Por: FITS 2023 FITS Democracia: un encuentro para repensar el rol de la tecnología en el fortalecimiento de la democracia y potenciar la innovación con impacto social El 31 de agosto se realizará una nueva edición del FITS Democracia, evento libre y gratuito, que convoca a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, academia, especialistas y sectores de responsabilidad social empresarial, a potenciar las causas sociales a través de la tecnología. Colombia se prepara para celebrar elecciones locales el 29 de octubre. En el marco de un proceso electoral como este, la sociedad civil organizada lleva adelante diferentes estrategias y acciones para vigilar, monitorear y fortalecer el ejercicio democrático. Organizaciones ciudadanas, activistas y movimientos sociales se preparan para incidir en la agenda pública y los programas de gobiernos locales. Algunas de estas estrategias han incorporado la innovación y tecnología como elementos de fortalecimiento para sus iniciativas. Luego de una exitosa edición del FITS Democracia realizada a finales del año pasado en Bogotá, Buenaventura y Santiago de Chile, el Festival de Innovación y Tecnología Social, FITS llega por primera vez al Caribe Colombiano, integrando a referentes y especialistas de estas temáticas en un momento clave del calendario electoral, para intercambiar experiencias y aunar esfuerzos en beneficio de una jornada electoral más transparente, participativa e incluyente, gracias a la innovación y la digitalización. FITS Democracia 2023 es un espacio innovador, abierto y colaborativo, organizado por Wingu, en donde el sector social de América Latina se reúne para aprender, compartir aprendizajes y articular esfuerzos. Presencial en Barranquilla, Colombia (Hotel Barranquilla Plaza), y virtual para toda la región, la vigésima quinta edición general del FITS será un encuentro para repensar el rol de la tecnología en el fortalecimiento de la democracia. La agenda incluye charlas, paneles, talleres participativos y capacitaciones sobre: el poder de las herramientas digitales en los procesos electorales actuales, observación electoral, transparencia electoral, seguridad digital en procesos electorales, diversidad e inclusión en elecciones, incidencia ciudadana y rendición de cuentas de gobiernos, entre otros ejes temáticos. María Rivera, coordinadora regional del FITS Democracia, comentó que “decidimos realizar esta edición en Barranquilla con el objetivo de descentralizar la conversación de la capital, para poder visibilizar experiencias sobre lo que conlleva la innovación y el desarrollo de tecnología social. El diálogo con perspectiva local pone como eje central los desafíos del territorio y plantea nuevas lógicas y oportunidades” e invitó a la ciudadanía a inscribirse y participar en la jornada. Barranquilla, Colombia, 8 de agosto de 2023. Para más información y entrevistas, por favor comunicarse con Carlos Martínez, Analista de Alianzas y Prensa del FITS Democracia 2023: carlos.martinez@winguweb.org Cel.: (+57) 3004944737 FITS Democracia 2023: https://www.fits.ong/ Wingu (Cultura digital, impacto social): https://winguweb.org/

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de : Caracol Radio A medida que se aproxima la fecha del 29 de octubre, en la cual Colombia se prepara para una nueva jornada electoral crucial, se encienden las alarmas ante los desafíos y riesgos que amenazan con afectar el proceso democrático. Las elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales de ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales se perfilan como un momento clave en la vida política del país. Sin embargo, la sombra de la violencia y la presencia de grupos armados en algunas zonas del territorio nacional plantean interrogantes sobre la integridad y seguridad de estos comicios. La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar por los derechos fundamentales y la garantía de la democracia, ha emitido esta mañana una Alerta Temprana 030 del 2023 que revela el panorama de riesgo y los generadores de violencia que pueden afectar las elecciones regionales. Esta alerta no solo refleja una fotografía cruda de la situación actual, sino que también destaca la necesidad urgente de abordar los problemas que amenazan con socavar el proceso electoral. Con un enfoque especial en los municipios del país, la Alerta Temprana identifica que 399 de ellos se encuentran en riesgo extremo y alto de experimentar hechos de violencia que podrían tener repercusiones directas en el proceso electoral. Entre estos municipios, resaltan los 113 catalogados en riesgo "extremo", en los cuales existe una alta probabilidad de ocurrencia de actos violentos durante el proceso electoral. Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, destacó que estas zonas son aquellas donde los grupos al margen de la ley han realizado acciones que amenazan la tranquilidad de la población. Sin duda, estas cifras no pueden pasar desapercibidas. El aumento del 39% en el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre de 2019, sumando 274 municipios más en la lista de preocupación, refleja una tendencia alarmante que exige una respuesta enérgica y coordinada. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación en la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la metodología empleada por la Defensoría del Pueblo en la emisión de estas alertas tempranas implica un proceso de análisis en el que se entrelazan datos relacionados con actos victimizantes. Este enfoque no se limita únicamente a figuras políticas o líderes, sino que también incluye a defensores de derechos humanos. Se cruzan datos concernientes a la vulneración de derechos humanos que involucran a figuras públicas en general, y esta información se combina con datos sobre la presencia de grupos armados. Dentro de estos municipios de alto riesgo se encuentran ciudades como Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva, Cúcuta y algunas localidades de Bogotá. Además, Nariño, como departamento, muestra una situación crítica con 17 municipios identificados con una alta vulnerabilidad en términos de Derechos Humanos. Estos municipios enfrentan amenazas y retos que van más allá del ámbito electoral, y sus habitantes viven en una constante tensión que afecta la calidad de vida y la libertad de participación política. La presencia y actividad de grupos armados ilegales, tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos del crimen organizado son factores determinantes que inciden en el riesgo y la violencia en estas zonas. Camargo señaló que el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas ha identificado la injerencia de estos grupos como fuente de amenaza tanto para las comunidades como para el proceso electoral en sí. Juan Alejandro Pérez subrayó que la Línea Democracia y Gobernabilidad observa con inquietud la persistente tendencia, desde octubre, en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se han registrado niveles preocupantes de victimización. Esta preocupación se alinea con las observaciones de la Defensoría. Cabe resaltar que la Línea ha enfatizado la importancia de incluir garantías en los acuerdos de cese al fuego y en las conversaciones entre el Estado, bajo la administración de Gustavo Petro, y los grupos armados. Además, la Línea considera de vital importancia establecer un consenso entre todas las partes involucradas, tanto los grupos armados que dialogan con el Gobierno como aquellos con los que el Gobierno mantiene un canal de comunicación. Esto es esencial para garantizar un conjunto mínimo de garantías que aseguren la realización tranquila de las elecciones. Pérez enfatizó que cuando habla de elecciones se refiere a todo el período que abarca el calendario electoral hasta el veintinueve de octubre. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a una respuesta integral por parte de las instituciones estatales, con el objetivo de prevenir riesgos en materia de derechos humanos, amenazas, homicidios y extorsiones. Sin embargo, más allá de la respuesta gubernamental, se hizo un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia de las elecciones. La preocupación no se limita únicamente a la seguridad física de los ciudadanos y candidatos, sino también a la idoneidad de los aspirantes a cargos públicos. La Procuraduría reveló que un total de 676 candidatos inscritos para las elecciones regionales presentan sanciones o inhabilidades que podrían impedirles ejercer sus funciones. Este hallazgo recalca la necesidad de un proceso de selección riguroso y exhaustivo, así como de un compromiso por parte de los candidatos para cumplir con los requisitos legales. Es importante resaltar que en el más reciente informe sobre violencia político-electoral se revela que entre los actos perpetrados, una proporción significativa carece de información sobre el perpetrador, ya sea en términos de identidad o afiliación. Sorprendentemente, solo el 10 por ciento de los casos pueden ser atribuidos al Clan del Golfo, mientras que el 9 por ciento involucra a un grupo armado derivado de las FARC en proceso de paz. Similarmente, una disidencia se encuentra asociada al 9 por ciento de los incidentes, y otro 9 por ciento queda en la categoría de "otros". La presencia del ELN es evidente en un escaso 5 por ciento de los sucesos, mientras que las Águilas Negras contribuyen con tan solo el 1 por ciento. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023) A medida que el calendario electoral avanza, las miradas están puestas en las zonas de alto riesgo identificadas en 16 de los 32 departamentos del país. La incertidumbre se mezcla con la esperanza de que, a pesar de los desafíos, Colombia pueda demostrar su resiliencia y compromiso con la democracia. En última instancia, el desafío recae en todos los ciudadanos, instituciones y actores políticos para garantizar elecciones libres de violencia y manipulación, donde la voluntad del pueblo pueda expresarse sin temor ni obstáculos. En el próximo informe sobre violencia político-electoral, programado para ser publicado en los próximos días, se ha identificado una inquietud adicional más allá de la región del suroccidente de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La Línea Democracia y Gobernabilidad expresa una creciente preocupación con relación a la situación en dos departamentos específicos: Tolima y Huila. En estos territorios, se ha observado un incremento en los casos de violencia política durante los últimos meses, lo que suscita la necesidad de brindarle una atención especial.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado es uno de los aprendizajes que nos ha dejado la larga experiencia de construcción de paz en el país. En la actualidad, en lo relativo a la implementación del Acuerdo Final de paz con las FARC-EP, esta labor la cumple, entre otras organizaciones, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame y la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSIVI) con su Secretaría Técnica. Estas organizaciones se han encargado de hacer seguimiento a cada una de las disposiciones que están contenidas en el tratado de paz. Utilizando metodologías de medición, ellas dicen qué tanto se ha avanzado -anual y trimestralmente- en el cumplimiento de lo acordado. Además, vienen identificando responsables de la implementación y sugiriendo acciones para mejorar los desempeños. De esta forma, el país ha aprendido a organizarse para realizar las diversas tareas que exige la fabricación de la paz. En especial, viene reconociendo la importancia de poner al frente a agentes responsables, que tengan capacidades técnicas y financieras para que se logre cumplir con lo pactado. Y organizaciones que hagan seguimiento a la implementación y verifiquen que las promesas se cumplan a cabalidad. En esta lógica de trabajo es que se presenta la necesidad de hacer un llamado al Gobierno Nacional y la Mesa de Negociaciones que se tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a pensar y estructurar organizaciones que se encarguen de hacer seguimiento a lo pactado entre ellos. Se requiere -en la medida que se vayan realizando acuerdos y se avance en la implementación- de organizaciones que hagan seguimiento y verificación. De forma atípica, en este proceso de paz las partes tomaron la decisión de acordar que en la medida que se avance la negociación también se deben dar pasos en el cumplimiento de lo acordado. La decisión de la Mesa ha sido que el tiempo para el proceso de ejecución sea paralelo al de la negociación. Lo que exige, precisamente, pensar en un diseño institucional que realice ambos tipos de tareas. Que haga posible que en la medida que se vaya acordado se vaya implementando. Un ejemplo de está retadora dinámica adoptada en el proceso de paz con el ELN se tiene con el Acuerdo de Cese al Fuego pactado recientemente en La Habana. En el tercer ciclo las partes -Estado Colombiano y ELN- acordaron no dispararse, en todo el territorio nacional, por 180 días, buscando generar las condiciones para que se dé una participación efectiva de la sociedad en la fase de diálogos. Para el cumplimiento de este importante e histórico acuerdo, las partes diseñaron unos protocolos de implementación. Les han dado instrucciones a los dos ejércitos de cómo deben operar durante este tiempo. También pusieron al frente a un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, compuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica, para que haga esta tarea y rinda informes. Precisamente, en el momento actual -cuando se lleva a cabo el cuarto ciclo de negociaciones, esta vez en Caracas, Venezuela- el mecanismo viene cumpliendo su labor. Ya vemos los primeros informes de seguimiento al cese al fuego, y también las primeras posiciones sobre algunas situaciones críticas relacionadas con el conflicto armado. Lo que significa que estamos incorporando los aprendizajes de la paz. Sin embargo, este importante acuerdo no es el único que se ha realizado, ni se realizará, hasta la eventual firma de un acuerdo final. Como se dijo, la dinámica de trabajo adoptada es la implementación inmediata de lo acordado en la Mesa de Negociación. Lo que exige que se piense tanto en el diseño de organizaciones para la implementación como para el seguimiento y la verificación. Otro ejemplo lo constituye el Acuerdo sobre la Participación de la Sociedad. En la actualidad se vive un proceso de alistamiento de la sociedad colombiana para participar e incidir en las decisiones que se tomen en la Mesa de Negociaciones. En el acuerdo se tomó la decisión de poner al frente al Comité Nacional de Participación (CNP), que se encarga de escuchar propuestas y decidir frente a la manera como se ejecutará el próximo año la participación social. Considero que, al igual que pasa con el Acuerdo de Cese al Fuego, debe tenerse al frente una o varias organizaciones que hagan seguimiento a la implementación de este importante componente de participación. Un organismo que se ocupe de velar por la implementación efectiva. Y que, al igual que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación al cese al fuego, elabore informes, presente balances y atienda diferencias entre los involucrados. En síntesis, en el proceso de paz que se tiene con el ELN se requiere introducir las lecciones de los procesos de paz anteriores. Esto involucra pensar en diseños institucionales y organizativos que hagan seguimiento a la implementación de los acuerdos parciales -los que se han firmado hasta ahora y los que se firmen en adelante- que se tomen en la Mesa. Es necesario contar con agentes que verifiquen la efectiva implementación de lo pactado y que, en caso de disputas, también intervengan para atenderlas. Se requiere contar con organismos que permitan verificar avances y señalar retos. Que le presenten a la Mesa y a la sociedad informes periódicos, con información estratégica sobre la implementación de acuerdos. Que acompañen a las comunidades en la verificación de lo pactado y la defensa de derechos, para que las empodere de las bondades de la paz. Y, finalmente, que sea capaz de generar recomendaciones y alertas a todas las partes. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Cumplido el primer año del mandato del presidente Gustavo Petro, es claro que hoy la oposición a su gobierno va más allá de la estricta manifestación de la derecha; pues también abarca a miembros de su empatía y línea ideológica. Aparte de las presiones de quienes ejercen contra el presidente una oposición temeraria; es decir, los corruptos y los personajes de la extrema derecha que promueven el golpe blando -cuya arma más poderosa son los medios de comunicación y las falsas noticias-… aparte de esas presiones…, según las encuestadoras el presidente recibe además el descontento de muchos ciudadanos que le dieron su voto por natural simpatía, por pertenecer a la militancia de la Colombia Humana o porque encontraron en sus ideas de izquierda afinidades ideológicas. Los primeros -los oponentes temerarios- durante este primer año de gobierno no han hecho otra cosa distinta a confeccionar fake news y dárselas a sus medios de comunicación para que estos las propaguen impunemente, suscitando alertas de un caos fabulado. Algunos periodistas, en respuesta servil, y al amparo de la miopía de la FLIP, corren a tapar los verdaderos hechos con argucias mediáticas y con la torpeza de quien está actuando con odio enceguecido. En efecto, ocultan hechos que de hacerse públicos ensombrecerían la imagen de sus jefes empresarios y la de sus padrinos políticos, unos y otros plegados a las directrices de grupos económicos; pero también ocultan datos y cifras que de hacerse públicos iluminarían la imagen del presidente Petro. Basta ver los reportes de #ColombiaVaBien que dan cuenta con veracidad incuestionable de más de doscientos logros que fortalecen las posibilidades de la equidad y debilitan los abusos de quienes siempre han vivido de la inequidad. Con el inocultable propósito de que suenen como noticias miserables, los medios de comunicación se han especializado en la construcción de titulares con frases que, desprendidas del contexto benévolo del cual hacen parte, significan todo lo contrario. Esto, desde luego, es tan ruin y evidente que hasta un exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández, alguien ajeno a las causas izquierdistas, ha dicho en su cuenta de Twitter que: “Según el artículo 20 de la Constitución, es un derecho fundamental ‘recibir información veraz e imparcial’. La politización de algunos medios -no todos- ha conducido a la desconfianza del público. Toda información se debe confirmar tres o cuatro veces”. Los segundos -oponentes adeptos al gobierno y simpatizantes del presidente-, si bien no le han dado la espalda a Gustavo Petro, por cuenta de esas malversaciones, sí han remplazado su optimismo -el fundado en las promisorias expectativas de cambio- por una actitud de acerado escepticismo. Un sentimiento propiciado por los efectos de esa “desconfianza del público” fabricada por la oposición, pero también estimulada por la lentitud gubernamental en el proceso del cambio. Todas las promisiones que vieron realizables cuando Gustavo Petro era candidato, ahora que es presidente las han llevado al campo de la duda. La Paz Total, la reforma a la salud, la reforma laboral, la compra y entrega de tierras…, todo eso, hoy les parece utópico. No obstante, dicho escepticismo es comprensible si consideramos que el sentido común nos indica que en las democracias las promesas de dar o de hacer, por las cuales se elige a los gobernantes, deben cumplirse sí o sí; aunque no se haya mediado estipulación –como al parecer