Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Expedida y El País En medio de una profunda crisis de orden público que ha convertido al Cauca en la zona más crítica del país en términos de seguridad, la vicepresidenta, Francia Márquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo Bonilla, han emitido órdenes directas para que la Fuerza Pública tome medidas inmediatas en ese departamento. Esta decisión llega después de dos semanas de violencia ininterrumpida que han estremecido a la región. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, donde un carro bomba detonó a tan solo cinco metros de la estación de Policía, cobrando la vida de tres personas inocentes y dejando a otras dos heridas. Estos lamentables sucesos han movilizado a la comunidad local, que ha decidido alzar su voz en contra de la violencia y exigir seguridad. En respuesta a la ola de violencia que ha afectado a la región, los habitantes de Timba convocaron una movilización hoy lunes 27 de septiembre. Luis Alfredo Bonilla, autoridad étnica territorial del Norte del Cauca, ha compartido su perspectiva sobre esta ola de violencia y ha explicado las razones detrás de la convocatoria de esta marcha, así como las expectativas que tienen del Gobierno para hacer frente a la crisis de orden público que sacude al departamento del Cauca. ¿Por qué están marchando hoy? ¿Cuáles son los objetivos y metas que esperan alcanzar con esta movilización? Nos estamos movilizando de manera contundente y masiva para respaldar las reformas agrarias, laborales, de salud y educación. Creemos firmemente que las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional tendrán un impacto significativo, ya sea positivo o negativo, en la población en general. Nuestro objetivo principal en esta marcha es ser escuchados, que nuestras voces y propuestas sean tenidas en cuenta. Una de nuestras metas primordiales es poder coordinar las acciones que el Gobierno está planeando, pero también integrar las perspectivas y enfoques de las comunidades locales. ¿Cuál es el impacto que sienten ante la escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca? La escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca tiene un impacto abrumadoramente negativo. Estamos presenciando pérdidas de vidas humanas, asesinatos y un creciente sentimiento de inseguridad y temor en la región. Además, los actos terroristas indiscriminados están ocurriendo con mayor frecuencia en diversos territorios, lo cual obstaculiza la construcción de una paz sólida y duradera, o lo que podríamos llamar una "Paz Total". ¿Cuál es su percepción sobre el proceso de paz en curso con las disidencias de las FARC? ¿Tiene confianza en que este proceso pueda llevar a una paz duradera? Mi percepción sobre el proceso de paz en curso es preocupante. Existe la sensación de que podríamos repetir los errores del pasado, ya que no contamos con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en este proceso. Personalmente, no confío plenamente en que este proceso nos lleve a una paz duradera. La durabilidad de la paz depende en gran medida de que se cumplan los acuerdos y compromisos establecidos. Además, es crucial involucrar y negociar con todos los grupos relevantes, ya que de lo contrario, nos enfrentaremos a un ciclo continuo de violencia al tener que hacer acuerdos por separado con diferentes grupos en diferentes momentos. ¿Cuáles considera que son las demandas más apremiantes y las preocupaciones más urgentes de su comunidad en relación con la situación actual? Nuestra principal preocupación y demanda apremiante como comunidad es que no queremos ser arrastrados a una guerra que no hemos provocado. Necesitamos garantías para nuestras vidas, nuestra supervivencia y nuestro arraigo en nuestros territorios. También es esencial que la población civil no quede atrapada en medio de la violencia, y que se aseguren todas las condiciones necesarias en términos de derechos humanos para que podamos continuar nuestras actividades y ejercer nuestro gobierno propio, especialmente en el caso de las comunidades étnicas. Por último, debemos proteger nuestros bienes como patrimonio cultural en nuestros territorios, tanto a nivel municipal como departamental y territorial. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a estas demandas? En cuanto a la respuesta del Gobierno a nuestras demandas, personalmente, siento que se queda corta. La preocupante situación de violencia en la que nos encontramos no está siendo abordada de manera efectiva, lo que nos llena de inquietud. ¿Cómo podría el Gobierno mejorar su apoyo y respuesta a las necesidades de la comunidad en medio de esta situación de violencia? Para mejorar la respuesta del Gobierno a nuestras necesidades en medio de esta situación de violencia, es crucial que recupere el control y actúe de manera sistemática, teniendo en cuenta los contextos territoriales específicos. La situación de violencia puede mejorar si el Gobierno se vuelve más asertivo y pertinente en su enfoque operativo y técnico en la política nacional.

Por: Redacción Pares Semana del 18 al 24 de septiembre del 2023 En la agenda acordada entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN está el tema de las víctimas, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En ese sentido, siendo un tema central, hay que ver cómo se abre este diálogo tan vital y difícil en este proceso. Esta semana se dio un diálogo entre Juan Fernando Cristo, hijo de Jorge Cristo Sahium, quien fue asesinado por el ELN en Cúcuta el 8 de agosto de 1997, y Carlos Velandia, dirigente del ELN, que en ese momento estaba preso. Fue un diálogo animado por Patricia Lara, de la Revista Cambio. Se mantiene la iniciativa por parte de la delegación de diálogos del ELN de difundir lo avanzado con el Gobierno Colombiano y el reto de participación, esta semana se dieron diálogos con procesos sociales y comunitarios del Cauca. La delegación de diálogo del ELN cuestionó críticas sobre supuestos incumplimientos al cese bilateral pactado con el Gobierno Colombiano. Hay un ejercicio diario de seguimiento al cese bilateral pactado por Gobierno y ELN, este trabajo lo adelanta Carlos Velandia, y se puede consultar en su cuenta de X, gran trabajo. Se mantienen dinámicas de violencia en varias regiones con la participación del ELN: Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Nariño y Cauca tienen reportes recientes. 1. Juan Fernando Cristo conversa sobre la muerte de su padre a manos del ELN | CAMBIO: 2. Reunión del ELN con organizaciones en el Cauca: 3. ELN cuestiona denuncia anuncios de supuestos incumplimientos al cese al fuego: 4. Informe revela 42 actos criminales del ELN durante cese al fuego, Arauca encabeza la estadística: https://kapitalstereo.com/2023/09/23/informe-revela-42-actos-criminales-del-eln-durante-cese-al-fuego/ 5. Expectativa por diálogos con actores armados y el cese de la violencia durante elecciones: https://caracol.com.co/2023/09/24/expectativa-por-dialogos-con-actores-armados-y-el-cese-de-la-violencia-durante-elecciones/ 6. Columna de Antonio García, primer comandante del ELN: “Han sido 50 años en los que se ha venido aplicando el mismo guion, grupos de choque, magnicidios, bloqueos, para desestabilizar, confundir, desinformar; el objetivo sigue siendo el de acabar con cualquier intento de autonomía y dignidad latinoamericana, cualquier intento de organización popular, pero la capacidad de los pueblos de resistir, es incalculable. La lucha sigue, sin lugar a dudas”: https://telegra.ph/50-a%C3%B1os-la-lucha-sigue-09-18 7. Reporte del 52° día del Cese al Fuego Bilateral Nacional Temporal por Carlos Velandia: 8. La violencia en el Cauca tras el Acuerdo de Paz: https://razonpublica.com/la-violencia-cauca-tras-acuerdo-paz/ 9. “Cese al fuego debe ir acompañado de cese de hostilidades”, comunidades del Catatumbo: https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cese-el-fuego-debe-ir-acompanado-de-cese-de-hostilidades-comunidades-del-catatumbo 10. Murió presunto cabecilla del ELN en el Catatumbo - Situación produce tensión en la subregión por lo que esto pueda representar en materia de seguridad: https://caracol.com.co/2023/09/24/murio-cabecilla-del-eln-en-el-catatumbo/ 11. José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio pidieron acuerdo entre ELN y las FARC para cesar afectaciones a la población civil: https://www.infobae.com/colombia/2023/09/21/jose-felix-lafaurie-y-fabio-valencia-cossio-pidieron-acuerdo-entre-eln-y-las-farc-para-cesar-afectaciones-a-la-poblacion-civil/?s=09 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Las manifestaciones y/o protestas sociales, son un mecanismo universal que asegura la convivencia en términos de compartir sin salvajismos, si no la única, sí la más importante tarea de la especie: garantizarse la supervivencia. Para ello, el desarrollo cognitivo, el progreso, es la más contundente estrategia. No de otra manera lo comprendieron los pensadores clásicos occidentales, para quienes lo importante no era estrictamente sobrevivir, sino hacerlo cada vez de la mejor manera. Platón le llamaba a dicha tarea la búsqueda de la felicidad, que es igual a vivir sabroso, mientras que su alumno Aristóteles, sin contradecirlo, le denominó la búsqueda del bienestar, que es igual a vivir tranquilo. Lo cierto es que, para que ello ocurra, esos mismos pensadores de la antigüedad -pienso además en Solón y en Demócrito- vieron necesaria la construcción de una estrategia de acción social que lo asegurara cabalmente o, más exactamente, vieron una estrategia de acción política; pues el objetivo primordial no era la utópica armonía del libre albedrío, sino la organización reglada de la polis. Si bien originalmente se concibieron distintos modelos políticos para alcanzar tal propósito, al final, por su eficacia y efectividad, fue adoptado el modelo de la democracia. En efecto, la democracia tiene como principio fundamental la participación ciudadana, que hace de los beneficios del poder un derecho plural y equitativo, y no uno de los privilegios en los que ese mismo poder se concentre en grupos políticos de intereses comunes (en dictaduras), se concentre en clanes familiares de intereses consanguíneos (en autarquías) o, incluso, que se concentre en un cerrado grupo de intereses malsanos, tan inescrupuloso y atroz, que ha de resguardarse a la sombra de políticos corruptos y a la sombra de quienes -como el emperador de Andersen- se disfrazan de “gente de bien” (me refiero al llamado régimen). La democracia, en contrario a las autarquías, a las dictaduras, o más exactamente a los regímenes políticos de esencia excluyente, permite a cada participante del grupo social hacer parte de un pacto político -el pacto de la nacionalidad y la soberanía, el contrato social de Rosseau- y, desde el ejercicio de esta ciudadanía, le permite hacer vigilancia, le da herramientas para el control político y hasta le otorga el derecho a manifestar su oposición frente a las decisiones que desde el poder se tomen en contravía de esos propósitos naturales únicos: la búsqueda de la supervivencia y el desarrollo cognitivo. Para ello, el modelo de la democracia incluye figuras de acción política por medio de las cuales el pueblo puede participar de las decisiones gubernamentales. En Colombia, por ejemplo, existen mecanismos constitucionales para garantizar el ejercicio de la participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato -contenidos en el artículo 103 de la Constitución- y, especialmente, existe el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 37. Con todo, desde que fue esbozada la organización social bajo el liderazgo de un gobernante con poder, las manifestaciones y protestas han sido el instrumento de mayor contundencia a la hora de tumbarlos cuando han hecho las cosas mal. