Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Este 09 y 10 de septiembre marcan el tercer aniversario de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la capital colombiana: la represión policial de las protestas que estallaron en septiembre de 2020. Un informe independiente entregado en 2021 a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, calificó estos eventos como una “masacre” que dejó un saldo de 14 fallecidos, revelando un uso “desproporcionado” de la violencia por parte de la policía colombiana. Además, se recuerda nuevamenteel caso emblemático de Dilan Cruz, cuya muerte a manos de un oficial de policía durante una protesta generó una ola de indignación y desencadenó una serie de investigaciones. La “masacre” de 2020: represión y violencia desproporcionada Los días 09 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá se vio sumida en el caos cuando multitudes de manifestantes se lanzaron a las calles en protesta por el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, a manos de dos policías. Un video que registró el brutal castigo infligido a Ordóñez a manos de los oficiales desató la indignación y llevó a miles de personas a expresar su rabia. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación legítima pronto se convirtió en un episodio de violencia descontrolada (Ver: Bogotá amaneció de luto: la masacre del #9S). Según un informe independiente respaldado “metodológicamente” por Naciones Unidas, la policía colombiana respondió con una “violencia desproporcionada” contra los manifestantes, especialmente en los sectores populares de la ciudad. Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación, afirmó que los oficiales se ensañaron contra las personas más vulnerables de Bogotá, creyendo que podrían cometer abusos sin consecuencias. El resultado fue devastador. Catorce personas murieron, de las cuales once perdieron la vida debido al “uso ilícito de la fuerza” por parte de la policía. Además, más de 300 civiles resultaron heridos, junto con 216 uniformados, y 76 puestos policiales fueron destruidos. El informe también documentó casos de “violencia” dirigida hacia los agentes de policía. Este informe, publicado en 2021 por la Alcaldía de Bogotá y respaldado por las Naciones Unidas, consta de 182 páginas que confirman que lo que ocurrió en esos días fue una “masacre” perpetrada por la seguridad nacional contra los ciudadanos en los barrios de bajos recursos. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se reconoce el proceso de reforma y transformación policial que la institución ha experimentado en los últimos cuatro o cinco años. Se ha observado un esfuerzo o, al menos, una intención en esta dirección. Sin embargo, el coordinador señaló que no se han logrado avances significativos o concretos en la transformación y reforma de la policía, más allá de cambios superficiales, como los ocurridos en el UNDEMO o el cambio de uniforme policial, entre otros aspectos. En este contexto, Pares ha destacado de manera recurrente la destitución de varios generales por parte del presidente, lo cual ha generado cierta desestabilización dentro de la institución y no necesariamente se alinea con la lógica de la reforma. En cuanto a la rendición de cuentas, se critica que la policía se encuentra bajo la jurisdicción del fuero penal militar, lo que implica que los procesos de investigación judicial y la supervisión de las acciones de la fuerza pública también se aplican a la policía. Esto resulta en un acceso limitado a la información y a la rendición de cuentas que no es de dominio público, lo que dificulta que la Línea, en su rol de sociedad civil u organización, pueda verificar y supervisar adecuadamente estas cuestiones. Dilan Cruz: un caso emblemático Sin embargo, la represión policial y la violencia no se limitaron a 2020. A finales de 2019, durante una protesta, el capitán de la Policía Manuel Cubillos disparó a Dilan Cruz, un joven estudiante. El incidente fue grabado por varios testigos y conmovió a Colombia. Dilan Cruz fue llevado a un centro médico, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció dos días después del impacto. La necropsia confirmó que murió a causa de un “trauma craneoencefálico penetrante” causado por munición de impacto, lo que calificó su muerte como un homicidio. Cuatro años después de su muerte, las investigaciones sobre el caso de Dilan Cruz siguen en curso. En un desarrollo significativo, Forensic Architecture, un grupo de investigación multidisciplinario, realizó un peritazgo científico y tecnológico en el que reconstruyeron el crimen. Utilizaron programas de análisis, imágenes y videos para crear un modelo en tercera dimensión que mostraba la secuencia del hecho. Según el informe de Forensic Architecture, el capitán Manuel Cubillos, que estaba en el lugar de los hechos, apuntó y siguió a Dilan Cruz antes de disparar. Esto contradice la versión del capitán Cubillos, quien afirmó que un movimiento imprevisto de Dilan lo llevó a interponerse en la línea de fuego del proyectil. La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra el oficial Cubillos por su presunta responsabilidad en la muerte del joven. Se le acusa de no haber tenido el cuidado necesario al accionar su arma, lo que resultó en la fatal herida en la cabeza de Dilan. La expectativa por esta nueva información ha generado un interés renovado en el caso, y los familiares de la víctima, así como los colectivos estudiantiles, esperan que se haga justicia en memoria de Dilan Cruz. Isaac Morales enfatizó que esta investigación concluye que el disparo se efectuó con la intención de causar la muerte. Desde el principio, desde que se dieron a conocer los primeros videos de la muerte de Dilan, se podía percibir cierto grado de malicia o intención en la manera en que el capitán apuntó el arma. Es importante destacar que se trata de armas que, técnicamente, no deberían ser letales, pero que sí pueden causar graves daños, como se evidenció en varios casos de personas que perdieron sus ojos y sufrieron heridas graves. Morales explicó que estos resultados son significativos en la determinación de la responsabilidad del capitán en este caso. En su opinión, existen pruebas suficientes y material probatorio que respaldan la idea de que realmente tiene una responsabilidad en los acontecimientos. No obstante, subrayó la importancia de que un tercero corrobore estos hallazgos para que la investigación tenga aún más credibilidad y peso. Sin embargo, Isaac Morales consideró que es importante reconocer los esfuerzos realizados por la institución. En este sentido, destacó la creación del Observatorio de Violación de Derechos Humanos, una iniciativa que opera internamente y está directamente vinculada a la Oficina de Planeación y la Dirección General. Sin embargo, señaló que los resultados de este observatorio y el seguimiento de las violaciones de derechos humanos por parte de la institución no son ampliamente conocidos. La principal recomendación que hace el coordinador de la Línea de Pares es que el proceso se vuelva más transparente y que se fomente una participación activa de la sociedad civil y las organizaciones encargadas de supervisar las acciones de la policía, entre otras responsabilidades. Para él, la combinación de transparencia y participación ciudadana representa un paso fundamental que sería importante implementar en aras de una mayor claridad y rendición de cuentas. Finalmente, los informes independientes y las investigaciones multidisciplinarias buscan arrojar luz sobre la verdad detrás de estos eventos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. A medida que Colombia reflexiona sobre estos trágicos acontecimientos en su historia reciente, la búsqueda de justicia y la promoción de los derechos humanos continúan siendo temas de máxima importancia en la sociedad colombiana.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Cambio Colombia y Travel Guide Por segunda vez en cuatro meses, la vicepresidenta, Francia Márquez, se encuentra en África en una misión diplomática destinada a fortalecer las relaciones entre Colombia y el continente africano. En mayo, Márquez realizó visitas oficiales a Sudáfrica, Kenia y Etiopía, marcando un hito como la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia de Colombia en hacerlo. En esta ocasión, su itinerario incluye su participación en la Cumbre Africana sobre el Clima en Kenia y una visita oficial a Ghana que hasta hoy termina (Ver: Francia Márquez fortalece cooperación entre Colombia y países africanos durante su gira oficial). Estas actividades son parte de la “estrategia África 2022-2026”, una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro para profundizar los lazos con África. Esta estrategia se basa en el reconocimiento del potencial económico de África, que se espera que sea una de las regiones de mayor crecimiento económico en el mundo y que su población se duplicará para 2050. La vicepresidenta desempeñó un papel destacado en la Cumbre Africana sobre el Clima en Nairobi, Kenia, donde líderes de todo el mundo se reunieron para abordar la crisis climática global. Uno de los puntos clave de su intervención fue la necesidad de abordar el problema financiero que enfrentan los países en desarrollo al tratar de combatir el cambio climático. Márquez respaldó la propuesta de una nueva reforma en la estructura del sistema financiero internacional y abogó por un canje de deuda para financiar acciones climáticas. En sus palabras, “No es falta de voluntad política de hacer. El problema de fondo es que no contamos con los recursos suficientes para atender este desafío planetario”. Además, hizo un llamado para que se emitan bonos especiales por parte del Fondo Monetario Internacional, al igual que se hizo durante la pandemia, para crear un gran fondo global que permita a los países de renta media y vulnerable enfrentar los desafíos climáticos. (Ver: Francia Márquez vuelve a África para cumbre climática) La vicepresidenta Márquez también se reunió con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahama, donde coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para abordar el cambio climático y fortalecer las conexiones con la diáspora africana. Durante su visita a Kenia, Márquez se reunió con su homólogo keniano, Regathi Gachagua, quien confirmó su visita a Colombia del 11 al 14 de septiembre para fortalecer las relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países. Asimismo, se reunió con Azali Assoumani, presidente de Comoras y de la Unión Africana deNaciones, para discutir el canje de deuda por acción climática y la necesidad de una respuesta global al cambio climático. La estrategia África 2022-2026 busca potenciar la relación entre Colombia y África en diversos sectores, incluyendo la promoción de vuelos comerciales directos, la apertura