no se medió durante la campaña de Gustavo Petro- ni se haya firmado pacto –aunque en este caso la existencia del Pacto Histórico evidencia que sí fue firmado-. Con todo, el pueblo raso suele ignorar que en los modelos de los países denominados democráticos, lo normal es ver quebrantada la voluntad de los pueblos. Cuando la voluntad del pueblo es confiada a políticos que sólo piensan en sus intereses personales y no es confiada a políticos que piensan en los intereses públicos, entonces, en efecto resorte, es desobedecida esta voluntad. De tal suerte, es natural que un pueblo exija a sus gobernantes respetar su voluntad -el denominado poder popular- y que les exija la puesta en marcha de las reformas para lo cual se les eligió. Y también es natural que hagan presión sobre el presidente, y no sobre los congresistas, porque a la mayor parte de los ciudadanos les resulta incomprensible que la rama legislativa pueda ser más fuerte que la ejecutiva. Por fortuna, a Gustavo Petro todavía le quedan tres años de mandato, y en esa expectativa creo que el gobierno debe y puede encauzar su rumbo. Un rumbo que si bien a mi juicio sigue la dirección correcta, es necesario demostrar que se tiene suficiente músculo político para tomar las riendas de la política y sacar adelante las reformas prometidas; pero, sobre todo, el presidente debe visualizar de qué modo le hará contrapeso a la desinformación que, pese a ser la más fuerte estrategia del golpe blando, es muy fácil de contrarrestar si se dinamizan las estrategias de comunicación de la presidencia, no sólo actuando a la defensiva –como de corriente lo hace el presidente en su cuenta de Twitter, sino también actuando ofensivamente-. Esto último no es una invitación a la creación de un “aparato ideológico de estado”, como los descritos por el filósofo marxista Louis Althusser, que actúan por medio de la violencia, sino a la creación de un aparato ideológico de talante progresista, que actúe por medio de la ideología. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Una persona con la que tuve la oportunidad de conversar recientemente acerca del desempeño del gobierno de Petro compartió conmigo esta analogía: imagina a alguien que llega a su hogar y descubre a su pareja siéndole infiel en el sofá. Sin pronunciar una palabra, abandona la habitación y al día siguiente, sin vacilación, decide vender el sofá. Pues bueno, el presidente Petro está vendiendo toda la sala. En el primer ajuste ministerial resultaba notable la disparidad entre el programa acordado, las perspectivas de Alejandro Gaviria y las de Cecilia López. Esto era especialmente notorio con el primero, en relación al asunto esencial de la ponderación adecuada entre el papel del Estado y el del sector privado. También se tornaba patente que el presidente no toleraba divergencias y que la anhelada búsqueda de un acuerdo nacional comenzaba a perder vigor. Con el paso del tiempo, se volvía igualmente evidente que incluso sus colaboradores más leales no cumplían todas sus expectativas. De manera similar, de manera gradual, iba destituyendo a los funcionarios que le resultaban incómodos, o en casos como el del Fondo Nacional del Ahorro, aquellos que estaban involucrados en las prácticas políticas y clientelistas tradicionales. Simultáneamente, al interior de las entidades gubernamentales se encomendaba a sus seguidores más fieles la tarea de remover a todos los que habían representado al gobierno anterior. La intención era prácticamente desmantelar el aparato estatal para luego reconfigurarlo. Sin embargo, esta estrategia fue lo que verdaderamente condujo a la mayor fractura con el Congreso de la República, ya que muchos senadores y representantes vieron mermada su capacidad de intermediación y, en consecuencia, su influencia política. Ante tal situación, se cerraron filas. La inmovilidad se apoderó del Congreso, arrastrando consigo la esperanza de reformas legislativas. Las consecuencias no se hicieron esperar. Cada vez que llega un nuevo ministro o director pasan al menos cuatro meses de parálisis, ya que todos desean gobernar con su propio equipo. En nuestra cultura pública marcada por la desconfianza, se valora más la lealtad que la capacidad, y se premia más la adulación que la eficiencia. De igual manera, como se evidencia en las cifras de ejecución, cuanta menos experiencia tenga un funcionario en contratación estatal, más tiempo le tomará comenzar con sus programas y alcanzar sus objetivos. Si además de eso se le exige tener todo preparado en vigencias anuales (lo que no se gaste en un año se pierde), es prácticamente una receta para el desastre. Ya existen entidades en las que se han presentado denuncias serias por incumplimientos graves en el pago de funcionarios. A pesar de todo esto, Petro solicita a todos los directores de entidades que presenten renuncias protocolarias y luego amenaza con destituir a quienes no cumplan con la ejecución. Es decir, no solo puso en venta el sofá, sino toda la sala. Así, el presidente está hoy en una encrucijada. Intenta por una parte llamar nuevamente al acuerdo nacional, pero con la distancia que hay entre él y los distintos jefes de partidos deberá optar por la negociación uno a uno con parlamentarios que hoy creen tener la sartén por el mango. Entre mejor les vaya en las elecciones de octubre y entre más baje la popularidad presidencial, más alto es el precio que cobrarán. El problema es que lo que debe pagar el presidente es tal vez más tóxico para la democracia que lo que uno pudiera creer: significa en la práctica darle aire y burocracia a las élites políticas regionales y a los propios clanes. Es un acuerdo nacional con lo peor de la política que no puede salir bien. Los zapatos de Petro son mucho más difíciles hoy que nunca porque depende enteramente de empezar a cosechar resultados que no parece que se le vayan a dar. Para avanzar en el Congreso necesita ceder control, poder y burocracia a grupos políticos que no tienen interés alguno en los buenos resultados, ni en la superación de la desigualdad y tampoco en la Paz Total. Siempre y cuando puedan manejar oleadas de hojas de vida y dilapidar en ello el presupuesto de inversión del país, el resto no importa. Y en el bando de sus propias alianzas ni la fuerza ni la capacidad de hoy le es suficiente, mucho menos si el estilo de liderazgo es desmoralizar a su propio equipo. La energía y la adrenalina de alguien que cree estar contra la pared son, por supuesto, elevadas. Incluso alcanza para trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana, hasta cierto punto. Sin embargo, al final colapsa porque no basta con decir que algo debe hacerse para que esté realizado. Por el contrario, la evidencia en América Latina demuestra que los mejores resultados en las metas que Petro quiere lograr se consiguen con mayor nivel de consenso y políticas pragmáticas, bien planeadas y basadas en la evidencia. Pero al ritmo al que el presidente está avanzando, terminará cumpliendo su propia profecía y se quedará solo en un palacio frío.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico Foto tomadas de : buenaventura.gov.co y Radio Nacional de Colombia Arrancó la carrera electoral en el país y en Buenaventura 16 candidaturas aspiran a liderar los destinos del Distrito Especial, en medio de desafíos sociales, económicos y de seguridad, y del evidente descontento ciudadano con la actual administración de la ciudad. En Buenaventura se inscribieron 541 candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular (sin contar la Asamblea), 218 se inscribieron para el Concejo Distrital, 209 a las Juntas Administradoras Locales (JAL) y 16 a la Alcaldía, seis candidaturas más que en las elecciones pasadas. En el panorama político sobresalen tres opciones: Ligia del Carmen Córdoba, Jaime Marinez y Libia Mosquera. Son los nombres que trascienden y alrededor de las cuales se están reconfigurando las principales fuerzas políticas de la región. De este trilema político, se intuye, saldrá la próxima alcaldesa o el próximo alcalde de la ciudad. Por ello, para analizar estas tres candidaturas es importante conocer quiénes encarnan estas propuestas políticas, los respaldos políticos con los que cuentan y sus cuestionamientos. Así se reconfiguran las fuerzas políticas en la ciudad Las tres fuerzas políticas convertidas en las más opcionadas para ganarse la Alcaldía de la principal ciudad-puerto del Pacífico hacen parte de diferentes espectros políticos. En la derecha ésta Ligia Córdoba, del Partido de La U; en la centroizquierda Jaime Marinez, del Partido Verde; y en el centro Libia Mosquera, de En Marcha. Ligia del Carmen Córdoba, la carta de la derecha Primero aparece Ligia del Carmen Córdoba, candidata del Partido de La U, licenciada en educación básica con especialización en administración pública y máster en dirección de gestión pública. Fue directora técnica de cultura de la Alcaldía de Buenaventura desde el 2004 al 2010; concejala durante dos periodos consecutivos (2011 – 2019), corporación a la que llegó con la mayor votación registrada hasta la fecha para ese cargo en la ciudad. Fue candidata a la Alcaldía en las elecciones pasadas también por el Partido de La U, quedando en cuarto lugar con 22.059 votos. Y en desde 2020 hasta el año pasado fue gerente territorial para el pacífico de la Gobernación del Valle del Cauca, cargo al que renunció para iniciar su carrera por la Alcaldía de Buenaventura. Fuente: imagen tomada de la página de la candidata A Ligia la apoyan la exgobernadora y también candidata Dilian Francisca Toro, conocida como “la baronesa del Valle”; Jhon Arley Murillo, excongresista y líder de Colombia Renaciente (por lo que fue coavalada por este partido, además de los partidos Demócratas y MAIS); también cuenta con el respaldo (sin coaval) de un amplio sector de Cambio