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia, es que estas expresiones populares, que buscan la corrección o destitución de los gobernantes fallidos, son recurrentes y, en la mayoría de los casos, si no en todos, las cosas no cambian (siguen los pobres y siguen las costumbres malsanas). De hecho, cuando muere un rey, lo primero expresado por sus súbditos es “ha muerto el rey, viva el rey” o “a rey muerto, rey puesto”; empero, pese al relevo del gobernante, nada cambia, y esto es así porque con el derrocamiento de los monarcas no desaparece la malsanía por la cual fue tumbado, pues esta procede del modelo político que lo guiaba, que en el caso de los reyes es la autarquía. De modo que no son los reyes el problema de fondo, sino la autarquía y sus inequidades. Se derrocan gobernantes de extrema derecha y se les reemplaza con gobernantes de extrema izquierda, o viceversa; pero el modelo dictatorial permanece. Se tumban partidos políticos para suplirlos por otros de igual calaña, pero nada cambia, pues se mantiene el modelo de una oligarquía clandestina, corrupta e inequitativa. Entonces, ¿a qué se debe que cambien los gobernantes y no la mala situación? Un estudiante de derecho constitucional respondería -a luz de las ideas de Weber y Foucault- culpando a quienes tienen poder por encima de las organizaciones; es decir, al poder ejercido sobre los gobernantes, pero que no proviene legítimamente del pueblo. No obstante, para el imaginario popular no existe nada por encima de los gobernantes, excepto el mandato popular, y a la ciudadanía no se le ocurre pensar que las actuaciones de un mandatario puedan estar supeditadas a un poder invisible distinto al otorgado por el pueblo. En Colombia, pese al cambio propuesto por el presidente, la oligarquía -régimen, le llamó Álvaro Gómez- se halla todavía por encima de la organización gubernamental del presidente y se resiste a que realice su plan de gobierno, porque no es oligarca y sus políticas, que tienen la fuerza y el blindaje del mandato popular, los desvelará en su traza de maleantes y, de no caer sobre ellos la justicia formal, al menos los abrumará el escarnio público, como ya hoy empiezan a padecerlo personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo (por su responsabilidad en la corrupción de Odebrecht) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (por su responsabilidad en el asesinato de al menos 6.402 ciudadanos). Por esa realidad de los regímenes, que están por encima de los gobernantes, de nada ha valido que estos últimos caigan o sean derrocados; y, por esta misma razón, es que el presidente Petro aparece abanderando las marchas más significativas que han ocurrido dentro de su gobierno; porque es al régimen -por fin ahora el país advierte lo que Álvaro Gómez visualizó hace 30 años- al que debemos dirigir nuestras manifestaciones y protestas por su negación a permitirle al presidente y a su equipo de gobierno que lleven a cabo las reformas por las que fue elegido. De tal suerte, tanto como quien escribe estas líneas, como sus lectores, debemos sentirnos comprometidos con tales manifestaciones, excepto que no hagamos parte del modelo democrático, garantizado por las elecciones populares, y nos creamos pertenecientes al cerrado modelo de la oligarquía, garantizado por la inequidad y la opresión violenta. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Alejandra Téllez, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La trata de personas es el tercer delito más lucrativo, seguido del tráfico de armas y la venta de drogas. En la legislación colombiana este crimen incluye dos delitos, por un lado, está el tráfico de migrantes, que se entiende como todo aquel que promueva, facilite o participe en la entrada o salida de personas del país sin que se cumplan los requisitos legales y conlleve fines lucrativos (Artículo 188 Código Penal). Por otra parte, está la trata de personas, que consiste en el traslado, captación o acogida de personas fuera o dentro del territorio con el fin de explotarlas (Artículo 188A Código Penal). La trata de personas lleva consigo una violación a los derechos humanos, pues se esclaviza o explota a un sujeto convirtiéndolo en una mercancía y dejando de lado su voluntad y libertad. La trata de personas está altamente asociada con el turismo sexual, pues la mayoría de las víctimas están en condiciones de esclavitud sexual. Mujeres, niñas y adolescentes se ven más afectadas por este delito, pues en el mercado de la prostitución son ellas las que reciben más ofertas. En este sentido, se tiene conocimiento sobre la existencia de agencias de viaje que ofrecen dentro de sus paquetes recorridos sexuales, incluso con menores de edad en el país. Haciendo de Colombia un destino con alta oferta de servicios sexuales y así mismo una alta demanda con buenos pagos. Esto resulta evidente a la hora de visitar lugares como el Parque Lleras en Medellín, la Ciudad Amurallada en Cartagena o el barrio La Candelaria en Bogotá, lugares en los que se encuentra una alta oferta de servicios sexuales dirigidos a extranjeros y en donde, sin ningún tabú, se encuentran, incluso, menores de edad. Diagnóstico Nacional Según el Ministerio de Defensa, entre enero y agosto del 2023 se registraron 521 casos de trata, de los cuales 255 fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. Esto representa un aumento del 56,9%, puesto que en este mismo periodo para el 2022 la cifra fue de 332 víctimas de trata. Según el Ministerio de Defensa, a diario se registran mínimo dos víctimas de este delito. Sin embargo, Roció Urón, coordinadora de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, que las cifras no corresponden a la realidad, ya que muchas de las víctimas por miedo prefieren no decir nada o se les hace difícil poder ir o contactar a las autoridades. Por esto, ella asegura que las cifras reales pueden ser 10 veces más a las oficiales. Con respecto a la niñez, según Eso no es cuento, una campaña en contra de la trata de personas articulada con la ONU y diferentes entidades colombianas, existen más de 55.000 menores de edad que son víctimas de la trata de personas en el país, de los cuales las niñas entre 12 a 14 años representas mayor vulnerabilidad. De igual manera, según el informe sobre la trata de personas en Colombia 2023, se descubrió que en Cartagena hay varios casos de niños venezolanos que están siendo explotados bajo la mendicidad forzada por parte de familiares y conocidos. Por otro lado, Colombia ha llegado a ser el cuarto país de América latina con mayor turismo sexual infantil. Según una investigación realizada por el diario El Espectador y medios de la alianza rebelde de Venezuela, se descubrió que el Tren de Aragua y el ELN han estado operando en redes de tráfico sexual, teniendo gran influencia sobre todo en la frontera colombo-venezolana, pues allí cuentan con bares y demás establecimientos en donde explotan sexualmente a las afectadas de este delito. Además, gran cantidad de sus víctimas son mujeres y niñas venezolanas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. El modo de operación es mediante una agencia de marketing por redes sociales con ofertas de trabajo en Colombia, Perú y Chile. Colombia no solo es receptor de víctimas, sino también cuenta con una ruta por tierra, económica, con escasos y débiles controles migratorios que facilita las rutas de tráfico en el cono sur. Sumado a lo anterior, Colombia se ha convertido en origen, tránsito o destino de la trata de personas y migrantes por la situación que se vive en la Selva del Darién, pues este lugar se ha configurado como una importante ruta de migrantes ilegales. Existen varios testimonios de falsos guías llamados coloquialmente como “Chiligueros” que dan falsas indicaciones, o inclusive cobran de 40 a 50 dólares por migrante que pase. Caracterización de las víctimas Se puede identificar si una persona es víctima de trata cuando se evidencia que la persona no administra su dinero, o la remuneración de su trabajo es muy baja. Segundo, la persona no puede dejar su lugar de trabajo o cumple con ciertos requisitos para poder hacerlo y tercero la persona no tiene control sobre sus documentos de identificación. No hay un tipo de persona en específico que pueda caracterizarse como víctima de trata de personas, sin embargo, sí existen una serie de condiciones que las hacen más vulnerables. En primer lugar, encontrarse en bajos niveles socioeconómicos agudiza la posibilidad de ser víctima, como se ha dicho anteriormente, el ofrecimiento de puestos de trabajo es un mecanismo de engaño para el reclutamiento de las víctimas. Por otro lado, están las personas migrantes, pues en condiciones irregulares de migración se pone en riesgo la seguridad y múltiples derechos humanos, ya que pueden transitar por rutas que se utilizan para trata de personas y migrantes, añadiendo que la necesidad de migrar los expone a recibir falsas ofertas hacia otros países. En tercer lugar, están las personas víctimas del conflicto armado, puesto que se encuentran en una condición de vulnerabilidad alta, que para los grupos armados que pueden contar con redes de tráfico de personas resulta más fácil su captación. Ahora bien, las mujeres y las niñas representan la mayoría de las víctimas, primero porque un gran porcentaje del fin de la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual o prostitución, servicios que en su gran mayoría son ofrecidos hacia hombres heterosexuales con ideas machistas escondidas por el velo de lo masculino. Cabe recordar también que la pobreza tiene rostro de mujer, pues existen diferentes barreras sociales, culturales y económicas que ponen a las mujeres en condiciones desiguales frente a los hombres, propiciando que en mayor medida sean ellas las que más se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica. Por otro lado, teniendo también en cuenta que existe una serie de desigualdades estructurales debido a los roles de género. En vista de esta problemática, el pasado 29 de julio la Defensoría del Pueblo emitió el comunicado 274 en el cual expone cómo a través de las duplas de género que son grupos de la Defensoría del Pueblo que están encargados de atender casos de VBG, se logró acompañar a 236 víctimas entre el 2018 a junio del 2023, de las cuales el 89%, es decir 212 víctimas, son niñas, adolescentes y mujeres. Por otra parte, el 25,4%, 60 víctimas, están relacionadas con tráfico de migrantes con fines de esclavización. Con respecto a la caracterización de las víctimas, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas, en el 2022 el 82% de las víctimas de estos delitos eran mujeres, y la finalidad de estos respondía en un 73,6% a explotación sexual. Para este año, los departamentos más afectados según el Ministerio del Interior son la ciudad de Bogotá con 128 casos, Valle del Cauca con 113, Nariño con 69 y Antioquia con 67. De las características de las víctimas se pudo identificar que el 54,6% pertenece a estrato 1 y el 64,4% cuenta con educación hasta la secundaria. Quienes cometen este delito buscan que sus víctimas se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad socioeconómica y/o cultural, pues así será más fácil captarlos, mediante falsos puestos de trabajo, o demás promesas y así poder trasladarlos. Del mismo modo, según la recomendación general número 