Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Semana y El Tiempo La ciudad de Bogotá se encuentra en la recta final hacia las elecciones para elegir al próximo alcalde o alcaldesa, que tendrán lugar el domingo 29 de octubre. Con apenas dos meses por delante, los nueve candidatos en contienda se preparan para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para liderar la capital colombiana en los próximos cuatro años. La fecha del domingo 29 de octubre se vislumbra como un día trascendental en el panorama político de la ciudad, ya que marcará la elección del sucesor de Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá. La persona elegida tomará posesión del cargo el 1 de enero de 2024, para dirigir los destinos de la ciudad durante su periodo gubernamental. La elección será crucial y podría definirse en una segunda vuelta, en caso de que ningún candidato logre obtener más del 40% de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre su contrincante más cercano. En tal caso de llegar a una segunda vuelta, se tendrá alcalde nuevo hasta el 19 de noviembre, extendiendo el proceso de elección para permitir a los ciudadanos tomar una decisión definitiva. Entre los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá, se presentan diversos perfiles y propuestas que buscan abordar los desafíos que enfrenta la ciudad en áreas como seguridad, movilidad, educación y desarrollo económico. A continuación, presentamos una breve descripción de cada candidato y sus propuestas clave: Carlos Fernando Galán Carlos Fernando Galán, hijo del emblemático político Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, es un profesional en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado. Tras su regreso a Colombia, trabajó como periodista en medios como Revista Semana y El Tiempo. Inició su carrera política con el respaldo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, siendo elegido concejal de Bogotá en 2007. Galán ha sido opositor al gobierno de Samuel Moreno y ha denunciado irregularidades en procesos de contratación. Asumió la dirigencia del Partido Cambio Radical, pero renunció en 2015 debido a diferencias políticas. Ha aspirado previamente a la Alcaldía de Bogotá en 2011 y 2019, obteniendo importantes resultados. En temas de seguridad, Galán busca perseguir el origen de la criminalidad a través de mejoras en el aparato judicial. Propone tecnologías avanzadas para la captura de criminales y la prevención de delitos. También busca la generación de empleo formal mediante la transformación de Bogotá en una ciudad 24/7, así como la expansión de líneas de metro y semaforización inteligente para mejorar la movilidad urbana. Gustavo Bolívar Reconocido por su participación en la televisión y la producción de telenovelas, ha incursionado en la política a lo largo de los años. Su enfoque se centra en la seguridad y la educación. Propone aumentar el pie de fuerza policial para mejorar la seguridad ciudadana y enfatiza la inversión en educación bilingüe para reducir la criminalidad. Bolívar aboga por la niñez y la juventud, proponiendo extender el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para cubrir todo el año y aumentar la inversión en proyectos de salud pública. En cuanto a la movilidad, busca implementar medidas como el cobro por congestión y mantener el proyecto de metro subterráneo. Juan Daniel Oviedo Economista y doctor en Economía Matemática, Juan Daniel Oviedo ha destacado en roles gubernamentales y académicos. Fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde culminó el censo de 2018 y publicó cifras significativas sobre pobreza y otros indicadores sociales. Oviedo propone mejorar la infraestructura vial, explorando opciones alternativas al pico y placa para reducir el tráfico. Aboga por la continuación del proyecto de metro y la finalización de obras inconclusas. En seguridad, busca mejorar la iluminación pública y promover la colaboración entre la política criminal y el sistema judicial. También destaca la importancia de los programas educativos bilingües y el aumento del empleo juvenil. Rodrigo Lara Hijo de Rodrigo Lara Bonilla, Rodrigo Lara es abogado y magíster en administración. Ha ocupado cargos relevantes en el gobierno, destacando en el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Lara aspira a impulsar la economía y la seguridad. Para la seguridad, propone la creación de una Policía Metropolitana en Transmilenio y una cárcel especial para reincidentes. En materia de movilidad, aboga por mejoras en la infraestructura y la continuidad del proyecto de metro. Jorge Enrique Robledo Arquitecto y político con amplia trayectoria, Jorge Enrique Robledo ha sido miembro del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) desde sus años universitarios. Ha ocupado cargos públicos y ha sido Senador de la República. Robledo propone aumentar el pie de fuerza policial y promover la economía. En materia de seguridad, plantea estrategias de vigilancia y control de conducta. Busca aumentar la inversión en educación y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de calle. En movilidad, destaca la importancia de finalizar obras y mantener el proyecto de metro. Diego Molano Administrador de empresas y con experiencia en el gobierno de Iván Duque, Diego Molano apuesta por la movilidad y la seguridad. Propone una Policía Metropolitana en Transmilenio y una cárcel para reincidentes. En movilidad, busca continuar el proyecto del metro y finalizar obras en marcha. Jorge Luis Vargas Exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas es administrador de empresas y administrador policial. Su enfoque se centra en la seguridad y la inclusión. Propone la vigilancia, instalar cámaras y promover que los policías se encuentren en las calles y en el transporte público. Nicolás Ramos Barbosa Abogado y magíster en Gobierno y Gestión Pública, Nicolás Ramos busca convertir a Bogotá en una ciudad 5.0, utilizando tecnología y recursos internacionales para impulsar el desarrollo. Rafael Alfonso Quintero Con experiencia como exalcalde menor y concejal de Bogotá, Rafael Alonso Quintero Mora propone mejoras en la movilidad a través del pasaje gratuito en Transmilenio y la promoción del metro subterráneo. También busca aumentar el empleo y mejorar la seguridad alimentaria. A medida que las elecciones se acercan, los ciudadanos de Bogotá tendrán la oportunidad de evaluar estas propuestas y decidir quién será el próximo líder de su ciudad. El domingo 29 de octubre será un día clave en el futuro de la capital colombiana, marcando un nuevo capítulo en su desarrollo y crecimiento. Según Natalia Reina, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el panorama electoral en Bogotá plantea la posibilidad de una segunda vuelta. En este sentido, la situación actual sugiere que ningún candidato podría obtener un porcentaje igual o superior al 40% de los votos. De acuerdo con las observaciones de Natalia Reina, las mediciones de intención de voto muestran a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, y a Gustavo Bolívar, respaldado por el Pacto Histórico y considerado el candidato progresista más destacado, como los líderes en este ámbito. La encuesta más reciente, realizada por Guarumo y EcoAnalítica, coloca a Galán con un 20.8%, a Bolívar con un 17.4%, a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, con un 16.9%, a Rodrigo Lara con un 10.6% y, en una posición más rezagada, al exministro de Defensa Diego Molano con un 8.2%. En este contexto, Natalia Reina destaca que Bolívar posee las mayores posibilidades entre los candidatos progresistas de ganar la Alcaldía de Bogotá. Mientras tanto, candidaturas como las de Lara, Molano, el general retirado Jorge Luis Vargas e incluso Oviedo han dado lugar a una fragmentación del electorado de derecha en múltiples opciones en lugar de concentrarse en un solo nombre. Esto ha contribuido al avance de Bolívar en la contienda por la Alcaldía. Sin embargo, es probable que en la segunda vuelta estas candidaturas se unan en torno al llamado “voto antipetro”, lo que podría dificultar la aspiración de Bolívar, quien cuenta con el respaldo del presidente en funciones. En el escenario hipotético de una segunda vuelta entre Galán y Bolívar, los vientos parecen soplar a favor de Galán. Aunque las mediciones actuales muestran una estrecha brecha entre los candidatos líderes, aún queda un tramo crucial en el calendario electoral. A pesar de esta incertidumbre, la asistente de investigación de Pares destacó que es innegable que temas como la seguridad y la movilidad serán centrales para el próximo gobernante. Específicamente, la realización del proyecto del metro desempeñará un papel decisivo. Como se ha observado durante la presidencia de Gustavo Petro, el debate entre un metro elevado o subterráneo ha generado tensiones entre el gobierno distrital y el nacional. En caso de que Gustavo Bolívar triunfe, el gobierno nacional jugará un papel importante para facilitar la coordinación y asegurar la gobernabilidad entre ambas instancias. Sin embargo, si otro candidato sale victorioso, es probable que persista un conflicto constante para cumplir una promesa que los habitantes de Bogotá han estado esperando durante años.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, Investigadora Pares El relato que se hizo viral en X, el nuevo nombre de lo que fuera la red social Twitter, que hizo María Antonia Sanín, egresada de la Universidad EAFIT, en el que cuenta cómo lleva años siendo acosada por un excompañero de semillero de la universidad, me recordó la experiencia de acoso, negligencia institucional y revictimización que viví en 2016 en la Universidad del Valle. Si bien Sanín cuenta cómo personas de la universidad se han portado “bien”, me surge la duda frente a qué están haciendo las universidades para atender las violencias basadas en género. Recordé cuando el director de mi programa académico, ante las denuncias por acoso que hicimos contra un compañero, nos dijo: “a veces las chicas muy bonitas le sonríen a uno y uno se puede confundir”, “no puedo hacer nada” y “la chica que va en minifalda por el coliseo sabe a lo que se atiene”; un docente del programa dijo: “ya que están estudiando resolución de conflictos, por qué no se pueden sentar en una mesa con el muchacho y aclarar el malentendido”; el director del instituto del cual hace parte el programa académico y el director de bienestar universitario dijeron que investigarían. Todos ellos hombres. Al poco tiempo descubrimos que la expulsión del acosador se dio por bajo rendimiento académico y que NUNCA tramitaron nuestras denuncias. En el caso de Univalle específicamente, en ese momento no contaba con una política de género, pero claramente tampoco contaba con una mínima idea de protección y respeto a las víctimas por parte de los docentes directivos, a pesar de que desde 2015 varios centros de investigación venían trabajando en el primer diagnóstico de la problemática de violencias de género en el contexto universitario. Posteriormente, en 2018 empezaron el proceso de formulación de la Política de Género. En el año 2019 se formuló una propuesta de protocolo y ruta de atención a las violencias y discriminaciones basadas en género, y, finalmente, la “Política Institucional de igualdad y equidad de género, identidades y orientaciones sexuales y no discriminación de la Universidad del Valle” fue aprobada en abril de 2022. No obstante, sabemos que no basta, no es suficiente… No basta con tener políticas institucionales aprobadas. Frente a esto, Natalia Barberena, psicóloga, máster en salud pública y experta en intervención en violencias basadas en género, plantea que además de la necesaria capacitación a todo el personal para lograr una atención más