Por: Katerin Erazo, Periodista La jornada de cierre de inscripciones de candidaturas, que tuvo lugar el sábado 29 de julio de 2023, en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, estuvo marcada por un enfrentamiento armado entre soldados del Ejército Nacional y miembros de las disidencias de las Farc. Los combates, que se desencadenaron en la zona rural del municipio, generaron temor y angustia entre los habitantes, quienes se vieron obligados a refugiarse en sus hogares para resguardar su seguridad. El objetivo de los criminales era llegar hasta la sede de la Registraduría municipal, donde se encontraban candidatos al Concejo y la alcaldía para realizar sus inscripciones. Sin embargo, gracias a la oportuna reacción de las autoridades, las personas que se encontraban en ese lugar pudieron ser evacuadas a sus hogares, aunque algunos de ellos no lograron completar el proceso de inscripción. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), afortunadamente la situación no escaló a mayores, pero actualmente el municipio enfrenta una situación no bélica tan grave como en otros municipios del Cauca. Sin embargo, la presencia de grupos armados está aumentando y afecta la vida cotidiana y la calidad de vida de los habitantes, lo que genera nerviosismo en la zona. Dagua cuenta con una extensa y densamente poblada zona rural, lo que dificulta el control y la implementación de medidas de seguridad. Por esta razón, sería de suma importancia aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para evitar futuras dificultades.Dado que Dagua se encuentra en un punto de tránsito entre Cali y Buenaventura, también es estratégico en términos de recursos naturales y cuenta con activos valiosos, incluyendo una represa. Aunque la población cuenta con el respaldo de la fuerza pública, el territorio amplio y complejo hace que se deba prestar especial atención a lo que pueda suceder en Dagua. En el contexto más amplio, según Juan Manuel Torres, Dagua no es el municipio más delicado, pero es importante tener en cuenta que la violencia y la inseguridad en el Valle del Cauca han ido en aumento, lo que complica la situación general de la región. Ante la situación que se reportó el pasado 29 de julio, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, resaltó el trabajo del Ejército Nacional, que reforzó sus tropas en la zona para hacer frente a la situación y llevar a cabo labores de patrullaje durante la noche y la madrugada para proteger a los ciudadanos.También, las autoridades locales solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un consejo de seguridad en el municipio, y al mismo tiempo, hicieron un llamado para que se tomen las medidas necesarias que garanticen el desarrollo normal de las elecciones regionales programadas para octubre de este año. La alcaldesa Ana María Sanclemente expresó en sus redes sociales su rechazo rotundo a la violencia que ha puesto en riesgo la vida de la población civil en Dagua. Por su parte, la Registraduría Nacional manifestó a través de sus redes sociales su repudio a los actos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, y emitió una alerta temprana sobre las acciones criminales llevadas a cabo por la estructura Jaime Martínez en esa región. Según informes, los responsables de los hostigamientos hacia la comunidad y las fuerzas de seguridad fueron miembros de la columna Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las FARC con mayor presencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde han perpetrado ataques contra la población civil en varias ocasiones. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, Dagua es un municipio que se encuentra en la transición entre Cali y Buenaventura, ubicado en plena cordillera occidental. Torres mencionó que este municipio posee una red rural muy importante, que solía ser recorrida por la antigua vía al mar, conectando Cali y Buenaventura a través de varias veredas y corregimientos. Anteriormente, Dagua formaba parte de Buenaventura, pero hace varias décadas se convirtió en un municipio independiente, experimentando una transformación significativa. Desafortunadamente, Dagua ha sido afectado por el conflicto armado y ha enfrentado varios momentos difíciles. En el pasado, experimentó una presencia marcada de narcotraficantes vinculados al cartel de Cali, así como la presencia de grupos paramilitares como el bloque Calima y el bloque pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, además de enfrentar las consecuencias de la presencia de las antiguas FARC. Debido a su ubicación como territorio de tránsito y su extensa y densamente poblada zona rural, Dagua ha enfrentado dificultades en los últimos años. En 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta de inminencia, específicamente la alerta 017, advirtiendo sobre la situación en Dagua. Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, ha avanzado desde el Cauca y ha ocupado gran parte de la zona rural de Dagua, incluso extendiéndose hacia municipios vecinos como Restrepo y Calima Darién. En este contexto, la presencia del grupo armado Jaime Martínez ha dado lugar a hostigamientos contra la Fuerza Pública, reclutamiento de menores, extorsiones y control sobre ciertas movilidades. También se ha reportado la presencia de Jaime Martínez en zonas pobladas, lo que ha llevado a enfrentamientos tanto con los militares como con la policía. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca del partido Comunes, Luis Alberto Albán Urbano, compartió un video en Twitter que mostraba los momentos de tensión vividos en la Registraduría de Dagua durante el ataque armado de los grupos ilegales. Albán Urbano hizo un llamado urgente para que se garantice la participación política de manera pacífica y se erradique la violencia en el ámbito político. Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se ha notado un alarmante incremento en la violencia política en el Cauca. Esta preocupante situación afecta, en general, la región y es motivo de inquietud para todos. Pérez mencionó que es especialmente inquietante lo ocurrido en Dagua y Tuluá, donde se han reportado la presencia de dos grupos denominados “La Oficina de Tuluá” y “Los Cancerberos”, los cuales amenazan a periodistas y candidatos en el Valle del Cauca. Desde la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, se insta a que se tomen medidas para garantizar la seguridad en los ceses al fuego y durante las elecciones. En los informes previos y en el próximo informe sobre violencia política, se hace énfasis en la necesidad de asegurar que estos grupos armados y negociadores brinden garantías para la realización pacífica y normal de las elecciones en todo el país. El incremento y las particularidades de la situación en el Valle del Cauca, especialmente en Dagua y Tuluá, son motivo de gran preocupación para la línea de investigación, y se espera que se tomen acciones concretas para proteger la integridad de la población y garantizar elecciones libres y seguras en los próximos meses. Las autoridades municipales, en colaboración con la policía y el ejército, están trabajando para contrarrestar la violencia desatada por los grupos ilegales. No obstante, se enfatiza que es necesario un mayor respaldo y acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la situación de inseguridad en el municipio. Es importante mencionar que la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las precandidaturas, partidos políticos, clanes y cuestionamientos asociados a estas aspiraciones. Se ha dado prioridad a los 32 departamentos del país y 60 municipios, documentando un total de 294 precandidaturas provenientes de 14 partidos políticos y 21 grupos significativos de ciudadanos (GSC), todos buscando obtener el aval para gobernaciones y alcaldías. Ver: (Precandidatos cuestionados elecciones regionales – Junio 2023) Adicionalmente, la Línea ha presentado tres informes sobre violencia político-electoral, recopilando datos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, hasta el 28 de febrero, 30 de abril y 29 de junio de 2023, con el objetivo de realizar un análisis comprensivo de la información recolectada. Ver: (Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023) Es fundamental destacar que la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se caracteriza por ser ejercida contra individuos o colectivos debido al ejercicio de sus derechos políticos durante la contienda electoral. En Colombia, este tipo de violencia no solo está relacionado con las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también con las prácticas políticas clientelares y corruptas. Ver: (Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023)(Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)

