscripción de la candidatura de Samuel Santander Lopesierra, tras estudiar la ponencia presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, por la debida incursión de dicha inhabilidad ya mencionada. Aunque ya se dio a conocer la revocatoria de su candidatura, aún existe el recurso de reposición ante la misma sala del Consejo Nacional Electoral (CNE). Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Twitter de Ricardo Ospina Santa, como lo conocen en su pueblo natal, hizo su campaña de una manera tradicional, como es común en La Guajira en épocas electorales, a lo grande, entre vallenatos y caravanas recorrió el municipio de esquina a esquina, cada caravana fue hecha en grandes camionetas, todas con su rostro plasmado, sus recorridos y sus reuniones fueron de gran impacto dentro de la población, hasta el punto de convertirse en unos de los favoritos para llegar al mando del cargo público de la segunda ciudad más importante del departamento. Sin embargo, confiado en sus ideales y en su equipo jurídico, no contaba con que su pasado iba a ser el primer responsable de llevarlo a la derrota, a un mes de las elecciones. Fuente: Imágenes tomadas de la cuenta personal de Instagram de Samuel Santander Lopesierra

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Diario Occidente Cuerpos desmembrados, acciones sicariales, atentados contra empresas privadas, asesinato de funcionarios de la alcaldía, amenazas a jueces, periodistas y candidatos locales, censura de varios medios de comunicación y un incremento del 18% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022, son parte del desalentador panorama de la seguridad ciudadana que se vive en Tuluá, un municipio de la región central del departamento del Valle del Cauca con menos de 250.000 habitantes. Esta compleja situación de inseguridad y violencia se ha venido acentuando durante los últimos meses y deja de manifiesto la inoperancia de las autoridades locales y departamentales en razón del mantenimiento del orden público, la seguridad y la convivencia. Ahora bien, este tipo de hechos son perpetrados por actores delincuenciales que han venido consolidando su presencia y poderío criminal en el municipio, “La Oficina de Tuluá” o “La Inmaculada”, llamada así por el barrio donde surgió hace más de una década, es quizá el principal protagonista de este estallido criminal, controlando negocios ilegales como el microtráfico, la extorsión e incluso incursionando en negocios legales y con pretensiones políticas, permeando esferas del gobierno municipal. La Oficina se ha consolidado en la organización que, como ellos mismo lo refieren en un comunicado, “ejerce control territorial y orden” en este municipio del Valle. El otro protagonista de esta escena criminal sería la organización “Los Cancerberos, Grupo Armado en Defensa de la Ciudadanía Tulueña”, como se presentan en sus panfletos. Al parecer tienen una disputa frontal con “La Oficina” y aseguran estar alejados de las acciones delincuenciales que esta última sí realiza. En su “Comunicado Público No. 7”, fechado el pasado 21 de septiembre, en el que además de amenazar directamente a políticos, abogados, fiscales y jueces con nombres propios, “Los Cancerbero”s señalan que “…nuestro grupo no roba, no extorsiona, no pide, no exige, no trafica, como lo hacen las ratas hp de la oficina, nosotros somos un grupo armado patrocinado por comerciantes ricos, por esta razón si algún comerciante es extorsionado en nuestro nombre denuncie ante las autoridades que tendrán nuestro respaldo”. Es decir, se presentan como un grupo paramilitar de nivel local con vocación de “protección” ante la amenaza de “La Oficina”. A este grupo -“Los Cancerberos”- se les atribuye la amenaza a siete periodistas del municipio, alerta que encendió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordando que en los últimos dos años han registrado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá; poniendo en riesgo el libre ejercicio de la prensa y dejando en medio de la confrontación a los comunicadores. Panfleto del 21 de septiembre Para completar todo este panorama violento en el casco urbano del municipio, se suma la presencia de disidencias de las FARC en zona rural de Tuluá, específicamente la columna Adán Izquierdo del Estado Mayor Central, que realizó un hostigamiento a la subestación de Policía en el corregimiento de El Barragán el pasado mes de agosto. Más recientemente, el pasado 22 de septiembre, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias y la fuerza pública en el sector de Iberia Alta, en el corregimiento La Marina. Sin duda la situación en Tuluá es alarmante y pareciera que a la primera autoridad de policía del municipio, su alcalde John Jairo Gómez Aguirre, le importara muy poco. Aunque públicamente mantiene una postura de atacar a “La Oficina”, lo cierto es que aún no se notan acciones concretas para mermar los hechos de violencia e inseguridad, se han realizado varios consejos de seguridad que quedan en propuestas cortas de militarización y mayor presencia de fuerza pública, pero no se evidencian avances en investigación criminal y judicial que permitan la identificación y desarticulación de estas organizaciones delincuenciales que mantienen en zozobra a Tuluá. Todo esto se agrava de cara a las próximas elecciones locales que se desarrollarán en un mes, pues parece que no existen garantías de participación política y existe un alto riesgo electoral. En este sentido es preciso que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes, de Policía y Fiscalía lleguen a intervenir de manera integral este contexto violento, investigando reales responsabilidades y pretensiones de estos grupos por el control territorial, así como la posible complicidad con actores políticos y económicos de esta zona del Valle, atendiendo al carácter geográficamente estratégico de Tuluá como un punto de encuentro entre el puerto de Buenaventura, el Eje Cafetero y el centro del país, rutas tradicionalmente asociadas al tráfico de drogas. Tuluá tiene todas las características necesarias para convertirse en un nuevo laboratorio de Paz Urbana en el marco de los procesos de acercamiento con organizaciones y bandas delincuenciales dentro de la idea de Paz Total que se encuentra liderando el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, así como se ha dado en Quibdó, Buenaventura y en el Valle de Aburrá, lo que podría significar un alivio para la ciudadanía tulueña, pues la situación, como se evidencia, es bastante preocupante.