empática, esto debe ser asumido con gran compromiso por las universidades, dado que “se encuentran con directores de programas que no creen en las víctimas y muchos tienden a lavarse las manos, y se tiran la pelota unos a otros y los programas de violencia de género terminan siendo para responderle al ministerio, y no para intervenir realmente el trasfondo”. Justamente, en junio de 2023, la Corte Constitucional emitió una serie de recomendaciones destinadas a abordar y prevenir el acoso en las universidades del país. Las cuales surgieron en respuesta a una tutela presentada por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alegando abuso por parte de un docente. La Corte enfatiza en cuatro pilares principales: fortalecer el enfoque de género, reconocer los factores de riesgo de género, proporcionar información clara y establecer un alcance de sanciones. Además, insta a las instituciones educativas a implementar medidas de reacción inmediata, como suspensión provisional y opciones flexibles para los y las estudiantes afectadas. Según un informe presentado en marzo de 2022 por Dejusticia sobre acoso sexual en las universidades, se documentaron 413 denuncias de acoso en 20 universidades, de las cuales 83 se refieren a acoso sexual en 12 universidades, y sólo se han impuesto sanciones en 3 de las 12 instituciones que reportan denuncias de acoso sexual. Además, exponen cómo no existe ningún protocolo para abordar el acoso sexual en 28 de las 44 universidades que revisaron. Uno de los casos más reconocidos en este tema es el de Mónica Godoy, profesora universitaria, que fue despedida en 2017 por respaldar a trabajadoras que sufrían acoso laboral y sexual en la Universidad de Ibagué. Su acción de tutela llevó a una sentencia favorablede la Corte Constitucional (sentencia T-239 de 2018), que ordenó su reintegro y estableció bases para la protección de docentes defensoras de derechos humanos. Este y otros casos influyeron en la emisión de lineamientos por parte del Ministerio de Educación, y a partir de julio de 2022 se estableció de manera obligatoria la implementación de protocolos de atención para la violencia de género y sexual en las Instituciones de Educación Superior. Por cierto, en medio de esta preocupante realidad, esta semana Volcánicas publicó un relato en el que se conoce una nueva denuncia por violencia sexual contra Fabián Sanabria, exdecano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, quien ya ha sido denunciado anteriormente también por violencia sexual. Una vez más se evidencia la persistencia de estas violencias en espacios académicos. Lo más grave es que muchas de estas denuncias se enfrentan con una alarmante complacencia por parte de las instituciones hacia los agresores, y la falta de respuestas contundentes casi que se pueden interpretar como encubrimiento, y generan aún más desconfianza en las pocas medidas implementadas hasta ahora por las universidades. Estas experiencias, cifras y múltiples denuncias públicas en redes sociales sobre el acoso en las universidades, plantean interrogantes sobre la capacidad real de protección a las víctimas. Si bien se han presentado avances, persisten cuestionamientos sobre su efectividad.Aún se revela una brecha significativa entre las denuncias y las acciones concretas tomadas por las instituciones para abordar la violencia de género. ¿Están las universidades dispuestas a asumir seriamente este desafío?

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Fotos tomadas de:Semana y Telesur Es importante seguir recordando cómo y por qué el departamento del Cauca ha sido víctima constante de las diversas dinámicas del conflicto armado que se han presentado en Colombia: se debe a su ubicación geográficamente estratégica y a sus recursos naturales, lo que ha impulsado el posicionamiento de diversos actores armados que disputan el control de corredores y territorios del Cauca. En el marco de este análisis, la lupa se enfocará en lo que han sido las acciones de violencia perpetradas por parte de las estructuras armadas del Estado Mayor Central de las disidencias y el ELN, durante el mes de julio y lo que va del mes de agosto del 2023. El departamento del Cauca -en especial las subregiones norte, centro y sur- ha vivido un incremento en las acciones de violencia, ejercidas en su mayoría por los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño que hacen parte del Estado Mayor Central de las disidencias de FARC. Es importante tener presente que el EMC es la estructura más fuerte en el departamento, teniendo presencia en 36 de sus 42 municipios. Esta presencia ha generado hechos de violencia que en los últimos meses evidencian un incremento de los hostigamientos en el territorio: el secuestro de uno de los hijos del alcalde de Rosas, repetidos atentados realizados a estaciones de policía de Popayán, Timbío, Santander de Quilichao (Mondomo), Cajibío (El Carmelo), Buenos Aires (Timba); atentados a patrullas de policía en Morales; la instalación de retenes (vía Corinto-Miranda) y enfrentamientos con la Fuerza Pública y el ELN por el control territorial de zonas del norte (Caldono- Silvia-Jambaló) y el sur (Balboa, Argelia, Cañón del Micay) del departamento. Estas acciones han incrementado a su vez los desplazamientos y confinamientos. Esto da cuenta de la dinámica de violencia que está ejerciendo el EMC con dos posibles objetivos: primero, evidenciar su fuerza de ataque hacia la estructura del Estado Colombiano, representado en la fuerza pública y los civiles, a través de atentados y hostigamientos, que llevarían a instar al Estado a avanzar en los primeros acuerdos del nuevo escenario de diálogo –la instalación de una mesa de diálogo con este grupo en el marco de la Paz Total–; y, segundo, un componente de estas acciones puede ser de carácter “defensivo”, pues desde el Ministerio de Defensa, se han realizado acciones para debilitar esta estructura desde lo militar y económico. Con relación al primer objetivo, encontramos una relación estrecha entre el actual accionar de la extinta guerrilla con sus acciones durante los años 90 en la implementación de su “plan Estratégico para la toma del poder”, objetivo máximo desde la séptima conferencia de las FARC. Dentro de ese plan, las acciones estaban encaminadas a atacar las estaciones de policía, las patrullas móviles y avanzar en el control territorial. Las acciones actuales pueden buscar asimilarse a las de ese momento, ya que hoy por hoy esta estructura busca reafirmar su carácter político frente a un contexto que impulsa diálogos de paz con el peso de una historia reciente que posiciona su estructura como una disidencia lejana a los principios rectores que la catalogaban como organización insurgente. En relación a esto, desde la Fiscalía General de la Nación, el pasado 21 de julio, se presentó un documento de alerta indicando que el Estado Mayor Central tendría un plan de ataques sistemático en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, haciendo un llamado a salvaguardar la integridad de la población civil y extremar medidas de seguridad a funcionarios públicos. Dado el escalamiento de los hostigamientos en el departamento del Cauca, el presidente Petro convocó un Consejo de Seguridad en Popayán y presentó el plan de acción del Gobierno para los próximos días: Sustitución con dinero público de economías ilícitas, especialmente cocaleras, por economías lícitas. Presencia militar para respaldar esa política en zonas prioritarias con el objetivo de paralizar la economía ilícita, y propiciar que la ciudadanía pueda transitar hacia economías lícitas Frente a las negociaciones con grupos armados: antes que un cese al fuego, debe haber un cese de hostilidades a la sociedad civil. En ese Consejo, el presidente afirmó que “ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte es combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas a sus autoridades afros o mestizas pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz”. La mesa de diálogos con el EMC será instalada el 17 de septiembre a la par del inicio de un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal CFBNT con este grupo que tendrá una duración de seis meses. Mientras este grupo armado tensiona la relación con el Estado por medio del escalamiento de acciones violentas en el territorio caucano, la mesa tendrá como reto la generación de condiciones para el diálogo con la puesta en marcha de acuerdos que bajen la intensidad de la violencia y sean la puerta de entrada de una negociación exitosa. En el Cauca se requiere la evidencia de voluntad de paz del Estado Mayor Central que está ad portas de iniciar un proceso de paz y actualmente es el grupo que mayores afectaciones a los derechos humanos tiene en el departamento.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La compra y venta de votos es una práctica recurrente en el sistema electoral colombiano –o si se quiere, de todas las democracias en desarrollo–. Una actuación que, por ser considerada fraudulenta, es castigada por la ley. El artículo 387 de la Ley 1864 de 2017 presenta esta transacción económica-política como un delito de “Constreñimiento al sufragante”, el cual tiene un castigo de entre cuatro a nueve años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A pesar de este duro castigo, la sociedad colombiana ha normalizado la venta de votos en el país. Es común ver a un candidato o candidata a un cargo de elección popular –concejos, alcaldías, gobernaciones o asambleas departamentales– que le ofrezca a un ciudadano dinero o bienes y servicios en contraprestación por su apoyo en las urnas. Le entrega al votante o a un grupo de ellos: mercados, electrodomésticos o un montón de camisetas para un equipo deportivo en época de elecciones. Tradicionalmente, la mirada en esta actuación ilícita se ha centrado en el candidato. A este es el que se le mira inquisitivamente. Se le persigue por la entrada de capitales sin ningún control de fiscalización a la campaña. Se le cuestiona por tener cuadros políticos corruptos y por hacer acuerdos de entrega de contratos a empresarios que le entregan votos a cambio. Se le concibe como un político deshonesto; como una persona poco ética y que daña el sistema político; en definitiva, como un criminal, al que hay que castigar y no volver a elegir. En cambio, al elector comprado o que vende su voto se le estudia poco y se le tiene menos rabia. Se le concibe como una especie de víctima del rico y deshonesto político. Como un pobre ciudadano que no tiene más que vender que su miserable voto y que sucumbe, debido a su crítica situación, al ofrecimiento que le hacen. En definitiva, vende su voto porque se ve obligado, ya sea porque lo entrega por la buenas –a cambio de un jugoso regalo– o se lo arrebatan por las malas –usando la amenaza o la coerción–. Pero la realidad es otra. La mayoría de ciudadanos –hombres y mujeres– que venden su voto lo hacen conscientemente. Incluso de manera premeditada: hacen cálculos en sus cabezas y esperan pacientemente a que cada dos o cuatro años –o cada que hay elecciones– un político o su padrino le ofrezcan una teja, un bulto de cemento, un almuerzo o un mueble para su casa a cambio de su valioso voto. Se vuelven comerciantes. Lo que ignora la mayoría de los votantes es que su búsqueda de una compensación económica –libre o coartada de sufragar– tiene graves repercusiones para él como ciudadano y para todo el sistema político. Con la venta del voto asume, por lo menos, seis pérdidas: renuncia al derecho a escuchar propuestas, a elegir y votar por una de ellas, a movilizarse con libertad en la jornada de elecciones, a exigir la rendición de cuentas al funcionario público y a tener un sistema político de calidad. La democracia se caracteriza