Por: Redacción Pares Semana del 24 al 30 de julio de 2023 Hay expectativa por la instalación del Comité Nacional de Participación y el inicio del cese bilateral, ambos hechos se darán este 03 de agosto.Para la instalación del Comité Nacional de Participación se dará un acto en Bogotá con presencia del presidente Gustavo Petro e igualmente de los dirigentes del ELN, que han liderado la delegación de diálogo.Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no le ha dado el mandato a la Misión en Colombia para ejercer el monitoreo y verificación del cese bilateral, la Misión ya viene trabajando en el tema, ese mandato muy seguramente será oficializado en el mes de agosto. Mark Wells, secretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, dijo que su Gobierno no se va a involucrar, por ahora, en el proceso de paz que adelantan Gobierno Colombiano y el ELN, respondiendo a esa posibilidad que fue formulada de manera pública y mediante carta desde noviembre del año pasado. 1. El Gobierno Colombiano, desde el Alto Comisionado de Paz, sigue haciendo pedagogía sobre el proceso de participación y el cese bilateral.Así construimos el plan del Comité Nacional de Participación y los protocolos del Cese al Fuego: 2. El Almirante (R) Orlando Romero, quien ha liderado desde el equipo del Gobierno Colombiano a los militares activos que han negociado con el ELN el cese bilateral que inicia este 03 de agosto, en entrevista con El Espectador, explica detalles de este importante acontecimiento: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/almirante-orlando-romero-explica-las-claves-del-cese-al-fuego-con-el-eln-paz-total-de-petro/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 3. Reflexiones de Juan Carlos Ospina sobre el cese bilateral. Un cese al fuego robusto, basta leer: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/un-cese-al-fuego-robusto-basta-leer/ 4. Antonio García, primer comandante del ELN, en su columna Interrogantes por resolver, habla de supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional y de la continuidad de las confrontaciones en varias regiones: https://telegra.ph/Interrogantes-por-resolverse-07-26 5. ¿Qué tan ciertos son los reclamos de jefe de ELN sobre incumplimiento de acuerdos?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-gustavo-petro-antonio-garcia-del-eln-alega-incumplimientos-del-gobierno/ 6. Jefes del ELN llegarían a Colombia para multitudinario evento con Petro: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-petro-eln-asi-seria-acto-de-instalacion-de-comite-de-participacion-y-cese-al-fuego/ 7. Jugada Crítica 26-07: Mesa trilateral en Colombia, participación social para la paz: 8. Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN, habla sobre el proceso de participación: 9. VerciclosNo. 7 -Comandante Nicolás Rodríguez 10. Las investigaciones sobre robos a Ecopetrol, enlas que se menciona participación del ELN: https://canal1.com.co/noticias/nacional/robo-a-ecopetrol-implicados-falsificaron-documentos/#google_vignette 11. La Dirección Nacional del ELN niega responsabilidad en el robo a Ecopetrol: 12. La Paz Total de Gustavo Petro: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Fundación Paz & Reconciliación La última semana me la he pasado revisando las cifras de la gestión del gobierno Petro, ahora que está por cumplir un año. Medir la gestión gubernamental pareciera algo ya conciliado en la ciencia política, pero es uno de los grandes debates. Uno bien pudiera decir que un gobierno que se gasta todo el dinero que presupuestó es un gobierno eficiente, pero también puede significar un gobierno profundamente corrupto. Si a eso le sumamos nuestra animadversión por medir resultados o impacto, pues tenemos un serio déficit de datos. Es decir, estamos medio a ciegas tratando de entender qué hacemos bien y qué hacemos mal. El gobierno ha tenido, por supuesto, aciertos y desaciertos organizando su gabinete y tratando de empujar el monstruo estatal hacia los cambios que se prometieron en campaña, pero también tratando de responder a los compromisos políticos (léase cuotas burocráticas) que pueden estar generándole más peso del que quisiera. En todo caso, no es sencillo. Sin embargo, al 30 de junio, el porcentaje de ejecución fue solo del 30,1% –según datos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional–, es realmente bajo. No se explicaría simplemente por dificultades en la gestión. Para que me entiendan las personas que me leen: la ejecución corresponde a lo que el gobierno tiene ya comprometido, mediante actos o contratos, del total de la asignación máxima de la cartera. Sin embargo, si las obligaciones no son cumplidas a cabalidad, los pagos no se realizan. Lo que ya está listo para ser pagado es solo el 16% del total apropiado. Hay algo que no cuadra en las cifras, incluso dando por sentada la tesis única de la gestión. No solo porque al final el número de contratos solo habla de la capacidad de contratar, sino porque no es lógico que los contratistas que han vivido tantos años del Estado y tienen tanta experiencia en manejar a su antojo la ley 80 simplemente pararan su gestión. Estoy segura de que estos últimos siguen presionando a sus intermediarios en el Congreso para continuar con cualesquiera fueran sus negocios, y que muchos de estos intermediarios fueron parte de la coalición de gobierno, o incluso todavía lo son. ¿O no? Entre más ahondo en casos y entidades específicas, más me convenzo de que lo que estamos viviendo es una sumatoria de causas que no estamos viendo en perspectiva. En primer lugar, es verdad que el presidente Petro paró las firmas de los compromisos pasados, basándose en una profunda desconfianza, para nada infundada, en el gobierno anterior. También es verdad que el “saber público” consta de una cantidad de información que se aprende haciendo y navegando entre las normas informales y las costumbres públicas que no necesariamente obedecen a la ley, y que se ubican en una zona gris que puede ser kafkiana para cualquiera que no esté acostumbrado. Y la izquierda colombiana tiene preparación académica, pero no tiene tanta gente que cumpla con la condición fundamental de ser indiscutiblemente leal al gobierno y saber “hacer” en las aguas públicas. La paranoia inicial también hizo que este gobierno prescindiera de gente capaz y bien intencionada, pero no explica del todo el bajo porcentaje de ejecución. Aquí, es posible que estemos ante un mercado de la contratación mucho más pequeño de lo que creíamos, pero sobre todo construido a imagen y semejanza de los políticos que lo gestionaban. Al verse en crisis los intermediarios y al no saber cómo responder ante los cambios de gobierno, simplemente hay un sinfín de convocatorias y licitaciones que están quedando desiertas. Al mismo tiempo, el saber contratar con el Estado tampoco se aprende fácilmente. Desde el 2012, Colombia no ha mejorado en su calificación de corrupción, según el índice de transparencia internacional. Y en prácticamente todos los casos donde existen transacciones de estas se necesita de la conjunción entre el gobierno, un privado y un político que intermedia. No sé si es intencional, pero en cierta forma esto se está fracturando. El político ya no es tan eficiente, el gobierno no los recibe de la misma forma y el privado está bajo muchas más lupas. En las grietas de este modelo se está mostrando la realidad de lo que somos: un Estado cuya capacidad es inversamente proporcional al peso de su contratación pública y a un acumulado de normas que se hicieron a la medida de los contratistas más profesionales (y puede que los más corruptos), pero que han despojado al resto de la sociedad de su capacidad para ejecutar. Bueno sería no perder esto de vista. Finalmente, gobernar no es contratar.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un esfuerzo por enfrentar los crecientes desafíos en materia de seguridad en Bogotá, la alcaldesa de la capital, Claudia López, ha aceptado la propuesta del ministro de Defensa, Iván Velázquez, para llevar a cabo un consejo de seguridad nación-distrito la próxima semana. Dicha propuesta la aceptó luego de haber liderado un encuentro que tuvo lugar este 27 de julio y contó con la asistencia de autoridades, incluyendo la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández, el comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, general Rodolfo Morales, y el secretario Distrital de Seguridad y Convivencia, Óscar Gómez Heredia. El objetivo principal del consejo de seguridad fue abordar la problemática del hurto y el atraco en la capital colombiana, buscando diseñar estrategias locales efectivas para combatir estos delitos y mejorar la seguridad en la ciudad. Durante la reunión, la alcaldesa Claudia López manifestó su firme determinación de poner fin a la criminalidad en Bogotá. En un llamado al presidente Gustavo Petro, lo invitó a liderar y participar activamente en este consejo de seguridad, aportando así su respaldo y recursos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana y hacer frente a los desafíos de seguridad en la ciudad. “Quisiera pedirle al señor presidente de la República que nos acompañe en ese Consejo de Seguridad y que lo presida. Necesitamos con urgencia que el señor presidente disponga de mayor personal y capacidad que podamos tener en la ciudad de Bogotá, para que brinde instrucciones específicas y órdenes concretas que respalden los planes que tenemos en la Metropolitana”, enfatizó López. La comandante de la Policía Metropolitana, general Sandra Hernández, anunció la puesta en marcha de un Comando Élite, el cual será respaldado por tecnología avanzada y una unidad de reacción bancaria con presencia tanto aérea como terrestre en lugares estratégicos de la ciudad. Esta iniciativa busca optimizar las operaciones policiales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Además, la general Hernández destacó el compromiso de la Policía Nacional al destinar más de 500 agentes especializados para reforzar la presencia en Bogotá y trabajar en estrecha colaboración con la Policía Metropolitana, bajo la dirección de la Alcaldía Mayor. La alcaldesa López hizo especial énfasis en el trabajo realizado por los funcionarios para reducir el hurto en el sistema de transporte público, logrando una disminución del 19% en los índices de hurto a los usuarios, especialmente a las mujeres. En este sentido, llamó a los comandos TransMilenio a implementar nuevas estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el transporte masivo. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es crucial tener en cuenta que los consejos de seguridad son instancias de coordinación que las autoridades territoriales establecen para analizar situaciones y buscar soluciones. Estas reuniones involucran la participación de diversas entidades con el objetivo de comprender los contextos y abordar los problemas. Sin embargo, Morales destaca que el problema radica en que muchas veces estos consejos extraordinarios se quedan únicamente en discusiones sin lograr resolver problemas concretos. En su opinión, es fundamental que la administración distrital responda a la crisis de seguridad a través de esta figura, pero es igualmente importante tomar acciones concretas, ya que, de lo contrario, se convertirían en meros gestos simbólicos sin resultados reales. Morales también resaltó que el aumento de la inseguridad en la capital puede atribuirse a diversas causas, dependiendo del enfoque que se analice. Existen causas estructurales relacionadas con las consecuencias de la pandemia, como la persistente complejidad en el acceso a necesidades básicas insatisfechas, lo cual puede afectar la seguridad ciudadana en algunas ocasiones. Sin embargo, el coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares considera que la respuesta principal a la crisis de seguridad actual está vinculada al crecimiento y proliferación de grupos y organizaciones delincuenciales en la capital. Estos grupos buscan cooptar economías ilícitas, como el hurto de celulares, bicicletas y personas, así como el control de los mercados de microtráfico. Esta expansión de su presencia les permite ejercer un control territorial a través de acciones delictivas y actividades ilícitas para obtener poder. Además, otra razón que puede estar intensificando la crisis de seguridad es la falta de una judicialización efectiva. A pesar de los esfuerzos por capturar a los delincuentes, si la justicia los deja en libertad al día siguiente, se crea un ciclo que no resuelve el problema de fondo. Cabe recordar que la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pares publicó el balance anual de convivencia y seguridad ciudadana, ofreciendo un análisis general de la seguridad en las principales zonas urbanas del país. Los datos presentados en este informe corresponden al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y provienen del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. Algunas cifras relevantes por delitos de alto impacto y resultados operativos a nivel nacional que destaca el informe son: Homicidios: Se registraron 13,543 casos en 2022, lo que representa un aumento del 1.3% en comparación con el año anterior. Lesiones personales: Hubo 110,358 casos reportados en 2022, aumentando en un 4.7% respecto a 2021. Hurto a personas: Se contabilizaron 352,483 casos en 2022, experimentando un aumento significativo del 29%. El 38.5% de estos hurtos ocurrieron con el uso de armas de fuego. Hurto a residencias: Se registraron 33,686 casos en 2022, lo que representa un aumento del 6.7% en comparación con 2021. La mayoría de estos robos a residencias ocurrieron a las 0 horas. Amenazas: Se reportaron 86,241 casos en 2022, mostrando un preocupante aumento del 63.7%. Los municipios de Pitalito, Girardot, Barrancabermeja y Jamundí tuvieron la mayor incidencia de casos por cada cien mil habitantes. Extorsión: Hubo 8,632 casos en 2022, aumentando en un 10.6% en comparación con 2021. El 46% de estos casos se realizaron mediante llamadas telefónicas. Capturas: Se realizaron 187,024 capturas en 2022, mostrando un aumento del 2.6% respecto al año anterior. Los delitos con más capturas fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (48,315 capturas), hurto a personas (22,049 capturas) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (14,995 capturas). Incautación de estupefacientes: Se incautaron 722 toneladas en 2022, representando un aumento del 1%. La marihuana y la cocaína representaron el 90% de las incautaciones. Incautación de armas de fuego: Se incautaron 16,430 armas en 2022, un aumento del 11.5% en comparación con 2021. Los revólveres (14,851 incautaciones) y las pistolas (11,849 incautaciones) fueron las armas más confiscadas. Finalmente, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, resaltó que los consejos de seguridad no son necesariamente la solución definitiva a los problemas, sino más bien una instancia para exponer y vincular responsables en busca de posibles soluciones. Sin embargo, no siempre se obtienen resultados concretos en estas reuniones. Morales explicó que las soluciones concretas deben provenir del poder de policía de la alcaldesa, como primera autoridad territorial y comandante civil de la Fuerza Pública, así como del alcance que debe tener el presidente en el control de la seguridad en la ciudad. En este sentido, mencionó que han invitado al presidente a participar en el consejo de seguridad para lograr acciones más concretas. Asimismo, el coordinador destacó que los problemas no se resuelven únicamente mediante discusiones, sino mediante la implementación de acciones reales y significativas. Entre las posibles soluciones, se pueden considerar el fortalecimiento de la presencia policial, el incremento de las acciones de inteligencia y contrainteligencia, así como la implementación de campañas de prevención y el fortalecimiento de los canales de denuncia.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Hace pocos días el presidente Gustavo Petro propuso como gestor de paz al exparamilitar Salvatore Mancuso, y esto lo hizo blanco de muchas críticas; pues, insólitamente, todavía hay quienes se oponen a que el país empiece a vivir un tiempo de paz, donde el respeto a los otros sea la norma, y el principio el respeto a la vida. A esos opositores, para entenderlos mejor y hablar sobre ellos, les he denominado “gestores de guerra”, pues se oponen a la paz en contraste con los llamados “gestores de paz”. La palabra “guerra”, si la pensamos como un conjunto, por ejemplo, el conjunto universal de los “gestores de guerra”, a este lo integrarían individuos dados a expresarse indefectiblemente con los modos de la barbarie. En contraste, los elementos o sujetos pertenecientes al conjunto universal denominado “paz”, en la naturaleza lógica de las cosas, se esperaría que fueran personas dadas a expresarse con benevolencia. De ahí surge, en parte, la dificultad interpretativa o el rechazo a los “gestores de paz” que hayan pertenecido, o pertenezcan todavía, al conjunto de quienes se expresan con los modos de la barbarie; porque, en realidad, no casa en la lógica natural de las cosas que alguien, integrante del conjunto universal de la “guerra”, un día, de pronto, reciba las banderas de la “paz”, siendo estas aparentemente exclusivas para quienes ejercen la benevolencia y la han ejercido desde siempre, para quienes hacen parte del conjunto universal de la paz. Sin embargo, en Colombia, y en las intrincadas situaciones de la política nuestra, las paradojas, las anomalías y las incertidumbres, parecieran ser la regla, y aunque muy raro parezca, son estos actores cruzados –pertenecientes a un conjunto de intersección– los llamados a dar informaciones y claridad acerca del conflicto en cuestión. De tal suerte, los “gestores de paz” en Colombia, pueden ser, indiscriminadamente, pertenecientes al conjunto universal de la guerra o al conjunto universal de la paz. Cuando a Nelson Mandela le concedieron el premio Nobel porque siendo un gestor de paz contribuyó a la consecución de la paz para su pueblo, también lo recibió Frederik W. de Klerk, porque siendo un gestor de guerra contribuyó a la consecución de la paz para su pueblo. Pero, ¿en Colombia quiénes son los “gestores de guerra”? En Colombia y en el mundo entero, los “gestores de guerra” son aquellas personas dedicadas desde su ámbito profesional, empresarial, industrial o social, a la construcción de estrategias para divulgar la necesidad