Por: Laura Bonilla, Subdirectora Para @confidencialcol Alguna vez conocí a una candidata al Senado que me contó esta historia. Una líder de Barranquilla la llamó para decirle que estaba muy interesada en apoyar su propuesta y que quería sumarse a su campaña. En ese momento la candidata de nuestra historia pertenecía a un partido de oposición y sus costos de campaña eran 100% cubiertos por crédito, cuya garantía la daba el propio partido político. Muy emocionada, ella tomó de inmediato un bus (sí, un bus) a Barranquilla para hablar con la líder política. La reunión no pudo haber ido mejor. Había un perfecto entendimiento político e ideológico, un sorprendente conocimiento de qué y cómo quería que su comunidad fuera representada en el Senado y, además, un profundo conocimiento. Acordaron que la líder se uniría a su campaña. Hasta que la líder dijo: “necesito para empezar 300 millones de pesos en efectivo para agendar las reuniones.” La candidata le contestó: “no tengo 300 millones de pesos en efectivo, ni tampoco en cuentas. Estamos esperando el desembolso del crédito, pero no será tanta plata”. La líder contestó muy extrañada: “entonces, si no tienes plata, ¿qué haces aquí?”. Esa historia me recuerda al chat de Day Vásquez con sus cinco puntos (cinco millones de pesos). En Colombia nos negamos a ver la verdad y por eso nos inventamos complejas normas que dan apariencia de legalidad cuando en realidad pocas cosas lo son. Para la primera vuelta del 2022, los registros oficiales contabilizaron que los candidatos gastaron 125 mil millones de pesos, casi el presupuesto de atención a víctimas para un año. Lo peor es que todas y todos sabemos que se gastó mucho más que eso. ¿Cuánto cuesta llenar la Plaza de Bolívar? ¿Cuánto cuesta un edil, un concejal, una lideresa política? ¿Cómo cambian las tarifas de los operadores políticos en las regiones? ¿Cuánto del presupuesto público hemos gastado los últimos cincuenta años pagando estas cuotas? Estas son las preguntas que nunca nos hacemos. Pobres y ricos viven y ganan de esa intermediación, los primeros porque no hay otra forma más a la mano de movilidad social y de tener empleo, y los segundos porque la contratación pública es más rentable hoy que el propio narcotráfico. Además, aunque lo neguemos, no hay contrato sin mediación en el mejor de los casos, o coima en el peor de ellos. En los círculos intelectuales y del análisis político no falta el colega que, ante la evidencia de las entrevistas, los testimonios y la propia realidad, opta por decir: “es que no hay pruebas de que eso suceda”. O aún peor, no falta el político que repite: “si tienes pruebas, denúnciame a la Fiscalía”. En el gobierno de Juan Manuel Santos lo que era tradición se convirtió en delito: no reportar gastos de campaña era una falta administrativa y hoy es el delito que tiene a Nicolás Petro Burgos bajo la lupa de la justicia. El otro escándalo que ha salpicado a este gobierno es la declaración de Armando Benedetti, en la que afirma que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña, lo que correspondería a más de la mitad de los gastos reportados entre la primera y segunda vuelta. Sobre ambas declaraciones, lo único que se puede asegurar con certeza antes de que la justicia falle es que la política en Colombia cuesta demasiado dinero, que los candidatos vuelan en aviones privados, que los operadores políticos existen y que incluso un hombre como Álex Char necesita dar cinco puntos, que pueden ser sus gastos de caja menor en un día, para ganar apoyo en el círculo del que consideró que sería el próximo presidente. Y que sin ellos, no se gana. Pero de ellos no hablamos. Cuando el hoy presidente Gustavo Petro lanzó la idea de un acuerdo nacional con la política, estoy segura de que pensaba en su fuero interno, que el poder presidencial era tan grande que se podía trabajar con estos operadores para ganar y luego hacerlos partícipes de un proyecto nacional a punta de darles una porción de burocracia pública que bastaría para que votaran a favor de todo lo que venía. No dimensionó que la intermediación política es el gran poder en las sombras que se ha mantenido a punta de tener un Estado aparentemente pequeño, pero lleno de contratistas. La lideresa barranquillera, Day Vásquez, Nicolás Petro Burgos y Álex Char, tienen muchas cosas en común. Queremos vivir como dioses, con dinero, puestos y contratos. Vivir del Estado, controlarlo, decidir quién entra y quién sale. Queremos honestidad, pero toleramos los niveles desaforados de clientelismo que nos hacen esclavos de la clase política. En eso se ha convertido la política para Colombia y si algo cambió en este gobierno es que nos está enfrentando con quiénes somos en realidad. A ver si empezamos a aceptar que tenemos un problema. Uno de verdad.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares El feminicidio de Luz Mery Tristán el pasado fin de semana puso en evidencia, una vez más, la profunda problemática de violencias basadas en género que vivimos las mujeres y la carencia de los medios de comunicación al presentar dichas violencias. Tristán, una reconocida deportista, campeona mundial de patinaje, fue asesinada en su propia casa en Cali aparentemente a manos de su pareja sentimental, el empresario Andrés Gustavo Ricci. Este feminicidio nos recuerda la urgente necesidad de rechazar la forma en que los medios contribuyen a la construcción de una narrativa errática en torno a estos casos. Los titulares que inundaron las noticias sobre este feminicidio exhiben una tendencia preocupante, porque en primer lugar minimizan la gravedad de las violencias basadas en género; en segundo lugar, revictimizan a las víctimas y sus familias; y, en tercer lugar, evitan dejar en evidencia al agresor, aún más notorio cuando se trata de un empresario influyente. Muchas de las formas de abordar la noticia contribuyen a banalizar el feminicidio, restándole importancia a la verdadera magnitud del problema. Queridos periodistas: ella no murió, a ella la mataron. No es la primera vez que los medios de comunicación distorsionan la realidad de la violencia feminicida. El caso de Luz Mery Tristán es solo un ejemplo, entre muchos, en los que se observa cómo los medios remueven cualquier detalle de la vida de las víctimas, casi que buscando la “justificación” de lo que les pasó, las exhiben, las cuestionan, y sus asesinatos son presentados como simples consecuencias de relaciones fallidas o los mal llamados “crímenes pasionales”. La Revista Semana hasta se atrevió a sacar una nota sobre la extradición por narcotráfico del exesposo de la víctima, dicen: “el hombre fue extraditado cuando era pareja de la patinadora”, como si hoy ese dato tuviera alguna importancia. Estas narrativas son equivocadas, perpetúan estereotipos dañinos y debilitan los esfuerzos por erradicar estas violencias. El contexto en el que se desarrolla este crimen es crucial para comprender la gravedad de las violencias basadas en género. Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, entre el primero de enero y el tres de julio de 2023 se han registrado 320 feminicidios en el país. De hecho, resaltan que los departamentos con más casos registrados este año son: Antioquia con 23 casos y el Valle del Cauca con 18 casos. Recordemos que el pasado mes de mayo, gracias a la presión de movimientos feministas y la insistencia de congresistas como María José Pizarro, se declaró en el Plan Nacional de Desarrollo la “emergencia por violencia de género” (art. 342), que busca implementar nueve medidas urgentes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es lamentable que, después de tantos llamados por parte de las organizaciones de mujeres, aún no haya un consenso general frente a las comunicaciones que permita contribuir a la sensibilización sobre las violencias basadas en género, especialmente la violencia feminicida. Con urgencia, como sociedad, debemos exigirle a los medios de comunicación que adopten un enfoque responsable frente a la manera de abordar las noticias relacionadas con este tema. Ya es hora de que dejen de ser complacientes con los agresores y rompan con la irresponsabilidad que ha caracterizado sus narrativas. En lugar de buscar detalles irrelevantes, deben destacar la gravedad del problema y enfocarse en generar conciencia sobre la necesidad de erradicar las violencias basadas en género de una vez por todas. Asimismo, las autoridades deben actuar con rapidez en la investigación y juzgamiento de todos los casos de violencia feminicida. Se debe garantizar un sistema de justicia que proteja a las víctimas y que contenga la prevención como bandera principal. No olvidemos que, justo la semana pasada, el juzgado 37 administrativo de Bogotá emitió una sentencia condenando al Estado Colombiano por la negligencia para atender el feminicidio de Rosa Elvira Cely en el 2012, subrayando la importancia de un enfoque de género en la administración de justicia. Finalmente, aprovechando la temporada electoral, las campañas políticas deben dejar de instrumentalizar el discurso de género para ganar simpatías. En lugar de esto, candidatos y candidatas deberían comprometerse a promover políticas efectivas que aborden las raíces de estas violencias. Este tema debe ser centrar en la agenda pública. El caso de Luz Mery Tristán es un recordatorio doloroso de la persistente violencia feminicida que enfrentamos. Los medios de comunicación deben comprometerse y contribuir a una transformación en el abordaje de estos temas. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir entornos y narrativas seguras para nosotras.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la noche de este miércoles 09 de agosto asesinaron al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un acto de campaña en la capital, Quito. Villavicencio, de 59 años, había emergido como una figura política cuyo enfoque en la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana lo había posicionado como una opción a tener en cuenta en las elecciones presidenciales anticipadas que estaban programadas para el próximo 20 de agosto. La escena del crimen fue el colegio Anderson, donde Villavicencio se encontraba finalizando su acto de campaña ante un grupo de simpatizantes. Alrededor de las 6:20 p.m., al concluir el evento, varios disparos resonaron en el lugar, que resultaron en la muerte de Villavicencio y un saldo de nueve personas heridas. La Fiscalía de Ecuador emitió un comunicado confirmando el trágico suceso y dando detalles sobre el tiroteo. Según las autoridades, luego del ataque, que generó caos entre la multitud que se encontraba en el lugar, uno de los sospechosos habría sido aprehendido, pero murió más tarde debido a heridas sufridas durante un enfrentamiento con el personal de seguridad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su indignación y condenó este acto violento, calificándolo como un crimen político y un intento de sabotaje al proceso electoral. Esteban Ron, decano de ciencias jurídicas en la UISEK de Ecuador, expresó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) su profunda preocupación por la propagación de temor y terror que este evento desata, que impacta directamente en el proceso democrático. Ron mencionó que el asesinato refleja de manera elocuente la existencia de un direccionamiento cada vez más evidente por parte de la criminalidad en el país. De manera particular, esta tendencia ha tomado forma en el desafío hacia instituciones fundamentales del Estado Ecuatoriano, como la representación política y el sistema democrático. También explicó que la identificación de las personas detrás de las amenazas dirigidas a Villavicencio es problemática. Esto se debe a que los grupos irregulares o criminales en Ecuador adoptan diversas estrategias para ocultar el origen de sus ataques, lo que complica la certeza sobre sus responsables. Sin embargo, Fernando Villavicencio ya había identificado que las amenazas que estaba enfrentando estaban vinculadas a grupos de criminalidad organizada; uno de estos grupos, conocido como “Lobos”, negó su involucramiento en el ataque. Fernando Villavicencio era un político que trabajaba por la lucha contra la corrupción y la defensa de la justicia. Aunque su experiencia en cargos electivos no era extensa, su historial en el periodismo de investigación y su compromiso con la transparencia le habían otorgado reconocimiento. Durante su tiempo en la Asamblea Legislativa lideró la Comisión de Fiscalización y Control Político, desde donde desentrañó casos de corrupción en el sector petrolero y promovió investigaciones en temas de interés público. Su lema de campaña, “Es tiempo de valientes”, reflejaba su determinación para abordar los desafíos más apremiantes de Ecuador. Las propuestas de Villavicencio se centraban en un enfoque “multidimensional” de la seguridad, abordando no sólo la violencia, sino también la seguridad ciudadana, alimentaria, económica, ambiental y sanitaria. Su programa electoral abogaba por una justicia independiente y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en el sector petrolero, un tema en el que había profundizado durante su tiempo como periodista. En los días previos a su asesinato, su campaña había emitido un comunicado informando que Villavicencio seguía recorriendo el país a pesar de las amenazas de muerte que recibía de grupos criminales. El presidente Guillermo Lasso, como respuesta al asesinato de Villavicencio, declaró un estado de excepción en todo el país por 60 días. Esta medida implica la movilización de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana y la realización de las elecciones programadas. Además, se han suspendido algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo por mantener el orden público y la paz social. Hasta hace una semana, las intenciones de voto estaban encabezadas por la abogada Luisa González, afín al exmandatario Rafael Correa; el abogado indígena Yaku Pérez; el economista Otto Sonnenholzner; y el periodista Fernando Villavicencio, ahora fallecido. Estos nombres destacaban, según una encuesta de Cedatos. Los candidatos han presentado diversas propuestas para abordar la seguridad en el país. Entre ellas se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, la instalación de inhibidores de señales de telecomunicaciones en las prisiones, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares, y reformas legales para endurecer las sanciones. Cada candidato tiene su enfoque característico. Ecuador se prepara para unas elecciones generales anticipadas para completar el actual período, que concluirá en 2025. Esta decisión se tomó tras la disolución del Congreso por parte del actual presidente Guillermo Lasso, quien ha optado por no participar en las próximas elecciones y, en cambio, centrarse en cumplir las metas de su gobierno antes de concluir su mandato. El sistema electoral ecuatoriano establece que, para evitar una segunda vuelta, el ganador debe obtener al menos un 40% de los sufragios válidos y una diferencia de más de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato en la primera ronda. En paralelo a la elección presidencial, los ecuatorianos también deberán seleccionar a 137 representantes para el Legislativo, una institución que históricamente ha enfrentado problemas de credibilidad. Además de los cargos presidenciales y legislativos, la misma fecha de las elecciones generales albergará dos consultas populares impulsadas por grupos de ambientalistas. Estos colectivos buscan detener la explotación petrolera y minera en dos zonas designadas como reservas de la biosfera, lo que refleja el compromiso de la sociedad ecuatoriana con la protección del medio ambiente. El homicidio de Fernando Villavicencio ha desencadenado interrogantes en torno a la seguridad de los candidatos y la estabilidad del proceso electoral. Según Esteban Ron, desde una óptica constitucional y siguiendo las pautas delineadas en el artículo 112 del Código de la Democracia de Ecuador, la responsabilidad de proceder al reemplazo de la candidatura recae en la organización política Construye 25. En este contexto, las directivas de esta agrupación deben tomar una determinación respecto a la sustitución del candidato fallecido. Ron enfatizó que en ninguna circunstancia está previsto que la vicepresidenta asuma esta función. La nueva candidatura seleccionada debe someterse a un proceso de escrutinio público, el cual implica la presentación de objeciones e impugnaciones que deben ser dirimidas antes de confirmar la candidatura de manera definitiva. Aunque es poco probable, para Esteban Ron, que este proceso se complete antes del próximo domingo, por lo que existe la posibilidad de llegar a una resolución antes del día de las elecciones. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, en las encuestas recientes, Villavicencio se encontraba en segundo lugar. Este hecho tiene el potencial de influir en el resultado de las elecciones. Además, Bonilla indicó que es altamente probable que esta situación sea utilizada para cuestionar la gestión del actual presidente Lasso. En palabras de Bonilla, Fernando Villavicencio será reemplazado conforme a las disposiciones de la ley electoral. En este sentido, el o la candidata que lo suceda podría experimentar un aumento en sus posibilidades de crecimiento. Finalmente, Bonilla destacó que la violencia política ya estaba en aumento y señaló que esta se encuentra relacionada con conflictos internacionales y los disturbios en el mercado del narcotráfico.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto: El País Cali En un evento público histórico en Corferias, el Gobierno de Gustavo Petro y la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) oficializaron el cese al fuego bilateral que entra en vigencia hoy jueves 3 de agosto, marcando un hito en la búsqueda de la paz en Colombia. Tras casi 30 años de intentos de negociación, este acuerdo de seis meses representa el más largo jamás pactado con esta guerrilla, y será verificado por Naciones Unidas. Con la presencia del presidente Gustavo Petro y más de 2,000 personas provenientes de diferentes territorios del país, el evento en Corferias se convirtió en un símbolo de esperanza para una nación que ha padecido décadas de conflicto armado. La tarima, dispuesta con 14 puestos, acogió a las delegaciones de ambas partes y a los organismos acompañantes, así como a los 81 delegados del Comité Nacional de Participación, quienes representan a 30 organizaciones y sectores de la sociedad civil. Ver: (Petro firma decreto de cese al fuego con el ELN en medio de un incremento de acciones armadas) El Comité Nacional de Participación es una pieza clave en este proceso de paz, ya que su función principal será la de recolectar y sistematizar las propuestas de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar una paz duradera. El plan de trabajo del Comité abarca hasta mayo de 2025, y se compone de cuatro fases claramente definidas. La primera fase se enfocará en la realización de 15 encuentros nacionales y nueve regionales, en los que se recopilarán las iniciativas más importantes de los distintos territorios. Cabe recordar que en total fueron nueve puntos los consignados en el documento del cese, en el que se explican temas importantes como: el papel de la Iglesia; el monitoreo y verificación; prórroga y suspensión del cese al fuego; seguridad y protección; veeduría; pedagogía; seguridad al ELN; comunicación; y rol de la mesa. Estos puntos serán verificados desde nueve oficinas regionales y locales, las cuales serán fundamentales en el seguimiento. En los protocolos también se establece cómo se podrían romper dichos acuerdos del cese al fuego por parte de algún tipo de incumplimiento entre las partes. Ver: (Claves para entender los protocolos del cese al fuego firmado por el Gobierno y el ELN) Aunque la sede principal del Comité estará en Bogotá, también se prevé la realización de sesiones en diferentes partes del país, con el apoyo de un representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal. La participación de la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, es un respaldo significativo para el proceso de paz en el país. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció la ampliación del mandato de la Misión que opera en Colombia, con el fin de verificar el cese al fuego bilateral con el ELN. Para llevar a cabo esta labor, se enviarán 68 observadores adicionales al país, quienes integrarán el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) en las instancias nacional, regional y local. La Misión será portavoz del MMV y trabajará en conjunto con la fuerza pública, delegados del ELN, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Conferencia Episcopal. Ver: (¿En qué consiste el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego con el ELN?) Es relevante recordar el contexto histórico del ELN, el cual es considerado como la guerrilla activa más antigua del continente americano, con más de 50 años de historia en Colombia. Durante su existencia, ha sido señalado por cometer múltiples crímenes de guerra y abusos contra civiles, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, según un reporte de Human Rights Watch de 2021. El líder actual del ELN es Eliécer Herlinto Chamorro, conocido como “Antonio García”. Chamorro asumió el liderazgo del grupo en junio de 2021, sucediendo a Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, quien había estado al frente de la guerrilla desde la década de 1970. “Antonio García” ha sido considerado uno de los miembros más radicales de la organización, enfocado en aumentar la capacidad militar del grupo. A lo largo de su existencia, el ELN ha pasado por distintas etapas y ha enfrentado diversos retos. En la década de 1980, se destacó por especializarse en el secuestro y obtener ingresos a través de rescates. En la siguiente década, el grupo atacaba regularmente los oleoductos más grandes del país y cobraba impuestos a cultivadores de marihuana y coca, especialmente en el departamento de Bolívar. Sin embargo, el ELN también ha tenido varios intentos de negociar un acuerdo de paz con los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que no llegaron a buen puerto. Un punto crítico se dio en 2019, tras un ataque con carro bomba en una escuela de Policía en Bogotá que dejó 21 muertos y alrededor de 80 heridos. En los últimos cuatro años, el ELN ha sido considerado presunto responsable de cerca del 10% de las acciones violentas durante el Gobierno de Iván Duque, según un informe de Indepaz. Los responsables materiales de estos actos han sido, en su mayoría, grupos armados ilegales, narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC-EP, y la fuerza pública. En contraste, una investigación de Indepaz señala que el ELN enfrenta ahora un declive de carácter institucional y que la legitimidad que tenía en algunas zonas del país se ha ido estancando. El punto de ebullición fue la reanudación de los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, tras la suspensión de las negociaciones en 2019. El cese al fuego bilateral es una apuesta central para alcanzar la paz y reconciliación en Colombia. Algunos frentes del ELN han manifestado su deseo de acatar y respetar el acuerdo, suspendiendo todas sus operaciones ofensivas contra la población y la fuerza pública. Es un paso significativo hacia la paz que, sin duda, demandará esfuerzo, diálogo y compromiso de ambas partes. El proceso de paz en Colombia enfrenta desafíos y obstáculos, pero la instalación del Comité Nacional de Participación y el inicio del cese al fuego son señales de que el país avanza hacia la construcción de una sociedad más justa y en paz. La colaboración de la comunidad internacional, representada por Naciones Unidas, también es vital para garantizar la implementación y verificación del acuerdo. La paz en Colombia no será tarea fácil, pero este cese al fuego bilateral representa un paso esperanzador en el camino hacia la reconciliación y la transformación de una nación que ha vivido múltiples conflictos. Con el respaldo de la comunidad internacional y el compromiso de todas las partes involucradas, se vislumbra un futuro más prometedor para el país sudamericano. Es momento de dejar atrás décadas de violencia y trabajar juntos por una Colombia en paz.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La economía política centra su mirada en los actores. Observa a las organizaciones -como los ministerios o los departamentos administrativos- y a las personas -como los ministros, directores y jefes-. Considera que son estos hombres y mujeres, quienes están a cargo de los organismos, los y las responsables de tomar decisiones y dirigir las acciones que afectan nuestras vidas. De allí que cuando se quiere hacer un balance sobre el buen o mal desempeño de un gobierno o período de este, se debe involucrar necesariamente a los tomadores de decisiones en materia de política económica. Identificando las decisiones que tomaron, el comportamiento de las variables económicas y las repercusiones que tienen en el desarrollo social. Este 07 de agosto de 2023, precisamente, el gobierno Petro cumplió su primer año. Siguiendo la recomendación que hace la economía política, sería necesario identificar y analizar a algunos de los principales responsables de la política económica -a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y del Trabajo, al igual que el Departamento de Planeación Nacional- y juzgar sus actuaciones y resultados. Durante estos doce meses de gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha tenido dos personas a cargo. El primero fue José Antonio Ocampo, quien cumplió el papel estratégico de calmar las negativas expectativas que se tenían frente a un cambio en el modelo económico del nuevo gobierno. Ocampo logró ponerse al frente de la cartera de economía y decirle al mundo que se tendría un país responsable en materia de ingresos y gastos. En el primer frente de trabajo logró la aprobación rápida de una reforma tributaria, la cual se considera progresista. Con ella, se pudo aumentar el recaudo este año en, por lo menos, 19,7 billones de pesos, que, junto a los otros impuestos, ha permitido conseguir más de $170 billones a junio de 2023 según la DIAN. En el otro frente de trabajo, el ministro Ocampo logró dejar diseñado y en ejecución un presupuesto aprobado de 405 billones, que, con las adiciones asignadas en 2023, han sobrepasado los 500 billones y con ello se han conseguido los recursos suficientes para ejecutar una diversidad de programas sociales que está ejecutando el gobierno Petro. El segundo ministro de Hacienda es Ricardo Bonilla, quien ha mantenido la misma línea de su antecesor, en especial frente al cumplimiento de la regla fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Su principal decisión -con un alto costo en la popularidad del Gobierno- ha sido el aumento del precio de la gasolina corriente. Esta ha aumentado en cerca de un 30%, buscando igualar el próximo año el precio interno al precio internacional. La consecuencia de esta costosa decisión política -que ocultó y no quiso afrontar el gobierno Duque- es el control del déficit fiscal del Gobierno central. Este aumento del precio de la gasolina -de $9.400 a 13.600- ha permitido que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles reduzca la deuda que tenía el Estado de 37 billones y que amenazaba con subir a los 70 billones de pesos este año. Todas estas acciones del Ministerio de Hacienda han posibilitado que se pase de una expectativa de crecimiento económico del 1% para este año a otra mayor que oscila entre 1,5% o 1,8%. En un ambiente mundial que se caracteriza por las crisis y el decrecimiento económico, luego de un período de pandemia, con un déficit fiscal en crecimiento y con una guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado a todo el globo. Igualmente, uno de los logros económicos importantes en el país durante este último año ha sido el control de la tasa de inflación. La Junta Directiva del Banco de la República -que tiene entre sus miembros al ministro de Hacienda- tomó la decisión de aumentar las tasas de interés de manera sistemática hasta un máximo de 13,25%. Logrando, desde marzo de este año, presentar resultados positivos en materia inflacionaria, con un crecimiento cada vez menor del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pasando