por la libertad que tiene una persona a elegir. Se concibe como un mercado en el que un grupo de candidatos o de partidos ofrecen programas sociales que benefician a los electores. Lo que hace el sufragante es escuchar las propuestas, participar en el debate y realizar acuerdos basado en sus deseos, necesidades e intereses. Considera muchos aspectos y finalmente elige y entrega su voto. Está situación desaparece para toda aquella persona que decide vender el voto, pues al recibir el dinero se suprime la posibilidad de pensar, discutir y elegir la mejor propuesta. Una supresión que tiene la desventaja de afectar negativamente la decisión social. La venta del voto significa la privatización de las elecciones. Pasa de ser un acción política colectiva y comunitaria a ser una mera transacción económica privada. Rompe con la idea de que las elecciones a cargos públicos y a programas sociales la hacemos todos, y construye un escenario de decisiones egoístas y personales –incluso cuando el voto se da a cambio de una promesa de pavimentar un tramo de vía o una atención médica–. Construimos con nuestro egoísmo un escenario en el que todos perdemos. En especial la población más pobre y excluida política y socialmente. Con la compra del voto condenamos a los votantes honestos a perder la posibilidad de tener un buen programa de inversiones para superar su situación de vulnerabilidad. No elegimos un programa, vendemos el derecho a que sea otro, el que tiene el recurso, a que se auto elija; y con ello estamos profundizando las desigualdades sociales. Los vendedores de votos también pierden su libertad y control de la seguridad, por lo menos el día de las elecciones o los previos al certamen. Ese domingo es un día lleno de riesgos e incertidumbre. Los candidatos ilegales desean que el intercambio fraudulento se realice, que el ciudadano deposite su voto por él o su partido. De allí que tome ciertas medidas de control, de vigilancia, de monitoreo y de coerción. Recurren a estrategias como el llamar al ciudadano a votar o ir por él a la casa, quieren asegurarse que vaya a la urna, perdiendo el ciudadano la libertad de desplazamiento. Incluso, le piden pruebas del voto –como tomar foto al tarjetón o mostrar en el conteo final que su voto está en la planilla– para que demuestre el respeto a la transacción. Luego de las elecciones y cuando el político ha llegado al cargo público, hacer control político es tal vez una de las mayores pérdidas que se tiene cuando se intercambia el voto. Los ciudadanos que venden su voto pierden la oportunidad de juzgar a los candidatos y partidos por su gestión al frente del gobierno. Al perder la posibilidad previa del diálogo frente a las propuestas de campaña, también se pierde la posibilidad de hacer seguimiento a las actuaciones. El pago monetario suprime la posibilidad de realizar demandas y exigir cumplimiento de programas. Pues se le dice al votante que ya se le pagó por su voto. Está pérdida de control vertical –accountability– a la gestión del administrativo se convierte también en una mala señal para el político. Este funcionario deshonesto comienza a pensar que con plata puede hacer lo que quiera, incluso, quitarle al ciudadano el derecho a informarse sobre la gestión. Este pensamiento negativo arrastra al político a la práctica de no pensar propuestas, de no formular programas, de no ejecutar políticas y de no rendir cuentas a la ciudadanía. Destruye la lógica de la democracia y su promesa de ser un proceso propositivo. En este último sentido, con la venta de votos se pierde todo el sistema político. La idea con la defensa de la democracia es que la ciudadanía valore y ame el sistema que usan y defienden. El constreñimiento al sufragante es un símbolo de pudrición, genera en nosotros mismos una sensación de olor a podrido, de que algo no funciona bien. Pero como siempre pasa, pensamos que la responsabilidad es del otro, que el mal olor proviene del político mañoso y que el otro es el culpable de la mala situación. Olvidan que el mal olor lo desprende uno mismo, con su falta de honestidad al votar. En conclusión, con la venta del voto estamos construyendo una cultura política del fraude, de la compra y venta ilegal de votos. Lo cual representa un daño en la calidad del sistema político. Destruye los valores y vínculos duraderos del político con el elector. Quebranta las prácticas, procesos y reglas de la toma de decisiones colectivas. Vender el voto es un acto que, aunque puede ser racional, es egoísta y privatiza la política. Nos genera un daño colectivo al que, por lo general, responsabilizamos al candidato o el partido al que pertenece, pero como vemos es el elector quien también debe asumir esta responsabilidad. La misma Ley 1864 de 2017 –con la que se busca proteger los mecanismos de participación democrática– establece que es responsabilidad del sufragante denunciar estos actos de compra-venta del voto. Que es su deber denunciar a los proponentes y que en caso de no hacerlo y votar, aunque no reciba la compensación monetaria, la ley debe castigar a ambos. Es delito tanto la promesa como la entrega del pago. De allí que cuando sienta el olor a podrido, es muy conveniente que primero se mire usted. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fuente: Vicepresidencia Venezuela Las delegaciones de paz del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han inaugurado su cuarto ciclo de negociaciones en la ciudad de Caracas, Venezuela. Un evento importante en los esfuerzos continuos por resolver décadas de conflicto armado que han afectado profundamente a la nación. La ceremonia de apertura, que reunió a representantes de ambas partes, garantes internacionales y acompañantes, comenzó con el firme compromiso de seguir cumpliendo los acuerdos previamente pactados en los diálogos. Monseñor Darío Monsalve, el representante de la Iglesia Católica en las negociaciones, reiteró la necesidad de que esta ronda de conversaciones sea productiva y conduzca a acuerdos sustantivos, poniendo en el centro de la discusión a quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado (Ver: Los 10 logros más importantes del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN). Fuente: Vicepresidencia Venezuela En este evento, que tuvo lugar en Caracas como sede de esta fase de las negociaciones, se presentó la hoja de ruta para el proceso que se extenderá hasta el 04 de septiembre. Durante este período se espera que las partes trabajen para desarrollar y fortalecer los acuerdos recientes, incluido el cese al fuego de 180 días que comenzó el 03 de agosto. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, destacó la profunda convicción de la guerrilla en lograr una solución política después de más de 70 años de enfrentamientos. En su intervención, Beltrán hizo alusión a los desafíos que enfrenta este proceso, haciendo énfasis en que "siempre ha habido oponentes", aunque señaló que esos opositores son cada vez menos significativos en comparación con el creciente apoyo hacia la paz. Una de las innovaciones más notables en esta fase de negociaciones ha sido la creación y puesta en marcha de un Comité Nacional de Participación (CNP), diseñado para involucrar a la sociedad civil en el proceso de paz. Esta iniciativa ha sido vista como un "salto de calidad" en el enfoque de las conversaciones, al permitir una participación más amplia y diversa en la construcción de soluciones. En un contexto en el que la paz sigue siendo el objetivo central, el ELN manifestó su deseo de que este ciclo de conversaciones pueda llegar a las regiones más afectadas por el conflicto, y espera que se pueda brindar ayuda humanitaria a estas áreas en necesidad urgente. Tanto las delegaciones como los garantes internacionales expresaron su agradecimiento a Venezuela por hospedar y facilitar las conversaciones. Cabe recordar que las negociaciones se reanudaron en Venezuela el 21 de noviembre después de cuatro años de pausa bajo el anterior Gobierno de Iván Duque (2018-2022). La construcción de confianza y la mitigación de la violencia han sido puntos críticos en el proceso. El cese al fuego ha sido particularmente relevante en este sentido, y se han implementado mecanismos de comunicación para evitar enfrentamientos. Además, se celebró la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, lo que contribuirá a mejorar la situación humanitaria en las áreas afectadas. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfatizó la importancia de excluir a los "enemigos de la paz" de las conversaciones y reafirmó el compromiso de Venezuela como país garante en apoyar la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió una cálida bienvenida a las delegaciones de Colombia y el ELN, así como a los países garantes y acompañantes del proceso de paz. Maduro enfatizó que la paz en Colombia no solo beneficia a la nación andina, sino también a toda la región, consolidando a América Latina y el Caribe como un área de paz y prosperidad. En este ciclo de negociaciones la dinámica ha cambiado hacia una aproximación continua, en la que las delegaciones trabajarán de manera constante en la construcción de acuerdos y en la implementación de iniciativas. Esta modalidad permitirá una evaluación constante del cese al fuego y una adaptación flexible a los desafíos que puedan surgir. Uno de los temas centrales en la agenda es el punto cuatro, que aborda la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición. Además, se explorarán transformaciones para la paz y la participación de la sociedad civil en la construcción de soluciones duraderas. La búsqueda del fin del conflicto armado y la renuncia al uso de las armas por parte del ELN también están en el centro de las discusiones. Con el inicio de este cuarto ciclo de negociaciones, Colombia avanza en su camino hacia la reconciliación y la paz duradera. La comunidad internacional observa con atención y se espera que este ciclo de conversaciones contribuya a establecer los cimientos para un futuro más estable y pacífico en el país. Teniendo en cuenta el inicio del cuarto ciclo de negociaciones con el ELN, en una conversación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con Ligia Bolívar, presidenta de Alerta Venezuela, se destacó el informe “Una tragedia ignorada. La afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela” publicado por esta organización, que profundizó en la situación de los grupos armados de origen colombiano en territorio venezolano. Uno de sus enfoques se dirigió hacia las actividades del ELN y las disidencias de las FARC. Bolívar, durante la entrevista, resaltó que la presencia de estos grupos no se limita únicamente a la frontera con Venezuela, sino que se ha expandido más allá de esa región. En sus palabras, estos grupos armados han arraigado con mayor fuerza y han logrado una penetración más profunda en diversas áreas del país. A continuación la entrevista completa hecha por Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) a Ligia Bolívar:

Por: Laura Bonilla, subdirectora Para @confidencialcol Casi sin darnos cuenta, llevamos todo este gobierno debatiendo el tamaño del Estado. Si puede o no manejar el sistema de salud; si puede o no poner las reglas laborales y hasta dónde llega su injerencia; si debe fortalecerse e incrementar sus plantas de personal o, por el contrario, debe seguir ahondando en contratar con privados. La incapacidad del Estado se oculta detrás de la contratación pública. Revisé uno a uno los convenios del reciente escándalo con la Organización de Estados Americanos (OEI) documentado por la revista Cambio, y solamente puedo concluir que el Estado Colombiano, tan carente de presupuesto para la ciencia, la tecnología y el conocimiento, se gastó 20 mil millones de pesos para promover la vocación científica de los niños. El problema es que nunca sabremos si eso funcionó. No hay evaluación de impacto y los resultados son flojísimos. Pero queda la pregunta: ¿un megacontratista tiene un mejor desempeño que incrementar el presupuesto y la planta docente en ciencia para los niños?, ¿es al menos más barato?, ¿queda algo?, ¿es sostenible? Tenemos un Estado que aparenta ser grande, pero no lo es. Lo que es hoy es un gran contratador que mezcla todas las necesidades de los grupos políticos que ganan el poder con el cumplimiento de los objetivos y metas de las distintas políticas públicas. Pero es casi imposible diferenciarlos. Billones de impuestos de los presupuestos de inversión se gastan en órdenes de prestación de servicios o en contratos para pagar favores y campañas. La ejecución presupuestal puede ser impecable, mientras la ejecución física es cero. Contratos, no resultados, es la manera como medimos la ejecución de los gobiernos. Además, resulta que es casi imposible implementar con vigencias fiscales de un año. El incentivo es tan perverso que se termina contratando cualquier cosa. Más talleres en vez de equipos o infraestructura. Capacitaciones a docentes que están reventados de trabajo en vez de ampliar las plantas de personal. Llevar el Estado a los lugares más remotos, pagando costos excesivos en vez de asignar recursos a gobernaciones y alcaldías, porque según nosotros el núcleo de la corrupción son los alcaldes. Pero todo esto no es más que un embeleco. El origen de la corrupción no es el alcalde, sino la intermediación obligada y por debajo de cuerda que tiene que hacer cualquier mandatario de municipio pequeño para hacer hasta un kilómetro de placa huella. Incluso el control es tan complicado que solamente lo más sofisticado puede ganar la contratación. Si la Ley 80 realmente ayudara a prevenir la corrupción, no tendríamos el deshonroso lugar que tenemos en los indicadores de percepción. Por eso cualquier grupo de contratistas busca con desespero al candidato que va a ganar. En una campaña presidencial son miles de personas que se acercan a ofrecer dinero, aviones, afiches o favores que luego van a cobrar. Necesitan tener senadores o representantes a la Cámara que busquen cuotas en los ministerios y que estas cuotas faciliten la contratación por Ley 80 que es imposible para cualquier empresa normal. Entonces, tenemos una economía gigante y sombría basada en la contratación estatal, que es en esencia una contratación destinada a dar dinero a cambio de operaciones ineficientes. Lo que en las democracias más estables hacen los partidos políticos, en Colombia lo hacen los grupos políticos y los clanes, dado que los primeros son incapaces siquiera de tener un programa único. No se puede saber a ciencia cierta hasta que la justicia falle que dineros oscuros llegaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Lo que sí es más que seguro es que buscaron desesperadamente caminos para llegar a la campaña del posible ganador, así como lo han hecho durante décadas. Así que debo confesar que no me extrañan ni sorprenden los escándalos de los últimos días. Y no porque exculpe al gobierno, es porque esa es la política en Colombia. Es un secreto a voces, aunque nos neguemos a aceptarlo. ¿Será posible que esta fractura nos permita por primera vez tomar medidas? El presidente está en una encrucijada: si acepta lo que los congresistas quieren, va a tener que hacer concesiones muy negativas para el país. Si no los acepta, se puede hundir su propuesta de cambio. Pero una decidida política anti-corrupción le ayudaría a salir un poco del pantano actual. Debería considerarlo.

Por: Redacción Pares Semana del 08 al 13 de agosto de 2023 Este lunes 14 de agosto inicia el cuarto ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Ya las dos delegaciones están en Caracas y aunque no se conoce la agenda sobre la cual trabajarán, muy seguramente harán revisión a los puntos de participación de la sociedad y el cese bilateral que inició el 03 de agosto, y veremos si avanzan en otros puntos. Este ciclo, según lo acordado, será de tres semanas. Una nueva oportunidad para que el Gobierno Colombiano y el ELN avancen en nuevas medidas mutuas que le den ritmo y desarrollo a este proceso de paz. El Comité Nacional de Participación tuvo su segunda reunión el miércoles 09 de agosto, en la cual definieron trabajar en cinco comisiones y se repartieron los eventos regionales y sectoriales para preparar estos espacios de consulta sobre propuestas e iniciativas para llevar adelante la participación social, institucional y gremial que requiere este proceso para pactar las transformaciones que le den sustento a una visión compartida de paz. Ya está en pleno funcionamiento el Mecanismo de Monitoreo y Veeduría del cese bilateral que viene funcionando tanto a nivel central con sede en Bogotá, como los veinte puntos acordados. El fiscal general Francisco Barbosa denunció que hay un plan de ELN para atentar contra su vida, la de la senadora María Fernanda Cabal y la del General (R) Zapateiro, tema de la mayor gravedad sobre lo cual se pronunció el Comando Central del ELN negando dicha situación. Sin lugar a dudas un tema de la mayor gravedad que debe ser investigado y aclarado por las autoridades competentes. El presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal Francisco Barbosa, reiterando su pleno compromiso en su protección. Venezuela vuelve a ser mencionada como el lugar desde donde el ELN supuestamente planea ataques, como el mencionado contra el fiscal Barbosa, tema sobre el cual se pronunció el gobierno venezolano negando responsabilidad y conocimiento de estas graves sindicaciones. Esperemos cómo transcurre este cuarto ciclo de un proceso que va andando y tiene el reto de convocar una amplia y diversa pluralidad de la sociedad colombiana. “Petro habla de los diálogos de paz con el ELN y el narcotráfico”, El Tiempo: 2. “Comunicado conjunto #14 de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN": 3. El Senador Iván Cepeda envía un mensaje antes de partir la delegación de Gobierno a la ciudad de Caracas para participar del cuarto ciclo de este proceso de diálogos y negociaciones: 4. "Diálogos con ELN: cinco comisiones definirán plan de participación de la sociedad”: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-de-paz-con-eln-cinco-comisiones-definiran-plan-de-participacion-de-la-sociedad-civil/ 5. "Cara a cara sobre el proceso de paz con el ELN”: hablan José Félix Lafaurie y Pablo Beltrán: 6. Entrevista a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano para el proceso de diálogos y negociaciones con el ELN: 7. “ELN no sería ‘tan imbécil de atribuirse un hecho como este’: fiscal Francisco Barbosa": 8. El ELN desmiente los supuestos planes para atentar contra Francisco Barbosa, María Fernanda Cabal y Eduardo Zapateiro. Esto hace parte de una estrategia mediática para restarle credibilidad y generar dudas sobre el Cese al Fuego": 9.“Atentados contra…la paz”, columna de José Félix Lafaurie: https://alponiente.com/atentados-contra-la-paz/ 10."Fiscal Barbosa agradece la solidaridad del Gobierno tras supuestas amenazas del ELN”, El Espectador: 11. "Reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa en el Palacio de Nariño”, Canal 1: 12. “Logros y retos de las negociaciones con el ELN”, columna de Damián Rodríguez Vera: https://www.lacoladerata.co/opinion/analisis/logros-y-retos-de-las-negociaciones-con-el-eln/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Así empieza la carrera por la Gobernación de Antioquia La carrera por la Gobernación de Antioquia a nueve meses de elecciones empieza a mover todas las fichas políticas. Todo indica que la campaña girará en torno a la lógica de quienes hacen parte de la coalición del Gobierno Nacional y quienes se oponen a ella. Por el Pacto Histórico, junto con el equipo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se estaría armando una alianza con el conservatismo y su líder máximo, Carlos Andrés Trujillo, para atajar al candidato que pueda resultar de la derecha y/o del uribismo. Por ahora, como ya se hizo público, el más opcionado a ser el ungido por esta posible alianza entre el Partido Conservador, el Pacto Histórico y el equipo de Daniel Quintero, es el exliberal Julián Bedoya (Ver: Julián Bedoya Pulgarín, el nuevo barón electoral en Antioquia) político tradicional cuestionado de este departamento y aliado del presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022. De esta manera, se podría descartar como posible candidato al exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo. No obstante, Restrepo se adelantó desde el año pasado a hacer campaña, realizando recorridos por todo el territorio antioqueño, lo que lo haría cambiar su aspiración y lanzarse como candidato a la Alcaldía de Medellín. Pese a todo esto, según algunas fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Juan Diego Gómez habría acordado con Carlos Andrés Trujillo que él sería el candidato a la gobernación por el partido Conservador. Sin embargo, estos acuerdos parecieran haberse roto y tanto Trujillo como Gómez irían por lados diferentes. Por su parte, Juan Diego Gómez se reunió el viernes 03 de febrero con Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón y Mauricio Tobón para afianzar la alianza que le pueda competir a la que está conformado Carlos Andrés Trujillo. Según fuentes de Pares, quien se perfila como candidato de esta coalición, que llevará como bandera la oposición al gobierno Petro, sería Eugenio Prieto, ficha del senador liberal John Jairo Roldan. Otro candidato que ya fue anunciado es Luis Fernando Suárez. Suárez fue secretario de Gobierno del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y se lanzaría por firmas. Precandidatos cuestionados a la Gobernación de Antioquia Julián Bedoya Pulgarín nació en el municipio de Cañasgordas en 1980. Es político y abogado de la Universidad de Medellín. Durante el 2006 y 2007 fue asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Humberto de Jesús Builes Correa, de Cambio Radical, condenado por parapolítica en el 2010. En 2012, con 25.035 votos a favor, Bedoya se convirtió en diputado de la Asamblea de Antioquia, avalado por el Partido Liberal. Un año después renunció para aspirar a la Cámara de Representantes bajo la circunscripción de Antioquia, donde logró obtener una curul en las elecciones del 2014 al obtener 33.624 votos. Posteriormente, en las elecciones legislativas del 2018, con 74.000 votos, fue elegido senador de la República. Pares ha hecho seguimiento a los cuestionamientos de Bedoya por múltiples denuncias (Ver: La combinación de todas las formas de corrupción). A Bedoya se le cuestiona por hechos de corrupción durante su campaña electoral para aspirar al Senado en 2018, como también por presuntos nexos de sus socios con grupos al margen de la ley. Un ejemplo de ello es el vínculo cercano de Bedoya con José Mercedes Berrío, exalcalde de Cáceres, Antioquia, detenido en el 2018 bajo el delito de concierto para delinquir agravado y por supuestos nexos con el Clan del Golfo. En 2021 se abrió un proceso disciplinario en la Procuraduría y la Fiscalía en contra de Bedoya por irregularidades en la obtención de su título como abogado de la Universidad de Medellín. Dicha investigación acusó al exsenador de adquirir el título de pregrado gracias a su poder e influencias políticas, involucrando, a su vez, al rector de la universidad y a siete directivos, a los cuales se les imputó el cargo de falsedad ideológica en documento público y privado. No obstante, la Corte Constitucional señaló que la Universidad había vulnerado el derecho al debido proceso del excongresista en el curso de la investigación que