Por: Redacción Pares Olmedo López llegó al gobierno del Cambio por Carlos Andrés Trujillo. Si, el ex director de la UNGRD también bebió de las fuentes del Polo Democrático, cuando trabajó con Clara López, pero su ascendencia en este gobierno es por Trujillo. En el año 2015 el hoy senador conservador era alcalde en Itagui. Pocos podrían tener en todo el país su popularidad. Superior al 90%. Basado en una política de protección de testigos pudo desarticular las bandas que azotaban la ciudad. Al menos así lo cuentan las estadísticas. Según La silla vacía, en su primer año como alcalde, Itagui pasó de tener 314 asesinatos a 190. La reducción fue del 40%. Olmedo en esa administración fue el secretario de ambiente. Públicamente fue un portavoz poderoso de la consigna de Trujillo como alcalde: que los recursos de los impuestos se devolvieran en obras a las comunidades. En algunos municipios del país el progreso se cuenta a partir de paletadas de cemento. Entre todos los funcionarios y congresistas que salpicó Olmedo el nombre de Trujillo no se mencionó. Pero su poder en este gobierno es innegable. Carlos Andrés Trujillo, nacido en el popular barrio itaguiseño de La Independencia, hijo de una familia de deshuesadores de pollo, está en la política desde los 14 años cuando fue elegido secretario de la junta de acción popular de su barrio. Desde entonces, no ha parado y eso que empezó sus aspiraciones a cargos públicos con la quemada al consejo en el año 2000. Diez años después, apoyado en los hombros de la controvertida familia Suárez Mira, llegó a la alcaldía de su municipio. Después se vuelve congresista por el partido conservador. Su creciente poder en este gobierno se lo ganó después de haber logrado lo impensado: convencer a 39 congresistas conservadores de apoyar la carta legislativa de este gobierno. “Carlos Andrés Trujillo ha sido de los más formidables políticos de Antioquia porque ha podido establecer alianzas con políticos en regiones tan lejanas de ese departamento como La Guajira, en su combo está Jaime Lacouture, miembro del Consejo Nacional Electoral y hoy día es el secretario general de la Cámara de Representantes, ese combo, que es el de Atrás del salón,  está señalado dentro de los escándalos del DPS en tiempos de Pierre García”. Las comillas son del coordinador del área de democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Alvarado, quien acaba de dirigir el último informe sobre el manejo del PAE titulado El negocio del hambre en Colombia. En él se ve el poder que tiene Trujillo en el Programa de Alimentación Escolar en Antioquia, especialmente en su municipio, Itagui. En Antioquia este programa se convierte en una suculenta torta por lo cuantiosos de sus recursos. Tan solo en los municipios de Bello, Itagüí y el Distrito de Medellín se gastaron aproximadamente 730 mil millones de pesos entre los años 2020 a 2024. En Itagüí el control ejercido por el senador Trujillo es total. La comunidad se quejó del mal manejo del PAE en ese municipio e incluso en el 2022 el diario El colombiano tituló “La comida del PAE en Itagüí es incomible”. En dicha nota se mencionan diferentes irregularidades en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar de Itagüí (PAE), como demoras en la operación del programa y malas prácticas en la preparación de las raciones en sitio, evidenciando la inconformidad de los estudiantes, padres y docentes. El poder de Trujillo como gran elector se lo ganó también direccionando programas sociales. Según Alvarado: “Se ve que usaban los programas sociales para direccionar a los beneficiados en periodos electorales. Trujillo entendió en la candidatura de Petro que era mejor ser amigo del presidente que enemigo, movilizó votos en su departamento y también en La Guajira y esto le permitió tener una vara alta en la repartija de puestos que dio Petro”. Trujillo ha sabido atesorar poder en este gobierno y esto se vio en el escándalo de los carrotanques de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. En medio de las alianzas que Petro realizó para ampliar el espectro del voto de izquierda, fundamental para ganar las elecciones, el actual presidente pactó con Trujillo. “Hay un contrapunteo entre Efraín Cepeda, el histórico senador conservador, quien será el presidente del senado y Trujillo que es la nueva ola, es una especie de perro callejero que ha sabido ascender en las esferas del poder nacional”. Trujillo saltó a la fama por haber conseguido 15 mil votos en municipios como Uribia “A más de 1.000 kilómetros consiguió los votos en la capital indígena de Colombia, demostrando que no conoce fronteras en términos electorales”. Complementa Alvarado. Si se tiene que describir el populismo en Colombia basta con ver las manifestaciones de Trujillo, pasado por vallenatos y fiestas. A sus recién cumplidos 48 años su estrella en ascenso denota el nuevo y discutible camino que seguirán los conservadores en las próximas décadas. En este informe de la línea de Democracia de Paz y Reconciliación se ve como los clanes tradicionales, incluido el de Itagui, se reparten el Programa de Alimentación Escolar en Colombia. https://www.pares.com.co/post/as%C3%AD-le-roban-los-clanes-pol%C3%ADticos-la-comida-a-los-ni%C3%B1os-m%C3%A1s-pobres-de-colombia

Por: Redacción Pares Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron la United fruit company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca donde nació un premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos. La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no sólo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad su perniciosa influencia se vio no sólo en el país sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa norteamericana en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en el 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización, Carlos Castaño. Recientemente Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda. La noticia pintaba muy buena para las víctimas en Colombia. 16 demandantes habían obligado a pagar a la multinacional bananera 38 millones de dólares. Eso abría una puerta para que cientos de colombianos que habían sido víctima de despojo, desplazamiento y asesinato pudieran cobrar una jugosa tajada de indemnización. Una inyección económica que recibiría uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia. El cálculo que se hizo en el Reporte Coronell del pasado 26 de junio era claro: si las víctimas de Chiquita en Colombia recibieran una indemnización parecida a la que recibieron los 16 demandantes del fallo de West Palm Beach llevarían a la empresa a la bancarrota. Tendrían que pagar 16 mil millones de dólares. Es acá donde aparece la figura del abogado Paul Wolf. Hace unos años este norteamericano logró ser el apoderado de 2.000 demandantes contra Chiquita Brands y les prometió hacerles justicia. Al parecer jugaba doble y se convirtió, según el Reporte Coronell en “el as bajo la manga” de la multinacional bananera. El pasado viernes 21 de junio apareció con un plan para resolver el problema de 2.500 demandas contra Chiquita. Según el abogado Pablo Rueda esto que presentó Wolf no es propiamente un acuerdo, para que sea, debe ser aceptado por las víctimas. En este plan las víctimas deberán aceptar, apenas, cinco millones y medio de pesos por persona asesinada.  