de nuevas embajadas, acuerdos comerciales y alianzas culturales. Márquez enfatizó la importancia de estos diálogos políticos y mecanismos legales para revitalizar las relaciones entre Colombia y África, que habían estado prácticamente abandonadas en el pasado. Esta iniciativa marca un cambio significativo en la política exterior de Colombia, reconociendo la importancia de África en la arena global y buscando colaboraciones mutuamente beneficiosas en un momento crítico para abordar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. En el contexto mundial, el cambio climático se ha convertido en una crisis inminente, como lo destacó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Las altas temperaturas y fenómenos climáticos extremos están afectando a todo el planeta, y es esencial la cooperación global para abordar esta amenaza. Hoy, la líder gubernamental concluye su visita a Ghana y se prepara para su retorno a Colombia. Durante su estancia en el país africano, su homólogo, el distinguido Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia, anunció planes para establecer una misión diplomática permanente en Bogotá, marcando un hito como la primera nación subsahariana en tener representación oficial en la capital colombiana. Esta apertura de la embajada se proyecta como un importante paso hacia la promoción de iniciativas relacionadas con la reconciliación histórica. El vicepresidente Mahamudu Bawumia dio a conocer que su país se unirá al grupo de expertos encargados de impulsar un acuerdo multilateral, el Plan Marshall Global para combatir el cambio climático. Este compromiso consolida a Ghana como un valioso aliado para apoyar la propuesta del presidente Gustavo Petro de canjear deuda externa por acciones concretas destinadas a contrarrestar los efectos del cambio climático. Además, Ghana ha expresado su interés en convertirse en miembro observador de la Alianza del Pacífico, lo que augura una mayor cooperación y relaciones económicas en la región. Según Isabela Puyana, periodista e investigadora de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), resaltó tres aspectos cruciales en las visitas de la vicepresidenta a África: En lo que respecta a la política, Puyana señaló que Márquez se reunió con líderes africanos para abordar cuestiones de interés mutuo, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. Según Puyana, esta visita puede contribuir significativamente al fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y África en estos ámbitos. Además, destacó que a nivel estatal, Colombia exhibe una mejor gobernanza y estabilidad, a pesar de los desafíos de seguridad y el conflicto interno que enfrenta. Esto posiciona al país como un asesor potencial para naciones africanas en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la lucha contra la insurgencia rebelde que afecta a algunos de estos países. Asimismo, subrayó que Colombia puede ofrecer valiosas experiencias para mejorar la descentralización político-administrativa en algunos de estos lugares. En lo que respecta a la economía, Puyana mencionó que la vicepresidenta también participó en actividades comerciales e inversiones en África. Según la BBC Mundo, esto tiene el potencial de impulsar el comercio y las inversiones entre Colombia y el continente africano. En América Latina, Brasil ya ha establecido diversas compañías y empresas con actividades e inversiones en países lusófonos como Mozambique y Angola. En el caso de Colombia, empresas como Nutresa, Bancolombia, Grupo Aval y otras operan en países de Centroamérica como El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Esto crea oportunidades para explorar inversiones, operaciones y transacciones con economías similares a las de Centroamérica, pero con una población considerable en países africanos. En el ámbito cultural, la investigadora de Pares explicó que Francia Márquez visitó sitios históricos y culturales en África con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre Colombia y el continente africano. Hasta ahora, la diplomacia colombiana se ha centrado en gran medida en el mundo angloparlante, pasando por alto la significativa comunidad de descendientes de la diáspora africana en nuestro país. Esta nueva orientación permite a los colombianos conectarse con sus raíces, fortalecer sus habilidades bilingües y establecer puentes diplomáticos y culturales con el continente africano.Según Isabela Puyana, periodista e investigadora de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), resaltó tres aspectos cruciales en las visitas de la vicepresidenta a África: En lo que respecta a la política, Puyana señaló que Márquez se reunió con líderes africanos para abordar cuestiones de interés mutuo, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. Según Puyana, esta visita puede contribuir significativamente al fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y África en estos ámbitos. Además, destacó que a nivel estatal, Colombia exhibe una mejor gobernanza y estabilidad, a pesar de los desafíos de seguridad y el conflicto interno que enfrenta. Esto posiciona al país como un asesor potencial para naciones africanas en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la lucha contra la insurgencia rebelde que afecta a algunos de estos países. Asimismo, subrayó que Colombia puede ofrecer valiosas experiencias para mejorar la descentralización político-administrativa en algunos de estos lugares. En lo que respecta a la economía, Puyana mencionó que la vicepresidenta también participó en actividades comerciales e inversiones en África. Según la BBC Mundo, esto tiene el potencial de impulsar el comercio y las inversiones entre Colombia y el continente africano. En América Latina, Brasil ya ha establecido diversas compañías y empresas con actividades e inversiones en países lusófonos como Mozambique y Angola. En el caso de Colombia, empresas como Nutresa, Bancolombia, Grupo Aval y otras operan en países de Centroamérica como El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Esto crea oportunidades para explorar inversiones, operaciones y transacciones con economías similares a las de Centroamérica, pero con una población considerable en países africanos. En el ámbito cultural, la investigadora de Pares explicó que Francia Márquez visitó sitios históricos y culturales en África con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre Colombia y el continente africano. Hasta ahora, la diplomacia colombiana se ha centrado en gran medida en el mundo angloparlante, pasando por alto la significativa comunidad de descendientes de la diáspora africana en nuestro país. Esta nueva orientación permite a los colombianos conectarse con sus raíces, fortalecer sus habilidades bilingües y establecer puentes diplomáticos y culturales con el continente africano.

Por: Nataly Páez, Asistente de Investigación Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: El Colombiano Tras la culminación del primer mes de cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, evidenciamos una reducción significativa de acciones armadas durante el mes de agosto. De acuerdo a los registros adelantados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante el mes de agosto se perpetraron cuatro combates en los que participó el ELN, los cuales generaron 3 hechos de confinamiento, 1 de desplazamiento y 1 hostigamiento a la fuerza pública. El proceso para obtener este avance ha representado un extenso trayecto, permeado por escenarios de tensión en la mesa de diálogos, así como intensificación de hostilidades en algunos meses y reducción de acciones violentas en otros. A continuación, analizaremos los hechos contextuales bajo los cuales se enmarcan cada uno de estos periodo de auge y disminución de acciones armadas del ELN, considerando el periodo enero-agosto 2023: Durante los primeros tres meses del año las acciones armadas perpetradas por el ELN en promedio estuvieron por mes entre 16 y 28 acciones en total, entre las cuales se incluyen: enfrentamientos, ataques a la fuerza pública y ataques a la población civil. En el mes de enero, este actor armado se enfrentó principalmente con la fuerza pública y consumó 7 ataques a la población civil, fue tal vez uno de los meses más polémicos, en el que se generó tensión entre las partes debido a la declaración del cese al fuego bilateral anunciada por Gustavo Petro y refutada por el ELN como un anuncio unilateral no pactado en la mesa de diálogos. Para el mes de febrero, el Comando Central del ELN denunció la ejecución extrajudicial de siete guerrilleros a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas, a orillas de río Raposo (zona rural de Buenaventura). Este hecho generó indignación por parte del grupo armado y pese al descenso de combates a lo largo de ese mes, se evidenció un aumento de ataques a la fuerza pública. En el mes de marzo, durante el desarrollo del segundo ciclo de diálogos, incrementaron considerablemente las acciones ofensivas a un total de 28. Este incremento de hostilidades se enmarca bajo un escenario de indignación nacional frente al ataque del ELN en contra de la fuerza pública en Villanueva, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Integrantes de la Segunda División del Ejército fueron atacados con explosiones de tatucos y ráfagas de fusil a las 3:00 am mientras dormían. En el hecho fallecieron nueve soldados, de los cuales siete se encontraban prestando servicio militar y uno de los heridos era perteneciente al pueblo wayúu. El ELN se refirió a este ataque por medio de un comunicado afirmando que era una respuesta a la militarización de la región y, por otra parte, se refirió a lo ocurrido el anterior 28 de enero en zona rural de Buenaventura, en donde siete de sus integrantes fueron asesinados, por ello, aseguró que mientras continuaran aterrorizando y asesinando a la población civil, seguirían combatiendo militarmente a la fuerza estatal. Asimismo, Antonio García, comandante del ELN manifestó a través de Twitter que: “Desde enero del presente año el ELN ha recibido una serie de ataques y jamás existió pronunciamiento alguno ni de funcionarios del gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques contra el ELN como atentados contra la paz”, y por consiguiente “El ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe [...]”: En consecuencia, a lo largo del mes de abril continuaron las hostilidades, registrando un total de 27 acciones armadas, en las cuales aumentaron los combates y disminuyeron los ataques a la fuerza pública pese a las declaraciones ofensivas por parte del ELN. No obstante, el panorama es alentador durante el mes de mayo, en el cual se evidencia una reducción de acciones armadas a un total de 16, esta reducción coincide con el desarrollo del tercer ciclo de diálogos, en el cual se pactaron los avances más