Por: Valeria Torres, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Alcaldía de Cali Seguridad: el eje central de la carrera por la Alcaldía de Cali La carrera por la Alcaldía de Cali cuenta con al menos 13 candidatos que se disputarán el próximo 29 de octubre el cargo como primera autoridad de la ciudad. En esta disputa se han planteado las diversas promesas y sturas respecto a temas cruciales que reclaman la atención de la ciudadanía, entre los cuales destaca el problema de la seguridad, que se ha vuelto uno de los temas centrales del debate, y un aspecto primario en el desarrollo de las distintas campañas. Diagnóstico Actualmente la capital del Valle del Cauca presenta un panorama de seguridad complejo marcado por el incremento en las cifras de delitos. El seguimiento realizado desde la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con base en los datos del SIEDCO, permite evidenciar que el hurto a personas fue el delito que reportó un mayor número de casos en la ciudad, alcanzando un total de 12.692 en el primer semestre de 2023, lo cual, constituye un aumento del 24,9% si se compara con el mismo semestre del año pasado. Otros delitos de alto impacto también reportaron cifras considerables, que, en su mayoría, incrementaron respecto al año pasado; la extorsión, por ejemplo, alcanzó los 259 casos en el primer semestre de este año, aumentando en un 103,9% respecto al primer semestre del 2022, cuando se registraron 127. En cuanto a los casos de homicidio, se obtuvo una cifra de 507 casos para el primer semestre de 2022 en comparación con los 505 presentados en el mismo semestre de 2023, lo cual, representa una reducción solamente de 2 casos para este año, equivalente al 0,4%. Elementos particulares como la ubicación geoestratégica de la ciudad, caracterizada por su cercanía al puerto de Buenaventura, y la zona rural que la conecta con una cadena montañosa, la convierten en un lugar propicio para el desarrollo de actividades ilícitas por parte de grupos armados. Se han identificado algunos de este tipo como el Clan del Golfo, específicamente a través de las subestructuras ‘Pacífico’ y ‘Baudó’; el ELN; y la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. De tal manera, en el marco del accionar criminal de estos grupos por el control territorial, el desarrollo de las economías ilegales y el ajuste de cuentas, se genera un escenario de violencia, al que se suma la delincuencia organizada, con grupos como ‘Los Paisas’, ‘Los Iluminaty’, ‘Los Potrero’, ‘La Tercera’, ‘África’, ‘Los del Alto’, ‘Los Panda’, ‘La 40’ y ‘El Platanal’, que ocasionan un deterioro en la seguridad de la población caleña. Cabe resaltar que, así como se dan disputas entre las distintas estructuras delincuenciales, también se establecen lazos y alianzas criminales que se extienden, incluso, a otras ciudades que hacen parte del área metropolitana como Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Buenaventura, creando redes de violencia más grandes que se traducen en inseguridad para la población. Este panorama explicaría entonces la alta percepción de inseguridad que tienen los caleños. De hecho, la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por “Cali Cómo Vamos” en el año 2022, muestra que el 44% de las personas encuestadas señaló no sentirse segura en la ciudad y el 18% indicó ser víctima de algún delito. Por otro lado, en la Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana realizada por el DANE para el año 2022, entre los meses de septiembre y noviembre, la ciudad obtuvo el porcentaje de percepción de inseguridad más alto (84,1%), ocupando así el primer lugar a nivel nacional. Según la misma encuesta de Cali Cómo Vamos, la seguridad se encuentra dentro del top 10 de los temas a los que la ciudadanía considera se les debe prestar una mayor atención desde la administración local. Esto, sumado a la alta percepción de inseguridad, podría ser un factor para explicar el grado de desaprobación que existe por parte de los habitantes de la ciudad hacia la gestión del actual alcalde Jorge Iván Ospina, que alcanza un 54%. Propuestas Teniendo en cuenta este contexto, las propuestas respecto al mejoramiento de la seguridad son de especial interés para los ciudadanos y, por ende, para los candidatos, quienes han abordado esta problemática como un eje central de sus campañas, dando relevancia a las medidas y estrategias que emplearían para combatir este fenómeno. De los 12 aspirantes se tendrán en cuenta para este análisis, aquellos que lideran la intención de voto: Uno de estos candidatos es Roberto Ortiz, quien actualmente lleva la delantera en las encuestas. Ortiz propone la creación de un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana (Sisec), que contará con tecnología avanzada como drones, alarmas, y cámaras de inteligencia artificial para identificar en tiempo real la comisión de delitos y la identidad de aquellas personas y estructuras dedicadas al multicrimen. Además, plantea la suscripción y capacitación de 1.000 nuevos efectivos policiales y afirma que creará el Banco de las Oportunidades, mediante el cual facilitará recursos a la ciudadanía a cero tasa de interés como una estrategia para liberarles de grupos criminales que se dedican al préstamo de dinero. Sin embargo, el candidato no explica la manera en la que llevará a cabo esta propuesta, ni los medios y fuentes de financiación que empleará. Otros candidatos como Alejandro Eder y Diana Rojas, si bien aluden en sus programas de gobierno a aspectos importantes para la gestión de la seguridad como la convivencia, la reconciliación y la prevención, plantean también en sus discursos estrategias con enfoque militarista, como lo son la presencia del Ejército dentro de la ciudad para apoyar a la Policía en tareas puntuales encaminadas a la lucha contra las organizaciones criminales. Eder, sin embargo, no descarta totalmente la militarización para Cali, y señala que si es necesario, se hará. En esa línea se encontraba también Jaime Arizabaleta, quien finalmente desistió de su candidatura, pero en su momento señaló que militarizaría toda la ciudad. Wilson Ruiz, por su parte, señala que su prioridad será “devolverles la seguridad a los caleños” y, para ello, propone crear un plan de seguridad que incluye como estrategia el incremento en el número de uniformados en las calles, además de la dotación de equipos tecnológicos para hacer frente a la delincuencia. La candidata Miyerlandi Torres, se mantiene en la misma línea de Eder y Rojas al contemplar aspectos importantes como la convivencia y la prevención, por ejemplo, apuntando al fortalecimiento en las capacitaciones de la Policía Metropolitana en derechos humanos, también le apunta al uso de la tecnología para el monitoreo ciudadano y la predicción del delito, acompañada de un aumento de efectivos de la Policía especializados en el combate al crimen. Reflexiones La revisión de los programas y propuestas que se hizo en este artículo, aunque no contiene la totalidad de planes y estrategias contemplados por los candidatos, sí permite observar que predomina un modelo de seguridad punitivo orientado al aumento en el pie de fuerza pública, aspecto que difiere del discurso que mantiene el Gobierno Nacional en temas de seguridad, quien ha hecho énfasis en una gestión civilista con un enfoque de seguridad humana. Sobre todo, se diferencia de aquellas estrategias que apuntan a la militarización como un mecanismo para la seguridad pública, cuyo principal riesgo es oprimir a quien se está protegiendo, además de estar relacionada con el abuso de los derechos humanos. Ante este panorama, llama la atención especialmente que los ciudadanos parecen estar de acuerdo con propuestas en esa línea. De hecho, en la encuesta mencionada anteriormente de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 77% de los encuestados votó por la opción “Más presencia de Policía” como alternativa para mejorar la seguridad de la ciudad, lo que podría indicar que se inclinarían por un mandato de este tipo, orientado al incremento de fuerza pública como garantía de seguridad. En suma, el escenario descrito deja en evidencia, por un lado, una situación de inseguridad que va en aumento caracterizada por el incremento en las cifras de delitos y el accionar de las estructuras criminales que libran sus disputas en las calles de la ciudad y, por otro lado, un escenario político que marca una tendencia hacia un modelo policivo en el manejo de los asuntos de seguridad pública. Lo cierto es que quien asuma la administración de la ciudad por el próximo periodo enfrentará múltiples retos tanto a nivel local como departamental y nacional, en tanto que deberá trabajar con estas instancias de gobierno para lograr la armonización de políticas que ayuden a contrarrestar los niveles de criminalidad y violencia.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género A un mes y medio de las elecciones, la campaña por la Alcaldía de Bogotá se siente en un punto álgido. En las conversaciones cotidianas empieza a aparecer con más frecuencia la pregunta por la intención de voto, al tiempo que los candidatos, de forma más constante, aparecen en medios de comunicación y asisten a debates. También se han empezado a publicar los resultados de las encuestas, y con ellos los nombres de quienes posiblemente llegarían a la segunda vuelta, y de quién podría resultar victorioso. Fiel al intento de votar informada, he visto tres de los debates que convocan a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, y a pesar de que allí pueda encontrar argumentos para inclinarme a favor de uno u otro, escucharlos me deja un sinsabor. Si bien sus respuestas permiten conocer las medidas que tomarían en el corto plazo sobre asuntos específicos, me ha resultado imposible hacerme una imagen de cuál es el futuro, el camino para el largo plazo, que propone cada uno. No hay casi ninguna discusión cuando se afirma que los dos problemas urgentes de Bogotá son la movilidad y la seguridad. Estos asuntos son la punta del iceberg, los problemas que casi cualquiera que viva en Bogotá puede observar y experimentar cuando sale a la calle. Tal vez a consecuencia de esto, quienes conducen los debates electorales se concentran en hacer preguntas como: corredor verde por la séptima, ¿sí o no?; pico y placa para motos, ¿sí o no?; ¿qué estrategias usar para reducir el delito? Y, ni animados por estas preguntas, ni a motu proprio, los candidatos presentan propuestas sobre su modelo de ciudad. Un modelo que, más allá de lo urgente, analice las causas de estos problemas, considere la relación entre unos problemas y otros, y plantee soluciones sostenibles, cuyos efectos secundarios no terminen siendo peores que los desafíos iniciales. Aunque es válido y crucial plantear soluciones a los problemas más apremiantes, es ingenuo suponer que temas tan delicados como la seguridad o la movilidad encontrarán un alivio muy significativo en el corto plazo. Y, en ese sentido, conviene mirar algunos aspectos que se esconden detrás de estas urgencias. Por ejemplo, ¿cuál es la postura de los candidatos frente al crecimiento de la ciudad?, es bien sabido que la movilidad mejora no solo por tener más medios de transporte y que el uso del transporte público es mayor en las ciudades concentradas, si se las compara con aquellas que son dispersas. ¿Cómo analizan los candidatos la relación entre el aumento de la inseguridad y otros asuntos clave como el desempleo o los problemas en la administración de justicia?, ¿qué piensan del crecimiento del crimen organizado que impacta no solo a Colombia sino a América Latina? Durante los debates, dos asuntos llamaron mi atención. Uno, los