concluyó con la anulación de su título como abogado de la Universidad de Medellín. De manera que se invalidó el fallo emitido el 15 de junio de 2021, dejando sin efecto la investigación que adelantaba la Universidad. Cabe señalar que la Corte Constitucional no evaluó si Bedoya incurrió en faltas disciplinarias o en delitos para obtener su título, tampoco si la Universidad expidió títulos de manera irregular; solo se limitó a esclarecer si la institución educativa vulneró los derechos fundamentales de Bedoya. Por lo que esta decisión no exonera a Julián Bedoya de seguir siendo investigado por los delitos de falsedad en documento y fraude procesal. Esta investigación sigue en curso por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con las elecciones a la Gobernación de Antioquia que se avecinan este año, uno de los nombres más sonados es el de Julián Bedoya como posible candidato al cargo. Más aún, sus intenciones se hacen más evidentes al renunciar a su militancia en el Partido Liberal, por lo que se especula que su decisión de apartarse del partido se debe a que este podría presentarse a las elecciones gubernamentales con el aval de otra colectividad o incluso podría optar por presentar su candidatura de forma independiente. A esto se suma su reciente alianza con el presidente Petro, lo cual podría generar que integrantes del Pacto Histórico, el equipo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y Carlos Andrés Trujillo, líder de los conservadores, se le unan para apoyar su candidatura en estas elecciones. Esteban Restrepo Taborda nació en Itagüí y estudió negocios internacionales en la Universidad Católica Luis Amigó y se especializó en gerencia en el Ceipa. Su carrera en el sector público comenzó como asistente del exconcejal Miguel Quintero, hermano del alcalde de Medellín, en 2014. En 2016, Restrepo fue asesor de Innpulsa Colombia, donde conoció a su jefe político, Daniel Quintero, cuando este era gerente. En 2020 fue nombrado secretario de Gobierno de Medellín por el alcalde Daniel Quintero. El nombre de Restrepo ha sonado por los señalamientos que se han hecho sobre la gestión de la Alcaldía en el periodo donde este fue secretario de Gobierno de la capital antioqueña. Más aún, se ha acusado a la administración y a Restrepo de mantener una red de clientelismo y repartición estratégica de puestos en todos los niveles del gobierno municipal. Restrepo renunció a la Secretaría de Gobierno en 2022 para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Posteriormente, lideró el equipo de empalme “Antioquia - Nación” del nuevo Gobierno Nacional (Ver: El equipo de empalme “Antioquia-Nación” y la revelación de los retos de Gustavo Petro en Antioquia). Se presume que para las elecciones locales de este 2023 Restrepo puede ser candidato a la Alcaldía de Medellín o a la Gobernación de Antioquia, como cuota de Daniel Quintero en alianza con el partido Conservador. Juan Diego Gómez Jiménez nació en 1975 en Medellín. Estudió derecho en la Universidad de Medellín y realizó una maestría en estudios políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su carrera política comenzó como concejal del Santuario, de donde heredó gran parte de su caudal político. Se desempeñó como diputado en la Asamblea Departamental de Antioquia durante el periodo 2004 – 2011. En 2010 resultó elegido como representante a la Cámara por Antioquia bajo el aval del Partido Conservador, con 39.712 votos. Posteriormente, en 2014, con 57.634 votos, obtuvo el cargo de senador de la República. En 2018 aseguró su segundo cuatrienio en el Senado, con 74.273 votos, provenientes, en su mayoría, de Antioquía. En 2021 fue nombrado presidente del Senado, sucediendo a Arturo Char. Dicha elección fue controvertida debido a sus múltiples escándalos por negocios inmobiliarios con personas señaladas de tener vínculos con el narcotráfico, como Diego Aristizábal Mejía, incluido en la Lista Clinton por sus nexos con el narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias “El Arquitecto”, piloto de Pablo Escobar. Asimismo, Gómez fue cuestionado por tener relaciones económicas, familiares y políticas con convictos del escándalo de Odebrecht y personas señaladas por presunta corrupción. Pues durante la época en que Odebrecht realizaba pagos por al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, se conoció que Gómez mantuvo una reunión privada con Eleuberto Martonelli, expresidente de la compañía en Colombia. A esto se suma el apoyo que recibió por parte del empresario César Hernández Sanmartín, quien le otorgó un préstamo al exsenador para su campaña en 2014. Hernández resultó involucrado en negocios con la multinacional brasileña y fue condenado a varios años de cárcel por participar en sobornos por parte de Odebrecht. Por otra parte, Gómez está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia bajo los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. En dicha investigación también se encuentra involucrado su hermano David Orlando Gómez por concretar negocios con bienes en extinción de dominio. Gómez busca disputar la Gobernación de Antioquia, probablemente sin el aval del partido Conservador, lo que haría que se enfrente contra Carlos Andrés Trujillo. Mauricio Tobón Franco nació en 1973 en Medellín. Estudió economía en la Universidad Eafit. Realizó una especialización en ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejal de Medellín en 2004 apoyado por el fajardismo. En 2015 fue gerente de la campaña de Juan Carlos Vélez Uribe a la alcaldía de Medellín. En 2016, Tobón fue nombrado gerente general del IDEA, la entidad más poderosa de la Gobernación, por el entonces gobernador Luis Pérez. Su cargo en esta entidad le permitió a Tobón crear un fortín político debido a la relación de la institución con alcaldes, diputados y concejales. La gerencia de Tobón en el IDEA ha sido blanco de señalamientos por corrupción. En una investigación de la Pares (Ver: El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez) se denunció que Mauricio Tobón y Luis Pérez habrían usado la sociedad de economía mixta Valor + para beneficiar a privados aliados de la administración gubernamental. A pesar de las denuncias en su contra, Tobón se postuló como candidato independiente a la Gobernación de Antioquia en 2019, saliendo derrotado en las elecciones con 207.678 votos. Su nombre vuelve a sonar para las elecciones regionales de 2023 y figuraría como candidato de su exjefe en la gobernación, Luis Pérez (Ver: No solo es la operación Orión). Quinterismo vs. Antiquinterismo, se mueven fichas por la Alcaldía de Medellín El panorama para la alcaldía de Medellín tiene más nombres, pero pareciera que estos se agruparán en la lógica de campañas en contra de la administración del actual alcalde, Daniel Quintero (antiquinterismo) y otras campañas a favor de la administración actual (quinterismo). Por un lado está el conservatismo de Carlos Andrés Trujillo en cabeza del concejal de Medellín, Lucas Cañas. Lucas Cañas no ha ocultado las intenciones de ser el candidato de Trujillo y también quiere contar con el apoyo del actual alcalde, Daniel Quintero. Vale la pena recordar que Cañas ha sido de los grandes aliados de Quintero dentro del Concejo de Medellín. Por su parte, Daniel Quintero pareciera que tiene la intención de poner candidato propio. Quien apunta a serlo es el exconcejal de Medellín, Albert Corredor. De hecho, Corredor pareciera estar en campaña, pues a finales del 2022, en plena navidad, se puso en la tarea de repartir sancochos, natilla y regalos a los niños y niñas de las diferentes comunas de Medellín. El Colombiano denunció que estos eventos estarían presuntamente financiados con dinero de contratistas de la Secretaría de Educación de la capital de Antioquia. Además de dar dinero, los contratistas se habrían visto obligados a participar de los eventos. Al nombre de Corredor se le suman los nombres de Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia de Daniel Quintero y Jennifer Andree Uribe, exsecretaria de Salud de Quintero. Además, no sorprendería que Esteban Restrepo, mano derecha de Quintero y quien es precandidato a la Gobernación de Antioquia busque también la candidatura a la Alcaldía de Medellín. Por el lado de los partidos del llamado “centro”, que no están con Quintero, se perfilan varios nombres como el de Daniel Duque, Luis Peláez y Lucía González. Daniel Duque es concejal de Medellín por el Partido Verde y es quien estaría buscando una gran alianza de partidos y movimientos que estén en contra de la administración de Daniel Quintero y que no hagan parte de la extrema derecha antioqueña. Luis Peláez es diputado en la Asamblea de Antioquia por el partido Dignidad y quien se ha caracterizado por ser una voz departamental muy crítica del alcalde de Medellín. Lucía Gonzales es la única de estos tres que no milita en ningún partido político, pero, por su experiencia como comisionada de la Comisión de la Verdad y su reconocimiento nacional, está siendo tentada para hacer parte de la coalición buscada por Duque. Pese a estos acercamientos la excomicionada González ha sostenido que no aspirará a la Alcaldía. Otros nombres que se pueden sumar a esta coalición son los Juan David Valderrama, excandidato a la Alcaldía de Medellín en el 2019 por el movimiento Todos Juntos y exdirector del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín; y el de Luis Bernardo Vélez, actual concejal de Medellín por el movimiento Independientes. Por parte del Centro Democrático no hay un nombre fuerte, pero podría estar en el sonajero Alfredo Ramos, concejal de Medellín y excandidato a la Alcaldía en 2019. Cabe recordar que, durante estos tres años de gobierno, Ramos ha sido una de las cabezas más visibles dentro de la oposición a Quintero en el Concejo de Medellín. Alfredo Ramos es, además, el heredado del caudal y estructura política de su padre, el excongresista condenado por parapolítica, Luis Alfredo Ramos. Ahora bien, otro nombre que se encuentra en el sonajero es el de Gilberto Tobón Sanín, excandidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana y quien obtuvo más de 170 mil votos que no le fueron suficientes para ser senador, teniendo en cuenta que su movimiento no logró el umbral necesario en las pasadas elecciones legislativas del 2022. Aún no se define si termina como la ficha del uribismo o se lanza de manera independiente como él mismo lo ha sostenido. Bien es sabido que Sanín y el máximo jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, tienen una cosa en común: el antiquinterismo, como se ha visto reflejado en varias reuniones. Pese a ello, no hay certeza si esta similitud es suficiente para que Sanín se lance con apoyo del uribismo. Tobón también ha sido llamado por Daniel Quintero para que se aspire a la Alcaldía como uno de sus candidatos, pero este no ha aceptado. Cualquier apoyo del Centro Democrático podría estar sujeto al hecho de si Federico Gutiérrez decide lanzarse o no. Existe una alta posibilidad de que Federico Gutiérrez pueda lanzarse de nuevo a la Alcaldía y, en caso tal de que lo haga, a nueve meses de elecciones, sería quien reciba el apoyo del Centro Democrático y quien tenga más probabilidades de quedar electo. Gutiérrez fue alcalde de Medellín en el periodo 2015-2019 y en las elecciones presidenciales de 2022, siendo candidato por firmas, logró en primera vuelta en Antioquia una votación mayor al millón trescientos mil votos, doblando así al segundo, que fue Gustavo Petro. Gutiérrez espera para estas elecciones tener partido propio para avalar fichas políticas no solo en Antioquia sino en todo el país. Gutiérrez ya solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) personería para su movimiento Creemos Colombia, su principal argumento