Esta plata debe repartirse entre todos los dolientes del fallecido. Para esto realizó una compleja maniobra jurídica. Esto le permite a Chiquita Brands pasar de pagar una multa que sobrepasaría los 4.000 millones de dólares a poco más de tres millones. Esta es una verdadera infamia. Las víctimas podrían apelar pero el argumento que les dará el abogado Wolf es que es mejor aceptar esa plata a seguir esperando una indemnización que se tardaría años en llegar. Esta decisión sólo afectará a las 2.000 personas que le dieron el poder a Wolf para ser representadas. Las otras deberán seguir luchando por la justicia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana y El colombiano Ante la difícil situación en ese departamento, azotado por el EMC, Clan del Golfo y otros grupos armados, al presidente le tocó implementar un plan B. La misión Cauca tiene mucho de social pero también de estrategia contrainsurgencia. El pasado 21 de junio en Popayán, el presidente lanzó ante autoridades locales un plan para recuperar este pedazo de territorio tomado por completo por los violentos. El ejército hará presencia no sólo combatiendo sino construyendo carreteras, haciendo presencia activa. Los ataques constantes a poblaciones e incluso los atentados que se planeaban efectuar en Popayán hacen imperativa la acción del Estado. El principal enemigo de Petro en este lugar es Iván Mordisco. Las EMC controlan buena parte de los corredores por donde se saca la droga tanto a Ecuador como el Pacífico. Petro llamó las acciones del líder del Estado Mayor Central como un hacedor de “crímenes contra la humanidad” y, además, serán los propios soldados los encargados de construir carreteras o cualquier otra de obra vial. “Yo tengo una propuesta: las obras públicas en zona, vamos a llamar las zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos”. Serán los propios militares quienes administren la plata para hacer estas obras ya que, en palabras del presidente, ellos cuidan mejor la plata que los mismos políticos. Para algunos esto no es más que la aceptación por parte del presidente de que en el Cauca hay que pasar de los discursos de paz a los hechos, a las acciones militares. Para La Silla Vacía, por ejemplo, esta, la Misión Cauca, no es otra cosa que una reedición del Plan de Consolidación Integral de la Macarena. Con la finalización de la zona de distención en el año 2002, después de los intentos frustrados del gobierno Pastrana por llegar a un acuerdo de paz con las FARC, La Macarena pasó a ser un territorio completamente controlado por las FARC. El gobierno de Uribe pretendía cesar la influencia de este grupo guerrillero. La Macarena sufrió por esos años el desplazamiento de 3.900 personas. Lo que hizo Uribe fue estudiar entre el 2002 y 2007 como podía permear el duro Bloque Oriental de las FARC, ya que ahí tenía su nido. No sólo sería un ataque militar sino que venía acompañado de transformaciones sociales. Era una aceptación de que, ante la ausencia de Estado, las FARC habían creado una base social y a esta había que apoyarla. Dicen expertos que la Misión Cauca, en su proyecto, se parece mucho al Plan de Consolidación Integral de la Macarena creada por Petro. En su columna Petro encerrado en el laberinto de la seguridad, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, quisiera que estas misiones se extendieran a otras zonas en donde este momento los grupos armados imperan, como Catatumbo, Urabá o Caquetá, pero hace una advertencia: “Pero para eso se necesita primero entender que hoy no tenemos herramientas administrativas o diseños institucionales con los que podamos tener intervenciones coordinadas y de largo plazo, y no una serie de proyectitos y programitas – perdón por los diminutivos, pero es que en realidad son inanes – que sirven para contestar oficios y no para producir resultados. Necesitamos vehículos y mecanismos con los cuales el Estado pueda competir económica, política y militarmente con el crimen organizado y hacerlo a largo plazo. No nos sirve de nada abandonar en dos años lo que se ha podido avanzar”. La Misión Cauca es una especie de plan B del Gobierno ante una verdad de a puño: el diálogo y los acuerdos con los grupos que ponen en jaque la seguridad de estas regiones, está andando mucho más lento de lo esperado.

Por: Katherine Erazo En un paso significativo hacia la equidad y la justicia social, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha entregado oficialmente 60,720 hectáreas de tierra a comunidades negras, indígenas y campesinas en el departamento del Cauca. Este evento marca un hito en la implementación de la Reforma Agraria en Colombia, beneficiando a un total de 5,152 familias, compuestas por 7,039 mujeres y 7,222 hombres. La titulación de tierras abarcó una variedad de modalidades legales destinadas a diferentes grupos étnicos y poblaciones rurales. Entre ellas se incluyen nueve títulos de constitución y ampliación de resguardos indígenas, un título colectivo para comunidades negras, seis títulos en común y proindiviso para comunidades campesinas, así como 41 títulos individuales para campesinos y diez actas provisionales para comunidades indígenas. Entre los beneficiarios se encuentran comunidades indígenas como los Ingas de San José y los Yanaconas Descanse, así como los consejos comunitarios como 'La Meseta Cuenca del Río Maripolito' en el municipio de Suárez. Además, numerosos campesinos de localidades como La Vega, Patía, Rosas, Timbío y Popayán recibieron títulos individuales, mientras que actas de provisionalidad fueron otorgadas a resguardos indígenas de Puracé, Jambaló, El Peñon, Muse Ukwe, Totoró y Kiskó. Felipe Harman, director de la ANT, destacó la importancia de estas entregas como un medio para mitigar los conflictos asociados a la tenencia de la tierra en Colombia. "La única alternativa para defender los cambios asociados a la tierra, que son los que han generado la guerra, el despojo y los circuitos asociados a la violencia en este país, es la unidad", afirmó Harman durante la ceremonia de entrega. César Díaz, vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), resaltó la importancia de estas tierras para las comunidades campesinas, subrayando que "es un paso importante en el reconocimiento del campesinado y el acceso a la tierra como derecho". Además, hizo un llamado a las comunidades y pueblos rurales para unirse en la protección del territorio y promover una propuesta de interculturalidad que fortalezca los lazos comunitarios. Estas iniciativas son parte integral de los esfuerzos continuos por implementar los Acuerdos de Paz en Colombia, particularmente en el ámbito de la restitución de tierras. La Ley 1448 del 10 de junio de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece el marco legal para la devolución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la implementación de esta ley enfrenta desafíos significativos, incluyendo procesos judiciales complejos que a menudo dilatan la entrega efectiva de tierras. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) juega un papel crucial en este proceso, facilitando la resolución de solicitudes y el litigio de casos ante los tribunales especializados. En respuesta a críticas recientes sobre la comparativa de gestión entre diferentes administraciones, como la realizada por el presidente Gustavo Petro, la URT ha destacado que los procesos de restitución de tierras no dependen exclusivamente del poder ejecutivo. Durante los primeros meses de la administración actual, se han resuelto un número significativo de solicitudes.Principio del formulario. Además de las titulaciones recientes en el Cauca, la ANT reportó que más de 1,700,000 hectáreas fueron aportadas al Fondo de Tierras durante el cuatrienio anterior. Este fondo juega un papel crucial en la redistribución de tierras y se espera que continúe expandiéndose hasta alcanzar la meta de tres millones de hectáreas para el año 2028. En conclusión, la entrega de tierras en el Cauca representa un avance tangible hacia la reconciliación y la justicia social en Colombia. A medida que estas comunidades acceden a la tierra y fortalecen sus lazos territoriales, se sientan las bases para un futuro más equitativo y sostenible en las zonas rurales del país.