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se determina que las mujeres y niñas migrantes irregulares tienen mayor riesgo de ser víctimas tanto en el tránsito como en los centros de acogida, las fronteras y el país de destino. Por último, en contexto de conflicto armado, las mujeres y niñas viven situaciones diferenciadas en donde se propicia la normalización de la violencia de género, además de que sus cuerpos son usados como botín de guerra, exacerbando la violencia sexual y la posibilidad de ser víctimas de trata de personas. Reflexiones Para concluir, la trata de personas y el tráfico de migrantes es un fenómeno de atención nacional e incluso transnacional, en el que Colombia tiene un rol fundamental, pues las redes de trata operan en todos los niveles en el territorio, desde la reclusión, hasta las rutas de tráfico y la recepción de víctimas. El Decreto 1818 del 31 de diciembre del 2020 expone la estrategia nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024, en donde se plantea el objetivo de garantizar una coordinación articulada y sostenible de forma interinstitucional para abordar la problemática, desde la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas, además de la sanción del delito en el territorio. Sin embargo, parece ser que el enfoque que se le ha dado para solucionar este problema es reaccionario e incluso débil, ya que, por un lado, no se ha logrado disminuir los casos de trata, sino, por el contrario, han aumentado casi el doble, y, por el otro, la Defensoría del Pueblo en casi seis años ha acompañado a 236 víctimas, lo que ni siquiera representa la mitad de los casos ocurridos tan solo este año. En el mismo orden de ideas, aunque la estrategia nacional contra la trata de personas plantea un enfoque de género, este solo aparece como un apartado más, pues ninguna línea o estrategia de acción cuenta con un enfoque diferenciado frente a las mujeres o niñas, quienes son las que más sufren este delito. Esto resulta importante a la hora de plantear políticas públicas, pues reconoce que las mujeres y niñas viven contextos diferenciados que las ponen en mayor medida en peligro frente a este delito. En ese mismo orden de ideas se hace necesario una nueva estrategia anti trata, no solo para plantear un enfoque de género interseccional más real, sino también porque en el 2020, año en el que se pensó el plan, las realidades nacionales eran otras, e incluso el número de víctimas de enero a agosto de ese año eran 189, mientras que para este año 2023 ya se registran 521.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista “La violencia patriarcal es una pandemia global que pide nuestra atención a gritos” Salomé Gómez, Feminista por Accidente El lunes, mientras escuchaba Caracol Radio, quedé supremamente indignada por la forma clasista en la que Vanessa de la Torre reportaba el feminicidio de la joven Ana María Serrano. Cuando la periodista se refiere a Alan Gil Romero, el feminicida, lo hace con evidente sorpresa, diciendo frases como “un muchacho educado, de buenas maneras”, insistiendo en “educado, de buenos modales”, “educado, que tiene todo en la vida, termina siendo un feminicida”. Más allá de las palabras que utiliza, lo que resulta verdaderamente inquietante es lo que no se dice explícitamente: ¿se está insinuando que la violencia de género es característica de aquellos que carecen de educación o de oportunidades en la vida? Contextualicemos el caso en mención. Ana María Serrano era una joven de 18 años, sobrina del exministro de Hacienda colombiano José Manuel Restrepo, fue asesinada en México, aparentemente a manos de su exnovio, Alan Gil Romero. Este individuo manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio y además venía acosándola desde hace unos meses, cuando terminaron su relación sentimental, según reportan los medios. Es fundamental reconocer que el feminicidio no es un fenómeno aislado. En el primer semestre de 2023, se registraron al menos 320 casos en Colombia y 426 en México de asesinatos de mujeres que están siendo investigados como feminicidios. Pero más allá de hablar de la dolorosa cantidad de casos, quiero traer la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el abordaje de estas violencias, porque revictimiza y profundiza los estereotipos en los que se sustentan muchas de dichas violencias. Irresponsablemente este periodismo pregunta sobre si se pudieron previamente “ver las señales”, frente a lo cual la docente Mónica Godoy resalta que: “el feminicidio de Ana María nos ayuda a romper con el sentido común acerca de estos crímenes. No todos presentan violencia explícita previa; algunos son cometidos por hombres que no muestran ninguna agresividad”. Además, las violencias de género corresponden a un sistema patriarcal que supera clases sociales, de ahí que existan victimarios “educados y no educados”. No es un problema exclusivo de las clases sociales más desfavorecidas ni de los barrios marginales, y la forma cómo se expresa Vanessa de la Torre profundiza el encubrimiento de este tipo de violencias en las clases altas. Al respecto, la licenciada en historia, experta en temas de género, Carolain Hung, resalta que "creer que solamente en los sectores empobrecidos o populares es donde se vive la violencia basada en género es clasista". Añade que en muchos de los casos de estas violencias en las clases privilegiadas, las víctimas evitan denunciar por el “qué dirán” o afectaciones a “su imagen”, además de los otros tipos de violencias que pueden atravesar, como la violencia económica o psicológica. Pero adicionalmente, Hung introduce un tema muy importante sobre los feminicidios como respuesta al ejercicio de autonomía de las mujeres: “es imposible que nosotras podamos tener decisiones autónomas sobre nuestra vida, como es en este caso que ella decide no estar en una relación, pero él decide que si terminaron pues la puede asesinar. Entonces, también colocar la discusión de cómo los feminicidios son una forma de disciplinamiento. Hay un disciplinamiento porque nos estamos jugando la autonomía de nuestra vida, de nuestros cuerpos”. Teniendo en cuenta que lo que nos disputamos a diario es nuestra autonomía, rechazo de forma contundente la cobertura mediática de la violencia feminicida que está teñida de prejuicios sexistas y clasistas. Este enfoque sesgado es peligroso y contribuye al estigma social. Es crucial examinar críticamente estos aspectos y confrontar las nociones equivocadas que los y las periodistas promueven directa o indirectamente. Las feministas vamos a seguir insistiendo sobre cómo debe mejorar el abordaje mediático de la violencia patriarcal. Pero lo preocupante es que, ante tantos llamados, continúen siendo indiferentes. Preocupa también que, así como Vanessa de la Torre, encontramos a Claudia Palacios, Camila Zuluaga (recordemos el caso de Luz Mery Tristán) y muchas otras personas que creen que estas violencias son un problema de "otros", de aquellos que “no lo tienen todo en la vida”, de los “no educados”. Pero, ¿por qué los y las periodistas deben prestar atención y especializarse en este tema? Pues justamente porque desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y con su pésimo abordaje de la estas violencias nos ponen en riesgo. Cada feminicidio es una tragedia que debe ser contada con responsabilidad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Después de varios desplazamientos de la delegación de paz del Gobierno Nacional a Suárez, Cauca, para negociar condiciones para la creación de una mesa de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), finalmente este martes 19 de septiembre se conoció la fecha de su instalación. Las delegaciones de paz del Gobierno del Cambio y el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, acordaron instalar formalmente la mesa de diálogos el próximo 8 de octubre en Tibú, región del Catatumbo. El anuncio fue dado a conocer mediante una declaración conjunta divulgada a través de la cuenta en X de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Las partes aprobarán el acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese el fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial, así como los protocolos del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, el plan participativo y el cronograma de actividades. El cese el fuego estará vigente por diez meses, del 8 de octubre de 2023 al 8 de agosto de 2024. Las dos delegaciones se reunieron por segunda vez en la vereda Playa Rica, zona rural de Suárez, departamento del Cauca, entre el 17 y 19 de septiembre, esto con el fin de definir la hoja de ruta de este proceso que busca “poner fin a la confrontación armada y propender por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”, según menciona el comunicado conjunto. El acuerdo logrado establece que, una vez definidos sus protocolos y mecanismos, estos "tendrán como marco de referencia el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en particular al Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, para preservar la vida, los derechos y las libertades de la población civil, en general, y evitar la afectación humanitaria, en particular, a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección". Johanna Paola Torres Pedraza, coordinadora del proyecto comunitario para la paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), resaltó la elevada relevancia de este proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el EMC. Según Torres, este proceso busca establecer un marco de diálogo con la facción disidente más numerosa del país, que cuenta, al 2023, con aproximadamente 3,480 personas, de las cuales 2,149 están armadas y 1,331 forman parte de las redes de apoyo de este grupo. Además, esta disidencia tiene presencia en 22 departamentos y opera en 166 municipios, lo que subraya la magnitud de su influencia territorial. El cronograma de actividades establece que desde ayer y hasta el 8 de octubre entrante se ajustarán los protocolos que queden pendientes para el inicio del proceso, y los lineamientos generales de la agenda temática, la metodología e itinerancia de la mesa. En la reunión del pasado 2 de septiembre, las partes habían acordado definir ocho misiones humanitarias en igual número de regiones del país en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Putumayo y en el sur de Bolívar. En el comunicado conjunto, las dos delegaciones agradecieron a los países garantes y acompañantes de este proceso: Reino de Noruega, Irlanda, República Bolivariana de Venezuela, Confederación Suiza y Unión Europea. "Saludamos el acompañamiento del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias", dice el documento. Y destaca el acompañamiento de las guardias indígenas, cimarrona y campesina, y de la comunidad de Playa Rica, en Suárez Cauca. La negociación en territorio colombiano también tendría que ver con la carencia de una figura política de ese grupo armado, que se creó desde la firma de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC en 2016. En ese sentido, incluir a un país garante como sede significaría una entrega de poder político frente al Gobierno Nacional. Según han expresado algunos miembros de la delegación de paz del Gobierno, se ha logrado preacordar con las disidencias que mesa no se instalará en un único punto. De hecho, se planea que los diálogos se desarrollen en diferentes territorios de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Bolívar, y se manejarían por ciclos, al igual que ha funcionado en los últimos meses con los miembros del ELN. Johanna Paola Torres enfatizó que la