comentarios reiterados por parte de distintos usuarios que clamaban un Bukele para la ciudad. Esto evidencia la súplica de la ciudadanía por erradicar, de forma contundente, el creciente fenómeno de inseguridad que aqueja a Bogotá. En este contexto, las recetas y fórmulas mágicas están a la orden del día. Pero las soluciones que responden al inmediatismo y a la eficacia como únicos criterios para resolver problemas públicos conllevan enormes riesgos. Para no caer en ellos, conviene mirar en perspectiva y, aunque sea menos vitoreado, analizar la seguridad como un problema complejo, solo de esta forma se puede alcanzar un sano equilibrio entre brindar soluciones visibles y ágiles, y sentar las bases necesarias para disminuir los incentivos para delinquir. Dos, escuchar los comentarios negativos de los candidatos sobre la ciudad que buscan gobernar. Pareciera que los votos se obtienen más fácil usando adjetivos como terrible, nefasta, atrasadísima. Y es que el inmediatismo y la carrera electoral ponen en la sombra los avances que, aunque puedan ser valorados como pocos, existen. En un debate organizado por la Universidad Nacional, cuando se les preguntó a los candidatos por sus propuestas en materia de equidad de género, ninguno mencionó las manzanas de cuidado. Este es un proyecto bandera de la administración actual y con avances importantes en el reconocimiento del trabajo de mujeres cuidadoras, que debería estar en el centro de las propuestas sobre equidad de género en Bogotá. Sin un modelo de ciudad, quien gane en octubre podrá seguramente tomar medidas sobre algunos problemas en nuestra vida cotidiana, pero perdemos de vista el pasado que arroja luz sobre las causas de nuestras actuales dificultades, las soluciones previamente ensayadas pero fallidas y los logros alcanzados que vale la pena profundizar y sostener. También perdemos la capacidad de establecer un punto de referencia hacia el cual dirigirnos, una esperanza sobre aquello que la ciudad podría ofrecernos en el futuro y la oportunidad de que esta nueva administración nos encamine hacia algún lugar y no solo dé pasos a la deriva. Además, sin un modelo de ciudad corremos el riesgo de abrir la puerta a soluciones simplistas que, como hemos visto, suelen desembocar en consecuencias adversas. Tal vez a un mes y medio de las elecciones sea muy optimista pensar en votar por quien presente un modelo de ciudad, pero el primero de enero de 2024 es deseable saber hacia dónde vamos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos Tomadas de: El Tiempo Este lunes 11 de septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su informe anual titulado “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022”, que revela cifras alarmantes sobre el auge del cultivo de coca en el país. (Ver: 230.000 hectáreas de coca: gobierno responde con nueva política de drogas) Según el informe, Colombia ha superado nuevamente cifras récord en el cultivo de coca. En el año 2022, se registraron un total de 230,000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un incremento del 12.7% en comparación con el año anterior y un impresionante 43% más que en 2020. Este aumento desproporcionado plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en las regiones afectadas. Según el informe, Colombia ha superado nuevamente cifras récord en el cultivo de coca. En el año 2022, se registraron un total de 230,000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un incremento del 12.7% en comparación con el año anterior y un impresionante 43% más que en 2020. Este aumento desproporcionado plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en las regiones afectadas. Uno de los datos más destacados del informe es la distribución no uniforme del aumento de cultivos de coca en todo el país. Las zonas fronterizas experimentaron un aumento del 21% en el área sembrada, mientras que en las regiones a 10 kilómetros de la frontera, se concentró cerca del 50% del incremento neto. Esto resalta la necesidad de una atención especial en estas áreas donde los cultivos de coca siguen floreciendo. Además, la producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó en un 24% en comparación con el año 2021, alcanzando un total de 1,738 toneladas. El informe identificó que el 65% de los cultivos de coca se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Sin embargo, es en Putumayo donde se encuentra el dato más impactante. El 77% del aumento de hectáreas de coca en todo el país se registró en esta región. En 2021, Putumayo albergaba 204,000 hectáreas de cultivo de coca, mientras que en 2022 esta cifra se disparó a 230,000 hectáreas, de las cuales 20,000 están ubicadas en el mismo Putumayo. Esto significa un aumento del 13% entre 2021 y 2022 en esta región, mientras que si excluimos a Putumayo, el aumento a nivel nacional fue del 3%. La proliferación de cultivos de coca en Putumayo se presenta en un contexto complejo, donde diversos actores, desde bandas locales, prestadoras de servicios hasta grupos armados organizados y organizaciones criminales transnacionales, tienen presencia en las áreas de concentración de hectáreas de coca. Además de Putumayo, otras regiones que le siguen de cerca en el aumento del área de cultivos de coca son Tumaco en Nariño y Puerto Asís en Putumayo, quienes en conjunto incrementaron su área con coca en más de 6,500 hectáreas con respecto al año 2021. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este aumento se ha notado principalmente en municipios como Puerto Asís, con un total de 6,000 hectáreas afectadas. Además, identificó a los grupos armados involucrados en la región, como el Frente Carolina Ramírez, parte del Estado Mayor Central, y los comandos bolivarianos de frontera pertenecientes a la Segunda Marquetalia. Valencia destacó que existe una disputa entre ambas disidencias a partir de estas subestructuras que tienen copado todo el departamento, y tienen prácticamente presencia en todos los municipios de Putumayo. La situación planteada por el informe de la UNODC refleja la urgente necesidad de abordar el problema de los cultivos de coca en Colombia, especialmente en regiones como Putumayo, donde el aumento ha sido exponencial y amenaza la seguridad y el desarrollo de la comunidad. Las autoridades nacionales y locales enfrentan un reto significativo en la lucha contra el narcotráfico y la consolidación de la paz en estas áreas. Este alarmante aumento de los cultivos de coca en Colombia no solo tiene implicaciones locales, sino que también afecta a nivel internacional. La producción de cocaína en Colombia abastece el mercado global de esta droga, lo que contribuye a la propagación de la violencia y el crimen en diversas partes del mundo. Mauricio Valencia sugirió que el incremento de cultivos en el departamento de Putumayo está estrechamente vinculado a la aparición del fentanilo y la baja compra, así como los bajos precios en la compra de coca. Esto ha llevado a la implementación de nuevas rutas hacia otras zonas del continente, especialmente hacia el sur. El informe de la UNODC también destaca la necesidad de un enfoque integral para abordar este problema. No se trata solo de erradicar los cultivos, sino también de abordar las causas subyacentes que impulsan a los agricultores a participar en el cultivo de coca. Esto incluye proporcionar alternativas económicas viables, mejorar la infraestructura en estas áreas y fortalecer la presencia del Estado para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible. El Gobierno ha estado trabajando en estrategias para combatir este problema, pero queda claro que se requiere una acción más coordinada y sostenida. La comunidad internacional también desempeña un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico, brindando apoyo técnico y financiero para abordar esta compleja crisis. En este contexto, es fundamental que las autoridades locales y nacionales trabajen en estrecha colaboración con la UNODC y otros organismos internacionales para implementar estrategias efectivas de control de cultivos de coca y reducción de la producción de cocaína. Es importante involucrar a la sociedad civil y a las comunidades afectadas en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Perfil de los grupos armados presentes en Putumayo En la actualidad, dos grupos armados están inmersos en un conflicto en el departamento de Putumayo: el Grupo Armado Post-FARC (GAPF), también conocido como la disidencia Frente Carolina Ramírez (FCR), afiliada a la línea disidente liderada por alias “Gentil Duarte,” y los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF), que se identifican con la “Segunda Marquetalia.” Su presencia en el territorio putumayense ha resultado en un aumento de la violencia contra la población civil, incluyendo homicidios. (Ver: Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 – 2022) Frente Carolina Ramírez (FCR) El Frente Carolina Ramírez, un componente del GAPF, ha consolidado su presencia en el sur del país desde la firma del Acuerdo de Paz. Bajo la influencia de alias “Gentil Duarte,” este grupo se estableció en Putumayo en 2017, inicialmente en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo, para luego expandirse gradualmente a Puerto Guzmán, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y San Miguel. La Defensoría del Pueblo en Putumayo informó de la presencia de este grupo armado en Puerto Asís desde 2019, marcando su expansión hacia Puerto Leguízamo en medio de una disputa territorial con el entonces grupo conocido como “La Mafia.” Desde ese año, se observó cómo el Frente Carolina Ramírez estaba implementando estrategias de control territorial, como la distribución de manuales de convivencia, restricciones a la movilidad y reuniones frecuentes con las comunidades, prácticas que persisten hasta hoy y están relacionadas con su interés en el control de la producción de hoja de coca. Para 2020, su presencia en Puerto Leguízamo era evidente, fortalecida por alianzas con grupos vinculados al narcotráfico en Perú, Ecuador e incluso los Balcanes. Además, en el contexto de su disputa territorial con grupos como La Mafia y La Constru, el FCR se involucró en homicidios de personas protegidas, detenciones ilegales y otras afectaciones a la población en Putumayo. Desde entonces, “Danilo Alvizú” y “Alonso 45” fueron identificados como los líderes del FCR. Sus intereses se centran en el control de la cadena de producción y procesamiento de la hoja de coca en Putumayo, lo que también ha generado riesgos para líderes comunitarios debido a la interferencia del grupo armado en las decisiones locales. Comandos de la Frontera (CDF) En el otro lado del conflicto en Putumayo se encuentran los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF), un grupo armado que ha ganado presencia en el departamento en los últimos 4 años. A diferencia del FCR, los CDF son más heterogéneos en su composición y resultan de alianzas entre diversas organizaciones criminales que se unieron en Putumayo después de la firma del Acuerdo de Paz. Los CDF operan en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Orito y Valle del Guamuez, lo que indica una presencia territorial casi igual a la del FCR. A partir de 2021, también se sabe que están presentes en Piamonte (Cauca), señalando su expansión en el suroccidente del país. Este grupo tuvo sus inicios con un intento de reclutamiento fallido por parte de alias “Rodrigo Cadete” de exguerrilleros del antiguo bloque sur de las FARC-EP en Putumayo. La falta de reconocimiento de la línea disidente liderada por “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco” condujo a la formación de grupos armados no alineados con ellos en Putumayo, que más tarde se agruparon bajo la denominación CDF. Esta denominación ha sido útil para evitar la presión de las fuerzas de seguridad en el departamento. Los grupos que conforman los CDF, como La Constru, La Empresa, La Mafia Sinaloa y exmiembros del Frente 48 de las FARC-EP, se identifican con la “Segunda Marquetalia” y rivalizan con el FCR en Putumayo, disputándose el legado de las FARC-EP en la región. Al igual que el FCR, los CDF buscan controlar las actividades relacionadas con la hoja de coca en la Amazonía, aprovechando su potencial para establecer rutas hacia países como Ecuador, Perú y Brasil. Los beneficios económicos del narcotráfico han permitido a los CDF reclutar nuevos miembros, incluyendo niños, hombres y mujeres, ofreciendo salarios mensuales y proporcionando motocicletas y fusiles como incentivos iniciales. Esta práctica contrasta con la del FCR, que acumula los recursos económicos entre un pequeño grupo. Además, los CDF implementan estrategias de control social y territorial similares a las del FCR en los municipios del bajo Putumayo, organizando reuniones y ejerciendo control sobre la población civil.