Por: Laura Bonilla No sé si soy solo yo, pero tengo la percepción de que el debate público sobre temas fundamentales, lejos de ser una sana y democrática confrontación entre opuestos, de la cual – en teoría – deberían surgir las mejores soluciones posibles, está sumido en una profunda estupidez. Hay muchos temas que pueden servir de ejemplo, pero me voy a centrar en el más evidente para mí, quizás porque es mi sector: la paz y la seguridad. La estupidez radica en que cualquier debate posible solo termina en una cosa: se está o no se está con el presidente. Se apoya o se rechaza. En caso de ser de alguno de los sectores que apoyan, nada se critica. Si se es partidario del rechazo, es imposible reconocer algo. Esto no es nuevo. Durante muchos años, la seguridad en Colombia fue meramente parte del discurso de políticos identificados como de derecha, siempre del lado del combate frontal – pero solo de forma discursiva – mientras desde los sectores de izquierda se reclamaba la violación de los Derechos Humanos y el abuso de la fuerza, y se demandaban intervenciones o programas sociales que redujeran las condiciones que favorecen la delincuencia o la violencia. Cuando la izquierda llegó al poder en varios países de América Latina, esa división se desmoronó. La seguridad es un bien público y cualquier intención de mejorar la vida de la gente, sus condiciones económicas vitales, el buen vivir, el desarrollo humano, o cualquiera de los conceptos asociados a la calidad de vida, pasa por que la gente pueda hacer su vida tranquila y segura. Y claro, la fuerza legítima del Estado es vital para ello, como también lo es que esta tenga límites claros, pleno respeto por la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. En Colombia, donde la alternancia llegó tardíamente, llegamos con prejuicios a este debate, con un adicional: nosotros, además de los retos más comunes para la seguridad como el crimen organizado o la delincuencia, tenemos que resolver décadas de conflictos armados violentos. En vez de analizar la evidencia para tomar decisiones informadas y saber qué sirve y qué no sirve a la hora de dar seguridad y tranquilidad a las regiones que más sufren por las acciones violentas, nos enfocamos en una nueva dicotomía, a mi juicio tonta: o paz o seguridad. O mano dura o “presencia integral del Estado”, que es otra de nuestras invenciones, más bien vagas, donde uno no sabe exactamente a qué se refiere. Para salir de este entuerto, en primer lugar, necesitamos llenar de contenido el debate y sacarlo de peleas vagas e identitarias. Por ejemplo, lo más importante de la Misión Cauca que anunció el gobierno es que efectivamente se implemente. Y ojalá también se tenga Misión Catatumbo, Misión Urabá o Misión Caquetá. Pero para eso se necesita primero entender que hoy no tenemos herramientas administrativas o diseños institucionales con los que podamos tener intervenciones coordinadas y de largo plazo, y no una serie de proyectitos y programitas – perdón por los diminutivos, pero es que en realidad son inanes – que sirven para contestar oficios y no para producir resultados. Necesitamos vehículos y mecanismos con los cuales el Estado pueda competir económica, política y militarmente con el crimen organizado y hacerlo a largo plazo. No nos sirve de nada abandonar en dos años lo que se ha podido avanzar. Pero eso también nos lleva a que es necesario producir las condiciones para ese avance, y en eso hay que mantener abierta la puerta de la paz, de la negociación o del sometimiento. De una forma mucho más ordenada y estratégica de lo que se está haciendo, es verdad, pero también con incentivos atractivos a favor de la legalidad y la paz, lo que pasa por recuperar la confianza en que el Estado puede cumplir. Y en cumplimiento, Colombia lo ha hecho fatal desde el tratado de Wisconsin en 1902. Como he sostenido a muchos de mis colegas analistas: la paz no produjo el incremento de la violencia, pero la idea de que la mera negociación pacífica tampoco es verdad. Los grupos hoy no son las guerrillas de antaño, no quieren la misma oferta, ni tampoco el país es el mismo que en los noventa. Todo esto para decir dos cosas en la coyuntura de hoy: me preocupa profundamente que la negociación que celebro se haya abierto con la Segunda Marquetalia termine empaquetando un cese al fuego y entorpezca los potenciales avances de la Misión Cauca u otros esfuerzos para avanzar en la recuperación del control territorial. Al mismo tiempo creo que el gobierno debe ser más honesto y reconocer que no se tienen instrumentos eficaces y eficientes para cumplir con la idea de "se va acordando y se va cumpliendo". No está funcionando. Hoy, hasta un programa de transferencias como Jóvenes en Paz tiene serios problemas de ejecución. Y lo que puede ocurrir es que se siga alimentando la frustración, ya no solo de los propios grupos armados, sino de las comunidades que decimos proteger. PD. En el mes de julio lanzaremos nuestro informe de paz total, donde trataremos de dar información balanceada y proveer evidencia para salir de esta dicotomía tan tóxica entre paz y seguridad.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Noticas RCN Durante la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la Segunda Marquetalia realizada en Caracas, el jefe de la delegación colombiana, Otty Patiño, lamentó la muerte de miembros de la Segunda Marquetalia en Nariño. Hizo énfasis en uno de ellos, Hermes Guerrero. Sobre este hecho se refirió de la siguiente forma: “Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer, acontecimientos que no pueden llamarse incidentes porque es volverlos leves e insignificantes. Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia”. Al alto comisionado de paz esto le trajo críticas muy fuertes del sector de la oposición. Hermes murió este domingo 23 de junio después de un enfrentamiento con miembros de la Fuerza Pública. Alias Hermes, como se le conocía, era el cuarto cabecilla del Bloque Alfonso Cano de las disidencias FARC. En esos hechos fue capturado un menor de edad que portaba un fusil y fueron heridos otros tres guerrilleros que se dieron a la fuga. “Hermes” tenía 50 años de edad, perteneció al frente 29 de las FARC durante ocho años. Creyó en algún momento en el proceso de paz que supo llevar a buen término el entonces presidente Juan Manuel Santos. Entregó sus armas y se integró a la zona veredal transitorial de Normalización de Betania. Según se conoció Hermes nunca dejó de delinquir y se le buscaba por varios delitos. En el 2019 tanto Jesús Santrich, como alias “El Paisa” “Romaña” “Walter” y el propio Iván Márquez abjuraron de los acuerdos de paz alegando que estos habían sido incumplidos y regresaron a la lucha armada. El 29 de agosto del 2019 en un video Iván Márquez, acompañado por Jesús Santrich, le contaba a través de un video al país que regresaban a la lucha armada. Poco a poco los líderes de la Segunda Marquetalia fueron siendo mermados. “El paisa” y “Romaña” quienes también firmaron el acuerdo de paz e incluso alcanzaron a liderar proyectos productivos. Pronto el desencanto y una supuesta persecución por parte del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, los hicieron regresar a las viejas consignas. Santrich fue asesinado en mayo del 2021. Por esa época Iván Márquez sufrió un atentado del que se había especulado sobre las secuelas que dejara en su aspecto físico. Por lo visto en Caracas el ex guerrillero se encuentra relativamente bien. La mesa de negociación con la Segunda Marquetalia forma parte del interés de este gobierno de hacer la Paz Total con los grupos armados que azotan al país. Los garantes en esta mesa de negociación son los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega, además del representante especial del Secretario General de Naciones Unidas Carlos Ruiz Massieu. En una comunicación expresaron su “satisfacción por el inicio de la mesa”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: The New York Times Este 24 de junio la sala de amnistía o indulto de la JEP le otorgó el indulto al ex comandante de las FARC Ricardo Palmera, conocido por su alias Simón Trinidad. El hecho por el que se le indulta fue la masacre de Bojayá por haber ocurrido antes de los acuerdos de paz firmados en noviembre del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Bojayá resumió el horror de la guerra. Fue el 2 de mayo del 2002. Los Bloques José María Córdoba de las Farc y los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se entrelazaron en un combate en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y de Bojayá. La batalla había empezado dos semanas antes, el 20 de abril.  Ante el traqueteo de las metralletas, la población se escondió en la iglesia municipal. Eran más de 300 personas. Nadie dio la orden de esconderse allí. Fueron porque, como atestiguaron varios sobrevivientes “era la casa de Dios”, así que nada malo podría pasar si estaban amparados allí. Detrás de la iglesia se apostaron los paras. Las FARC no repararon en nada. Lanzaron una pipeta llena de metralla que erró en el cálculo, rompió el techo de la iglesia y cayó sobre el altar mayor. El saldo no pudo ser más devastador: la explosión mató en el acto a 79 personas. Según el portal Rutas del Conflicto 48 de ellas eran menores de edad. 13 personas morirían después de permanecer convalecientes y seis morirían de cáncer por los efectos causados por la explosión años después. El periodista Jesús Abad Colorado fue el primero que entró a ver el horror. Aún no se repone de lo que vio. Nadie lo haría. La iglesia, destruida, mostraba los pedazos de cuerpos. Lo que permanecía casi intacto fue el torso y el rostro del cristo de yeso que adornaba la nave central. Desde entonces este se transformó en uno de los símbolos de la tragedia. Cuando vino el papa Francisco en el 2017 a su visita en Colombia respaldando los diálogos de paz se refirió a este cristo e incluso hizo una homilía delante de él en el parque de las Malocas en Villavicencio. Lo de Bojayá fue una historia más que se pudo evitar si se hubieran tomado en cuenta las alertas tempranas que se habían hecho a la Defensoría del Pueblo. Desde 1997 la comunidad reportaba presencia del Bloque José María Córdoba de las FARC. Con el auge del paramilitarismo los enfrentamientos eran cada vez más constantes. Incluso en el 2015 el Estado colombiano fue condenado por omisión en los hechos que provocaron la masacre. Ese mismo año, en octubre, fue capturado Jairo Alirio Puerta Peña, uno de los cabecillas de esta acción. El 30 de septiembre del 2016, dos meses antes de que se firmara la paz en el teatro Colón de Bogotá, Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón por la masacre de Bojayá en el territorio mismo. El evento se realizó en una iglesia de la vereda La Loma y frente al Cristo mutilado se agachó la cabeza ante la infamia. Además de las muertes Bojayá produjo el desplazamiento de 5.771 personas que fueron a parar en su momento a Quibdó. Varias reacciones han traído la decisión de la JEP con respecto a Simón Trinidad quien, a sus 73 años, paga una pena de sesenta años por el secuestro de tres estadounidenses en el año 2002. Esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz no traería cambios para las condiciones de reclusión de este hombre en un futuro próximo.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: RFI y Ara Balears Durante el gobierno de Rafael Correa Ecuador hizo honor a su viejo pasado, ayudar al que está acorralado. En el 2012, cuando todas las puertas se habían cerrado para Julian Assange, la única que se abrió fue la de la embajada de Ecuador en Londres. Fue una lección de dignidad. Los que conocían a Assange lo describían como una persona “intensa, motivada y muy inteligente, con una capacidad excepcional para descifrar códigos informáticos”. El australiano Assange fue el creador en el año 2006 de Wikileaks, una web creada para revelar los excesos de Estados Unidos en territorios ocupados en Irak o Afganistán. En abril de ese año se hizo viral un video en donde se veía como 16 civiles eran asesinados a ráfagas de metralletas desde un helicóptero en Irak. Desde entonces se convirtió en una especie de traidor de los Estados Unidos. Esta situación se agravaría aún más para él cuando publicó material clasificado del ejército de ese país en las zonas que ocupaba. Ese año apareció una orden de extradición desde Suecia contra Assange por delitos relacionados con el acoso sexual. Durante dos años permaneció en una casa rural en las afueras de Londres. En el 2012 se hace efectiva la orden de extradición e inmediatamente él se dirige hasta las puertas de la embajada de Ecuador. Allí estuvo durante siete años. Fueron varios los informes que se hicieron sobre su claustrofóbica situación. Assange vivía en un espacio muy pequeño, si se asomaba a la ventana una nube de periodistas lo esperaban. En el año 2017 quien fuera el vicepresidente de Correa, el presidente que le dio el asilo al creador de Wikileaks, ganó las elecciones en ese país. Lenin dio un viraje a la derecha. Una vez se instaló en su palacio presidencial empezó a lanzar serias acusaciones contra Assange. Afirmaba que el periodista había venido haciendo labores de “espionaje” desde la embajada. Dos años duró el acoso constante de Moreno hasta que en el 2019 le dio vía libre a la policía inglesa para que desalojara de la embajada al periodista. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Este hecho se dio dos semanas después de que Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, visitó Quito en donde se reunió con Lenin y tocaron el tema. Assange fue trasladado a una cárcel en Londres y se aseguró desde el gobierno ecuatoriano que no se haría una extradición a los Estados Unidos. Allí lo esperaban penas durísimas ya que era considerado un traidor a la patria. Incluso la esposa de Julian Assange habló de que existió un plan para asesinar dentro de la misma embajada al periodista por parte del gobierno Trump. Lo único cierto es que Lenin Moreno quedó como el gran traidor de la libertad de prensa. Durante cinco años los Estados Unidos pidieron en extradición a Assange. Todos los esfuerzos fueron en vano. Este 24 de junio sorprendió la noticia de que el periodista logró un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para no ser extraditado a los Estados Unidos. El acuerdo consiste en lo siguiente: salir de Inglaterra y viajar hasta una corte en las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico en donde firmará un papel donde se compromete a pagar 62 meses de cárcel. Ya esta pena está más que pagada por el tiempo que permaneció privado de la libertad. En las próximas horas Assange regresará a Australia, su país de origen, donde estará hasta el fin de sus días.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Colombiano En un evento de gran trascendencia para la paz en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro y el grupo disidente de las FARC, conocido como la Segunda Marquetalia, han dado inicio formal a un nuevo ciclo de diálogos de paz en la capital venezolana. Este evento marca el tercer intento del Gobierno colombiano por alcanzar un acuerdo con los grupos armados en el marco de la política de "Paz Total" promovida por Petro. La instalación de la mesa de diálogo fue anunciada en un comunicado conjunto, en el cual ambas partes destacaron que las negociaciones se llevarán a cabo del 25 al 29 de junio. Los principales objetivos de esta fase incluyen la definición de protocolos de negociación y el establecimiento de medidas para desescalar el conflicto, además de la preparación de los territorios para la paz. Este primer ciclo de diálogos abordará temas específicos de la Agenda de Diálogos de Paz. Durante el evento, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso con el proceso de paz, haciendo un llamado a la participación constructiva de toda la nación. Resaltaron la importancia de la cohesión y la voluntad mutua para alcanzar una solución política al conflicto, subrayando la necesidad de evitar acciones que puedan minar la confianza entre las partes. Expresaron también su pesar por la reciente pérdida del comandante insurgente Hermes Guerrero y se comprometieron a garantizar la seguridad de todos los participantes y las comunidades involucradas. La delegación del gobierno colombiano está encabezada por Armando Novoa García, jefe de la delegación; acompañado por Gloria Arias Nieto; Parmenio Cuellar Bastidas; María Camila Moreno Múnera; Coronel Jaime Joaquín Ariza Girón; Tulio Alberto Gómez Giraldo y Gabriel Bustamante Peña. Por su parte, la Segunda Marquetalia está representada por el comandante Walter Mendoza, jefe de la delegación; Jurleny Guerrero; Andrés Allende; Andrés Rojas; Jairo Marín y Andrés Guerrero. El profesor Francisco Javier Toloza actúa como vocero civil. Los países garantes de este proceso son Cuba, Noruega y Venezuela, con el acompañamiento de la ONU. Estos actores internacionales han manifestado su apoyo a esta iniciativa de paz, considerándola un paso crucial para la estabilidad en la región. Iván Márquez, uno de los líderes más prominentes de la Segunda Marquetalia, aunque no acreditado formalmente como negociador, estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogo. Márquez evocó la histórica batalla de Carabobo y la unión de los pueblos de Colombia y Venezuela bajo el liderazgo de Simón Bolívar. En su intervención, Márquez declaró: "Permítanme iniciar esta conversación aludiendo a la efeméride del 24 de junio de 1821, en la que el ejército liberador comandado por el general Simón Bolívar puso fin a más de 300 años de opresión colonial al derrotar en el campo de Carabobo a las tropas realistas españolas". Citó a Bolívar diciendo: "Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia". Márquez continuó su discurso recordando la valentía del ejército libertador a pesar de ser superados en número y rindió homenaje a los combatientes caídos, subrayando que Colombia y Venezuela son naciones hermanas nacidas del sueño de Bolívar. Enfatizó la disposición de la Segunda Marquetalia para participar en un proceso de paz que incluya cambios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales necesarios para el país. "Nos encontramos en unas circunstancias en que se puede definir la trayectoria presente y futura del orden social, así como las condiciones de vida y existencia de esta y de las próximas generaciones", afirmó. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el éxito de este diálogo depende de la voluntad de las partes involucradas. En este sentido, el Gobierno Nacional, junto con Otty Patiño, lamentó la muerte de Hermes Guerrero, comandante de la Segunda Marquetalia en el territorio nariñense. Marín también se refirió a las apreciaciones de Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, quien hizo un llamado a la voluntad de paz y expresó la necesidad de evitar situaciones como la de Hermes Guerrero en el futuro. Mendoza mencionó el entrampamiento sufrido por Santrich durante el gobierno anterior, lo que llevó al rearme de la estructura. En cuanto a Iván Márquez, la investigadora destacó que esta fue la primera aparición pública de Márquez tras el atentado que sufrió en 2022. En estas declaraciones que realizó Iván Márquez destacó la necesidad de una salida negociada en el marco de los Acuerdos de Paz, enfatizando su trasfondo ideológico. Marín notó las secuelas físicas que Márquez aún muestra debido al atentado. La investigadora mencionó la presencia del canciller de Venezuela y del comisionado para la paz, Otty Patiño, quienes resaltaron la importancia de las zonas fronterizas de paz y que es esencial generar un nuevo régimen fronterizo que permita la interlocución entre organizaciones sociales y la institucionalidad de Colombia y Venezuela, además de llamar a los actores armados en la frontera a participar en