historia nos ha demostrado que el diálogo es el medio para poner fin a los conflictos armados. Por esta razón, subrayó la importancia de perseverar en los procesos de paz, a pesar de sus inevitables altibajos, ya que la paz debe ser nuestro objetivo final para poner fin a la conflictividad. Al mismo tiempo, enfatizó que estos procesos ofrecen la oportunidad de construir y brindar nuevas perspectivas a sectores históricamente marginados. Según Torres, el principal desafío de este proceso de paz radica en la capacidad de reunir a los diversos actores armados para entablar un diálogo que permita alcanzar un cese al fuego multilateral. Esto implica abordar temas clave como las economías ilegales, la distribución de tierras y el medio ambiente, todos ellos factores multifacéticos del conflicto armado actual. Cabe recordar que el Gobierno y el EMC ya tuvieron un cese al fuego que comenzó en enero y que fue roto de forma parcial en mayo (antes de que se cumplieran los seis meses fijados) en cuatro departamentos, después de que las disidencias asesinaran a cuatro menores indígenas a los que habían reclutado. El frente Jaime Martínez del EMC anunció el pasado viernes 15 de septiembre una "suspensión unilateral de acciones ofensivas" en su área de operaciones de cara a la reunión que se celebró en el Cauca. No obstante, el EMC ha estado en las últimas semanas bajo el ojo público por un aumento de las acciones ofensivas en el Cauca, donde una oleada de violencia ha atemorizado a comunidades enteras. Las disidencias atacaron estaciones de Policía en las localidades de Buenos Aires, Suárez, Mondomo y Cajibío desde el fin de semana pasado. Estos ataques dejaron un civil muerto y otro herido en Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Sin embargo, previo a la expedición de la declaración conjunta, alias “Andrey”, vocero del EMC de las disidencias de las FARC que dirige alias “Iván Mordisco”, anunció que como gesto de buena voluntad, en los próximos días serán liberados varios militares que permanecen retenidos por las disidencias. Se trata de los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez reina, secuestrados el pasado 18 de agosto en zona rural de Cumbitara, Nariño, y Juan David Estrada Suárez, retenido desde el pasado 12 de agosto en zona rural entre Santander, Quilichao y Caloto, norte del Cauca. Además, alias “Andrey” aseguró que el EMC se compromete a respetar las elecciones territoriales del próximo 28 de octubre, aunque advirtió que estarán vigilantes de posibles hechos de corrupción. El proceso de paz en Colombia es un asunto de gran relevancia y complejidad, y esta nueva fase de diálogos representa un paso significativo en el camino hacia la paz y la estabilidad en el país. A pesar de los desafíos y las tensiones que han surgido en torno a estas conversaciones, el compromiso de ambas partes de buscar una solución pacífica a través del diálogo es un rayo de esperanza para una nación que ha sufrido décadas de conflicto armado y violencia. La instalación de la mesa de diálogos en Tibú, una región marcada por la presencia de grupos armados y la lucha por el control territorial, es un recordatorio de la importancia de abordar las raíces del conflicto y trabajar en conjunto para construir una paz duradera y justa. La participación de países garantes y organizaciones internacionales, así como el apoyo de las comunidades locales y los grupos étnicos, son elementos clave en este proceso.

Por: Juan Alejandro Pérez Montañez, Investigador Línea Democracia y Gobernabilidad Pares; y Juan David Flórez, Periodista El Itagüiseño Foto tomada de: El Tiempo y El Colombiano A partir de la elección por voto popular de alcaldes y gobernadores en Colombia desde la última década del siglo XX, se han venido construyendo y afianzando fuerzas políticas en los diferentes departamentos a partir de procesos iterativos de poder y cada vez menos asimétricos entre las élites políticas nacionales y las élites regionales. La relación entre estas élites ha llevado a una cooptación del poder en diferentes zonas del país, lo que en la literatura se conoce como autoritarismos subnacionales, frente a lo que en Colombia la Fundación Paz & Reconciliación ha mapeado en 51 clanes políticos que mandan en el país. Hay ejemplos de clanes políticos como el clan Char en el Atlántico, el clan de Dilian Francisca Toro en Valle del Cauca o el clan de William Villamizar en Norte de Santander, por nombrar algunos de los más conocidos que por años han conseguido cooptar la competencia política y el poder en sus departamentos. Hay otros como el clan Suárez Mira en Antioquia o el clan Acosta en Arauca, que han ido desapareciendo del mapa del poder político. Mientras tanto, hay clanes emergentes como el clan Torres Villalba en el Atlántico o el clan Trujillo en Antioquia. En este texto haremos zoom sobre este último clan, en cabeza del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. A la hora de hablar de Carlos Andrés Trujillo al interior de su municipio natal, Itagüí, se le describe como alguien muy astuto, sagaz y ambicioso, que toda su vida política ha estado bajo las toldas del Partido Conservador. También, cuando se habla de Trujillo se le muestra como un conservador de pensamiento de vieja data que, por ejemplo, para brindar apoyos políticos exige que sus candidatos deben estar casados por la iglesia católica o si no deben casarse para otorgarles su apoyo. Foto tomada de: apicongresovisible.uniandes Parte I: del barrio La Independencia a la Alcaldía de Itagüí A finales del siglo XX Carlos Andrés Trujillo era un líder comunal de Itagüí. Inició a los 14 años como secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio donde creció: La Independencia. Año a año fue escalando, buscando siempre un puesto de elección popular. Para las elecciones locales del 2000 aspiró por el que siempre ha sido su partido, el Conservador, al Concejo de Itagüí. En aquella ocasión no logró obtener curul. Para las elecciones locales siguientes, las del 2003, Trujillo, que ya había aprendido de su derrota en las elecciones pasadas, se unió al equipo del entonces jefe del conservatismo en Antioquia, el parapolítico Luis Alfredo Ramos. Para aquellas elecciones, Trujillo quedó elegido como concejal de Itagüí. Luego de su paso por el Concejo de Itagüí, en el 2007 Trujillo aspiró y fue elegido para integrar la Asamblea departamental de Antioquia, mientras tanto Luis Alfredo Ramos fue elegido Gobernador de Antioquia, jalonando toda la lista del Partido Conservador para la Asamblea departamental. En el 2010, mientras Trujillo era diputado, apoyó a la Cámara de Representantes por Antioquia a Nidia Marcela Osorio, quien era la fórmula de Olga Suárez Mira. Ambas fueron elegidas en un pacto entre Trujillo y el clan de los Suárez Mira, conocidos porque su máximo líder, Óscar Suárez Mira, hermano de Olga Suárez, fue condenado también por parapolítica. Para las elecciones locales del 2011, Trujillo se lanzó y ganó la Alcaldía de Itagüí con poco más de 90 mil votos. Si bien esta elección significó un antes y un después en la carrera de Carlos Andrés Trujillo, desde antes de posesionarse Trujillo ya se empezaba a hacer con el poder burocrático de su municipio. Esto porque en septiembre de 2011, el entonces alcalde de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid Bedoya, fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el municipio. Tras la suspensión, lo que hizo el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue pedirle al Partido Conservador que enviara una terna para designar alcalde encargado. El ternado elegido por Ramos para terminar el periodo de alcalde fue Luis Guillermo Pérez Sánchez. Pérez era en el 2011 una de las fichas de Trujillo y con el paso de los años ha estado al lado del senador Conservador y sus aliados, como lo evidencia el informe de Pares ADELI, el “contratadero” que vincularía a Carlos Andrés Trujillo. Trujillo, habiéndose posesionado en la máxima dignidad de dicho municipio, empezó a desligarse de sus antiguos aliados Luis Alfredo Ramos y el clan Suárez Mira. Parte II: de la Alcaldía de Itagüí al Congreso Para las elecciones legislativas del 2014, Nidia Marcela Osorio, del grupo político de Trujillo, saltó de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Esta jugada obedeció para que Trujillo, indirectamente, comenzara a amasar un caudal en todo el país para aspiraciones posteriores. Carlos Andrés Trujillo a lo largo de los años siempre ha priorizado mantener el poder político y burocrático en Itagüí, es la punta de lanza de su proyecto político-burocrático. Por ello, en el 2015, en las elecciones locales, logró poner a León Mario Bedoya como su sucesor en la Alcaldía de Itagüí. Luego de su paso por la política departamental, en 2018 Trujillo dio el salto a la política nacional, aspirando y quedando electo senador de la República con 86.721 votos, obligando a Nidia Marcela Osorio, quien era senadora, a bajarse como su fórmula a la Cámara de Representantes por Antioquia. Para las elecciones del 2019 continuó su apuesta de mantener su poder en Itagüí, por lo que apoyó a José Fernando Escobar, quien actualmente funge como alcalde en Itagüí. Trujillo se reeligió como senador en las elecciones del 2022 con aproximadamente 160 mil votos, duplicando su votación en comparación con el periodo anterior y siendo el senador más votado en Antioquia con 99 mil votos. Parte III: presidente del Partido Conservador y aliado del Gobierno Carlos Andrés Trujillo, como es un político ambicioso, en el 2022, al observar una posible victoria en segunda vuelta presidencial de Gustavo Petro, vio una ventana de oportunidad que se abría para tener juego político y burocrático nacional. Por ello, se anticipó a la necesidad de Petro de conformar una coalición de gobierno mayoritaria y de que allí entrara el Partido Conservador. Días después de la victoria de Gustavo Petro, Trujillo se reunió con el presidente electo, entregándole el apoyo de su partido con firmas de la bancada electa. Dichas firmas, según fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y el medio El Itagüiseño, fueron obtenidas por Trujillo yendo congresista por congresista, diciéndole a cada uno que la única firma que faltaba en el documento era la de ese congresista y que de no hacerlo se quedaría por fuera de la repartija. Esta interlocución con el Gobierno hizo que Trujillo se convirtiera en el presidente del partido, sacando de la colectividad a Omar Yepes, la ficha del expresidente de la República Andrés Pastrana dentro de la colectividad conservadora. Ya con el Conservador en la bancada de la coalición de Gobierno, el entonces recién elegido presidente del Conservador obtuvo dos victorias: ser elegido presidente de la Comisión Sexta de Senado para la primera legislatura (2022-2023); y poner a Guillermo Reyes, antiguo contratista de la Alcaldía de Itagüí, como Ministro de Transporte. Foto tomada de: Caracol Radio Parte I: golpe de Estado de la bancada del Caribe a Trujillo Ya con el Gobierno Nacional en curso, desde el 07 de agosto de 2022 parte de la bancada del Partido Conservador empezó a exigirle a Trujillo, su nuevo jefe, que el ministro Reyes les diera juego político en entidades como la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, INVIAS, entre otras, pues suponían que para eso estaban en la coalición de Gobierno. Pasaron los meses y la bancada no observaba la gestión de Trujillo. A inicios de 2023, algunos congresistas de la costa Caribe liderados por Marcos Daniel Pineda, con la sensación de que Trujillo solo estaba priorizando