será el hecho de los más de cinco millones de votos que obtuvo en la primera vuelta presidencial del 2022. Respecto a otros nombres suena el exconcejal de Medellín por el Centro Democrático, Santiago Molina, quien renunció al concejo de Medellín y a su partido en el 2022 con el fin de buscar formar su propio movimiento político. Él podría ser candidato a la Alcaldía si Federico Gutiérrez no lo es. También están los nombres de Claudia Carrasquilla, quien es reconocida por su tarea contra el crimen dentro de la Fiscalía; Juan Camilo Restrepo, excomisionado de Paz y exalcalde encargado de Medellín y Liliana Rendón, excongresista del partido Conservador y quien fuera integrante del grupo político de Luis Alfredo Ramos. Precandidatos cuestionados a la Alcaldía de Medellín Albert Yordano Corredor Bustamante nació en Medellín en 1989. Es administrador de negocios de la Universidad EAFIT. Realizó una maestría en negocios internacionales en la Corporación Universitaria Americana. Es empresario de instituciones educativas y fundaciones en Medellín y en el 2019 se convirtió en concejal de la capital antioqueña, avalado por el Centro Democrático con 8.506 votos. Su candidatura como concejal de Medellín fue muy cuestionada por la estrecha relación que su padre, Albert Corredor Gómez, mantuvo con varios congresistas y concejales del Centro Democrático. Esto se reafirmó cuando una exempleada de las instituciones educativas que dirige la familia Corredor comentó que la Corporación Universitaria Americana fue sede de varios eventos de campaña, donde se repartían formularios de afiliación al Centro Democrático, de lo cual se especuló que dicho acto se realizó con la intención de que Corredor comenzará su campaña electoral para el Concejo de Medellín. Otro de los escándalos que señalan a Corredor, es por las múltiples controversias que ha dejado su paso por las corporaciones educativas de su familia y por el otorgamiento de diplomas a varias figuras cercanas a la administración de Medellín. Recientemente se supo que uno de sus títulos de maestría fue otorgado por la entidad educativa en la que su familia tiene gran influencia y que además el certificado de su tesis aparece firmado por él mismo. Cabe señalar que la cercanía de Corredor y el alcalde Daniel Quintero no se debe solo a una amistad, sino también a las cuotas burocráticas del exconcejal en Medellín dentro de la administración distrital. Nombres como Juan David Agudelo, Mateo Jaramillo, Cindy Gutiérrez y Ómar Flórez, resaltan por ser familiares, amigos o socios de Albert Corredor y ocupar, a su vez, cargos claves en la alcaldía de Daniel Quintero, la mayoría de ellos vinculados con temas educativos. De hecho, se especula que en la práctica la Secretaría de Educación es la cuota de Corredor, de donde este saca provecho para tener influencia política. Es así como durante la contienda electoral por la presidencia, Corredor fue señalado por presionar a los contratistas de la administración para que promovieran la campaña del presidente Petro y la suya a la Alcaldía de Medellín. A un día de la primera vuelta presidencial del 2022, Corredor renunció a su puesto en el Concejo de Medellín y así mismo al partido que lo avaló. Este 2023 Albert Corredor se perfila como uno de los favoritos de Daniel Quintero para sucederlo de su cargo. Sin embargo, las intenciones de Corredor por aspirar a la alcaldía de Medellín se han visto salpicadas por las denuncias de contratistas que aseguran sentirse presionados a apoyar la campaña del exconcejal, pues de lo contrario sus contratos en la Secretaría no serían renovados. A esto se suma su reciente aparición en los barrios pobres de Medellín repartiendo sancochos, natilla, buñuelos y regalos. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga nació en 1974 en Medellín. Es Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín. Realizó una especialización en alta gerencia en la misma universidad y es especialista en ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con 14.000 votos Gutiérrez fue elegido concejal de Medellín en 2007 por el Partido de la U. En 2008 se convirtió en presidente de esta corporación. Luego, en 2011 se postuló como candidato a la Alcaldía de Medellín, quedando tercero con 120.000 votos. Finalmente, en 2015, Gutiérrez fue elegido alcalde de Medellín con 246.221 votos. Gutiérrez fue cuestionado por en su alcaldía por el derroche de más de 130 mil millones de pesos en publicidad oficial obtenidos de los recursos públicos para comenzar su campaña a las elecciones presidenciales del 2022. En 2019 la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a Gutiérrez y a funcionarios de la Alcaldía por presunto proselitismo a favor del entonces candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, quien en vallas de publicidad aparecía con el entonces alcalde, Federico Gutiérrez (Ver: Alcaldía de Medellín a indagatoria por proselitismo político). Asimismo Gutiérrez es cuestionado por defender a su mano derecha, Gustavo Villegas, quien en su Alcaldía fuera secretario de Seguridad. Villegas fue capturado en 2017 por delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, específicamente por sus presuntas relaciones con “La Oficina de Envigado”. En 2020 Villegas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes 16 años (Ver: Peñalosa, Fico y Char: la Coalición Caballo de Troya). A menos de 10 meses de las elecciones regionales, Federico Gutiérrez se convierte en uno de los contendores más fuertes para aspirar a la Gobernación de Antioquia o a la Alcaldía de Medellín. En las condiciones actuales, el excandidato presidencial tendría que buscar firmas o a algún partido que le dé el aval para competir por alguno de los dos cargos. No obstante, este panorama cambiaría si Gutiérrez logra conseguir que el movimiento “Creemos Colombia”, por el cual se lanzó a la Alcaldía de Medellín (2015) y a la presidencia (2022), logra obtener el aval de partido político. Este reconocimiento se busca obtener bajo la justificación de los más de cinco millones de votos que el excandidato tuvo en las elecciones presidenciales. De ser así, esto le permitiría a Gutiérrez avalar candidatos para las elecciones regionales de 2023. Alfredo Ramos es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, también es administrador de negocios de la Universidad Eafit. Además es especialista en mercadeo de la Universidad Eafit y especialista en derecho constitucional de la Universidad de Antioquia. Ramos ha heredado parte de la estructura y capital política de su padre, Luis Alfredo Ramos, condenado pro parapolítica. Alfredo Ramos hijo fue elegido senador de la República siendo el puesto trece en la lista cerrada del Centro Democrático. En 2019 fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Centro Democrático y quedó segundo, detrás de Daniel Quintero. Ramos aceptó la curul en el Concejo de Medellín que le otorga el Estatuto de la Oposición. Ha sido uno de los mayores críticos de la actual administración de Medellín. El excandidato a la Alcaldía espera la decisión de Federico Gutiérrez para ver si se lanza de nuevo a la Alcaldía o aspira a la Gobernación de Antioquia. Aspiraciones a la Alcaldía de Itagüí Itagüí es el fortín político y burocrático del cuestionado jefe del conservatismo, Carlos Andrés Trujillo, pues es él quien ha puesto los últimos alcaldes en este municipio (Ver: Carlos Trujillo: el poderosísimo nuevo jefe conservador). Esta elección parece que no será la excepción. Como candidato de Trujillo suena el expersonero de Itagüí, Jhon Jairo Chica. Según fuentes territoriales de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la tarea de Chica como personero de Itagüí fue un apéndice de la administración municipal y, por ende, del poder de Carlos Andrés Trujillo en el municipio. Para la alcaldía de Itagüí también se baraja el nombre de León Mario Bedoya, quien en el pasado ya fue alcalde del municipio gracias al apoyo de Trujillo, pero que desde hace tiempo rompió cualquier tipo de relación con el actual presidente del partido Conservador. Actualmente Bedoya es uno de los grandes aliados de la presidenta de la Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, pues es el encargado de este partido en todo Antioquia. En un primer momento León Mario Bedoya sonó para ser candidato a la Gobernación de Antioquia, pero según fuentes de Pares habría desistido de esta aspiración para hacerle competencia a Trujillo en Itagüí. Si Bedoya se lanza, Trujillo tendría listo un plan b de candidatos más fuerte que Chica para ganar la Alcaldía, estos son Diego Torres o Nidia Marcela Osorio. Diego Torres fue secretario de Gobierno de la actual Alcaldía. Ocupando este cargo dentro de la administración municipal Torres fue acusado de una presunta participación en política, pues durante las elecciones legislativas de 2022 habría sido grabado repartiendo publicidad política de Carlos Andrés Trujillo. En el caso de Nidia Marcela Osorio, esta fue fórmula a la Cámara en Antioquia de Trujillo para las elecciones legislativas de 2018, resultando elegida y es una de sus principales aliadas cuando de temas electorales se trata. El panorama entonces serían dos bloques, por un lado, el de Trujillo y, por otro lado, el de Bedoya. De la decisión que llegue a tomar Bedoya sobre si se lanza o lanza a alguien más depende la decisión que tome Trujillo. Precandidatos cuestionados a la Alcaldía de Itagüí León Mario Bedoya fue alcalde de Itagüí de 2016 a 2019 como cuota de su antecesor, Carlos Andrés Trujillo. En el 2016, un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la perdida de investidura de Bedoya. Según el fallo, en el 2012 Bedoya, siendo concejal, junto con otros 10 compañeros, incurrieron en destinación indebida de recursos públicos y tráfico de influencias tras aprobar un proyecto de acuerdo para premiar a la Fuerza Pública en el Concejo de Itagüí. El Consejo de Estado en segunda instancia revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y le devolvió la investidura a Bedoya. Además de esto, el 18 de febrero del 2022 la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá decidió abrirle investigación preliminar a León Mario Bedoya. La Procuraduría investiga a Bedoya por la contratación de megacolegios durante su administración, según esta entidad el entonces mandatario habría hecho demoler viejos colegios para luego entregar nueve superestructuras, pero actualmente solo se han entregado dos, cinco están en proceso de construcción y otros dos no pudieron ser terminados por los contratistas. Tras demoler los colegios, la administración de Bedoya habría contratado aulas móviles (contenedores) para que los niños y jóvenes pudieran seguir con su normalidad escolar. Los pagos a quienes estaban cargo de las aulas móviles fueron por $1.434 millones en 2017, $2.869 millones en 2018 y $10.000 millones en 2019. Respecto a la relación de Trujillo y Bedoya, estos dos rompieron cobijas debido a que este último quería heredar el caudal electoral de Trujillo para quedar electo senador en 2022, como en su momento lo hicieron en la Alcaldía de Itagüí. Sin embargo, Trujillo decidió repetir puesto en el Senado. Lo anterior hizo que Bedoya recalara en el partido Alianza Social Independiente (ASI), convirtiéndose en una ficha clave en Antioquia para su presidenta, Berenice Bedoya. Jhon Jairo Chica es abogado con especialización en Alta Gerencia y con una maestría en Administración de Empresas. Chica fue personero de Itagüí hasta el 2022, cuando renunció para aspirar a la Alcaldía de Itagüí. Durante su cargo como personero municipal, Chica fue cuestionado porque habría sido un apéndice del gobierno del actual alcalde, José Fernando Escobar, y del poder de Carlos Andrés Trujillo en el municipio.