el proceso de paz. Cabe destacar que el presidente Gustavo Petro, quien ha estado promoviendo el diálogo con diversos grupos armados, considera que estas negociaciones son esenciales para poner fin a más de seis décadas de conflicto en Colombia. Cabe resaltar que Petro ya ha iniciado conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), otras facciones disidentes de las FARC, en un esfuerzo por consolidar la paz en el país. Durante este primer ciclo de negociaciones, se espera que las partes trabajen en el desescalamiento del conflicto, la preparación de los territorios para la paz, el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de condiciones para la convivencia pacífica. También se discutirá la posible integración política de los militantes de la Segunda Marquetalia en el Congreso de la República. El comunicado finalizó con ambas delegaciones reafirmando su compromiso con el nuevo acuerdo de paz e invitando a la comunidad a tener una participación activa en el proceso. "El éxito de la paz y los diálogos que se inician exigen cohesión de las partes en la salida política", leyeron. Subrayaron que se abstendrán de acciones que traicionen la confianza en el proceso y lamentaron el asesinato de uno de los jefes de la disidencia, comprometiéndose a garantizar la vida de quienes participen en la negociación. Por otro lado, la investigadora de Pares, Paola Marín destacó el llamado que hizo Otty Patiño sobre la urgencia de priorizar la paz territorial, subrayando la presencia del gobernador de Nariño, quien reconoció una crisis nacional que requiere una paz consolidada en los territorios. La presencia del gobernador es crucial debido a la manifestación de voluntad de paz en Nariño, donde Andrés Allende y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico juegan un papel importante en el diálogo territorial. Marín mencionó que este proceso también involucra al Frente Comuneros del Sur, anteriormente parte del ELN. Cabe señalar que como se mencionó en la declaración conjunta, no habrá un cese al fuego inmediato, sino que el primer punto de la agenda será el desescalamiento del conflicto. Esta estrategia está alineada con otros frentes de negociación del Gobierno. La investigadora, Paola Marín resaltó la importancia de la agilidad en este proceso de negociación, especialmente debido a las circunstancias legales y constitucionales que requieren una pronta resolución. Finalmente, Marín señaló que la Segunda Marquetalia llega debilitada a esta mesa de negociación, lo cual podría ser ventajoso para el gobierno. Este debilitamiento se debe a varias razones. En primer lugar, en 2022, varios de sus cabecillas, incluyendo a Santrich, Romaña y El Paisa, fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas, pero se presume que fue en combates en la frontera colombo-venezolana. Esta pérdida de importantes líderes ha debilitado su estructura y ha provocado un repliegue, especialmente en las zonas de Nariño y Putumayo. En segundo lugar, las dinámicas de confrontación al interior del territorio han forzado a la Segunda Marquetalia a reducir su presencia, llevándola a buscar alianzas con otras estructuras como el ELN en Nariño y Putumayo. Es conocido que los Comandos de Frontera están articulados con reductos de crimen organizado en estas áreas. Por lo tanto, la investigadora resaltó que es esencial que estructuras como los Comandos de Frontera, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y la Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia generen una coordinación efectiva en el proceso de paz, resolviendo cualquier duda sobre la existencia de una figura coordinada en el espacio de diálogo.

Por: Redacción Pares Resulta paradójico que uno de los primeros personajes en reaccionar por las supuestas chuzadas a magistrados por parte de este gobierno haya sido Álvaro Uribe Vélez. Un indignado expresidente se refirió a la investigación que publicó la revista Semana y se mostró muy preocupado por lo que podría estar sucediendo. “Ahora recuerdo, cuando dijeron que Uribe estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema, y quiero decirles que eso nunca, porque yo he sido un combatiente de frente”. Entre los innumerables escándalos que protagonizó el gobierno de Uribe el de las Chuzadas es un capítulo importante. Periodistas como Julián Martínez descubrieron y comprobaron un entramado en donde se espiaron a los siguientes estamentos de la sociedad: Altas Cortes, periodistas independientes, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. El cerebro de ese entramado era uno de los favoritos del ex presidente, Jorge Noguera, cabeza máxima del DAS. Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia pero sólo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002 siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario -tenía 39 años en ese momento- como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que en ese momento tenía 7.000 funcionarios a su cargo. Noguera le calzó como un guante al poderoso presidente. En el año 2004 entró a hacer un revolcón en ese organismo y lo ajustó de acuerdo al llamado estatuto antiterrorista con el que Uribe pensaba descabezar a las FARC. Una de las determinaciones que asumió Noguera fue nombrar a José Miguel Narvaez como subdirector del DAS, cargo en el que duró sólo cinco meses. Durante una década -como lo comprobaría la justicia años después- entre 1995 y 2005 Narváez llevaba una doble vida. Era un académico distinguido, un padre de familia respetable, con una fuerte afinidad con el ejército y con algunos industriales. También era un impulsor de políticas de seguridad tan cuestionables como las CONVIVIR de Antioquia. Además está documentado que visitaba a comandantes paramilitares como Carlos Castaño en sus fincas en Córdoba y le llevaba listas de posibles aliados de la guerrilla. Uno de esos nombres al que él aconsejó matar fue a Jaime Garzón. La orden de asesinar al comediante le terminó pesando en la consciencia a uno de los creadores de las AUC. Pronto esa relación de Narváez con los paracos terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. El acucioso periodista Julián Martínez explicó en su momento cómo Noguera instigó la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis en el 2004. La caída del director del DAS empezó con la incautación del computador de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Se llamaba Edgar Ignacio Fierro. Entre los años 2003 y 2004 comandó el frente José Pablo Diaz. Fierro conocía esa parte de la Costa porque había estado allí cuando fue teniente del ejército. Fierro conoció a Jorge 40 cuando él