su beneficio propio y no los de la colectividad, empezaron a socavar el poder del senador itagüiseño. En febrero de 2023, aprovechando que Trujillo se encontraba fuera de Colombia, mediante una carta de varios congresistas liderados por Pineda, resaltaron la deficiente labor de Trujillo como presidente a la par que lo retiraban de la presidencia de dicha colectividad y lo reemplazaban por el siempre audaz Efraín Cepeda. Parte II: el salto a la independencia del Conservador Con la llegada a la presidencia del Partido Conservador de Efraín Cepeda y la negativa de Guillermo Reyes -quien se suponía era la cuota de este partido dentro del gabinete- de otorgar juego político a la colectividad dentro de las diferentes entidades adscritas al Ministerio de Transporte, empezó a tomar fuerza la idea de que el Partido Conservador pasara del gobierno a la independencia respecto al ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro. Tras el aterrizaje del denominado paquete de reformas sociales (laboral, pensional y salud) al Congreso de la República, el Gobierno Nacional empezó a probar el funcionamiento de su coalición. En el Conservador el interlocutor con el Gobierno pasó a ser Efraín Cepeda, como cualquier jefe de partido, lo que generó que Trujillo perdiera más poder al interior de su colectividad. Con Cepeda a la cabeza la relación del conservatismo con el ejecutivo se empezó a deteriorar, mientras que Trujillo buscaba seguir beneficiándose, sin importar la relación de su partido con el Gobierno, a partir de su cercanía con el ministro de Transporte. Pese a los intentos de Trujillo de quedarse con más burocracia dentro del Ministerio de Transporte, según una fuente de Pares y de El Itagüiseño, la relación de estos dos se fue deteriorando debido a peleas continuas por el nombramiento de quién sería la nueva cabeza de la Aeronáutica Civil. Mientras que Trujillo le exigía a Reyes el nombramiento de alguien cercano, Reyes le respondía que él no le rendía cuentas al senador sino al presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, al observar que sus reformas sociales se mantenían estáticas y en cambio de avanzar en sus consensos los partidos de la coalición y sus propios ministros se oponían, decidió realizar un segundo cambio de gabinete. El 26 de abril de 2023 el presidente removió a los ministros que, se supone, eran cuotas de los partidos de La U y Conservador. Sacó de la carteta de las TIC a Sandra Urrutia (cuota de La U) y de la cartera de Transporte a Guillermo Reyes (cuota del Conservador). Con la salida de Reyes del gabinete, sumado al deterioro de la relación del conservatismo con el ejecutivo, esta colectividad no encontró razones para mantenerse en la coalición de Gobierno y tomó la decisión, el 02 de mayo de 2023, de saltar de a la independencia, dejando al Gobierno sin 25 representantes a la Cámara y 15 senadores. La salida de Guillermo Reyes del gabinete, sus disputas con Trujillo y el salto a la independencia al Conservador, significó para el senador itagüiseño una gran derrota y un fracaso estrepitoso. Parte III: ¿se aproxima una derrota en el corazón del trujillismo? Luego de venir cultivando una carrera política en Itagüí y en general en Antioquia durante las dos últimas dos décadas, desde que Trujillo decidió consolidarse de clan político a congraciarse con la élite nacional, desde febrero del 2023 está de derrota en derrota. A lo que se suman las ineficaces estrategias para quedarse nuevamente con la Alcaldía de Itagüí, teniendo en cuenta que tuvo que cambiar su candidato, que inicialmente era John Jairo Chica, porque nunca despegó. Por ello Trujillo terminó escogiendo a Diego Torres como su heredero. Para Carlos Andrés Trujillo, Itagüí es la punta de lanza de su estrategia política y se ha vuelto, después de su elección como alcalde en 2011, en su caja mayor, allí es amo y señor, nada ocurre sin que él lo sepa. Las elecciones del 2011, 2015 y 2019 las ganaron Trujillo y sus candidatos, y espera repetir victoria este 2023. De las elecciones realizadas para la Alcaldía de Itagüí desde el 2011, la de 2023 es las que Trujillo tiene más difícil para ganar. Diego Torres no terminó de despegar, pese a que contaría con toda la burocracia del municipio antioqueño. Trujillo, según varias fuentes de Pares y El Itagüiseño, se encuentra arrepentido de su elección y de no haber escogido como su candidato a esta Alcaldía al representante a la Cámara Daniel Restrepo. Diego Torres se enfrenta con quien en el pasado fuera integrante del clan emergente de Trujillo, León Mario Bedoya. Bedoya fue quien sucedió a Carlos Andrés Trujillo en la Alcaldía de Itagüí para el periodo 2016-2019. León Mario esperaba en las elecciones legislativas del 2022 ser el ungido por Trujillo para entrar al Congreso y eso no pasó. Por ello, saltó del conservatismo trujillista a la Alianza Social Independiente (ASI), volviéndose en el 2022 la mano derecha en Antioquia de Berenice Bedoya –presidenta del partido ASI–. Ahora, León Mario Bedoya espera derrotar al oficialismo de Itagüí, del que un día hizo parte y parece que a mes y medio para que se realicen las elecciones el 29 de octubre de 2023 tiene grandes posibilidades der ser el alcalde de Itagüí. Si esto llegara a suceder, de todos los golpes recibidos por Trujillo, ese sería el que se resentiría más. Esta posible derrota se suma a la que también sufrirá el cuestionado aliado de Trujillo Julián Bedoya en la disputa por la Gobernación de Antioquia. Bedoya, aliado ya documentado de Trujillo, sin duda alguna no será gobernador de Antioquia, pues quien parece que será el gobernador es Luis Pérez. Pérez recibió el aval principal de ASI, el partido del que también hace parte León Mario Bedoya, la nueva competencia de Trujillo que se quedaría con la Alcaldía de Itagüí. Este panorama le complicaría la situación política que vive Trujillo, dado que en menos de un año subió como palmera y ahora está bajando como coco, incluso perdiendo su caja mayor y con posibilidades muy reducidas de negociar con Luis Pérez en la Gobernación y su otrora ahijado político León Mario Bedoya. Parte IV: los líos que han involucrado a Trujillo Como si lo anterior no fuera suficiente, a Carlos Andrés Trujillo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación lo han investigado e investigan hechos que involucran a personas de su círculo político y a él mismo. La carrera política de Trujillo cuenta con varios cuestionamientos, dentro de los cuales se han llevado investigaciones judiciales en su contra por parte de la Fiscalía, en especial por actuaciones cuando era alcalde de Itagüí. Cabe resaltar que dos de estos casos ya fueron archivados. Uno de ellos fue en 2015, cuando se hizo inicialmente una solicitud de imputación de cargos y otra solicitud de medida de aseguramiento, que posteriormente fueron retirados. En ambos casos hubo un traslado de Antioquia a Bogotá, según Caracol Radio, por orden del entonces Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. En Bogotá ambos casos fueron archivados por Héctor Eduardo Peñaranda Bautista, fiscal 8 de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción. Una investigación que sigue abierta en la Fiscalía es la que vincula a Guillermo Reyes. La investigación que hoy está en la dirección especializada contra la corrupción -misma que archivó las investigaciones pasadas, pero que cuando Guillermo Reyes era ministro se trasladó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia-, se dio por una denuncia interpuesta por concejales de Itagüí por contratos millonarios que suscribió Reyes como asesor con la Alcaldía de Itagüí. La investigación se da por cuatro contratos firmados entre 2012 y 2013, los cuales suman un poco más de mil millones de pesos. Contratos por los cuales investigan a Guillermo Reyes Fuente: Fiscalía General de la Nación Número del Caso Reyes Fuente: Fiscalía General de la Nación Fuente: Fiscalía General de la Nación Si bien esta investigación solo vincula a Reyes, quien era el alcalde de Itagüí cuando se firmaron dichos contratos era Carlos Andrés Trujillo. Respecto a Trujillo, este cuenta con siete casos abiertos, todos de carácter privado, al interior de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que el juez natural de los aforados es la Corte Suprema de Justicia. Casos de Trujillo en la Corte Suprema de Justicia Fuente: Procesos Rama Judicial Respecto a otras investigaciones que adelanta la Corte Suprema en las que Trujillo y/o personas cercanas se encuentran involucradas ahora, está aquella que tiene que ver con la elección de las actuales contraloras de Antioquia e Itagüí. El magistrado Héctor Javier Alarcón de la Sala Penal de las Salas de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la búsqueda de información sobre la elección de ambas contraloras. La Corte investiga un presunto concierto para delinquir. Hay que recordar que la elección de la contralora de Itagüí, Enedith del Carmen González -antes Contralora de Itagüí- y de la contralora de Antioquia, Yesica Lozano, ambas cercanas al clan emergente de Trujillo, fueron bajo las presidencias en el Concejo de Itagüí de Jorge Iván Restrepo y en la Asamblea de Antioquia de Jaime Cano. Restrepo y Cano, ambas figuras políticas integrantes de la red política de Trujillo, habrían contratado a la misma universidad para realizar los procesos de selección tanto de la Contraloría de Itagüí como de la Contraloría de Antioquia. Solicitud de información por parte de la Corte Suprema de Justica sobre la elección de ambas Contraloras La Procuraduría General de la Nación también ha posado su atención sobre acciones en las que el clan Trujillo ha estado involucrado. El14 de febrero de 2023 el Ministerio Público alertó que la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), una de las empresas de economía mixta de Itagüí, sería un presunto “contratadero”. Pares y El Itagüiseño adelantaron una investigación que refuerza las sospechas de la Procuraduría y además se demuestra que el clan Trujillo tiene una relación directa desde la creación hasta los contratos que ha recibido ADELI durante la última década. Foto tomada de: El Tiempo, W Radio y Corte Suprema de Justicia Trujillo, uno de los mayores barones electorales de Antioquia, del 2022 al 2023 ha transitado de un ascenso vertiginoso, pero calculado, a un desespero por la que parece posible derrota electoral. Trujillo, durante el último año, ha saboreado las mieles del poder, pero ahora que se avecinan las elecciones y mientras se adelantan las investigaciones a su grupo político, los sabores de esas mieles se tornan amargos. A Trujillo siempre lo describen como un hombre ambicioso y eso lo ha llevado a tener una estructura política fuerte, con una importante burocracia; pero, al parecer, esa misma ambición lo ha llevado a ser errático en algunas decisiones que lo tienen al borde de perder su bastión político, Itagüí. No hay mejor descripción de este barón electoral que la de Trujillo, el breve.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: periferiaprensa.com En el corazón de un país marcado por décadas de conflicto, un rayo de esperanza emerge en la región del Bajo Calima, ubicada en el Valle del Cauca de Colombia. Esta región, una vez asolada por la violencia y el desplazamiento forzado, se está transformando en el primer territorio de paz gracias al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el cuarto ciclo de negociación. (Ver: ¿Cómo concluyó el cuarto ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN?) Desde los primeros diálogos entre las partes involucradas, uno de los acuerdos más destacados se centró en la implementación de alivios humanitarios en zonas específicas de alta intensidad de conflicto. El Bajo Calima, que había sufrido durante años la confrontación entre esta guerrilla y la fuerza pública, se convirtió en un punto clave para la entrega de estas medidas de paz. Horacio Guerrero, miembro de la delegación del Gobierno Nacional, reveló que esta región sería la primera en experimentar un cese al fuego y se convertiría en un faro de paz en medio de las conversaciones en curso, cuyo quinto ciclo se llevaría a cabo en México. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), un territorio de paz es el resultado de una política de paz integral. Torres señaló que Buenaventura ha sido designada como el punto de partida para esta política de paz integral, un proceso altamente específico en el ámbito urbano. Además, subrayó que se ha identificado la existencia de tres conflictos en Buenaventura: uno urbano, otro relacionado con los ríos del sur, que involucra a las disidencias y al ELN, y un tercero en el norte, específicamente entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El coordinador de la Línea Pacífico destacó que el primer territorio de paz, conocido como Bajo Calima, es de gran importancia debido a su vasta extensión y a su papel crucial como nexo entre Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el sur de Chocó. Estas dos cuencas, la del río Calima y la del Bajo San Juan, tienen una relevancia estratégica en esta iniciativa. Por lo tanto, la selección de este primer territorio de paz se basa posiblemente en la idea de abordar una región que ha experimentado un rápido deterioro en los últimos dos años y que comparte historias entrelazadas. A pesar de su lejanía y el hecho de que se les haya considerado zonas marginadas con una economía arraigada, Torres cree que estos territorios pueden ser el punto de partida adecuado para la implementación de la política de paz integral. El coordinador también resaltó el papel de la iglesia, la sociedad civil y las comunidades étnicas que han estado trabajando activamente para alcanzar la situación de establecer esta región como un territorio de paz. En consecuencia, Juan Manuel Torres recibe positivamente esta iniciativa. El proceso hacia la paz en el Bajo Calima comenzó con un importante hito en septiembre: un diálogo conjunto entre las comunidades étnicas de la zona. El principal objetivo de este encuentro era garantizar el retorno de estas comunidades a sus hogares, después de años de desplazamiento forzado debido al conflicto armado. Esta reunión tuvo lugar en Las Colonias, cerca de la entrada del río Calima, donde los miembros de los pueblos raizales e indígenas expresaron la urgencia de establecer condiciones de seguridad que les permitieran regresar a sus territorios, reanudar sus proyectos productivos y asegurar el acceso a servicios básicos. Horacio Guerrero destacó que estas medidas de paz no se limitaban al Bajo Calima, ya que también se estaban implementando alivios humanitarios en el Medio San Juan, ubicado en el Chocó. En ambas zonas, las delegaciones de ambas partes trabajaron juntas para supervisar la implementación del cese bilateral al fuego y escuchar las preocupaciones de las comunidades afectadas por la violencia. El negociador del ELN anunció con optimismo que los miembros del pueblo Wounaan comenzarían su proceso de retorno a sus tierras a partir del 12 de octubre. Se espera que para fin de año, todas las comunidades desplazadas en la región regresen a sus lugares de origen. Este compromiso es particularmente significativo, ya que más de 20 comunidades negras y ocho comunidades indígenas están ansiosas por regresar a sus raíces, restaurando así sus lazos con la tierra y la cultura que han sido interrumpidos por décadas de conflicto. El acuerdo en el Bajo Calima es el resultado del “marco político para la realización de acciones humanitarias”, el primer acuerdo pactado en Caracas al cierre del cuarto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Este marco establece los principios que guiarán la implementación del cese al fuego, incluyendo la creación de “zonas críticas para las acciones humanitarias” en el Bajo Calima, San Juan, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. En estas áreas, se llevarán a cabo acciones humanitarias para garantizar el cumplimiento del cese al fuego bilateral y la participación activa de las comunidades en proyectos de paz y desarrollo social, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. Juan Manuel Torres explicó que la identificación de zonas críticas involucra una combinación de múltiples factores, entre los cuales se destaca la presencia y la influencia del ELN, particularmente en actividades de organización y resistencia en colaboración con las bases sociales, así como el establecimiento de relaciones con diversas comunidades étnicas. Torres mencionó que existen varias zonas críticas, como Bajo Calima y Bajo San Juan. Bajo Calima fue la primera en ser designada como zona crítica antes de ser transformada en un territorio de paz, marcando así una transición significativa. El coordinador de la Línea pacífico señaló que estas áreas incluyen el Bajo Cauca, el Nordeste, el Sur de Bolívar, Arauca, y aunque en menor medida, también han sido objeto de acciones humanitarias, resultado de lo que ahora se denomina “alivios humanitarios”. Por lo tanto, se están abordando situaciones más integrales que buscan aliviar las condiciones actuales. Torres sugirió que la elección de estas zonas en lugar de otras responde a decisiones políticas y estratégicas. Además, el coordinador de la Línea Pacífico de Pares destacó que se ha llevado a cabo un seguimiento riguroso del Cese al Fuego bilateral. La implementación de acciones humanitarias y la designación de territorios de paz se consideran enfoques esenciales para verificar y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Torres también hizo énfasis en el retorno de comunidades indígenas y afrodescendientes, subrayando que desde hace dos años han estado en Buenaventura debido a los enfrentamientos. Para el coordinador, los alivios humanitarios pueden contribuir al cumplimiento del Cese al Fuego bilateral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otras organizaciones actuando en cada una de las regiones. En el caso del Bajo Calima, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con quienes se ha perdido cualquier tipo de acercamiento. Torres considera que es necesario establecer una estrategia de diálogo con estos actores si se desea que estas zonas se conviertan verdaderamente en territorios de paz. Además, el coordinador mencionó que hay una serie de actores en juego y que se abordarán numerosos temas en estos territorios de paz. Finalmente, uno de los desafíos que podría enfrentar la implementación de las acciones humanitarias es la presencia de otros actores armados, que han causado impactos humanitarios significativos. Juan Manuel Torres explicó que durante dos años, la población se vio obligada a desplazarse, prácticamente viviendo como refugiados en Buenaventura debido al acoso que sufrieron en su infraestructura pública. Esta situación resultó en un notable éxodo de la población. Un ejemplo concreto fue en la colonia, la población tuvo que convivir con estos grupos armados en medio de su comunidad. Por lo tanto, es crucial considerar la presencia de actores armados, los graves impactos humanitarios ocurridos, y especialmente, la constante falta de cumplimiento de compromisos en regiones como esta. Además, estas áreas presentan desafíos adicionales debido a su difícil acceso, la escasez de infraestructura y la persistente pobreza, lo que complica aún más la situación. El Bajo Calima se perfila como un faro de esperanza en un país que busca poner fin a décadas de conflicto armado. Este acuerdo puede ser un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una paz duradera en Colombia. A medida que las comunidades étnicas regresan a sus hogares y se reanudan proyectos productivos, el Bajo Calima se convierte en un símbolo de lo que es posible cuando se prioriza el diálogo y la cooperación sobre la violencia y la confrontación.

Por: Redacción Pares Semana del 11 al 17 de septiembre del 2023 El Comité Nacional de Participación deberá presentar en los próximos días la programación de los eventos sectoriales y regionales para adelantar la consulta de cómo debe ser la participación y desde esos insumos construir el plan nacional de participación que deberá ser llevado adelante en el 2024. La semana pasada se dieron varios espacios de intercambio sobre este proceso entre el Gobierno y el ELN: en el Calima hubo una reunión con liderazgos del mundo afro e indígena, en la que participaron integrantes de la delegación de diálogo del Gobierno y de los gestores de paz del ELN, así como foros en la Universidad Pedagógica, en Cúcuta, por mencionar algunos. Esto muestra que se viene desplegando un proceso de diálogo, formulación de propuestas de participación y expectativas frente a este proceso de paz. En varias regiones persisten graves situaciones humanitarias producto de la continuidad de los enfrentamientos entre el ELN y otras organizaciones con las que se disputa la presencia territorial, entre las que sobresalen los choques en Samaniego, con disidencias de las FARC, al igual que en Arauca. El martes 12 de septiembre la estructura del Frente de Guerra Occidental entregó en el Medio San Juan a dos civiles que estaban en su poder y que acusan de trabajar con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Para esta liberación fue clave la mediación de las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. No hay noticias sobre el proceso de completar el mecanismo de verificación del cese bilateral y sigue la expectativa por la llegada de un grupo de verificadores internacionales que se integrarán a la Misión de la ONU para poder adelantar a cabalidad está importante tarea. 1. Políticas Públicas. Senador Iván Cepeda habla de la negociación con el ELN: 2. Otty Patiño: "uno comprueba si una paz es buena si las mujeres dejan de sufrir": https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/otty-patino-uno-comprueba-si 3. Podcast. Espacio sobre el Comité Nacional de Participación de la Mesa de diálogos Gobierno Colombiano – ELN: 4. Procuradora sobre proceso de paz con ELN: “a pesar del cese al fuego, seguimos recibiendo noticias de alteraciones al orden público”: https://www.semana.com/nacion/articulo/procuradora-sobre-proceso-de-paz-con-eln-a-pesar-del-cese-al-fuego-seguimos-recibiendo-noticias-de-alteraciones-al-orden-publico/202323/ 5. Zona del Bajo Calima será el primer territorio de paz del proceso de diálogo Gobierno-ELN: https://news.eseuro.com/local/2243105.html 6. “Hay una clara complicidad de ejército y paramilitarismo”: ELN en Chocó. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/hay-una-clara-complicidad-de-ejercito-y-paramilitarismo-eln-en-choco/ 7. Las nueve zonas de Colombia en riesgo extremo para las elecciones del 29 de octubre”: https://caracol.com.co/2023/09/16/las-nueve-zonas-de-colombia-en-riesgo-extremo-para-las-elecciones-del-29-de-octubre/ 8. Petro pide sacar a Cuba de lista de países que apoyan el terrorismo: https://caracol.com.co/2023/09/16/petro-pide-sacar-a-cuba-de-lista-de-paises-que-apoyan-el-terrorismo/ 9. Más de 1400 personas a la deriva por nuevo desplazamiento forzado de comunidades en Nariño: https://cambiocolombia.com/pais/mas-de-1400-personas-la-deriva-por-nuevo-desplazamiento-forzado-de-comunidades-en-narino 10. Nariño, Chocó y Cauca: los departamentos más afectados por la violencia en Colombia: https://noticias.caracoltv.com/colombia/narino-choco-y-cauca-los-departamentos-mas-afectados-por-la-violencia-en-colombia-rg10 11. ELN en Arauca: enorme desafío para la política de paz total: https://cambiocolombia.com/conflicto/eln-en-arauca-enorme-desafio-para-la-politica-de-paz-total Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Publimetro y El País Durante el gobierno del saliente alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se han venido desarrollando grandes problemáticas que dejan en la cuerda floja a esta ciudad. Para los ciudadanos, la gestión de Ospina ha sido mala e ineficiente. Según la última encuesta de Invamer, publicada el 30 de agosto de 2023, este es el alcalde del país con el mayor nivel de desaprobación con un 75,6%. Sin embargo, su desaprobación no es algo nuevo, ya que su imagen se venía deteriorando desde el Paro Nacional de 2021. Son dos los ejes clave que dejan en duda la gestión de Ospina: el incremento de la inseguridad en la ciudad y el aumento de la corrupción. Tal vez su reto más inminente sea el de la inseguridad, pues la meta es cerrar el año 2023 con menos de 800 homicidios, así lo había afirmado su secretario de seguridad Jimmy Dranguet en una entrevista para El País en enero de 2023: Para este 2023 la meta es cerrar el año con menos de 800 homicidios, algo que rompería un récord, pues desde que se tiene registro, en la ciudad nunca se ha presentado una cifra similar, en el 2023 hay que profundizar la reducción de la muerte violenta, hay que trabajar con la comunidad y entre todos tener una ciudad segura, en este año hay que seguir reduciendo los homicidios, ojalá lleguemos a 800 o menos, esa es nuestra meta para este año. Sin embargo, la inseguridad en Cali sigue siendo uno de los temas más preocupantes para los ciudadanos. Según cifras del último boletín de Cali Cómo Vamos, durante el 01 de enero de 2023 al 14 de agosto de 2023, las denuncias de hurto a personas tuvieron un registro de 13.875, 1.228 más en comparación con el mismo periodo del 2022 (12.647). Para 2023 se han denunciado un promedio de 61 casos diarios. En este mismo periodo se registraron un total de 643 homicidios, 2,8 homicidios por día, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo del año 2022 (604). Siguiendo los anteriores indicadores, es evidente que hay un detrimento en la seguridad. Esto responde a múltiples factores. El primero de ellos es la presencia de grupos armados y el incremento de las bandas criminales locales. El segundo es la desconfianza hacia las instituciones públicas (funcionarios públicos, Concejo Municipal y Policía Nacional) producto del estallido social y, por último, las deficientes políticas implementadas por parte de Ospina. Un ejemplo claro de esto para el presente año, según informó el País, es que el presupuesto para la seguridad de la ciudadanía tuvo una reducción del 23% pasando casi de $84 mil millones que había en el 2022 a $64 mil millones de pesos. Al final, esta reducción contradice su meta inicial en materia de seguridad para el 2023. Otra problemática que pesa en la gestión de Ospina son los múltiples hechos de presunta corrupción e irregularidades en la contratación pública. Según Infobae, durante su periodo de mandato le han abierto alrededor de 21 investigaciones, 15 en la Procuraduría y 6 en la Fiscalía. El último hecho registrado fue la formulación de pliegos por parte de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020. Según el ente de control, al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizaron de forma virtual por la pandemia del Covid-19. Así avanza la competencia por Cali Las dos problemáticas mencionadas anteriormente han venido siendo claves en estas elecciones, porque se puede evidenciar en las encuestas cómo los discursos y las alianzas de los principales candidatos giran alrededor de estos dos ejes. Por un lado, se presentaron discursos que van desde la creación de mega cárceles y mega sistemas para frenar la inseguridad, hasta discursos en los que afirman el relacionamiento y el apoyo entre candidatos y el actual Alcalde de Cali. Por otro lado, varios candidatos han buscado alianzas con los dos candidatos más importantes que se disputan la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, anteriormente cuestionada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y Tulio Gómez. La más reciente encuesta publicada el 30 de agosto de 2023, muestra que la intención de voto para la Alcaldía de Cali la lidera, con el 43,8%, el concejal y empresario del chance en Cali, Roberto Ortiz. En segundo lugar aparece con el 15,8%,Alejandro Eder. En tercer lugar aparece Diana Rojas con el 10,7%. En las múltiples encuestas que se han realizado y publicado, estas siempre son lideradas por el concejal y empresario del chance en Cali, Roberto Ortiz. Cabe recordar que Roberto Ortiz, mejor conocido como “El Chontico”, cuenta con el aval del movimiento significativo “Firmes con Cali” y con el coaval del Partido Liberal. Ortiz fue cuestionado anteriormente por Pares. Esta es la tercera vez que “el Chontico” aspira ser alcalde de Cali, y puede ser la vencida. Según las mismas encuestas, una de sus principales estrategias ha sido poner todos los discursos alrededor de la inseguridad, pues el pasado 30 de agosto en un gran evento dio a conocer su plan de seguridad, el cual consiste en crear un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana de Cali (Sisec). Este sistema contaría con 10 drones, 500 alarmas inteligentes, 500 cámaras que funcionarán con inteligencia artificial, 60 motocicletas de reacción inmediata y 50 vehículos blindados, y sería ejecutado por la Policía Metropolitana, que recibirá recursos del distrito para capacitar a cerca de 450 uniformados para la operación del sistema. Según Ortiz, la inversión de este plan tendría un presupuesto de 60 mil millones de pesos. Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal en Twitter de Roberto Ortiz Ahora bien, en medio de las elecciones se le ha visto relacionado en múltiples eventos con Dilian Francisca Toro, para muchos ciudadanos podría existir una fórmula. Sin embargo, Dilian por medio de sus redes sociales afirmó que no contaría con una fórmula para la Alcaldía de Cali. Cabe recordar que en las pasadas elecciones, faltando pocas semanas para la votación, Toro anunció su apoyó a Jorge Iván Ospina. A partir de lo anterior, es importante preguntarse si a Ortiz le beneficiará ser fórmula de Dilian, pues en estos escenarios podría ser el empujón final que lo ayudaría a coronarse como alcalde o, por el contrario, sin su apoyo sus aspiraciones como alcalde podrían ser afectadas. Fuente: Imagen tomada de El País Hasta la primera semana de septiembre, según las encuestas, es claro que la derecha vuelve al poder en Cali, ya sea a través de Roberto Ortiz, o con Alejandro Eder, a quien lo acompañan los partidos tradicionales y el sector empresarial, o a través de Diana Rojas, que afirma que su campaña es independiente, y en contra de las maquinarias políticas, pero, según Diario Occidente, cuenta con el apoyo del exalcalde Maurice Armitage, reconocido en el sector empresarial que tiene un papel fundamental en la política del departamento. Es importante resaltar que Rojas fue secretaria de Armitage en su gobierno (2016-2019) y concejal por el Partido Liberal (2020-2023). El resurgimiento de la derecha en Cali se debe, en mayor medida, a la mala gestión de Ospina. Ospina generó en Cali un sentimiento de decepción, de desconfianza y desinterés por parte de los ciudadanos en contra de los partidos y candidatos alternativos y de izquierda. Esto se suma a la falta de coordinación por parte del Pacto Histórico, lo que se ve reflejado en el hecho de no contar con un candidato fuerte. Esto terminará de sellar la victoria de los partidos tradicionales y de derecha en Cali.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: GreenSmart La capital de Colombia se alista para convertirse en el epicentro de una relevante conversación global sobre el cambio climático en la segunda edición de la Convención Internacional de Emergencia Climática, programada para los días 19 y 20 de septiembre de 2023. Este evento se presenta como una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre los escenarios de vulnerabilidad y riesgo climático, y para poner de relieve la necesidad apremiante de que los territorios, sectores y la sociedad civil se unan para acelerar las acciones destinadas a combatir la crisis climática. La Convención se llevará a cabo en dos sedes principales: la Cámara de Comercio de Bogotá, en sus sedes centro, y empresarial de Salitre. Este recinto proporcionará el espacio necesario para que los más de 60 panelistas, tanto nacionales como internacionales, expertos en diversas áreas ambientales, compartan sus conocimientos y experiencias. El evento contará con la presencia de panelistas como Vina Benkataraman, una periodista estadounidense y experta en políticas de ciencia y tecnología que anteriormente se desempeñó como asesora principal para la innovación en el cambio climático en la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama. También se unirán Andrea Bizberg, asesora técnica para el proyecto de Planificación de Acción Climática de Calidad del Aire en América Latina de C40, e Ilan Cuperstein, director regional para América Latina de C40, quien previamente trabajó en el Centro China-Brasil para el Cambio Climático. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, también participarán en este espacio, aportando sus perspectivas y liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El objetivo principal de la Convención Internacional de Emergencia Climática 2023 es fortalecer la estrategia nacional y promover la colaboración con el sector empresarial y académico para avanzar hacia la neutralidad en carbono y la resiliencia al 2050. Es importante destacar que Bogotá ya ha puesto en marcha diversas acciones para abordar el cambio climático, incluida la implementación de la Política Pública de Acción Climática para Bogotá. Esta política reconoce la urgencia de enfrentar el cambio climático de manera integral y colaborativa. Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en Colombia su responsabilidad de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático ha llevado a la creación de medios para la implementación de energías limpias. Esta transición hacia energías más limpias es esencial en todos los niveles y debe ser abordada de manera integral. Por esta razón, se vuelven imprescindibles procesos de gobernanza, como la presente convención, que facilita el intercambio de experiencias entre expertos académicos, comunidades y otras partes interesadas. El coordinador explicó que el propósito de este intercambio es identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas relacionadas con procesos como la promoción de la movilidad sostenible y la adopción de sistemas de iluminación más eficientes, que, como se ha demostrado en el caso de Bogotá, son alternativas efectivas para reducir las emisiones de gases. La organización de la Convención es resultado de la colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Antioquia y Activa, una empresa de parques y eventos en Antioquia. Además, se han sumado valiosos aliados como Fondo Acción, Camino Hacia Carbono Neutral, C40, Global Green Growth Institute y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), todos trabajando juntos para brindar a las organizaciones, instituciones y ciudadanía en general las herramientas necesarias para abordar la crisis climática. Este evento en Bogotá también se presenta como un preámbulo crucial para la Cumbre de Cambio Climático COP28, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái. La delegación colombiana, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra actualmente en Alemania participando en la Sesión 58 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta sesión, se discuten temas clave como la adaptación al cambio climático, la financiación de pérdidas y daños, la ambición climática y la transición energética justa. Colombia busca resultados ambiciosos en la COP28, incluida la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, que permitirá gestionar recursos suficientes para hacer frente a los impactos del cambio climático. La delegación colombiana abogará por la ambición en la mitigación y adaptación, así como por la reducción progresiva y determinada de los combustibles fósiles. Estos esfuerzos son fundamentales para cumplir con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. La Convención Internacional de Emergencia Climática Bogotá 2023 es una oportunidad para aprender, reflexionar y compartir soluciones en la lucha contra el cambio climático. Más que nunca, es esencial que individuos, comunidades, gobiernos y empresas se unan en un esfuerzo conjunto para enfrentar la crisis climática y mejorar las condiciones de vida en nuestro planeta. La conversación está en marcha y Bogotá se presenta como un epicentro vital para impulsar el cambio necesario hacia un futuro más sostenible y resiliente. Nashry Zahgui Ibn Mucktafi considera fundamental promover reflexiones y diálogos en torno a la transición, dado que es un tema relativamente novedoso, donde el enfoque central debe recaer en las comunidades y los territorios. Además, destacó que el cambio climático representa el principal desafío en las actuales conversaciones a nivel ciudad. Bogotá se ha erigido como un ejemplo a seguir gracias a diversos proyectos, como la implementación de buses articulados en el sistema Transmilenio, que incorporan tecnologías que reducen significativamente las emisiones de gases.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Infobae y Caracol Radio El departamento de Antioquia desempeña un papel crucial en la economía colombiana, ya que concentra una de las mayores producciones de oro en el país y contribuye significativamente al PIB nacional, representando el 15% de este. Es por ello que ejercer el control territorial en Antioquia se convierte en una estrategia fundamental para cualquier estructura criminal, ya que esto les permitiría incidir de manera constante en los asuntos que marcan la agenda económica, política y social del país. No en vano, según datos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en este departamento se registra presencia de cinco grupos armados ilegales. El Clan del Golfo, que abarca 59 municipios, lidera en términos de expansión territorial; seguido por el Ejército de Liberación Nacional, presente en 31 municipios; el Estado Mayor Central (EMC), con presencia en 19 municipios; Los Caparrós o Los de Abajo, con influencia en 11 municipios; y la Segunda Marquetalia, que opera en 4 municipios. El Clan del Golfo, el ELN el y EMC tienen profundas raíces históricas en diferentes lugares del departamento que poseen ciertas características geopolíticas relevantes para estos grupos armados ilegales. El Clan del Golfo se caracteriza por su presencia en zonas costeras y fluviales, regiones fronterizas, centros urbanos y corredores de tráfico de drogas del departamento de Antioquia, donde pueden proteger sus intereses económicos, como la minería ilegal y el narcotráfico. Algunos de los municipios con una fuerte historia de paramilitarismo en Antioquia son Turbo, Necoclí, Carepa y Puerto Berrío, entre otros. Por otro lado, los grupos armados guerrilleros como el ELN y EMC se ubican en áreas montañosas y rurales, selvas y bosques, corredores fluviales, áreas fronterizas y zonas estratégicas desde el punto de vista político o económico de las organizaciones. Algunos municipios históricamente afectados por las guerrillas son Ituango, San Andrés de Cuerquia, Zaragoza, Yondó y otros. Este nuevo panorama de conflicto territorial agrega complejidad a la situación de seguridad en Antioquia. Mapa No. 1 Presencia de Estructuras Armadas Iilegales en Antioquia 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares) El cese al fuego entre el ELN y el Gobierno Colombiano en el marco de la propuesta de Paz Total del gobierno de Petro, y la posibilidad de instalar una mesa de diálogo entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Gobierno, ha dado lugar a nuevas dinámicas del conflicto en varias de las subregiones de Antioquia. Estos cambios en las dinámicas están dados por las incursiones del Clan del Golfo en áreas que históricamente estuvieron bajo el dominio de grupos guerrilleros. De esta manera, se han incrementado las incursiones y enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y el ELN contra el Clan del Golfo, que ha evidenciado unas alianzas entre estos grupos guerrilleros para defender el control territorial sobre las intenciones de expansión del Clan del Golfo en el departamento. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la vereda San Pablo, ubicada en el municipio de Cáceres. El 23 de agosto de 2023, aproximadamente 30 hombres armados pertenecientes al Clan del Golfo llevaron a cabo una masacre que resultó en la trágica muerte de seis personas, incluido el líder de la asociación de barequeros de la vereda. Además, capturaron a cinco individuos vinculados al ELN y al Estado Mayor Central, quienes fueron mantenidos como prisioneros de guerra hasta ser finalmente liberados el 06 de septiembre de 2023 y entregados a organismos internacionales y locales, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia Católica, la Personería Municipal de Tarazá y la Comisaría de Familia de este municipio. Esta situación también ha tenido un impacto significativo en otras subregiones del departamento, en particular en el Norte y Nordeste Antioqueño. El 29 de julio de 2023 se desencadenaron múltiples enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, lo que lamentablemente resultó en la pérdida de una vida civil y el desplazamiento forzado de más de 150 personas en la zona rural del municipio de Segovia. Además, en la subregión del Norte, el Estado Mayor Central ha perpetrado asesinatos y amenazas contra líderes sociales en el municipio de Ituango, acusándolos de colaborar con el Clan del Golfo, según lo informado por Óscar Yesid Zapata, un defensor de derechos humanos afiliado a la Fundación Sumapaz. Estas incursiones del Clan del Golfo en territorios que históricamente han estado bajo la influencia de grupos guerrilleros, como el municipio de Ituango, la vereda de San Pablo en Cáceres y algunas áreas montañosas, rurales y remotas en los centros poblados de los municipios de Segovia, Remedios y Anorí, plantean interrogantes cruciales. Este fenómeno no se viene dando de manera exclusiva en este departamento, pues también en Córdoba el Clan del Golfo ha centrado su interés de expansión, según lo denunció la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas tempranas. Este ente defensorial señaló que la estructura criminal ha intentado hacerse al control territorial en siete (7) municipios cordobeses; San Carlos, Ciénaga de Oro, Chimá, Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento y Tuchín. Hay que recordar que, desde finales de 2022, el Clan del Golfo como estructura armada también manifestó interés en participar en la propuesta de Paz Total del Gobierno, como salida dialogada al conflicto. Sin embargo, el mismo Gobierno manifestó la decisión de suspender las acciones de negociación con este GAO por su presunta participación en el Paro Minero que tuvo lugar en las subregiones de Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño durante los meses de marzo y abril, ya que, según el Gobierno Nacional, dicha estructura armada ilegal orquestó y financió las acciones de vandalismo que se presentaron en medio de la protesta. Lo anterior se relaciona con los intereses que tiene este GAO en el control de las economías ilegales en el departamento y que estarían impulsando dicha expansión territorial. Tanto las regiones del Nordeste Antioqueño y el Bajo Cauca cuentan con una gran cantidad de títulos mineros en el departamento, además de servir como corredores clave para el tráfico de drogas y presentar una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. Otros factores que podrían motivar su expansión en Antioquia y en otras áreas del país, serían: · Control territorial estratégico: el control de ciertas áreas puede proporcionar ventajas estratégicas, como el acceso a rutas de contrabando, la capacidad de esconderse en terrenos difíciles de alcanzar o el dominio sobre corredores de transporte clave. · Poder político y social: el Clan del Golfo podría buscar influencia política y social en estas regiones, utilizando su presencia para ejercer presión sobre las comunidades locales y las autoridades. · Lucha por recursos naturales: las áreas con ricos recursos naturales, como tierras fértiles o recursos hídricos, pueden ser atractivas para el control del Clan del Golfo, ya que les permitiría ejercer control sobre la producción agrícola y la distribución de agua, lo que puede generar ingresos significativos. · Desestabilización y control del territorio: la presencia de grupos armados ilegales puede contribuir a la desestabilización de una región, lo que a su vez facilita el control territorial y económico. Esto puede incluir la extorsión a empresas y la imposición de impuestos ilegales. · Protección de intereses criminales: además de la minería ilegal y el narcotráfico, el Clan del Golfo podría estar interesado en proteger otras actividades ilegales, como la tala ilegal de madera, la pesca ilegal o el contrabando de productos. En resumen, la presencia y expansión del Clan del Golfo en Antioquia plantean desafíos significativos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Antioquia, con su importancia económica y territorial, se ha convertido en un escenario crítico donde varios grupos armados ilegales compiten por el control. La reciente escalada de enfrentamientos y la alteración de las dinámicas de poder en la región, como resultado del cese al fuego entre el ELN y el EMC, destacan la complejidad de la situación. Si bien se han planteado posibles motivaciones detrás de la expansión del Clan del Golfo, incluidos los intereses económicos y la dinámica de los procesos de paz, la realidad es que esta situación sigue evolucionando y generando incertidumbre en Antioquia y sus subregiones. La interacción entre factores políticos, económicos y sociales sigue siendo un tema de estudio crucial para comprender plenamente las dinámicas del conflicto en la región. El Estado, las organizaciones de derechos humanos, la academia y la sociedad en general deben continuar monitoreando de cerca esta situación y trabajando juntas para abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones que promuevan la Paz Total y la estabilidad en Antioquia y en toda Colombia. El camino hacia una salida del conflicto sigue siendo un desafío, pero es esencial persistir en la búsqueda de vías que permitan avanzar hacia un futuro más pacífico y justo, sobre todo para estos territorios tan profundamente afectados por décadas de violencia y conflicto armado.