Radical liderado por el concejal Julio César Ramírez Garcerá, hijo del abogado y líder del Paro Cívico, Julio Garcerá. A esto se le suma que Ligia del Carmen Córdoba hace parte del movimiento político Nueva Generación, adscrito al Partido de La U liderado por Dilian, y del que también hace parte la actual gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, criticada por su ausencia y poca gestión durante la difícil situación de violencia que padeció la ciudad desde finales del 2020 hasta mediados del año pasado. Sobre esta propuesta política hay varios cuestionamientos, quizás no contra ella de manera individual, pero sí sobre la colectividad que representa y la está impulsando. El primero es que es cercana a cuestionados clanes políticos regionales, como el de Dilian, sector político (Partido de La U) que ya estuvo en la Alcaldía de la ciudad durante el periodo 2015 – 2019 en cabeza de Eliécer Arboleda, quien fue destituido y encarcelado junto a su hijo del mismo nombre (conocido en la ciudad con el alias de “Kiko”) y tres secretarios de su despacho por el desfalco de alrededor de 5 mil millones de pesos al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Durante ese mismo periodo, Ligia fue concejala por La U y una de las aliadas del exalcalde, a quien apoyó hasta el final. Sobre este clan político (Dilian Francisca Toro) que impulsa la candidatura de Ligia del Carmen Córdoba recaen denuncias públicas por presuntos actos de corrupción, entre las que resalta la adjudicación 1.663 contratos de salud por más 500 mil millones de pesos durante los últimos 10 años, según reportó el Diario Criterio: “entre los hallazgos periodísticos que sugieren la existencia de ese carrusel de la contratación, figura la creación de ocho empresas a partir de 2011 y los vasos comunicantes de esas sociedades con amigos, trabajadores y parientes de la exsenadora Dilian Francisca Toro Torres”. Ligia es la principal carta del clan de Dilian para recuperar el poder político en la Buenaventura que perdió hace cuatro años a manos del movimiento cívico, y a pesar de los cuestionamientos y cercanías con sindicados por corrupción, es una de las más opcionadas para ganar. La centroizquierda de Jaime Marinez La segunda fuerza política es la de Jaime Marinez, candidato por el Partido Alianza Verde. Jaime es profesional en derecho y ciencias políticas. Fue coordinador de la Casa de Justicia en 2004 y posteriormente secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana hasta el 2007. Estuvo en 2013 como gerente territorial de Findeter y ha sido alcalde encargado de Buenaventura en cinco oportunidades. Se postuló a la Alcaldía de Buenaventura en las dos últimas elecciones, siendo esta su tercera aspiración. En las pasadas logró quedar en segundo lugar con 25.771 votos, lo que le permitió ser concejal del distrito. Jaime proviene de los movimientos sociales, razón por la cual tenía una relación estrecha con el actual alcalde Víctor Vidal, pero que se ha visto tensionada por los votos a favor de las mociones de censura contra los secretarios de Gobierno y Educación. Fuente: imagen tomada de la página del candidato Marinez está coavalado por la Alianza Social Independiente (ASI), Fuerza de la Paz y A.D.A. Detrás de la candidatura de Marinez hay dos pesos pesados de la política nacional con una fuerte influencia en lo departamental. Uno es el exsenador Roy Barreras, líder del partido Fuerza de la Paz y de los principales asesores de la campaña presidencial del presidente Petro, pero que durante el gobierno se le notó distanciado, no obstante, fue nombrado en mayo embajador de Londres. El otro es el senador Alexander López. A pesar de que no ha hecho ninguna manifestación pública de apoyo hacia Marinez, porque el POLO tiene su propia candidatura, Pares Pacífico pudo conocer que el senador intentó avalarlo por el Pacto Histórico, y ante la imposibilidad por negativa del mismo candidato está su intención de que los partidos de izquierda se unan en una sola candidatura encabezada por Marinez. Y en lo regional lo impulsan el Representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien se ha ganado el liderazgo del Partido Verde en el departamento. A Jaime Marinez se le cuestiona su relación política con el exalcalde Saulo Quiñones, capturado por peculado en 2011, y de quien fue secretario de Gobierno. Y el actual apoyo que está recibiendo de la exmandataria Maby Yineth Viera, sindicada por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hechos que no están relacionados con su ejercicio como alcaldesa encargada durante el 2019. Además de esto, durante las elecciones de 2019 el diario El Espectador publicó un informe en el que dio a conocer una presunta financiación a su campaña por estructuras armadas ilegales de la Oficina de Envigado y la extinta Local. Sin embargo, al candidato no se le comprobó ningún nexo ilegal durante su campaña ni su carrera política. A pesar de su posición en los resultados de las elecciones pasadas, actualmente Jaime Marinez ha perdido importantes apoyos con los que contaba. Principalmente el del Partido Liberal, que sufrió una ruptura interna cuando su líder local, el exalcalde Bartolo Valencia junto a su hijo el concejal Johan Valencia, decidieron retirarse del partido y no inscribir sus candidatos a concejo por el incumplimiento desde la dirección nacional a la hora de otorgar el aval a la Alcaldía. Libia Mosquera en el centro La tercera fuerza la encabeza Libia Mosquera, candidata por el recién creado Partido En Marcha. Es doctora en derecho civil, fue cónsul en Washington durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe y asesora de relaciones internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Al igual que los dos anteriores, también participó en la contienda electoral del 2019. Se postuló en ese entonces por el Partido Conservador, quedando en sexto lugar con escasos 3.676 votos. Después de las elecciones, y posesionado Vidal en el cargo, fue nombrada directora de la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía, cargo que ocupó hasta finales de 2021, cuando renunció para reanudar su proceso electoral. Fuente: imagen tomada de la página de la candidata A Libia la apoyan el exministro Juan Fernando Cristo, presidente del Partido En Marcha; el empresario y candidato a la Gobernación del ValleTulio Gómez (avalado por En Marcha y coavalado por el Partido Verde); y el cinco veces candidato a la Alcaldía de Buenaventura, Héctor Copete, quien mostró un caudal electoral promedio por encima de los 20 mil votos en sus pasados intentos por llegar a ser alcalde; lo que le ha permitido a la candidata convertirse en una de las más opcionadas a ganar las elecciones de octubre. Se le cuestiona la presunta cercanía que tuvo con el polémico exsenador Juan Carlos Martínez, procesado por parapolítica y corrupción; y con el exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Milton Angulo (aunque de este último no se conoce ningún apoyo hasta el momento, se le señala de tener mayor inclinación hacia los partidos de la derecha tradicional). Además, es fuertemente cuestionada por su afiliación política durante las elecciones presidenciales. Su nombre estuvo entre la baraja de posibles fórmulas vicepresidenciales del candidato Rodolfo Hernández, al no ser seleccionada fungió como coordinadora regional de la campaña presidencial. Rodolfo este año fue inhabilitado durante 14 años por la Procuraduría debido a hechos de corrupción en la celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Bucaramanga. Si bien ningún otro partido la coavala oficialmente, ha dado a conocer públicamente que cuenta con el apoyo del Partido Verde Oxígeno de la excandidata presidencial Íngrid Betancur, y espera que otros sectores políticos que aún no han anunciado sus respaldos se inclinen por ella, incluyendo a los demás candidatos que opten por declinar en la contienda. Pacto fragmentado y otras candidaturas A los tres anteriores se suman los otros 13 candidatos y candidatas cuyas campañas les has costado arrancar y darse un lugar fuerte en la contienda, entre ellos están los candidatos alternativos, del Pacto Histórico y algunos tradicionales. Fuente: imagen tomada de la página web Voces del Pacífico José Luis Muñoz Lerma, periodista, más conocido como TV Yo, quien en las elecciones parlamentarias fue candidato a la Cámara por Cambio Radical, esta vez va avalado a la Alcaldía de Buenaventura por el Partido AICO. Evangelista Arango va por el Partido del Trabajo de Colombia; el líder cristiano Daniel Olave se inscribió por el partido político Todos Somos Colombia. El exconcejal Wilson Rodallega se lanzó por el Partido Liberal, luego de una polémica entre la directiva local con la nacional a la cual acusan de violentar el acuerdo interno de consulta entre Rodallega y el concejal Johan Valencia; Óscar Murillo por el Partido Ecologista Colombiano que le ganó el pulso al líder social Leonar Rentería; y Wistong Segura del Movimiento Salvación Nacional. Las demás son todas candidaturas provenientes del movimiento del Paro Cívico que tampoco logró un consenso de unidad: la lideresa social Leyla Carabalí se postuló a través de la Colombia Humana; Javier Torres, quien había sido designado como candidato único del Pacto Histórico luego de una consulta interna, no logró mantener el aval y se está postulando por Fuerza Ciudadana y coavalado por Dignidad y Compromiso, partido de Jorge Robledo y Sergio Fajardo, dos de los más acérrimos opositores del presidente Gustavo Petro. Rafael Cuero se impuso de manera polémica y quedó con el aval del Pacto Histórico, que en la ciudad solo quedó integrándolo el POLO y la UP; y Maria Miyela Riascos, de Soy Porque Somos, movimiento que al no tener personería jurídica fue avalada por Independientes, del alcalde de Medellín Daniel Quintero, en un acuerdo político nacional, como el otrora entre la UP y la Colombia Humana. Por último están Ulpiano Riascos, exsecretario de Gobierno del alcalde Vidal y quien fue removido del cargo por una moción de censura, va con el aval del Partido Liga Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández; y Edgardo Noviteño, por el Partido Nuevo Liberalismo. La contienda electoral recién inicia, quedan algo más de dos meses en los que el panorama político puede cambiar drásticamente. Se esperan las alianzas políticas y ya se escucha sobre un frente amplio en el Valle del Cauca contra Dilian Francisca Toro, lo que se traduciría en una frente contra Ligia en Buenaventura. Se cree que a mediado de septiembre se anuncirán las primeras alianzas entre los alternativos para acortar la ventaja que tienen con respecto a los tres que sobre salen. También faltan por conocerse los apoyos de los partidos Conservador, Cambio Radical, el sector Liberal de Bartolo y Centro Democrático, que no se han pronunciado, este último el gran ausente.