de la guerra –como mantener vivos los conflictos– haciendo uso de los medios de comunicación que por lo general les pertenecen, y desde los cuales desarrollan e implementan tácticas y estrategias en contra de la paz. Los conocimientos de un “gestor de guerra” siempre se encaminan en favor de fortalecer la ignorancia de su pueblo. De hecho, los gobiernos de derecha en Colombia, por ejemplo, desmontaron del currículum escolar materias de incuestionable necesidad, como las clases de Historia de Colombia, las clases de Instituciones Políticas y las materias de Cívica y Ética, tan fundamentales y tan en boga en los centros de educación del mundo. En Colombia, a los “gestores de guerra” y a los “gestores de paz”, la población ni siquiera los discrimina con acierto crítico, pues buena parte de la ciudadanía ve en unos –en los “gestores de paz” – personas resentidas sociales o que han tenido afectaciones bárbaras que los han alineado a las tendencias políticas que buscan la paz; y ve en los otros –en los “gestores de guerra” – a personas que, licenciadas por el mismo Dios –el garrote y la zanahoria– buscan organizar a una sociedad sumida en el caos, por supuesto, en el caos de la pobreza, en el caos de la pobreza de una población a la cual se le han negado los proyectos de evolución y se le ha condenado a una esclavitud en la que reinan la falta de oportunidades escolares y laborales. Los “gestores de guerra” son los principales encargados de modificar la cultura ciudadana –para implantar la que yo llamo “incultura traqueta” – promocionando aspectos puntuales del arte folclórico y/o popular, que desvían de la verdad sensible y cognitiva de una población, que podría pensar por sí sola si se le permitiera educarse y desarrollar las sensibilidades. No en vano los “gestores de guerra” se la pasan insensibilizando a la sociedad, con recurrentes actos de violencia y se la pasan criticando los derechos humanos. Para los “gestores de guerra” los derechos humanos son una estrategia política de los comunistas, de la izquierda o de la gente que piensa diferente a ellos. Siendo consecuentes con su irracional coherencia, los “gestores de guerra” construyen sus expresiones políticas basados en esa incultura que profesan, en la que los valores elementales como el respeto al otro se evaporan y son reemplazados por nuevas conductas en las que la ética y la cívica nada importan. Los “gestores de guerra” ocupan sus pensamientos, básicamente en cómo insertar psicológica, sociológica y políticamente, sus programas de ambición de poder y en cómo mantenerlo para seguir compartiéndolo con sus familiares y amigos, haciendo de la población una amorfa masa de esclavos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Yesica Cortés Docente universitaria, filósofa y activista feminista “La tierra para quien la trabaja”, así como la máxima zapatista lo reclama, las organizaciones sociales y ambientales de la localidad San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, reclaman su legítimo derecho a decidir cómo habitar e intervenir el territorio de la serranía del Zuque, en donde por años han establecido procesos de apropiación, restauración y cuidado comunitario que han permitido consolidar espacios físicos como la Ecoaula Ambiental del Zuque o la Casa de la Lluvia de las Ideas en el Alto Fucha. En estos escenarios también se ha promovido la formación de una ciudadanía activa y la de decenas de líderes y lideresas que han continuado un legado de trabajo ambiental, pedagógico, artístico y político que no solo ha involucrado a esta localidad, sino que ha tenido un impacto en la ciudad. La preocupación de la comunidad del suroriente de Bogotá, y específicamente la que habita en los bordes de los cerros orientales, surge a partir del incumplimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la intervención para la adecuación de un parque ecológico de alta montaña en la Serranía del Zuque, área que hace parte del Páramo Cruz Verde y que está protegida desde 1977 como reserva forestal de carácter nacional. Esta intervención tiene lugar en el contrato 1977 del 2022 firmado por la SDA que cuenta con un rubro de 10 mil millones de pesos, de los cuales el 80% se destinó para el endurecimiento del suelo y tan solo 500 millones se destinaron para las obras urgentes de mitigación de riesgos en las franjas de adecuación. Debido al crecimiento de la ciudad, y en un contexto de conflicto y desplazamiento forzado, las poblaciones se asentaron hace décadas en los bordes de la reserva o franjas de adecuación, en donde ahora se encuentran cientos de barrios y veredas autoconformadas. A pesar de la protección de esta zona, hasta los años noventa se otorgaron títulos mineros para la extracción de arena y piedra para la construcción de calles y avenidas, lo que ocasionó una avalancha en el 94, que dejó decenas de muertos y heridos. A partir de estos hechos, el Estado cuenta con una deuda histórica con lxs habitantes de estos territorios. En el plan distrital de desarrollo de Claudia López (2020-2024) se coloca como logro: “implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés ambiental en la Bogotá – Región”. En el marco de esta promesa se destinaron dieciséis aulas ambientales para la Serranía el Zuque y la adecuación de esta como parque ecológico. Se instauraron mesas de diálogo con la comunidad; no obstante, las organizaciones sociales afirman que sus propuestas y preocupaciones fueron invisibilizadas y se actuó a espaldas de lo acordado en esos encuentros. La comunidad estuvo de acuerdo con la restauración del ecosistema, pero respetando las dinámicas y saberes comunitarios que se han consolidado en la cotidianidad de quienes habitan y trabajan por esta reserva, por eso, una de las propuestas determinantes sería que los materiales para la adecuación no provocaran un daño ambiental. Una de las preguntas puntuales que se aborda en conversación con Iván Murcia, de la Juntanza Zuque-Fucha, es: ¿por qué endurecer una zona de los cerros orientales siendo esta una zona de protección ambiental? Una hipótesis que tienen las comunidades es que se está endureciendo el suelo de esta parte de los cerros para cumplir rápidamente con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), así los presupuestos que debían ser para las franjas de adecuación —es decir para los barrios aledaños— serían invertidos en la sustracción de la reserva cambiando el uso del suelo. Lo anterior no solo estaría en contra de la normativa ambiental, se haría también con el objetivo de instaurar un turismo que es ajeno a las necesidades territoriales y que promueve una idea, de nuevo, extractivista, en este caso recreativa, de los “recursos” naturales. Sea o no la razón de esta intervención, el proceder de la institución desconoce y atropella a las comunidades. La actual directora de la SDA, Carolina Urrutia Vásquez, respondiendo a un tuit de Ati Quigua, enuncia lo siguiente: “Concejala @AtiQuigua Serranía El zuque era una cantera y planta de asfalto ya endurecida. Hoy desde @ambientebogota trabajamos para restaurar el ecosistema, mitigar el riesgo y dar acceso a la comunidad, como en otras antiguas canteras –Mirador de los Nevados y Soratama”. “La propuesta cumple con el PMA de Cerros y su zonificación. Hemos hecho ocho sesiones de diálogo con la comunidad. Hicimos una invitación a los grupos interesados para conocer Soratama y tener una discusión con mayor información. La respuesta fue negativa”. El pronunciamiento de la directora de la SDA puede resultar problemático por varias razones. En primer lugar, se puede interpretar que es la Secretaría Distrital de Ambiente quien ha restaurado el ecosistema, mitigado el riesgo y ha dado acceso a la comunidad a la Serranía Zuque; esta narrativa coloca a la institución como la “salvadora”, desconoce por supuesto las acciones históricas de intervención ecológica, pedagógica y social sobre la reserva forestal protectora del bosque oriental que han hecho las comunidades aledañas a la Serranía, así como de las organizaciones que llevan décadas trabajando allí. En segundo lugar, se tiene el vicio colonial de imponer formas de habitabilidad de los territorios aludiendo a que en otros escenarios funciona y, por tanto, su réplica es legítima; es decir, la funcionaria Carolina Urrutia toma el ejemplo de Soratama y el Mirador de los Nevados para justificar no solo su accionar, sino también su discurso displicente frente a la intervención de la Serranía del Zuque, y deja a un lado la necesidad de pensar situadamente y de entender que cada territorio tiene dinámicas diferentes y que son las instituciones las que deben atender y adecuarse a estas lógicas, y no al revés. Las instituciones trabajan para la ciudadanía y más cuando hay procesos de agenciamiento de las comunidades en sus territorios. Lo anterior da paso a la tercera problemática del enunciado; las comunidades no le deben agradecimientos a las instituciones, pues mitigar, restaurar y adecuar los espacios públicos de la ciudad no es un favor que le hacen a la ciudadanía: “las obras de mitigación en la franja de adecuación es una deuda histórica que tiene el distrito con los barrios populares, especialmente aquellos que han sido afectados por fenómenos de deslizamiento de tierra y avalanchas, barrios en territorios denominados como de alto riesgo”.