empezaba a ser conocido como un comandante paramilitar de los duros. Por él llega a las AUC. Se especializaron en el Atlántico, a matar y a extorsionar. Según Verdad Abierta  “las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos”. El CTI lo capturó en un conjunto residencial cerca al aeropuerto de Santa Marta llamado Villa Canaria. Recién, cinco días atrás, se acababa de desmovilizar. Incluso cuando lo agarraron creyeron que con la versión libre que había dado se había salvado. Los crímenes que había cometido habían sonado como la caída de una caja de hierro, el asesinato de Andreis, del expresidente del sindicato de Tele Caribe Adán Pacheco, del defensor de derechos humanos Pedro Orozco, hasta el líder de los desplazados en Atlántico Miguel Espinosa Rangel. Todos los crímenes de Don Antonio, todos los políticos que habían comprado las AUC en el Caribe, todo reposaba en su computador personal. En él había una carpeta que se llamaba “Amigos del DAS”. El nombre era una ironía: eran 116 personas con diversas profesiones y actividades que tenían una cosa en común, combatir ideológicamente a los paramilitares. Uno de ellos era Correa de Andreis, un profesor con una experiencia de 23 años cuyo único delito había sido ayudar a las poblaciones desplazadas de Atlántico y Bolívar. Ese apoyo a los que no tenían nada le valió ser acusado como ideólogo del frente 59 de las FARC, calumnia por la que pagó cárcel. Jamás tuvo tiempo para militar en guerrilla alguna. De Andreis estudió ingeniería agrónoma y sociología- Estudió una maestría en Francia y uno de sus amigos, el columnista Alvaro Camacho, lo describió de este manera: “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”. Lo terminó condenando sus estudios sobre el desplazamiento forzado en el Magdalena. El viernes 17 de septiembre del 2004, mientras caminaba por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla, dos sicarios lo mataron. “Ey loco, no dispare”. Alcanzó a decir. Pero la orden estaba dada. Y la orden había provenido de Jorge Noguera como determinaría la justicia en el 2011. A este crimen se le sumaba a uno de los consentidos de Uribe los señalamientos del ex jefe de sistemas del DAS, Rafael García, quien afirmó que, mientras Noguera era su jefe, le ordenó borrar antecedentes de personas que le debían a la justicia. Muchos de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, mejor conocido como Jorge 40. Además, fue el hombre detrás de las famosas chuzadas del DAS, crimen por el que también pagó María del Pilar Hurtado Noguera saldría del DAS por la puerta grande. Fue nombrado por Uribe como cónsul en Milán, Italia. No duraría mucho tiempo en el cargo. El 8 de mayo del 2006 renunció a su cargo. El Fiscal Mario Iguarán incluso había viajado a Italia para escuchar su versión sobre los señalamientos que tenía encima por su colaboración con los paramilitares. Lo capturaron en el 2009 y en el 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto. Además se determinó que había sido el hombre que dio la orden contra Correa de Andreis. Incluso le había ordenado a un funcionario del DAS a que siguiera durante todo un año al profesor, haciéndole tomar fotos y tener toda su rutina en una carpeta para saber cuando accionar. En el 2017 la Corte lo condenó a 7 años de cárcel por el escándalo de las Chuzadas, el nombre con el que se conoció la red de espionaje que se descubrió durante el segundo mandato de Uribe y que iba dirigida contra periodistas, políticos de oposición y otros personajes de la vida pública. Desde octubre del 2020, en plena pandemia, Jorge Noguera goza de libertad condicional. Entre el 2010 y el 2015 fueron condenadas 20 personas por haber interceptado a cerca de 68 personas. Entre los condenados está María del Pilar Hurtado quien fue directora del DAS, fue sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad y concierto para delinquir. Otro de los cercanos a Uribe que cayó en esto fue Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, entre otros. Así que, la indignación mostrada por el ex presidente, revela muy poca memoria de su parte.

Por: Lizeth Paola Serrato Contreras Como sociedad relacionamos el discurso de la Transición Energética y la implementación de las energías renovables a la actualidad, un boom internacional que nos lleva a reflexionar acerca del cuidado del medio ambiente y el cambio climático. A partir de la necesidad de tomar acción y generar un impacto positivo en nuestra casa común nacen, en los últimos años, conceptos como: la sostenibilidad y las comunidades energéticas, pero ¿son nuevos los conceptos o son nuevas las acciones por parte de la comunidad? En algunos rincones de nuestro país el uso de las energías renovables y la consolidación de las comunidades energéticas no son una novedad, por el contrario, son escenarios que vienen desde mil novecientos tanto, pero ¿a quién nos referimos? Palmor de la Sierra es un corregimiento del municipio de Ciénaga, Magdalena, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y caracterizado, principalmente, por ser un pueblo fundado por la mezcla de muchas culturas campesinas del interior de Colombia; su actividad económica radica en la siembra del café y el cultivo de alimentos como la yuca, el tomate, la mora, entre otros; además, en los últimos años, le ha apuntado a las estrategias del ecoturismo para hacer uso de su más importante distinción: ser capital de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, en Palmor no todo ha sido “color verde”, infortunadamente, al igual que muchas otras zonas de la región, fue golpeado fuertemente por la violencia y el conflicto armado al punto de ser declarado zona roja, historia que se dio bajo las sombras, porque, agregado a este escenario, también carecían de luz eléctrica, situación que los llevó a tomar acción por su propia cuenta y buscar soluciones sin la ayuda de las autoridades estatales, y en dicha búsqueda encuentran una alternativa que les daría, figurativamente, una luz de esperanza. Además de ser un espacio conectado con la naturaleza, Palmor es un corregimiento conectado con las energías renovables, ya que, es el primero en Colombia en generar su propia electricidad. Desde 1991 el principal referente de los habitantes de Palmor es la pequeña central hidroeléctrica que permite abastecer al pueblo y a las fincas de las veredas que componen al corregimiento, sin embargo, hay que remontarse a 1989 cuando los palmoreños se dirigen, en busca de ayuda y respaldo financiero, al Programa Especial de Energía de la Costa Atlántica, institución creada por el gobierno alemán para apoyar a las poblaciones a generar