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: RTVC Noticias Este miércoles, 13 de septiembre, un atentado sacudió la tranquilidad electoral en el municipio de Piamonte, Cauca, cuando hombres armados abrieron fuego contra Alexandra Cuellar, candidata a la alcaldía por el Partido Colombia Renaciente. El ataque la dejó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Mocoa, Putumayo. Alexandra Cuellar, de 44 años, quien ya había sido alcaldesa del municipio, lucha por su vida en medio de esta contienda electoral. (Ver: Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023) El comandante de la Policía de Putumayo, el coronel Juan Pablo Ruiz, informó que la candidata está siendo atendida por médicos especializados y que su pronóstico es reservado. Ante este violento suceso, Álvaro Hernán Prada, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, condenó el atentado y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Tatiana Alvear, candidata al Concejo de Bogotá, también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro en cuanto a la seguridad y garantías electorales para los candidatos. Sin embargo, este atentado no es un caso aislado en la región. En el departamento del Cauca, la violencia contra los candidatos a las elecciones territoriales es una triste realidad. Lubin Antonio Zape, candidato a la alcaldía de Caloto por el Polo Democrático, recibió amenazas y un panfleto que advertía sobre su vida. Estos actos intimidatorios han persistido, incluso después de que su compañera sentimental fuera abordada por desconocidos que le advirtieron que debía abandonar su aspiración política o enfrentaría un atentado. Por otro lado, la candidata a la alcaldía de La Sierra, Yody Jurado Papamija, del Pacto Histórico, sufrió un atentado en agosto, y también había recibido amenazas previas. A pesar de estas amenazas, Yody Jurado Papamija sigue comprometida en representar a los sectores campesinos y populares de su municipio. (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)) En el Valle del Cauca, tres municipios, Buenaventura, Jamundí y Tuluá, están en riesgo extremo de sufrir violencia por parte de grupos armados ilegales en las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre. La Alerta Temprana Electoral 030-2023, presentada por el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, señala que estos territorios tienen una alta probabilidad de enfrentar actos de violencia durante los comicios. El coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Valle del Cauca, Alejandro Sánchez, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en estas regiones, especialmente en Tuluá, donde se han presentado amenazas contra actores políticos en campaña. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, también denunció el mes pasado que presos en la cárcel de Tuluá están extorsionando y tratando de influir en los comicios territoriales. En Buenaventura, la presencia de disidencias de las FARC-EP, el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales como los Shotas y Espartanos, contribuye a la tensión en la zona. Jamundí enfrenta la fuerte presencia de la columna Jaime Martínez, disidencia de las FARCP-EP en la zona rural. Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo habría identificado que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de sufrir hechos de violencia que afecten el proceso electoral que culmina el 29 de octubre. Entre ellos, se encuentran los municipios anteriormente mencionados, Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Según Juan Manuel Velandia, asistente de Investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en los diez meses que abarca el calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de agosto de 2023), la Línea ha registrado 175 hechos violentos que han dejado 219 víctimas en Colombia. Estos eventos se han distribuido en 27 de los 32 departamentos del país. En el Valle del Cauca, se registraron 15 hechos, incluyendo homicidios, amenazas y atentados, en municipios como Yumbo, Buenaventura, Bugalagrande, Guadalajara de Buga, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, Obando, San Pedro, Pradera, entre otros. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)) Velandia expresó su preocupación por la violencia selectiva ejercida por bandas criminales, como La Oficina de Tuluá, contra candidatos, como en el caso de Tuluá. También mencionó la situación crítica en municipios como Caldono, donde fue asesinado el concejal Wilson Andrés Bomba. En Cauca, hasta la fecha del 29 de agosto, se registraron 11 hechos con 12 víctimas, incluyendo homicidios, amenazas y atentados en municipios como Páez, Caldono, Piamonte, Sucre, Popayán, La Vega, Argelia, Mercaderes, La Sierra y Timbiquí. El asistente de investigación de Pares enfatizó la necesidad de abordar estos riesgos y la violencia selectiva por parte de grupos armados en la región. En el 70% de los casos de violencia electoral registrados, el agente perpetrador es desconocido, mientras que el 30% se atribuye a Grupos Armados PosFarc, Clan del Golfo, otros grupos o individuos, y el ELN. Estos datos subrayan la complejidad de la situación y la dificultad para identificar a los responsables de estos actos de violencia. (Ver: Cuarto informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)) La situación es alarmante, y es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de los y las candidatas y la integridad de las elecciones regionales en octubre. La violencia política y las amenazas no deben tener cabida en nuestro proceso democrático. La preocupación por la violencia electoral en Colombia no es nueva. El país ha enfrentado desafíos persistentes relacionados con la seguridad de los candidatos y la integridad de las elecciones. La violencia política ha sido una amenaza constante para la democracia colombiana, y los esfuerzos por mitigarla han sido un tema central en la política y la sociedad. La historia de Colombia está marcada por décadas de conflicto armado, que involucró a múltiples grupos insurgentes, paramilitares y fuerzas estatales. A pesar de los avances en la firma de Acuerdos de Paz con algunas de estas organizaciones, la violencia no ha desaparecido por completo. Los candidatos políticos, especialmente aquellos que abogan por el cambio y representan a comunidades marginadas o en disputa, a menudo se encuentran en situaciones de riesgo. Los grupos armados ilegales ven a estos candidatos como amenazas a sus intereses o buscan influir en las elecciones a través del miedo y la intimidación. La amenaza a la democracia no se limita a las elecciones presidenciales o legislativas. Las elecciones regionales, como las que se celebrarán en octubre, también son críticas para la gobernabilidad local y la representación de las comunidades en el ámbito municipal y departamental. La violencia electoral socava la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente a sus líderes y participar en la toma de decisiones políticas. Es fundamental que las autoridades colombianas tomen medidas para garantizar la seguridad de los y las candidatas y el proceso electoral en su conjunto. Esto incluye una cooperación efectiva entre las fuerzas de seguridad, la justicia y las organizaciones de observación electoral para prevenir la violencia y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos criminales. Cabe añadir que la comunidad internacional también desempeña un papel importante en la promoción de elecciones libres y justas en Colombia. La presión diplomática y el apoyo a la observación electoral son herramientas esenciales para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Los observadores internacionales desempeñan un papel clave al informar sobre irregularidades y actos de violencia. Además, la comunidad internacional puede brindar asistencia técnica y recursos para fortalecer las instituciones democráticas y la seguridad electoral en Colombia. Esto incluye la formación de las fuerzas de seguridad en la protección de candidatos y la prevención de la violencia electoral. La Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares también advierte que en las diversas negociaciones que se lleven a cabo en el marco de la Paz Total, se deben priorizar las garantías de participación política debido a que, si bien los grupos con los que hay acercamientos no son los mayores agentes perpetradores, tienen responsabilidad en el 30% de los hechos registrados. Además, la Línea destacó que debe haber un trabajo conjunto con los diferentes órganos de control y las diferentes organizaciones.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares El pasado 06 de septiembre fue el debate a la Alcaldía de Buenaventura en el que participaron 15 de las 16 candidaturas (4 mujeres y 11 hombres). El evento fue organizado por el programa "Buenaventura Cómo Vamos" y es, hasta ahora, el debate que ha logrado la mayor cantidad de candidaturas en un mismo espacio (claro que les quedaba muy “mal visto” a los y las candidatas no asistir a un evento que también era convocado por el comité intergremial local y departamental, y por la Unidad de Acción Vallecaucana, entre otras organizaciones en la que participan los empresarios de la región). Del debate hubo aspectos buenos, malos y feos que quiero destacar. Lo bueno Primero, cabe destacar el esfuerzo del programa "Buenaventura Cómo Vamos" por facilitar un espacio crucial para la discusión democrática y respetuosa. A pesar de la extensión y la cantidad de temas abordados, la metodología permitió un desarrollo ordenado. Segundo, la promoción del uso de cifras oficiales y de investigaciones en el diseño de las preguntas es un aspecto demasiado valioso. Y más cuando en Buenaventura hay varias candidaturas que han manifestado “no creer” en las cifras, así que la utilización de datos verificables contribuye a un debate basado en la realidad y los hechos. Y tercero, la alta participación, tanto en la transmisión por las redes sociales de Telemar como en el auditorio, es un indicio de una ciudadanía curiosa. Desde el lugar se pudo notar que las personas estaban muy atentas a las respuestas dadas, lo que refleja un involucramiento importante. Lo malo En primer lugar, las respuestas dadas se asemejaron más a un examen escolar en el que cada estudiante debe recitar respuestas memorizadas. Sin embargo, la mayoría balbucearon y se enredaron, aun cuando se supone que habían tenido acceso al cuestionario en los días anteriores. Esta falta de preparación es preocupante, ya que