Por: Redacción Pares Semana del 14 al 21 de agosto de 2023 Siguen trabajando en Caracas las delegaciones del Gobierno Colombiano y el ELN en las sesiones del cuarto ciclo. No se conocen detalles de la agenda, pero es muy posible que estén trabajando sobre nuevas iniciativas para fortalecer el cese bilateral en curso desde el pasado 03 de agosto, al igual que temas relacionados a la participación de la sociedad en la construcción de la paz. El ELN, desde la voz de Pablo Beltrán, el jefe de la delegación negociadora, y Antonio García, su primer comandante, han denunciado que hay en curso acciones contra estructuras del ELN en varias partes del país, entre ellas en Nariño, el Pacífico, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, y siguen señalando que hay acción coordinada de irregulares, con estructuras del Ejército Nacional. Situaciones de la mayor gravedad que deben ser analizadas en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pactado entre el ELN y el Gobierno Colombiano. Aún no hay claridad sobre los supuestos planes del ELN para atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el General (R) Zapateiro, tema de la mayor gravedad sobre el cual el ELN se ha pronunciado desmintiéndolo acusando que es una operación para sabotear el proceso de diálogos en curso y el cese bilateral. El presidente Gustavo Petro ha reafirmado el compromiso de protección sobre las personas mencionadas y ha pedido investigaciones. El jefe de la Misión de la ONU en Colombia y parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Carlos Ruiz Massieu, hace un balance del cese bilateral y el desempeño de esta instancia encargada de velar por el desarrollo del cese bilateral y las múltiples dificultades que se presentan para consolidarlo: 2. "Pablo Beltrán denuncia una doble ofensiva contra la Mesa de Diálogos entre el ELN y el Gobierno": 3.Comandante Nicolás Rodríguez, vercicloNo. 8: 4. Discurso de Pablo Beltrán en el acto de Instalación del Comité Nacional de Participación: 5. Discurso ConsueloTapias en el acto de instalación del Consejo Nacional de Participación: 6. El senador Ariel Ávila se refiere a supuestas acciones del ELN en Bogotá: 7. "Titulares contra la paz: la guerra mediática": 8. Entrevista en W Radio al fiscal general Francisco Barbosa sobre el supuesto plan de atentado del ELN: 9. La Revista Semana difundió un video sobre una supuesta infraestructura del ELN en Antioquia para tener personas secuestradas: 10.“Un nuevo proceso de paz con el ELN: ¿llegará el fin del conflicto?”, escrito por Max Yuri Gil: https://razonpublica.com/nuevo-proceso-paz-eln-llegara-fin-del-conflicto/ 11.“La hora de la gente”, columna de José Félix Lafaurie: https://revistalaregion.com/index.php/es/opiniones/item/11177-la-hora-de-la-gente Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Para las elecciones regionales de 2023, la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido haciendo un seguimiento a las precandidaturas, los partidos políticos, los clanes y los cuestionamientos que acompañan estas aspiraciones. Se priorizaron los 32 departamentos del país y 60 municipios, y se documentó un total de 294 precandidaturas de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC) que están en la búsqueda de obtener un aval para gobernaciones y alcaldías. De acuerdo con este ejercicio realizado durante los primeros ocho meses del calendario electoral, para el 2023, de los 294 precandidatos registrados por Pares para las elecciones regionales de octubre, se registraron 88 precandidatos y precandidatas cuestionados que buscarían un aval mediante partidos, GSC y/o coaliciones. De los 88 precandidatos con cuestionamientos, 53 buscarían el aval en 14 partidos políticos; 21 lo harían por GSC; 8 por coaliciones y 6 estarían por definirse. Los partidos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: el Partido Liberal, con el 17% (15 precandidatos); Partido Conservador: 14% (12); Cambio Radical: 8% (8) y Partido de La U: 5% (4). Los partidos Cambio Radical, La U, Liberal y Conservador repiten en esta lista de acuerdo a investigaciones previas. Pares advierte que, si bien estos precandidatos no cuentan aún con el aval definido, es una constante que estos partidos sean los que avalan la mayor cantidad de cuestionados en cada elección. El 48% de los precandidatos cuestionados (42) aspiran a lanzarse a las gobernaciones. Los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Magdalena, que concentra el 12% (5); Antioquia, 10% (4); Caquetá, 10% (4) y Bolívar, 7% (3). Por su parte, el 52% (46 precandidatos) aspiran a lanzarse a 27 Alcaldías municipales. Las alcaldías con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Sincelejo, Sucre, con 5 precandidatos cuestionados; Ibagué, Tolima: 4; Medellín, Antioquia: 3; y Cartagena, Bolívar: 3. Ahora bien, por tipo de cuestionamiento, el 43% (38) de los precandidatos cuestionados son herederos y/o líderes de clanes políticos. El 36% (32) cuenta con investigaciones disciplinarias; el 34% (30) con investigaciones judiciales; 22% (19) tiene relaciones con presuntos hechos de corrupción; 16% (14) con presuntos nexos con grupos armados ilegales; el 10% (9) son herederos de parapolítica y el 9% (8) tiene investigación fiscal. Finalmente, solo el 1% (1) tiene presuntos nexos con economías ilegales; el 1% (1) investigación por parapolítica y el 1% (1) es heredero de Odebrecht. Recordemos que Pares ha hecho un ejercicio de identificar 51 clanes políticos que mandan en el país en las últimas décadas, de los cuales, 26 buscan apoyar a 38 candidatos en estas elecciones. Así, departamento a departamento, existen algunos casos en los que se aplica el concepto de autoritarismo subregional con mayor peso, teniendo en cuenta que están prácticamente capturados por los clanes políticos y que, para estas elecciones, tienen alta probabilidad de mantenerse en el poder, lo que genera altos riesgos para la democracia en Colombia. Para finalizar, aquí algunos de los precandidatos cuestionados a gobernaciones más destacados: Nebio de Jesús Echeverry, Guaviare; Franklin Del Cristo Lossano de la Ossa, Magdalena; William Villamziar, Santander; Dilian Francisco Toro, Valle del Cauca; Jorge Rey, Cundinamarca; Yamil Arana, Bolívar; Jorge “El Popo” Barrios, Cesar; Erasmo Zuleta, Córdoba; Gabriel Calle, Córdoba y Rodolfo Hernández, Santander. Precandidatos más cuestionados para alcaldías: Samuel Santander Lopesierra, Maicao, La Guajira; Cielo Redondo, Uribia, La Guajira; Roberto Jiménez Naranjo, Dosquebradas, Risaralda; Alejandro Char, Barranquilla, Atlántico; Yahír Acuña, Sincelejo, Sucre; Luis Pérez, Medellín, Antioquia; Gabriel Calle Demoya, Montelíbano, Córdoba; Raimundo Duarte Díaz, Piedecuesta, Santander; Juana Gómez Bacci, Barrancas, La Guajira y Marco Tulio Ruiz, Yopal, Casanare. Le invitamos a leer el documento completo con toda la información, los perfiles de los precandidatos cuestionados, el resumen de sus cuestionamientos, los clanes políticos a los que pertenecen, los partidos o movimientos que los avalan, entre otros, aquí: No olvide leer el Anexo con la información de todos los precandidatos cuestionados:

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas: El Universo En una serie de declaraciones a través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro ha arrojado luz sobre un cambio drástico en la dinámica del mercado de drogas en Colombia y en todo el continente. El mandatario reveló que las tradicionales rutas del narcotráfico están experimentando una transformación significativa, mientras que una nueva y letal droga, el Fentanilo, emerge como un actor prominente en el oscuro mundo de las sustancias ilegales. Históricamente, las rutas del tráfico de cocaína habían seguido una dirección norte, extendiéndose desde las áreas de cultivo en Colombia hacia el Pacífico o el Caribe, pasando por Centroamérica, el Caribe y México, antes de alcanzar su destino final en Estados Unidos. Sin embargo, según Petro, estas rutas tradicionales están siendo reemplazadas progresivamente por nuevos senderos que se dirigen al sur, adentrándose en la impenetrable selva amazónica al cruzar la cordillera de los Andes. El epicentro de esta transformación es una franja de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, en territorio colombiano. Esta región, antes conocida por su belleza natural, se ha convertido en el corazón de la nueva era del narcotráfico, donde las redes de tráfico han encontrado nuevas rutas que se dirigen hacia destinos inusuales, como Brasil, África y Asia. Este cambio en las rutas de tráfico está directamente relacionado con la disminución del mercado de la cocaína en Estados Unidos. Petro señala que, aunque la cocaína en sí misma es una droga letal, el mercado clandestino estaba contaminado con mezclas venenosas que resultaban