Por: La Línea de Democracia y Gobernabilidad Fuente: Semana Durante los diez (10) meses que van del calendario electoral (29 de octubre de 2022- 29 de agosto 2023), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) registró 175 hechos de violencia político electoral que han dejado un saldo de 219 víctimas únicas. El Valle del Cauca se ubica en el segundo lugar, detrás de Antioquia, como uno de los departamentos con más hechos. Hasta la fecha de corte, se han presentado 15 hechos con 15 víctimas únicas en los siguientes municipios: Tuluá (4); Jamundí (2); Yumbo (1); Buenaventura (1); Bugalagrande (1); Guadalajara de Buga (1); Cali(1); Florida (1); Obando (1) y Pradera (1). El panorama electoral en Tuluá, con 10 candidatos inscritos para la Alcaldía y con más de 100 candidatos al Concejo, hoy está marcado por el incremento de la violencia político electoral, que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia la violencia históricamente ha sido, y es, un mecanismo más de la competencia electoral. La Oficina de Tuluá, el terror municipal Tradicionalmente, Tuluá ha sido un municipio en donde la violencia ha sido protagonista por la presencia de los grupos armados ilegales y el aumento y fortalecimiento de las bandas criminales locales. Sin embargo, este último fenómeno es el que tiene una mayor influencia en el recrudecimiento de la violencia actual. Un claro ejemplo de esto es la autodenominada “Oficina de Tuluá”, anteriormente conocida como “La Inmaculada”, grupo que surgió hace 15 años en el barrio La Inmaculada con el negocio del microtráfico. Con los años, su expansión se fue materializando con la extorsión y el sicariato a pequeños comerciantes de las distintas plazas de mercado y, tiempo después, con el temor ya impuesto en el municipio, este grupo logró expandirse un poco más, hasta el punto de acaparar toda la comercialización de la canasta familiar en las plazas de mercado. De un tiempo para acá, la banda criminal ha aparecido en el radar del país por distintas amenazas, atentados y homicidios que ha venido realizando. El pasado 06 de junio de 2023, a distintos periodistas les llegó un presunto panfleto amenazante para su divulgación, el cual declaraba como objetivo militar a todas las personas que estuvieran haciendo campaña política al exalcalde y actualmente candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador, Gustavo Vélez. Fuente: Semana Horas después, el candidato denunció que recibió un ataque armado contra una de sus oficinas.En imágenes se puede evidenciar cómo dos sujetos con armas de largo alcance disparan contra la oficina del candidato. Según la W Radio, el candidato afirmó que el vehículo donde huyeron los perpetradores fue encontrado abandonado y en su interior fue hallado un presunto panfleto amenazante. Fuente: Semana Por otro lado, el 13 de junio de 2023 se produjo el atentado y homicidio del precandidato al Concejo, Andrés Forero Valderrama.El hecho ocurrió en la plazoleta de comidas de un centro comercial del municipio, hombres armados ingresaron al recinto y dispararon en contra de Alejandro Forero, quien resultó herido.De inmediato fue llevado al centro de salud por uno de sus escoltas. Sin embargo, los sicarios siguieron el vehículo, lo interceptaron y nuevamente dispararon. En la persecución también resultaron heridos el conductor del taxi en el que iba Forero y el escolta, adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).A través de un presunto panfleto, el grupo delictivo “La Oficina” aseguró que estuvo detrás del hecho que dejó un muerto y tres heridos. Fuente:W Radio Otros hechos de violencia política Ahora bien, otros dos hechos de violencia política electoral se han presentado en el municipio, en los cuales la “Oficina de Tuluá” no ha tenido participación alguna. Por un lado, el 18 de junio de 2023 circuló un presunto panfleto compartido por el Frente Adán Izquierdo, denominado como parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, disidencias de Iván Mordisco, amenazando al actual alcalde, Jhon Jairo Gómez Aguirre. El presunto panfleto invitaba a no votar en las elecciones regionales por ninguno de los candidatos del sector político que represente la alcaldía de Jhon Jairo Gómez. Fuente: Infobae Así mismo, el 15 de agosto de 2023 circuló otro presunto panfleto amenazante compartido por las Autodefensas Unidas de Colombia, el panfleto mencionaba como objetivo militar a varias personas, entre ellas al concejal de Tuluá para el periodo 2020-2023, Carlos Arturo Londoño. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación Los últimos hechos de violencia política electoral que se han presentado de cara a los comicios electorales, han sacudido y despertado la preocupación del Gobierno Nacional, por tal motivo en los últimos meses se han venido haciendo Consejos de Seguridad para buscar la posible solución de poder contrarrestar la crisis en la que actualmente está inmersa Tuluá. Según datos del SIEDCO y de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para el primer semestre del año 2023 se presentaron en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, un total de 134 casos de amenazas que, en comparación con 295 del mismo periodo en el 2022, implicó una disminución del 120%. En cuanto a la extorsión, se presentaron 45 casos en 2023, mientras que en 2022 la cifra fue de 66 casos para el mismo periodo, es decir, hubo una disminución del 46,6%. Para el caso de los homicidios, se presentaron 72 casos en 2023, mientras que en 2022 se presentaron 61, es decir, se registró un incremento del 18%. Finalmente, en este periodo se registraron 454 casos de hurto a personas, mientras que en 2022 la cifra fue de 464, lo que se traduce en una leve reducción del 2,2%. La confrontación criminal y el panorama electoral Es importante recalcar que a raíz de las intimidaciones y los hostigamientos por parte de la “Oficina de Tuluá” empezaron a surgir nuevas bandas criminales que buscan hacerle un contrapeso a “La Oficina”, generando aún más hechos de violencia. Una de esas bandas criminales son los autodenominados “Cancerberos”, banda criminal que se dio a conocer por amenazar a varios periodistas y medios de comunicación del municipio para hacer circular varios panfletos en los cuales declaraban como objeto militar a todas las personas que colaboraran con la Oficina, y quienes además, según La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se atribuyeron el atentado contra los Juzgados de Tuluá el pasado 13 de septiembre. Por este último acto se presentó un gran debate debido a que para la Rama Judicial no existen las garantías necesarias para adelantar los comicios, incluso, El Tribunal Superior de Buga se pronunció indicando que: “Dadas las circunstancias narradas, pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales, y dificultará la realización del aludido escrutinio”. Frente a esto, el secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, indicó que el pasado viernes 15 de septiembre la Gobernación del Valle junto con la cúpula del Ejército y la Policía del departamento se trasladaron a Tuluá para ofrecer seguridad a los jueces y además garantizar las elecciones del 29 de octubre. Si bien es necesario que se tomen en cuenta las garantías necesarias para poder llevar los comicios electorales, por otro lado también es preocupante el mensaje: que no se designen funcionarios y empleados judiciales por temas de seguridad, debido a que la presencia de la Rama Judicial genera un balance de legalidad y credibilidad en los escrutinios. Ahora bien, pese a que la violencia siempre ha estado inmersa en la historia de Tuluá y con la presencia de grupos armados ilegales y las bandas criminales ejerciendo su control territorial, desde inicios de las década de los 2000 es un municipio en el cual más de la mitad de la población que está habilitada para votar, acostumbra a participar en elecciones. Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las últimas elecciones legislativas y presidenciales de 2022, casi el 56% de la población de Tuluá salió a ejercer su derecho al voto. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil Siguiendo lo anterior, pese a que las últimas elecciones se han podido hacer en medio de las distintas dificultades, es evidente que faltando menos de dos meses para los comicios, existe una gran preocupación por el aumento exponencial de la violencia.Por tal motivo, desde Pares se hace un llamado a todos las instituciones respectivas para que brinden las debidas garantías electorales para que la población y los candidatos de Tuluá puedan ejercer sus derechos políticos.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista La ahora excandidata a la Alcaldía de Cali Diana Rojas, conocida como La Caleñísima, se presentó como una figura independiente, sin embargo, su reciente unión con el candidato Alejandro Éder evidencia que la verdadera cara de su candidatura no era independiente, que tiene una alta influencia de las élites regionales y que, a pesar de su fuerza como candidata, experimentó un disciplinamiento y presión desmedida por parte de quienes antes la impulsaban. La Caleñísima tomó la decisión de unirse a Éder una semana después de que su jefe político, Maurice Armitage, públicamente le hiciera la recomendación (orden) de retirarse de la contienda. Diana decía cosas como: "nuestra única maquinaria es la gente", lo cual resonó en algunos sectores que quieren un cambio en la ciudad y logró captar la atención de aquellos desencantados con la política convencional. Esto le permitió crecer en las encuestas, pasando de una intención de voto del 3% en mediciones iniciales, al 11% en la última encuesta del CNC presentada el 19 de septiembre. Aunque Diana se presentó como