históricos entre el ELN y el Gobierno Nacional; se acordó el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) y se pactó la creación del Comité Nacional de Participación (CNP). Nuevamente, para el mes de junio, después del tercer ciclo de negociación en la Habana, aumentaron a 20 las acciones violentas perpetradas por el ELN. incrementaron los combates y los ataques a la población civil, y disminuyeron los ataques a la fuerza pública. El aumento tanto de enfrentamientos y ataques a la población civil responde a la disputa por el control territorial de esta guerrilla con el Clan del Golfo, principalmente en el departamento de Chocó. Durante el siguiente mes, se conmemoraron los 59 años de la fundación de este grupo armado, de manera que se evidenció una intensificación en el accionar armado, aumentando tanto los ataques a la Fuerza Pública como a la población civil. Al igual que en años anteriores, esta conmemoración no es más que una muestra probablemente de fortaleza y simbolismo asociado a la identidad del grupo. En síntesis, a lo largo del año se han presentado periodos de intensificación y disminución en el accionar armado por parte del ELN, lo cierto es que tras el cese al fuego bilateral que entró en vigor el pasado 03 de agosto, las acciones disminuyeron un 63% con respecto al promedio de acciones registras entre enero y julio. Pese a esta desescalada de violencia, es necesario preguntarse: ¿el carácter bilateral de este cese al fuego solo comprende a la fuerza pública?, ¿cómo se relaciona este proceso con la presencia de otros grupos en territorios de disputa armada? En ese orden de ideas, es esencial buscar sincronicidad y coexistencia frente a los nuevos escenarios de diálogo con otros grupos armados ilegales, esto teniendo en cuenta la disputa territorial de esta guerrilla con otros actores armados. Asimismo, es indispensable la vocación de continuidad de este cese al fuego bilateral con el ELN, que permita una disminución de hostilidades de tal manera que no solo se alivien los escenarios de violencia que padecen las comunidades, sino que también se genere un espacio más propicio para el diálogo, en donde las partes aborden las causas del conflicto así como las consecuencias del mismo, en el cual las víctimas participen de forma activa, de manera que sus experiencias y vivencias desempeñan un papel fundamental en la construcción de una paz posible y duradera.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El comercio de Perú El pasado lunes 04 de agosto, en la ciudad de Caracas, Venezuela, llegó a su fin el cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta fase crucial del proceso de paz culminó después de 22 días de intensas conversaciones, marcando un hito importante en la búsqueda de una solución pacífica a décadas de conflicto armado en Colombia. Este ciclo de conversaciones, que se inició el 14 de agosto, tuvo lugar justo un mes después de que entrara en vigor el acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal y nacional, que fue resultado de la ronda anterior de negociaciones. Desde su inicio, este proceso de diálogo ha estado enmarcado por un ambiente de expectativa y esperanza, así como de desafíos significativos que ambos lados han tenido que abordar. En un comunicado conjunto emitido al concluir el ciclo, las delegaciones gubernamentales y del ELN anunciaron un conjunto de acuerdos que marcarán un punto de inflexión en la implementación del cese al fuego y en la construcción de un camino hacia la paz sostenible. Uno de los logros más destacados es la creación de zonas humanitarias en áreas identificadas como críticas, donde se llevarán a cabo “acciones y dinámicas humanitarias”. El acuerdo establece que en estas zonas se avanzará en la implementación de proyectos que reflejarán los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la mesa de negociación. Estos proyectos abordarán principalmente los componentes de participación y cese al fuego, dos pilares fundamentales en el proceso de paz. Es importante destacar que estas iniciativas no solo involucrarán a actores gubernamentales y guerrilleros, sino que también se abrirán a la participación activa de la sociedad civil, las comunidades locales y el sector empresarial. Esto se alinea con la visión de construir un acuerdo nacional inclusivo que aborde las complejas realidades de Colombia. El senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno, enfatizó la importancia de estas zonas humanitarias al afirmar que “se crean zonas humanitarias en las cuales habrá una intervención no solo de carácter humanitario, sino también a través de proyectos de desarrollo que plasmaron (…) la participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cese al fuego de carácter bilateral y la activa intervención de la ciudadanía, las comunidades y también el empresariado, en lo que hemos llamado la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional.” Además de las zonas humanitarias, se acordó avanzar en la declaración de zonas críticas en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Estas áreas serán objeto de acciones humanitarias y se brindarán garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. La participación activa de las comunidades en el proceso de paz y proyectos de desarrollo social estarán en el centro de estos esfuerzos, nuevamente con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación. La posibilidad de declarar otras zonas críticas en el futuro se mantendrá en consideración. Uno de los aspectos más sensibles abordados en este ciclo de negociaciones se relaciona con los “presos políticos y personas privadas de la libertad reconocidas como integrantes del ELN recluidos en prisiones y centros de detención del país”. En un paso significativo, se acordó considerar las prisiones y centros de detención en Colombia como zonas críticas, lo que implica un compromiso específico para abordar la situación. En relación con el Comité Nacional de la Participación (CNP), se anunció la continuación de su proceso de consolidación. Este comité desempeña un papel crucial en la definición de la participación de la sociedad en el proceso de paz. La tercera sesión plenaria del CNP está programada para los días 9 y 10 de septiembre de 2023, lo que representa un avance significativo en su labor. Camila Fernández, investigadora nacional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que este proceso con el ELN representa un hito significativo en la historia de las negociaciones con este grupo insurgente, que históricamente ha sido uno de los más difíciles de dialogar con el Estado. Hasta ahora, se han realizado seis intentos de diálogo y negociación con el ELN, y el proceso actual bajo el gobierno actual se destaca como el más exitoso. Este proceso se ha caracterizado por la celebración de cuatro ciclos de negociación, el establecimiento de un cese al fuego, la creación del Comité Nacional de Participación y la implementación de mecanismos concretos. A pesar de estos logros, Fernández enfatizó que esto no significa que en otros procesos de paz no se hayan logrado avances significativos, citando el ejemplo cercano del proceso con las FARC en 2016. La particularidad del proceso de paz con el ELN radica en los avances históricos que ha experimentado y en las propuestas novedosas que ha presentado con miras a alcanzar una “Paz Total”. Destacó que, por primera vez, se ha logrado un cese al fuego con una vocación de continuidad prolongado con mecanismos y protocolos concretos, incluyendo una misión de verificación similar a la que se implementó durante las negociaciones con las FARC. Además, se ha establecido un mecanismo de monitoreo y verificación con un componente de veeduría social y se ha creado el Comité Nacional de Participación como un paso hacia un gran acuerdo nacional. Desde la perspectiva de Pares, Fernández evaluó de manera muy positiva el proceso en curso con el ELN, especialmente porque este proceso muestra una vocación de continuidad en el cese al fuego, lo que podría abrir la puerta a un proceso de paz a largo plazo y sentar las bases para las transformaciones sociales necesarias en el país. En el comunicado conjunto entre el Gobierno y el ELN, también se informó que la quinta fase del proceso de negociación se llevará a cabo en México en noviembre de este año. Esto marca un hito importante en el calendario futuro de estas conversaciones, que continuarán avanzando hacia la construcción de un acuerdo de paz integral. Es relevante destacar que, dado que ha transcurrido un mes completo desde el inicio del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, la Fundación Pares ha mantenido un registro de los acontecimientos desde el inicio del mes de este cese. Durante este período, se han registrado tres enfrentamientos, en particular con el Estado Mayor Central en Arauca y con el Clan del Golfo en Chocó. Además, se han reportado dos hostigamientos a la fuerza pública, dos casos de confinamiento y un episodio de desplazamiento. El confinamiento puede entenderse como una consecuencia directa de los eventos previamente descritos, ya sea como resultado de un combate o como consecuencia de un hostigamiento. Es esencial contextualizar estos datos al compararlos con las acciones registradas en julio en la misma base de datos. En dicho mes, se documentaron 34 incidentes violentos. La disminución de acciones en agosto, desde el inicio del cese al fuego, es evidente. Sin embargo, es fundamental señalar que los incidentes reportados por la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos no necesariamente se vinculan a las acciones ofensivas contempladas en el cese. Camila Fernández, de la Fundación Pares, destacó que, en el caso de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y el ELN, no es posible determinar de inmediato si se trata de una violación al cese, ya que es necesario establecer quién inició la acción ofensiva. El mecanismo de monitoreo y verificación es la única instancia encargada de determinar si hubo una violación del cese o no. En este cuarto ciclo de negociaciones, que coincide con el primer mes de los seis meses de cese al fuego, el mecanismo de monitoreo presentó su primer informe, que aún no se ha hecho público. Esto representa un paso importante para obtener cifras oficiales sobre las violaciones al cese por parte del ELN. Uno de los desafíos más significativos que identifica la investigadora nacional es la sincronización de este proceso con otros, en particular con el proceso de diálogo con el Estado Mayor Central. La mesa oficial de diálogo con el Estado Mayor Central se instalará el 17 de septiembre, y también comenzará un cese al fuego bilateral, nacional y temporal con este grupo armado. Por lo tanto, un reto crucial para la política de Paz Total radica en encontrar formas de articular eficazmente los