Por: Katerin Erazo, Periodista Han pasado seis días desde la entrada en vigor del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el marco de los acuerdos negociados. Este cese al fuego, con una duración de seis meses hasta el 3 de febrero de 2024, busca reducir la violencia en el país y sentar las bases para la paz. Sin embargo, ya se vislumbra tensión en esta tregua, debido a las declaraciones que realizó el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, quien informó el pasado 7 de agosto, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el aniversario del Ejército, que se han presentado presuntas violaciones al cese por parte del ELN. Estas alegaciones involucran homicidios y ataques a la fuerza pública en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño, a pesar de la vigencia del cese al fuego. Las declaraciones del general Giraldo han generado controversia, ya que se considera que los protocolos establecidos por las delegaciones de paz en Cuba indican que el único portavoz autorizado del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) es el delegado de la Misión de Verificación de la ONU. El MVMV, compuesto por entidades como la ONU y la Iglesia Católica, tiene la responsabilidad de evaluar y calificar los incidentes que puedan considerarse violaciones al cese. Según Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la cuestión del cese al fuego con el ELN está en sus primeras etapas de desarrollo. Fernández resaltó que es inapropiado que el comandante de las fuerzas militares emita comunicados o juicios sobre presuntas violaciones al cese, ya que esa no es su función. Camila Fernández explicó que, aunque las fuerzas militares participan en el mecanismo de monitoreo y verificación que supervisa el cese al fuego, no es parte del protocolo que las partes anuncien públicamente las violaciones al cese. En su lugar, existen canales de comunicación entre las partes involucradas, en este caso, las fuerzas militares encabezadas por el comandante Helder Giraldo y el ELN. La comunicación se canaliza, como se mencionó anteriormente, a través de la ONU y su misión de verificación, cuyo propósito es prevenir incidentes y supervisar el cumplimiento del cese mediante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). La investigadora de Pares subrayó que el protocolo no establece que las partes deban informar públicamente sobre violaciones al cese, sino que dicho proceso se maneja a través del Mecanismo, ya que esta instancia es la encargada de evaluar cualquier incidente o riesgo de violación al cese de acuerdo con criterios específicos y mecanismos de seguimiento. Fernández aclaró que, hasta el momento, no es válido afirmar que el ELN ha violado el cese, ya que esta determinación recae en el portavoz único designado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y no en las partes involucradas ni en la opinión pública. Por otro lado, la respuesta del ELN a las declaraciones del general Giraldo ha sido contundente. La organización ilegal afirmó que dichas alegaciones socavan la confianza entre las partes y las comunidades afectadas por el conflicto. El ELN sostuvo también que el MVMV debe ser el único organismo autorizado para comunicar y evaluar los hechos que puedan considerarse violaciones al cese al fuego. Además, el grupo guerrillero denunció una supuesta violación al cese al fuego por parte de las fuerzas militares. Según un comunicado del frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN, militares atacaron a una comisión del frente Cacique Calarcá en el departamento del Chocó. Por esta razón, el ELN subrayó que los protocolos de seguridad establecidos para controlar posibles violaciones están siendo vulnerados. Es importante tener en cuenta que en total fueron nueve puntos los consignados en el documento de los protocolos del cese al fuego, en el que se explican temas importantes como: el papel de la Iglesia; el monitoreo y verificación; prórroga y suspensión del cese al fuego; seguridad y protección; veeduría; pedagogía; seguridad al ELN; comunicación; y rol de la mesa. Ver: (Claves para entender los protocolos del cese al fuego firmado por el Gobierno y el ELN) Cabe recordar que este no sería el primer mecanismo de monitoreo implementado en el país. Después del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estableció un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes. Dicho mecanismo de monitoreo estuvo compuesto por algunos componentes pilares: Comisión de Monitoreo y Verificación (MM&V; Mecanismos de monitoreo local, Informes y reuniones; y Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MTMV). A pesar de los desafíos iniciales y las acusaciones de las partes, el presidente de la República, Gustavo Petro, resaltó la importancia histórica del cese al fuego con el ELN. En un discurso reciente, enfatizó la relevancia de trabajar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y destacó la participación de todas las estructuras del ELN en este cese al fuego. Mientras el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVMV) trabaja para evaluar las alegaciones de violación al cese al fuego, la incertidumbre persiste. La paz en Colombia sigue siendo un objetivo difícil, pero el compromiso de ambas partes en este cese al fuego podría marcar un paso significativo hacia la estabilidad y la resolución del conflicto armado en el país, por lo tanto, se espera que el MVMV evalué las presuntas violaciones y esclarezca las declaraciones por ambas partes.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Revelados los actos delincuenciales de Nicolás Petro Burgos, por los cuales se acogió al principio de oportunidad -denunciando la entrada de dinero ilegal a la campaña de su padre Gustavo Petro-, el caso ha dado un natural cambio de agujas. Pasó de lo que era una mera actuación delictiva del hijo de un presidente (algo incluso socialmente amparado por la equivocada frase “la ocasión hace al ladrón”) a las ilicitudes de una campaña presidencial de la cual se esperaba que no hiciera lo que todas las campañas de los candidatos presidenciales anteriores han hecho: utilizar dineros de oscura procedencia para financiarse. En tal suerte, se ha inclinado la atención de los investigadores hacia Gustavo Petro, porque visto el delito desde el ámbito presidencial, el daño al bien jurídico tiene un carácter generalizado; es decir, el daño es a nivel nacional. De haber sido un simple comportamiento bandido, el daño al bien jurídico hubiera sido en primer grado para aquellas personas a las cuales haya estafado el primogénito del presidente, digámoslo así, quitándoles un dinero que -al decir de la señora Daysuris Vásquez- nunca llegó a la campaña del candidato del Pacto Histórico, pero tampoco les fue devuelto. No obstante, lo peor es que al inclinarse la balanza hacia el presidente Petro, todos los asuntos de la investigación –y la resonancia que de ellos harán los medios de comunicación acostumbrados a vivir en ambientes políticos corruptos- dejarán de ser estrictamente judiciales y adquirirán un fuerte tinte político. Se suscitará una contienda mediática en la que los enfrentamientos -conociendo el talante inescrupuloso de la oposición actual en Colombia- estarán basados en falsas noticias y en la compra de jueces y fiscales, en fin, en mentiras y entrampamientos para desacreditar a este gobierno, el primero en la historia que no es corrupto, cuya bandera, también por primera vez en la historia, es la reivindicación del pueblo como único dueño del poder. En esa contienda política, ya iniciada tras las revelaciones de las audiencias judiciales hasta ahora realizadas, no le queda otra vía al presidente Petro –y con él a su gobierno, a los petristas, al Pacto Histórico, a la Colombia Humana y a la izquierda en general- distinta a enfrentar esta realidad: uno de sus propios integrantes ha revelado -en lo que Gustavo Petro denominó “autodestrucción”- haber contaminado la presunta diafanidad de aquella campaña que en su propósito de cautivar al pueblo tuvo como banderas la decencia y la honestidad. De modo que Petro enfrentará ahora una alharaca política, y podemos aseverar que lo hará sin perturbarse, si consideramos que en calidad de hombre público siempre ha demostrado ser sensato y coherente y dudo que se desgaste –como le ocurrió a Ernesto Samper- ocupándose de un tema inevitablemente intrincado; porque, precisamente, puede ser intervenido con falsos testimonios, con la creación ilegal de pruebas y con la compra de jueces y fiscales. Con todo, porque los tiempos han cambiado, al final seremos testigos de la celeridad y trasparencia con que se develará la verdad. Esto lo saben bien tanto sus seguidores como sus opositores: no quedará la menor duda acerca de la inocencia del presidente Gustavo Petro. Y no habrá más impunidad mientras pierdan poder quienes han sido creadores y dueños de las leyes, quienes han sido dueños de las trapisondas y las artimañas, los dueños del juego sucio, acostumbrados a manipular a su antojo las verdades. Durante el desarrollo de la investigación que le sobreviene al presidente Gustavo Petro, conoceremos a los líderes de la extrema derecha que se visten de azul o de rojo, y a los que se visten de verde. Sabremos bien quiénes son los políticos que se oponen al cambio social porque temen perder la riqueza injustificada, porque temen que se desmonten sus modos y maneras excluyentes, y porque temen ver diluidos sus valores de hipócrita religiosidad. El cambio propuesto por el presidente Petro les molesta a los acomodados y a los pacatos egoístas; pues implica la modificación de una estructura social donde habrá espacio para todos; porque los valores, los comportamientos y las pautas culturales serán los signados por la tradición de los pueblos y el progreso de la gente, y no por quienes siendo delincuentes se autodenominan “gente de bien” y están cargados de injustos privilegios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Alguna vez conocí a una candidata al Senado que me contó esta historia. Una líder de Barranquilla la llamó para decirle que estaba muy interesada en apoyar su propuesta y que quería sumarse a su campaña. En ese momento la candidata de nuestra historia pertenecía a un partido de oposición y sus costos de campaña eran 100% cubiertos por crédito, cuya garantía la daba el propio partido político. Muy emocionada, ella tomó de inmediato un bus (sí, un bus) a Barranquilla para hablar con la líder política. La reunión no pudo haber ido mejor. Había un perfecto entendimiento político e ideológico, un sorprendente conocimiento de qué y cómo quería que su comunidad fuera representada en el Senado y, además, un profundo conocimiento. Acordaron que la líder se uniría a su campaña. Hasta que la líder dijo: “necesito para empezar 300 millones de pesos en efectivo para agendar las reuniones.” La candidata le contestó: “no tengo 300 millones de pesos en efectivo, ni tampoco en cuentas. Estamos esperando el desembolso del crédito, pero no será tanta plata”. La líder contestó muy extrañada: “entonces, si no tienes plata, ¿qué haces aquí?”