[1] Para que los ecosistemas se puedan recuperar y preservar, es preciso que las medidas que se tomen estén por encima del turismo. Los cerros orientales no solo hacen parte del paisaje y de la georreferenciación de quienes habitan la ciudad, sino que tienen una función para el ecosistema, sostienen la ciudad, la proveen de agua. Ahora, la pregunta que nos queda en conversación con Iván, de la Juntanza Zuque-Fucha, es: ¿Bogotá seguirá creciendo a espalda de los cerros? Se nos invita a pensarnos con los ecosistemas, a cuestionarnos la relación humanidad/naturaleza y transformar estas viejas dicotomías que nos sitúan como sujetos y a los ecosistemas como recursos. Podemos aprender de las iniciativas, luchas y procesos que en diferentes escenarios de Bogotá se promueven, podemos priorizar una vida compartida con otras especies y con la naturaleza; cambiar el paradigma extractivista del capitalismo salvaje y volver a mirar a los cerros. Hasta el momento, el fruto de la organización y de la movilización social frente a la problemática del Zuque ha logrado que el Ministerio de Ambiente ratifique que la intervención hecha por la SDA en la Serranía se encuentra efectivamente en Reserva Forestal, así mismo esta entidad validó las cartografías comunitarias reconociendo el trabajo realizado por las organizaciones ambientales. Se nos invita acompañar las diferentes movilizaciones y tomas culturales que se están realizando para evidenciar esta problemática y evitar un daño ambiental significativo para la ciudad. También se está promoviendo el hashtag #“S.O.S Cerro Zuque”, así como una Vaki para recolectar fondos y apoyar las acciones de juntanza de estas comunidades. [1] Esta referencia se extrae de una infografía de difusión que realizó la Juntaza Zuque-Fucha. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

De: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Desde que se rompió la coalición de gobierno de Gustavo Petro, con la salida del Partido Conservador y el Partido de La U, ha habido una guerra intestina entre el Gobierno Nacional y el presidente del Partido Liberal César Gaviria por el control del partido, que formalmente se mantiene dentro de la coalición. Tal disputa viene desde el año pasado, cuando una disidencia liberal encabezada por Andrés Calle se sumó prontamente a la campaña del Pacto Histórico, en detrimento de las decisiones de la Dirección Nacional de apoyar a Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales. Calle es representante a la Cámara por Córdoba y se posesionó como presidente de dicha corporación el pasado 20 de julio a pesar de que Gaviria tenía como candidato a Julián Peinado. Esa disidencia liberal, que hoy se materializa en la Cámara de Representantes, le ha permitido a Petro, entre otras salvar su reforma a la salud, pues en su primer debate en Comisión Séptima fue la representante María Eugenia Lopera, ficha de Julián Bedoya, quien votó favorablemente para que esta pudiera pasar a segundo debate, aún cuando Gaviria se opusiera y dijera que el liberalismo no iba a votar tal reforma. Esta pelea tiene hoy un correlato interesante en el departamento de Córdoba. Allí, uno de los candidatos a la gobernación es Gabriel Calle Aguas, hermano de Andrés e hijo de Gabriel Calle Demoya. Calle Demoya fue alcalde de Montelíbano, denunciado por Pares por su vinculación con presuntos hechos de corrupción de la empresa de economía mixta Jaguazul, y hoy busca de nuevo ese cargo. Calle Demoya ostentaba hasta hace muy poco una curul en el concejo de Montelíbano, pues perdió la alcaldía hace cuatro años, y siempre ha estado avalado por el Partido Liberal. Pero el liberalismo está dividido en Córdoba entre el senador liberal Fabio Amín y Andrés Calle. Amín es de línea oficialista, es decir cercano a Gaviria, y el partido ha decidido coavalar la candidatura del contrincante de Gabriel Calle a la gobernación, Erasmo Zuleta Bechara. Con ello, Zuleta Bechara tiene hoy en la baraja de los partidos que lo avalan al Partido de La U, el Partido Conservador y el Liberal. Eso significa que, si el partido no libera a sus congresistas, Andrés Calle esté impedido para hacerle campaña a su hermano, por el riesgo de verse sancionado por doble militancia. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Erasmo Zuleta A su vez, Amín ha retenido el aval de Gabriel Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano, en un episodio que muestra con claridad lo que sucede dentro de un partido político cuando se desafía su jefatura. César Gaviria ha sido muy claro en decir que el Gobierno se equivoca al querer saltarse su papel de cabeza del liberalismo, y en este tipo de decisiones se muestra el gran poder que tiene quien es responsable de otorgar los avales, a pocos días de que se cierren las inscripciones para las elecciones regionales de octubre. Calle Demoya tampoco podría hacerle campaña a su hijo, si finalmente logra que su aval para lanzarse a la Alcaldía de Montelíbano sea oficial.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista, investigadora Pares Julio ha sido un mes turbulento para el departamento del Valle. Varias ciudades se han visto sacudidas por situaciones de inseguridad y violencia que deben encender una alerta regional para enfrentar el crimen organizado, especialmente en el contexto de la temporada electoral que se avecina. Tenemos a Buenaventura, con videos de grupos de hombres armados y encapuchados declarándose la guerra; Tuluá, con el asesinato de funcionarias del Departamento Administrativo de Movilidad y de líderes defensores de derechos humanos; Buga, en donde dos hombres fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas en un ataque realizado en un restaurante; Jamundí, que en 48 horas ocurrieron tres ataques con explosivos, dejando una persona muerta y 10 heridas; y también Cali, con el fortalecimiento de “frentes de seguridad” barriales, lo cual debe preocupar dada la esencia que moviliza y argumenta esta acción –recordemos lo que ha significado para el país que particulares pretendan reemplazar el accionar de seguridad del Estado–. Pero más allá de hacer un recuento de las situaciones concretas, es crucial reconocer que cada ciudad enfrenta su propia realidad de inseguridad y crimen organizado, con distintas estructuras armadas operando tanto en zonas urbanas como rurales. Esta variedad de situaciones demanda una estrategia regional que permita afrontar los desafíos específicos, en lugar de abordarlos con soluciones genéricas que pueden no ser efectivas. En medio de esta compleja coyuntura, las disputas políticas también han ganado protagonismo. Algunos alcaldes y la gobernadora se han visto envueltos en discusiones mediáticas, la gobernadora Clara Luz Roldán pidiendo la militarización de Buenaventura, aún cuando se sabe que dicha medida no es garantía de seguridad real, y también peleando en redes sociales con un congresista por obras inconclusas diciendo que el congresista está “haciendo su circo” al hablar del tema. El alcalde de Jamundí reportó sobre las primeras capturas por los ataques ocurridos, pero aprovechó también para tirarle su pulla a los sectores políticos que le hacen oposición por “hacer campaña con la tragedia”. Entre otras cosas, la más desafortunada de las discusiones la protagonizó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal; el primero hizo una manifestación que se puede interpretar bastante estigmatizante hacia las víctimas que se han visto obligadas a migrar por la violencia en Buenaventura, dado que hace alusión a que “no sólo migra el delito, también las consecuencias, nos llegan desplazados y víctimas”; a lo que el alcalde Vidal le respondió que “en Buenaventura no existe, ni existió un cartel”, haciendo referencia aparentemente al Cartel de Cali que operó en décadas pasadas. ¿En serio se van a medir la vara así en lugar de buscar acciones articuladas? Es inaceptable que los líderes políticos utilicen la tragedia como herramienta de confrontación. Estas discusiones entre funcionarios solo desvían la atención de los verdaderos desafíos y no contribuyen a generar estrategias unificadas contra el crimen. Asimismo, es urgente fortalecer la cooperación entre los distintos municipios del Valle y para esto se requieren liderazgos que, en vez de estar cazando peleas innecesarias, estén dispuestos a asumir acciones concretas que garanticen respuestas efectivas para el fortalecimiento institucional, la reducción de la violencia, pero sobre todo la prevención del delito, con especial atención en los y las jóvenes. Pero en medio de tan difíciles situaciones lo que tenemos son liderazgos señalándose entre sí por quién está peor, pero ¿para cuándo la pelea conjunta contra el crimen organizado?, ¿para cuándo una mirada regional que permita enfrentar la inseguridad que vive el departamento?

Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro sorprendió a la nación al designar a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, como gestor de paz. Según las declaraciones del mandatario, esta decisión busca agilizar el proceso de esclarecimiento de verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado, sobre todo del paramilitarismo. Recordemos que los gestores de paz son figuras clave, exmiembros de grupos armados ilegales o miembros activos, designados por el presidente para facilitar e implementar acuerdos humanitarios y acercamiento para diálogos con estructuras criminales. En este caso, el interés de Petro al nombrar a Mancuso gestor de paz es avanzar en la verdad que, según el mandatario, los paramilitares aún le deben al país, lo que ha hecho que estos grupos se reciclen y sigan teniendo poder en estructuras como el Clan del Golfo. Es importante señalar que este nombramiento no implica amnistía ni indulto, tampoco conlleva un acuerdo laboral o la entrega de salarios a Mancuso por parte del Estado. Sin embargo, la noticia ha abierto múltiples incógnitas en la sociedad colombiana. Muchos se preguntan sobre las implicaciones éticas y morales de dialogar con un exparamilitar y si esto podría socavar los cimientos de la justicia y la reconciliación en un país que ha vivido décadas de conflicto armado. Ante la polémica generada por el anuncio de Petro, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), expresa su opinión al respecto. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz? Considero que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz es una medida audaz de Petro. El personaje en cuestión es quizás el más importante para brindar información sobre los grupos paramilitares en Colombia, dado que fue miembro de la élite en Córdoba y luego participó en la conducción de las Convivir, además de hacer un pacto con políticos. A pesar de que esta situación me parece muy controversial, creo que puede contribuir a darle continuidad y concluir el proceso de paz que inició Uribe y que él mismo rompió con la extradición. Por otro lado, también puede ayudar en los esfuerzos para desmantelar al Clan del Golfo y sacarlo de los negocios ilegales ¿Cuál es la importancia de seguir dialogando con los paramilitares en el contexto de la búsqueda de la paz? Es una cuestión que se encuentra rezagada en este momento. Los procesos de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC ya han comenzado y avanzado, pero aún quedan dos procesos pendientes: el del Clan del Golfo y la situación extraña relacionada con la nueva Marquetalia de las disidencias de las FARC, que fue liderada por Iván Márquez. Actualmente no existe una mesa negociadora formal con el Clan del Golfo ni un marco legal establecido, dado que la ley de sometimiento de la justicia aún no ha sido tramitada en esta legislatura. Esta falta de avance está generando perturbación, ya que el Clan del Golfo continúa expandiéndose y ocupando territorios, lo que afecta los acuerdos de cese bilateral con el ELN y el Estado Mayor Central. Es necesario que el Gobierno tome decisiones rápidas respecto a cómo abordar la situación del Clan del Golfo, ya que su presencia perturba considerablemente los demás acuerdos de paz. A pesar de esta realidad, seguir dialogando con esta fuerza paramilitar es una necesidad, y se ha enunciado la importancia de negociar con una estrategia sólida en mente. ¿Cuáles son los aspectos pendientes del acuerdo de paz de 2005, conocido como la Ley de Justicia y Paz, que fue establecido entre Uribe y los paramilitares? En mi opinión, quedó como un proceso fallido en algunos aspectos. Si bien logró la desmovilización de algunos paramilitares, estos individuos no tuvieron un adecuado reingreso a la vida civil, ya que muchos de sus jefes fueron extraditados, y gran parte de los líderes intermedios terminaron vinculados a las organizaciones criminales que surgieron posteriormente. Para concluir este proceso de manera efectiva y lograr una verdadera reconciliación, es fundamental recuperar y reintegrar a aquellos mandos que aún se encuentran en la clandestinidad o participando en estos grupos criminales. Es importante abordar el tema de los bienes y la economía que generaron, muchos de los cuales ahora están en manos de testaferros. Es necesario evaluar cómo se puede recuperar. Además, el aspecto de la verdad quedó a medias en este proceso de paz. Nunca se logró un cierre adecuado en términos de conocer todas las verdades sobre las acciones de esta fuerza paramilitar. Es crucial seguir trabajando en este tema para garantizar que se conozcan y se asuman las responsabilidades por los crímenes cometidos, brindando así una verdadera justicia a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. ¿Cree que podría haber algunas implicaciones de incluir a exparamilitares en el proceso que está llevando a cabo Petro con la Paz Total? Creo que la propuesta de Paz Total anunciada por Petro brinda una oportunidad para abordar diversas cuestiones, incluyendo la conclusión de procesos antiguos, como es el caso de los exparamilitares. Además, esta iniciativa puede permitir retomar y completar adecuadamente el proceso de paz con las FARC, que sufrió una interrupción significativa durante la administración de Duque. Asimismo, la idea de Paz Total abre la posibilidad de llevar a cabo nuevos procesos de paz con los actores que actualmente están involucrados en conflictos armados. Sin embargo, es importante destacar que este proyecto es muy ambicioso y presenta diversas dificultades para su desarrollo, ya que la tarea de lograr la paz en todos los campos no es sencilla. ¿Qué seguirá para Mancuso tras asumir este rol? Se espera que Salvatore Mancuso continúe compareciendo ante la justicia a pesar de su designación como gestor de paz. La opción más favorable para que pueda desarrollarse en su rol de gestor de paz es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acepte. Si la JEP lo acepta, su caso y todo el proceso judicial ordinario pasarán bajo la jurisdicción de la JEP. Creo que este camino sería el más adecuado tanto para Mancuso como para los objetivos de la propuesta de Petro.