dos procesos, el del ELN y el del Estado Mayor Central. A pesar de que el ELN ha cumplido en gran medida con el cese, continúan los enfrentamientos con el Estado Mayor, en especial en Arauca, lo que ha resultado en un alto número de víctimas mortales en la última semana. Estas acciones no se consideran una violación al cese, ya que el cese se aplica entre el Gobierno Nacional y el ELN. Por lo tanto, Camila Fernández mencionó que es necesario buscar estrategias que permitan ceses multilaterales entre estos dos grupos armados ilegales o ampliar los protocolos y acciones que cubre el cese para reducir la violencia. Además, surge la pregunta sobre cómo los territorios priorizados como críticos en el cuarto ciclo de negociaciones implementarán mecanismos para garantizar el cese al fuego, dado que son áreas de disputa armada entre actores ilegales. Para la investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos será fundamental observar cómo se materializa la propuesta de priorización de estos territorios críticos en relación con las disputas armadas que aún persisten, como se refleja en los casos de confinamiento de la sociedad civil en lugares como Chocó. La culminación de este ciclo de negociaciones representa un paso importante en el proceso de búsqueda de la paz en Colombia, con acuerdos humanitarios y la creación de zonas específicas que buscan garantizar un ambiente propicio para el desarrollo de futuras etapas del diálogo entre el Gobierno y el ELN. A medida que avanzamos hacia la quinta fase, se espera que tanto los desafíos como las oportunidades sigan siendo una parte integral de este proceso, en busca de una paz duradera y sostenible en Colombia. Finalmente, Camila Fernández resaltó la importancia del próximo ciclo de negociaciones programado para noviembre. En primer lugar, subrayó la necesidad de avanzar en el interciclo entre este cuarto y el quinto ciclo, destacando su relevancia debido al inicio del proceso de cese al fuego con el Estado Mayor Central. Será fundamental observar cómo funcionarán en paralelo estos dos procesos de paz, con sus respectivos ceses al fuego y las mesas de negociación distintas pero interconectadas, en el marco de la Paz Total. Este desafío implica la coordinación de mecanismos y estrategias para lograr una armonización eficiente entre ambas negociaciones. Por otra parte, Fernández hizo énfasis en la necesidad de abordar a profundidad el papel de Venezuela en el proceso de paz. A pesar de su rol como garante, en este cuarto ciclo se mencionó poco su papel más allá de esta función. Desde la sociedad civil, es crucial impulsar la idea de que tanto el Gobierno venezolano como la sociedad civil de Venezuela respalden activamente el proceso de paz. Esto se fundamenta en el hecho de que el ELN ha afectado la soberanía del territorio venezolano y ha llevado a cabo acciones violentas que se han extendido a más de cuatro estados del país vecino. Por lo tanto, es vital abordar en el próximo ciclo los mecanismos y estrategias para involucrar de manera más activa a Venezuela en el proceso de paz, considerando la fuerte presencia del ELN en la frontera entre ambos países. Además, Fernández señaló la relevancia del Comité Nacional de Participación, que habrá estado en funcionamiento durante tres meses para el próximo ciclo en noviembre. Es esencial que este comité presente una propuesta metodológica de participación hacia un gran acuerdo nacional. En este sentido, el próximo ciclo debe poner énfasis en otorgar un papel central a las víctimas y las organizaciones sociales que integran este comité, que abarca más de 30 sectores. La investigadora destacó la importancia de materializar la propuesta de participación y promover mecanismos de veeduría social que, hasta el momento, se encuentran en una fase incipiente. En resumen, el quinto ciclo que se llevará a cabo en noviembre será crucial para dar seguimiento a las acciones que se han implementado hasta el momento y para continuar impulsando estrategias que fortalezcan los mecanismos, los ceses y las herramientas que se han establecido en el proceso de paz.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Buenaventura ha estado en los titulares de los medios durante meses debido a la violencia por las disputas de grupos armados. Sin embargo, recientemente se han producido avances importantes en el espacio de diálogo sociojurídico entre "Shottas" y "Espartanos". A pesar de estos logros, la Gobernación del Valle ha brillado por su ausencia, tanto en el anuncio que se hizo el pasado 04 de septiembre de ampliación de la tregua entre los grupos, como también en el proceso de diálogo en general. La gobernadora Clara Luz Roldán se quedó en su lugar de pedir militarización y punto final. Recordemos que el 18 de julio de este año se marcó un hito importante para la paz en Buenaventura. Ese día se instaló el "espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz urbana en Buenaventura", un espacio que reunió al Gobierno Nacional y a los voceros de los grupos armados "Shottas" y "Espartanos". Ahí se dio inicio al proceso de diálogo, cuyo objetivo es lograr el sometimiento a la justicia de los miembros de estos grupos que se han disputado el control territorial en los últimos años. El pasado 04 de septiembre se llevó a cabo una rueda de prensa lidereada por el congresista Alejandro Ocampo, acompañada por otros miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional que hacen parte de dicha mesa, en la que anunciaron la ampliación de la tregua entre los dos grupos ya mencionados, la cual será, por ahora, hasta el 04 de noviembre, para avanzar en su proceso de diálogo y fortalecimiento de la confianza, así como también asumiendo el compromiso de poder lograr que la jornada electoral del próximo 29 de octubre se desarrolle en calma. Esta mesa sociojurídica, liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, busca desmantelar estas estructuras armadas de alto impacto, y si bien la ley de sometimiento para bandas criminales no ha sido aprobada por el Congreso de la República, aun así, el compromiso de las partes es evidente. Tanto que dichas estructuras armadas han expresado públicamente su intención de paz. Organismos internacionales y la sociedad civil han brindado su respaldo a este proceso, reconociendo su importancia para la ciudad y el país en su conjunto. Incluso se han logrado acuerdos iniciales que han reducido significativamente la violencia en Buenaventura, especialmente en temas como los homicidios, las fronteras invisibles y los enfrentamientos en los barrios. Sin embargo, en medio de estos avances, la Gobernación del Valle ha optado por pedir la militarización de la zona, en lugar de sumarse a los esfuerzos de paz. El pasado mes de julio, la gobernadora Clara Luz Roldán solicitó mayor despliegue de la fuerza pública en Buenaventura, en lugar de rodear la oportunidad de trabajar por la paz desde el diálogo sociojurídico, lo cual es insuficiente. Si bien es crucial mantener la seguridad en la región, no se puede dejar de lado el esfuerzo por lograr una paz sostenible que trabaje desde el concepto de seguridad humana propuesto por el actual Gobierno Nacional. La ampliación de la tregua anunciada entre "Shottas" y "Espartanos" demuestra que los grupos armados pueden encontrar caminos hacia la paz, pero que deben ser acompañados realmente por la institucionalidad. En lugar de pedir más militares en las calles, la Gobernación debería estar respaldando y participando activamente en estas iniciativas de paz. La ausencia de la Gobernación en este proceso es una oportunidad perdida. La paz es posible, pero es necesario que todas las partes interesadas, incluida la Gobernación, se comprometan de manera decidida a construirla. La comunidad internacional, la sociedad civil y los propios grupos armados han expresado su compromiso con la paz en Buenaventura y es hora de que la Gobernación del Valle demuestre, sin demagogias, que también está comprometida con esta causa. Clara Luz dijo: “no están solos los bonaverenses, pero se requiere una intervención especial”, y los avances logrados demuestran que, como dice la canción, “CLARAmente no es como suena”, porque los y las bonaverenses no estamos solos, pero la intervención especial que requerimos, precisamente no la acompaña la gobernadora.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol En Bogotá existen tres campañas que se autodenominan independientes, aunque su único motivo para hacerlo es haber recolectado firmas para no postularse a través de sus antiguos partidos políticos, quienes no solo los respaldaron, sino que también fueron el entorno donde forjaron sus trayectorias políticas. Ninguno de estos candidatos, en específico, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo y Diego Molano, puede considerarse ajeno a la política tradicional. Al igual que en la década de los noventa, en América Latina estamos presenciando un resurgimiento de los «outsiders», que en Colombia se presentaron como independientes. Ahora, en primer lugar, no todos los independientes tuvieron gobiernos positivos y exitosos, y en muchas ocasiones el hecho de no tener un partido político que los controle resultó ser aún peor. Es una ruleta rusa. Uno puede encontrarse con situaciones dramáticas para la democracia, como la de Fujimori, figuras personalistas sin un aporte significativo, como Íngrid Betancourt, o académicos que rompen con el clientelismo, como Antanas Mockus. Todo depende del individuo. En segundo lugar, ninguno de estos tres candidatos que menciono pasa el examen de ser realmente un outsider (Íngrid Betancourt tampoco lo pasaba en los noventas). Desde la ciencia política, el término se refiere a una persona que participa en el proceso político sin tener experiencia previa en las estructuras políticas tradicionales. Ni Lara, ni Oviedo, ni Molano son nuevos en esto. Puede incluso que en el caso de Oviedo se pueda argumentar que siempre fue funcionario y no político, pero es tan evidente que a los altos cargos se llega de la mano de una fuerte recomendación política que esa línea es extremadamente difusa. Lo de Lara ya es descaro: no va a lograr hacer que la opinión pública lo vea como un político fresco y menos influenciado por las estructuras tradicionales de poder. Nuestra propia historia política de la que también deberíamos aprender además muestra que lo que hizo la crisis de partidos de los años noventa fue abrir la puerta a esas alternativas, pero que con los años se sintió cada vez más la necesidad de que maduraran en programas, propuestas y métodos serios para enfrentar cada uno de los retos de América Latina. Prácticamente todos los outsiders de la época hicieron partidos políticos o movimientos unipersonales, algunos de los cuáles se convirtieron en agrupaciones clientelistas iguales o peores que las precedentes. Los