en miles de muertes al año. La drástica caída en la demanda de cocaína en Estados Unidos ha sido atribuida a la emergencia del Fentanilo, una droga aún más mortífera que cobra la vida de aproximadamente 100,000 personas anualmente. Desde Ecuador, la especialista en Derecho Internacional, Ivonne Téllez, ha comunicado a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la reducción en la producción global de cocaína, impulsada por la regulación del mercado y la presión sobre el fentanilo, ha dado lugar a un desplazamiento de esta actividad hacia Colombia. En consecuencia, se ha observado un fortalecimiento en la producción y tráfico de cocaína en Ecuador. Además, Téllez señaló la existencia de factores interconectados que, si bien no son directamente causales, están vinculados al recrudecimiento de la violencia en el país. La experta en Derecho Internacional también explicó que la política ecuatoriana de legalización y emisión de permisos de porte de armas ha influido en el aumento de la violencia en la sociedad. Esta tendencia se percibe tanto en situaciones cotidianas como en la percepción general de la ciudadanía. La adaptación del mercado de drogas a esta nueva realidad ha tenido profundas implicaciones económicas y sociales en Colombia y más allá. La caída de los precios de la hoja de coca destinada a la exportación a Estados Unidos ha llevado a que grupos armados busquen alternativas para mantener sus ingresos, recurriendo a actividades ilícitas como el tráfico de oro, la extorsión y el secuestro. Esta evolución ha desencadenado un aumento de la violencia en regiones que anteriormente habían experimentado un grado de estabilidad relativa. Las consecuencias de esta transformación no se limitan a Colombia. Petro advirtió que la violencia se ha extendido incluso a países vecinos, como Ecuador, que ha superado a Colombia en términos de violencia, una situación difícil de imaginar hace solo unos años. Según Téllez, los grupos delictivos en Ecuador han capitalizado la posición estratégica del país en el tráfico mundial de cocaína. Esta situación ha sido exacerbada por los cambios en los patrones globales de consumo, como menciona Petro. Estos cambios han resultado en un incremento significativo de la producción y transporte de droga por parte de Ecuador. Para ejemplificar esta magnitud, en 2015 se confiscaron 63 toneladas de droga, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 180 toneladas. Estos ajustes en el mercado internacional han ocasionado un aumento en los flujos de capital, lo que ha alimentado el crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales locales. Téllez sostiene que en la actualidad, en Ecuador, abundan los grupos delictivos que no solo controlan puntos estratégicos en cárceles, sino también corredores clave. Además, se ha observado una evolución en la dinámica de estos grupos debido a la captura de líderes, lo que ha dado lugar a su atomización y diversificación interna en la lucha por el poder, tanto en las prisiones como en las calles. Como respuesta a esta situación, se ha implementado la adopción del sicariato común, una estrategia que se ha venido utilizando en Colombia, como un mecanismo para ejercer control y autorregulación en medio de este contexto conflictivo. Es fundamental destacar que en esta zona también se verifica la presencia activa de carteles provenientes de Europa y México. Los grupos que tienen una presencia más pronunciada en Ecuador son los siguientes: Los Choneros, quienes se distinguen por su ferocidad y su envergadura, mantienen alianzas con el Cartel de Sinaloa. Se estima que cuentan con una fuerza de más de 12.000 miembros; Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, con estos últimos actuando como una facción derivada de los Choneros. Además, ha emergido un nuevo grupo denominado Nueva Generación, resultado de la colaboración entre los Chone Killers y los Tiguerones. Según Francisco Daza, coordinador en la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, en la región del Bajo Putumayo, ubicada en el Departamento de Putumayo, existe una presencia constante de grupos disidentes. Por un lado, se encuentra el Frente Carolina Ramírez, integrante del Estado Mayor Central, y por otro, los Comandos Bolivarianos de la Frontera, parte de la segunda Marquetalia. De acuerdo con informes emitidos por Pares, se ha identificado una presencia ininterrumpida de estos grupos, así como una dinámica activa de conflicto armado entre ellos. Los Comandos Bolivarianos de la Frontera han establecido un ejercicio de dominio territorial a través de la región del Amazonas y el río Putumayo. Este control territorial está fuertemente ligado a la gestión de las rutas fluviales, utilizadas para actividades económicas ilícitas relacionadas con el narcotráfico en el departamento de Amazonas. Además, se puede constatar la presencia de ambos grupos disidentes, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, en la región del departamento de Amazonas. En eventos más recientes, ha sido evidente la apertura de un mercado de estupefacientes, en el cual los carteles brasileños han tenido una participación notable. Esta coyuntura ha intensificado la dinámica de traslado de economías ilícitas hacia esta región del continente. En el departamento de Putumayo, se registraron 26.072 hectáreas de hoja de coca en 2020, y este incremento no se debe a la falta de voluntad por parte de la población civil para realizar sustituciones en sus cultivos. Desde 1995, se ha venido debatiendo la posibilidad de llevar a cabo una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esta área. En dicho año, el Movimiento Cívico Regional negoció con el Gobierno para encontrar una solución al problema de las drogas. Los resultados de estas negociaciones quedaron reflejados en el Acta de Acuerdo del 11 de enero de 1995, la cual, lamentablemente, no fue cumplida por el gobierno. Transcurridos 27 años desde entonces, esta falta de cumplimiento se repite, esta vez en relación con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un plan derivado del Acuerdo Final de Paz. (Ver: Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 – 2022) Petro en sus declaraciones planteó una serie de hipótesis sobre los posibles desarrollos futuros en el mercado de drogas. Sugiere que mafias de países como Paraguay y Uruguay podrían intentar establecer economías ilícitas en Bolivia, aprovechando la nueva geografía del narcotráfico. También plantea la posibilidad de que los laboratorios de cocaína se trasladen a Europa, en un intento por competir con las drogas químicas y sintéticas que están en aumento, como el Fentanilo. En respuesta a esta crisis en evolución, Petro insta al Gobierno a implementar medidas de prevención y salud pública. Propone la instalación de puestos de detección gratuitos en zonas de entretenimiento nocturno para abordar el consumo de Fentanilo entre los jóvenes, una estrategia que podría ayudar a evitar un aumento alarmante en las muertes relacionadas con esta droga mortal. Además, resaltó la importancia de educar a la población sobre los efectos mortales del Fentanilo y las tácticas utilizadas para inducir la adicción. Ivonne Téllez destacó que en relación con los cultivos de coca, la producción persiste principalmente en Colombia. Desde allí, la droga se canaliza a través de puntos de acceso irregulares en Carchi y luego se distribuye por vía terrestre dentro del país. Este proceso busca, en su mayoría, llegar a las zonas costeras para su envío a los mercados internacionales. Aunque no se disponga de cifras precisas, la información recopilada en investigaciones sugiere que alrededor del 41% de la producción total de drogas en Colombia, medida por la extensión de áreas de cultivo, se concentra entre Nariño y Putumayo, abarcando la línea fronteriza. En términos del promedio anual estimado para toda Colombia en cuanto a producción total de cocaína, aproximadamente la mitad se origina en estos departamentos y posteriormente es trasladada a Ecuador, alcanzando un total de alrededor de 670 toneladas por año. Es relevante mencionar que también existe información que señala la existencia de cargamentos que parten desde Buenaventura y llegan a las Islas Galápagos, evitando el territorio continental. A partir de este punto, la distribución se lleva a cabo. No obstante, se carece de datos precisos sobre las cantidades involucradas en este tipo de traslado.