demuestra que subestimaron la importancia del debate. Y segundo, la falta de profundidad en las respuestas de algunos candidatos no puede justificarse únicamente por limitaciones de tiempo, ya que, si bien tenían un minuto para responder, en muchos momentos hasta les sobró tiempo. Pocos, como Oscar Murillo o Jaime Marinez, lograron comunicar ideas un poco más claras y detalladas en comparación con el resto. Los debates son oportunidades cruciales para la exposición de los planes de gobierno de manera precisa, y las respuestas evasivas dejan un margen para interpretaciones erróneas. Lo feo Me parece muy preocupante la falta un enfoque de género real en todas las propuestas. Asunto que no debería limitarse únicamente a las preguntas específicas sobre temas de género, sino que debería estar presente en todas sus propuestas de manera transversal. Hoy es muy notorio cómo NINGUNA candidatura a la Alcaldía de Buenaventura conoce lo que significa el enfoque de género. Las respuestas a las preguntas sobre machismo y otros indicadores de violencias basadas en género fueron extremadamente risibles y penosas. Frente a las preguntas sobre cómo autorreconocer actitudes machistas o enunciar cómo reducir dichas violencias, las respuestas de candidaturas como las de Ligia Córdoba, Miyela Riascos o Winston Segura, fueron un terrible refuerzo de los estereotipos en los que hoy se sustentan muchas de esas violencias. Y ni hablar de Ligia Córdoba, a quien literalmente convirtieron en meme debido a su incapacidad para expresar y articular las ideas, que se evidenció durante todo el debate, y mucho más ante la pregunta sobre cómo reducir la maternidad infantil, respondiendo de forma confusa, mezclando conceptos como feminicidio y desplazando la atención frente a las razones condenables del abuso infantil. Lo único que le reconozco a su penosa respuesta, es que logró que, en los días siguientes, en redes sociales muchas personas estuvieran debatiendo sobre lo que significa el feminicidio, a diferencia de otras ocasiones, en las que se le ha restado importancia a la existencia del mismo. No obstante que posteriormente un hombre de su campaña saliera a medios a explicar "lo que ella quiso decir", esto reafirma sus formas patriarcales de hacer la política. Finalmente A las candidaturas les invito a concentrarse. En ocasiones, parece que van improvisando y adoptando ideas de otras candidaturas sin una articulación clara. Quedan pocas semanas para las elecciones y hasta el momento no se han presentado elementos significativos en temas fundamentales como seguridad y empleo decente con enfoque transversal de género. El voto informado es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Y cierro diciendo que a toda Buenaventura nos deberían preocupar seriamente las actitudes intimidantes que, aparentemente, están asumiendo algunas candidaturas a la Alcaldía en contra de quienes les cuestionan.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico La obra de remodelación, adecuación y dotación del Centro de Atención Integral para la Juventud (CAIJÚ) estaba programada para culminar en agosto de este año, cuando se cumplían los seis meses del contrato, y ser inaugurada el 19 de ese mismo mes en el marco de la semana de la juventud. Sin embargo, en la visita realizada por Guardianes de la Transparencia, la Veeduría Soy Joven de Buenaventura y un grupo de jóvenes en compañía del equipo de Pares Pacífico, junto al socio nacional DAI, en el marco del programa Juntos por la Transparencia, se pudieron constatar preocupantes retrasos en la obra y que podrían tomar hasta dos meses en finalizar. Desde Pares Pacífico ya se había advertido que la obra podría no estar lista en los tiempos estipulados debido a las demoras evidenciadas en las tres visitas realizadas como acompañantes del proceso veedor que realizan los jóvenes (Ver: ¿Cómo va la construcción del Centro de Atención Integral para la Juventud CAIJU en Buenaventura?). A pesar de esto, las juventudes tenían la esperanza de que se cumpliría el cronograma y poder contar con este espacio propio, destinado para la realización de las agendas juveniles en la ciudad. Los atrasos y las explicaciones El incumplimiento al contrato No. MC-014-2022 ejecutado por la Asociación de Municipios Unidos Del Sur De Antioquia (MUSA) enciende las alarmas en Buenaventura, que actualmente tiene 64 obras públicas inconclusas o también denominadas como “elefantes blancos”, según Transparencia por Colombia. Por lo que los jóvenes están temerosos de que el CAIJU pase a ser una más en esa larga lista de incumplimientos. La obra está paralizada desde el 15 de agosto y de acuerdo con el interventor se encuentra en un 69% de ejecución en construcción, no obstante, en la visita anterior realizada el 24 de junio, se le afirmó al grupo veedor que los avances estaban en un 70%, sin contar la dotación, es decir, solo construcción y adecuación. Preocupa que no se logre culminar con éxito al 100%. Por eso se hace el siguiente cuadro comparativo de los pendientes del 24 de junio a los evidenciados el 30 de agosto y que faltan para culminar completamente la obra: De acuerdo a esto, el avance desde el 24 de junio ha sido muy poco, sin embargo, cabe resaltar que el grueso de la obra es la construcción de las terrazas, de las cuales se han logrado culminar dos. En cuanto al último punto de instalación de ventanas y pinturas, es un proceso ágil y sólo se puede hacer una vez culminada toda la construcción para evitar daños. De acuerdo con el interventor que atendió la visita, los retrasos se deben a dos factores: primero, la construcción de las terrazas les tomó más tiempo del estipulado inicialmente debido a la dificultad de la misma, porque les tocó hacer adecuaciones adicionales sobre la superficie que resultó ser más blanda de lo esperado, por ello les tocó adaptarla; segundo, los constantes cierres en la vía intermunicipal retrasó el ingreso de materiales en varias ocasiones, debido a que los traen de otras ciudades porque aparentemente los precios locales son más elevados. A pesar de esto, se espera que la obra pueda ser culminada al menor tiempo posible. Compromisos para terminar la obra Desde Pares Pacífico, siendo consecuentes con la transparencia de la información, resaltamos la receptividad que han tenido los encargados de la obra y los interventores de la Alcaldía para con el grupo veedor, todas las visitas solicitadas fueron atendidas y también hubo disposición en la entrega de información sobre los avances, y en esta última visita se dio explicación detallada de lo que tienen planificado para solventar los inconvenientes. En ese sentido, en esta etapa se espera una respuesta oportuna frente a la solicitud formal que el grupo veedor Guardianes de la Transparencia y la Veeduría soy Joven de Buenaventura, con el apoyo del equipo Pares, radicaron el pasado 05 de septiembre, solicitando información detallada sobre los avances concretos de la obra y las claridades pertinentes frente a los retrasos y el plan de choque que se ha solicitado. Desde el 15 de agosto que se encuentra detenida la obra debido a la terminación del contrato, se está a la espera de la aprobación a la solicitud de prórroga por dos meses que se presentó para actualizar las pólizas y poder restablecer las actividades. En ese momento se dijo que el trámite tendría una duración de 10 a 15 días, por lo que se espera que el 15 de septiembre se reanude la construcción. Para ello, se diseñó un plan de choque que consiste en organizar a los trabajadores en cuadrillas, con unos tiempos y unas responsabilidades ya específicas. Se va a iniciar con una cuadrilla de concreto que consiste en disponer de todos los obreros a culminar la tercera terraza faltante y posteriormente los pisos de los pasillos. Una vez culminado esto se intervendrá la cancha y la cubierta, y en esa misma lógica los demás faltantes. Se proyecta que con este plan de choque la construcción termine en 45 días una vez reanudada la obra y los 15 días restantes para instalación de las dotaciones de los baños, concina y salones. Esta información fue corroborada por el director distrital de Planeación, Harol Satizábal, en diálogo con el equipo Pares Pacífico, en el que aseguró que la Alcaldía estará supervisando el plan de choque y dispondrá de las medidas necesarias para garantizar que este espacio sea entregado a satisfacción. La demora en la entrega del CAIJÚ en Buenaventura preocupa a la comunidad juvenil que espera ansiosa su apertura. A pesar de los obstáculos encontrados en la construcción, la receptividad de los responsables y el plan de choque proyectado brindan esperanzas de que este espacio vital se complete pronto, cumpliendo las expectativas de la comunidad y ofreciendo un lugar de importancia para la juventud.

Por: Óscar A. Chala, Investigador Nacional @AleKolomonosov Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado martes 05 de septiembre, la Presidencia de la República publicó en su página web un borrador de un decreto que busca que el campesinado se organice en “Comités Municipales para la Reforma Agraria" a nivel local y "Asambleas Campesinas por la Tierra" a nivel regional, con la finalidad de que estos espacios puedan funcionar como escenarios participativos para construir e implementar las políticas de reforma agraria y hacer control social o veedurías del proceso y sus resultados, además de motivar la movilización campesina. Al respecto surgió un debate alrededor del artículo 5 del documento, que establece que estos comités y asambleas recibirían financiación estatal del programa especial de dotación de tierras para la producción de alimentos: Sectores de partidos políticos independientes y congresistas de la oposición sugirieron que el decreto buscaba financiar grupos armados ilegales, generando choques entre la ministra de agricultura Jhenifer Mojica y algunos medios de comunicación que replicaron esa tesis. No obstante, más allá de dichas acusaciones, el debate subyacente revela la histórica tensión en torno a la redistribución de tierras promovida por la reforma agraria, vetada y censurada por las élites latifundistas, tocando así un punto neurálgico frente al gobierno Petro. De los proyectos de reforma agraria o de las promesas incumplidas En los últimos 90 años han habido, por lo menos, tres grandes intentos de reforma agraria en el país, contestados con contrarreformas que dejaron al campo en el olvido y alimentaron la violencia de las últimas décadas. En Colombia se concibió la necesidad de legislar sobre la tierra y realizar una reforma agraria desde principios del siglo XX, con la ley 200 de 1936, durante el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, que buscaba resolver la alta concentración y la improductividad de la tierra rural fijando legislación sobre la titulación de baldíos y su redistribución para legalizar terrenos de colonos y arrendatarios, estimulando el uso económico de la tierra a partir de su función social. Posterior a ello, en 1944, hubo un primer intento de contrarreforma con la ley 100, que renunciaba al objetivo de redistribución de la ley 200 al dar prioridad a los contratos de arrendamiento y de aparcería, en los que primaba el reconocimiento de la relación de trabajo entre el propietario de las tierras y el jornalero, junto con la cesión de tierra de forma temporal a cambio de un pago monetario o de lo producido para tratar de dar abasto a la industria creciente y a la oferta de alimentos, que para la época comenzaba a crecer. 