Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que busca arrojar luz sobre una práctica atroz que ha afectado a innumerables personas en todo el mundo. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha en 2011, se ha buscado recordar y concienciar sobre la magnitud de este problema global, que trasciende fronteras y regiones. A lo largo de los años, esta jornada ha adquirido una importancia crucial para recordar a aquellos que han desaparecido en contra de su voluntad y para luchar por la justicia en sus nombres. La desaparición forzada es una práctica siniestra que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, cientos de miles de personas han sido víctimas de esta violación de los derechos humanos en al menos 85 países. Colombia, un país que ha sufrido periodos de conflicto y represión, no ha sido inmune a esta tragedia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1970 y 2018, se han documentado más de 80,000 casos de desapariciones forzadas en el país, dejando una cicatriz profunda en la sociedad. La desaparición forzada no solo se trata de la privación de la libertad de una persona, sino que también tiene un impacto devastador en sus familias y en la sociedad en general. En Colombia, la práctica se ha entrelazado con distintos actores, desde grupos paramilitares hasta guerrillas, agentes del Estado y otras alianzas criminales. Esta nefasta tendencia alcanzó su punto máximo entre 1996 y 2005, un periodo marcado por la expansión del paramilitarismo y la crisis de las instituciones estatales. Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia, International Crisis Group, compartió con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) una perspectiva sobre el crimen de desaparición, resaltando su intrínseca naturaleza invisible. Al hablar de los familiares y seres queridos de las víctimas, Dickinson señaló que en numerosas ocasiones resulta imposible plasmar con precisión la sensación y condición en la que se encuentran, ya que están sumidos en una angustiante incertidumbre. Esta ambigüedad se debate entre la esperanza de que la persona desaparecida reaparezca y el temor a que ocurra lo inimaginable. Dickinson subrayó que este crimen coloca a las víctimas en una situación de profundo desamparo, atrapadas en un abismo de incertidumbre sin vislumbrar una salida. En este contexto, el reconocimiento tanto a nivel internacional como público adquiere una significancia de gran relevancia. Estos crímenes, por su propia naturaleza, permanecen en la sombra, invisibles; no obstante, las víctimas requieren un sólido respaldo y solidaridad por parte de la sociedad. Este apoyo colectivo es crucial para encaminar a las víctimas hacia la búsqueda de paz y estabilidad en medio de su angustiante situación. Además, la analista senior de Colombia, International Crisis Group también hizo énfasis en un momento de gran relevancia: la firma de la Convención Internacional en la ONU en 2006. Este hito, sin duda, arroja luz sobre la problemática de la desaparición forzada. No obstante, Dickinson resaltó que es innegable que este reconocimiento llegó con un retraso considerable, considerando que esta problemática ha prevalecido mucho tiempo antes. Explicó que América Latina, en particular, ha sufrido durante décadas debido a este fenómeno, afectando países como Chile, Argentina, Colombia y México. Esta demora en el reconocimiento ha sido especialmente palpable en la región. En este contexto, el reconocimiento a nivel internacional otorga una plataforma más visible y proporciona herramientas adicionales para afrontar este desafío. A nivel internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional marcó un hito crucial al considerar la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, asegurando que este crimen no quede impune con el tiempo. En Colombia, la connotación de “falsos positivos” ha sido un término que ha suscitado preocupación, haciendo referencia a ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Sin embargo, la desaparición forzada es un preludio de estas atrocidades, ya que implica la violación fundamental de la libertad y la integridad de las personas. La analista Elizabeth Dickinson subrayó que el primer desafío innegable en este trayecto es el temor arraigado. Los dos escenarios en los que, en numerosas ocasiones, se perpetran estos crímenes complican enormemente cualquier intento de denuncia. La mera consideración de alzar la voz trae consigo la sombra amenazante de represalias, lo que convierte una vez más este crimen en un suceso silente, sin identidad, sin voz. Esta es precisamente la premisa que los perpetradores de este crimen desean mantener: la falta de tangibilidad que dificulte cualquier proceso de seguimiento. Ello conforma la base del enfoque de aquellos grupos y personas que orquestan estas acciones, negando la existencia de pruebas concretas para obstaculizar el camino de la justicia. Otro obstáculo que hizo énfasis la analista se presenta en el proceso de investigación. En innumerables ocasiones, la falta de evidencia palpable, como un cuerpo o una ubicación definida, arroja serias dificultades a la labor de rastreo y conduce a la frustrante conclusión de casos sin resolución. Esta situación sumerge a las víctimas en una incertidumbre perpetua que persiste a lo largo de sus vidas. En un rayo de esperanza, el Acuerdo de Paz de 2016 trajo consigo la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), un hito significativo. Dickinson explicó que dicha unidad ha desempeñado una función crucial en la localización de víctimas en fosas comunes, lo cual no solo ha contribuido a la reparación de los afectados, sino también a la revitalización de la convivencia y la reconciliación social. Sin embargo, este nuevo desafío se presenta una vez más: en varios casos, los campesinos y comunidades que brindan información a la unidad de búsqueda son estigmatizados por grupos armados como informantes o “sapos”, lo que no solo limita, sino que también pone en riesgo la labor de esta organización de vital importancia. Este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la acción. La Organización de las Naciones Unidas busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre este problema persistente y alentar a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas concretas para prevenir y abordar las desapariciones forzadas. Los esfuerzos deben extenderse más allá de los gobiernos y llegar a la sociedad en su conjunto, promoviendo la tolerancia cero hacia esta práctica y apoyando a las víctimas y sus familias. Elizabeth Dickinson enfatizó que las medidas que los gobiernos y la sociedad en su conjunto podrían adoptar para prevenir las desapariciones forzadas y fomentar la justicia y la reparación se centran en la prevención. Según su perspectiva, el enfoque reciente de seguridad y defensa en Colombia, donde se prioriza la protección de los civiles, se erige como un elemento de vital importancia. Este enfoque conlleva la implementación de tácticas y operaciones preventivas, encaminadas a establecer condiciones que permitan a la comunidad ejercer sus libertades y reducir el control social ejercido por grupos armados. A pesar de ser un camino de largo aliento, este enfoque preventivo, según Dickinson, se convierte en un pilar esencial para evitar futuras desapariciones. En ausencia de estas medidas, la fase de investigación adquiere una significancia innegable. En particular, la carencia de evidencia palpable o información concreta sobre la ubicación de las víctimas agrega un nivel adicional de complejidad a este proceso. Además, Elizabeth Dickinson subrayó la importancia de que el Estado mantenga siempre presente estos crímenes en su memoria colectiva, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Su visión es que, incluso cuando el rastro se ha vuelto tenue y las pistas son escasas, el proceso de búsqueda y justicia debe permanecer ininterrumpido hasta alcanzar una conclusión satisfactoria. Esta perseverancia es fundamental para mantener viva la esperanza de las víctimas de que, en última instancia, se logre alcanzar una justicia definitiva y reparadora. La conmemoración de este día es un recordatorio sombrío, pero necesario de que la lucha contra las desapariciones forzadas continúa. No podemos permitirnos olvidar a quienes han sido víctimas de esta atrocidad ni cejar en nuestros esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y la reparación. El camino hacia un mundo libre de desapariciones forzadas es largo y arduo, pero la persistencia y la solidaridad son nuestras armas más poderosas en esta lucha. A medida que reflexionamos sobre las cifras y los datos, recordemos que detrás de cada número hay una vida interrumpida, una familia destrozada y una comunidad afectada. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la empatía, la acción y la esperanza de un futuro en el que estas tragedias sean solo un recuerdo oscuro de un pasado superado.