de 13,34% en marzo pasado a 12,13% en junio. En esta labor de fomentar el desarrollo y el crecimiento económico acompaña al Ministerio de Hacienda, de manera paralela, el Departamento Nacional de Planeación. Al frente de este importante organismo el presidente de la República nombró a Jorge Iván González. Destacándose en este primer año la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En tiempo récord, el DNP logró realizar 51 Diálogos Regionales Vinculantes, en los que participaron 250 mil personas de 1.104 municipios de los 32 departamentos. De esta manera, desde principios de 2023, el país cuenta con una hoja de ruta que, por cuatro años, le señala un camino claro para el desarrollo. Son $1.154 billones que lograron ser pensados para llevar a cabo, entre otros proyectos, las 89 mil propuestas o necesidades de cambio que se identificaron en los diálogos regionales. Destacando entre las apuestas el aumento de la transferencia de subsidios a la población -de $3 billones a cerca de $12 billones- mediante el programa de Renta Ciudadana. Otra apuesta importante es la de transición energética. El país le ha propuesto al mundo convertirse en una Potencia Mundial de la Vida. Para lograrlo, el DNP, junto a varios ministerios, le está aportando a la descarbonización de la economía. En esta lógica, el Ministerio de Minas y Energía envió señales a la inversión extranjera en estar repensando el tema petrolero y la necesidad del cuidado del medio ambiente, usando energías renovables y una política de cuidado de la selva amazónica. La ministra Irene Vélez también logró -antes de su renuncia en julio- poner sobre el tapete la importancia de introducir cambios normativos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Desde que llegó a la cartera de Minas, le propuso a los empresarios del sector realizar un pacto por la Justicia Tarifaria, buscando controlar el excesivo incremento en el costo de estos servicios, y construir colectivamente otra fórmula tarifaria. Por último, entre los otros organismos que inciden en la economía, quiero destacar el Ministerio del Trabajo. La importancia de este organismo está en el logro de poner de acuerdo a centrales obreras y gremios en un reajuste salarial del 16% para 2023. Además, aportar a la construcción de dos propuestas de reformas que están en el Congreso de la República -una pensional y otra laboral- y que representan un giro en la manera como se piensa el trabajo y la seguridad de los que laboran y cotizan en Colombia. Este ministerio, junto al conjunto de organizaciones del Gobierno, lograron reducir la tasa de desempleo en el país en 2 puntos porcentuales, cayendo a 9,3% en julio de este año para todo el país y en 8,8% en las principales 13 ciudades. En especial, cabe destacar la reducción del desempleo juvenil y el cierre de la brecha entre las tasas por género -hombres y mujeres-. Con lo cual se está atendiendo uno de los principales problemas que llevó al país a las movilizaciones en 2022 y al cumplimiento de una de las promesas que realizó el presidente Petro en campaña. En síntesis, se tiene un balance positivo en materia económica en el país durante este primer año de gobierno. El presidente Petro, con su equipo de trabajo, han logrado direccionar una serie de programas y acciones que han mantenido la economía a flote, en medio de una situación crítica mundial. Con unas acciones de corto y mediano plazo que han logrado avanzar en las principales variables: crecimiento económico, inflación, desempleo, valorización del peso frente al dólar y el euro, reducción de los déficit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, entre otros. Además, los ministerios, a pesar de la relativa inestabilidad de sus dirigentes -pues este Gobierno se ha caracterizado por un cambio periódico de los responsables de las carteras-, han logrado mantener un norte coherente. Se tiene una serie de propuestas de cambio estructural que operan lentamente y con dificultad, como se espera. Convirtiéndose estas reformas -salud, pensiones, laboral y de educación superior, entre otras- en el mayor reto que tiene el Gobierno en el resto de su mandato. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Semana del 31 de julio al 07 de agosto de 2023 Esta ha sido la semana de mayor exposición mediática en toda la historia del ELN y de su mayor hecho político, en una perspectiva de paz, al estar presente la delegación de diálogos del ELN, encabezada por Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, en la instalación del Comité Nacional de Participación y en el inicio del cese bilateral de fuego por 180 días. Lo anterior en el marco del proceso de paz que esta guerrilla adelanta con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El acto público de instalación del Comité Nacional de Participación, llevado a cabo el jueves 03 de agosto con la presencia del presidente Gustavo Petro y toda la delegación negociadora del gobierno, al igual que el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda y la delegación del ELN, fue un escenario para presentar mensajes importantes que siguen moviendo este proceso de diálogos y negociaciones en curso. Petro hizo un recorrido histórico de esto que ha llamado una guerra perpetua: Colombia es vida y debe salir de la muerte, argumenta. Hizo énfasis en la importancia de salir de la violencia, mensaje expuesto delante de la delegación del ELN, precisando que está más que demostrado que los cambios y las reivindicaciones históricas por las que ha luchado el ELN, ya casi por sesenta años, tienen todas las posibilidades de realización en la paz y la lucha sin armas, y los exhortó a que sigan buscando ese camino, que vienen recorriendo en este proceso. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, hizo énfasis en que Colombia vive un momento de cambio, que ese es el anhelo de las mayorías nacionales. Habló de la centralidad y el protagonismo de la sociedad para hacer realidad los cambios y transformaciones, toda esta participación y las transformaciones a concertar y concretar, es para tener una visión común de paz. Dijo también que este proceso que se inicia requiere de la más amplia y diversa participación, sin excepciones, se requiere la intervención de las élites tradicionales de poder para concertar con ellas esa visión compartida de paz. Pablo Beltrán hizo una diferencia entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y "el viejo régimen". El ELN le cree al gobierno cuando afirma que no va a perseguir a nadie por sus ideas políticas y sus movilizaciones, pero el “viejo régimen” sí persigue y mata, y eso se debe acabar, dijo. El jefe de la delegación del ELN hizo una afirmación que ha sido criticada: "no cuenten con el ELN para resolver consecuencias del conflicto, eso no es trabajo de nosotros, vamos a las causas, cuenten con nosotros para resolver causas", es una expresión desafortunada y que va en contravía de la formulación de "verdad toda, verdad todos", que el mismo Pablo Beltrán ha enarbolado desde hace años, y por supuesto que el tema de las víctimas y responsabilidades de todos los actores involucrados en este largo conflicto hace parte de la agenda firmada entre Gobierno Colombiano y el ELN, punto cuatro. En la presentación de Pablo Beltrán hubo una novedad que vale la pena resaltar, presentó cinco propuestas sobre cambios que consideran prioritarios y que pueden ser la base para este proceso de participación, con el propósito de concertar transformaciones. 1) Que no pensemos sólo como sector social, región, intereses particulares, pensemos todos y todas en Colombia; 2) la prioridad es la deuda social y no la deuda externa, como un asunto de soberanía nacional; 3) un Estado con carácter social, para cuidar a la ciudadanía; 4) superar el exterminio con métodos estatales y paraestatales; y 5) control social para superar la corrupción. Aquí se pueden escuchar todas las intervenciones en el acto del jueves 03 de agosto: 2. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la ampliación del mandato de su Misión de Paz en Colombia para que haga parte del monitoreo y verificación del cese bilateral pactado entre el Gobierno Colombiano y el ELN. 3. Entrevista al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-entrevista-con-danilo-rueda-alto-comisionado-para-la-paz-del-gobierno-petro/ 4. Antonio García, primer comandante del ELN, se refiere en su columna al proceso de participación y la instalación del Comité Nacional de Participación: https://telegra.ph/Los-cambios-de-ideario-Vencer-o-Par%C3%ADs-08-07 5. Diálogo de Yamid Amat con Pablo Beltrán sobre este proceso de paz y sus perspectivas: 6. Juan Manuel Ospina, en sus diálogos en Las2 Orillas, invitó a Sebastián Guerra, integrante del equipo en Colombia del Instituto de Paz de los Estados Unidos, a un intercambio sobre el proceso de participación acordado entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 7. El 03 de agosto inició el cese bilateral al fuego entre el Gobierno Colombiano y el ELN, aquí un diálogo de El Espectador con el senador Iván Cepeda, integrante del equipo de Gobierno para el proceso con el ELN, y Aureliano Cabonell, de la delegación de diálogo del ELN: 8. “Las negociaciones se han abordado con seriedad”: monseñor Henao a propósito del cese el fuego con el ELN: https://www.elpais.com.co/politica/las-negociaciones-se-han-abordado-con-seriedad-monsenor-henao-a-proposito-del-cese-el-fuego-con-el-eln-0441.html Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El