17 años más tarde, la violencia bipartidista entre conservadores y liberales en el campo colombiano llevó al desplazamiento forzado masivo a las ciudades, al aumento del desempleo y la contracción económica, ante lo cual el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo impulsó en 1961 una nueva reforma a través de la ley 135 de Reforma Social Agraria, que creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA– para promover el acceso a la tierra, a través del cual se redistribuyeron cerca de 358 mil hectáreas, pertenecientes en su mayoría a 32 predios. Sin embargo, esta reforma no consideró las dificultades de infraestructura vial ni el incremento en los costos de transporte de los productos en escenarios tan adversos, lo cual llevó a la quiebra de numerosos campesinos beneficiados. Paralelamente, la ley 1era de 1968 propició el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC– como interlocutor campesino con el Estado, buscando aumentar la participación campesina en la política de tierras, como en la formulación de proyectos, acceso a financiación y creación de economías populares y colectivas. La mala implementación de la ley 135, sumada a la aparición del narcotráfico y el fortalecimiento de grupos armados, redujeron la redistribución e incrementaron la concentración violenta de tierras. En este contexto surgió el “Pacto de Chicoral” en 1972 entre el gobierno conservador de Misael Pastrana, congresistas y latifundistas para detener la reforma agraria, materializado en las leyes 4 de 1973 y 5 de 1975, que eliminaron la expropiación de latifundios y limitaron al INCORA, revirtiendo los avances previos. Durante el gobierno de César Gaviria en la década de 1990, con la apertura económica, se abrió el mercado de tierras permitiendo la compra directa de predios por parte de los campesinos, quienes debían pagar el 70% del costo y el INCORA podía subsidiar el resto, según la ley 160 de 1994; esto, sumado a la apertura de importaciones agrícolas y al contexto de conflicto armado y narcotráfico, llevó al campo colombiano a una reducción de su competitividad en un escenario desfavorable para el campesinado. Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448) de 2011 comenzó una nueva fase de reforma, basada en la devolución de territorios despojados por actores armados y el ordenamiento social de la propiedad, que se consolidó posteriormente con la Reforma Rural Integral, consignada el punto 1 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, que consiste en la redistribución de 3 millones de hectáreas de tierra a través de un fondo especial y la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). El decreto de la discordia Con este contexto, sobre la base de un péndulo de reformas y contrarreformas históricas en las que Colombia no ha avanzado lo suficiente en la redistribución de la tierra, así como en la asignación efectiva de los derechos de propiedad de esta y en promocionar su productividad, el gobierno de Gustavo Petro le ha apostado a implementar e impulsar en diversos frentes el conjunto de reformas durante su mandato popular progresista. En su discurso del 20 de julio de 2023, en la instalación de la segunda legislatura del Congreso, Gustavo Petro afirmó que desde el principio de su gobierno cumpliría con el punto 1 del Acuerdo de Paz y entregaría 3 millones de hectáreas a la población campesina. Sin embargo, la necesidad de mostrar resultados, en medio de una situación política frágil, ha llevado a que se tomen decisiones apresuradas. El Gobierno contempló la posibilidad de aplicar diversas formas de expropiación “exprés” para acelerar la entrega de tierras y cumplir las metas propuestas en su reforma agraria. Sin embargo, la presión mediática y las desavenencias con la ex-ministra Cecilia López en marzo, llevaron a que el Gobierno desistiera de la idea y retirara la proposición al artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que consideraba aquella estrategia, para ser aprobado, según lo enunciado en mayo de 2023 desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en el marco de la discusión del articulado en el Congreso de la República. Sin una herramienta efectiva más allá de la expropiación con indemnización, contemplada en el punto 1.1.1 del Acuerdo de Paz, y de la colonización de baldíos del Estado, en el punto 1.1.5 del mismo documento, el Gobierno pretende ahora generar mecanismos de presión, a través de la organización campesina, para agilizar la reforma agraria. Sin embargo, esta estrategia podría resultar arriesgada, pues tiende a generar una confrontación directa con los latifundistas y con los propietarios de tierra, que ven en cualquier forma de organización una amenaza a sus intereses, tal como ha sucedido en la historia, y más recientemente con las declaraciones de José Félix Lafaurie en diferentes medios de comunicación, en las que resalta que el decreto pone en riesgo la propiedad privada. Del mismo modo, la “estrategia del punto medio”, o la negociación de acuerdos políticos y proyectos legislativos a partir de posturas radicales susceptibles de ser moderadas en el debate público, se está agotando para el Gobierno. La mayoría de los sectores de oposición e independientes instrumentalizan estas posturas del Gobierno, que denominan “radicales”, para justificar posturas y sesgos que imposibilitan el debate y que alejan la posibilidad de avanzar en la resolución de esta deuda histórica en el país. Esto, junto a los problemas de comunicación que el Gobierno acarrea desde hace varios meses, han llevado a que no existan claridades sobre los verdaderos alcances y límites del decreto, especialmente frente al problemático artículo 5, que señala la financiación pública de los comités agrarios y en los que el Ministerio de Agricultura no ha sabido explicarse. Si bien el decreto y otras medidas recientes, como la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, representan un avance al identificar a los campesinos dentro de marcos institucionales; la organización y movilización colectiva debe ser gradual y ajustarse tanto a la realidad política actual de baja gobernabilidad y capacidad limitada de negociación por la coyuntura electoral, como a la amenaza de bloqueo político en el legislativo, como al reconocimiento de la agencia y autonomía que las organizaciones campesinas deben tener. El decreto, a pesar de sus buenas intenciones, falla en caracterizar, dialogar y negociar con los movimientos campesinos, que en muchos casos poseen agendas distintas a las que el Gobierno debe abrir el espacio si desea concertar un proceso de Reforma Agraria Integral. De todos modos, las iniciativas de organización y movilización campesinas siguen manteniéndose a pesar del borrador de decreto, tal y como varios líderes lo expresaron en varios medios de comunicación en el transcurso del lunes 10 de septiembre, y en el reconocimiento de su autonomía como procesos organizativos buscan tender puentes y articularse a la nueva propuesta del Gobierno Nacional. Aun cuando la Comisión de Paz del Congreso se ha comprometido a mediar en el diálogo que consideran necesario para tramitar estas propuestas, el panorama parece apretado para un Gobierno que espera cumplir su promesa de redistribuir la tierra en el tiempo que le resta.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Fotos tomadas de: la Contraloría de Bogotá y Colombia Reports En las últimas semanas, ha avanzado con muy poco ruido el proceso de elección de quien reemplazará a la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro. La Auditoría General de la República es un organismo poco conocido, pero con facultades supremamente relevantes, pues vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales; es decir, controla a quien controla el erario en el país. El Auditor o, en este caso, Auditora General de la República es quien está al mando de dicha dependencia y, según fuentes de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el nombre de la próxima Auditora ya está cantado. No obstante, la elección y la gestión del Auditor no suele ser foco de atención, ya que en ocasiones los auditores tienden a realizar una gestión deficiente y sin resultados de impacto. Si bien es cierto que se esperaría independencia total de sus labores, en determinados casos existen vínculos cercanos entre funcionarios de la Auditoría y la Contraloría, lo que podría permear el ejercicio de fiscalización, en tanto que la primera precisamente realiza control a la segunda. ¿Qué ha pasado con la elección? La elección del director/a de la Auditoría General de la República se da por medio de la selección de una terna por parte de la Corte Suprema de Justicia, que la presenta al Consejo de Estado, para que escoja el/la candidato/a para suceder el cargo. Para esta oportunidad, el procedimiento para la elección del auditor inició con la fase de inscripción desde el 2 de mayo de 2023 hasta el 15 del mismo mes, cuando la Corte Suprema abrió la convocatoria, a la cual se inscribieron 76 candidatos; de ellos, la Corte determinó que solo 21 eran elegibles y después de escuchar sus respectivas intervenciones, el 17 de agosto de 2023 entregaron al Consejo de Estado la terna, conformada por María Anayme Barón Durán, Patricia Duque Cruz y Carlos Silgado. Sin embargo, el proceso presentó algunas novedades, pues candidatos que no fueron incluidos interpusieron derechos de petición solicitando la nulidad del proceso y afirmaron que los ternados “no estaban a la altura del promedio del resto”. Pese a esto, el proceso continuó y en la última semana de agosto, el Consejo de Estado escuchó a cada uno de los ternados y sus propuestas. Según fuentes de Pares, el día de hoy se haría la elección por parte del Consejo de Estado. Ternados con múltiples cuestionamientos · Carlos Enrique Silgado Betancourt Es abogado y especialista en Derecho Público, Ciencias y Sociología Política. Actualmente, es Secretario General de la Personería de Bogotá y fue subdirector técnico de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá. Sus hermanos, Delia Rosa y Salustiano Medardo, trabajan en la Contraloría de Bogotá, en la Dirección del Sector Movilidad y en la Dirección del Sector Servicios Públicos, respectivamente. Ha estado salpicado por el carrusel de la contratación en Bogotá, debido a que en 2009, en un hotel de su propiedad, se realizaron reuniones entre el entonces Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi -condenado por el delito de cohecho en el carrusel de la contratación-, el exrepresentante a la Cámara, Germán Olano y el ex contratista Guido Nule. · Patricia Duque Cruz Es administradora de empresas de la Universidad Católica Popular del Risaralda, con especialización en administración y finanzas de la Fundación Universidad Central de Bogotá. La Contraloría de Bogotá le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 35 millones de pesos, cuando se desempañaba como Directora Administrativa y Financiera del Concejo de Bogotá por presuntamente no haber ejercido controles en el pago de ciertos recursos por parte del Concejo a un funcionario. En 2013, con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, fue nombrada superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a acciones como el manejo de Emcartago, pues algunos líderes cívicos la señalaron de darle un manejo “politiquero” a la empresa. Sumado a ello, fue objeto de críticas por el contrato de obra de reforzamiento del edificio de la Superintendencia de Servicios Públicos. · María Anayme Barón Durán Según fuentes de Pares, su elección como próxima Auditora General de la República viene cantada desde hace semanas por contar con el apoyo del excontralor y exauditor, Felipe Córdoba. Barón es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Finanzas Públicas. Ha ocupado diferentes cargos en la Contraloría de