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Fotos tomadas de: El Tiempo Los recientes hechos de violencia armada registrados en Nariño plantean dos escenarios de la confrontación que es necesario diferenciar. Por un lado, las masacres, desplazamientos forzados, víctimas de Minas Antipersona (MAP), reclutamiento forzado de menores y asesinatos selectivos ocurridos en la costa pacífica Nariñense corresponden, fundamentalmente, a las variaciones espaciotemporales de la confrontación armada entre el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM), siendo esta la principal confrontación en el departamento al día de hoy. Esta confrontación activa, relacionada con la pugna por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Ecuador, las rentas ilícitas de toda la cadena del narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilícita de madera, entre otras, es la que ocasiona la continuidad y agravamiento de la emergencia humanitaria en el pacífico nariñense que viven, especialmente, comunidades negras y pueblos indígenas. Una emergencia humanitaria que se observa, de manera particular, en los 16.258 desplazados (registrados) que han tenido que dejar sus hogares en los primeros seis meses de este año en esta subregión. Esta cifra representa que más de la mitad de los desplazamientos forzados de todo el país ocurrieron en solamente ocho municipios del pacífico nariñense, según el último informe de situación humanitaria de la OCHA. Otro evento que permite evidenciar la alta afectación del Pacífico Nariñense por esta confrontación es el aumento de accidentes con Minas Antipersona o Munición Sin Explotar. El 47% de accidentes y víctimas del país entre marzo de 2022 y febrero de 2023 ocurrieron en esta sub región. Un dato que el Representante del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas en Colombia califica como “dato perturbador”: Esta confrontación, que corresponde más a una permanencia que a una situación emergente, por ahora se expresa de manera directa en los municipios del Triángulo de Telembí y en la vía Tumaco -Pasto, incluido el municipio de Ricaurte. El EMC ha venido ganando territorio especialmente en los municipios del norte de la costa nariñense o subregión de Sanquianga, en donde ha estabilizado su dominio con estructuras provenientes de la costa Caucana, planteando el escenario de avance de sus estructuras por la costa hacia la ciudad de Tumaco y la frontera con Ecuador, y la activación de otros frentes de confrontación. Es importante tener presente la importancia de esta frontera, por donde transita el 30% de la droga colombiana hacia las rutas en Ecuador, así como la situación de violencia acrecentada que vive el país vecino, especialmente la Provincia de Esmeraldas, limítrofe con Tumaco. El otro escenario de confrontación se caracteriza por los ataques armados a la fuerza pública, en su mayoría atribuidos directamente (o reconocidos) por estructuras del EMC. Estas acciones han tenido un incremento considerable desde mediados de agosto: el día 13 detonó un artefacto explosivo en horas de la tarde, aproximadamente en el km 94 de la vía Tumaco – Pasto, el cual dejó un militar herido y ocasionó el cierre temporal de la vía. La noche del 14 de agosto se presentaron diferentes hechos en municipios del norte, centro occidente y costa del departamento de Nariño: la explosión de una moto bomba en La Llanada, activada al paso de unidades de la Policía; el ataque con una granada a la subestación de Policía del corregimiento El Remolino del municipio de Taminango, que dejó heridos a dos policías y ocasionó un incendio en las instalaciones; el hostigamiento armado contra la fuerza pública en Leiva; el secuestro de dos Policías y el asesinato de uno de ellos en inmediaciones del km 97 de la vía Tumaco – Pasto cuando transitaban de civil en motocicletas. Posteriormente, la noche del 16 de agosto es incinerado un bus de servicio público de pasajeros en el km 92 en la vía Tumaco – Pasto; el 18 son secuestrados dos soldados en Cumbitara; y el 21, hacia las 5 de la tarde, se realiza un ataque con explosivos a una tanqueta del ejército en el km 95 de la vía Tumaco- Pasto. Estas acciones armadas expresan unos mecanismos y objetivos diferentes al escenario de confrontación entre el EMC y la SM. En primer lugar, por el uso preferente de explosivos, en segundo por ser ejecutados directamente hacia la fuerza pública y finalmente por su activación coincidente temporalmente (14 de agosto) con las acciones armadas ocurridas en el departamento del Cauca. Aunque algunos de estos ataques se han relacionado con retaliaciones de las estructuras ante incautaciones y capturas llevadas a cabo en esta región, la activación simultánea de dichas acciones armadas en dos departamentos limítrofes no puede leerse de forma aislada. Claramente corresponden a un propósito de manifestación de fuerza por parte del Estado Mayor Central, en el marco de la divulgación (el 12 de agosto) del acuerdo logrado entre los delegados del Gobierno y del EMC respecto a la instalación de la mesa de diálogos, el anuncio de inicio del cese al fuego bilateral, nacional y temporal para el 17 de septiembre, y un posible cese de operaciones ofensivas a partir del 17 de agosto. Sin embargo, vale la pena revisar el comportamiento de las estructuras del EMC más allá de la coyuntura operacional de los últimos días. Según registros de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) de acciones armadas y seguimiento al cese al fuego con este grupo armado durante el primer semestre del año, el 49% de las acciones de incumplimiento al cese al fuego y de hostilidades ejercidas por el EMC fueron ejecutadas por el Bloque Occidental, que precisamente hace presencia en estos dos departamentos. Sumado a esto, este bloque emitió un comunicado amenazante contra Leonardo González, sobrino de Camilo González, el jefe negociador del Gobierno con el mismo EMC. Las estructuras del EMC, especialmente en el suroccidente del país, han tenido un crecimiento considerable; sin embargo cabe preguntarse si es un crecimiento que responde al volumen de municipios en los que hacen presencia y personas en armas, y no a la cohesión que pueden llegar a tener las subestructuras frente a las decisiones de sus mandos en la mesa que se instalará a mediados de septiembre. Esto es importante leerlo también a la luz del origen e historia de conformación del mismo EMC como grupo disidente que no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y estableció estructuras que con el histórico Frente Primero se fueron expandiendo hasta consolidarse hoy en 166 municipios del país. El EMC es una organización que muy rápidamente ha pasado de ser una subestructura disidente de los acuerdos, a intentar un mando y estructura centralizada, colectiva y vertical, que intenta mostrarse cohesionada y con un carácter político frente a los escenarios de diálogo y la propuesta de Paz Total del Gobierno Nacional. A dos semanas de la instalación de la mesa de diálogos con este grupo y un nuevo cese al fuego es preciso preguntarse si esta mesa representa a las diferentes subestructuras que tienen presencia territorial. El accionar del Bloque Occidental puede provenir de un acuerdo interno y general del EMC en función de la demostración de fuerza para el inicio de la mesa de diálogos, o puede por el contrario estar constituyendo una manifestación de fuerza interna, es decir, del Bloque frente al mismo Estado Mayor Central. Lo cierto es que por ahora estos son cuestionamientos que a partir del 17 de septiembre con la instalación formal de la mesa y el inicio del cese al fuego con este grupo, momento en el que se verá qué tan cohesionado está el EMC y qué voluntad tienen estructuras como el Bloque Occidental de avanzar hacia un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Por ahora es vital establecer unos mínimos para la negociación, especialmente en términos del desescalamiento de las acciones armadas que afectan a la población civil y que en el último mes han incrementado considerablemente.

Por: Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, Coordinador Línea Empresas y Paz Foto tomada de: Enel X El país se encuentra en un momento histórico en el que debe abordar los desafíos energéticos y ambientales que afectan al mundo, tras un llamado de distintos actores a reducir la dependencia de combustibles fósiles y hacer frente para adaptarnos al cambio climático. Colombia tiene un compromiso internacional de reducir las emisiones de gases de efectos invernadero en un 51% para el 2030, así que con esta perspectiva se enfrenta a la urgente necesidad de una Transición Energética. Sin embargo, lograr una transición exitosa y “justa”, que es un apellido adoptado por la apuesta del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, no es del todo sencillo y rápido, ya que implica una articulación entre comunidades, empresas y Gobierno para que se garantice un proceso sostenible y equitativo; además de tener en cuenta que una Transición Energética Justa requiere estar acompañada de otro tipo de transiciones sociales. En Colombia gran parte de la economía se ha movido en torno a la explotación de petróleo y carbón, por eso uno de los mayores retos es la búsqueda de alternativas de producción de energías limpias y sostenibles, en donde se diversifique la matriz energética y se garantice un acceso equitativo a la energía. Y aquí el sector minero es muy importante, porque se requerirá, según los expertos, minerales como oro, cobre, aluminio, níquel y litio; y adaptarnos a otras formas de producción energética como turbinas eólicas, geotermia, paneles solares y energía mareomotriz, entre las más conocidas. También habría que entrar en una dimensión poco conocida (y que quedó ya plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional): la del hidrógeno blanco y verde. Desde esta apuesta, el sector minero es clave en el país para suplir la demanda que se avecina de minerales fundamentales para la transición, y acá uno de los retos son los procesos de legalización y formalización minera en territorios inmersos en violencias y conflictividades sociales que deben ser gestionadas. El Gobierno Nacional ha hecho avances en torno a una nueva Ley Minera, a la creación de Distritos Mineros Especiales, realizó un gran foro minero con más de 50 mesas de trabajo bajo un diálogo social participativo, todo bajo un discurso de minería para la vida y refiriéndose a una “reorientación de la operación minera”. Pero aún se requiere dar trámite a temas de diversificación productiva, enfoque diferencial (indígenas, NARP, campesinos, mineros) de los procesos de legalización y formalización, y resolver el cómo se suplirá con una demanda de materiales para esta Transición, así que necesitaremos de toda una “transición normativa e investigativa”. Otro componente vital para esta Transición Energética Justa es la participación comunitaria. El sentido de justicia implica para este Gobierno una perspectiva de equidad en distribución de cargas y beneficios de los proyectos; reconocimiento de todas las visiones territoriales y una garantía de no repetición en la identificación de daños ya causados por los temas minero-energéticos. Así que las comunidades deben ser las protagonistas de este camino hacia la Transición, esto implica, por un lado, que