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género En enero de 2020 ver a Claudia López posesionándose como la primera mujer alcaldesa de Bogotá me resultó esperanzador. Tuve una sensación similar hace poco más de un año cuando Francia Márquez se posesionó como vicepresidenta. Más allá de que era incierto si la presencia de estos nuevos rostros iba a significar una excelente gestión o grandes transformaciones, mi esperanza surgía al ver que, esta vez, el retrato del poder político incluía personas a quienes usualmente no les corresponde posar para esa foto. Estas imágenes de mujeres ejerciendo poder, hablando del futuro de la ciudad o el país y expresando sus ideas, ilusionan porque parece que estamos superando con firmeza las imágenes que por décadas nos mostraron a las mujeres restringidas al ámbito privado. A partir de esto se han creado referentes distintos que nos permiten afirmar que para las mujeres es viable aspirar al poder político y ejercerlo. La esperanza y la alegría de esos momentos contrastan con mi frustración al saber que, a la hora de elegir alcalde, los bogotanos estaremos frente a un tarjetón en el que no aparece ninguna mujer. Nueve candidatos, todos hombres. Eso quiere decir que redujimos a 0% la posibilidad de ver una mujer con el poder de liderar la ciudad, aun cuando las mujeres somos el 52,1% de la población bogotana. Esta frustración estuvo acompañada de sorpresa, pues en las cinco elecciones que se han celebrado desde el año 2000 hasta ahora, con excepción de 2007, hubo al menos una candidata: María Emma Mejía (2003), Gloria Gaitán (2003), Gina Parody (2011), Clara López (2015) y Claudia López (2019). En el caso de Bogotá, pareciera que lo extraño es que no participen mujeres en esta contienda electoral. Para justificar la ausencia de candidatas en el tarjetón se usan algunos lugares comunes: ninguna quiso postularse, ninguna hizo el esfuerzo para lanzar su candidatura por firmas, las que estaban interesadas no son competitivas electoralmente, no hay ninguna que esté preparada para ese cargo. Es decir, fue culpa de las mujeres, o por no querer, o por no hacer el esfuerzo, o por no cumplir los requisitos de idoneidad y caudal electoral. Culpar a las mujeres de su exclusión no es nada nuevo. Culpar a las mujeres de ser invisibles en este tarjetón es previsible. Sucede, entre otras, porque perdemos de vista que más allá de las decisiones o anhelos individuales hay otras condiciones que pueden obstaculizar o facilitar su aspiración a un cargo de elección popular. Creemos que los esfuerzos individuales son, por sí solos, capaces de surtir efecto para lograr un cambio: si quieres postularte y haces el esfuerzo de prepararte y lanzar tu candidatura, podrás ser candidata, y así aumentaremos la representación de las mujeres en política. Además de creer que los esfuerzos individuales todo lo pueden, tendemos a pensar que la alegría que sentimos cuando por fin posamos en la foto del poder va a estar sucedida por nuevos avances. La realidad nos muestra que nuestros logros no van siempre en aumento. E inmediatamente después de tener una alcaldesa en el Palacio de Liévano, por primera vez en la historia, podemos tener un tarjetón a la Alcaldía de Bogotá sin mujeres. Avanzar en el campo de la igualdad y en el de la representación política nos exige un esfuerzo doble. Además de proponernos nuevos logros y trabajar por alcanzarlos, tenemos que sostener con firmeza los que ya hemos obtenido para que no se esfumen. Y aunque no es borrón y cuenta nueva, tampoco es un constante construir sobre lo construido. Nuestros esfuerzos tienen más chance de mantenerse cuando no es responsabilidad exclusiva de las mujeres ni de personas individuales cuidarlos. Cuando superamos la idea y el discurso de que las transformaciones dependen solamente de quienes estamos interesados en ellas y cuando las instituciones las acogen, respaldan y sostienen. Lo que correspondería en este escenario es preguntarles a los partidos políticos: ¿qué pasó?, ¿qué criterios privilegiaron a la hora de elegir sus candidatos?, ¿qué procedimientos utilizaron para definir quién estaría en el tarjetón?, ¿qué pasó si en enero de 2023 nombres como María José Pizarro, Katherine Miranda, Paloma Valencia, Lucía Bastidas, y María Fernanda Rojas aparecían en las listas iniciales de aspirantes? Los partidos políticos son los llamados a reflejar pluralismo a la hora de presentar personas a cargos de elección popular. Por eso vale la pena cuestionarlos y no acusar a las candidatas que desistieron o cuyo propósito se vio truncado. Las reglas que fijan los partidos, los recursos que entregan y los apoyos que otorgan internamente pueden facilitar o dificultar la presencia de candidatas en los tarjetones. Y tal parece que en ninguno hubo ni interés suficiente, ni una apuesta contundente que brindara las condiciones para que alguna de estas mujeres pusiera su foto en el tarjetón por la Alcaldía de Bogotá. No debe pasarse por alto que esto revela la importancia de contar con partidos políticos a los cuales pedirles cuentas sobre sus acciones para garantizar la representación de las mujeres. Tarea que resultaría más difícil sin partidos, y con aspirantes respaldados únicamente por sus ganas de llegar al poder y las firmas recolectadas. Considerando que los esfuerzos individuales no son suficientes, y los logros que obtuvimos no están seguidos de nuevas conquistas, estamos frente a un panorama en el que no hay ninguna probabilidad de que una mujer llegue a la Alcaldía de Bogotá. Aún así, gracias a la ley de cuotas, que muchos consideran un regalo a las mujeres pero que lejos de serlo es lo que nos permite no ser excluidas de los tarjetones electorales, tenemos mujeres candidatas al Concejo y a las Juntas Administradoras Locales. Mi voto será por alguna de ellas, me parece una manera de asegurarnos un lugar en la foto del poder político capitalino. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Semana y El Tiempo La ciudad de Bogotá se encuentra en la recta final hacia las elecciones para elegir al próximo alcalde o alcaldesa, que tendrán lugar el domingo 29 de octubre. Con apenas dos meses por delante, los nueve candidatos en contienda se preparan para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para liderar la capital colombiana en los próximos cuatro años. La fecha del domingo 29 de octubre se vislumbra como un día trascendental en el panorama político de la ciudad, ya que marcará la elección del sucesor de Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá. La persona elegida tomará posesión del cargo el 1 de enero de 2024, para dirigir los destinos de la ciudad durante su periodo gubernamental. La elección será crucial y podría definirse en una segunda vuelta, en caso de que ningún candidato logre obtener más del 40% de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre su contrincante más cercano. En tal caso de llegar a una segunda vuelta, se tendrá alcalde nuevo hasta el 19 de noviembre, extendiendo el proceso de elección para permitir a los ciudadanos tomar una decisión definitiva. Entre los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá, se presentan diversos perfiles y propuestas que buscan abordar los desafíos que enfrenta la ciudad en áreas como seguridad, movilidad, educación y desarrollo económico. A continuación, presentamos una breve descripción de cada candidato y sus propuestas clave: Carlos Fernando Galán Carlos Fernando Galán, hijo del emblemático político Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, es un profesional en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado. Tras su regreso a Colombia, trabajó como periodista en medios como Revista Semana y El Tiempo. Inició su carrera política con el respaldo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, siendo elegido concejal de Bogotá en 2007. Galán ha sido opositor al gobierno de Samuel Moreno y ha denunciado irregularidades en procesos de contratación. Asumió la dirigencia del Partido Cambio Radical, pero renunció en 2015 debido a diferencias políticas. Ha aspirado previamente a la Alcaldía de Bogotá en 2011 y 2019, obteniendo importantes resultados. En temas de seguridad, Galán busca perseguir el origen de la criminalidad a través de mejoras en el aparato judicial. Propone tecnologías avanzadas para la captura de criminales y la prevención de delitos. También busca la generación de empleo formal mediante la transformación de Bogotá en una ciudad 24/7, así como la expansión de líneas de metro y semaforización inteligente para mejorar la movilidad urbana. Gustavo Bolívar Reconocido por su participación en la televisión y la producción de telenovelas, ha incursionado en la política a lo largo de los años. Su enfoque se centra en la seguridad y la educación. Propone aumentar el pie de fuerza policial para mejorar la seguridad ciudadana y enfatiza la inversión en educación bilingüe para reducir la criminalidad. Bolívar aboga por la niñez y la juventud, proponiendo extender el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para cubrir todo el año y aumentar la inversión en proyectos de salud pública. En cuanto a la movilidad, busca implementar medidas como el cobro por congestión y mantener el proyecto de metro subterráneo. Juan Daniel Oviedo Economista y doctor en Economía Matemática, Juan Daniel Oviedo ha destacado en roles gubernamentales y académicos. Fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde culminó el censo de 2018 y publicó cifras significativas sobre pobreza y otros indicadores sociales. Oviedo propone mejorar la infraestructura vial, explorando opciones alternativas al pico y placa para reducir el tráfico. Aboga por la continuación del proyecto de metro y la finalización de obras inconclusas. En seguridad, busca mejorar la iluminación pública y promover la colaboración entre la política criminal y el sistema judicial. También destaca la importancia de los programas educativos bilingües y el aumento del empleo juvenil. Rodrigo Lara Hijo de Rodrigo Lara Bonilla, Rodrigo Lara es abogado y magíster en administración. Ha ocupado cargos relevantes en el gobierno, destacando en el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Lara aspira a impulsar la economía y la seguridad. Para la seguridad, propone la creación de una Policía Metropolitana en Transmilenio y una cárcel especial para reincidentes. En materia de movilidad, aboga por mejoras en la infraestructura y la continuidad del proyecto de metro. Jorge Enrique Robledo Arquitecto y político con amplia trayectoria, Jorge Enrique Robledo ha sido miembro del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) desde sus años universitarios. Ha ocupado cargos públicos y ha sido Senador de la República. Robledo propone aumentar el pie de fuerza policial y promover la economía. En materia de seguridad, plantea estrategias de vigilancia y control de conducta. Busca aumentar la inversión en educación y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de calle. En movilidad, destaca la importancia de finalizar obras y mantener el proyecto de metro. Diego Molano Administrador de empresas y con experiencia en el gobierno de Iván Duque, Diego Molano apuesta por la movilidad y la seguridad. Propone una