mejores casos y cosechas de la época se dieron con aquellas personas que capitalizaron su liderazgo en acuerdos políticos y procesos más colectivos, aunque eso les implicara ceder algo de su propio poder. Finalmente, el mérito de un sistema de partidos democrático es ser un canal de representación entre el ciudadano y el Estado. La historia nos ha demostrado que las alternativas cobran sentido cuando maduran y evolucionan, y que las soluciones unipersonales que nuevamente se están promocionando en el panorama político pueden resultar bastante limitadas. Aunque muchos outsiders crearon su propio partido, la probabilidad de caer en prácticas clientelistas es la misma tanto para ellos como para los llamados independientes. De hecho, ninguno de los candidatos mencionados propone algo diferente a la tradicional contratación de amigos. Por lo tanto, el llamado de Lara a conformar una potencial coalición de centro derecha es absurdo, ya que ninguno de ellos es verdaderamente independiente, y en caso de que se unieran en torno a la figura de Oviedo, quien tendría la mayor probabilidad de ganar entre los tres, no se garantizaría la construcción de un gobierno burocráticamente independiente. Tres candidatos independientes pueden ser perfectamente iguales a uno tradicional, con las mismas prácticas clientelistas y el enfoque en la promoción personal para otros tipos de cargos (¿presidencia, tal vez?). Es hora de desmitificar la independencia como un indicador de buen gobierno, porque no lo es. Hoy, la ciudad necesita un equipo calificado y responsable que se enfoque en abordar la seguridad y la movilidad, al tiempo que preserva los avances logrados en inclusión y servicios sociales. ¿Es mucho pedir? Tal vez. Pero como ciudadana, no quiero conformarme con menos que esto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Travel Guide y Vanguardia La vicepresidenta, Francia Márquez, está lista para emprender su segundo viaje a África este año. Este viernes, 1 de septiembre, partirá hacia el continente africano para participar en un evento de gran importancia: la Cumbre Africana del Clima, programada para los días 4 y 5 de septiembre. Este viaje no solo marca un compromiso continuo con la diplomacia internacional, sino que también subraya la creciente relevancia del continente africano en la lucha contra el cambio climático. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre la delegación que acompañará a la vicepresidenta en este viaje, se ha confirmado que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, serán parte de la comitiva. Además de su participación en la Cumbre Africana del Clima, Márquez realizará una visita oficial a la República de Ghana los días 6 y 7 de septiembre, marcando así su segundo viaje a África en el año en curso. Este nuevo viaje de Francia Márquez a África es parte de la estrategia “África 2022-2026”, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es consolidar relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con el continente africano. Esta estrategia busca abrir vuelos comerciales directos desde Colombia hacia países africanos, establecer nuevas embajadas colombianas en naciones africanas, firmar acuerdos con cámaras de comercio africanas en diversos sectores, y promover alianzas culturales entre ambos continentes. Sin embargo, el primer viaje de la vicepresidenta a África este año no estuvo exento de controversia. Se le criticó por llevar una delegación de más de 50 personas, incluyendo a su pareja, Yerney Pinillo Ocoró, lo que generó un gasto de más de 1.700 millones de pesos. Márquez defendió su viaje y argumentó que se estaba atacando injustamente debido a un supuesto “sesgo racial”. (Ver: Francia Márquez fortalece cooperación entre Colombia y países africanos durante su gira oficial) La vicepresidencia destacó la importancia de África como un continente lleno de oportunidades para Colombia, ya que es la región con el mayor potencial de crecimiento económico del mundo y cuenta con una población que se duplicará para 2050. El Área Continental Africana de Libre Comercio, la mayor zona de libre comercio del mundo con 54 países firmantes se propone eliminar el 90 % de los aranceles sobre las mercancías en los próximos cinco años. Además, la vicepresidenta señaló que su viaje fue patrocinado por la fundación Open Society, agradeciéndoles por su apoyo financiero y logístico a la visita. En cuanto a las críticas sobre la cantidad de negocios cerrados durante su viaje anterior, Márquez explicó que primero se establecen diálogos políticos y mecanismos legales antes de concretar acuerdos comerciales. Insistió en que sus relaciones con África estaban prácticamente abandonadas y que era esencial fortalecer los lazos entre Colombia y el continente africano. Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea empresas y paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Cumbre Africana sobre el Clima se convierte en un pilar fundamental como espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas encaminadas a la responsabilidad global de abordar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al año 2030. Esta es la razón por la cual Colombia debe estar presente en este evento de relevancia internacional. El próximo viaje de la vicepresidenta se enfocará en dos países: Kenia y Ghana. En Kenia, participará en la Cumbre Africana del Clima, que reunirá a más de 20 jefes de Estado africanos y líderes mundiales para abordar el cambio climático y la cooperación bilateral. Después de la cumbre, Márquez visitará Ghana en el marco de la estrategia “África 2022-2026”. Esta visita, la primera de alto nivel en 30 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ghana, fortalecerá los lazos entre ambos países. El compromiso de Francia Márquez con África y su participación en la Cumbre Africana del Clima resaltan la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva sur-sur. El continente africano, con su crecimiento económico y su población en aumento, desempeña un papel crucial en la lucha global contra el cambio climático. La presencia de Colombia en eventos como este refuerza su compromiso con la cooperación internacional y su determinación para enfrentar los desafíos ambientales desde una visión global y solidaria. Este segundo viaje de Francia Márquez a África en 2023 demuestra la voluntad del Gobierno de fortalecer sus relaciones con el continente africano y contribuir de manera significativa a la lucha contra el cambio climático en el sur global. Finalmente, Nashry Zahgui Ibn Mucktafi enfatizó que estas visitas desempeñan un papel fundamental en la consolidación de relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Asimismo, resaltó que en la actualidad, África está emergiendo como una potencia económica a nivel mundial, lo que subraya aún más la importancia de establecer y mantener relaciones sólidas con estos países. Además, el ministro de Relaciones Exteriores ha mencionado la posibilidad de abrir nuevas embajadas, lo que podría abrir puertas significativas en términos de turismo y relaciones comerciales.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Verdad Abierta y Diario del Cauca La región del Cauca se encuentra inmersa en una crisis desencadenada por la escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las antiguas FARC-EP. Esta situación ha llevado al Ejército Nacional a poner en marcha la operación militar conocida como "Trueno", con el objetivo de restablecer el completo control sobre el municipio de Argelia. Desde hace aproximadamente unas semanas, alrededor de mil hombres han sido desplegados en esta zona. A partir del pasado 22 de agosto, un grupo de fuerzas especiales estuvo preparando su equipamiento para, posteriormente, cumplir con la orden de despliegue en el territorio. Estos enfrentamientos han llamado la atención del presidente Gustavo Petro, quien ha destacado que esta no es una lucha fácil ni comparable con los bombardeos del pasado. La operación militar busca no solo restaurar la seguridad en la zona, sino también transformar la economía ilícita de la región en una economía lícita basada en la producción de café y cacao, con un enfoque en la participación activa del campesinado y las etnias locales. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), enfatizó que el conflicto en el Cauca debe entenderse en un marco temporal más amplio, considerando el período post-acuerdo posterior al acuerdo final con las FARC-EP. Durante este tiempo, el Cauca ha sido testigo de una dualidad histórica entre la paz y la resistencia, siendo escenario tanto de conflictos resueltos como de la incubación de nuevos ciclos de violencia. La actual crisis que se ha venido gestando durante al menos cuatro o cinco años, representa una oportunidad perdida después de que los indicadores de violencia y victimización disminuyeran drásticamente tras el acuerdo de paz con las FARC en 2018. Es importante destacar que la región del Cauca es muy diversa en términos culturales y geográficos, abarcando desde la Costa Pacífica hasta zonas montañosas, selvas amazónicas, páramos y valles interandinos. Esta diversidad a menudo se subestima, ya que la atención suele centrarse en el norte del Cauca, donde se encuentran las organizaciones campesinas, indígenas y afro más influyentes, y donde la infraestructura y el desarrollo están más presentes. La confrontación se concentra en el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, donde la subestructura Carlos Patiño, vinculada a las disidencias de las FARC, ha establecido un centro de acopio de cocaína producida en la región. Utilizan las montañas circundantes como rutas para el transporte de la droga hacia el Pacífico, lo que ha creado una situación tensa marcada por disparos ininterrumpidos y la presencia de trampas explosivas. Las investigaciones han revelado que este grupo delictivo ejerce control sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y coaccionaba a la población local mediante el uso de la violencia y amenazas. Las operaciones militares en curso tienen como objetivo desmantelar estas estructuras criminales que han ocupado territorios de manera violenta, restableciendo así la seguridad y el orden en las regiones afectadas. A pesar de los riesgos inherentes, las fuerzas armadas se mantienen comprometidas en garantizar la tranquilidad de las comunidades afectadas por estas disidencias. El general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante General de las Fuerzas Militares, ha ordenado el aumento de las operaciones en El Plateado, con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. El coordinador de la Oficina Pacífico de Pares informó que, según sus estimaciones, entre 1.800 y 2.000 hombres armados están actualmente presentes en la región del Cauca. Además, hizo énfasis en que la Operación “Trueno” ha sido posible