se tengan en cuenta las realidades territoriales en zonas que ya han sido marcadas como clave para esta transición, caso Guajira; con el mayor potencial en viento para parques eólicos; pero con unas conflictividades sociales muy grandes en donde según el DANE el 61,8% de su población vive en condición de pobreza, sin contar con las problemáticas migratorias y las intensas sequías que hacen que vivan un desabastecimiento de recursos permanente. También está la manera en que deben fortalecerse capacidades en las comunidades para garantizar una verdadera inclusión y empoderamiento en la toma de decisiones. Esto será indispensable para la gestión de conflictos socio-ambientales y asegurar que la información sea clara y así buscar que los beneficios realmente sean compartidos equitativamente. Acá es muy importante el papel que tendrán las comunidades energéticas en donde un grupo de personas, de forma cooperativa, participan de toda la cadena energética desde la generación hasta la distribución y son fortalecidas en capacidades organizativas, técnicas y administrativas buscando la sostenibilidad. En Colombia se comienza con tres comunidades priorizadas (Guajira, Nariño y Valle del Cauca), actualmente se encuentra en revisión el proyecto de decreto que las regulará. Así que debemos pensar en generar transiciones sociales y económicas para estas comunidades. El papel del Gobierno ya fue plasmado en el “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023, Potencia Mundial de la Vida” con varios articulados y una meta de “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”; y en donde tendrán que trabajar de la mano y muy articuladamente otros ministerios como el de Medio Ambiente, Educación, Trabajo, entre otros, en el entendido que es un tema que necesitará de políticas en varios frentes para poder hacer transición hacia economías y sociedades adaptadas a nuevas formas de producción de energías limpias y sostenibles. Además, es importante los procesos de regulación y promoción de la transición energética que le corresponden al Gobierno y los entes articulados en el tema del nivel nacional, esto para contar con Marcos regulatorios claros que permitan la inversión, la investigación y el impulso de estas nuevas formas de energía. Igualmente es necesario el compromiso de las empresas más allá de su responsabilidad social empresarial, porque deberán adaptar sus modelos de producción, transporte y negocio hacia alternativas más limpias y responsables; contando además con alternativas de inversión en nuevas tecnologías verdes y sostenibles. Así que necesitamos de transiciones políticas y empresariales que apoyen el reto. La transición energética va más allá de lo tecnológico, implicará cambios gigantes y estructurales que tienen que ver con tomar medidas en lo económico y por supuesto lo social: inclusive en la generación de nuevos imaginarios colectivos y hasta usos del lenguaje. Colombia ha tenido una fuerte dependencia histórica de los combustibles fósiles y esta Transición Energética Justa marca todo un desafío socio-político en medio de obstáculos financieros y desconocimiento de nuevas prácticas de energías renovables. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) iniciamos todo un compromiso para acompañar, desde un modelo de gobernanza colaborativa, este proceso de Transición Energética Justa como una forma de fomentar la investigación y los diálogos sociales, en donde todos podamos estar y contribuir a un proceso equitativo, de construcción de paz y justo. Por que esta transición integral también debe ayudar a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La democracia colombiana enfrenta un sombrío panorama en medio del proceso electoral en curso, con algunos candidatos asesinados en diferentes regiones del país. Estos lamentables sucesos no solo enlutan a las familias y comunidades afectadas, sino que arrojan luz sobre una creciente ola de violencia política que amenaza la integridad del proceso democrático. Durante el mes de agosto se registró en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, una de las víctimas que fue José Eduardo Timaná, líder indígena del resguardo “Kwet Wala” y candidato al Concejo por el Pacto Histórico. Timaná fue atacado el pasado 04 de agosto por dos individuos en motocicleta cuando se dirigía al corregimiento de Lomitas, acompañado por su pareja sentimental. Los atacantes dispararon sin previo aviso, arrebatándole la vida y dejando en shock a la comunidad indígena y política. Jorge Yonda, Gobernador del Resguardo Kwet Wala, denunció la persecución hacia las comunidades indígenas y exigió justicia. Por otro lado, en Honda, Tolima, la víctima fue Leandro Sánchez, candidato al Concejo por el partido Creemos. Sánchez, conocido por su compromiso en la mejora de la atención en salud y la protección animal, fue víctima de un acto sicarial frente a su vivienda. La brutalidad de este ataque resalta la vulnerabilidad de los candidatos y la urgente necesidad de medidas de seguridad para protegerlos en medio de sus campañas. Finalmente, el pasado 26 de agosto, Claudia Ordoñez, lideresa social y candidata al Concejo de Jamundí, Valle del Cauca, también fue víctima de la violencia política. Ordoñez fue asesinada en las inmediaciones de la cárcel de Jamundí mientras se preparaba para su jornada laboral, Ordoñez era reconocida por su defensa de los Derechos Humanos y del territorio. Su esposo resultó gravemente herido en el mismo ataque, subrayando la magnitud de la tragedia. Estos asesinatos son solo algunas de las víctimas registradas, lo que demuestra una preocupante tendencia de violencia política en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que entre octubre de 2022 y agosto de 2023 se han registrado 237 casos de violencia contra liderazgos políticos, incluyendo amenazas y asesinatos. Esta cifra representa un aumento del 75% en comparación con hace cuatro años, pintando un panorama alarmante. Las regiones más afectadas por esta ola de violencia son el Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño y Cesar. Candidatos elegidos por voto popular y precandidatos son los perfiles más vulnerables, con un incremento del 245% en ataques dirigidos a los últimos. La violencia política no solo pone en riesgo a individuos y comunidades, sino que también socava la confianza en el proceso democrático. Las autoridades electorales y de seguridad tienen la responsabilidad de proteger a los candidatos y garantizar un ambiente seguro para que el pueblo ejerza su derecho al voto. La paz y estabilidad de Colombia dependen en gran medida de la capacidad del país para asegurar elecciones libres de violencia y temor. En este contexto, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) habría presentado su tercer informe de violencia político-electoral, el cual abarca el período desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de junio de 2023. Los datos revelan un panorama desalentador: durante estos ocho meses, se han registrado 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Esto implica un incremento del 42% en el número de hechos registrados y del 35% en el número de víctimas contabilizadas en comparación con el informe anterior. El informe de Pares también destaca la preocupante tendencia de victimización continua, con una víctima de violencia política electoral cada día en Colombia. Las medidas tomadas por las autoridades y la sociedad en general serán cruciales para contrarrestar esta tendencia alarmante. Además de asegurar la seguridad de los candidatos, también es imperativo abordar las causas subyacentes de esta violencia, incluyendo las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, así como las cuestiones políticas, clientelares y corruptas que pueden alimentar el ciclo de violencia. La comunidad internacional también juega un papel importante al mantener la atención sobre esta situación y presionar por acciones concretas que protejan la integridad de los procesos electorales y de aquellos que participan en ellos. La defensa de la democracia y los derechos humanos en Colombia debe ser una prioridad, no solo para el país, sino también para la comunidad global comprometida con la paz y la justicia. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, en Colombia se han registrado actos de violencia selectiva dirigidos contra candidatos a concejo, precandidatos a concejales y otras personas que participan en la política electoral con aspiraciones a cargos de elección popular. Pérez resaltó que, si bien existe esta violencia selectiva en el país, es importante señalar que desde la Línea de Democracia se difiere de la perspectiva de la Defensoría del Pueblo. A diferencia de la posición de la Defensoría del Pueblo, que sugiere la posibilidad de un escenario adverso para la realización de las elecciones debido a la presencia de estructuras armadas ilegales en ciertas zonas y los asesinatos de líderes sociales, Pérez consideró que afirmar la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones es un error. A pesar de la existencia de esta violencia selectiva, la Defensoría del Pueblo debería ser más cuidadosa al concluir que las elecciones no podrán realizarse en función de estos factores. No obstante, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares muestra preocupación por casos concretos que ilustran la magnitud del problema, como las renuncias del alcalde de Playa Norte de Santander, quien abandonó su cargo debido a la violencia política y se vio obligado a abandonar el país, así como la salida del alcalde de Nuquí. Estos dos casos específicos resaltan la urgencia de abordar la problemática de la violencia política en el país. Finalmente, es importante resaltar que en los próximos días, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares presentará un nuevo informe acerca de la violencia político-electoral. En este contexto, Pérez explicó que la incidencia de hechos de violencia política y electoral sigue siendo constante, con un acontecimiento de este tipo ocurriendo aproximadamente cada día de por medio. Esta tendencia persiste y continúa generando preocupación. Un aspecto que resalta y preocupa es que esta violencia selectiva se manifiesta de manera precisa y dirigida. Prácticamente en cada incidente, una víctima se ve afectada. En otras palabras, existe una correspondencia casi uno a uno entre los actos violentos y las víctimas. Esta naturaleza específica y dirigida de la violencia es notable. Juan Alejandro Pérez mencionó que los perfiles más vulnerables y afectados por estos actos son aquellos de precandidatos y candidatos, principalmente en el período cercano a la inscripción de candidaturas y antes de esta. Asimismo, los miembros y militantes de partidos políticos, así como aquellos que ocupan cargos de elección popular, también se encuentran entre los más perjudicados, según lo que indicará el próximo informe.