Bogotá, como Directora de Reacción Inmediata y Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Adicionalmente, fue Contralora Auxiliar de dicha ciudad y, en marzo de 2020, el Concejo de Bogotá la nombró Contralora Encargada Distrital en reemplazo de Juan Carlos Granados, imputado por la Fiscalía en 2018 por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público. Barón y Granados, la dupla poderosa que busca quedarse con la Auditoría María Anayme Barón y Juan Carlos Granados tienen una larga historia, pues la ternada fue Secretaria de Hacienda de Boyacá cuando Granados era Gobernador, e incluso en diferentes ocasiones durante el 2015 fue nombrada gobernadora encargada. Cabe recordar que, actualmente, Granados tiene cuotas familiares propias dentro de la Auditoría, pues su hermana, Luz Adriana Granados Becerra, actualmente es Asesora del Despacho de la Auditora General Alma Erazo Montenegro. También, desde el 2019, Mario Alexander Monroy Gallo, cónyuge de la próxima auditora Barón Durán, trabaja como Asesor del Despacho de la Auditora General de la República. Incluso, Barón Durán ha reconocido la existencia de posibles conflictos de interés debido a su relación sentimental. De igual forma, su hija Sídney Sthefany Rincón Barón, estuvo vinculada a la Contraloría de Tunja y la Contraloría de Cundinamarca en el año 2015 y 2019, respectivamente. Los pecados de Barón Durán Barón no ha estado exenta de cuestionamientos a título propio. En enero de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en su contra y a otras tres personas, por presuntas irregularidades en la compra de un lote avaluado en $1.518.200.000 de pesos para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético. Los hechos ocurrieron cuando Barón fungía como Secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá (2012-2015). La adquisición se hizo a finales de 2015, a cargo del entonces Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados; y en 2017 funcionarios de las Secretarías de Minas e Infraestructura de la nueva administración reportaron presuntas irregularidades que dificultarían la ejecución del proyecto. Así pues, la compra se realizó sin una confirmación previa sobre las características del predio, por ejemplo, la delimitación específica de los linderos, y la existencia de una vía que lo atraviesa. Según la Procuraduría, los funcionarios habrían incurrido en presunta falta disciplinaria al participar en la etapa precontractual, aprobar los estudios previos y celebrar el contrato de compra sin que dicho predio correspondiera con las características de inmueble establecidas en los estudios de prefactibilidad. Para 2020, Barón Durán fue denunciada por el presunto uso de recursos públicos para la celebración virtual de su cumpleaños, cuando se desempeñaba como Contralora encargada de Bogotá. Al parecer, se habrían acumulado 50 millones por medio de la recolección de una cuota de $400.000 pesos entre los aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, para la compra de regalos, souvenirs y pasabocas que fueron entregados a los invitados mediante la utilización de vehículos oficiales. La cooptación de la Auditoría General y la puerta giratoria silenciosa En los últimos años, Felipe Córdoba y Carlos Hernán Rodríguez han protagonizado un “llamativo” relevo entre la Contraloría y la Auditoria, creando una puerta giratoria que, incluso, podría poner en duda la independencia de dichas instituciones. Córdoba fue Auditor General de la República entre 2015 y 2017, y Carlos Hernán Rodríguez Becerra lo sucedió desde el año 2017 hasta 2019. Mientras tanto, en la Contraloría General de la República, Córdoba asumió entre 2018 – 2022, y luego, Rodríguez Becerra, fue elegido para el cargo; pero no duró mucho tras declararse recientemente la nulidad de su elección. En 2019, Alma Carmenza Erazo Montenegro se convirtió en la Auditora General, quien, además, es una de las fichas del ex contralor Felipe Córdoba. Erazo fue la encargada de realizar una investigación sobre la gestión de la Contraloría desde 2017 con el Ocad-Paz. De manera que la entidad auditora determinó que "no se advierte algún elemento que permita determinar actuaciones contrarias a derecho o presunta corrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República” en el periodo en el que, precisamente, Felipe Córdoba estaba al mando de dicho organismo (2018-2022). Además, Aníbal José Quiroz Monsalvo, designado en 2020 por Felipe Córdoba como Contralor Delegado para la Unidad de Regalías, estaba salpicado en el escándalo mencionado, por lo que salió bien librado con la resolución de la Auditoría. Cabe recordar que Quiroz es el hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, quien participó en la elección de la terna. La actual Auditora y la actual ternada María Anayme Barón tienen un factor en común: contaban con familiares que ya laboraban en la Auditoria General de la República, previo a ser ternadas. En el caso de Barón, como ya se mencionó, su cónyuge, como Asesor del Despacho del Auditor. En el caso de Alma Carmenza Erazo, a través de su hija, Diana Carolina Villalba Erazo, directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de la Auditoria General de la República; que muy oportunamente renunció 20 días antes de la elección de su madre como Auditora. Al parecer, el Consejo de Estado elegirá hoy a la próxima Auditora General de la República, de quien se esperaría que ejerza de manera autónoma y transparente las funciones de fiscalización a los órganos de control correspondientes. Pese a ello, los vínculos políticos y familiares de algunos de los ternados dejan en entredicho la posibilidad de una gestión que fortalezca la institucionalidad del país. Según fuentes de Pares, el nombre a seleccionar será el de la cuestionada María Anayme Barón Duran; por lo pronto, no queda más que esperar que, independientemente el nombre, el próximo Auditor o Auditora no se convierta en un funcionario de bolsillo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País Este lunes 11 de septiembre, se llevó a cabo la presentación oficial del informe titulado “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022” por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este documento revela datos que arrojan luz sobre la situación actual del cultivo de coca en el país. El informe de la UNODC, basado en datos recopilados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) hasta el 31 de diciembre de 2022, pone de manifiesto una realidad alarmante: Colombia ha vuelto a superar cifras récord en el cultivo de coca. En 2022, se registraron un total de 230.000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al año anterior y un asombroso 43% más que en 2020. El informe también destaca que este aumento desproporcionado no es homogéneo en todo el país. En las zonas fronterizas, la variación del área sembrada fue del 21%, mientras que hacia el interior del país, a 10 kilómetros de la frontera, se concentró cerca del 50% del incremento neto. Esto plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en estas regiones, donde los cultivos de coca siguen floreciendo. Uno de los hallazgos más inquietantes es que la producción potencial de clorhidrato de cocaína ha alcanzado las 1,738 toneladas métricas, manteniendo una tendencia al alza que se ha consolidado desde 2013. Esto subraya la magnitud del problema del narcotráfico en Colombia y su impacto en la escena internacional. En cuanto a la distribución geográfica de los cultivos de coca, el informe resalta que el mayor aumento se registró en el departamento de Putumayo. A nivel municipal, Tibú, en Norte de Santander, lidera con aproximadamente 22.000 hectáreas cultivadas, manteniendo cierta estabilidad en comparación con 2021. Tumaco, en Nariño, y Puerto Asís, en Putumayo, le siguen en términos de área cultivada con coca, habiendo aumentado conjuntamente su superficie en más de 6.500 hectáreas con respecto al año anterior. Además, se revela que el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas de manejo especial, incluyendo tierras de comunidades negras, reservas forestales, resguardos indígenas y parques nacionales naturales, y que el 65% del total de los cultivos se concentra en Putumayo, Nariño y Norte de Santander. El informe también identifica la creación de un nuevo enclave con 1.436 hectáreas entre los límites de Cauca y Valle del Cauca, denominado “Timba-Jamundí-Buenos Aires”. El Catatumbo, por su parte, alberga el enclave con la mayor área de coca, registrando cerca de 28.000 hectáreas, lo que representa el 30% del total de enclaves y el 12% de los cultivos en todo el país. La situación en Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador, es especialmente crítica, con un aumento del 77% en los cultivos de coca. Sin embargo, el aumento en el área cultivada en el resto de Colombia, excluyendo Putumayo, fue de apenas el 3%. Nueva política de drogas de Petro En medio de este panorama desafiante, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el pasado sábado 09 de septiembre una nueva política nacional de drogas. Este ambicioso plan tiene como objetivo reducir la producción de cocaína en un 40%, pasando de las 1.738 toneladas métricas actuales a 900 toneladas al año. Además, busca disminuir las hectáreas cultivadas en un 40%, de 230.000 a 150.000 hectáreas. La nueva política de drogas de Petro se basa en ocho ejes estratégicos: Transformación territorial: busca apoyar la transición de economías ilícitas a legales en las áreas afectadas por el cultivo de coca. Mitigación de impactos ambientales: aborda las consecuencias ambientales de la producción ilegal de drogas. Atención a población vulnerable: se centra en brindar atención a comunidades afectadas por el mercado urbano de drogas. Enfoque en salud pública y derechos humanos: ofrece medidas para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Afectación de actores estratégicos: se dirige a desmantelar las estructuras criminales del narcotráfico. Regulación terapéutica y médica: busca avanzar en los usos terapéuticos, científicos y médicos de las sustancias. Promoción de información basada en evidencia: busca cambiar la percepción pública sobre las drogas. Participación en discusiones globales: aboga por revisar las normativas internacionales sobre drogas. Una de las características más destacadas de esta política es el enfoque en la persecución de las mafias de narcotraficantes y del lavado de activos, mientras que se propone dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca, en su mayoría personas de bajos recursos. Se ofrecerá a estos campesinos una variedad de opciones para la transición hacia actividades económicas legales, como apoyo a negocios y otros cultivos, terrenos de reforma agraria y el uso de hoja de coca para fines no narcóticos. A pesar de estas medidas, algunos críticos han señalado que la política podría ser más audaz, despenalizando sustancias como la marihuana o incluso la cocaína. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que esto se debe a que la legislación internacional aún no permite tal regulación, y el Código Penal colombiano prohíbe el consumo de drogas. No obstante, Osuna indicó que el país está dispuesto a liderar cambios en la regulación internacional en el futuro. La lucha contra el narcotráfico y el cultivo de coca en Colombia es un desafío complejo y multifacético. La presentación del informe de la UNODC y la nueva política de drogas de Petro son pasos en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Sin embargo, queda por verse cómo se implementarán estas medidas y si lograrán revertir la tendencia preocupante en el aumento de los cultivos de coca en el país. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que la política de drogas actual no está intrínsecamente vinculada a una reforma social, ya que no requiere necesariamente la aprobación del Congreso. De hecho, subrayó que, como se ha informado en varios medios, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene previsto implementar esta política a partir de mediados de octubre. Además, señaló que se ha llevado a cabo un proceso de consulta con más de 2,500 personas para su formulación. Valencia explicó que esta política se enmarca en el lanzamiento del informe de SIMCI y la UNODC y se relaciona con la política de drogas que cada Gobierno presenta. Sin embargo, solo podría considerarse una reforma en la medida en que el plan integral que se propone lo permita. Según el investigador nacional, esta política es viable, pero es crucial examinar la asignación de recursos previstos para su implementación, ya que involucra la colaboración de múltiples instancias, como el Consejo Nacional de Estupefacientes. La coordinación con otras entidades puede dar lugar a procesos burocráticos, algo común en políticas de esta envergadura. Aunque se reconoce su enfoque integral centrado en las comunidades, se plantea una meta ambiciosa de reducción de 90.000 hectáreas para 2026, lo que equivale a una disminución del 43%. Aunque es una meta encomiable, también podría representar un desafío para el Gobierno. Las estrategias clave de esta política se centran en reducir la dependencia de las comunidades de los cultivos de coca como fuente de sustento en las zonas marginadas, así como en abordar directamente los enclaves de cultivo de coca y otros cultivos ilícitos, como se observa en el suroccidente, específicamente en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que ha emergido como un nuevo enclave para el narcotráfico y el cultivo ilícito. Es importante considerar la complejidad de implementar esta política, dado el interés de algunos grupos armados que se financian a través de actividades ilegales. En particular, en el suroccidente, donde hay una proliferación de grupos armados. Cabe resaltar que históricamente, la política de drogas de Colombia ha estado influenciada por los intereses de Estados Unidos y su financiamiento, por lo que la falta de resultados podría resultar en una reducción de la financiación. Es crucial evaluar la cantidad de financiamiento disponible por parte de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol La semana pasada, el Gobierno Nacional expidió un decreto en el cual convoca a la organización de la movilización campesina para apoyar la reforma agraria. El decreto en sí no habría generado un mayor escándalo si no fuera por la cantidad y dimensión de prejuicios que persisten en el país, entre los cuales se encuentra el más nefasto de todos: la percepción de que la organización campesina y su movilización son violentas. En síntesis, y a solicitud de muchas organizaciones campesinas, el Gobierno va a apoyar logística y financieramente la creación de comités e instancias municipales para la reforma agraria. Y ahí es donde en Colombia se unen dos palabras malditas: reforma y agraria. En virtud de ese pánico, un periodista le preguntó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, si el Estado iba a financiar grupos armados que participaran en las protestas. La respuesta pudo ser perfectamente un NO tajante, porque en ninguna parte del decreto se puede inferir que movilización equivalga a protesta, que se permitirá a grupos armados participar en ella, y peor aún, que se financiará a los mismos. No obstante, la ministra respondió con firmeza: «¿De dónde saca eso?». Acto seguido, reprendió al periodista por estigmatizar el movimiento campesino. Repetí el video varias veces y, por supuesto, se notaba la molestia, pero nunca hubo un tono alterado. Eso sí, su respuesta fue contundente y categórica. Las críticas, tanto en la forma como en el fondo, no se hicieron esperar. Al final, el debate se abrió, y es evidente que el gobierno de Petro busca implementar una reforma agraria y respaldar al campesinado junto con sus organizaciones en un país que tiene una deuda no solo histórica, sino también infame, con los y las campesinas. También es evidente la incomodidad de varios gremios, acostumbrados a gobiernos que tenían canales de diálogo exclusivos para ellos y que ahora deben compartirlo con el campesinado. Aún más, se pone de presente cuán distanciados han estado los gobiernos pasados –incluyendo el de Juan Manuel Santos– con las agendas más básicas de la ruralidad colombiana. A pesar de ello, la discusión que llenó las redes sociales fue la forma en que respondió la ministra. Una vez más, el debate se centró en «el tono». Y una vez más, aquí estamos, llenas de hilos y columnas mayoritariamente escritas por hombres que nos explican cómo las mujeres debemos hablar y responder en público. Ramiro Bejarano, notable columnista y líder de opinión, llegó a mencionar en X que el tono soberbio y hostil de la ministra impedía, entre otras cosas, el acuerdo nacional. No dedica ni dos líneas de análisis a la propuesta. Solo pide que sea serena. No sé si el señor Bejarano se dará cuenta de que su comentario es un machismo clásico, puro y duro, de ese que muchos tienen interiorizado y que instintivamente les hace rechazar cuando una mujer, además de tener poder, habla con firmeza. No gritando, no amenazando, no insultando. Simplemente con firmeza, o incluso solo siendo enfática, como es el caso. Me llama la atención y me pregunto con frecuencia si estos hombres, tan acostumbrados al halago, alguna vez se preguntan a sí mismos si esas frases contundentes que postean con facilidad se deben a un mínimo nivel de análisis o simplemente son expresiones de la frustración y el rechazo a un rol que en el fondo no quieren ver. Si ellos quisieran hacer la tarea, al menos de pensarlo en silencio para evitar validadores y aduladores, podrían hacerse la pregunta: ¿se le ha atribuido el mismo tono hostil y soberbio a un hombre en un cargo público similar, en un caso parecido? ¿Por ejemplo, cuando responde a una pregunta que claramente está fuera de contexto? ¿Ha exigido la misma corrección, postura y serenidad a otras mujeres cuando hablan con firmeza sin faltar al respeto? ¿Compara a las mujeres que tienen un tono tal vez enfático con otras mujeres con poder que hablaban de una forma más dulce o elegante? Hay temas difíciles y la reforma agraria tal vez sea uno de los más polémicos, y el hecho de que una mujer esté liderando la cartera también va a agregar dificultad al debate. No sé si ustedes, queridas personas que me leen, se han dado cuenta de que también la semana pasada se aprobó una rebaja significativa en las tasas de interés para campesinos y pequeños productores: un 4% de interés efectivo anual. ¿No les parece que lo realmente sorprendente es que algo tan básico nunca se haya hecho antes? Sin embargo, aquí estamos hablando del tono de la ministra.

Por: Redacción Pares Semana del 04 al 10 de septiembre de 2023 El lunes 04 de septiembre fue el cierre del cuarto ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Acordaron trabajar en varias zonas donde hay intensidad del conflicto armado y se requiere acción conjunta para buscar la protección de las comunidades, al igual que emprender de manera coordinada procesos de desarrollo en el corto plazo, para lo cual se contará con la participación del Departamento Nacional de Planeación. Estas zonas son: Calima, San Juan en el Pacífico, el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Bolívar. Igualmente hubo acuerdos frente a la situación de los presos y presas del ELN, en lo que se trabajará por asuntos humanitarios y promover su participación en este proceso de paz. El próximo ciclo será en México, no se conoce fecha del inicio de este quinto ciclo. Este sábado 09 y domingo 10 de septiembre se desarrolló el tercer ciclo del Comité Nacional de Participación, que avanza en la construcción de la metodología para la consulta sobre participación de la sociedad, que tendrá en 15 encuentros sectoriales y temáticos y nueve encuentros regionales, escenarios para escuchar la mayor diversidad social, gremial e institucional sobre las formas y dinámicas en que se debe dar la participación para concertar las transformaciones que hagan posible una visión compartida de paz. Sigue la conformación de las oficinas regionales y locales del Mecanismo de Cese Bilateral de Fuego. Esta semana se conformó la oficina de Arauca. Sobre los hechos de los enfrentamientos militares en Arauca, hay denuncias del ELN en las que se involucra al Ejército Nacional como protagonista de estos hechos. El ELN ha señalado que hay acción coordinada entre el Ejército Nacional y lo que el ELN denomina como paramilitares, al referirse a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), que se mantienen en Arauca. Al respecto el ELN ha pedido la intervención del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. 1. Clausura del Cuarto Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el ELN: 2. Comunicado conjunto de las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y del ELN al concluir el cuarto ciclo: 3. “México será sede de la quinta ronda de conversaciones de paz ELN Colombia”: https://news.eseuro.com/local/2209167.html 4. "Inició la tercera plenaria del Comité Nacional de la Participación de los diálogos de paz entre el Estado y el ELN": https://www.infobae.com/colombia/2023/09/09/inicio-la-tercera-plenaria-del-comite-nacional-de-la-participacion-de-los-dialogos-de-paz-entre-el-estado-y-el-eln/ 5. "Enfrentamientos entre ELN y otros grupos armados perturban el cese al fuego: Iván Cepeda": 6. "Organizaciones piden que ELN pacte tregua con disidencias de las FARC”: https://caracol.com.co/2023/09/09/organizaciones-piden-que-eln-pacte-tregua-con-disidencias-de-las-farc/ 7. “LAS FUERZAS ARMADAS ATACAN LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DIÁLOGOS”, denuncia del ELN: 8. “Colombia. ELN denuncia que las FFAA está atacando acuerdos de la Mesa de Diálogos”: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/09/09/colombia-eln-denuncia-que-las-ffaa-estan-atacando-los-acuerdos-de-la-mesa-de-dialogos/ 9. Una decena de muertos por combates entre ELN y disidentes de FARC en Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=SpcEu3CflXA 10. “Senador José Vicente Carreño reclamó a FARC y ELN por reclutamiento de menores”: 11. “Cientos de desplazados en Antioquia por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN”: https://www.lafm.com.co/colombia/cientos-de-desplazados-en-antioquia-por-enfrentamientos-entre-el-clan-del-golfo-y-el-eln Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Comité Olímpico Colombiano El fin de semana del 08 al 11 de septiembre se desarrollará la conocida “fecha de clásicos” del fútbol profesional colombiano, en la que se disputarán encuentros entre los equipos que mantienen rivalidades en sus respectivas ciudades, destacándose los de Bogotá, con Santa Fe y Millonarios; Medellín, con Atlético Nacional e Independiente Medellín; y Cali, con América y Deportivo Cali. Estos, entre otros partidos, no sólo destacan en lo futbolístico, sino también en el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana, puesto que algunas dinámicas ligadas al fútbol y sus aficionados, específicamente a las barras organizadas, pueden generar escenarios de conflicto y situaciones de violencia que afecten negativamente la seguridad e incluso ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas que asisten a estos encuentros, no sólo alrededor de los estadios, sino también en otros puntos de las