desafiante de la política tradicional, su experiencia en política ha estado respaldada por figuras políticas como el exrepresentante liberal Juan Fernando Reyes Kuri y el influyente empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage. Y no necesariamente el voto de opinión que logró alcanzar en estos meses la acompañará en su paso a la campaña de Alejandro Éder. Uno de los aspectos más destacados de la candidatura de Diana fue su exitosa recolección de 165 mil firmas para respaldar su movimiento "Cali Caleñísima". A diferencia de sus principales competidores, inicialmente no buscó avales de ningún partido político, de hecho, renunció a su curul en el concejo de Cali, donde fue elegida por el Partido Liberal, estrategia que la presentó como una candidata autónoma, alejada de las estructuras políticas convencionales, además del reconocimiento que tuvo por la activa oposición contra el actual alcalde Jorge Iván Ospina. Sin embargo, su reciente alianza con el candidato Éder contradice su discurso de romper con las estructuras existentes. Este candidato representa una opción más alineada con la política tradicional, ha pasado por el Santismo, el Fajardismo, y ahora es respaldado por el Partido Conservador y Cambio Radical, además de lo que representa como miembro de una de las familias terratenientes cañeras tradicionales del Valle. Lo que hace evidente que el discurso de Diana era eso, un discurso de campaña que no correspondía a su realidad política. Adicionalmente queda en evidencia cómo las élites regionales están dispuestas a sacrificar a sus nuevos liderazgos. Lo que se demostró en la violencia política de género que vivió Diana por parte de su propio sector político. El exalcalde Armitage, en un llamado público, le dijo que renunciara a su candidatura, lo cual pone de manifiesto la presión ejercida sobre ella, un fenómeno que lamentablemente es común para las mujeres en la política. Su adhesión a la campaña de Éder refleja la complejidad de la participación de las mujeres en la política. Si bien no comulgo con la visión de ciudad e ideología de Diana, y claramente no me parece ético que se haya presentado como independiente, encuentro muy lamentable lo que le hicieron, ella es una mujer con unas características que la pueden llevar a grandes escenarios políticos y a la que hoy le quitaron de las manos la posibilidad de competir por la Alcaldía. Es crucial reconocer la presión que ejercen sobre las mujeres para conformarnos con roles secundarios, y este es solo uno de los desafíos que deben superar las mujeres en la política. La historia de Diana es un recordatorio de que la transformación real de la política y la lucha contra la corrupción no puede lograrse simplemente mediante discursos llamativos y eslóganes caleñísimos. Requiere un compromiso transparente, realmente independiente de las élites, que incluya todas las voces.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Este miércoles 27 de septiembre, Colombia vivió una movilización en apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas que actualmente se están debatiendo en el Congreso de la República. Desde las calles de Bogotá hasta los rincones más remotos del país, miles de ciudadanos se unieron en una jornada de protesta pacífica para expresar su respaldo a las políticas y cambios propuestos por el mandatario. El epicentro de esta manifestación fue la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se congregaron aproximadamente 30 mil personas de todas las edades y trasfondos. No obstante, la magnitud de la marcha trascendió los límites de la capital, llegando a ciudades y regiones de Colombia que abarcan desde el Cauca hasta la Guajira. La consigna de la marcha, “Nos Movemos por la Vida”, subrayó el compromiso de los manifestantes con las reformas y políticas impulsadas por el Gobierno, las cuales, según el Gobierno, buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos y promover la justicia social en el país. La diversidad de participantes en la marcha demostró el amplio apoyo que ha generado el presidente Petro en diferentes sectores de la sociedad. Uno de los aspectos más notables de esta manifestación fue la presencia de aproximadamente 14,000 indígenas de diversas regiones de Colombia, incluyendo el Cauca, La Guajira, El Catatumbo, Amazonas y Putumayo. Su participación en la marcha marcó un poderoso respaldo a las políticas gubernamentales en lo que respecta a los derechos indígenas y la equidad social. Los líderes indígenas hablaron con pasión sobre la necesidad de preservar sus culturas y territorios ancestrales. El presidente Gustavo Petro, al dirigirse a la multitud reunida en la plaza de Bolívar, expresó su agradecimiento por la impresionante movilización y destacó la importancia de la transformación para preservar la vida en la tierra. Además, hizo énfasis en las reformas en curso, como la