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El presidente Gustavo Petro es un político avezado, sabe cómo dejar instalada en la agenda pública asuntos controversiales de interés para el Gobierno y la sociedad. El miércoles 23 de agosto, en la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a campesinos -en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba-, anunció que propondría al país, muy pronto, una ley de reconciliación nacional. Este anuncio -como pasa casi siempre con sus propuestas- ha provocado una discusión de gran calado en el ámbito nacional. Su idea consiste en entregar al Congreso, para su debate y aprobación, una norma que permita al país avanzar en el perdón y la superación colectiva de enemistades. Una ley que, de una vez por todas, ayude a enfrentar las múltiples conflictividades que tenemos como sociedad y trabajar en la reparación de toda clase de víctimas. Esta es una idea atrevida que, aunque aún no está escrita y articulada, de llevarse a cabo, le permitiría a Petro atender, por lo menos, tres frentes de trabajo: primero, avanzaría en el cumplimiento de las promesas hechas en campaña; segundo, atendería el vacío jurídico que podría abrirse en torno a la su política de paz si se rechaza la Ley de Paz Total; y, tercero, aumentaría su vigencia y presencia en la esfera pública. Comencemos por el primer frente. Hace más de un año, Gustavo Petro realizó varias promesas en campaña que fueron ratificadas en su discurso de posesión el 07 de agosto de 2023. Una de ellas fue el cumplimiento a rajatabla de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y como podemos recordar, allí estaba la necesidad de la estructuración de una norma que permita la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación. Además, en el ideario del Gobierno está la necesidad de buscar la reconciliación de todas y todos los colombianos. Un gran pacto colectivo que incluya tanto a los tradicionales actores armados políticos, como las guerrillas o los grupos armados, como también a todas aquellas personas y agrupaciones que hayan cometido ilicitudes, a los corruptos de Odebrecht o los narcotraficantes del Clan del Golfo. Según el presidente, todos estos actores tienen responsabilidades directas e indirectas en la situación de violencia que vive el país. Todos ellos han incidido negativamente en el desarrollo y progreso del país. Por eso, es con ellos que se debe hacer pactos y realizar negociaciones -que lleve a amnistías o indultos, por ejemplo- para lograr dejar atrás las múltiples conflictividades violentas -políticas, económicas, culturales-. En breve, Petro llegó a la Presidencia hace un año con la idea de que una de sus tareas prioritarias era avanzar en la reconciliación nacional. En proponer al país un pacto colectivo que le permitiera reducir disputas y delinear los senderos para salir de círculos viciosos que no dejan avanzar al país. Un acuerdo social que avance en el respeto de la Constitución, en que se reconozca a las víctimas y en que aporte a la verdad, la justicia y la reparación. El segundo frente de trabajo que lograría atender el Gobierno con esta propuesta es mitigar el riesgo que se provocaría si la Corte Constitucional niega la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. El Gobierno está previendo un vacío jurídico, de allí que debe avanzar en buscar construir un plan B, con el que logre anticiparse y enfrentar una posible negativa de esta norma por parte del tribunal supremo. Desde noviembre el Gobierno ha logrado avanzar en las negociaciones tanto con el ELN como con los otros grupos armados usando la norma conocida como de Paz Total. El cuestionamiento de esta norma dejaría en el limbo jurídico dichos avances. Por eso, el Gobierno desea, mientras la Corte da respuesta, avanzar en la construcción de herramientas legales que le permitan continuar con los diálogos de paz. Además, una ley de reconciliación nacional tendría la virtud de ser más general y amplia que la Ley de Paz Total. Lo que le posibilitará, por un lado, atender el clásico tema de la seguridad nacional; y, por el otro, avanzar en el tema de sometimiento a la justicia -propuesta que también está en riesgo y con ella el componente de paz urbana-. Incluso, de presentarse y aprobarse una ley de reconciliación, el gobierno Petro dejaría sentadas las bases para la desmovilización armada y la reincorporación de grupos armados con carácter político, como el ELN. La normatividad actual impide que delitos como el narcotráfico y el secuestro sean amnistiables. Finalmente, el tercer frente de trabajo que lograría atender Petro con esta propuesta de reconciliación es aumentar su presencia y vigencia en la esfera pública. Como hemos visto en este primer año, para el presidente ha resultado rentable políticamente lanzar propuestas, aunque ellas sean controversiales. Con sus discursos Petro ha logrado generar debate y con ello permanecer vigente en el campo político. En esta lógica, la propuesta ¡reconciliémonos! tiene la virtud para Petro de mantenerlo vigente en la esfera pública. Le permite de nuevo poner en la agenda temas de interés colectivo y a la vez enfrentar a la oposición. Como ávido político, sabe cómo picarles la lengua a los adversarios y generar controversias, y con ello ganarse espacios en el mundo de lo público. De acuerdo con lo anterior, la propuesta de presentar una ley de reconciliación nacional le está permitiendo a Petro atender varios frentes de trabajo: lo pone como un gobernante serio y cumplidor de sus promesas; como estratega que sabe hacerle frente a las adversidades y seguir adelante con sus iniciativas; y como un adversario político siempre presente en la esfera pública. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 22 al 27 de agosto de 2023 Sigue el proceso de conformación de las oficinas regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del Cese Bilateral pactado entre el Gobierno Colombiano y el ELN, el cual entró a regir desde el pasado 03 de agosto. Esta semana se instaló la oficina en Pasto, para el Departamento de Nariño, donde operan varias estructuras del ELN, tanto en la parte de los Andes, como en el Pacífico Nariñense. El MMV ha hecho un llamado a las organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos para que sean partícipes de este ejercicio de monitoreo y verificación, informando sobre situaciones en los territorios y que sean de interés y pertinencia relacionados con el cese bilateral en curso, para lo cual establecieron mecanismos de comunicación con la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal. A pesar que la Junta Nacional de Inteligencia, el máximo organismo de coordinación de todas las instancias de inteligencia del Estado Colombiano, afirma que no tiene conocimiento de atentados del ELN contra el fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (R) Zapateiro, este sigue siendo un tema de importante visibilidad mediática y asunto de controversia, al punto que el propio presidente Gustavo Petro afirmó que el fiscal había sido engañado y que el Gobierno continuará en una labor de prevención reforzando la seguridad de las personas supuestamente amenazadas. Atizando el fuego provocado por estos hechos, Antonio García, primer comandante del ELN, afirmó que detrás de estas supuestas amenazas y responsabilidades atribuidas al ELN están la Policía Nacional y la DEA, sindicaciones de la mayor gravedad que han tenido poca atención mediática. Sobre la dinámica del Comité Nacional de Participación no hay novedades y sí la expectativa de conocer cómo será la agenda de encuentros sectoriales, temáticos y regionales que han pactado Gobierno Colombiano y el ELN. Se han producido graves hechos en Cáceres, donde combates entre estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN han dejado varios muertos, e igualmente hay población civil víctima, son hechos por aclarar. Comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT): instalación de la Instancia Regional del MMV en Pasto, Nariño: 2. Con presencia del gobernador de Nariño, alcaldes, autoridades étnicas, autoridades religiosas y organizaciones sociales se instalaron en Pasto las instancias regional y locales de Nariño del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego entre el Gobierno y el ELN: 3. Nota de Caracol televisión sobre instalación del primer mecanismo de verificación de cese al fuego con el ELN en Nariño: 4. Diálogo con ELN: llaman a organizaciones sociales para que hagan control de cese al fuego: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-convocan-organizaciones-sociales-para-veeduria-del-cese-al-fuego-paz-total/ 5. Así ha sido la militancia de las dos guerrilleras que hoy negocian la paz por el ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-con-el-eln-isabel-torres-y-consuelo-tapias-la-historia-de-las-mujeres-negociadoras/ 6. ¿Qué dice el ELN del posible atentado contra el fiscal Barbosa y María Fernanda Cabal? 