abuso policial sigue siendo una preocupación apremiante en nuestra sociedad. A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la actuación policial y la rendición de cuentas, este flagelo persiste, generando indignación y preocupación entre la población. Los recientes incidentes registrados han despertado el debate sobre la transparencia en los procesos de investigación y judicialización que involucran a las fuerzas de seguridad en Colombia. Estos casos han puesto de relieve la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de formación y capacitación policial, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y prevenir el uso excesivo de la fuerza. En la mañana del pasado domingo 11 de junio, en el barrio Cazucá de Soacha, se desencadenó una confrontación violenta entre un grupo de jóvenes y una unidad policial del cuadrante, dejando como resultado la trágica muerte de Fabián Perdomo, un adolescente de tan solo 14 años. Los hechos, registrados en videos captados por vecinos del lugar, han suscitado indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Según el reporte oficial, el enfrentamiento tuvo inicio aproximadamente a las 6:45 de la mañana, cuando un grupo de hombres atacó a varios uniformados que patrullaban la zona. En respuesta a la agresión, uno de los policías aparece en los videos mostrando un cuchillo en un aparente intento de amedrentar al grupo. Sin embargo, la situación se tornó más caótica cuando se escucharon disparos y gritos, sumando a el pánico de los residentes del sector. Fabián Perdomo se encontraba en el lugar de los hechos y del enfrentamiento, ya que había salido a la panadería en el momento del incidente. Las imágenes lo muestran como una víctima colateral del enfrentamiento, que sin participar activamente sufrió la violencia de los hechos. Los testimonios de los patrulleros indican que tres de ellos resultaron lesionados durante el altercado: uno con arma corto punzante, otro con arma de fuego tipo traumática y una patrullera con múltiples golpes. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía, la cual busca determinar cuál fue el proyectil de arma de fuego que impactó mortalmente a Fabián Perdomo. En otro caso de presunto abuso de autoridad, ocurrió el mes pasado en la ciudad de Cartagena. Los hechos ocurrieron en la avenida “El Consulado”, a la altura del Conjunto Residencial “Los Ejecutivos”, involucrando a uniformados de la Policía Metropolitana. Los afectados aseguran que fueron sometidos a un trato injusto y violento por parte de los agentes, generando indignación en la comunidad. Todo comenzó cuando una patrulla se aproximó al conductor y la acompañante de una motocicleta que transitaba por la zona. Los ciudadanos afirmaron tener todos los papeles en regla, sin embargo, los uniformados insistieron en llevarse la motocicleta sin una explicación válida aparente. Ante la negativa del conductor de ceder su vehículo, la situación se tornó tensa y descontrolada. Según testimonios de los afectados, los policías sacaron sus armas de dotación y les ordenaron levantar las manos, acusándolos de estar involucrados en actividades criminales, específicamente “sicariato”. La acompañante del joven conductor denunció que, en medio del forcejeo, los uniformados lo tiraron violentamente al suelo, aumentando el nivel de violencia y abuso percibido por los ciudadanos. En un giro inesperado, agentes del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT) llegaron al lugar alegando que la motocicleta circulaba sin la placa visible. La situación se volvió aún más tensa y descontrolada, generando daños materiales en el área y aumentando la indignación de la ciudadanía. La versión de la Policía Metropolitana de Cartagena informó que la patrulla actuó en respuesta a la información recibida sobre una motocicleta con características similares a la de uno de los presuntos responsables de un sicariato registrado en el mercado de Bazurto. Esta información habría desencadenado una acción de persecución que, según los ciudadanos afectados, se salió de control y terminó en un trato violento y abusivo hacia ellos. Este incidente avivó el debate sobre el respeto a los derechos ciudadanos y el uso adecuado de la fuerza por parte de la Policía. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Además, reiteran la importancia de que los procedimientos internos de la institución sean fortalecidos y orientados hacia una actuación policial responsable y respetuosa de los derechos humanos. Ante estos casos y muchos otros que se han registrado no solo este año, Isaac Morales, coordinador de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) enfatizó en la necesidad de transparencia para los procesos de investigación y judicialización de la policía, particularmente cuando se trata de abuso policial. Morales señaló que la justicia penal militar, que tiene jurisdicción sobre casos policiales, puede limitar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es crucial que estos procesos sean claros y accesibles para la ciudadanía. Respecto a la prevención del abuso policial, Isaac Morales destacó la importancia de fortalecer los procesos de formación y capacitación policial en derechos humanos. Además, señaló que, en muchos casos, la formación es insuficiente y no se enfoca adecuadamente en respetar los derechos de los ciudadanos. También instó a reforzar los procedimientos y protocolos internos de la policía para garantizar un actuar más responsable y consciente. El año 2021 quedó marcado en la memoria colectiva de los Colombianos, debido a una serie de manifestaciones que cambiaron el rumbo del país. Desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo, miles de personas tomaron las calles para expresar su descontento frente a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque. Lo que inicialmente fue una protesta pacífica se vio ensombrecida por una represión policial sin precedentes. La represión policial durante ese período fue abrumadora y devastadora. Trágicamente, 43 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad. El intento de aplicar una reforma tributaria que afectaría principalmente a las personas de ingresos medios y bajos desencadenó una ola de indignación y solidaridad en toda la nación. Sin embargo, en lugar de escuchar y entender las preocupaciones de la ciudadanía, las autoridades respondieron presuntamente con violencia. La brutalidad policial no se detuvo allí. En tan solo un mes, se registraron 3.405 presuntos casos de abuso policial y 1.445 detenciones arbitrarias, dejando a más de mil personas con heridas y marcas físicas por la violencia ejercida por quienes deberían protegerlas. Es especialmente inquietante que 47 personas sufrieran heridas en los ojos debido a la agresión policial, lo que refleja una represión desproporcionada y peligrosa. La situación continuó significativamente en el año siguiente, pues según el reporte de Temblores ONG sobre la violencia policial en 2022, se registraron 341 presuntos casos de violencia policial que afectaron al menos a 552 personas. Cada uno de estos casos pudo haber involucrado múltiples formas de violencia, como agresiones físicas durante detenciones arbitrarias o actos de violencia sexual. Además, es importante tener en cuenta que un solo caso puede afectar a más de una víctima, lo que muestra la magnitud y la gravedad del problema. Las cifras también revelan una disparidad preocupante en cuanto a la distribución geográfica de estos incidentes. Bogotá fue la ciudad más afectada, con 160 casos registrados, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Es alarmante que Bogotá también tenga el mayor número de hechos de violencia policial por millón de habitantes, lo que indica una situación especialmente compleja y delicada en la capital del país. Teniendo en cuenta dichas cifras, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares hizo énfasis en que a pesar de que los avances institucionales en la transformación de la policía son reconocidos, así sea un solo caso de abuso policial puede restar importancia a todos los avances realizados. Por tal motivo, es importante seguir trabajando para que este tipo de casos no se presenten y la ciudadanía realmente pueda estar tranquila con los procesos que llevan a cabo las autoridades. Con esto se puede evidenciar que la violencia policial es un problema que persiste en Colombia, y es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad trabajar en conjunto para abordar este tema y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad y protección de todos los ciudadanos. Es necesario que las instituciones y las autoridades asuman su responsabilidad de manera transparente y efectiva, garantizando la rendición de cuentas por los actos de violencia cometidos por parte de los agentes de seguridad.