ciudades, haciendo que el espectáculo del fútbol trascienda de lo meramente deportivo y se convierta en un problema de seguridad pública. Antecedentes de violencia Para evidenciar las situaciones provocadas por el desarrollo de algunos partidos en el fútbol colombiano que afectan a la seguridad y la convivencia, basta con remontarse al primer semestre del 2023. En el marco de la primera “fecha de clásicos” del año, disputada entre el 25 y el 28 de marzo, el “clásico caleño” entre América y Deportivo Cali se vio afectado por hechos de violencia entre hinchas, antes y durante el encuentro, y por casos de hurto, tanto en las inmediaciones del estadio Palmaseca del Deportivo Cali -ubicado en Palmira- como en la ciudad de Cali, situaciones que al parecer habían sido advertidas previamente a través de redes sociales. Poco más de un mes después, entre el 29 y el 30 de abril, por la fecha 17 del torneo colombiano se disputó nuevamente el “clásico caleño” -esta vez con América oficiando como local-, al cual se sumó la disputa del “clásico paisa” entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Para el caso de Cali, el preámbulo del partido se desarrolló con situaciones de violencia, específicamente de agresiones con armas blancas, entre hinchas de ambos equipos que tuvieron como resultado varios heridos. Para el caso de Medellín se presentaron riñas entre ambas hinchadas posterior a la culminación del encuentro, que dejaron como saldo a dos personas fallecidas -pertenecientes a las barras de Nacional y Medellín respectivamente- producto de heridas por arma blanca, y al menos 14 lesionadas. Una semana después, el 07 de mayo, las situaciones de violencia por parte de hinchas se darían en la ciudad de Bogotá, en el marco del desarrollo del “clásico capitalino” entre Santa Fe y Millonarios, donde serían capturadas dos personas por protagonizar actos de agresión física contra otros asistentes al encuentro. A esto cabe agregarle algunas situaciones protagonizadas por barras organizadas en las que se han dado invasiones a los campos de juego, intentos de agresiones a jugadores y otros miembros de los equipos, y enfrentamientos con la fuerza pública que han dejado como resultado personas lesionadas y daños materiales. Entre los más relevantes se encuentra lo sucedido el 16 de abril al interior del estadio Atanasio Girardot en Medellín, con fuertes disturbios protagonizados por miembros de la barra de Atlético Nacional previo a un partido contra el América, o la invasión al campo de juego por parte de hinchas del Once Caldas el 18 de abril en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, ambas producto del descontento de algunos hinchas con las situaciones de sus clubes. Lo anteriormente descrito se suma a una extensa lista de situaciones de violencia y disturbios que se dan en el marco del desarrollo de partidos de fútbol en las principales ciudades del país, y que han venido en aumento en los últimos meses. Esto ha hecho que se posicione como un tema importante a la hora de hablar de seguridad y convivencia, debido al alcance que puede llegar a tener el fútbol como espectáculo, y a las consecuencias que conllevan los niveles de violencia que se dan alrededor de este. ¿Cómo funciona la seguridad en los estadios? El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en su artículo 62, establece la forma en la que se maneja la seguridad en actividades que impliquen aglomeración de público: La seguridad interna y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla con empresas de vigilancia y seguridad privada y/o empresa de logística legalmente constituidas. El servicio de seguridad será prestado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento. Esto no quiere decir que la policía no realice acompañamiento dentro y fuera de los estadios, pero sí implica que la responsabilidad de mantener las condiciones de seguridad en los partidos recae principalmente en los organizadores. En este mismo artículo se menciona que la Policía Nacional podrá ingresar a las actividades, en este caso partidos, por iniciativa propia y bajo cualquier circunstancia con el fin de dar cumplimiento a sus funciones, pero se hace especial énfasis en que esto se haga en casos excepcionales de riesgo a la convivencia y la seguridad. Ahora bien, para el caso de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, la organización logística en temas de seguridad depende del partido y de su importancia a nivel competitivo, su nivel de concurrencia esperado y los precedentes establecidos por las hinchadas en encuentros anteriores. Es por esto que en partidos con menores niveles de importancia y concurrencia, el control del ingreso al estadio y el mantenimiento de las condiciones de seguridad tanto dentro como fuera de este, puede ser brindada plenamente por empresas privadas de logística o seguridad. Sin embargo, para los “clásicos” o partidos de alto riesgo, normalmente se tienen consideraciones de seguridad especiales y generan ambientes de atención máxima por parte de las autoridades. Además, existen instancias como la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, reglamentada por la Ley 1270 de 2009, y de la cual derivan las Comisiones Locales, o la Mesa de Concertación Nacional del Barrismo Social, así como programas como Goles en Paz 2.0, a través de los cuales se propende por la interlocución entre los distintos actores que inciden en las dinámicas de seguridad alrededor del fútbol, tales como miembros de los gobiernos, la fuerza pública, las autoridades del fútbol, los representantes de los equipos, las empresas privadas y las barras organizadas, con el fin de generar estrategias conjuntas para evitar las situaciones de violencia y promover la convivencia pacífica en el marco de estos encuentros deportivos. Los partidos de fútbol son un tema de seguridad pública Es por esto que la presencia de la fuerza pública para los encuentros de fútbol se ha vuelto indispensable, más aún en el caso de los “clásicos”, para los que se despliegan rigurosos dispositivos de seguridad en los que se requiere la presencia de entre 700 hasta 1.200 uniformados de la Policía Nacional, incluidos agentes del Gaula, de la SIJIN y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), así como la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) para supervisar las situaciones en inmediaciones de los estadios, lo cual se traduce en una importante inversión en capacidad logística, de vigilancia y atención por parte de las administraciones y las autoridades de cada ciudad. Por ejemplo, para la final del torneo colombiano, disputada el 24 de junio en Bogotá entre Millonarios y Atlético Nacional, la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor desplegaron un operativo con más de 1.300 uniformados para el estadio El Campín, debido a la concurrencia del evento y la rivalidad existente entre las hinchadas de ambos equipos, lo cual planteaba posibles escenarios de conflicto. Ante esta situación, el propio director de la Policía, General William Salamanca, ha mencionado que disponer de tal número de uniformados para un evento deportivo implica menos policías patrullando otros puntos de la ciudad. Esto ha generado incluso posturas que consideran que la Policía no debería encargarse de la seguridad en los estadios, y que debería ser relegada a los organizadores como establece el CNSCC. Frente a esto cabe resaltar que los escenarios de conflicto no sólo se dan en inmediaciones de los estadios, sino también en puntos de la ciudad donde otros hinchas observan los eventos, tal como se evidenció con los casos de algunas confrontaciones que hubo entre hinchas en localidades como Bosa tras culminar el encuentro de la final del torneo. Por esto, un encuentro de fútbol con un grado de importancia -y de riesgo- tan alto como un “clásico”, hace que las implicaciones de seguridad se extiendan a prácticamente toda una ciudad, y produce que las responsabilidades de mantener la seguridad alrededor de los partidos recaigan principalmente en las autoridades municipales o distritales y se relegue a los organizadores y las empresas privadas de logística a ámbitos específicos que no abarcan la totalidad de la problemática. Prevención y reacción Las complejas situaciones de seguridad que se derivan del desarrollo de partidos de fútbol implican la puesta en marcha de las capacidades tanto de prevención como de reacción de las distintas instancias y autoridades. En cuanto a la prevención es necesario tener en cuenta las instancias de concertación entre barras organizadas, puesto que es allí donde se encuentra la raíz de la problemática que asocia al fútbol con la violencia. A este respecto, el defensor del pueblo Carlos Camargo ha resaltado la importancia de poner en marcha espacios que se encuentran inactivos, como la Mesa de Concertación Nacional del Barrismo Social, específicamente debido a lo ocurrido el 16 de abril en el Atanasio Girardot que enfrentó a barras de Atlético Nacional con la fuerza pública. Asimismo, se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de los espacios impulsados por los gobiernos locales, como las Comisiones Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, o las reuniones en el marco del programa Goles en Paz en Bogotá. Estos, si bien son producto de procesos prolongados en el tiempo, continúan teniendo dificultades a la hora de generar estrategias y compromisos, principalmente por la posición que mantienen algunas barras organizadas que afirman que los problemas relacionados con el orden público son producto de acciones individuales de algunos de sus miembros, los cuales no representan a la totalidad de la organización, y para lo cual insisten en su individualización y sanción correspondiente. Esto termina generando conflictos debido a que en algunos casos las autoridades tanto judiciales como deportivas responsabilizan a las barras en su conjunto, e incluso a sus líderes por instar a cometer actos de violencia de manera colectiva, generando tensiones entre barras, directivas de clubes y autoridades. En cuanto a la reacción, han sido reiteradas las posiciones de rechazo por parte de las administraciones locales en cabeza de los alcaldes, como en los casos de Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali, que van encaminadas a fomentar la identificación y captura de las personas que protagonicen actos de violencia en estos contextos, y la ejecución de las respectivas sanciones, que van desde la prohibición de su ingreso a escenarios deportivos hasta su judicialización e iniciación de procesos penales. Estas acciones han sido constantes, pero no parecen verse reflejadas en una capacidad de persuasión suficiente para disminuir casos de violencia y disturbios alrededor de los estadios. Lo anterior evidencia un panorama complejo debido a la multiplicidad de actores presentes, a las posturas diversas que mantiene cada uno, a la dificultad que puede llegar a tener el consolidar espacios de concertación y asumir responsabilidades y compromisos, y a los gastos en términos logísticos y de recursos que implica mantener la seguridad y la convivencia en paz en el marco de algunos encuentros de fútbol colombiano. A pesar de que no se considera un tema fundamental en las discusiones sobre seguridad en las principales ciudades del país, especialmente en un contexto preelectoral como el que se encuentran en este momento, el no prestar más atención a esta problemática y dejar en un segundo plano las discusiones alrededor de esta podría contribuir a perpetuar un problema que sigue cobrando vidas, dejando lesionados y daños materiales, y generando situaciones de inseguridad para la ciudadanía en general.