7. ¿Paz Total o paz parcial?: 8. Grupo de prisioneros de ELN vuelve a pedir salida de la cárcel de presos enfermos: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/piden-salida-de-la-carcel-de-guerrilleros-del-eln-presos-con-enfermedades-terminales/ 9. Denuncian combates entre ELN y 'Clan del Golfo': Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomas de: Caracol Radio y Vanguardia Hace unos meses, se reveló que el Gobierno Nacional se encontraba inmerso en un proyecto para dividir el país en áreas de concordia, y ahora, este concepto ha cristalizado en lo que se denomina el "mapa de la paz". Se ha delineado un total de ocho zonas de serenidad, las cuales serán focos de conversaciones y pactos territoriales destinados a impulsar una Paz Total. Aunque estas zonas abarcan todos los departamentos, han sido configuradas con sensibilidad hacia las particularidades geográficas; de hecho, en algunas de ellas, un solo territorio se segmenta en múltiples áreas. Las ocho zonas de paz se distribuyen de la siguiente manera: zona 1 Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo; zona 2 Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca; zona 3 Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; zona 4 Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá; zona 5 Arauca, Vichada, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Tolima; zona 6 Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, y Vaupés; zona 7 Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas; zona 8 Huila, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas. La inclusión repetida de algunas áreas en varias zonas obedece a la reconfiguración del conflicto armado y a la presencia diversa de grupos y elementos armados en el territorio nacional. Según Danilo Rueda, el Comisionado para la Paz, la selección de estas ocho regiones de paz se basa en varios criterios, como la existencia de organizaciones fundamentales comprometidas con iniciativas de paz, el grado de control hegemónico o tendencia de control por parte de grupos armados, la naturaleza disputada de ciertas zonas, las condiciones de marginación y pobreza, y la presencia de actividades económicas ilegales. Estas regiones de paz serán supervisadas de manera constante por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Un aspecto crucial radica en la designación de un Comisionado de Paz regional para cada una de las zonas, sumando un total de ocho. Estos comisionados serán responsables de garantizar y verificar la implementación de acuerdos, como, por ejemplo, el monitoreo específico de treguas entre grupos, lo que contribuirá a la ambiciosa meta del gobierno de entablar conversaciones simultáneas tanto con agrupaciones armadas como con facciones criminales, un enfoque destinado a romper el ciclo de violencia y consolidar una Paz Total. Con el fin de arrojar luz sobre la lógica detrás de la división del país en ocho regiones de paz, Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) nos dio su análisis sobre los factores clave que impulsaron al Gobierno Nacional a tomar esta determinación, los cuales abarcan aspectos geográficos, la interconexión entre departamentos y la presencia de actores armados. ¿Cuáles podrían ser los principales factores que llevaron al Gobierno Nacional a tomar la decisión de dividir el país en estas ocho regiones de paz? Puede ser de diversos tipos, un tema geográfico, de conexión entre departamentos, un tema de presencia de actores armados, también puede ser ese criterio metodológico para la construcción y definición de estas ocho zonas o estas ocho regiones. ¿Cómo se espera que esta división contribuya al avance hacia la Paz Total en Colombia? Creo que también esto responde a una necesidad de poder aterrizar mucho más el tema de Paz Total a nivel regional, territorial, pues también dentro de esta política se busca una cobertura nacional y que haya un impacto en la disminución de las violencias en las diferentes zonas del país, entonces creo que esta división contribuye de pronto a especializar la mirada sobre la Paz Total en estas zonas. Seguramente y va a ser así, se van a encontrar unas lecturas sobre Paz Total diferentes en la zona 5, la zona 1, también porque responde a que en la zona 5 hay unos actores armados, en la zona 1 hay otros, hay dinámicas diferentes de violencia, hay diferentes necesidades en clave de mensajes de sociedad civil a estos grupos, al Gobierno, en clave de Paz Total. Creo que esta división contribuye como a especializar la mirada sobre cada una de estas zonas y las necesidades que tienen en materia de la Paz Total. Se menciona que las ocho regiones de paz estarán bajo la coordinación permanente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿Cómo se distribuirán las responsabilidades y funciones entre la oficina central y los comisionados de paz regionales? Entiendo y asumo que va a ser como una especie de figura plenipotente a nivel regional de la Oficina del Alta Comisionada para la Paz, entonces las comisiones de paz regionales, pues también van a articular y sumar esfuerzos regionales para hacer el zoom en clave de Paz Total, con acercamientos con actores armados, también realizar como sesiones a profundidad con sociedad civil en clave de necesidades de Paz Total en estas zonas, necesidades y requerimientos pues puntuales. Van a ser diferenciados de acuerdo a las zonas, creo que eso debe ser como una función, también articular actores estratégicos a nivel territorial para la construcción de la agenda de Paz Total, entiendo que va a ser así. La focalización de estas regiones se basa en criterios como la presencia de iniciativas de paz, control de grupos armados, zonas en disputa, condiciones de miseria y economías ilícitas. ¿Cómo se espera que estos criterios contribuyan a la efectividad de los diálogos territoriales y a la construcción de la Paz Total en cada zona? Esto contribuye en tanto que también permite lo que te dije anteriormente, centrar y especializar la mirada a nivel territorial, creo que también uno de los retos y alguna de las deudas que hay todavía con la Paz Total es eso, que no sea aterrizado lo suficiente a las especificidades y necesidades territoriales, y creo que esta focalización pues va a contribuir y sumar a eso. ¿Qué medidas se podrían tomar para garantizar que los diálogos logren la paz deseada? Bueno, creo que ahí pasa por un tema de que estas oficinas regionales del Alto Comisionado, a la Oficina del Alto Comisionado, van a construir insumos y van a darle voz a estas organizaciones de base de los territorios que por ahora no han tenido de pronto un espacio de participación efectivo en el marco de la paz total. En todo caso, pues bueno, está el Comité Nacional de Participación, pero está más vinculado al ELN, entonces seguramente esto va a potenciar participación de sociedad civil en clave de otros sectores armados, como disidencias, con el golfo, entre otros. Entonces creo que esa es una vía que puede garantizar como aumentar el flujo de trabajo de impacto de la paz total y también que en esos diálogos y todas esas sesiones de trabajo a nivel territorial pues se puedan construir hojas de ruta que se eleven también a la hora de abordar el tema de la paz total desde el gobierno central. Entonces creo que eso es como el sentido y el espíritu.

Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Fotos tomadas de: Infobae y Gol Caracol El próximo 29 de octubre de 2023 se llevarán elecciones de carácter local y el departamento del Valle del Cauca será de gran importancia en este periodo electoral. Para la Gobernación se inscribieron ocho candidaturas oficiales y entre esas resaltan dos. Por un lado, se encuentra la candidata Dilian Francisca Toro, la baronesa y líder de su propio clan, quien inscribió su candidatura el 27 de julio de 2023 con el coaval de más de siete partidos políticos (Partido de La U, Alianza Social Independiente, Partido Conservador, Partido Liberal, MAIS, Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente). Toro cuenta con gran trayectoria política en el departamento; fue concejala en el periodo de 1984 a 1988 y alcaldesa entre 1992 a 1994 de Guacarí con el aval del Partido Liberal; senadora entre 2002-2006; 2006-2010; 2010-2013, expresidenta del Partido de La U entre 2020-2023 y gobernadora del departamento, en el periodo 2015-2019. En este último cargo obtuvo la máxima votación con 513.366 votos siendo la primera mujer en ocupar el puesto por voto popular y quien actualmente controla la Gobernación por medio de Clara Luz Roldán. Por otro lado, se encuentra Tulio Gómez, uno de los empresarios más importantes del departamento y reconocido como el fundador de la cadena de supermercados “Súper Inter”, marca que logró tener alrededor de 49 tiendas, todas distribuidas entre el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, la cual fue vendida en el 2014 al grupo Éxito. Para el 2016, y gracias a la venta al grupo Éxito, Gómez se convirtió en presidente del América de Cali hasta el 2018 y miembro de la junta directiva del equipo hasta marzo de 2023. El 27 de julio de 2023 Tulio Gómez inscribió su candidatura a la Gobernación del Valle por la coalición integrada por el Partido Verde, Partido Ecologista de Colombia y En Marcha. Para muchos fue una jugada táctica debido a que para el primer semestre del 2023, la decisión de Gómez era aspirar a la Alcaldía de Cali, pues su renuncia a la junta directiva del América de Cali así lo confirmaría. Sin embargo, para sus aspiraciones a la Alcaldía surgieron dudas sobre una presunta inhabilidad. Según fuentes de prensa, en los meses de noviembre de 2022 y de enero de 2023, Tulio Gómez, en su calidad de representante legal del América de Cali, en reorganización, suscribió tres contratos con la Secretaría del Deporte de Cali. El objeto de estos consistía en el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero para el desarrollo del objeto y actividad comercial del equipo de fútbol América de Cali. Ahora bien, la inhabilidad se desarrolla debido a que, según el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, se establece que: No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Sin embargo, la sombra de su presunta inhabilidad aún lo persigue, pues el 01 de agosto de 2023 el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una demanda en contra de su candidatura a la Gobernación. El radicado enfatiza en estudiar la candidatura por la suscripción de varios contratos que involucran al máximo accionista del América con la Secretaría del Deporte de Cali, ya mencionados anteriormente. Debido a esto, el 