en parte gracias a un cambio en la relación entre el Ejército y las comunidades locales. Torres explicó que se ha construido un mayor nivel de confianza, lo que ha permitido que el Ejército actúe dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, facilitando así las operaciones militares destinadas a desmantelar las estructuras criminales, como el Bloque Occidental de las disidencias de las FARC, que ha adquirido un gran poder militar y capacidad de reclutamiento en la región. Alias "Kevin", líder de la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las FARC, es señalado como el responsable de las acciones criminales en la zona. Este grupo continúa coaccionando a la población civil mediante la violencia y la limitación de servicios básicos, con el propósito de instrumentalizar a las comunidades en contra del Ejército Nacional y la institucionalidad del Estado. Además, obstaculizan la comunicación de los pobladores, afectando el suministro eléctrico y colocando artefactos explosivos improvisados en los alrededores de los municipios, lo que amenaza el desarrollo cotidiano de la vida en estas comunidades. El comandante del Ejército, general Luis Ospina, ha ratificado el compromiso de las tropas de mantener su presencia constante en el Cauca y continuar con los operativos hasta lograr un control total en El Plateado. La situación en la región también ha sido presentada ante el Congreso de la República, donde el representante a la Cámara, Jorge Bastidas, ha hecho un llamado al Gobierno para tomar medidas en los municipios ubicados en la cordillera occidental, incluyendo Argelia, El Plateado, El Tambo y el Cañón del Micay, donde miles de personas viven bajo el constante temor de la violencia. Juan Manuel Torres subraya que el proceso de pacificación y reconciliación en el Cauca es un desafío complejo y que se necesita una estrategia integral que involucre a las comunidades locales y aborde las causas subyacentes del conflicto. También destaca la importancia de la diversidad cultural y geográfica del Cauca, y la necesidad de considerar todas las regiones en la búsqueda de soluciones. Finalmente, Torres destaca que los recientes acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central se llevaron a cabo en medio de la operación militar “Trueno” y enfrentamientos en varios municipios. Estas operaciones del Ejército pretenden demostrar su capacidad militar y pueden influir en la disposición de las disidencias a negociar. La crisis en Cauca es un recordatorio de los desafíos persistentes que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz y la estabilidad en las regiones afectadas por grupos armados ilegales. Mientras que la operación “Trueno” busca restaurar el control en Argelia, la atención se centra en la transformación de una economía basada en actividades ilícitas hacia una economía lícita que promueva el desarrollo sostenible y la participación activa de las comunidades locales.

Por: Redacción Pares Semana del 28 de agosto al 03 de septiembre del 2023 Sigue la dinámica de trabajo compartido entre el Gobierno Colombiano y el ELN en la ruta trazada de participación de la sociedad y aclimatación del cese bilateral en funcionamiento desde el pasado 03 de agosto, cese sobre el que, al cumplirse un mes, hay reportes en los que se evidencian logros y dificultades a superar. De lo más destacado de la semana está la presencia de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, en la ronda de Caracas, el ciclo número cuatro de diálogos y negociaciones, en el cual presentó la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y, como este es una apuesta por el desarrollo de los territorios más marginados y la superación de exclusiones y brechas que están a la base de las violencias que persisten, igualmente presentó el compromiso de colocar al equipo técnico del Departamento Nacional de Planeación de cara a las transformaciones que se pacten en el proceso de participación que va a iniciar en los primeros meses del año 2024. Esto es un importante referente para darle sustento técnico al proceso de paz con el rigor de un organismo de amplia experiencia en los temas de planificación, políticas públicas y desarrollo territorial, como lo es el DNP. Una alta funcionaria de la administración del presidente Biden se refirió en términos positivos al proceso de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Eso abre la posibilidad de un involucramiento directo del Gobierno de los Estados Unidos, como las dos partes han propuesto desde noviembre pasado en comunicación pública, solicitando un enviado especial que haga seguimiento a este proceso de paz y participe de manera directa, lo cual es necesario y deseable. La conformación de las oficinas locales y regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese bilateral sigue su curso y ya se cuenta con nuevos equipos en funcionamiento. Esto le da capacidad al Gobierno Colombiano y al ELN junto a la Misión de Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal para darle fuerza a la tramitación de los conflictos y situaciones delicadas que se presenten en esa amplia geografía donde permanece el ELN. Hay nuevas situaciones humanitarias de desplazamientos, confinamiento de poblaciones y enfrentamientos armados en los que participa el ELN, todas situaciones delicadas que deben ser atendidas por las autoridades de gobierno y los organismos que acompañan a las comunidades, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ese solidario mundo de la atención humanitaria. Inicia la Semana por la Paz y hay múltiples procesos de movilización ciudadana, expresiones culturales y de pedagogía frente a este enorme reto de una Colombia en Paz, y de manera particular de apoyo al proceso de paz en curso entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Este lunes 04 de septiembre culmina en Caracas el cuarto ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, esperemos nuevas iniciativas y derroteros de actuación conjunta. 1. El director del DNP, Jorge Iván González, viajó a Caracas para socializar las propuestas de cambio y paz del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN. Aquí su resumen de la jornada. 2. Comunicado conjunto No. 17: plena disposición del DNP de acompañar, con su capacidad técnica, con la información de la que dispone y con sus instrumentos de planificación, los proyectos, acuerdos y transformaciones. 3. “Alta funcionaria del gobierno Biden elogió diálogos entre el gobierno Petro y el ELN, esto fue lo que dijo”, W Radio: https://www.wradio.com.co/2023/08/30/alta-funcionaria-de-gobierno-biden-elogio-dialogos-entre-gobierno-petro-y-eln-esto-dijo/?s=09 4. "La alerta del fiscal y otros incidentes: así fue el primer mes del cese al fuego con ELN", El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-balance-del-primer-mes-plan-atentado-del-fiscal-barbosa-y-secuestro-de-soldado/ 5. "Instalan otras 6 sedes regionales de mecanismo de verificación de cese al fuego con ELN”, El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-instalacion-seis-sedes-regionales-del-mecanismo-de-monitoreo-y-verificacion/ 6. "La participación es el corazón del proceso de paz": 7. “La paz no es un acuerdo en un papel, sino un proceso de creación de nuevas circunstancias”, entrevista de La Tizza con Antonio García, Primer Comandante del ELN: https://medium.com/la-tiza/la-paz-no-es-un-acuerdo-en-un-papel-sino-un-proceso-de-creaci%C3%B3n-de-nuevas-circunstancias-90922d37b8f2 8. "Enfrentamientos FARC y ELN dejan más de mil desplazados en Puerto Rondón, Arauca": 9. "FARC le dice al ELN en Arauca: "Esta guerra es absurda": Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género En marzo de 2023 representantes del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el Acuerdo de México, en el que se definió una agenda para los diálogos de paz cuyo primer punto es la participación de la sociedad en la construcción de paz. En consecuencia, a principios de agosto se instaló el Comité Nacional de Participación (CNP), compuesto por 81 representantes de movimientos, pueblos, organizaciones y gremios. La primera de las cuatro fases del plan de trabajo del Comité será el diseño de la participación que se materializará en el Plan Nacional de Participación. Luego vendrán el diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz, la construcción de una agenda sobre democracia y transformaciones y, finalmente, la sistematización de los resultados. En concreto, este Comité arrancará sus funciones elaborando una estrategia para preguntarle a la ciudadanía cómo debe hacerse la participación. Los negociadores han dicho en repetidas ocasiones que la participación será el corazón de este acuerdo. En Colombia +20, Iván Cepeda, senador y negociador del Gobierno, señalaba que la mesa de diálogo reconocía que ha habido muchas experiencias de participación. Por ello, quieren escuchar la opinión de la ciudadanía sobre estos procesos y deducir, a partir de ahí, cuál es el modelo más adecuado para hacer participación. En la misma nota, Aureliano Carbonell, delegado de la guerrilla, hablaba de la importancia de que el modelo que resulte permita una participación amplia, diversa, eficaz y que genere entusiasmo en la ciudadanía. Ni el propósito de alcanzar un modelo de participación que cumpla con esas intenciones, ni el planteamiento de que el proceso participativo sea un vehículo para alcanzar grandes transformaciones son una novedad. Y como no es la primera vez que se hace un planteamiento de este tipo, sabemos que materializar esas intenciones es un enorme desafío. De ahí que convenga buscar las preguntas pertinentes que nos permitan reflexionar y comprender qué debería hacerse esta vez para acortar la distancia entre estos elevados propósitos y la realidad. Primera pregunta: ¿el resultado compensará el esfuerzo? Si bien es comprensible que la Mesa quiera saber qué piensa la ciudadanía sobre el funcionamiento y la utilidad de los procesos participativos que se han realizado, también es costoso emprender esta tarea. En consecuencia, es normal que se piense que es demasiado ambicioso y desgastante convocar a la ciudadanía primero para preguntarle cómo quiere participar, y después convocarla nuevamente para saber qué propuestas tiene. Uno de los retos que tiene el Comité es demostrar que ese punto de partida, que implica convocar dos veces a la ciudadanía, tiene sentido. Para eso, habría que garantizar que la calidad y legitimidad del modelo de participación que resulte compensará verdaderamente el esfuerzo que se hará para construirlo. Sería muy desafortunado que, luego de invertir en la participación, quedara en el ambiente que el modelo pudo haber surgido de una evaluación de los procesos realizados y los mecanismos existentes. Una muestra de que este empeño participativo tiene frutos podría ser que surja un