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente Gustavo Petro anunció este domingo 23 de julio a través de su cuenta de Twitter que Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), será nombrado gestor de paz en su Gobierno. La decisión ha generado un amplio debate en el país, avivando las llamas de la controversia política y desatando interrogantes sobre el futuro judicial de Mancuso, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. El mandatario expresó que el objetivo de esta designación es "lograr la completa paz" y cerrar definitivamente el proceso con los paramilitares, argumentando que aún no se ha alcanzado toda la verdad sobre los crímenes cometidos por estos grupos. Recordemos que la figura de gestores de paz ha sido implementada por el gobierno Petro para permitir la participación de personas, en criterio del Estado, que puedan contribuir en procesos de diálogo, esclarecimiento de la verdad y dinámicas de humanización del conflicto armado, en el marco de la política de Paz Total. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la figura de gestor de paz ha sido utilizada en varias ocasiones. Un ejemplo que mencionó fue el caso de Francisco Galán, exmiembro del ELN quien, desde la cárcel, realizaba gestiones para favorecer el proceso de paz, generando condiciones propicias para un posible diálogo con este grupo. Siguiendo esta lógica, en teoría, Mancuso también podría contribuir a impulsar el proceso o proyecto de la Paz Total. Sin embargo, Bonilla advirtió que esto entra en el terreno de la especulación. Mancuso, quien lideró las AUC, un grupo paramilitar responsable de numerosos crímenes durante el conflicto armado en Colombia, ha sido objeto de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, masacres y desplazamientos forzados, entre otros delitos. La noticia llega en un momento crucial para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia y de promover la reconciliación y al que Salvatore Mancuso espera acceder. La JEP ha sido el epicentro de intensos debates y controversias, ya que algunos sectores consideran que otorga impunidad a los responsables de crímenes, mientras que otros ven en ella una oportunidad para lograr la paz y la verdad. Desde un centro de detención en Georgia, Estados Unidos, Salvatore Mancuso envió una carta en la que se refirió a la designación que le hizo el presidente Petro. En el escrito, Mancuso manifestó su compromiso con la verdad y su disposición a seguir compareciendo ante la justicia tanto en Colombia como en el extranjero. Aseguró que su lucha por el esclarecimiento de los hechos y la reparación a las víctimas es "indeclinable" y que continuará participando en el sistema de justicia transicional. La decisión del Gobierno de nombrar a Mancuso como gestor de paz ha avivado el debate político en Colombia. Una de las personas que se pronunció a este hecho es el expresidente Álvaro Uribe quien reaccionó de manera tajante ante el anuncio presidencial. A través de Twitter, Uribe afirmó que durante su gobierno se desmovilizaron aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros, y desafió a Mancuso a presentar pruebas de sus acusaciones en su contra. Además, Uribe señaló que lo preocupante no es el nombramiento como gestor de paz, sino que se mienta y haya discriminación en el proceso. También, exigió igual trato para otros como Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, quien actualmente cumple una condena de 19 años de cárcel. Por su parte, el expresidente Iván Duque también se sumó a las reacciones ante la iniciativa de Petro. En su cuenta de Twitter, Duque aseguró que durante su gobierno se desmovilizó y extraditó a miembros del paramilitarismo y afirmó que los hechos son más contundentes que las infamias y la difamación. Además de las acusaciones y polémicas políticas, la revelación de Mancuso sobre la presunta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela ha llevado al Gobierno a tomar medidas inmediatas. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que se puso en contacto con su homólogo venezolano, Yván Gil Pinto, para activar los mecanismos que permitan localizar los restos mortales de colombianos desaparecidos en territorio venezolano. Laura Bonilla mencionó que el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Petro es un gesto altamente simbólico. Aunque no habría mayores problemas si ejerce como gestor de paz o realiza alguna contribución al proceso de paz en general, se resalta que su presencia no tendría un impacto significativo en la construcción de paz en Colombia o en la búsqueda de la Paz Total. Esto se debe a que, en la actualidad, Mancuso carece de conexiones con los grupos armados activos y sus líderes actuales. Incluso si las tuviera, eso podría jugar en su contra y obstaculizar su función como gestor de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en un momento crucial, esperando que Mancuso aporte pruebas que respalden sus declaraciones para determinar si puede acceder a los beneficios de la justicia transicional en Colombia. El exjefe paramilitar enfrenta una gran cantidad de hechos delictivos imputados en la justicia colombiana, lo que hace necesario un minucioso proceso judicial para establecer su responsabilidad y el alcance de los beneficios que podría obtener. Finalmente, Laura Bonilla explicó que, en su percepción, el presidente Petro pretende enviar un mensaje claro, y es que está abierto a negociar la paz con cualquier grupo, incluso aquellos que representen la parte más oscura de la guerra en Colombia. Salvatore Mancuso emerge como un representante relevante de un período crucial en la desmovilización, aunque cabe mencionar que hay otros actores igualmente vinculados a esa época. En este contexto, Mancuso podría ser de ayuda para que el país comprenda los errores y vacíos presentes en el proceso de desmovilización y negociación con las AUC, con el objetivo de evitar que algunos errores se repitan en el presente caso de búsqueda de la Paz Total.

Por: Laura Bonilla, Subdirectora Viví en España cuando en 2011 un movimiento ciudadano movilizó a Madrid, golpeada por la crisis. Muchas personas nos volcamos a las calles en lo que creíamos era una primavera española, motivada por la crisis de representación del bipartidismo Partido Popular – PSOE y demandando cambios, obviamente impulsados por la profunda crisis económica que había golpeado al país. La revolución española, así lo llamaron muchos medios. Otros lo denominaron el 15-M. En síntesis, nos indignamos, como sugería Stéphane Hessel en su famoso manifiesto de la época. De esa indignación nació Podemos. Un partido que después de las elecciones de ayer no tendrá ya lo que se necesita para siquiera volver a existir. Víctima del autosabotaje y de su propio invento de gobierno simbólico, pasó de ser la representación de la esperanza en una sociedad más justa e incluyente a una vergonzosa coalición de figuras públicas que son las grandes perdedoras de estas elecciones en España. Podemos nació como el partido de los indignados, pero también como la opción política de una generación que no veía en un partido excesivamente burocrático como el PSOE la concreción de sus demandas, pero que tampoco le votaba a las opciones tradicionalmente “perdedoras” o “caducas” como Izquierda Unida. Así que el partido nació esencialmente como la agrupación colectiva y política de los millenials. En el apogeo de su primavera, Pablo Iglesias logró el apoyo popular de la indignación, ofreciendo símbolos: los de arriba y los de abajo, fue su frase favorita en campaña. Por supuesto, fue altamente exitosa en una postcrisis. Los problemas de Podemos empezaron con las victorias. Y es que cuando se gobierna, los símbolos son importantes, pero no suficientes. Y el programa del partido era vacío en cuanto a cómo llevar a cabo las iniciativas de mayor envergadura como el mínimo vital y la reducción de los feminicidios. Cambiar el panorama político puede ser importante para quienes seguimos la política, pero no lo es de la misma forma para la ciudadanía de a pie. Si no hay resultados, poco a poco, como pasa con cualquier colectividad, la calle empieza a dar la espalda. Y también los votantes. Una de las características de los partidos que nacen de la indignación es que no han tenido suficiente tiempo para entender las complejas burocracias estatales y las promesas de ampliación de derechos no se terminan viendo en la práctica. Pero, además, hay otro componente común a este tipo de agrupaciones y es que terminan replicando barreras de acceso a los liderazgos políticos emergentes, de mujeres o incluso populares. La razón es que los