11 de agosto de 2023 el CNE anunció que fue admitida la solicitud de revocatoria por medio de un documento de diez páginas en las que aporta pruebas de algunos contratos que Tulio Gómez suscribió con la Secretaría del Deporte de Cali, principalmente para labores relacionadas con el América de Cali. Cabe aclarar que esto no significa que el candidato Tulio Gómez tenga que desistir de su candidatura, sino que se debe de iniciar un proceso de apelación en donde Gómez tendrá que aportar las pruebas de su defensa. Fuente: CNE Entre barras y votos Con la llegada de Tulio Gómez, la carrera por la Gobernación del Valle del Cauca se convirtió en un verdadero partido de fútbol, en donde el apoyo de los hinchas será clave para los dos candidatos. A un extremo del campo se encuentra la candidatura a vencer: Dilian Francisca Toro, quien cuenta con la mayor intención de voto; sin embargo, con la llegada de Tulio como candidato a la Gobernación, su estrategia tomó un giro interesante, pues de una u otra manera tuvo que ganarse la atención de algunos hinchas del América de Cali, ya que este público futbolero es el fortín de Tulio. Una de sus mayores conquistas fue el apoyo de la barra con mayor historia y con una gran suma de hinchas del América de Cali, El Barón Rojo, quienes a través de sus redes sociales anunciaron su apoyo a la candidata. Fuente: Barón Rojo Colombia Por otro lado, Toro también logró cooptar el apoyo de las “Glorias del América”. Según el País de Cali, el hecho ocurrió en un evento que se llevó a cabo en Cali, entre exjugadores y Glorias del América, con el liderazgo del “Pibe del barrio Obrero”, Álex Escobar, estos se sumaron a la campaña de Dilian Francisca Toro y le entregaron “la número 10 autografiada”. Fuente: El País Hay que decir que la candidatura de Tulio Gómez es una candidatura recién ascendida, pues para el empresario el juego dentro de la política es algo nuevo; sin embargo, cuenta con apoyos estratégicos en el departamento y con el capital económico, que le ayudarán a sobrellevar el partido. Para Tulio, la votación de sus hinchas es fundamental, sin esta es poco probable que le pueda competir a Dilian, sus votantes están ligados al rendimiento futbolístico actual del América de Cali en la presente liga de Colombia, por tal razón su política también se centrará dentro del equipo con fichajes exclusivos que beneficiarían su imagen y campaña, un claro ejemplo es el fichaje de Edwin Cardona para esta temporada. Apoyos estratégicos de Tulio: ¿una moneda al aire? Detrás de los apoyos de Tulio se destaca el del Partido Verde, actualmente partido de Gobierno. Este apoyo podría significar varias cosas, por un lado, los verdes estarían buscando volver a retomar su la fuerza política, la cual han venido perdiendo en diferentes zonas del país. Esto se evidencia en la falta de candidaturas fuertes y acuerdos dentro del partido para estas elecciones regionales. Asimismo, este apoyo podría beneficiar al presidente Petro, ya que dentro de su Gobierno cuenta con el cofundador y expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esto debido a que el Gobierno buscaría debilitar a Dilian Francisca Toro para así poder negociar con el Partido de La U en esta nueva legislatura para la aprobación de los distintos proyectos de ley. Sin embargo, es importante que a esta candidatura se adhiera el Pacto Histórico, que hasta la fecha aún no han tomado una decisión que defina su futuro. Y, por último, este apoyo podría ayudar con el posicionamiento del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, como líder de la oposición en el departamento. Sánchez se ha destacado por llevar un control político a Clara Luz Roldán, actual gobernadora y ficha de Dilian. Aunque las aspiraciones de Duvalier Sánchez aún no se conocen, el apoyo hacia Tulio podría ser determinante en sus futuras aspiraciones políticas. Para nadie es un secreto que los 90 minutos que se disputarán el 29 de octubre serán claves para el departamento, pues los dos equipos tendrán que disponer de sus mejores habilidades para definir quién se quedará con la Gobernación del Valle del Cauca.

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Fotos tomadas de: Caracol Radio y El País El 29 de octubre Colombia volverá a las urnas para elegir nuevos gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y diputados, y en esta contienda muchas han sido las posturas y promesas de campaña que le apuntan a temas que preocupan a la ciudadanía. La seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia ha sido una de las principales. Recientemente, siete de los nueve candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá se encontraron en un debate organizado por la Revista Semana; estuvieron Jorge Luis Vargas (Partido Cambio Radical), Diego Molano Aponte (Reconstruyamos Bogotá), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Bogotá), Carlos Fernando Galán (Partido Nuevo Liberalismo), Jorge Enrique Robledo (Partido Político Dignidad & Compromiso), Rodrigo Lara Restrepo (Lara Demócrata) y Gustavo Bolívar Moreno (Pacto Histórico Bogotá), en este debate no se les vio a Nicolás Ramos Barbosa (Más Acciones Menos Rostros) ni a Rafael Alfonso Quintero Mora (Movimiento Alianza Democrática Amplia). Precisamente el primer bloque de preguntas estuvo relacionado con la situación de seguridad en la capital del país, haciendo alusión a los atracos constantes, los homicidios, la inseguridad en el sistema Transmilenio, la violencia contra las mujeres, entre muchos otros fenómenos del día a día que afectan la convivencia en la ciudad. Tanto es así que según la última encuesta de “Bogotá cómo vamos”, menos del 27% de las personas consultadas en la entrega del 2022 se sienten seguras en la ciudad y, según esta misma encuesta, la mayor preocupación tiene que ver con los atracos callejeros que se han vuelto cada vez más común en las diferentes zonas de la ciudad. Ahora bien, ¿qué proponen los candidatos en esta materia? Las intervenciones iniciaron con las ideas que buscan implementar para mejorar esta situación. El General Vargas, que no dejó de resaltar su experiencia y los 38 años de servicio en la Policía Nacional (que por cierto estuvo apoyando el proceso de transformación institucional como Director General de la Institución), sugiere desarrollar un plan de choque que básicamente incluiría el aumento de pie de fuerza, sacar a los policías de las oficinas a la calle, realizar allanamientos y bloqueos; lo denomina él mismo como una “acción decisiva orientada por el alcalde”. Diego Molano, el ministro de Defensa de Iván Duque, que en su momento más accidentado propuso construir un “protestódromo” para que se concentren los manifestantes (una propuesta que fue una burla completa), sugiere tres propuestas concretas: 1) construir una megacárcel para perseguir a todas las personas que delincan y enfatiza en deportar a los venezolanos que cometen delitos, 2) desmantelar las 220 bandas que operan en Bogotá, haciendo un trabajo en cada barrio, pero no profundiza cómo, y 3) recuperar parques y colegios. Oviedo sugiere un plan de 100 días para recuperar los indicadores de seguridad, buscará instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las localidades más afectadas con trabajo diario y acciones efectivas contra los delincuentes y con el uso de inteligencia (policial), con el propósito de identificar quiénes son y dónde están esos objetivos de alto valor dentro de las cadenas criminales; sugiere el aumento de inversiones en tecnología y equipos de videovigilancia. Además, Oviedo es el único que menciona otros elementos que se deben tener en cuenta para la gestión de la seguridad, como lo son la convivencia y la reconciliación, especialmente en el sistema de transporte y entre policía y jóvenes. Por su parte Galán se va directamente en contra de la política de seguridad de Claudia López, afirma que es un completo fracaso, sugiere la idea de cambiar el enfoque enfrentando las bandas de forma distinta, pone el ejemplo de los hurtos como mercado ilegal, señala que un ladrón es solo un eslabón; buscará enfocar esfuerzos en investigación criminal e inteligencia, propone utilizar la tecnología de mejor manera, para detectar situaciones de riesgo y reaccionar de manera inmediata. Robledo, en la misma línea del General Vargas, inicia proponiendo la idea de aumentar el pie de fuerza en número de policías, y que es necesario llevar la mayor cantidad de policías a las calles; además, hace una reflexión sobre las causas estructurales, haciendo referencia a la “descomposición social” que vive Bogotá, mencionando que en Bogotá viven cerca de 3,5 millones de personas en pobreza, y finalmente advierte que trabajar por la seguridad en medio del hambre es demagogia y que los cambios se deben dar en las condiciones sociales. Lara inicia su discurso hablando de la inseguridad como una gran injusticia en la sociedad, porque afecta a los más débiles; afirma que en su alcaldía no habrá una sola zona vedada para el ejercicio legítimo de la autoridad, posteriormente hace una lectura sobre la consolidación de estructuras criminales dedicadas al “narcotráfico-terrorista” que están llegando a Bogotá, debido (según él) a la negligencia y desidia de la alcaldesa y de los gobiernos anteriores, afirma que en su alcaldía va a doblegar criminales con inversión en tecnología. Bolívar, muy en la lógica de Robledo, habla de atacar las causas y no las consecuencias. Plantea un “menú de choque” en el que incluye construir 60 nuevos CAI, 15 por año, luego menciona la cifra de 16.575 policías, de los cuales solo hacen presencia 6.400 en las calles (aunque no confirma la fuente de este dato), los demás en otras funciones administrativa. Sugiere reforzar la ciberseguridad debido a la tendencia global a la inteligencia artificial e inmediatamente sugiere la instalación cámaras que permitan la identificación facial en todos lugares públicos de la ciudad para identificar personas que están siendo buscados por la Policía. Además propone dividir a Bogotá cuatro zonas, con un responsable en cabeza de un “militar de alto rango” (esto pudo ser un lapsus, pues en lo concreto