reforma a la salud, laboral, educativa y pensional, asegurando que estas medidas estaban diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Petro explicó que la reforma a la salud tenía como objetivo principal garantizar que todos los colombianos tuvieran acceso a un tratamiento médico adecuado, sin importar su ubicación geográfica. Subrayó la importancia de asegurar que la atención médica esté disponible para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. En relación con la reforma laboral, el presidente insistió en la necesidad de transformar la sociedad para erradicar la explotación y el acoso en el lugar de trabajo. Abogó por un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos de los trabajadores. En cuanto a la reforma educativa, el primer mandatario señaló que su objetivo era permitir que los jóvenes colombianos tuvieran acceso a la educación superior y que esta se convirtiera en un derecho fundamental en lugar de un privilegio. Afirmó que esto impulsaría la productividad y la inteligencia de la sociedad colombiana en las décadas venideras. El presidente también se refirió a la reforma pensional, argumentando que el proyecto buscaba proporcionar a las personas mayores una vida digna, garantizando que tuvieran acceso a alimentos, vivienda y una pensión que les permitiera vivir con dignidad. Además de las reformas mencionadas, Petro anunció la presentación de una nueva reforma relacionada con los servicios públicos en Colombia. Destacó la importancia de asegurarse de que las tarifas de los servicios públicos fueran justas y asequibles para todos los ciudadanos, evitando que beneficiaran únicamente a unos pocos empresarios. La manifestación también contó con la presencia de Gustavo Bolívar, quien es candidato a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar se unió a la marcha para expresar su apoyo al Gobierno de Petro y a las reformas propuestas. A pesar de las críticas y la controversia en torno a su participación, el candidato afirmó que asistía en calidad de ciudadano y que su presencia no tenía fines políticos en esta marcha. Sin embargo, la presencia de figuras políticas en la manifestación generó preocupación en la oposición y en la Procuraduría General de la Nación, que temían que las marchas se estuvieran utilizando con fines políticos. La controversia se centró en el uso de recursos públicos para financiar un evento que, según la oposición, podría favorecer la candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana fue uno de los críticos más vehementes de la manifestación, acusando al presidente Petro de utilizar recursos públicos para promover intereses políticos. La controversia sobre el uso de recursos públicos y su posible influencia en las elecciones locales sigue siendo un tema candente en la política colombiana. Cabe resaltar que durante el día en diversas ciudades de Colombia, se pudo observar una gran diversidad de participantes y puntos de concentración. En Cali, una multitud de alrededor de 3.800 personas se unió a la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro en apoyo a sus políticas y reformas. El recorrido, que comenzó en la glorieta de la avenida Estación, culminó en la Plaza de San Francisco después de atravesar las principales calles de la ciudad. Afortunadamente, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, informó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes que afectaran el orden público, brindando tranquilidad a los ciudadanos que habían expresado preocupaciones sobre la seguridad. En otras ciudades como Medellín y Sincelejo, las calles también se llenaron de manifestantes que mostraron su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro. En Medellín, las personas se movilizaron por la Calle de La Playa en dirección al parque de Las Luces. La convocatoria en Sincelejo también atrajo a numerosos ciudadanos que se expresaron en apoyo a las políticas propuestas por el presidente. Además de estas ciudades, en todo el país se llevaron a cabo concentraciones en diversos puntos, desde la frontera entre Brasil y Colombia en Amazonas hasta la ciudad de Cúcuta en el norte. Estas manifestaciones reflejan la diversidad geográfica y la amplitud de apoyo que ha generado el presidente Petro en todo el país. A pesar de las diferencias políticas y sociales, las manifestaciones en su mayoría transcurrieron de manera pacífica. Por esta razón, la marcha de este 27 de septiembre fue una demostración masiva de apoyo a las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. A pesar de las críticas y controversias, la manifestación se desarrolló de manera pacífica y unió a ciudadanos de todo el país en un llamado a favor del cambio y la justicia social en Colombia. El debate sobre el uso de recursos públicos y su impacto en las elecciones locales continúa siendo un tema relevante en la arena política colombiana.