Policía Metropolitana en Transmilenio y una cárcel para reincidentes. En movilidad, busca continuar el proyecto del metro y finalizar obras en marcha. Jorge Luis Vargas Exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas es administrador de empresas y administrador policial. Su enfoque se centra en la seguridad y la inclusión. Propone la vigilancia, instalar cámaras y promover que los policías se encuentren en las calles y en el transporte público. Nicolás Ramos Barbosa Abogado y magíster en Gobierno y Gestión Pública, Nicolás Ramos busca convertir a Bogotá en una ciudad 5.0, utilizando tecnología y recursos internacionales para impulsar el desarrollo. Rafael Alfonso Quintero Con experiencia como exalcalde menor y concejal de Bogotá, Rafael Alonso Quintero Mora propone mejoras en la movilidad a través del pasaje gratuito en Transmilenio y la promoción del metro subterráneo. También busca aumentar el empleo y mejorar la seguridad alimentaria. A medida que las elecciones se acercan, los ciudadanos de Bogotá tendrán la oportunidad de evaluar estas propuestas y decidir quién será el próximo líder de su ciudad. El domingo 29 de octubre será un día clave en el futuro de la capital colombiana, marcando un nuevo capítulo en su desarrollo y crecimiento. Según Natalia Reina, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el panorama electoral en Bogotá plantea la posibilidad de una segunda vuelta. En este sentido, la situación actual sugiere que ningún candidato podría obtener un porcentaje igual o superior al 40% de los votos. De acuerdo con las observaciones de Natalia Reina, las mediciones de intención de voto muestran a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, y a Gustavo Bolívar, respaldado por el Pacto Histórico y considerado el candidato progresista más destacado, como los líderes en este ámbito. La encuesta más reciente, realizada por Guarumo y EcoAnalítica, coloca a Galán con un 20.8%, a Bolívar con un 17.4%, a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, con un 16.9%, a Rodrigo Lara con un 10.6% y, en una posición más rezagada, al exministro de Defensa Diego Molano con un 8.2%. En este contexto, Natalia Reina destaca que Bolívar posee las mayores posibilidades entre los candidatos progresistas de ganar la Alcaldía de Bogotá. Mientras tanto, candidaturas como las de Lara, Molano, el general retirado Jorge Luis Vargas e incluso Oviedo han dado lugar a una fragmentación del electorado de derecha en múltiples opciones en lugar de concentrarse en un solo nombre. Esto ha contribuido al avance de Bolívar en la contienda por la Alcaldía. Sin embargo, es probable que en la segunda vuelta estas candidaturas se unan en torno al llamado “voto antipetro”, lo que podría dificultar la aspiración de Bolívar, quien cuenta con el respaldo del presidente en funciones. En el escenario hipotético de una segunda vuelta entre Galán y Bolívar, los vientos parecen soplar a favor de Galán. Aunque las mediciones actuales muestran una estrecha brecha entre los candidatos líderes, aún queda un tramo crucial en el calendario electoral. A pesar de esta incertidumbre, la asistente de investigación de Pares destacó que es innegable que temas como la seguridad y la movilidad serán centrales para el próximo gobernante. Específicamente, la realización del proyecto del metro desempeñará un papel decisivo. Como se ha observado durante la presidencia de Gustavo Petro, el debate entre un metro elevado o subterráneo ha generado tensiones entre el gobierno distrital y el nacional. En caso de que Gustavo Bolívar triunfe, el gobierno nacional jugará un papel importante para facilitar la coordinación y asegurar la gobernabilidad entre ambas instancias. Sin embargo, si otro candidato sale victorioso, es probable que persista un conflicto constante para cumplir una promesa que los habitantes de Bogotá han estado esperando durante años.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, Investigadora Pares El relato que se hizo viral en X, el nuevo nombre de lo que fuera la red social Twitter, que hizo María Antonia Sanín, egresada de la Universidad EAFIT, en el que cuenta cómo lleva años siendo acosada por un excompañero de semillero de la universidad, me recordó la experiencia de acoso, negligencia institucional y revictimización que viví en 2016 en la Universidad del Valle. Si bien Sanín cuenta cómo personas de la universidad se han portado “bien”, me surge la duda frente a qué están haciendo las universidades para atender las violencias basadas en género. Recordé cuando el director de mi programa académico, ante las denuncias por acoso que hicimos contra un compañero, nos dijo: “a veces las chicas muy bonitas le sonríen a uno y uno se puede confundir”, “no puedo hacer nada” y “la chica que va en minifalda por el coliseo sabe a lo que se atiene”; un docente del programa dijo: “ya que están estudiando resolución de conflictos, por qué no se pueden sentar en una mesa con el muchacho y aclarar el malentendido”; el director del instituto del cual hace parte el programa académico y el director de bienestar universitario dijeron que investigarían. Todos ellos hombres. Al poco tiempo descubrimos que la expulsión del acosador se dio por bajo rendimiento académico y que NUNCA tramitaron nuestras denuncias. En el caso de Univalle específicamente, en ese momento no contaba con una política de género, pero claramente tampoco contaba con una mínima idea de protección y respeto a las víctimas por parte de los docentes directivos, a pesar de que desde 2015 varios centros de investigación venían trabajando en el primer diagnóstico de la problemática de violencias de género en el contexto universitario. Posteriormente, en 2018 empezaron el proceso de formulación de la Política de Género. En el año 2019 se formuló una propuesta de protocolo y ruta de atención a las violencias y discriminaciones basadas en género, y, finalmente, la “Política Institucional de igualdad y equidad de género, identidades y orientaciones sexuales y no discriminación de la Universidad del Valle” fue aprobada en abril de 2022. No obstante, sabemos que no basta, no es suficiente… No basta con tener políticas institucionales aprobadas. Frente a esto, Natalia Barberena, psicóloga, máster en salud pública y experta en intervención en violencias basadas en género, plantea que además de la necesaria capacitación a todo el personal para lograr una atención más empática, esto debe ser asumido con gran compromiso por las universidades, dado que “se encuentran con directores de programas que no creen en las víctimas y muchos tienden a lavarse las manos, y se tiran la pelota unos a otros y los programas de violencia de género terminan siendo para responderle al ministerio, y no para intervenir realmente el trasfondo”. Justamente, en junio de 2023, la Corte Constitucional emitió una serie de recomendaciones destinadas a abordar y prevenir el acoso en las universidades del país. Las cuales surgieron en respuesta a una tutela presentada por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alegando abuso por parte de un docente. La Corte enfatiza en cuatro pilares principales: fortalecer el enfoque de género, reconocer los factores de riesgo de género, proporcionar información clara y establecer un alcance de sanciones. Además, insta a las instituciones educativas a implementar medidas de reacción inmediata, como suspensión provisional y opciones flexibles para los y las estudiantes afectadas. Según un informe presentado en marzo de 2022 por Dejusticia sobre acoso sexual en las universidades, se documentaron 413 denuncias de acoso en 20 universidades, de las cuales 83 se refieren a acoso sexual en 12 universidades, y sólo se han impuesto sanciones en 3 de las 12 instituciones que reportan denuncias de acoso sexual. Además, exponen cómo no existe ningún protocolo para abordar el acoso sexual en 28 de las 44 universidades que revisaron. Uno de los casos más reconocidos en este tema es el de Mónica Godoy, profesora universitaria, que fue despedida en 2017 por respaldar a trabajadoras que sufrían acoso laboral y sexual en la Universidad de Ibagué. Su acción de tutela llevó a una sentencia favorablede la Corte Constitucional (sentencia T-239 de 2018), que ordenó su reintegro y estableció bases para la protección de docentes defensoras de derechos humanos. Este y otros casos influyeron en la emisión de lineamientos por parte del Ministerio de Educación, y a partir de julio de 2022 se estableció de manera obligatoria la implementación de protocolos de atención para la violencia de género y sexual en las Instituciones de Educación Superior. Por cierto, en medio de esta preocupante realidad, esta semana Volcánicas publicó un relato en el que se conoce una nueva denuncia por violencia sexual contra Fabián Sanabria, exdecano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, quien ya ha sido denunciado anteriormente también por violencia sexual. Una vez más se evidencia la persistencia de estas violencias en espacios académicos. Lo más grave es que muchas de estas denuncias se enfrentan con una alarmante complacencia por parte de las instituciones hacia los agresores, y la falta de respuestas contundentes casi que se pueden interpretar como encubrimiento, y generan aún más desconfianza en las pocas medidas implementadas hasta ahora por las universidades. Estas experiencias, cifras y múltiples denuncias públicas en redes sociales sobre el acoso en las universidades, plantean interrogantes sobre la capacidad real de protección a las víctimas. Si bien se han presentado avances, persisten cuestionamientos sobre su efectividad.Aún se revela una brecha significativa entre las denuncias y las acciones concretas tomadas por las instituciones para abordar la violencia de género. ¿Están las universidades dispuestas a asumir seriamente este desafío?