modelo de participación novedoso, que, como planteaba Carbonell, anime a la ciudadanía. Es decir, que vaya más allá de la rígida y tradicional combinación de mesas, asambleas y comités, y adopte una perspectiva flexible, ágil, multicanal, y que realmente facilite la expresión de diversas voces. En otras palabras, concebir e implementar un modelo completamente innovador que resuelva los desgastes de la participación. Esto, por supuesto, es muy difícil de lograr. Para alcanzar un propósito tan ambicioso sería fundamental analizar por qué, a pesar de todos sus defectos y de todas las críticas, se insiste una y otra vez en el modelo tradicional. Hay que considerar que probablemente existen incentivos para que el modelo tradicional se mantenga. Por un lado, quienes convocan a la ciudadanía naturalmente resisten el cambio y ven más fácil implementar un proceso si optan por hacer las cosas como ya las han venido haciendo, pues al tiempo que cumplen con el requisito, lucen democráticos y reciben cientos o miles de propuestas de las cuales algunas eventualmente se cumplirán. Por otro lado, el modelo tradicional mantiene vigentes a los líderes locales que acuden a uno y otro proceso de participación y de este modo les demuestran a sus comunidades que están activos, que trabajan por ellos, y que son importantes. Para que el modelo de participación que surja del proceso de negociación con el ELN sea novedoso, debe considerar cómo motivar a las instituciones, a los líderes sociales y a la sociedad civil en general para trabajar en un proceso de participación completamente distinto. Segunda pregunta: ¿es posible plantear un modelo de participación amplio y eficaz a la vez? Dos experiencias recientes, la formulación participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Diálogos Regionales Vinculantes del gobierno Petro para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo han probado que, si bien se puede hacer una participación amplia, es muy difícil que sea percibida como eficaz. En ambos casos se recogieron decenas de miles de propuestas (33.000 para los PDET y cerca de 90.000 en los diálogos regionales) que se sistematizaron con rigor y fueron llevadas a documentos de política pública: las hojas de ruta y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos números permitirían decir que hay un respaldo importante a la implementación del acuerdo y al Plan de Desarrollo. Sin embargo, ninguno de estos procesos participativos se ve como una pieza clave ni eficaz a la hora de identificar y materializar las grandes transformaciones que se requieren en las regiones y el país en su conjunto. Esto puede atribuirse a un asunto metodológico o a la capacidad de las entidades de implementar los resultados, pero valdría la pena cuestionar si no se trata de abordar una limitación evidente en los procesos de participación en los que, en cuanto más se eleva la convocatoria y más propuestas se recogen, más se elevan las expectativas y menos posibilidades de eficacia se tiene. Por esto, uno de los retos del Comité Nacional de Participación será formular una estrategia clara que asegure un balance entre la convocatoria amplia y la percepción de eficacia en términos del uso de resultados para materializar transformaciones. El riesgo de sacrificar la eficacia en aras de tener recintos llenos y fotos multitudinarias está latente y hemos incurrido en él repetidamente. Tercera pregunta: ¿es posible llevar a cabo este proceso en medio de la violencia en distintas regiones de Colombia? El Gobierno Nacional y el ELN tienen pactado desde el pasado 03 de agosto y hasta el 29 de enero de 2024 un cese al fuego bilateral. Sin embargo, aunque esto disminuya la intensidad del conflicto, la presencia de otros grupos violentos hace que las amenazas, homicidios, ataques, confinamientos y desplazamientos sigan ocurriendo en los lugares en donde están las voces que ese proceso participativo quiere escuchar. Unas condiciones de seguridad tan frágiles representan un enorme obstáculo a la hora de generar la confianza necesaria para un proceso de participación de esta envergadura. El Comité Nacional de Participación acaba de empezar un trabajo fundamental ya que se dice una y otra vez que la participación es el corazón del proceso de paz con el ELN. Por esto, se puede esperar que las propuestas del Comité den respuesta a estas y otras preocupaciones, y contribuyan a abordar algunos de los desafíos sustantivos de la participación, más allá de asuntos como cuántos encuentros se realizarán y en dónde. El riesgo que está sobre la mesa no es que tengamos otro proceso de participación con más de lo mismo, sino que “el corazón” de este proceso falle y dilate la paz. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nicolás León Rodríguez, Investigador Nacional Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Xataka El pasado 22 de agosto la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentaron el “Plan Choque Seguridad 360”, una estrategia que busca la articulación entre Policía Nacional, Fuerzas Militares y autoridades político-administrativas para contrarrestar los delitos de mayor impacto y reforzar la seguridad en los territorios. Este plan tendrá una duración inicial de cinco meses y pretende generar resultados notorios en la reducción de los delitos de alto impacto social. Este Plan busca la coordinación de autoridades del nivel nacional con el nivel local, principalmente de entidades como Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justica con las Administraciones Municipales o Distritales con el fin de contar con los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de la Fuerza Pública para la mitigación de las afectaciones de la seguridad y la convivencia. El Plan Choque se enfoca en cuatro ejes fundamentales: 1) la seguridad ciudadana, rural y urbana; 2) la investigación criminal, 3) la inteligencia y 4) la contrainteligencia. De esta manera, busca el diseño y focalización de estrategias orientadas a mejorar los índices de seguridad a través del aumento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, el plan está dirigido a fortalecer la integración ciudadana con los procesos de denuncia y llamado a la Policía con el fin de contrarrestar y/o desactivar las dinámicas criminales, fortaleciendo el lazo con la comunidad y el esfuerzo institucional. Según el ministro de Defensa Iván Velázquez: “(...)tiene como propósito que los mandatarios locales y la comunidad se vinculen para abordar los riesgos sociales, según las características del territorio y las particularidades de la problemática, con lo cual se hará un despliegue de unidades de todas las dependencias de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación (…)” Este Plan busca dar resultados contundentes en la reducción de delitos de alto impacto, por lo que se priorizan delitos como los homicidios, el tráfico local de estupefacientes, la extorsión y el hurto en todas sus modalidades. Para el director general de la Policía, William Salamanca: “Este plan es una respuesta integral a los sentidos reclamos de la sociedad, el cual lideraremos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales y departamentales”. La aplicación del plan prioriza las ciudades pertenecientes a Asocapitales (las 32 ciudades capitales de los 32 departamentos del país) y Asointermedias (integrada por 65 ciudades intermedias que suman, aproximadamente 10 millones de habitantes), teniendo como principales objetivos: Afectación de finanzas criminales y rompimiento de las cadenas del delito. Mejorar la contundencia productividad y capacidad de respuesta rápida de la fuerza pública. Fortalecer y consolidar el tejido social y comunitario. Reducción de los delitos de alto impacto social. Estrategias Las estrategias hacen referencia al conjunto de acción orientadas a garantizar los objetivos trazados. En este contexto, hace referencia a la armonización de los actores e instituciones que estructuran el plan de seguridad, es decir, la articulación entre instancias del gobierno, territorio y población en pro de un funcionamiento armónico y el cumplimiento de propósitos comunes. El Plan Choque entonces se compone de un conjunto de acciones operativas, preventivas y de investigación criminal. Entre algunas de las estrategias que han predominado en la aplicación del plan se destacan: el desarrollo de megaoperativos policiales, especialmente de allanamiento y captura para golpear organizaciones criminales; el fortalecimiento de medidas correctivas, es decir, la imposición de comparendo por razones que afectan la convivencia en la ciudad, en donde se focaliza el porte y tenencia de armas de fuego y elementos cortopunzantes; puestos de control ubicados en puntos neurálgicos con altos índices de criminalidad (ya sea por delitos de alto impacto y/o por la construcción de cadenas de mercados ilegales); la articulación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; socialización de volantes de los más buscados por la Policía; campañas de pedagogía y educación orientadas a la prevención del delito; la estructuración del plan “Vecinos del CAI” para el fortalecimiento de las denuncias ciudadanas y la resolución pacífica de conflictos, entre otros. Como se mencionó con anterioridad, las estrategias deben alinearse al contexto, necesidades y riesgos específico del territorio y la población que lo cohabitan. De esta manera, además de las estrategias expuestas (que hasta el momento han predominado la ejecución del plan), también se despliegan una multiplicidad de medidas orientas a las amenazas propias del contexto local de cada municipio. Como ejemplo de estas estrategias en Sahagún, Córdoba (territorio con altas tasas de hurto a automotores, residencias y comercio), se vienen estructurando “comandos situacionales” que buscan adelantar planes de registro y control enfocado hacia el registro de vehículo y trabajos de inteligencia en los sectores residencial, comercial y financiero. Primeros resultados Como parte de las estrategias, la Policía Nacional trazó una meta inicial para el cumplimiento de los objetivos planteados que contempla 513 operaciones a nivel nacional: 363 dirigidas a combatir el hurto, 85 contra el homicidio, 51 contra la extorsión y 14 contra el secuestro. Estas operaciones se han dado de manera diferenciada según las necesidades de cada territorio, así la Policía ha venido rindiendo los resultados iniciales del plan a las autoridades territoriales. Los resultados que se presentan a continuación son resultados preliminares, publicados posterior al 22 de agosto, es decir, apenas en los primeros días de aplicación del plan. Dentro de las tres ciudades más grandes del país, Medellín y Cali han sido las primeras en mostrar resultados. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la captura de 279 personas apenas en los primeros días de ejecución del plan, según el comandante de Policía del Valle de Aburrá, General Rossemberg Novoa, estas capturas están orientadas a la diminución de los delitos de alto impacto y la afectación de cabecillas y delincuentes relacionados con grupos delincuenciales. Por su parte, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali reportó la captura de 80 personas y la realización de 25 diligencias de allanamiento, operativos que permitieron la desarticulación de dos grupos de delincuencia común (GDCO) en las comunas 15 y 20. Hasta la fecha, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha mostrado cifras preliminares. Otras ciudades capitales también han venido entregando resultados. En la Costa Caribe, Barranquilla reportó 266 capturas relacionadas con casos de homicidio, incautación de armas de fuego y flagrancia, asimismo, afirmaron la incorporación de 400 nuevos efectivos de la Policía a partir del mes de octubre. Por su parte, en Cartagena se reportaron 112 capturas y la imposición de 1371 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 815 de estos comparendos por el porte de armas y elementos cortopunzantes. Finalmente, otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva e Ibagué también han publicado resultados, en su mayoría, relacionados con la captura de delincuentes en flagrancia, incautación de estupefacientes, armas de fuego y cortopunzantes, y acciones de pedagógicas orientadas a la prevención de delitos de alto impacto. ¿Funcionará el Plan Choque? El Plan Choque Seguridad 360 se presenta como un enfoque estratégico para abordar los desafíos de seguridad en diversos municipios. La importancia radica en su capacidad para unir fuerzas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las autoridades locales, promoviendo una colaboración efectiva en la lucha contra los delitos de alto impacto. Este ha mostrado resultados iniciales que indicarían un fortalecimiento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en diferentes ciudades del país. El Plan se da en un contexto en el que urge la desarticulación y desactivación de las disputas entre grupos delincuenciales armados. La Paz Total necesita de métodos y estrategias que involucren a la Fuerza Pública que permitan transitar hacia el desescalamiento de la violencia, sobre todo, en un contexto de aumento de percepción de inseguridad y aumento de afectaciones humanitarias. En este sentido, la capacidad y acciones militares y de policía son necesarias. Aún más, en el contexto del desarrollo de elecciones regionales y los riesgos en los procesos electorales que tienen algunas ciudades capitales. Según la Alerta 030 de la Defensoría del Pueblo, ciudades como Medellín, Barranquilla, Tunja, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta, Pereira Ibagué y Cali presentan un riesgo alto de afectación al proceso electoral, mientras que Cúcuta, Neiva y Quibdó tienen un riesgo extremo. Sin embargo, la cuantificación de los resultados operativos y presencia militar o policial no puede convertirse en el criterio de éxito de la estrategia, como hasta el momento lo vienen reflejando los resultados entregados. La garantía de seguridad ciudadana no puede depender de estrategias de militarización y aumentos del pie de fuerza, sobre todo, teniendo como base el proyecto de Paz Total y la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana que priorizan las acciones preventivas enfocadas a atacar las causas estructurales de la violencia e inseguridad. En este sentido, es fundamental establecer estrategias de evaluación y seguimiento que midan efectivamente el impacto del plan en los territorios y que se articulen, a su vez, con la política del gobierno. El Plan Choque debe adaptarse de manera efectiva a las particularidades de cada territorio. Cada municipio enfrenta desafíos específicos en términos de seguridad, de esta manera, el éxito del plan depende de su capacidad para personalizar sus estrategias y medidas en respuesta a estas particularidades, como también del compromiso de las autoridades locales y nacionales en sostener la participación ciudadana como un eje transversal para la intervención.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Milenio y W Radio En la tarde de este 30 de agosto, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime una propuesta hecha por la congresista Julia Miranda, del partido Nuevo Liberalismo. En una carta dirigida al secretario general de la Cámara, Miranda había solicitado la creación de una subcomisión con el objetivo de promover un diálogo más amplio y participativo en torno a la reforma a la salud. En la carta presentada por la congresista Miranda, se destaca la importancia de conformar una subcomisión que incluyera representantes de todos los partidos políticos presentes en la Cámara de Representantes. El propósito central de esta subcomisión sería facilitar mesas de diálogo nacional que permitieran la participación activa de ciudadanos, políticos y organizaciones del sector de la salud. Esta estrategia se propone para asegurar una representación equitativa de diversas perspectivas y alcanzar un consenso sólido en la formulación de la reforma. Miranda enfatizó que esta propuesta se alinea con el llamado del presidente Gustavo Petro a construir un acuerdo nacional. Argumentó que una reforma efectiva al sistema de salud requeriría un enfoque colaborativo y participativo para abordar los desafíos actuales. La aprobación unánime de la propuesta en la plenaria de la Cámara de Representantes es un hito importante en el proceso legislativo. Se espera que los nombres de los integrantes de la subcomisión sean anunciados en los próximos días. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), al igual que gran parte de la agenda legislativa, especialmente aquella relacionada con el gobierno, la reforma a la salud, hasta ahora, se encontraba en un estado de inmovilidad. Vale la pena recordar que la reforma de salud actualmente se encuentra en su segunda etapa de debate, esperando ser discutida en la plenaria de la Cámara. Pérez destacó que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, sorprendió a los congresistas esta semana al anunciar de manera inesperada que se daría inicio al debate. En resumen, la reforma de salud está en un estado de tránsito, en cierto sentido presente, pero también ausente. Mientras tanto, la agenda legislativa del gobierno sigue sin avanzar. Sobre la creación de la subcomisión, en términos generales, Pérez explicó que esta se traduce en la configuración de espacios de diálogo entre miembros del Congreso y también de la sociedad civil. Aunque se busca alcanzar un alto nivel de consenso en dicha subcomisión, su efecto principal parece ser la dilación de manera considerable de la reforma de salud. Esto se debe a que actualmente no parece estar en el centro de atención del Congreso. Las prioridades actuales de los legisladores, en su mayoría, están orientadas hacia las elecciones, mientras que los partidos políticos muestran reticencia a dar prioridad a la agenda del ejecutivo. Pérez destacó que es necesario aguardar para evaluar qué tipo de documento podría surgir de esta subcomisión. Aunque no es posible predecir con certeza el contenido del nuevo texto, lo que sí es seguro es que este proceso añadirá demoras significativas al debate. A los representantes en la Cámara, especialmente los independientes y de oposición, les interesa utilizar la subcomisión como una oportunidad para ralentizar aún más el proceso y trámite legislativo de la reforma de salud. Por lo cual será importante observar el resultado de esta subcomisión y cómo afectará el curso de la reforma de salud, particularmente en lo que respecta a su avance hacia el Senado para un tercer debate en la comisión séptima. La propuesta de Miranda no solo ha sido bien recibida por sus colegas en la Cámara de Representantes, sino que también ha generado respuestas positivas de otros sectores involucrados en el sistema de salud colombiano. Uno de los críticos más destacados de la reforma, el congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, celebró la aprobación de la subcomisión como un paso importante en la dirección correcta. Este respaldo sugiere que la propuesta de la congresista Miranda tiene el potencial de unir a actores políticos que previamente tenían diferencias significativas respecto a la reforma a la salud. Por su parte, la asociación Gestarsalud, que agrupa a las EPS del régimen subsidiado, también expresó su apoyo a la creación de la subcomisión. Destacaron la importancia de contar con una colaboración más amplia y un consenso sólido en la construcción de una reforma que tendrá un impacto directo en la provisión de servicios médicos a millones de colombianos. A pesar de los avances, la reforma a la salud en Colombia aún enfrenta desafíos considerables. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reconocido que la reforma ha experimentado modificaciones sustanciales, representando un cambio del 50%. Esto plantea la interrogante de si el gobierno de Gustavo Petro está dispuesto a seguir adelante con un nuevo texto que, sin duda, implicará cambios considerables en el articulado actual. La cercanía de las elecciones locales en menos de dos meses agrega una capa adicional de complejidad al panorama. Es probable que el Congreso se muestre reacio a asumir el costo político de una reforma en medio de una campaña electoral, especialmente si la reforma ya ha sido objeto de controversia. Cabe señalar que la carta enviada el pasado 27 de agosto por las EPS Sura, Sanitas y Compensar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, introduce una dimensión crítica a la situación actual. En la carta, estas EPS alertaron sobre la viabilidad financiera de sus operaciones y plantean tres aspectos relevantes que deben abordarse para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. Estos aspectos incluyen la insuficiencia de los recursos asignados, la necesidad de una redistribución equitativa de recursos y el pago de deudas pendientes. Ante esto, el ministro de Salud respondió a estas preocupaciones negando la falta de pago de las deudas con las EPS y asegurando que el Gobierno tiene un plan de contingencia para evitar que los usuarios se queden sin atención médica en caso de que algunas EPS dejen de funcionar. Frente a esto, aunque el camino hacia una reforma efectiva y duradera aún enfrenta desafíos considerables, como la necesidad de equilibrar las perspectivas políticas y garantizar la viabilidad financiera del sistema de salud, esta iniciativa se torna cada vez más urgente y se espera que se dirija hacia la búsqueda de soluciones colaborativas y equitativas para los desafíos del sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, preocupa que los congresistas estén entregados a la carrera electoral.