energía por medio de plantas eléctricas de energías no convencionales. La obra tardó dos años en construcción y fue inaugurada, oficialmente, el 2 de febrero de 1991, aunque los habitantes aseguran que el fluido eléctrico llegó en septiembre de 1990. El proyecto inició sus funciones llevando la energía a 105 beneficiarios en el corregimiento y zonas aledañas, tiempo después aumentó su capacidad a 420 suscriptores gracias a las inversiones que se fueron gestionando desde la junta de acción comunal. Más tarde el proyecto entraría en una fase de ampliación financiada por Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas -IPSE- Y la Oficina en Colombia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- inversión que garantizaría la energía eléctrica en Palmor las 24 horas del día y mejoraría en gran medida la calidad del servicio, dicha acción estaría avaluada alrededor de los $2500 millones de pesos. Un dato importante de este suceso es que a raíz de la llegada de la electricidad a Palmor, los habitantes empezaron a gozar del uso de electrodomésticos y otros artefactos que requieren energía para funcionar, novedad que generó una sobre carga en el servicio, déficit en el acceso, inestabilidad en la energía e incluso el racionamiento de la misma. En 2018 el corregimiento logró aumentar su número a 500 beneficiarios y desde la fecha no se han registrado nuevas modificaciones a la capacidad y al número de suscriptores. Es importante señalar que la central hidroeléctrica de Palmor no surge como proyecto en alianza con IPSE y USAID, sino que estas instituciones llegan más tarde con ideas de invertir en un proyecto ya existente y en funcionamiento. La Asociación de Usuarios de Energía de Palmor de la Sierra ELECTROPALMOR es la empresa de energía del corregimiento, creada aproximadamente hace 30 años, encargada de generar electricidad al centro poblado y a veredas cercanas. Actualmente es una de las tres empresas de zonas no interconectadas de Colombia cuyo sistema generador de energía eléctrica funciona como modelo para ser replicado en otras regiones del país, sin embargo, antes de extender su modelo a nivel nacional, el corregimiento de Palmor busca seguir explorando nuevas fuentes de energías que contribuyan a la interconexión de las poblaciones y, a su vez,  convertirse en la empresa de servicio de energía de la Sierra, permitiendo que el acceso a la electricidad sea cada vez más amplio en la imponente Nevada. Bibliografía: -  https://www.opinioncaribe.com/2016/10/19/palmor-pueblo-produce-energia-limpia/ -https://www.elespectador.com/ambiente/el-pueblo-que-genera-su-propia-luz-article-447279/ -https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/82-cienaga/79629-mejoraran-redes-y-central-hidroelectrica-en-palmor -https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/82-cienaga/174980-electropalmor-escogida-como-modelo-de-empresa-generadora-de-energia -  https://www.facebook.com/reel/430835333106653

Por: John correa Foto tomada de: El Espectador La central hidroeléctrica de El Quimbo, ubicada en el departamento de Huila, representa uno de los proyectos más destacados en el sector energético nacional. Desde su inicio hasta su puesta en marcha, el proyecto ha experimentado significativos avances en términos técnicos y desafíos significativos en el ámbito socioambiental. Este artículo se enfoca en examinar las capacidades técnicas de la central y los conflictos relacionados con esta. El Quimbo fue terminado en 2010 y ha estado operativo desde noviembre de 2015. Mgesa, una subsidiaria del Grupo Enel, opera la central. Con 400 MW de capacidad instalada y una producción promedio anual de electricidad de 2.216 GWh, El Quimbo es un componente importante en la matriz energética nacional. La central consiste en una represa de grava revestida de concreto que alcanza una altura de 151 metros, y un embalse con una altura máxima de 720 metros sobre el nivel del mar. Se extiende por 41 kilómetros y cubre 8.250 hectáreas, impactando a múltiples municipios como Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Pichol y Altamira. Dentro de la casa de máquinas de la central hay dos generadores y dos turbinas Francis, cada una con una potencia de 200 MW. Estos generadores son altamente eficaces en transformar la energía cinética del agua en electricidad, lo que posibilita a la central sacar el mayor provecho posible del caudal de los ríos Magdalena y Suaza. Foto tomada de: Enel A pesar de sus impresionantes capacidades técnicas, la hidroeléctrica El Quimbo ha sido objeto de múltiples conflictos socioambientales. Estos problemas han surgido principalmente debido a la implementación del proyecto sin una adecuada consulta y compensación a las comunidades locales afectadas. Uno de los principales conflictos ha sido la afectación de tierras fértiles y productivas en los municipios involucrados. El desvío de los ríos Magdalena y Suaza provocó la inundación de aproximadamente 8,586 hectáreas utilizadas para la agricultura, lo que alteró significativamente la economía local y la seguridad alimentaria de la región. Además, el proyecto afectó áreas de interés arqueológico y cultural, incluyendo la inundación de la capilla de San José, patrimonio cultural del Huila, y la destrucción de 78 sitios arqueológicos de importancia histórica. Las comunidades locales han manifestado su descontento y resistencia a través de diversas formas de protesta y acciones legales. La falta de consultas adecuadas y la percepción de compensaciones injustas han alimentado la oposición al proyecto. En 2009, a pesar de las múltiples denuncias y protestas, el proyecto fue declarado de interés público, lo que permitió su continuidad a pesar de las objeciones de las comunidades afectadas. Desde la Pares oficina caribe, seguimos creyendo que la implementación de proyectos energéticos de gran escala puede traer beneficios significativos en términos de generación de energía renovable, pero también puede generar conflictos si no se gestionan adecuadamente los impactos socioambientales. Para fortalecer futuros proyectos energéticos, se recomienda implementar mecanismos de consulta comunitaria desde las fases iniciales del proyecto, realizar evaluaciones de impacto completas y transparentes, y asegurar compensaciones justas y programas de responsabilidad social que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.  Aprender de estos desafíos y aplicar las lecciones que dejan estos proyectos puede ayudar a garantizar que futuros proyectos se desarrollen de manera más sostenible y equitativa, beneficiando tanto a las comunidades locales como al país en general.