Por: Lizbeth Guerrero Cuan Analista política con perspectiva de género El cierre de las inscripciones de candidaturas a Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías, Concejos y Juntas Administradoras Locales, aviva el ambiente electoral y algunas reflexiones sobre nuestra democracia, más allá de cuáles serán las fuerzas políticas ganadoras y perdedoras, caben en este contexto. Una de ellas, especialmente relevante para garantizar la representatividad de los distintos grupos que conforman la sociedad colombiana, es preguntarse por los esfuerzos que se hacen para que en las elecciones se garantice el ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía. En este marco es crucial llamar la atención sobre lo que sucede con la participación de los grupos poblacionales que enfrentan más barreras para su participación política, como la población trans. La elección de representantes de la población LGBTIQ+, aunque ha ido en aumento, sigue siendo reducida. Dentro de este grupo poblacional, la elección específica de personas trans es aún menor. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales (2019), de las 20 candidaturas de personas LGBTIQ+, solo dos personas trans resultaron elegidas como edilesas. Una cantidad significativamente baja si se tiene en cuenta que se eligieron 32 gobernadores, 1101 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales, y 6.814 ediles. Estos resultados nos indican que, a la hora de ser elegidas, sigue existiendo una amplísima brecha por cerrar. Pero a la hora de elegir, el escenario tampoco es alentador. “Que venga a votar la de la cédula”[1] es una frase que ilustra una de las maneras en que se les imponen restricciones a las personas trans cuando no existe correspondencia entre su identidad, expresión de género y la información de sus documentos de identidad (nombre, sexo, foto). Comentarios inapropiados, sumados a preguntas invasivas e incluso la aplicación de procedimientos adicionales para verificar su identidad son situaciones que deben soportar en los puestos de votación. Esto sucede a pesar de que, por supuesto, la corrección del componente de sexo en los documentos de identidad no es un requisito para que las autoridades cumplan con su deber de respetar la identidad y expresión de género de esta población. Y si bien desde 2015 el trámite para corregir el componente sexo está reglamentado, hay obstáculos como la negación de la prestación del servicio, el desconocimiento del Decreto por parte de los funcionarios, las complicaciones que se añaden al proceso o los costos notariales que persisten y dificultan la actualización. Esto evidencia que la población trans enfrenta distintas barreras para su ejercicio del derecho al voto, no solo por lo que sucede en la jornada electoral, sino desde antes de que las elecciones ocurran. Así mismo, los prejuicios en torno a la población trans y los imaginarios acerca del lugar que deben ocupar en la sociedad añaden dificultades a su experiencia como votantes. No hay que olvidar las violencias a las que se ven expuestas en el espacio público, que van desde el insulto hasta la agresión física. Si deciden salir a votar es muy probable que para lograr que su tarjetón marcado llegue al fondo de la urna deban enfrentar antes expresiones de burla o denigrantes, juicios negativos sobre su identidad, e incluso riesgos de violencia ejercida por parte de diferentes actores. No acudir a las urnas es una opción razonable si en el camino hacia ellas se encuentran obstáculos que pueden ir desde las restricciones institucionales hasta riesgos a la integridad. Este escenario desincentiva la participación de las personas trans. Dentro de los múltiples esfuerzos que hacen algunas personas y organizaciones por transformar esta realidad, en 2020 la Misión de Observación Electoral (MOE), el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, lideraron el diseño del Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Este fue aprobado ese mismo año mediante la resolución No. 3480 de 2020 del Consejo Nacional Electoral (CNE). El protocolo contempla medidas como capacitación, visibilización de información, disposiciones sobre cómo referirse a las personas trans, e incentiva la inscripción de cédulas y actualización de datos en los documentos de identidad. Su primera implementación fue en 2022 para las elecciones de Congreso y Presidencia (primera y segunda vuelta). Luego de observar lo ocurrido en estas jornadas electorales, el informe “Una observación Trans al voto Trans” plantea algunas recomendaciones para futuras implementaciones. Dentro de ellas se encuentran: mejorar los niveles de capacitación con respecto al protocolo de Voto Trans, garantizar que luego de la corrección del documento de identidad se actualicen las bases de datos de la Registraduría, coordinar la divulgación de los plazos y procesos de inscripción de cédulas dirigidos específicamente a la ciudadanía trans, ampliar la difusión de piezas informativas en los puestos de votación, y disponer de procedimientos y mecanismos para interponer quejas sobre hechos de discriminación. Los procesos electorales son una oportunidad para unir esfuerzos que nos lleven a construir una democracia verdaderamente incluyente. Comprometernos con la garantía del Voto Trans no favorece solamente a esta población, sino que está estrechamente relacionado con el fortalecimiento de la democracia colombiana. Además, la renovación de los liderazgos políticos que desde muchas orillas se reclama, también puede encontrar un camino de transformación positiva a través de una mayor inclusión. En ese sentido, vale la pena aprovechar el clima pre-electoral para poner sobre la mesa este tema y sumar voces y esfuerzos que rodeen, acompañen, y apoyen las iniciativas que distintas organizaciones, líderes y lideresas han puesto en marcha por esta causa. Derribar las múltiples barreras que tiene la población trans a la hora de ejercer su derecho al voto requiere de un trabajo conjunto, sostenido y en diferentes niveles. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Jhan Florez, lideresa trans.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos: Revista Semana El presidente Gustavo Petro ha presentado hoy 02 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia una terna compuesta exclusivamente por mujeres para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. La recepción formal de la terna tuvo lugar a manos del vicepresidente del alto tribunal, Gerson Chaverra Castro, en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Esta selección se ha realizado con el objetivo de reemplazar a Francisco Barbosa, quien actualmente ocupa la posición de fiscal general. Las tres mujeres penalistas seleccionadas son Angela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra. Cada una de ellas cuenta con un extenso recorrido y reconocimiento en el ámbito judicial, destacándose por su participación en investigaciones relacionadas con temas críticos para el país, como el paramilitarismo, la corrupción y las desapariciones forzadas. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la decisión tomada por Petro tiene como objetivo blindar la Fiscalía y preservar su interés en mantener la independencia de los poderes públicos y del Ministerio Público. Es importante destacar que no ha incluido a nadie de su círculo cercano.Estas tres personas, aunque no son parte de su círculo íntimo, tienen una trayectoria destacada en la Fiscalía, habiendo trabajado en casos relevantes como los relacionados con la lucha contra el crimen, tales como Odebrecht, el paramilitarismo e incluso el tema del Palacio de Justicia. Cada una de ellas ha investigado estos casos y cuentan con hojas de vida intachables. En este sentido, Juan Alejandro Pérez destacó que el mensaje que Petro está enviando con esta decisión es que respetará la independencia de los poderes y que no se ha favorecido a personas cercanas a él en posiciones clave dentro de la Fiscalía, demostrando su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. La terna fue oficialmente presentada por el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia, la cual procederá a revisar detalladamente las hojas de vida de cada candidata yevaluará si cumplen con los requisitos para asumir la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación. Cabe destacar que, en una carta dirigida al presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, Gustavo Petro hizo una importante solicitud respecto a procesos penales que involucren a su círculo íntimo, ofreciendo la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para asegurar la transparencia en dichas investigaciones. Es la primera vez en la historia de la Fiscalía General de la Nación que se presenta una terna conformada únicamente por mujeres, lo que representa un hito significativo en el avance de la equidad de género en las instituciones judiciales del país. Según Juan Alejandro Pérez, el siguiente proceso consiste en que los magistrados de la corte estudien las hojas de vida para que en febrero de 2024 asuma el cargo la nueva fiscal en sustitución de Francisco Barbosa. A continuación, presentamos una breve descripción de las candidatas: Angela MariaBuitrago Ruiz Conocida como la “fiscal de hierro”. Es abogada litigante y especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España), Magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y Sociología del Externado. Ha sido docente de pregrado y posgrado en la clase de Derecho Penal, en la Universidad Externado. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. Buitrago se ha desempeñado como subsecretaria de la Comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el 2005, Ángela María llegó a la Fiscalía General de la Nación, durante la administración de Mario Iguarán, e investigó la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es la fiscal cuya investigación y acusación llevó a la condena contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada Amparo Cerón Ojeda Abogada con especialización en Administración Pública y en Derechos Humanos. Se dice que es la mujer con más experiencia en el cargo ya que estuvo en la Fiscalía entre 1989 y 2017.Es la hoy fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Estuvo encargada de las investigaciones con respecto a Odebrecht bajo la administración de Néstor Humberto Martínez. La Revista Cambio afirma que es gracias a su trabajo que se puso a Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade, José Elías Melo, entre otros, contra las cuerdas. En 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a ella y a cinco fiscales más medidas cautelares de protección. En 2020 renunció a la Fiscalía al ser retirada de la investigación por orden del fiscal Francisco Barbosa AméliaPérez Parra Se ha desempeñado como Juez de Instrucción Criminal, Fiscal Seccional, Fiscal Regional, Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1998 y Fiscal Delegada de la Unidad Especializada Antiterrorismo, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía entre los años 90 y 2000. Ha investigado casos insignia de la guerra paramilitar y sus presuntos nexos con el Ejército Nacional en los años noventa. Por ejemplo, las masacres del Aro y Trujillo, además de los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra, y es su despacho el que abrió la investigación contra el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán. Asimismo, Amélia realizó investigaciones contra Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, altos mandos de las Fuerzas Militares, lo que la llevó al exilio en 2003, a Canadá. En 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a ella y a cinco fiscales más medidas cautelares de protección. Cabe mencionar que hace unos días la ONG Colombia Transparente presentó una recusación ante la Procuraduría contra el presidente Gustavo Petro, solicitando su apartamiento del proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación y que se abstenga de enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia para la selección del próximo jefe del ente acusador. El jurista que la envió explicó que existe un riesgo para la separación de poderes y el progreso de las investigaciones penales que relacionan familiares del mandatario, como es el caso de su hijo Nicolás Petro, lo cual justifica la necesidad de que el presidente se desvincule del proceso. A pesar de esta situación, se aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema para determinar si la terna es viable, lo cual parece probable, considerando la destacada trayectoria profesional de las tres mujeres propuestas.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Desde 2014, la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho un juicioso seguimiento de las precandidaturas y candidaturas cuestionadas para las elecciones nacionales de Congreso y Presidencia, así como para las elecciones locales de Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas Departamentales. En cuando a elecciones regionales específicamente, durante los comicios de 2015 y 2019, Pares documentó 275 candidaturas cuestionadas (140 en 2015 y 135 en 2019) debido a investigaciones, supuestos vínculos con grupos armados ilegales y actividades económicas ilegales, así como acusaciones de corrupción, entre otros. Continuando con esta tarea, en estas elecciones de 2023, llevamos a cabo un Plan Maestro de Seguimiento Electoral en el que priorizamos 32 departamentos y 60 municipios para el mapeo de las precandidaturas y candidaturas cuestionadas a Alcaldías y Gobernaciones. En un primer informe (Ver: Informe de precandidatos cuestionados) registramos 88 precandidatos cuestionados que buscaban obtener el aval mediante partidos, movimientos y coaliciones. Sin embargo, a pesar de las advertencias de Pares, se avalaron 96 candidatos cuestionados para las próximas elecciones. De estos, 71 ya habían sido advertidos como un riesgo para la democracia, y 25 eran nuevos candidatos cuestionados. De los 96 candidatos con cuestionamientos, 49 obtuvieron el aval de un solo partido político, 34 fueron por coalición y solo 13 se inscribieron por Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC). De los candidatos que fueron avalados por un solo partido político (49), se registraron avales otorgados por 20 partidos. Los partidos que avalaron individualmente más candidatos cuestionados son: Partido Liberal (11), Partido de la U (8) y Partido Conservador (6). En comparación con los informes de 2015 y 2019, los partidos Liberal, La U y Conservador repiten en esta lista dentro de los partidos que avalan la mayor cantidad de candidatos con cuestionamientos que ponen en riesgo la democracia. En cuanto a los candidatos coavalados, de los 35 partidos que tienen personería jurídica en Colombia, se identificó que 32 participaron en el otorgamiento de un aval en coalición algún candidato cuestionado, dentro de los cuales no aparecen el partido Alianza Verde, Verde Oxígeno y Todos Somos Colombia. Los partidos que más aparecen en el otorgamiento de coavales a candidatos cuestionados son: Cambio Radical (12), Liberal (10), Conservador (9) y Partido de La U (7). Si se tienen en cuenta el total de candidatos avalados y coavalados por partido, el top de los partidos con mayor cantidad de candidatos y candidatas cuestionados son: Partido Liberal (21), Partido de la U (15) y Partido Conservador (15) y Cambio Radical (13). En el análisis de los datos registrados, de los 96 candidatos cuestionados, el 37,5% (36 candidatos) aspiran a lanzarse a las Gobernaciones. Los departamentos con mayor cantidad de candidatos cuestionados son: Antioquia (5), Magdalena (4), Santander (3), Bolívar (2) y Córdoba (2). Por su parte, el 53% (51 candidatos) aspiran a lanzarse a 35 Alcaldías municipales. Las Alcaldías con mayor cantidad de candidatos cuestionados son: Sincelejo, Sucre, con 4 candidatos cuestionados; Cartagena, Bolívar: 3 y Maicao, La Guajira: 3. En este informe en PDF hacemos un detalle de los 10 candidatos más cuestionados a Alcaldías y los 10 más cuestionados a Gobernaciones, teniendo en cuenta la gravedad de sus cuestionamientos y los altos riesgos que significan para la democracia en dado caso de resultar elegidos. Sin embargo, desde Pares se libera la lista completa en el anexo completo de candidatos y candidatas cuestionados en formato Excel (para filtrar este documento por departamento, partido político, o el filtro que sea de su interés vaya a la opción DATOS > VISTAS DE FILTRO > CREAR UNA VISTA DE FILTRO TEMPORAL y podrá utilizar los filtros de cada columna, también podrá descargar el documento para filtrarlo offline si es su preferencia). Le invitamos a leer los documentos completos con toda la información, los perfiles de los candidatos cuestionados, el resumen de sus cuestionamientos, los clanes políticos a los que pertenecen, los partidos o movimientos que los avalan, entre otros, aquí: Consulte aquí los 96 cuestionados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-MqxHW4g5WaNwx44P9QTEPE-O5rBfKP6/edit?usp=sharing&ouid=108088956826729656826&rtpof=true&sd=true

Por: Katerin Erazo, Periodista La jornada de cierre de inscripciones de candidaturas, que tuvo lugar el sábado 29 de julio de 2023, en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, estuvo marcada por un enfrentamiento armado entre soldados del Ejército Nacional y miembros de las disidencias de las Farc. Los combates, que se desencadenaron en la zona rural del municipio, generaron temor y angustia entre los habitantes, quienes se vieron obligados a refugiarse en sus hogares para resguardar su seguridad. El objetivo de los criminales era llegar hasta la sede de la Registraduría municipal, donde se encontraban candidatos al Concejo y la alcaldía para realizar sus inscripciones. Sin embargo, gracias a la oportuna reacción de las autoridades, las personas que se encontraban en ese lugar pudieron ser evacuadas a sus hogares, aunque algunos de ellos no lograron completar el proceso de inscripción. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afortunadamente la situación no escaló a mayores, pero actualmente el municipio enfrenta una situación no bélica tan grave como en otros municipios del Cauca. Sin embargo, la presencia de grupos armados está aumentando y afecta la vida cotidiana y la calidad de vida de los habitantes, lo que genera nerviosismo en la zona. Dagua cuenta con una extensa y densamente poblada zona rural, lo que dificulta el control y la implementación de medidas de seguridad. Por esta razón, sería de suma importancia aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para evitar futuras dificultades.Dado que Dagua se encuentra en un punto de tránsito entre Cali y Buenaventura, también es estratégico en términos de recursos naturales y cuenta con activos valiosos, incluyendo una represa. Aunque la población cuenta con el respaldo de la fuerza pública, el territorio amplio y complejo hace que se deba prestar especial atención a lo que pueda suceder en Dagua. En el contexto más amplio, según Juan Manuel Torres, Dagua no es el municipio más delicado, pero es importante tener en cuenta que la violencia y la inseguridad en el Valle del Cauca han ido en aumento, lo que complica la situación general de la región. Ante la situación que se reportó el pasado 29 de julio, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, resaltó el trabajo del Ejército Nacional, que reforzó sus tropas en la zona para hacer frente a la situación y llevar a cabo labores de patrullaje durante la noche y la madrugada para proteger a los ciudadanos.También, las autoridades locales solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un consejo de seguridad en el municipio, y al mismo tiempo, hicieron un llamado para que se tomen las medidas necesarias que garanticen el desarrollo normal de las elecciones regionales programadas para octubre de este año. La alcaldesa Ana María Sanclemente expresó en sus redes sociales su rechazo rotundo a la violencia que ha puesto en riesgo la vida de la población civil en Dagua. Por su parte, la Registraduría Nacional manifestó a través de sus redes sociales su repudio a los actos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, y emitió una alerta temprana sobre las acciones criminales llevadas a cabo por la estructura Jaime Martínez en esa región. Según informes, los responsables de los hostigamientos hacia la comunidad y las fuerzas de seguridad fueron miembros de la columna Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las FARC con mayor presencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde han perpetrado ataques contra la población civil en varias ocasiones. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, Dagua es un municipio que se encuentra en la transición entre Cali y Buenaventura, ubicado en plena cordillera occidental. Torres mencionó que este municipio posee una red rural muy importante, que solía ser recorrida por la antigua vía al mar, conectando Cali y Buenaventura a través de varias veredas y corregimientos. Anteriormente, Dagua formaba parte de Buenaventura, pero hace varias décadas se convirtió en un municipio independiente, experimentando una transformación significativa. Desafortunadamente, Dagua ha sido afectado por el conflicto armado y ha enfrentado varios momentos difíciles. En el pasado, experimentó una presencia marcada de narcotraficantes vinculados al cartel de Cali, así como la presencia de grupos paramilitares como el bloque Calima y el bloque pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, además de enfrentar las consecuencias de la presencia de las antiguas FARC. Debido a su ubicación como territorio de tránsito y su extensa y densamente poblada zona rural, Dagua ha enfrentado dificultades en los últimos años. En 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta de inminencia, específicamente la alerta 017, advirtiendo sobre la situación en Dagua. Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, ha avanzado desde el Cauca y ha ocupado gran parte de la zona rural de Dagua, incluso extendiéndose hacia municipios vecinos como Restrepo y Calima Darién. En este contexto, la presencia del grupo armado Jaime Martínez ha dado lugar a hostigamientos contra la Fuerza Pública, reclutamiento de menores, extorsiones y control sobre ciertas movilidades. También se ha reportado la presencia de Jaime Martínez en zonas pobladas, lo que ha llevado a enfrentamientos tanto con los militares como con la policía. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca del partido Comunes, Luis Alberto Albán Urbano, compartió un video en Twitter que mostraba los momentos de tensión vividos en la Registraduría de Dagua durante el ataque armado de los grupos ilegales. Albán Urbano hizo un llamado urgente para que se garantice la participación política de manera pacífica y se erradique la violencia en el ámbito político. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se ha notado un alarmante incremento en la violencia política en el Cauca. Esta preocupante situación afecta, en general, la región y es motivo de inquietud para todos. Pérez mencionó que es especialmente inquietante lo ocurrido en Dagua y Tuluá, donde se han reportado la presencia de dos grupos denominados “La Oficina de Tuluá” y “Los Cancerberos”, los cuales amenazan a periodistas y candidatos en el Valle del Cauca. Desde la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se insta a que se tomen medidas para garantizar la seguridad en los ceses al fuego y durante las elecciones. En los informes previos y en el próximo informe sobre violencia política, se hace énfasis en la necesidad de asegurar que estos grupos armados y negociadores brinden garantías para la realización pacífica y normal de las elecciones en todo el país. El incremento y las particularidades de la situación en el Valle del Cauca, especialmente en Dagua y Tuluá, son motivo de gran preocupación para la línea de investigación, y se espera que se tomen acciones concretas para proteger la integridad de la población y garantizar elecciones libres y seguras en los próximos meses. Las autoridades municipales, en colaboración con la policía y el ejército, están trabajando para contrarrestar la violencia desatada por los grupos ilegales. No obstante, se enfatiza que es necesario un mayor respaldo y acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la situación de inseguridad en el municipio. Es importante mencionar que la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las precandidaturas, partidos políticos, clanes y cuestionamientos asociados a estas aspiraciones. Se ha dado prioridad a los 32 departamentos del país y 60 municipios, documentando un total de 294 precandidaturas provenientes de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC), todos buscando obtener el aval para gobernaciones y alcaldías. Ver: (Precandidatos cuestionados elecciones regionales – Junio 2023) Adicionalmente, la Línea ha presentado tres informes sobre violencia político-electoral, recopilando datos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, hasta el 28 de febrero, 30 de abril y 29 de junio de 2023, con el objetivo de realizar un análisis comprensivo de la información recolectada. Ver: (Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023) Es fundamental destacar que la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se caracteriza por ser ejercida contra individuos o colectivos debido al ejercicio de sus derechos políticos durante la contienda electoral. En Colombia, este tipo de violencia no solo está relacionado con las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también con las prácticas políticas clientelares y corruptas. Ver: (Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)(Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)

Por: Redacción Pares Semana del 24 al 30 de julio de 2023 Hay expectativa por la instalación del Comité Nacional de Participación y el inicio del cese bilateral, ambos hechos se darán este 03 de agosto.Para la instalación del Comité Nacional de Participación se dará un acto en Bogotá con presencia del presidente Gustavo Petro e igualmente de los dirigentes del ELN, que han liderado la delegación de diálogo.Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no le ha dado el mandato a la Misión en Colombia para ejercer el monitoreo y verificación del cese bilateral, la Misión ya viene trabajando en el tema, ese mandato muy seguramente será oficializado en el mes de agosto. Mark Wells, secretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, dijo que su Gobierno no se va a involucrar, por ahora, en el proceso de paz que adelantan Gobierno Colombiano y el ELN, respondiendo a esa posibilidad que fue formulada de manera pública y mediante carta desde noviembre del año pasado. 1. El Gobierno Colombiano, desde el Alto Comisionado de Paz, sigue haciendo pedagogía sobre el proceso de participación y el cese bilateral.Así construimos el plan del Comité Nacional de Participación y los protocolos del Cese al Fuego: 2. El Almirante (R) Orlando Romero, quien ha liderado desde el equipo del Gobierno Colombiano a los militares activos que han negociado con el ELN el cese bilateral que inicia este 03 de agosto, en entrevista con El Espectador, explica detalles de este importante acontecimiento: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/almirante-orlando-romero-explica-las-claves-del-cese-al-fuego-con-el-eln-paz-total-de-petro/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 3. Reflexiones de Juan Carlos Ospina sobre el cese bilateral. Un cese al fuego robusto, basta leer: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/un-cese-al-fuego-robusto-basta-leer/ 4. Antonio García, primer comandante del ELN, en su columna Interrogantes por resolver, habla de supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional y de la continuidad de las confrontaciones en varias regiones: https://telegra.ph/Interrogantes-por-resolverse-07-26 5. ¿Qué tan ciertos son los reclamos de jefe de ELN sobre incumplimiento de acuerdos?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-gustavo-petro-antonio-garcia-del-eln-alega-incumplimientos-del-gobierno/ 6. Jefes del ELN llegarían a Colombia para multitudinario evento con Petro: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-petro-eln-asi-seria-acto-de-instalacion-de-comite-de-participacion-y-cese-al-fuego/ 7. Jugada Crítica 26-07: Mesa trilateral en Colombia, participación social para la paz: 8. Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN, habla sobre el proceso de participación: 9. VerciclosNo. 7 -Comandante Nicolás Rodríguez 10. Las investigaciones sobre robos a Ecopetrol, enlas que se menciona participación del ELN: https://canal1.com.co/noticias/nacional/robo-a-ecopetrol-implicados-falsificaron-documentos/#google_vignette 11. La Dirección Nacional del ELN niega responsabilidad en el robo a Ecopetrol: 12. La Paz Total de Gustavo Petro: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.