esta eventual comandancia no podría estar en manos de un militar). En general estos son los puntos que soltaron los candidatos en dicho espacio, sin embargo es preciso remitirse a los programas de gobierno de cada uno, donde seguramente profundizan estas ideas. Sin embargo, es evidente que gana el discurso y la criticadera, y se ven pocas (no nulas) acciones concretas que permitan lograr resultados óptimos y acordes a las necesidades de la ciudad: llenar la ciudad de cámaras no sirve para nada si no se les monitorea, o ¿de dónde piensan sacar más policías? Cuando un alcalde no tiene mayor incidencia en los mecanismos de incorporación en la institución, esto debería estar en completa alineación con las acciones del Gobierno Nacional y aterrizado a las capacidades de la Policía. En general estuvieron ausentes la convivencia y la prevención, entendidos estos como factores fundamentales de la gestión territorial de la seguridad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: El Tiempo y Oficina Comisionado para la Paz El pasado viernes 18 de agosto marcó un hito en los esfuerzos por construir la paz en el país, específicamente en la ciudad de Quibdó, Chocó. En este día, se llevó a cabo la instalación de un espacio de diálogo que reunió a diversos actores clave, con el objetivo de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que han afectado a la región durante décadas. La Diócesis de Istmina, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, la Gobernación de Chocó, la Alcaldía de Quibdó y representantes de Noruega, Suecia y España se unieron para este evento trascendental. La instalación de este diálogo no solo fue un evento de relevancia local, sino que también contó con la participación de líderes y representantes internacionales comprometidos con el proceso de paz en Colombia. Esta iniciativa busca involucrar a actores diversos, representativos de la sociedad civil, el periodismo, los grupos indígenas y comunidades afectadas por el conflicto. Entre los delegados presentes se encontraban el líder indígena y excongresista chocoano Luis Evelis Andrade, Dillon Martínez Mena del comité cívico por la dignidad, Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, Luz Marina Ríos, concejal de Quibdó por el partido Mira, Elsa Paselia Delgado, presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó, Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes, y representantes políticos como Pedro Baracutao, David Racero y Diego Cancino. Este evento de instalación es una continuidad de los esfuerzos realizados previamente en lugares como el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca y Medellín, Antioquia. En cada uno de estos lugares, el Gobierno ha anunciado un grupo de delegados que representan una variedad de sectores y perspectivas. El propósito es lograr un diálogo inclusivo y representativo que aborde las preocupaciones y necesidades de diversas partes de la sociedad. Entre los protagonistas inesperados de esta iniciativa se encuentran tres bandas criminales que han decidido sentarse en la mesa de diálogo: ‘Los locos Yam’, ‘los Mexicanos’ y las ‘Fuerzas Armadas RPS’. Estas organizaciones, conocidas por su historial delictivo, han manifestado su voluntad de transformar sus vidas y contribuir a la paz en la región. Durante la instalación de este espacio de diálogo, el Alto Comisionado para la Paz presentó una delegación que acompañará el proceso. Además, se brindaron espacios virtuales para que los voceros de estas bandas, desde diferentes cárceles del país, expresaran su compromiso con la construcción de la paz y la transformación de sus vidas, así como las de sus familias y la población de Quibdó. Es importante destacar que esta iniciativa no está exenta de desafíos. A pesar de la reducción del 54% en los homicidios en Quibdó desde el inicio de los acercamientos con estas bandas en diciembre del 2022, otras formas de violencia persisten en la cotidianidad de la población, como las extorsiones y las fronteras invisibles. El proceso es un recordatorio de la complejidad de lograr una paz duradera y completa en una región que ha sido afectada profundamente por el conflicto armado y la delincuencia. Según el informe “Sin Paz Urbana no hay Paz Total” de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el aumento de la violencia en Quibdó, marcado por incrementos en homicidios y extorsiones, ha sido atribuido principalmente a las luchas territoriales entre grupos de delincuencia común que operan en la ciudad, exacerbadas por la pandemia. La disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo en las zonas rurales del departamento ha contribuido a la consolidación de 27 grupos delincuenciales urbanos en Quibdó. Destacan cinco grupos, incluyendo “Los Mexicanos”, que se ha convertido en la organización más grande y relevante en el municipio, centrada en extorsiones y sicariato. Estos grupos, a pesar de su historial de actividad ilícita, han expresado su intención de participar en el proceso de Paz Urbana liderado por el Gobierno Nacional, incluyendo un cese al fuego unilateral por parte de “Los Mexicanos” y “RPS”. Aunque la violencia homicida ha disminuido significativamente en el último año, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el reposicionamiento de frentes del ELN y se resalta la participación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la iglesia católica, la MAPP OEA, y representantes de entidades gubernamentales y la Unión Europea en los esfuerzos de acercamiento entre el gobierno y los grupos delincuenciales. Estos son cada uno de los perfiles de las tres bandas delincuenciales que participaron en el diálogo: Los Mexicanos Formalmente conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, constituyen un grupo de jóvenes chocoanos, compuesto por individuos de ascendencia indígena y afrocolombiana. Su involucramiento en la delincuencia surge como respuesta a la falta de oportunidades que enfrentan en la ciudad de Quibdó, capital de Chocó. Conformando una de las mayores facciones en Quibdó, el grupo cuenta con aproximadamente más de 300 miembros involucrados en actividades de extorsión y sicariato a lo largo de los 192 barrios de la ciudad. Aunque algunos voceros de Los Mexicanos participan en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro desde la cárcel de Itagüí, el proceso de conversaciones está programado para avanzar hacia la definición de agendas y roles en el marco del espacio sociojurídico recién establecido. Locos Yam La banda criminal “Locos Yam” se origina en la cárcel de Anayanci de Quibdó, donde uno de sus representantes expresó durante el Espacio de Conversación Sociojurídico su evolución de víctima a victimario y su firme compromiso con el proceso de paz. Sus miembros provienen de áreas como el Medio Atrato, Bajo Atrato y San Juan, habiendo llegado a Quibdó debido a desplazamientos forzados originados por el conflicto armado interno. La falta de oportunidades en la capital chocoana contribuyó a su involucramiento en actividades delictivas. En una declaración enviada a través de video, los integrantes de Locos Yam expresaron su visión de un Chocó sin divisiones y su deseo de contribuir a la paz en la región. Su mensaje apunta a que, si todos cooperan, la paz es alcanzable. RPS La banda RPS, conformada por jóvenes del barrio Reposo de Quibdó, se une al llamado a la paz desde la cárcel de Anayanci. Su formación en la delincuencia se presenta como una respuesta a la necesidad de defensa ante amenazas externas y la búsqueda de una vida tranquila y alejada de la influencia delictiva en Chocó. Aunque por razones de seguridad no participaron directamente en el Espacio de conversación, enviaron un mensaje de video junto con Locos Yam, pidiendo disculpas a la población de Quibdó por las adversidades causadas y buscando dejar atrás el resentimiento para construir un futuro de paz. La guerra con bandas como RPS ha resultado en desplazamientos internos significativos, afectando a más de 100,000 personas en Chocó desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según datos de la ACNUR. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia de la Fundación Pares, este encuentro de diálogo se plantea con la esperanza de lograr el sometimiento de estas organizaciones delictivas ante la justicia. Dicho sometimiento implica la entrega de armas, fondos y datos de relevancia, además de cesar las actividades delictivas, o al menos reducirlas drásticamente. Morales recalca que, más allá de este ideal, se deben considerar diversos factores como la inestabilidad jurídica que rodea el concepto de sometimiento. Morales advirtió sobre el riesgo de que este esfuerzo quede en meras declaraciones y la instalación de mesas de diálogo, sin avances tangibles. Además, insistió en que las acciones concretas son el verdadero indicador de la voluntad de paz de estas organizaciones. Para él, la auténtica señal de cambio sería que estas bandas acuerden una tregua entre sí, cesando la violencia interna que suele manifestarse en ajustes de cuentas y en la lucha por el control territorial. También implica detener la extorsión dirigida a la sociedad civil y a los comerciantes, así como poner fin a los ataques contra la policía y a otras actividades ilegales que normalmente forman parte de su repertorio. El coordinador de la Línea de Seguridad subrayó que solo en el momento en que estas acciones tangibles se materialicen, se podrá comenzar a ver una auténtica disposición hacia la paz por parte de estas organizaciones delictivas. En esta búsqueda de la paz, es esencial reconocer la complejidad y diversidad de los desafíos que enfrenta Quibdó. Además de las bandas criminales que se han sumado al diálogo, la ciudad también se enfrenta a la presencia de otras organizaciones delictivas como “Los Zetas” y células urbanas del Clan del Golfo. Se espera que estos grupos también puedan ser parte de futuros acercamientos para lograr una paz integral en la región. El impacto del conflicto y la delincuencia en Quibdó es evidente en las cifras de víctimas. Los homicidios han sido el hecho victimizante más alarmante, con más de 97 mil víctimas hasta