líderes más famosos, como en este caso Pablo Iglesias, terminan acumulando poder solamente por el hecho de “ser ellos mismos”. Y así, se crearon autocracias, nepotismos y demás comportamientos tóxicos que iniciaron la debacle del partido. La suma de personalidades insoportables y simbolismos ineficientes, mas disputas internas que pudieron ahorrarse, agotaron a sus otrora votantes, que siguen indignados porque en realidad las cosas en su vida diaria han cambiado poco. Pero dentro de los partidos se crean coaliciones y tendencias bajo cada personalidad, igualmente vacías de contenido, pero profundamente públicas. Los trapos sucios de Podemos siempre se lavaron en Twitter y en las tertulias de televisión. Pero hay algo más. El voto indignado es un voto frágil y temporal. Cuando prima la indignación, se tiende a juzgar al que gobierna con la misma vara que otrora juzgaron a otros en los mismos cargos. La ciudadanía del voto no orgánico o no organizado cambia con frecuencia de opinión. Y una cosa más: usualmente las ganancias o victorias se le atribuyen, como es esperable, a un individuo, generalmente al líder más carismático. Pero las derrotas son colectivas. Podemos no permitió construir una estructura sólida y hoy carece de ella para poder superar su propia crisis. Es más, la autofagia y el autosabotaje sustituyeron a la reflexión y al análisis. Esta historia que va desde la primavera hasta el otoño de una coalición que nació de uno de los movimientos ciudadanos más importantes para España, tiene muchas lecciones para Colombia. Voy a proponer solo una: no es buena idea sobrevalorar los símbolos. Si los resultados no van en balance, no sirven para nada.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Colombia se ha convertido en un país atractivo para el dólar. Así lo evidencia el comportamiento de la tasa representativa del mercado (TRM) en los últimos ocho meses y medio. Desde que en noviembre 06 de 2022 alcanzó el precio más alto la divisa, con una tasa de 5.061,21 pesos, la moneda colombiana ha presentado un descenso cíclico que se mantiene hasta hoy y promete continuar. Al iniciar la última semana de julio de 2023, la TRM se ubica en el país en 3.971,38 pesos. Lo que representa una valorización del 20,14% en lo corrido del año. Un comportamiento, que puede ser leído —dependiendo del agente— como una buena señal para la economía, pues significa que cada día están llegando al país más dólares, y con ello se presiona a la baja el precio de la divisa. Fuente: Valora Analitik Este es un fenómeno tan visible en el mundo que en estos días se ha catalogado al peso colombiano (COP) como la moneda más fuerte del globo, en lo que va del 2023. Incluso por encima del peso mexicano, cuya valorización es del 16,53%, y de otras monedas de la región latinoamericana que, al igual que la colombiana, se han comportado de manera muy positiva. Para los economistas —que son expertos en leer estas variables disciplinares— este comportamiento de la tasa de cambio se debe a diversos factores externos e internos. Para los que ponen la mira en los factores externos, dicen que el principal responsable de esta caída en el precio de la divisa es la misma economía norteamericana. Las políticas macroeconómicas aplicadas por la Reserva Federal (FED) —de aumentar las tasas de interés buscando reducir los niveles de consumo y al mismo tiempo el aumento de la inflación— han llegado a su límite, reduciendo su atractivo para la inversión, lo que hace más cotizado las inversiones en economías como la nuestra. Luego de la pandemia y en medio de una recesión económica mundial, los inversionistas han buscado colocar sus recursos, primero, en activos sólidos, como los bonos del tesoro norteamericano, pero luego, en otras inversiones que tengan mayor rentabilidad en el futuro y que les ayude a diversificar la puesta de su riqueza. Convirtiendo a las economías emergentes —como las latinoamericanas— en un lugar tentador, que finalmente se ha convertido este año al país en una buena opción para la inversión. También la buena calificación de la economía colombiana por parte de organizaciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha ayudado a poner a Colombia en la mira de las inversiones. Este organismo se ha encargado de evaluar y difundir el buen comportamiento del país en materia económica, como, por ejemplo, el buen manejo que le da el gobierno Petro al ajuste fiscal (Ver: Las felicitaciones del FMI al gobierno colombiano). Que, finalmente, lleva a que al país lo consideren un buen pagador y reduzca el riesgo-país. Por otro lado, aquellos que ponen la mirada en los factores internos, encuentran varias razones para explicar este fenómeno valorativo del peso. La primera de ellas es un cambio de postura frente al gobierno de Gustavo Petro. Pues, desde su elección el domingo 19 de junio de 2022, el precio de la divisa se aumentó hasta romper la barrera histórica de los 5.000 pesos, lo que se leyó como un aumento de la incertidumbre económica y un riesgo para la inversión. Los discursos del presidente causaron ruido que generó un efecto adverso en el mercado de la divisa. Sin embargo, la caída cíclica muestra que esta desconfianza se ha reducido —recordemos que el precio de la divisa, como la de todos los mercados, sube y baja constantemente, pero en el mediano plazo está presentando en Colombia un comportamiento a la baja, como se vio en la gráfica—. Los inversores pueden estar pensando que las reformas económicas y sociales representan poco riesgo para el capital extranjero. Lo mismo puede estar pasando con los anuncios de reducir las concesiones para la exploración de gas y petróleo. Está política de gobierno, que, según muchos, era el factor de mayor peso para el aumento del precio del dólar —pues se estaban en presencia de una fuga de capitales—, poco a poco se ha ido desvirtuando. Hoy, por el contrario, la propuesta de convertir al país en la “potencia mundial de la vida”, sustentado en la descarbonización de la economía y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, se está convirtiendo en uno de los factores que impulsa la entrada de capitales al país. Estamos en la construcción de una economía sustentable y que ofrece poco riesgo en un mundo en el que caerá la demanda de hidrocarburos. Finalmente, hay otra serie de explicaciones como las decisiones del Banco de la República de elevar las tasas de interés, que están impulsando la llegada de capitales. O la del aumento de las remesas, que este año alcanzarán los 9.900 millones de dólares, presentando crecimientos históricos, que traen dólares que entran al mercado. Sea cual sea la explicación que más explique la caída del precio de la divisa, lo cierto es que esta conducta a la baja de la TRM del dólar tiene varios efectos positivos para el país. Tal vez el más importante es la reducción en la tasa de inflación, que ya lleva un par de meses mostrando señales positivas de control y reducción. De nuevo hay que poner la mira un par de años atrás y recordar que el aumento de la inflación en el país y la mayoría de las economías en el mundo se debió a un aumento del precio de los insumos para producir bienes y servicios finales —en especial, los insumos para la producción agropecuaria—. Situación que se vio agravada con un incremento del precio del dólar. Ahora la situación es otra, los insumos que seguimos importando para la producción de bienes y servicios en el país se compran en el exterior con un dólar más bajo. Teniendo que entregar menos pesos por estas compras externas, y, por tanto, presionando menos el precio interno de las mercancías que se venden en el mercado colombiano. En conclusión, nos encontramos en un momento favorable en términos de valorización del peso colombiano. Un comportamiento que representa un alivio para la economía interna y para la mayoría de los consumidores —que podrán comprar, según el DANE, más barato, pues el 38% de su canasta familiar es importada— y pagar sus deudas en dólares —incluso el Estado, a quien le rinde más el pago de la deuda externa—. Son una suma de factores los que hacen que el país se vea atractivo para el arribo de dólares. Una situación que, como dije, podría seguirse presentando en los próximos meses, debido a la mira externa en las economías emergentes y la apuesta por lo ambiental en la región suramericana (Ver: El cuidado de la Amazonía en el gobierno Petro), pero que también podría girar en cualquier momento, pues estamos frente a un mercado cambiante y volátil, que depende de la dinámica internacional, en el que cualquier ruido podría ahuyentar los inversores. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.