. Esa historia me recuerda al chat de Day Vásquez con sus cinco puntos (cinco millones de pesos). En Colombia nos negamos a ver la verdad y por eso nos inventamos complejas normas que dan apariencia de legalidad cuando en realidad pocas cosas lo son. Para la primera vuelta del 2022, los registros oficiales contabilizaron que los candidatos gastaron 125 mil millones de pesos, casi el presupuesto de atención a víctimas para un año. Lo peor es que todas y todos sabemos que se gastó mucho más que eso. ¿Cuánto cuesta llenar la Plaza de Bolívar? ¿Cuánto cuesta un edil, un concejal, una lideresa política? ¿Cómo cambian las tarifas de los operadores políticos en las regiones? ¿Cuánto del presupuesto público hemos gastado los últimos cincuenta años pagando estas cuotas? Estas son las preguntas que nunca nos hacemos. Pobres y ricos viven y ganan de esa intermediación, los primeros porque no hay otra forma más a la mano de movilidad social y de tener empleo, y los segundos porque la contratación pública es más rentable hoy que el propio narcotráfico. Además, aunque lo neguemos, no hay contrato sin mediación en el mejor de los casos, o coima en el peor de ellos. En los círculos intelectuales y del análisis político no falta el colega que, ante la evidencia de las entrevistas, los testimonios y la propia realidad, opta por decir: “es que no hay pruebas de que eso suceda”. O aún peor, no falta el político que repite: “si tienes pruebas, denúnciame a la Fiscalía”. En el gobierno de Juan Manuel Santos lo que era tradición se convirtió en delito: no reportar gastos de campaña era una falta administrativa y hoy es el delito que tiene a Nicolás Petro Burgos bajo la lupa de la justicia. El otro escándalo que ha salpicado a este gobierno es la declaración de Armando Benedetti, en la que afirma que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña, lo que correspondería a más de la mitad de los gastos reportados entre la primera y segunda vuelta. Sobre ambas declaraciones, lo único que se puede asegurar con certeza antes de que la justicia falle es que la política en Colombia cuesta demasiado dinero, que los candidatos vuelan en aviones privados, que los operadores políticos existen y que incluso un hombre como Álex Char necesita dar cinco puntos, que pueden ser sus gastos de caja menor en un día, para ganar apoyo en el círculo del que consideró que sería el próximo presidente. Y que sin ellos, no se gana. Pero de ellos no hablamos. Cuando el hoy presidente Gustavo Petro lanzó la idea de un acuerdo nacional con la política, estoy segura de que pensaba en su fuero interno, que el poder presidencial era tan grande que se podía trabajar con estos operadores para ganar y luego hacerlos partícipes de un proyecto nacional a punta de darles una porción de burocracia pública que bastaría para que votaran a favor de todo lo que venía. No dimensionó que la intermediación política es el gran poder en las sombras que se ha mantenido a punta de tener un Estado aparentemente pequeño, pero lleno de contratistas. La lideresa barranquillera, Day Vásquez, Nicolás Petro Burgos y Álex Char, tienen muchas cosas en común. Queremos vivir como dioses, con dinero, puestos y contratos. Vivir del Estado, controlarlo, decidir quién entra y quién sale. Queremos honestidad, pero toleramos los niveles desaforados de clientelismo que nos hacen esclavos de la clase política. En eso se ha convertido la política para Colombia y si algo cambió en este gobierno es que nos está enfrentando con quiénes somos en realidad. A ver si empezamos a aceptar que tenemos un problema. Uno de verdad.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares El feminicidio de Luz Mery Tristán el pasado fin de semana puso en evidencia, una vez más, la profunda problemática de violencias basadas en género que vivimos las mujeres y la carencia de los medios de comunicación al presentar dichas violencias. Tristán, una reconocida deportista, campeona mundial de patinaje, fue asesinada en su propia casa en Cali aparentemente a manos de su pareja sentimental, el empresario Andrés Gustavo Ricci. Este feminicidio nos recuerda la urgente necesidad de rechazar la forma en que los medios contribuyen a la construcción de una narrativa errática en torno a estos casos. Los titulares que inundaron las noticias sobre este feminicidio exhiben una tendencia preocupante, porque en primer lugar minimizan la gravedad de las violencias basadas en género; en segundo lugar, revictimizan a las víctimas y sus familias; y, en tercer lugar, evitan dejar en evidencia al agresor, aún más notorio cuando se trata de un empresario influyente. Muchas de las formas de abordar la noticia contribuyen a banalizar el feminicidio, restándole importancia a la verdadera magnitud del problema. Queridos periodistas: ella no murió, a ella la mataron. No es la primera vez que los medios de comunicación distorsionan la realidad de la violencia feminicida. El caso de Luz Mery Tristán es solo un ejemplo, entre muchos, en los que se observa cómo los medios remueven cualquier detalle de la vida de las víctimas, casi que buscando la “justificación” de lo que les pasó, las exhiben, las cuestionan, y sus asesinatos son presentados como simples consecuencias de relaciones fallidas o los mal llamados “crímenes pasionales”. La Revista Semana hasta se atrevió a sacar una nota sobre la extradición por narcotráfico del exesposo de la víctima, dicen: “el hombre fue extraditado cuando era pareja de la patinadora”, como si hoy ese dato tuviera alguna importancia. Estas narrativas son equivocadas, perpetúan estereotipos dañinos y debilitan los esfuerzos por erradicar estas violencias. El contexto en el que se desarrolla este crimen es crucial para comprender la gravedad de las violencias basadas en género. Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, entre el primero de enero y el tres de julio de 2023 se han registrado 320 feminicidios en el país. De hecho, resaltan que los departamentos con más casos registrados este año son: Antioquia con 23 casos y el Valle del Cauca con 18 casos. Recordemos que el pasado mes de mayo, gracias a la presión de movimientos feministas y la insistencia de congresistas como María José Pizarro, se declaró en el Plan Nacional de Desarrollo la “emergencia por violencia de género” (art. 342), que busca implementar nueve medidas urgentes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es lamentable que, después de tantos llamados por parte de las organizaciones de mujeres, aún no haya un consenso general frente a las comunicaciones que permita contribuir a la sensibilización sobre las violencias basadas en género, especialmente la violencia feminicida. Con urgencia, como sociedad, debemos exigirle a los medios de comunicación que adopten un enfoque responsable frente a la manera de abordar las noticias relacionadas con este tema. Ya es hora de que dejen de ser complacientes con los agresores y rompan con la irresponsabilidad que ha caracterizado sus narrativas. En lugar de buscar detalles irrelevantes, deben destacar la gravedad del problema y enfocarse en generar conciencia sobre la necesidad de erradicar las violencias basadas en género de una vez por todas. Asimismo, las autoridades deben actuar con rapidez en la investigación y juzgamiento de todos los casos de violencia feminicida. Se debe garantizar un sistema de justicia que proteja a las víctimas y que contenga la prevención como bandera principal. No olvidemos que, justo la semana pasada, el juzgado 37 administrativo de Bogotá emitió una sentencia condenando al Estado Colombiano por la negligencia para atender el feminicidio de Rosa Elvira Cely en el 2012, subrayando la importancia de un enfoque de género en la administración de justicia. Finalmente, aprovechando la temporada electoral, las campañas políticas deben dejar de instrumentalizar el discurso de género para ganar simpatías. En lugar de esto, candidatos y candidatas deberían comprometerse a promover políticas efectivas que aborden las raíces de estas violencias. Este tema debe ser centrar en la agenda pública. El caso de Luz Mery Tristán es un recordatorio doloroso de la persistente violencia feminicida que enfrentamos. Los medios de comunicación deben comprometerse y contribuir a una transformación en el abordaje de estos temas. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir entornos y narrativas seguras para nosotras.