el 31 de julio de 2023, según el Registro Único de Víctimas. Aunque se ha logrado una reducción significativa de los homicidios desde el inicio de los acercamientos con las bandas criminales, la violencia aún persiste en diversas formas, como las extorsiones y las restricciones a la movilidad. Isaac Morales resaltó la importancia de valorar cualquier intento de diálogo entre el Gobierno y grupos delictivos. No obstante, recalcó que el Gobierno Nacional debe hacer un esfuerzo para establecer regulaciones jurídicas sólidas que definan claramente cómo se llevarán a cabo estos acercamientos y cuáles serán los beneficios concretos. Aunque la ley de Paz Total ya establece algunos primeros pasos en esta dirección, Morales destacó la necesidad de precisar la capacidad institucional requerida por la Oficina del Alto Comisionado para lograr acuerdos genuinos con estas organizaciones. Además, considera esencial que estos acuerdos se vean respaldados por intervenciones sociales o acciones concretas por parte del Estado, dirigidas a abordar las causas subyacentes que fortalecen a estas bandas criminales. Otra cuestión relevante es la definición clara de las alternativas disponibles para el sometimiento de organizaciones delictivas. Dado que para bandas como estas suele ser más rentable continuar con actividades criminales que someterse, es fundamental garantizar suficientes seguridades para alentar un proceso de sometimiento. Además, Morales señaló que, aunque tres organizaciones, como los YAM, los Mexicanos y la RPS, participaron en las conversaciones, es importante considerar la presencia de otras organizaciones delictivas en Quibdó y Chocó en general, como el Clan del Golfo y posiblemente las disidencias de las FARC. El desafío de construir la paz en Quibdó no es solo un asunto local, sino que también involucra elementos nacionales e internacionales. La presencia de representantes de Noruega, Suecia y España en la instalación del diálogo destaca el interés y el apoyo internacional para lograr la paz en Colombia. Además, la participación de organizaciones como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la MAPP-OEA refuerza el compromiso de la comunidad internacional en este proceso. El camino hacia la Paz Total en Quibdó es largo y complejo. Aunque se ha logrado un avance significativo con la reducción de homicidios, las extorsiones y otras formas de violencia siguen siendo un desafío para la población. La esperanza reside en la disposición de las bandas criminales a sentarse en la mesa de diálogo y buscar alternativas pacíficas que se espera que no solo sean con algunos grupos ilegales sino con la mayoría. Sin embargo, este es solo el comienzo de un proceso que requerirá tiempo, esfuerzo y perseverancia.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares En medio de incertidumbre que vive Buenaventura por lo que pueda resultar de los avances de la Paz Total, el pasado 17 de agosto la candidata a la Alcaldía Libia Mosquera, avalada por el partido En Marcha, publicó una carta extendiendo una invitación a las otras candidaturas para que firmen un “pacto de respaldo a las iniciativas de Paz Total”. Sin embargo, esta propuesta perdió seriedad en la entrevista radial que dio la candidata a Voces del Pacífico y también generó confusión frente a lo que plantea en su plan de gobierno sobre los temas de paz. Al escuchar dicha entrevista puede ser fácil suponer que la candidata no comprende la magnitud de su propuesta, de ahí que termine enunciando una cantidad de vaguedades que nada tenían que ver con el tema. Tuvo la oportunidad de transmitir un mensaje claro sobre la paz, pero la desaprovechó y puso en evidencia su falta de seriedad con respecto a lo que ella misma propone. En dicha carta la candidata propone a los y las candidatas ser “guardianes de la paz” como un compromiso público para trabajar en conjunto. En este documento, Libia parecía dispuesta a liderar un esfuerzo colectivo hacia la paz, involucrando a múltiples actores, desde representantes de la comunidad internacional hasta líderes locales como testigos. Sin embargo, en vez de abordar los detalles de cómo se materializaría la propuesta, la candidata se enredó en la entrevista. Además, al revisar su plan de gobierno se puede ver cómo lo único que plantea frente a la Paz Total es “acogerse” a la iniciativa del Gobierno Nacional y la promoción de “alianzas estratégicas”, y no se refleja una propuesta clara al respecto. De hecho, el análisis de dicho plan revela una visión securitista de la paz, que podría interpretarse como más represiva que conciliadora, lo cual no coincide con la esencia de “diálogo” que promueve la iniciativa del Gobierno Nacional, mostrando una fuerte desconexión entre lo que propone y lo que comunica. Volviendo a la entrevista en cuestión, el momento más lamentable, por no decir vergonzoso, fue cuando se le preguntó sobre su situación de seguridad, y ella empezó mencionando que las autoridades estaban investigando alrededor de unas situaciones de riesgo que ella había vivido, pero inexplicablemente terminó describiéndose como una mujer “recochera” y “patana”. En relación a este último punto, es entendible que quiera mostrarse como una mujer “común y corriente”, porque, como ella misma lo admitió, la ven “como una persona prepotente”, sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes, menos aún cuando el tema que ella misma convoca es tan serio como un “pacto de respaldo a las iniciativas de Paz Total”. Pero, ¿quién es Libia Mosquera? Aparte de ser una mujer “recochera” y “patana” (como ella misma lo expresó), fue candidata a la Alcaldía en las elecciones pasadas, avalada por el Partido Conservador, obteniendo un poco menos de cuatro mil votos. En los últimos meses recogió firmas para inscribirse como “independiente”, pero finalmente fue avalada por el partido En Marcha. Además, hizo parte del equipo de la alcaldía actual, liderando la oficina de relaciones internacionales. Durante la última elección presidencial apoyó la campaña de Rodolfo Hernández y llegó a ser considerada como posible fórmula vicepresidencial. Y como lo registró la Oficina Pares Pacífico, a Libia “se le cuestiona la presunta cercanía que tuvo con el polémico exsenador Juan Carlos Martínez, procesado por parapolítica y corrupción”. En cuanto a su iniciativa de consolidar el pacto de respaldo a la Paz Total, Libia termina dejando una impresión confusa, porque mientras en la carta abierta invita a comprometerse con el tema, en su salida en medios y en su plan de gobierno no hay una propuesta sólida frente a la Paz Total. Es insuficiente hablar de “acogerse” sin que se reflejen sus verdaderas intenciones. Entonces, de la misma manera en que Libia le hace una invitación a todas las candidaturas a la Alcaldía para que sean “guardianes de la paz”, quiero invitar a la candidata a recordar que Buenaventura necesita liderazgos comprometidos que diseñen propuestas sólidas para la Paz Total. Es crucial que no se tome a la ligera este tema.

Por: FITS 2023 FITS Democracia: un encuentro para repensar el rol de la tecnología en el fortalecimiento de la democracia y potenciar la innovación con impacto social El 31 de agosto se realizará una nueva edición del FITS Democracia, evento libre y gratuito, que convoca a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, academia, especialistas y sectores de responsabilidad social empresarial, a potenciar las causas sociales a través de la tecnología. Colombia se prepara para celebrar elecciones locales el 29 de octubre. En el marco de un proceso electoral como este, la sociedad civil organizada lleva adelante diferentes estrategias y acciones para vigilar, monitorear y fortalecer el ejercicio democrático. Organizaciones ciudadanas, activistas y movimientos sociales se preparan para incidir en la agenda pública y los programas de gobiernos locales. Algunas de estas estrategias han incorporado la innovación y tecnología como elementos de fortalecimiento para sus iniciativas. Luego de una exitosa edición del FITS Democracia realizada a finales del año pasado en Bogotá, Buenaventura y Santiago de Chile, el Festival de Innovación y Tecnología Social, FITS llega por primera vez al Caribe Colombiano, integrando a referentes y especialistas de estas temáticas en un momento clave del calendario electoral, para intercambiar experiencias y aunar esfuerzos en beneficio de una jornada electoral más transparente, participativa e incluyente, gracias a la innovación y la digitalización. FITS Democracia 2023 es un espacio innovador, abierto y colaborativo, organizado por Wingu, en donde el sector social de América Latina se reúne para aprender, compartir aprendizajes y articular esfuerzos. Presencial en Barranquilla, Colombia (Hotel Barranquilla Plaza), y virtual para toda la región, la vigésima quinta edición general del FITS será un encuentro para repensar el rol de la tecnología en el fortalecimiento de la democracia. La agenda incluye charlas, paneles, talleres participativos y capacitaciones sobre: el poder de las herramientas digitales en los procesos electorales actuales, observación electoral, transparencia electoral, seguridad digital en procesos electorales, diversidad e inclusión en elecciones, incidencia ciudadana y rendición de cuentas de gobiernos, entre otros ejes temáticos. María Rivera, coordinadora regional del FITS Democracia, comentó que “decidimos realizar esta edición en Barranquilla con el objetivo de descentralizar la conversación de la capital, para poder visibilizar experiencias sobre lo que conlleva la innovación y el desarrollo de tecnología social. El diálogo con perspectiva local pone como eje central los desafíos del territorio y plantea nuevas lógicas y oportunidades” e invitó a la ciudadanía a inscribirse y participar en la jornada. Barranquilla, Colombia, 8 de agosto de 2023. Para más información y entrevistas, por favor comunicarse con Carlos Martínez, Analista de Alianzas y Prensa del FITS Democracia 2023: carlos.martinez@winguweb.org Cel.: (+57) 3004944737 FITS Democracia 2023: https://www.fits.ong/ Wingu (Cultura digital, impacto social): https://winguweb.org/